nombre reservado con COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ILLAF ESPERANZA

C.A. de Temuco.

Temuco, veintiocho de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece doña nombre reservado interponiendo recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco en favor de 49 personas domiciliadas en domicilio reservado, en contra del Comité de Agua Potable Rural Illaf–Esperanza y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Oficina de La Araucanía. Denuncia que la falta de reposición del suministro de agua potable y la omisión de una fiscalización efectiva vulneran el derecho a la vida e integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley, reconocidos en el artículo 19 N° 1 y N° 2 de la Constitución.

Expone que el Comité abastece al sector desde 2016 y que las viviendas de los afectados, por encontrarse a mayor altura que las torres de distribución, reciben agua mediante una sentina de elevación. El 2 de agosto de 2026 se interrumpió el suministro, sin que hubiera sido restablecido al interponerse el recurso, el 17 de agosto, completándose quince días de suspensión. Señala que anteriormente se habían producido cortes, pero estos no habían excedido de dos o tres días.

Según la recurrente, la administración del Comité inicialmente se negó a enviar personal a reparar la instalación por razones de seguridad, invocando un episodio de malos tratos relacionado con un conflicto con el propietario del terreno donde se encuentra la sentina. Sostiene que los afectados son ajenos a esa controversia y que la Municipalidad habría instalado un cerco para permitir el acceso de los operadores. Agrega que, posteriormente, personal del Comité ingresó al lugar e identificó un desperfecto en una manguera, pero la administración habría rechazado su reparación atribuyendo responsabilidad a la comunidad, además de pedir que no se realizaran nuevas consultas por correo electrónico, teléfono o WhatsApp.

Respecto de la Superintendencia, refiere que los usuarios denunciaron la interrupción y que, mediante publicaciones del propio Comité en redes sociales, conocieron de una visita realizada por ese organismo el 8 de agosto de 2026, en la cual no se habrían detectado anomalías. Sin embargo, afirma que no habían recibido una respuesta formal a sus denuncias ni información sobre un plazo de reparación. Por ello, le reprocha no haber ejercido eficazmente sus atribuciones de fiscalización para verificar y corregir la falta de suministro.

El recurso reconoce que la Municipalidad ha entregado agua mediante camiones aljibe, pero sostiene que esta ayuda resulta insuficiente, pues casi ninguna familia dispone de estanques adecuados. Se habría instalado un estanque comunitario situado a más de un kilómetro de algunas viviendas, obligando a los habitantes a trasladar agua en botellas y bidones y a complementar el abastecimiento con aguas lluvias. Destaca que entre los afectados existen niños, un lactante, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de una importante proporción de integrantes del pueblo mapuche. Describe especialmente la situación de nombre reservado, quien requiere diálisis diaria en su domicilio y es electrodependiente, de modo que la falta de agua para la higienización necesaria aumentaría el riesgo de infecciones.

En sus fundamentos jurídicos, atribuye al Comité el incumplimiento de la obligación de conservar, reparar y mantener las instalaciones del servicio, invocando el artículo 41 de la Ley N° 20.998. En cuanto a la Superintendencia, funda la omisión denunciada en las atribuciones regulatorias y fiscalizadoras previstas en el artículo 85 de esa ley. Vincula el acceso al agua potable con la protección de la vida, la salud y la integridad personal, apoyándose en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Sostiene, además, que la privación del servicio afecta especialmente a personas que requieren protección reforzada y que el recurso es oportuno porque las omisiones denunciadas se mantienen en el tiempo.

Solicita que se declaren ilegales o arbitrarias las omisiones de ambas recurridas; que se ordene al Comité restablecer el servicio en un plazo breve e informar sus avances; y que se disponga que la Superintendencia fiscalice, adopte medidas correctivas, determine responsabilidades y aplique las sanciones que correspondan. Pide también medidas que aseguren la pronta reparación de futuras fallas, con costas. Como orden de no innovar, solicita la ejecución inmediata de las acciones necesarias para reponer el suministro bajo fiscalización de la Superintendencia. Finalmente, requiere un informe de la Municipalidad sobre el corte y el abastecimiento de emergencia, y acompaña fotografías, correos de denuncia y antecedentes médicos.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección en cuanto se dirige en su contra, con costas. Sostiene que no ha incurrido en una omisión ilegal o arbitraria, pues recibió las denuncias de los usuarios, efectuó una fiscalización en terreno, impartió instrucciones al Comité de Agua Potable Rural Illaf–Esperanza y coordinó la intervención de otros organismos para facilitar la reparación y el restablecimiento del suministro.

Como antecedente, señala que el servicio cuenta con 911 arranques domiciliarios, una fuente subterránea y dos estanques de 175 metros cúbicos. Precisa que, pese al número de arranques informado, el Comité figura clasificado en el segmento mediano en el catastro de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Sobre esa base, afirma que sus facultades fiscalizadoras y sancionatorias respecto del operador se encuentran vigentes desde el 20 de noviembre de 2025.

Expone que, tras recibir requerimientos durante los primeros días de agosto de 2026, funcionarios de su oficina regional concurrieron al servicio el 7 de agosto de 2026, diligencia documentada en las actas de fiscalización N° 2163 y N° 2164. Según la información proporcionada por la administración del Comité, se estableció que 16 servicios se encontraban sin suministro debido a que la bomba de la sentina del sector Rofue estaba en malas condiciones y fuera de operación. Aclara que la referencia inicial a 17 servicios provenía de un requerimiento preliminar y que la cantidad definitiva quedaba sujeta a verificación técnica.

Durante esa diligencia, la administración del Comité informó que la Comunidad José Jineo habría cerrado el recinto de la sentina y que trabajadores y contratistas habían sufrido amenazas o agresiones verbales en una oportunidad anterior, lo que impedía ingresar en condiciones de seguridad. También entregó una carta de 6 de agosto de 2026 dirigida a la Dirección de Obras Hidráulicas, mediante la cual comunicaba esas circunstancias y la entrega de las llaves de la instalación. El informe considera que la sentina y sus equipos constituyen bienes indispensables para prestar el servicio y que los obstáculos de acceso afectan el ejercicio de los derechos de uso y goce del operador sobre esa infraestructura.

En cuanto a las medidas adoptadas, señala que mediante el Oficio N° 3157, de 25 de agosto de 2026, requirió al Comité realizar todas las gestiones y trabajos a su alcance para restablecer el suministro en el menor tiempo técnicamente posible. Asimismo, le instruyó solicitar apoyo técnico y de gestión a la Subdirección Regional de Servicios Sanitarios Rurales, a fin de canalizar el eventual auxilio de la fuerza pública, y presentar, dentro de cinco días hábiles, un cronograma de trabajos que indicara la fecha y hora de reposición. Mediante el Oficio N° 3158, de la misma fecha, solicitó a esa Subdirección prestar asistencia al Comité y coordinar con las autoridades competentes las medidas necesarias para permitir el ingreso seguro.

Agrega que el 26 de agosto de 2026, mediante el Oficio N° 3631, solicitó directamente al Delegado Presidencial Regional de La Araucanía disponer las medidas de resguardo y el auxilio de la fuerza pública que resultaran procedentes. El propósito era permitir el acceso del personal técnico del Comité, de la Subdirección Regional y de la propia SISS a la sentina, para ejecutar la reparación, prestar apoyo técnico y fiscalizar los trabajos.

En sus fundamentos jurídicos, distingue las obligaciones del Comité de las atribuciones de los organismos públicos. Sostiene que corresponde al operador garantizar la continuidad del servicio, conservar las instalaciones y ejecutar las reparaciones, conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley N° 20.998. A la SISS le compete fiscalizar, exigir el cumplimiento de esas obligaciones y evaluar eventuales infracciones, mientras que la asistencia técnica y el apoyo a la gestión comunitaria corresponden a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Por ello, afirma que la persistencia del corte no demuestra, por sí sola, una omisión de la Superintendencia ni la convierte en responsable de ejecutar materialmente las obras.

Finalmente, manifiesta que no se opone a la adopción de medidas judiciales que permitan solucionar la falta de agua, pero pide que se rechace la solicitud de ordenar una fiscalización que ya realizó. También se opone a que se le ordene aplicar sanciones o establecer responsabilidades anticipadamente, pues ello exige un procedimiento administrativo y la comprobación de una infracción imputable al operador. En subsidio, solicita que cualquier medida respecto de la SISS se limite al seguimiento de sus requerimientos, la coordinación con los organismos competentes y la entrega periódica de información a la Corte, dentro de sus atribuciones legales.

El Comité de Agua Potable Rural Illaf–Esperanza, representado por su presidenta, nombre reservado, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas. Su defensa se funda en que la interrupción del suministro obedeció a una falla mecánica y en que su reparación habría sido impedida por cierres, amenazas y agresiones de terceros. Sostiene que estas circunstancias constituyen fuerza mayor y que realizó gestiones ante las autoridades para obtener condiciones de seguridad que permitieran restablecer el servicio.

Como antecedente, explica que es una organización comunitaria sin fines de lucro que abastece a 911 socios y sus familias, además del Hospital Intercultural Makewe, seis establecimientos educacionales y un jardín infantil con sala cuna. Destaca que su presidenta ejerce el cargo gratuitamente y reside en el mismo sector afectado, por lo que también ha sufrido la falta de agua. Añade que ella sufrió lesiones mientras transportaba agua para su hogar, circunstancia que invoca para controvertir la imputación de indiferencia frente a la situación de los usuarios.

Respecto del origen del conflicto, afirma que la sentina de Rofue se encuentra en la faja de un camino público, en un bien nacional de uso público, y que durante años existió libre acceso para su mantención. Relata que, durante la ejecución de un proyecto estatal de mejoramiento del sistema, doña nombre reservado reclamó la propiedad del terreno y condicionó el ingreso a determinadas compensaciones y obras. Según el Comité, una medición topográfica y antecedentes municipales demostrarían que la instalación se ubica fuera de su propiedad.

Señala que en enero de 2026 se instaló un cerco que impidió el acceso a la sentina y que este fue retirado en abril por personal municipal con apoyo de Carabineros. Sin embargo, sostiene que posteriormente integrantes de la Comunidad José Jineo y del denominado Lof Rofue amenazaron y agredieron verbalmente a la administradora, profesionales y trabajadores de las empresas que intervenían en el proyecto. A raíz de ello, las empresas CyD Ingeniería y Rutheni S.A. habrían dispuesto que su personal no regresara al sector por falta de seguridad. Agrega que en junio se reinstaló un cierre que volvió a obstaculizar el acceso a la infraestructura y al medidor eléctrico.

En ese contexto, refiere que el 2 de agosto de 2026 se produjo una avería en las bombas y en la manguera de elevación, que dejó sin suministro a 16 familias de Alto La Cantera. Niega haberse negado arbitrariamente a reparar y sostiene que no podía enviar trabajadores sin resguardo policial, atendidos los episodios anteriores. Invoca el artículo 45 del Código Civil, sobre caso fortuito o fuerza mayor, y el deber de protección de la vida y salud de los trabajadores previsto en el artículo 184 del Código del Trabajo.

Para acreditar su diligencia, expone que el 5 de agosto solicitó a la Municipalidad abastecimiento mediante camiones aljibe y estanques; que el 6 de agosto informó la situación a la Dirección de Obras Hidráulicas, con copia a otras autoridades, e hizo entrega de las llaves de la sentina para que el Estado efectuara las reparaciones; y que el 7 de agosto su presidenta formuló denuncias ante la PDI y Carabineros. Añade que solicitó una audiencia al Delegado Presidencial Regional y describe las posteriores actuaciones del Gobierno Regional, la Delegación Presidencial y la Superintendencia para coordinar una solución y gestionar el auxilio de la fuerza pública.

El informe atribuye especial importancia al Oficio N° 1973, de 7 de septiembre de 2026, mediante el cual el Delegado Presidencial Regional instruyó el auxilio de la fuerza pública, con facultades de descerrajamiento y medidas de resguardo posterior de la sentina. A juicio del Comité, ese oficio confirma que el ingreso seguro dependía de una intervención estatal que la organización no podía ejecutar por sí misma. Sobre esa base, sostiene también que el recurso habría perdido su objeto cautelar, al haberse dispuesto ya la intervención necesaria para permitir las reparaciones.

En cuanto a sus demás defensas, alega que el recurso es extemporáneo porque los recurrentes conocían el conflicto de acceso desde enero o abril de 2026. Asimismo, cuestiona la legitimación de seis de las personas amparadas, afirmando que no residen en Rofue Alto y que no sufrirían una afectación directa. Niega haber vulnerado la vida e integridad de los usuarios o la igualdad ante la ley, pues atribuye el corte a razones técnicas y a obstáculos impuestos por terceros, sin un trato discriminatorio hacia las familias afectadas. Concluye solicitando el rechazo de la acción y presenta como respaldos antecedentes municipales, planos, fotografías, comunicaciones de las empresas, gestiones ante organismos públicos y documentos médicos de su presidenta.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de quien, por causa de actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías previstas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que se interpone recurso de protección contra el Comité de Agua Potable Rural Illaf-Esperanza y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por la falta de suministro de agua potable que afecta, desde el 2 de agosto de 2026, a diversos usuarios abastecidos mediante la sentina de elevación ubicada en el sector Rofue Alto, comuna de Padre Las Casas. Señalan que la interrupción obedecería a una falla en la bomba y en la manguera de elevación de dicha instalación, sin que el Comité recurrido haya ejecutado las reparaciones necesarias para restablecer el servicio. Exponen que la situación afecta a numerosas familias, entre las que se encuentran niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, una de las cuales requiere diálisis diaria, por lo que estiman vulneradas las garantías establecidas en los números 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Informando la Superintendencia de Servicios Sanitarios, solicita el rechazo del recurso a su respecto. Expone que, después de tomar conocimiento de la interrupción, recibió los requerimientos de los usuarios, efectuó una fiscalización en terreno el 7 de agosto de 2026, levantó las Actas de Fiscalización números 2163 y 2164 y constató que dieciséis servicios se encontraban sin suministro debido al mal estado de la bomba de la sentina. Agrega que, mediante los Oficios números NC-3157 y NC-3158, ambos de 25 de agosto de 2026, requirió al Comité adoptar las medidas necesarias para restablecer el suministro y solicitó la intervención técnica de la Subdirección Regional de Servicios Sanitarios Rurales. Finalmente, mediante Oficio N.º NR-3631, de 26 de agosto de 2026, solicitó al Delegado Presidencial Regional el auxilio de la fuerza pública para permitir el acceso seguro a la sentina.

A su turno, el Comité de Agua Potable Rural Illaf-Esperanza solicita el rechazo de la acción. Sostiene que la imposibilidad de reparar la sentina se produjo por la instalación de cierres y por amenazas y agresiones atribuidas a terceros, circunstancias que, a su juicio, configurarían fuerza mayor. Señala haber requerido la intervención de diversos organismos públicos y sostiene que carece de facultades para ingresar por la fuerza al lugar. Añade que, mediante Oficio N.º 1973, de 7 de septiembre de 2026, el Delegado Presidencial Regional instruyó el auxilio de la fuerza pública, con facultades de descerrajamiento y resguardo posterior de la instalación.

TERCERO: Que no existe controversia acerca de que el suministro de agua potable de las familias recurrentes se encuentra interrumpido desde el 2 de agosto de 2026, debido a una falla en la bomba y en la manguera de elevación de la sentina ubicada en el sector Rofue Alto. Tampoco se discute que, al menos al tiempo de evacuarse los informes, el servicio no había sido restablecido.

CUARTO: Que la privación de agua potable durante un período prolongado afecta las condiciones indispensables para la subsistencia, higiene y salud de las personas. Esta afectación adquiere especial gravedad si entre los usuarios existen niños, adultos mayores y personas que padecen enfermedades crónicas o requieren tratamientos médicos que exigen disponer de agua potable de manera continua.

QUINTO: Que los artículos 40 y 41 de la Ley N.º 20.998 imponen al operador de un servicio sanitario rural las obligaciones de prestar el servicio, garantizar su continuidad y conservar en perfecto estado de funcionamiento las instalaciones y equipos que conforman su infraestructura, debiendo proceder a su reparación, mantención y reposición cuando corresponda. El artículo 43 del mismo cuerpo legal establece que los costos de mantenimiento y reposición del sistema son de cargo del operador.

SEXTO: Que, como operador del servicio sanitario rural, corresponde al Comité de Agua Potable Rural Illaf-Esperanza reparar las instalaciones y mantener la continuidad del suministro. Las dificultades de acceso a la sentina no trasladan esta obligación a los organismos públicos cuya intervención se ha solicitado.

SÉPTIMO: Que los antecedentes acompañados dan cuenta de cierres, amenazas y episodios de violencia que pudieron impedir o dificultar inicialmente el ingreso del personal a la sentina. Estas circunstancias justificaban requerir condiciones de seguridad para efectuar los trabajos. Subsistía, sin embargo, el deber del Comité de gestionar el acceso y la reparación de la instalación.

OCTAVO: Que, mediante el Oficio N.º NC-3157, la Superintendencia requirió al Comité realizar las gestiones y trabajos a su alcance para restablecer el suministro. Le instruyó, además, solicitar apoyo a la Subdirección Regional de Servicios Sanitarios Rurales y presentar un cronograma de reposición.

NOVENO: Que, si bien el Comité efectuó comunicaciones y denuncias ante organismos públicos, los antecedentes no permiten tener por acreditado que haya realizado las gestiones necesarias para concretar el ingreso del personal y la reparación de la sentina. Al tiempo de evacuarse los informes, el suministro permanecía interrumpido.

DÉCIMO: Que el Oficio N.º 1973, de 7 de septiembre de 2026, dispuso el auxilio de la fuerza pública para permitir el acceso a la instalación. Esta instrucción no acredita, por sí sola, que se hayan ejecutado las reparaciones ni que se haya restablecido el servicio, por lo que su dictación no priva de objeto al recurso.

UNDÉCIMO: Que la omisión descrita constituye un incumplimiento de las obligaciones de reparación y continuidad del servicio que los artículos 40, 41 y 43 de la Ley N.º 20.998 imponen al Comité, por lo que debe calificarse de ilegal.

DUODÉCIMO: Que dicha omisión también resulta arbitraria, puesto que ha mantenido a los recurrentes privados de un elemento indispensable para su subsistencia y salud durante un período prolongado, sin que las dificultades alegadas permitan justificar la extensión de esa privación ni la ausencia de una solución efectiva.

DÉCIMO TERCERO: Que la situación descrita amenaza el derecho a la vida y perturba la integridad física y psíquica de los afectados, garantía reconocida en el artículo 19 N.º 1 de la Constitución Política de la República, desde que los obliga a subsistir sin suministro domiciliario de agua potable y los expone a riesgos sanitarios que se intensifican respecto de quienes se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad.

DÉCIMO CUARTO: Que la Superintendencia de Servicios Sanitarios recibió las denuncias y fiscalizó el servicio, dejando constancia de sus resultados en las respectivas actas. Posteriormente, impartió instrucciones al Comité, requirió la intervención de la Subdirección Regional de Servicios Sanitarios Rurales y solicitó al Delegado Presidencial Regional el auxilio de la fuerza pública.

DÉCIMO QUINTO: Que estas actuaciones corresponden al ejercicio de las atribuciones regulatorias y fiscalizadoras previstas en el artículo 85 de la Ley N.º 20.998. La ejecución de las reparaciones corresponde al operador, de modo que la persistencia del corte no basta para establecer una omisión ilegal o arbitraria de la Superintendencia. Por ello, el recurso será rechazado a su respecto.

DÉCIMO SEXTO: Que tampoco procede ordenar la aplicación de sanciones al Comité, pues ello requiere tramitar el procedimiento administrativo correspondiente y establecer la infracción que se le atribuya.

DECIMO SEPTIMO: Que, por lo expuesto, la acción será acogida únicamente respecto del Comité de Agua Potable Rural Illaf-Esperanza y rechazada en cuanto se dirige contra la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N.º 1 y 20 de la Constitución Política de la República; en los artículos 40, 41, 43, 44 y 85 de la Ley N.º 20.998, y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, por sí y en favor de las demás personas individualizadas en la acción, únicamente respecto del Comité de Agua Potable Rural Illaf-Esperanza, en los siguientes términos:

a.- El Comité de Agua Potable Rural Illaf-Esperanza deberá adoptar, coordinar y ejecutar todas las medidas técnicas, administrativas, policiales y judiciales que resulten necesarias para reparar la sentina y restablecer íntegramente el suministro de agua potable a los recurrentes, dentro del plazo máximo de ocho días corridos, contado desde la notificación de esta sentencia.

b.- Que, mientras no se produzca la reposición efectiva del servicio, el Comité deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar a las familias afectadas un abastecimiento alternativo, suficiente, periódico y accesible de agua potable, especialmente respecto de niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y de quienes requieran agua para tratamientos médicos.

c.- Que, al vencimiento del plazo de ocho días corridos contado desde la notificación de esta sentencia, el Comité deberá informar a esta Corte las medidas ejecutadas para dar cumplimiento a lo ordenado.

d.- Que se concede desde ya el auxilio de la fuerza pública para asegurar el acceso a la sentina, resguardar a las personas que participen en los trabajos y permitir la ejecución de las reparaciones necesarias, si ello fuere requerido por el Comité para el cumplimiento de lo ordenado. Dicho auxilio podrá comprender el retiro o apertura de los cierres que impidan el acceso a la instalación, evitando todo daño que no sea estrictamente indispensable.

e.- Que una copia autorizada de esta sentencia, acompañada del certificado de encontrarse ejecutoriada, constituirá antecedente suficiente para que el Comité requiera el auxilio de la fuerza pública ordenado precedentemente, sin perjuicio de las coordinaciones operativas que correspondan con la autoridad competente.

f.- Ofíciese, una vez ejecutoriad, a Carabineros de Chile, a la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, a la Dirección Regional de Obras Hidráulicas y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, remitiéndoles copia de esta sentencia para su conocimiento y para que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, presten la colaboración necesaria para su debido cumplimiento.

II.- Que SE RECHAZA el recurso en cuanto se dirige contra la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por no haberse establecido respecto de ella una acción u omisión ilegal o arbitraria.

III.- Que no se condena en costas a las recurridas, por estimarse que tuvieron motivo plausible para litigar.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-3624-2026 (cwm).