nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

C.A. de Temuco Temuco, cinco de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece VIVIAN FRANCO PALACIOS, Abogada, con domicilio en domicilio reservado, quien dice:

Que se ejerce acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, chileno, casado, concejal de la comuna de Villarrica, con domicilio en domicilio reservado; del Comité de Adelanto Camino a Huincacara, RUT N° RUT reservado, representado legalmente por nombre reservado, chileno, soltero, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado,5 esquina cruce ruta S 863 sin número, de la comuna y ciudad de Villarrica; y de la nombre reservado Molco RUT: N° 65.208.731-0, representado legalmente por doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, chilena, soltera, ambos con domicilio en domicilio reservado sin número ruta Villarrica-Pucón, y en favor de todas las familias que se encuentran actualmente viviendo en el sector Huincacara Sur de la comuna de Villarrica en el kilómetro 7 de la ruta S-847; en contra de don nombre reservado, chileno, ignoro profesión u oficio, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, y en contra de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, Corporación Autónoma de derecho público, RUT N°RUT reservado, representada legalmente por su alcalde don Germán Vergara Lagos, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ignoro profesión u oficio, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de la Araucanía; por un acto arbitrario que atenta contra las garantías establecidas en los artículos 19 N° 1, 19 N° 2 y 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, consistente en acciones ilegales de extracción de áridos que provocan daño medioambiental y la omisión de cumplimiento de en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades incumpliendo su deber de protección a la salud pública y el medio ambiente, y por afectar y amenazar los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y psíquica, a la igualdad, y el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por las razones de hecho y de derecho que a continuación se exponen:

El predio donde se están cometiendo los actos que motivan esta presentación está ubicado al costado de la ruta S-847 en el sector rural camino Huincacara Sur, a la altura del kilómetro 7 de la ruta S-847, ruta que nace en el kilómetro 6 de la ruta S-95T hacia Licán Ray, de la Comuna de Villarrica, Región de la Araucanía. El predio es de propiedad de nombre reservado ya individualizado y cuya ubicación y delineación perimetral aproximada se aprecian en la siguiente imagen:

Conforme los recurrentes han tomado conocimiento, desde el año 2021 esta propiedad ha comenzado a ser explotada mediante acciones de extracción ilegal de áridos en 10 hectáreas aproximadamente; lo que en la práctica ha significado que se corte gran cantidad de árboles, eventualmente nativos, para ser vendidos como leña, y que exista una y hasta tres retroexcavadoras diariamente en el sector excavando el suelo con el fin de vender la arena que sale del subsuelo. Estas prácticas, que no cuentan actualmente con ningún plan de manejo, han ido destruyendo la vegetación y fauna del lugar, además de otras molestias propias de la actividad como la contaminación acústica y la suciedad que queda tras el término de las faenas diarias.

Esta situación llevó a los vecinos y a agrupaciones medioambientales a presentar acciones de denuncia y fiscalización. La primera de ellas se ingresó con fecha 29 de diciembre del año 2021 a la Corporación Nacional Forestal área Villarrica de CONAF, donde se denunció lo siguiente: “están cortando los árboles nativos, sacándolos de raíz solo para vender la arena que está bajo ellos destruyendo toda la vegetación, vengan pronto es horrible, son casi 10 hectáreas las que ya están destruidas desde la raíz”. La institución, mediante carta N°1 203/921/22 respondió que concurrieron funcionarios fiscalizadores al predio y constataron que, si bien había vegetación extraída, ésta no constituía “bosque” en los términos de la ley 20.283 de bosque nativo y que, por ende, no les correspondía pronunciarse sobre su extracción.

Posteriormente, en el mes de mayo de 2022, se ingresó nuevamente una denuncia en forma digital N° 20.522 ante la Superintendencia de Medio Ambiente, tanto por la tala de bosques como por la extracción ilegal de áridos. A este requerimiento, la institución respondió mediante oficio SIDEN ARAUCANÍA N°76-2022 que “ …este servicio carece de instrumento de gestión ambiental respecto a la materia denunciada, por lo que en consideración a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la ley N° 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen en los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se remiten los antecedentes anteriormente señalados para su gestión, conforme a sus competencias. Las materias asociadas a extracciones de áridos son derivadas a la Municipalidad de Villarrica y a CONAF para su fiscalización y adoptar medidas conforme sus competencias…”.

Estas situaciones afectan la calidad de vida de las familias del sector y de la comunidad en general, quienes ven amenazados y perturbados sus derechos constitucionales con la extracción indiscriminada de árido sin un plan o autorización para esto, en conjunto con las inaguantables molestias ya descritas que se sienten cada día.

b) Hechos que motivan la interposición del Recurso de Protección.

La vulneración que motiva la presente acción constitucional tiene origen en una serie de actividades dentro del territorio, que han destruido el suelo del lugar, han cortado especies de árboles que los vecinos indican que son nativas, han hecho que la plusvalía de los terrenos aledaños se haya devaluado considerablemente, además de romper su equilibrio ecológico, todas situaciones denunciadas ante distintos organismos públicos, no obteniendo resultados favorables que protejan efectivamente al medioambiente y a las personas que viven en el sector.

Desde que comenzaron a desarrollarse las faenas irregulares de extracción y tratamiento de áridos, los miembros de la comunidad han visto afectado el normal desenvolvimiento de sus vidas y en peligro su integridad, producto del deterioro constante que provoca el paso de camiones y maquinaria de alto tonelaje por el camino, sumado a la cercanía de las faenas con los predios colindantes.

Cabe señalar, que para abordar la problemática descrita se han constituido numerosas mesas de trabajo entre los distintos actores involucrados de la comuna, incluidas denuncias ante el Municipio, cuyos resultados han sido infructuosos si se considera la permanente repetición de la extracción ilegal de áridos en diferentes sectores de la comuna de Villarrica. En ese mismo sentido, la reiteración de los eventos en el tiempo torna en evidente que a la fecha solo se han adoptado medidas paliativas y sin regularizar adecuadamente el funcionamiento y cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

Estas acciones de ilegales de extracción y omisiones de la autoridad correspondiente privan, perturban y amenazan los derechos constitucionales a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, pero especialmente, el derecho a vivir en un medioambiente libre sano y de contaminación, todos establecidos en los art. 19 N° 1, 19 N° 2, 19 N° 8 de la Constitución Política según se explicará a continuación.

Debido a la urgencia, e inminencia del peligro, se solicita humildemente, que S.S. ILTMA. en el marco de sus potestades, declare el actuar ilegal de las personas e instituciones antes mencionadas, en los bienes raíces individualizados y en favor de los recurrentes y los vecinos del sector, y ordene inmediatamente el cese de las actividades y faenas ligadas a los hechos descritos, ordenando la persecución de las responsabilidades pertinentes por el daño ya ocasionado, y aplicando las sanciones que correspondan al caso. - Sobre la omisión ilegal de los recurridos que ha generado una privación, perturbación o amenaza del derecho a la vida e integridad física y psíquica: Se ha entendido una vinculación especial entre el derecho a la vida y la integridad física y síquica y el derecho a un medioambiente libre de contaminación. Al respecto, y para graficar esta noción, desde un punto de vista semántico cuando el constituyente dice derecho a vivir, se está refiriendo a la vida o humanidad en movimiento, a que tenga esa existencia o persona detente unas determinadas condiciones o substancias que le confieren una cualidad (podrá ser una vida digna, libre, saludable, educada, en un medio ambiente incontaminado, etc.).

En este sentido, el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política aporta un importante calificativo al derecho a la vida: implica una vida en un medioambiente sano o libre de contaminación. Y ello, resulta de toda lógica, por cuanto todos los derechos de la persona derivan de su calidad humana y dignidad, y de esta forma, el constituyente consideró necesario que para que la vida de la persona sea lo más digna posible, el que ella se desenvuelva en un medioambiente libre de contaminación. No existe, por ende, una vida digna sin este requisito.

Desde la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, se colige además que las condiciones en que se encuentra el medio ambiente tienen impacto directo respecto del disfrute del resto de los derechos humanos, en particular, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. En este sentido todo daño al medioambiente se constituye como un factor de riesgo, respecto del cual el Estado tiene obligaciones específicas para evitar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas.

Sobre la omisión ilegal de los recurridos que ha generado una privación, perturbación o amenaza del derecho a la igualdad ante la ley: La Constitución Política de la República establece en el artículo 19 N° 2, “La igualdad ante la ley”, consiste en que toda persona debe recibir de la autoridad el mismo tratamiento que ha dado a otra u otras que se encuentren en situación de igualdad, lo que significa que la Constitución excluye todo tipo de discriminaciones, prohibiendo diferencias arbitrarias, es decir, que sean estas injustas o carentes de una adecuada motivación, prejuiciadas, excesivas, o desproporcionadas en relación al fin o adoptadas sobre la base del favoritismo.

Atendida la naturaleza de esta garantía constitucional, lo que el constituyente repudia es la idea de “privilegio” y “diferencia arbitraria”, originada en una actuación de la autoridad, frente a sujetos que se encuentran en una misma situación de hecho o a quienes les son aplicables unas mismas normas jurídicas, imponiendo idénticos derechos y obligaciones. La Constitución permite hacer “diferencias”, incluso a nivel de ley, siempre que éstas sean objetivas y razonables.

De lo que se trata, precisamente, es que los iguales sean tratados iguales, y los desiguales, en forma desigual. Este derecho se ve afectado por la existencia de acciones ilegales de extracción de áridos, por cuanto en la comuna existen personas y empresas que sí cumplen la ley. En el mismo sentido, existe una carga adicional en torno a la devaluación del terreno que es soportada por los vecinos aledaños mientras quienes viven fuera de esos radios no se ven perjudicados a lo menos directamente.

Sobre la omisión ilegal de las recurridas que ha generado una privación, perturbación o amenaza del derecho a un medio ambiente libre de contaminación: La Constitución Política de la República establece en su artículo 19 N° 8 que se asegura a todas las personas “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

Al respecto, se ha señalado por el profesor Bermúdez que “Por Constitución ambiental debe entenderse aquel conjunto de disposiciones constitucionales que expresa o implícitamente, por la vía del establecimiento de un derecho, de una limitación, o de un deber estatal, tienen por finalidad la protección ambiental. En el caso del Derecho chileno, la protección del medio ambiente, al menos desde la perspectiva constitucional, satisface dichos tres aspectos”5.

El derecho a un medioambiente libre de contaminación implica necesariamente entender qué se entiende por dicho objeto jurídico. La Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medioambiente ilustra esta materia, como fuera señalado, en su artículo 2, letra m) al sindicarlo, recordemos, como aquél en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos inferiores a aquéllos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. En este sentido, en su dimensión subjetiva, este derecho implica el acceso de las personas a un medioambiente con estas características, por lo que cualquier repercusión condenable a una actividad humana que genere alguno de estos efectos (riesgo a la salud de las personas, calidad de vida de la población, preservación de la naturaleza o conservación del patrimonio ambiental), implica una afectación para aquellas personas que se ven expuestos a estos factores de detrimento medioambiental.

Sobre el deber del Estado de velar por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y tutelar la naturaleza: El numeral octavo inciso segundo del artículo 19 de la Constitución Política de la República establece la obligación de garantizar la protección del medio ambiente, otorgando una facultad al legislador para restringir el ejercicio de determinados derechos o libertades.

En efecto, el art. 19 N° 8 de la CPR no se limita al simple reconocimiento de un derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que establece expresamente deberes genéricos de protección ambiental que deben ser materializados a través de las actividades de los poderes del Estado. A mayor abundamiento, se ha señalado que “la obligación del Estado debe ser extendida a todos sus órganos en el área de sus respectivas competencias. Asimismo, el objeto de la protección es variado; de esta forma, que al Estado le corresponda velar que el derecho no sea afectado supone que éste no sea afectado de modo efectivo, “que no se produzca una privación o perturbación de este”. Sin embargo, el deber del Estado, en materia de protección del medio ambiente, no se agota con la prevención de las acciones concretas, sino que también se extiende a las “situaciones omisivas y a las meras situaciones de riesgo y amenaza”7.

En este caso concreto, esta parte afirma que el Estado chileno en su conjunto (como corresponde analizarlo desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos), y a través de los organismos técnicos recurridos (analizado desde el punto de vista del ordenamiento jurídico nacional), no ha actuado con la debida diligencia que sus obligaciones de respeto y garantía le exige, frente a los hechos ventilados en lo principal de esta acción.

El Recurso de Protección es principalmente una acción de naturaleza cautelar dirigida al restablecimiento de los derechos constitucionales vulnerados que se encuentran incluidos en la enumeración del artículo 20 del texto constitucional, a fin de procurar el cese a la privación de los derechos conculcados.

El único límite del juez está en su sujeción a las finalidades de esta acción constitucional que consiste en restablecer el imperio del derecho y asegurar a las personas agraviadas la protección debida. El tribunal puede adoptar todas y cualquier clase de medidas tendientes a estos objetivos, aunque no aparezcan establecidas en ningún código ni hayan sido solicitadas por el recurrente.

Solicita tenga por deducida acción de protección en contra de nombre reservado y la Ilustre Municipalidad de Villarrica, todos ya individualizados y, en definitiva, la acoja y verifique la ilegalidad y arbitrariedad de las actuaciones de las recurridas, adoptando las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los recurrentes. y en particular:

A) Se declare la ilegalidad de las acciones y omisiones que amenazan el derecho de las personas afectadas a la vida e integridad física y síquica, igualdad ante la ley, así como el derecho a un medioambiente libre de contaminación;

B) Se declaren infringidos los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y síquica, y el derecho a la igual ante ley, el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, consagrados en los artículos 19 N° 1, 2, 8, 10 respectivamente, de la Constitución Política;

C) Que, como consecuencia de lo anterior, se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del Derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales violados, poniendo fin a los actos ilegales descritos con antelación respecto de las/los afectadas/os; y se impartan instrucciones a los recurridos, a fin de que tanto sus protocolos de actuación como sus actuaciones se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos;

D) Se ordene a la I. Municipalidad de Villarrica que adopte las medidas preventivas, correctivas y de coordinación de los procedimientos, propendiendo a una reacción oportuna y eficaz para evitar los riesgos y daños al medioambiente suspendiendo con ello las actividades denunciadas, las que deberán informarse a esta I. Corte;

E) El pago de las costas de la presente acción constitucional;

F) Remitir a la brevedad los antecedentes pertinentes a la Superintendencia del Medio Ambiente, a fin de hacer efectiva la responsabilidad de la recurrida por sustraerse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y G) Todas las medidas que S.S. Iltma considere conducentes al restablecimiento del imperio del derecho.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

- Copia denuncia ante Corporación Nacional Forestal área Villarrica, de fecha 29 de diciembre del año 2021.

- Copia respuesta de denuncia ante la Corporación Nacional Forestal área Villarrica de fecha 29 de diciembre del año 2021.

- Copia de respuesta a denuncia N° 20.522 ante la Superintendencia del Medio Ambiente, de fecha 16 de mayo del año 2022.

A folio 19 informa Richard Ramírez Concha, abogado en representación de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, quien dice:

La presente acción de protección es incoada por la abogada Vivian Franco Palacios en representación de don nombre reservado, del Comité de Adelanto Camino Huincacara, representada legalmente por don nombre reservado y de la nombre reservado Molco, representada legalmente por doña nombre reservado, quienes a su vez dicen representar a todas las familias que se encuentran viviendo en el sector Huincacara Sur de la comuna de Villarrica, específicamente en el kilómetro 7 de la ruta S-847.

A su vez, el recurso de autos es interpuesto en contra del particular don nombre reservado por extraer, aparentemente, de forma ilegal áridos en un predio de su propiedad, ubicado en el kilómetro 7 sector Huincacara de la comuna de Villarrica. Asimismo, se recurre en contra de mi representada por una omisión en el deber de fiscalización respecto de dicha circunstancia.

Corresponde hacer presente que efectivamente el recurrido principal de autos don nombre reservado no detenta autorización municipal para extraer áridos en la comuna de Villarrica, como tampoco patente comercial al efecto.

Con fecha 6 de diciembre del 2022 inspector municipal de la comuna de Villarrica fiscalizó al particular quien se encontraba extrayendo áridos de forma ilegal en el kilómetro 7 sector Huincacara Sur, es decir, sin detentar patente comercial o autorización municipal, procediendo a cursar la infracción N° 8.702, la que fue remitida al Juzgado de Policía Local de Villarrica.

Que el 9 de diciembre del 2022 la Jefa del Departamento de Rentas y Patentes Municipal de Villarrica, mediante Oficio Ordinario N° 361, le dio respuesta a consulta sobre venta de áridos efectuadas por el particular y recurrido principal de autos don nombre reservado.

Por último, ante una nueva fiscalización realizada por un inspector municipal de Villarrica, con data 2 de marzo del presente año, se le volvió a cursar una infracción al particular don nombre reservado por extracción de áridos sin permisos respectivos, según consta en boleta N° 7.849 la que fue remitida al Juzgado de Policía Local de Villarrica con fecha 6 de marzo del 2023.

II.- Falta de legitimación activa.

En primer lugar, corresponde señalar que el recurso de protección de derechos constitucionales no es una acción popular que pueda interponerse por cualquier persona que no tenga un interés inmediato y directo comprometido, o sea, no se puede interponer en favor de personas indeterminadas, desde que el constituyente personalizó su ejercicio, limitándolo exclusivamente a quienes hubieren sufrido privación, perturbación o amenaza en sus derechos fundamentales, a sus mandatarios o a quienes comparezcan determinadamente en su favor.

Al respecto, la regulación constitucional del remedio judicial en comento, en cuanto a la legitimación activa, distingue claramente entre la persona afectada en sus derechos y quien puede recurrir en su favor, determinando una amplia legitimación para accionar o interponer el requerimiento, pudiendo hacerlo “cualquiera a su nombre”, incluso sin representación. Sin embargo, la persona favorecida por la acción debe estar precisamente identificada, puesto que son los derechos y garantías relacionadas con ellas los que corresponde examinar en su afectación, circunstancia a la cual alude el constituyente con la expresión “el que”.

De una lectura sistemática del libelo de autos, es posible identificar que, si bien se indica que se ha recurrido en favor de don nombre reservado, del Comité de Adelanto Camino Huincacara y de la nombre reservado Molco, éstos a su vez estarían actuando en favor de “todas las familias que se encuentran actualmente viviendo en el sector Huincacara Sur de la comuna de Villarrica en el kilómetro 7 de la ruta S-847” (sic).

Por tanto, no cabe duda alguna que quienes accionan han incurrido en una importante deficiencia formal en la construcción de la acción constitucional de autos, desde que aparece interpuesta por aparentes voceros, dirigentes y agrupaciones en beneficio de todas las familias que se encuentran viviendo en el kilómetro 7 de la ruta S-847 del sector Huincacara Sur de la comuna de Villarrica, sin indicar de manera clara, precisa y determinada las personas en cuyo favor se recurre.

En efecto, los recurrentes dedujeron esta acción de protección en términos de una acción popular, sin determinación alguna respecto de quienes en cuyo favor se está accionando, apareciendo de modo palmario que no se ha acreditado el interés directo en las garantías constitucionales que se reclaman afectadas, como lo serían el derecho a la integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Sumado a lo antedicho, tampoco constan las personerías de los supuestos representantes legales del Comité de Adelanto Camino Huincacara y de la nombre reservado Molco, como asimismo, a quienes representarían dichas organizaciones.

Así las cosas, no cabe duda que los recurrentes dedujeron la presente acción de protección en pos de cautelar fines difusos como lo serían los derechos constitucionales señalados procedentemente respecto de todas las personas que integran las familias que viven en el kilómetro 7 sector Huincacara Sur de la comuna de Villarrica, lo cual no resulta ser procedente en una instancia de tutela de derechos constitucionales, por lo que indefectiblemente se debe proceder a resolver su rechazo, desde que se atenta con los fines propios de la acción en comento, esto es, proteger a uno o más lesionados en concreto, específicos e individualizados, víctima de algún acto u omisión ilegal o arbitraria; careciendo así los recurrentes de legitimación activa.

III.- Inexistencia de un acto u omisión arbitrario y/o ilegal por parte de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, así como de garantías fundamentales conculcadas a los recurrentes.

Por último, es de carga procesal de quien recurre acreditar todos los supuestos de procedencia de la acción constitucional interpuesta, y en específico, corresponderá probar que mi representada ha cometido una omisión ilegal y/o arbitraria cuya consecuencia inmediata haya originado una situación determinante de privación, amenaza o perturbación en los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, integridad física y psíquica y del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en los términos pretendidos.

No obstante, desde ya se indica, y conforme se acredita con los documentos acompañados en primer otrosí de esta presentación, que la Ilustre Municipalidad de Villarrica si ha efectuado labores de fiscalización respecto del principal recurrido, y asimismo, ha actuado dentro de su competencia. Así, no cumpliéndose los presupuestos ineludibles para la presente acción de protección; ésta no puede prosperar respecto a mi representada.

Solicita se sirva tener por evacuado informe, y en definitiva, se rechace de forma íntegra la acción de protección interpuesta en contra de mi representada la Ilustre Municipalidad de Villarrica, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Antecedentes de boleta de infracción N° 8.702 de fecha 6 de diciembre del 2022 respecto del infractor don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado.

2.- Oficio Ordinario N° 361 de fecha 9 de diciembre del 2022 de la Jefa del Departamento de Rentas y Patentes Municipales de Villarrica a don nombre reservado.

3.- Antecedentes de boleta de infracción N° 7.849 de fecha 2 de marzo del 2023 respecto del infractor don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado.

A folio 56, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene por no presentado el recurso respecto del recurrido don nombre reservado.

A folio N°21 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el acto que las recurrentes estiman arbitrario, dicen relación con las acciones ilegales de extracción de áridos por parte del recurrido nombre reservado y que a su juicio provocan daño medioambiental y por otra parte la omisión por parte de la Municipalidad de Villarrica al no dar cumplimiento al artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, incumpliendo su deber de protección a la salud pública y el medio ambiente, por afectar y amenazar los derechos constitucionales a la vida y la integridad física y psíquica, a la igualdad, y el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Solicitando, se declare el actuar ilegal de las personas e instituciones mencionadas, en los bienes raíces individualizados y en favor de los recurrentes y los vecinos del sector, y ordene inmediatamente el cese de las actividades y faenas ligadas a los hechos descritos, ordenando la persecución de las responsabilidades pertinentes por el daño ya ocasionado, y aplicando las sanciones que correspondan al caso.

TERCERO: Que, informando el presente recurso, sostiene la recurrida Municipalidad de Villarrica, que el recurso de protección de derechos constitucionales no es una acción popular que pueda interponerse por cualquier persona que no tenga un interés inmediato y directo comprometido, no se puede interponer en favor de personas indeterminadas. La persona favorecida por la acción debe estar precisamente identificada, puesto que son los derechos y garantías relacionadas con ellas los que corresponde examinar en su afectación.

Sostiene, además, que tampoco constan las personerías de los supuestos representantes legales del Comité de Adelanto Camino Huincacara y de la nombre reservado Molco, como, asimismo, a quienes representarían dichas organizaciones.

Finalmente afirma que los recurrentes dedujeron la presente acción de protección en post de cautelar fines difusos como lo serían los derechos constitucionales señalados.

CUARTO: Que, los antecedentes dan cuenta que la recurrida Municipalidad ha realizado labores de fiscalización, siendo don nombre reservado fiscalizado por inspectores municipales, quienes han procedido a cursarle las infracciones correspondientes y que han sido remitidas al Juzgado de Policía Local de Villarrica.

Así, no se vislumbra una omisión ilegal u arbitraria, como reclaman las recurrentes.

QUINTO: Cabe hacer presente, además, que los documentos acompañados por las recurrentes, en nada aportan para fundar su pretensión, pues del análisis de los mismos no se logra vislumbrar de qué manera existe una perturbación de garantías fundamentales, motivo por el cual esta acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el art culo 20 í de la Constitución n Pol tica de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara, que SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional deducida por la abogada doña VIVIAN FRANCO PALACIOS en favor don nombre reservado; del Comité de Adelanto Camino a Huincacara, de la nombre reservado Molco y en favor de todas las familias que se encuentran actualmente viviendo en el sector Huincacara Sur de la comuna de Villarrica en el kilómetro 7 de la ruta S-847, en contra de don nombre reservado y en contra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la Abogada Integrante Sra. Claudia Lecerf Henríquez.

Rol N° Protección-368-2023.(jog)