nombre reservado con FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS ANGOL

C.A. de Temuco.

Temuco, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece nombre reservado chilena, comerciante, cédula nacional de identidad NºRUT reservado en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, chileno, estudiante, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción de protección en contra de contra la FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE ANGOL, RUT RUT reservado, respecto del establecimiento COLEGIO SAN FRANCICO DE ASIS DE ANGOL representada por su Director nombre reservado, desconozco profesión u oficio, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho.

Señala que con fecha 20 de agosto del presente año, se da inicio a la aplicación de procedimiento interno del colegio por una supuesta falta grave de mi hijo nombre reservado.

Agrega que como apoderada realizó los descargos con fecha 21 de agosto del 2025, vía correo electrónico comunicando la primera resolución del procedimiento sancionatorio con fecha 1 de septiembre del 2025, aplicando como medida final, respecto de mi hijo, la expulsión del establecimiento.

Afirma que con esa misma fecha, haciendo uso de su derecho a solicitar la reconsideración de dicha resolución, vuelvo a hacer descargos, vía correo electrónico, expresando que el colegio no realizó investigación alguna al respecto, y que no han tomado declaración de ninguno de los involucrado a fin de aclarar cómo llegó esto a manos de su hijo, la cual fue comprada a otro alumno del colegio.

Hace presente que no tiene mayores antecedente de que el colegio haya recabado mayor información sobre los antecedentes aportados.

Alega que no se presumió la inocencia de su hijo, principio contenido tanto en su reglamento interno como en la legislación chilena general, no se aplicaron atenuantes ni el reglamento escolar en este sentido, vulnerando el derecho a ser juzgado en un debido proceso, atentando, asimismo, en contra de su derecho de igualdad ante la ley.

Argumenta que el proceso investigativo le genera poderosas dudas de su fiabilidad, al únicamente darle derecho a presentar descargos y reconsideraciones, pero omitiendo su derecho a ser oídos.

Refiere que el establecimiento no adoptó acciones preventivas y medidas formativas que generen aprendizajes y condiciones que permitan al estudiante reconocer, reparar el daño y actuar adecuadamente en futuras situaciones.

Hace presente que, no obstante, el comportamiento inquieto y errático de su hijo, jamás ha incurrido en acciones violentas durante los años que permaneció como alumno del colegio, por lo que estima que la medida es desproporcionada.

Relata que el 08 de septiembre se le notificó la resolución final del procedimiento de expulsión de su hijo, el estudiante nombre reservado del “Primer Año Medio C” del colegio San Francisco de Asís de Angol, por actos que afectan la convivencia escolar, supuestamente cometidos por él, en el hecho de: “haber dado golpes de puño, patadas y empujones con resultado de lesiones “leves” entre los estudiantes.

Indica que el procedimiento de expulsión del Colegio que se adjunta y en base al cual se habría aplicado la sanción no se ajusta a lo establecido en el Reglamento de convivencia escolar 2025 del establecimiento que establece un procedimiento diverso en su artículo 162.

Hace presente que ha sido el Director el que impuso la sanción habiendo omitido los pasos que refiere el artículo 162 ya citado en cuanto a la tarea del Consejo Interno de Buena Convivencia de revisar la documentación existente sobre el proceso, y determinar la existencia objetiva de la falta, para luego imponer alguna medida mediante resolución motivada, es por ello que no existe claridad en el procedimiento aplicar y los distintos instrumentos establecen procedimientos disimiles debiendo necesariamente primar lo establecido en el reglamento que no se ha cumplido en este caso.

A su juicio, el proceder del colegio vulneró su derecho a un debido proceso establecido en el numeral 3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, además del principio del interés superior del niño del artículo 3° de la Convención Internacional de Derechos del Niño.

Agrega que también se vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República por cuanto existe un derecho de propiedad sobre la condición de alumno, que importa sentirse perteneciente a una comunidad escolar con todas las bondades y seguridades, amén del prestigio, que ello representa. Además, se vulnera el derecho de propiedad sobre la progresión en los niveles, grados o cursos, de manera que, satisfechos que sean los requisitos impuestos por la preceptiva interna y la externa, se obtenga la promoción al grado superior y, así, sucesivamente. Y finalmente, se conculca el derecho de propiedad sobre la graduación, explicado como la posesión lejana de un título o certificado llámese de enseñanza básica, llámese de enseñanza media que, a su turno, se encuentra en la base de otros derechos o prerrogativas, cual, a modo de ejemplo, el de postulación a cargos públicos.

Pide tener por interpuesto el presente recurso de protección en contra de FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE ANGOL, RUT RUT reservado, respecto del establecimiento COLEGIO SAN FRANCICO DE ASIS DE ANGOL representada por su Director nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, declararlo admisible y en definitiva acogerlo, a consecuencia del acto arbitrario e ilegal en que han incurrido, representado por la expulsión de mi hijo, nombre reservado para que, conociendo del mismo, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando al requerido, deje sin efecto la medida de expulsión tomada con fecha 8 de Septiembre del año 2025, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1) Copia de resolución procedimiento sancionatorio de fecha 20 de Agosto, 1 y 8 de Septiembre del año 2025.- 2) Copia de Reglamento Interno y Manual de Convivencia escolar 2025.- 3) Copia de Procedimiento de expulsión o cancelación de Matricula.- A folio 6 evacúa comparece Matías Bauer Gachet, abogado, en representación de la FUNDACIÓN COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS DE ANGOL, evacuando informe en que indica lo siguiente:

Expone que el hecho que da origen a la acción deducida ante S.S Ilustrísima es un procedimiento de expulsión llevado a cabo en nuestro establecimiento educacional en contra del alumno nombre reservado, el cual fue sustanciado con pleno apego a lo dispuesto en nuestra reglamentación interna y lo dispuesto por el legislador en esta materia.

Indica que el 19 de agosto de 2025, el estudiante que fuera posteriormente expulsado del establecimiento, sostuvo con otro estudiante una pelea en las dependencias del establecimiento, donde agredió físicamente a otro estudiante mediante empujones, golpes de puño y patadas, causando lesiones en su compañero. Además, corresponde hacer presente que la Inspectora Cecilia Vásquez Urra, intervino en el conflicto con el objetivo de separar a los estudiantes y evitar que se siguieran causando un daño físico, que a esas alturas ya era evidente. Debido a la mencionada intervención la inspectora resulto golpeada por el estudiante Erices, prolongando por tanto el daño producido no tan solo a la afectación física del otro menor agredido, sino que también a la citada asistente de la educación.

Señala que la conducta anteriormente indicada, importa por sí misma una falta gravísima en los términos que dispone nuestro Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, esto es posible de observar a la luz de lo dispuesto en el artículo 160 letra j) del Reglamento Interno de Convivencia Escolar ICE, el cual reza: “Hostigar, amenazar, acosar o agredir de manera verbal y/o física a un miembro de la comunidad educativa, de manera presencial, escrita y por redes sociales, ya sea dentro o fuera del establecimiento”

Hace presente que frente a conductas graves, como aquellas que fueron desplegadas por el estudiante (agresiones física con resultado de lesiones) constituyen faltas gravísimas en razón de lo dispuesto en el mismo reglamento interno, además de encuadrarse en la causal que describe el DFL N°2 de 1998 en su artículo 6 letra d) el cual reza: “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.”, lo que permite la aplicación del procedimiento de expulsión de conformidad al artículo 138 del Reglamento Interno.

Sostiene que respecto a la indicación sobre la cual el Reglamento del colegio no permitiría la expulsión en una época del año que no hiciera posible la matricula del estudiante en otro colegio, es un argumento tomando de manera parcial y selectiva, toda vez que la misma disposición citada, la cual está redactada en los mismos términos que dispone el DFL N° 2 de 1998 del MINEDUC, la que indica que dicha limitación puede ser excepcionada cuando las circunstancias por las cuales se aplica la medida de expulsión es de aquellas que importa una afectación a la integridad física o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa.

Hace presente que el estudiante, objeto de la medida disciplinaria se encontraba condicional, dicha medida disciplinaria fue aplicada con fecha 29 de julio en razón de las múltiples anotaciones negativa que mantenía el estudiante en su hoja de vida y en razón también del cierre de un protocolo de actuación de “Maltrato, acoso o violencia entre miembros de la comunidad educativa”.

En cuanto el procedimiento de expulsión propiamente tal destaca los siguientes hitos:

· Con fecha 29 de julio fue debidamente notificada la apoderada del estudiante de la medida disciplinaria de condicionalidad de matrícula.

· Con fecha 20 de agosto de 2025 se notificó el inicio de un procedimiento sancionatorio en consideración a que la conducta de su alumno, en razón de los hechos ocurridos el 19 del mismo mes, que afectaban gravemente la convivencia escolar y que la conducta ejecutada se encuentra además debidamente tipificada como una falta gravísima en nuestra normativa interna. En esta misma notificación se le informó que se adoptaba la medida cautelar de suspensión del estudiante, además se le indicó de manera expresa la posibilidad que tenia de presentar sus descargos y eventualmente la reconsideración respecto de una eventual medida que se pudiera llegar a decretar. Esto consta en notificación enviada al domicilio de la apoderada a través de carta certificada, además de ser comunicada presencialmente a ella lo cual consta en acta de entrevista que se acompaña en un otrosí de esta presentación.

· Con fecha de 21 y 22 de agosto la apoderada, a través de correo electrónico hizo llegar sus descargos respecto de los hechos ocurridos, con ello queda total y complemente desacertada lo manifestado en el recurso de protección en cuanto a que no se habría otorgado tal derecho.

· Con fecha 01 de septiembre de 2025, se notificó a través de carta de certificada de correos de Chile, al domicilio de la apoderada, así como también personalmente, que el director del establecimiento, en razón de los hechos ocurridos el 19 de agosto, los cuales afectaron gravemente la convivencia escolar , que se adoptaba la medida disciplinaria de expulsión del establecimiento Educacional, donde se citó, en el literal J), el artículo 160 de nuestro RICE como también el correspondiente anexo denominado “Procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula” el cual da cuenta del procedimiento en los mismo términos que exige la norma. Agrega que en esta comunicación se le indicó expresamente a la apoderada el derecho que tenía para solicitar la reconsideración de la medida impuesta en el plazo de 5 días, frente a lo cual el director resolvería previa consulta al consejo de profesores.

· Luego, con fecha 01 de septiembre de 2025 se recibió por parte de la dirección del establecimiento la carta de reconsideración de la apoderada del estudiante, doña nombre reservado, la cual fue debidamente analizada y ponderada para efectos de adoptar la medida disciplinaria.

· Con fecha 04 de septiembre de 2025 y habida consideración de la solicitud de reconsideración evacuada por la apoderada, se llevó a cabo el Consejo extraordinario de profesores que fuera convocado por el director del Colegio, lo anterior a fin de escuchar su opinión respecto del caso en particular y del escrito de apelación. En dicha instancia colegiada todos los docentes manifestaron su opinión al respecto, la cual fue considerada por el señor director. Todo ello consta en acta de consejo debidamente suscrita por los asistentes y que da cuenta del cumplimiento de lo dispuesto en la letra d) del artículo 6 del DFL N°2 del 1998 del Mineduc.

· Con fecha 08 de septiembre de 2025, se notificó vía carta certificada de correos de Chile, tanto al estudiante como a la apoderada, la decisión de mantener la medida disciplinaria de expulsión, esto habida consideración de la afectación grave a la convivencia escolar que tuvo su actuar, habiendo tenido presente los principios de legalidad, proporcionalidad y justo y racional procedimiento.

· Con fecha 12 de septiembre de 2025, se informó a la Superintendencia de Educación respecto del proceso de expulsión, cumpliendo así con la última exigencia que se fija en la ley la cual dispone: “El director, una vez haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores.”

Considera que no existió en ningún momento una acción u omisión que fuese arbitraria o ilegal, toda vez que nos encontramos frente a un procedimiento, descrito por la ley y el cual fue realizado en dichos términos, por haber concurrido una causal que claramente se adecua al espíritu de la legislación que regula la materia como ya fue descrito anteriormente. Por tanto, el requisito primero y de la esencia de la acción de protección se derrumba por sí mismo en el caso de marras, ya que como fuera latamente explicado en los románicos precedentes y debidamente acreditado en la citada jurisprudencia, la expulsión del estudiante fue realizada bajo el alero de un procedimiento definido por el legislador.

Pide tener por evacuado el informe, en mérito de lo expuesto y rechazar el recurso de protección intentado en contra de mi representada.

Acompaña los siguientes documentos:

1) Informe de proceso de fecha 29 de agosto de 2025, suscrito por la encargada de convivencia escolar del establecimiento, doña nombre reservado.

2) Notificaciones de fecha 29 de julio, 20 de agosto, 01 de septiembre y 08 de septiembre todas del año 2025, relativas condicionalidad, inicio del procedimiento, aplicación de la suspensión como cautelar, aplicación de la medida disciplinaria de expulsión y pronunciamiento de reconsideración y comprobantes de envío de notificaciones a través de carta certificada de Correos de Chile.

3) Set de actas de entrevista con apoderados del estudiante.

4) Set de declaraciones de testigos de los hechos.

5) Escrito (correos electrónicos) de descargos y de Reconsideración presentado por la apoderada.

6) Acta de sesión del consejo extraordinario de profesores de fecha 04 de septiembre de 2025.

7) Comprobante de atención de la Superintendencia de Educación respecto del envió del procedimiento de expulsión para su revisión y conocimiento.

8) ORD. 9DR. UPDE N °: 226. De la Superintendencia de Educación.

9) Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 2023-2024.

10) Anexo procedimiento de expulsión y cancelación de Matricula.

A folio 13 comparece nombre reservado, Director Regional de la Araucanía de la Superintendencia de Educación evacuando informe del siguiente tenor.

Efectúa una exposición de las normas aplicables haciendo énfasis en que Respecto de la medida disciplinaria de expulsión o cancelación de matrícula la Ley N° 21.108 sobre Aula Segura, que modifica el DFL N° 2 de 1998, determina expresamente un procedimiento de aplicación para dichas medidas a saber, citándolo de la siguiente forma: “Artículo 6o, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, establece lo siguiente: Letra d) "Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convivencia en el establecimiento, que deberán incluir expresamente la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y; las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.

Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraría, y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolarlos actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento a conductas de los miembros de la comunidad educativa.

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de el o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de ios miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3o del Título I del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Misterio de Educación. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes.

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.

Los sostenedores y, o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio definidas en el inciso segundo del artículo 9o, que se presenten durante sus estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso que el o la estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación.

El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateraiidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedirla reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.

El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de ¡a Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptarlas medidas de apoyo necesarias.

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave".

En suma, la ley exige que durante el procedimiento de aplicación de medidas disciplinarias de expulsión o cancelación de matrícula se respeten los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros, tal como ya fue mencionado en el N° 2.2 precedente, y siempre con observancia de las limitaciones establecidas por la normativa educacional.”

Informa que la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de la Araucanía, con fecha 12 de septiembre de 2025, recibió a través de ia plataforma dispuesta para dichos fines, el expediente medida de expulsión del establecimiento educacional Colegio San Francisco de Asís de Angol, de la comuna de Angol, respecto del alumno objeto del presente recurso de protección.

Indica que dicho expediente luego del respectivo análisis, mediante oficio ordinario 9DR UPRDE N° 226 de fecha 02 de octubre de 2025, informa cierre de expediente por encontrarse el procedimiento de aplicación de medida disciplinaria ajustado a la normativa educacional. Se adjunta a la presente copia del oficio de cierre de la UPRDE.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección;

SEGUNDO: Que, el recurso de protección ha sido interpuesto en contra de la resolución de 8 de septiembre de 2025 que dispuso la expulsión de su hijo, el estudiante nombre reservado del “Primer Año Medio C” del colegio San Francisco de Asís de Angol, por actos que afectan la convivencia escolar;

TERCERO: Que, conforme a los antecedentes expuestos en autos, la medida impugnada dice relación con la expulsión del estudiante nombre reservado, adoptada mediante resolución de fecha 8 de septiembre de 2025 por el Director del Colegio San Francisco de Asís de Angol, fundada en hechos ocurridos el día 19 de agosto del mismo año, consistentes en agresiones físicas reiteradas hacia otro alumno y hacia una asistente de la educación, con resultado de lesiones, conductas que el propio reglamento interno del establecimiento califica como faltas gravísimas que afectan gravemente la convivencia escolar.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por la recurrida, aparece acreditado que el procedimiento sancionatorio seguido en contra del estudiante se ajustó a las exigencias establecidas en el artículo 6 letra d) del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, toda vez que se inició formalmente mediante notificación escrita, se otorgó a la apoderada la posibilidad efectiva de formular descargos y solicitar la reconsideración de la medida, y se resolvió fundadamente por la autoridad competente, esto es, el Director del establecimiento, previa consulta al Consejo de Profesores, constando acta de dicha instancia colegiada.

QUINTO: Que, no resulta efectivo, como sostiene la recurrente, que se haya vulnerado el derecho al debido proceso, desde que el procedimiento seguido garantizó la bilateralidad de la audiencia, el derecho a defensa, la posibilidad de aportar antecedentes y solicitar reconsideración, cumpliéndose, además, los plazos y etapas previstas tanto en la normativa legal como en el reglamento interno del establecimiento, sin que se advierta arbitrariedad ni ilegalidad en la ponderación de los hechos ni en la determinación de la sanción aplicada.

SEXTO: Que, en lo que respecta a la alegada desproporción de la medida disciplinaria, cabe señalar que la normativa educacional vigente autoriza expresamente la aplicación de la sanción de expulsión cuando se trata de conductas que atenten directamente contra la integridad física o psíquica de miembros de la comunidad educativa, hipótesis que concurre en la especie, razón por la cual no resulta exigible la aplicación de medidas formativas previas ni la prohibición temporal de expulsión invocada por la recurrente.

SÉPTIMO: Que, asimismo, consta en autos que la Superintendencia de Educación, órgano técnico competente, revisó el procedimiento disciplinario seguido por el establecimiento educacional y, mediante Oficio Ordinario N° 226 de fecha 2 de octubre de 2025, dispuso el cierre del expediente administrativo por estimar que la medida de expulsión fue aplicada con apego a la normativa educacional vigente, circunstancia que refuerza la conclusión de que no se ha configurado actuación ilegal ni arbitraria susceptible de ser enmendada por esta vía cautelar.

OCTAVO: Que, finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad invocado por la recurrente, esta Corte estima que la calidad de alumno y las expectativas de permanencia o promoción en un establecimiento educacional no constituyen derechos patrimoniales en los términos del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, menos aun cuando su ejercicio se encuentra condicionado al cumplimiento de los deberes y normas de convivencia escolar, válidamente establecidos y conocidos por la comunidad educativa.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por nombre reservado, en representación de hijo menor de edad nombre reservado en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE ANGOL.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Roberto Contreras Eddinger.

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