nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, quince de octubre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Arturo Wevar Palma, abogado, a favor de don nombre reservado, nombre reservado, Rut RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por quien interpone recurso de protección en contra TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representado por el abogado don Marco Becerra Gaete, domiciliado en domicilio reservado, por acto o resolución de fecha 24 de abril de 2020, que estima arbitrario e ilegal consistente en la compensación por deuda realizada por este Servicio respecto de la devolución excepcional y anticipada del impuesto a la Renta por la suma de $6.875.895.-, lo que vulnerarías la garantía de los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que fue conculcado su derecho para recibir el beneficio otorgado por la ley a miles de chilenos, acto que por si podría considerarse como desigualdad ante la ley y que atenta contra el orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, como ocurre al no aplicarse lo ordenado por el Decreto N°420, de donde resultan que concurren todas las exigencias y requisitos para que esta Corte adopte las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y prestar protección, sin perjuicio de los derechos que se puedan hacer valer ante quien correspondiere y el procedimiento del caso.

Expresa que por la pandemia mundial y que nuestro país no es ajeno a esta realidad, es que se dictó el Decreto N°420 de fecha 30 de marzo del año 2020, en la que se instruye en el artículo 1° N°7, al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República para condonar y devolver a sus beneficiarios, respectivamente, en abril de 2020, la retención de los impuestos aplicada a los contribuyentes que establece el artículo 42 N°2 de la ley sobre Impuesto a la renta, en los meses de enero y febrero de 2020 conforme a los artículos 74 N° 2, 78, 83, 89, 97 y 98 de la ley de Impuesto a la Renta.

De la lectura de la ley antes mencionada en su parte considerativa, se explaya en ocho números explicando la razón o fundamento que da lugar a ese beneficio y que no hace distinción entre las personas, por lo que el acto impugnado atenta contra las garantías constitucionales, al compensar esta devolución, sin ningún tipo de explicaciones válidas o argumentos legales que así lo ameriten.

Alega que se le ha discriminado ilegalmente, vulnerándose con ello la garantía constitucional del artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política del Estado, “la igualdad ante la ley”, lo que funda en primer lugar, porque la recurrida ordena hacer una compensación a su representado reteniéndole el cien por ciento de la devolución de impuestos ordenada por la ley y en estado de catástrofe, sin dar absolutamente ninguna justificación, pasando en alto la instrucción dada tanto al Servicio de Impuestos Internos como a la Tesorería General de la República, organismos que forman parte de la administración centralizada del Estado de Chile. Así las cosas, la autoridad incurre en un trato arbitrariamente discriminatorio, estableciendo una distinción en favor de los órganos de la Administración del Estado y en desmedro de su representado, sin mediar ni haber expresado razón alguna que la justifique.

En segundo lugar, el acto impugnado también infringe la garantía contemplada en el artículo 19 N° 2º al no observar los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En efecto, acto recurrido y que dispone la compensación no son idóneas, justas, necesarias ni proporcionadas a los fines que supuestamente perseguiría, lo que constituye una grave infracción de la igualdad ante la ley que la Constitución garantiza a todas las personas.

Por último, al carecer de fundamentos y motivaciones, el acto recurrido vulnera artículo 19 N° 2 inciso segundo de la Constitución, en tanto dicha norma prohíbe a las autoridades del Estado dictar actos arbitrarios o carentes de razonabilidad.

Asimismo, invoca que se ha vulnerado su derecho de propiedad, ya que con la conducta del recurrido, no permite a su representado el de usar, gozar y disponer de bienes corporales, ya que la sola amenaza que diga relación con una limitación a lo anterior constituye por sí un atentado al derecho de propiedad que conlleva toda actividad económica, teniendo presente además, que los montos retenidos o compensados corresponden a impuestos que se deben declarar y pagar el próximo año tributario.

La conducta de la recurrida ha acarreado innumerables problemas económicos a su representado, ya que, es de público conocimiento que toda la actividad comercial bancaria y otros ha bajado hasta en un ochenta por ciento, por lo que con este beneficio que había sido otorgado por ley, le habría ayudado a palear este mal momento económico.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva, se disponga la inmediata devolución de los impuestos correspondiente a los meses de Enero y Febrero del año 2020, sin perjuicio de otras medidas que US. I., pueda adoptar, con costas.

A folio 20 evacúa informe don Marco Becerra Gaete, Abogado del Servicio de Tesorerías, solicitando el rechazo con costas del recurso.

Expresa que el recurrente nombre reservado, mantiene una deuda por giros realizados por el Servicio de Impuestos Internos que liquidada al mes de agosto del presente año asciende a la suma de $ 4.629.327.613.

Atendida la existencia de la referida deuda, con fecha 22 de abril de 2020, se procede a compensar la deuda con la devolución anticipada de la renta por la suma de $6.875.895.

Explica que cada año, en los meses de abril y mayo principalmente, se lleva a cabo el Proceso de Operación Renta Masiva para el pago de las solicitudes de devolución, una vez que el Servicio Fiscalizador ha sometido a un proceso de fiscalización las declaraciones de renta, aplicando verificaciones de consistencia aritmética, lógica y tributarias, informa al Servicio de Tesorerías los montos autorizados a las devoluciones solicitadas por los contribuyentes, cuyas sumas también son sometidas por el Servicio de Tesorerías a un proceso para determinar que parte de este monto se debe retener al contribuyente para el pago de deudas morosas, lo que comúnmente se denomina “Compensación de Deudas Fiscales”, u otras retenciones para las cuales el Servicio se encuentra facultado.

Agrega que en el mes de enero, se publicó la ley N°21.207, la cual estableció un beneficio en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría, consistente en la posibilidad de obtener anticipadamente una devolución del Impuesto a la Renta que pudiere corresponderles en el año tributario 2020.

Asimismo, dado el contexto que vive el país producto de la emergencia derivada del Coronavirus, y como medida de apoyo para estos grupos, se dispuso mediante el DS N° 420, publicado en el Diario Oficial el 01 de abril de 2020, la devolución anticipada del impuesto a la Renta, para trabajadores independientes y Mipymes.

Ahora, si bien el Decreto Supremo 420, estableció el beneficio de la devolución anticipada para determinadas personas, entre las cuales se encontraba el recurrente, no dispuso, bajo ningún respecto, otro beneficio adicional relacionado con la no compensación de la deuda del recurrente.

En atención a lo anterior, existiendo deuda no solucionada por parte del recurrente, el Servicio de Tesorería procedió conforme lo establece el artículo 6 del DFL 1 de fecha 26 de octubre de 1994: “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

En este contexto indica que es un hecho no controvertido la situación morosa del contribuyente ante Tesorería General de la República, hecho que se arrastra hace más de una década.

Sostiene que el obrar de la Tesorería recurrida, no resulta ilegal, ni arbitraria, ya que se encuentra sometido al imperio del derecho y por ende su accionar se ha limitado a cumplir un mandato legal, sobre una deuda liquida y actualmente exigible.

Alega que el recurrente posee otros mecanismos para efectos de reclamar el derecho o prerrogativa que considera vulnerada, sin embargo, ellas no fueron ejercidas, interponiendo el presente Recurso de Protección, que es se ha establecido como mecanismo de tutela de ultima ratio.

Concluye que el accionar de protección, no es la sede jurisdiccional pertinente, menos cuando existen procesos en curso ante otra autoridad como lo es el Tesorero Regional, Juez Sustanciador, que constituye un órgano de la Administración Tributaria del Estado, dotado de facultades para conocer y fallar las cuestiones derivadas de cobro de Obligaciones Tributarias de Dinero, contempladas en la normativa del Título V del Libro III del Código Tributario.

A folio 26 el recurrente solicita se tenga presente que existe una serie de juicios ejecutivos de cobro que inicio la recurrida en relación con deudas que tendría su representado en diferentes años tributarios que abarcan desde el año 1997 al 2003 y año tributario 2012 en cuyos procesos ejecutivos se declaró el abandono del procedimiento.

Agrega que en certificado de deuda acompañado por la recurrida incluye un formulario 42 y uno 46, ambos por multas, los que, atendida la fecha de estos, julio de 2007 y diciembre 2018 respectivamente su accionar se encuentra fuera de los plazos legales para su cobro.

De lo anterior concluye que su representado no tiene a la fecha deuda pendiente, que tenga título ejecutivo vigente para iniciar la acción de cobro vigente y exigible que corresponda. El antecedente que aparece en el documento antes mencionado es histórico que en definitiva debe ser eliminado.

Alega asimismo que lo que la ley ordena devolver es el impuesto ingresado en los periodos de enero y febrero del 2020, es decir un tributo que en definitiva debe declarar y pagar en abril del año 2021. En atención a lo expuesto y atendido al objeto que se tuvo en consideración el Decreto Supremo 420, no es pertinente en este aplicar lo dispuesto en el DFL 1 de 26 de octubre del año 1994, en el sentido de compensar deudas del contribuyente con créditos de estos contra el Fisco.

Acompaña al efecto los siguientes documentos:

1.- Sentencia en causa Rol C-3739-2010 del 3° Juzgado Civil de Temuco, de fecha 04 de julio de 2017.

2.- Sentencia en causa Rol C-790-2012 del 2° Juzgado Civil de Temuco, de fecha 06 de septiembre del año 2017.

3.- Sentencia en causa Rol C-3507-2017, del 1° Juzgado Civil de Temuco, de fecha 27 de septiembre de 2017 y Sentencia de esta Ilustrísima Corte de fecha 11 de diciembre del año 2018, en causa Rol Civil N°807-2018.

4.- Sentencia en causa Rol C-5843-2019 del 1° Juzgado Civil de Temuco, de fecha 18 de diciembre del 2019 y Sentencia de esta Ilustrísima Corte de fecha 22 de junio del año 2020, en causa Rol 1818-2019.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el propósito de evitar posibles consecuencias dañosas o lesivas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen en los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos que se protegen con este instrumento jurisdiccional, con el fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los perjudicados.

SEGUNDO: Que en virtud del acto de compensación, el recurrente ha visto afectado sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nº 2 y 24, ya que mediante el acto de compensación de fecha 24 de abril de 2020 efectuado por la Tesorería Regional de la Araucanía, se le ha privado del beneficio a la devolución anticipada del impuesto establecido en articulo 42 N°2 de la Ley sobre de Impuesto a Renta, por el monto de $6.875.895, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2020, dictaminado en el DS 420 de 30 de marzo de 2020.- TERCERO: Que el recurrido al evacuar su informe señala que dado el contexto que vive el país producto de la emergencia derivada del Coronavirus, y como medida de apoyo para estos casos, se dispuso mediante el DS N° 420, publicado en el Diario Oficial el 01 de abril de 2020, la devolución anticipada del impuesto a la Renta, para trabajadores independientes y Mipymes.

Ahora, si bien el Decreto Supremo 420, estableció el beneficio de la devolución anticipada para determinadas personas, entre las cuales se encontraba el recurrente, no dispuso, bajo ningún respecto, otro beneficio adicional relacionado con la no compensación de la deuda del recurrente. En atención a lo anterior, existiendo deuda no solucionada por parte del recurrente, el Servicio de Tesorería procedió conforme lo establece el artículo 6 del DFL 1 de fecha 26 de octubre de 1994.

CUARTO: Que al tenor de los hechos expuestos y que guardan relación con el DS 420, es preciso señalar que este establece medidas de índole tributarias, para apoyar a las familias, trabajadores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, por las dificultades generadas por la propagación de la enfermedad Covid-19. El mencionado decreto señala en su artículo 1° que se establecen medidas y procedimientos de índole tributaria en beneficio de los trabajadores a fin de apoyarlos con ocasión de la catástrofe que afecta al país. Así, en el N°7 del artículo ya mencionado se instruye a la Tesorería General de la República devolver a sus beneficiarios en abril del año 2020, la retención de impuestos aplicada a los contribuyentes del artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020.

QUINTO: Que lo expuesto en la norma legal antes referida, instruye a la Tesorería General de la República y ordena devolver el impuesto que afecta a los contribuyentes del articulo 42 N°2 correspondientes a los períodos de enero y febrero del año 2020 y que fueron declarados por estos, como obligatorios y cuyo cumplimiento se hará efectivo para el año tributario 2021.

SEXTO: En estos términos, este tribunal estima que se han vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19 Nº 2 en que la conducta de la recurrida ha afectado la igualdad ante la ley al proceder arbitraria e ilegalmente al compensar la devolución excepcional de impuestos ordenada por Decreto Supremo. Asimismo, se vulnera el número 24 de la mencionada norma legal al privársele el derecho de propiedad que el recurrente tiene sobre los impuestos declarados y que por mandato legal se ordenó su devolución, por lo que deberá reestablecerse el imperio derecho, como se expresará en el apartado siguiente.

SEPTIMO: Que en estos términos y al tenor de lo expresado por el recurrente, y demás antecedentes que rolan en autos, se establece que tiene derecho a la devolución excepcional de impuestos, por los motivos por el que se dictó el DS 420 de 30 de marzo del año 2020, no siendo pertinente en este caso la compensación efectuada por la recurrida contra eventuales deudas que pudiere tener, y en consecuencia tiene derecho al beneficio otorgado por el Decreto Supremo ya mencionado, respecto de los impuestos correspondientes a los meses de enero y febrero del año 2020 que ascienden a la suma de $6.875.895.

Por estas consideraciones y vistos además, lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en lo principal de folio 1 y siguientes por el abogado Arturo Wevar Palma, en representación de don nombre reservado, ya individualizado y por consiguiente, se deja sin efecto el acto de compensación de fecha 24 de abril del año 2020, y en consecuencia se ordena a la Tesorería General de la Araucanía a devolver los impuestos correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020 que ascienden a la suma total de $6.875.895.- Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción del abogado integrante, señor Marcelo Neculman Muñoz.

Rol Nº 3647-2020 Protección. (sac)