nombre reservado con BIOENERGIAS FORESTALES SPA

C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece doña ROSALYN BEATRIZ TORRES PINO, abogada, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación de la nombre reservado, RUT RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, representada por su presidente don nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, chileno, casado, agricultor, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de la empresa BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, RUT N° RUT reservadorepresentado legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, ignoro profesión u oficio, o por quien a la fecha de la notificación de este recurso detente la calidad de representante legal de la empresa en cuestión, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien dice:

Que interpone recurso de protección a favor de la nombre reservado con el objeto de que por medio de esta acción constitucional, la comunidad solicita a esta Corte que restablezca el imperio del derecho, para lo cual es indispensable que se ordene a los recurridos detener toda obra y/o estudio actual en el territorio y realizar consulta indígena correspondiente al desarrollo del proceso en virtud de los términos establecidos por el Convenio 169 de la OIT y del Decreto Supremo Nª 66 del año 2013 del Ministerio de Desarrollo Social.

DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.

El acto ilegal y arbitrario que se reclama es la intervención que actualmente existe por parte de la empresa… en el territorio que se extiende desde la comuna de Nacimiento Región del Biobío hasta la comuna de Angol Región de la Araucanía, donde en el marco del proyecto “Parque Eólico El Almendro”, donde se ha omitido la participación de la nombre reservado, quienes de forma histórica han habitado la zona en cuestión. Que para la implementación de este proyecto actualmente se encuentra en desarrollo Estudio de Impacto Ambiental, donde durante el desarrollo de este de forma ilegal se han realizado movimientos de tierras que han alterado terrenos que han sido zona de desarrollo y costumbres para nombre reservado, todo esto antes del desarrollo de la consulta indígena, lo cual el patrimonio histórico de la comunidad se ve amenazado. Que además a través del actual desarrollo del estudio de impacto ambiental mencionado no ha sido posible verificar un verdadero compromiso existente entre la empresa y la preservación de las costumbres ancestrales de la comunidad mapuche, lo cual vulnera gravemente los derechos de esta. Lo anterior se ve reflejado en informe antropológico realizado por don nombre reservado, Antropólogo, quien ha emitido y notificado este informe a la comunidad con fecha 9 de Abril del año 2024, el cual da cuenta del verdadero estado de intervención y desarrollo del estudio de impacto ambiental por parte Empresa BIOENERGÍAS RENOVABLES SPA, quienes hasta ahora han omitido la consulta indígena, han intervenido materialmente el terreno en cuestión, dañando directamente la preservación del patrimonio histórico cultural y las costumbres indígenas de la nombre reservado, quienes han tomado conocimiento de estas faltas a través de la emisión de este informe con fecha 9 de abril del presente año. En consecuencia, este recurso ha sido ingresado dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, por lo que se cumple con lo exigido por el artículo 1º del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Curso de Protección de las Garantías Constitucionales.

ANTECEDENTES.

Que la nombre reservado, se encuentra constituida con fecha 21 del año 2011 bajo el N.º 1945 del Registro de Comunidades y Asociaciones de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). La presente comunidad se encuentra emplazada dentro del territorio de las comunas de Renaico y Angol, Región de la Araucanía y además desarrollan sus actividades en las comunas de Nacimiento y Negrete pertenecientes a la Región del Biobío. Sus integrantes son hombres y mujeres todos de la etnia Mapuche-Lafkenche, pertenecientes al denominado Lof Tolpán, quienes han nacido, habitado y ejercido sus actividades, oficios y labores desde tiempos inmemoriales en la zona, lugar con el que tienen un fuerte arraigo histórico y cultural.

Desde sus asentamientos, los miembros de la nombre reservado, llevan años impulsando un proceso de defensa, recuperación territorial y actividades ancestrales, haciendo frente a Forestal Mininco S.A y actualmente a la empresa gestora del proyecto Parque Eólico El Almendro, empresa Bioenergías Forestales SPA.

Que con fecha 29 de abril de 2022 se ha dado inicio al estudio de impacto ambiental para la realización del proyecto “Parque Eólico el Almendro”, a través de resolución exenta N° 20229900121 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Este proyecto consiste en la construcción y operación de una central de generación de energía eólica, con un total de 24 aerogeneradores, que incluye además una subestación eléctrica elevadora y una línea de transmisión de alta tensión que permitirá conectar el parque eólico desde la Subestación Elevadora El Almendro a la subestación existente “Papelera INFORSA”.

El proyecto tendrá un carácter birregional, dado que una parte de este se emplazará en las comunas de Renaico y Angol en la Región de La Araucanía, y otro segmento en la comuna de Nacimiento Región del Biobío. El parque eólico se emplazará aproximadamente a unos 10 km. al oeste de la ciudad de Renaico, a unos 8 km al norte de la ciudad de Angol y, a 14 km al sur de la ciudad de Nacimiento.

Que, en el marco de la realización del estudio de impacto ambiental, se ha desarrollado el informe titulado "Análisis del Acta de terreno con nombre reservado", elaborado por la consultora AGEA en febrero de 2024, donde destaca la síntesis de las entrevistas y el recorrido etnográfico llevado a cabo con la nombre reservado, en el que se recogen las opiniones y declaraciones de los entrevistados. Este documento también incorpora el Acta de Recorrido Etnográfico de la nombre reservado realizada el 31 de enero de 2024, donde se refleja la preocupación de nombre reservado, líder de la comunidad, respecto a la falta de consulta adecuada en el desarrollo del proyecto, así como su solicitud de inclusión de un antropólogo en el equipo de prospección, profesional que tenga la característica de imparcial y que pueda reconocer las necesidades territoriales para la conservación de todos los hallazgos arqueológicos que se puedan encontrar, principalmente lo relacionado a la presencia certera de petroglifos en la zona y la piedra chancura. Asimismo, indica que estas actividades se llevaron a cabo según lo acordado entre los especialistas sociales de la consultora AGEA.

Que, en el territorio que es parte del estudio de impacto ambiental se encuentra ubicada la Piedra Chancura, la cual durante años ha sido epicentro de ceremonias ancestrales siendo parte de la vida en comunidad, por lo cual, desde una perspectiva etnográfica, la piedra Chancura posee un significado cultural importante para la comunidad de Tolpán y otras comunidades indígenas cercanas, lo cual confirma la presencia de un derecho consuetudinario ancestral. Este sitio está protegido por la ley indígena 19.253 y el Convenio 169 de la OIT. En este sentido es imperioso para la nombre reservado, contar un estudio antropológico independiente para comprender mejor la etnografía indígena mapuche y poder determinar la presencia de sitios arqueológicos en el territorio que abarca el proyecto “Parque Eólico El Almendro”, lo cual puede realizarse directamente a través de una consulta indígena y trabajo en conjunto por la preservación del patrimonio histórico ancestral, sin embargo hasta ahora dicha consulta se ha omitido, y el terreno que históricamente ha sido ocupado por la nombre reservado se encuentra en peligro de ser explotada y despojada de sus costumbres, pertenencia histórica y su patrimonio. Bajo este último punto, resulta con carácter de urgencia declarar en las comunas de Angol, Renaico, Nacimiento y Negrete, patrimonio cultural todo el terreno en el cual se encuentren hallazgos arqueológicos, para lo cual es necesario la protección del sitio y sus alrededores inmediatos mediante un estudio especializado en arqueología regional del centro-sur.

Que, en la actualidad la empresa Bioenergías Forestales SPA no ha integrado la consulta indígena como una herramienta para el estudio de impacto ambiental, realizando estudios con profesionales que no se encuentran calificados para reconocer la etnografía mapuche y en definitiva poder preservar la etnografía mapuche existente en el territorio que abarca el proyecto eólico.

Que dicho territorio cumple con las características necesarias para ser considerado patrimonio histórico, sin embargo se encuentra en peligro ante la intervención actual de la empresa BIOENERGÍAS FORESTALES SPA y el desarrollo de un estudio de impacto ambiental que no cuenta con los profesionales adecuados para su desarrollo, por lo cual es necesario para la nombre reservado y la conservación de su cultura y costumbres intervenir directamente, en conjunto con la empresa gestora del proyecto en la realización de estudios antropológicos que den cuenta del estado actual de los terrenos indígenas que se encuentran comprometidos con la realización del proyecto “Parque Eólico El Almendro”. En relación con las preocupaciones expresadas por nombre reservado sobre la falta de consulta adecuada en el proyecto, se sugiere realizar una Consulta Indígena conforme al Convenio 169 de la OIT, lo que implicaría la suspensión de cualquier actividad en el terreno hasta llegar a acuerdos basados en el diálogo y la buena fe entre la empresa BIOENERGÍAS FORESTALES SPA y la nombre reservado de Tolpán. Además, se hace hincapié en la necesidad de cumplir con los principios de buena fe y consulta previa establecidos en dicho convenio.

Se debe tener en cuenta que el Lof Tolpán abarca tanto un territorio (lof mapu) como una comunidad (lof che) unidas por lazos consanguíneos. Históricamente, el Lof Tolpán no fue completamente incorporado dentro de los límites del Título de Merced de la comunidad Tolpán otorgado por el Estado de Chile, lo que ha resultado en un litigio actual liderado por su lonko y representante legal don nombre reservado por usurpación de tierras por parte de una empresa forestal. Dentro de este aspecto de la territorialidad indígena ancestral se encuentra contemplado en el Convenio 169 de la OIT.

En conclusión, se evidencia la necesidad de considerar adecuadamente las preocupaciones y derechos de la nombre reservado de Tolpán en el desarrollo del proyecto, lo que incluye la realización de estudios independientes y la consulta indígena como un paso fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas involucrados directamente en el proyecto “Parque Eólico El Almendro”, dando cuenta que su cultura, costumbres y vida ancestral se ve comprometida en los terreno que abarcan estos proyectos y que históricamente han sido ocupados por la comunidad.

DERECHO Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS.

El Convenio N.º 169, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, fue ratificado por Chile el año 2008 y se encuentra vigente como ley de la República. El Convenio garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

En su artículo 3 y 4 el convenio establece que “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos”, “Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”.

En su artículo 13 dispone que al aplicar sus disposiciones los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera. El artículo 6 del mismo Convenio exige a los gobiernos, al aplicar sus disposiciones, consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Claramente al intervenir y estudiar el territorio donde se emplazan el “Parque Eólico El Almendro” donde se encuentra ubicada la piedra chancura y hay presencia de petroglifos en la zona, no se ha considerado la consulta a los pueblos originarios, como ordena imperativamente el Convenio N° 169, incluso ello podría incluso ser considerado un incumplimiento del deber del Estado de resguardar los derechos humanos con las graves consecuencias que ello tendría. El artículo 8 del Convenio N° 169 dispone: 1)" Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario " 2) " Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias...". Ello, no cabe duda que compromete el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, garantía consagrada en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República de Chile, por mucho que los recurridos señalen que son especies exóticas sin protección, sin considerar las costumbres , tradiciones y cosmovisión, por lo que no pueden ejercer acciones de tala, corte o destronque como las denunciadas, que repudian al derecho y a la convivencia civilizada de los ciudadanos en un estado de derecho. Debe tenerse en especial consideración el Convenio 169, ratificado por Chile, el cual establece en su Parte II artículo 13, que es obligación del Gobierno respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras, territorios o con ambos; precisando que esta obligación existe no obstante que la propiedad no esté en manos de indígenas.

Así, el artículo 14 del referido Convenio establece que deberán tomarse medidas para salvaguardar los derechos de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que haya tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Los hechos anteriormente descritos vulneran el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, entendiendo el concepto de medio ambiente de acuerdo con cómo lo entiende la Ley 19.300, artículo 1 letra LL), esto es, incluyendo el elemento sociocultural y sus interacciones. el respeto hacia su legado cultural por parte de la sociedad en su conjunto.

Por su parte la ley 17.888 en su artículo 1º: “Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos atropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo.”

Es necesario reconocer que la concepción territorial desde la mirada de los derechos de los pueblos indígenas es holística, comprendiendo, entre otras, dimensiones ambientales, culturales, geográficas, hidrológicas, productivas, etc., en un sentido acorde al concepto de “hábitat” (incluyente del componente población, de orden humano y cultural) que, por lo tanto, deben ser consideradas en el abordaje de los derechos territoriales, sin limitarlos a una mirada reductiva unidimensional de las tierras indígenas reconocidas. En síntesis, el Convenio N° 169 de la OIT reconoce la "importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios" (artículo 13. 1). Define a los territorios indígenas como aquellos que cubren "la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera" (artículo 13.2).

Por último, debemos tener en consideración que nuestra Constitución Política de la República establece lo siguiente: en su artículo 19 N.º 8 “es deber del estado tutelar la preservación de la naturaleza”; en su artículo 19 N.º 10 corresponde al Estado “la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”, y en su artículo 19 N.º 24: limitación de la propiedad por su función social comprende “la conservación del patrimonio ambiental”. En este sentido se puede entender que los preceptos de la constitución actúan como pilares para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en consonancia con el Convenio 169 de la OIT, pues es deber estatal de tutelar la preservación de la naturaleza, garantizar la salvaguarda de los territorios indígenas de actividades que amenacen el entorno natural esencial para su sustento. Además, la protección y fomento del patrimonio cultural nacional respalda la preservación de las tradiciones y formas de vida de estos pueblos, mientras que la limitación de la propiedad por su función social, incluida la conservación del patrimonio ambiental, asegura que la propiedad sobre las tierras indígenas se considere en función de su importancia para la conservación del medio ambiente y el patrimonio natural, salvaguardando así los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas.

Solicita tener por presentado recurso de protección en contra de la empresa BIOENERGÍAS FORESTALES SPA, representado legalmente por don nombre reservado, someterlo a tramitación, y en definitiva acogerlo y disponer:

Que se realice consulta indígena en el desarrollo del proyecto “Parque Eólico el Almendro” con la nombre reservado, con pleno respeto a las garantías constitucionales y las normas del convenio 169 OIT;

Que se disponga de toda otra medida que SSA Ilma. considere pertinente para restablecer el imperio del derecho;

Que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

Informe Antropológico emitido con fecha 9 de abril del 2024 por don nombre reservado.

A folio 9 informa IGNACIO MUJICA TORRES, abogado, en representación de BIOENERGÍAS FORESTALES SPA (“Bioenergías Forestales”) recurrida quien señala que viene en evacuar el informe requerido en relación con la acción de protección de autos, solicitando que ésta se rechace en todas sus partes, con expresa condena en costas, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que expongo a continuación.

I. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES Y MOTIVOS POR LOS CUALES LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEBE SER RECHAZADA Al efecto precisa que la acción de autos se funda en un relato de hechos confusos. Desde ya, la recurrente afirma desconocer los hitos y estado actual del procedimiento administrativo de evaluación ambiental en el que se encuentra el proyecto de mi representada, en circunstancias que ha participado activamente de este procedimiento. Más aún, la recurrente bien sabe que, tratándose de un proyecto en evaluación ambiental, este no ha realizado obras materiales como las que alega.

Lo cierto es que la recurrente imputa como actos ilegales y/o arbitrarios supuestos “movimientos de tierra” en terrenos aledaños a sitios ceremoniales de significancia —lo cierto es que mi representada no ha realizado obras de esta naturaleza—. Asimismo, imputa a esta parte la omisión de un proceso de consulta indígena (“PCI”) en el desarrollo de la evaluación del proyecto. Finalmente, alega una serie de otras disconformidades con dicho proceso, como la supuesta ausencia de profesionales antropólogos independientes o una alegada “falta de compromiso” de mi representada para con la comunidad recurrente.

Cómo será expuesto a lo largo de este informe, el recurso de la contraria se basa en un relato errado y carente de sustento fáctico. No existe actuación u omisión ilegal y/o arbitraria alguna que sea imputable a Bioenergías Forestales, ni mucho menos una afectación a las garantías constitucionales de la recurrente. Ello por los siguientes fundamentos:

No existe acción u omisión ilegal y/o arbitraria imputable a su representada porque no ha ejecutado ni ejecuta en la actualidad ninguna obra material como las imputadas por el recurrente. En efecto, su representada no cuenta con ningún tipo de obra en curso en las cercanías de la Piedra Chankura ni sector de las supuestas “Piedras Talladas” también denominadas por el recurrente como supuestos “petroglifos”. Ello tiene todo sentido porque el Proyecto se encuentra en evaluación ambiental en curso.

El recurso no demuestra cómo se verían afectadas las garantías invocadas. Concretamente las preocupaciones relacionadas con los sitios de significancia cultural y un PCI son parte de las discusiones del proceso de evaluación del Proyecto, que se encuentra en curso. Por lo demás, le imputa responsabilidad a mi representada de un deber que le corresponde al Estado.

La acción no es la vía idónea para encauzar las pretensiones de la recurrente, pretendiendo que esta Corte analice y decida cuestiones eminentemente técnicas, de competencia del Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”).

No existe en consecuencia ningún acto u omisión que amerite la interposición de esta acción cautelar y de emergencia.

Además, se demostrará que la acción de protección es extemporánea: los recurrentes tienen conocimiento de los hechos desde hace largo tiempo. Así, lo señalado por el recurso en cuanto a que la contraria tomó conocimiento de los hechos tras la emisión del informe antropológico acompañado en autos con fecha 9 de abril de 2024 es totalmente artificioso.

ANTECEDENTES DE HECHO El recurrente sustenta su recurso en que, con motivo de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) del proyecto “Parque Eólico El Almendro” (“Proyecto”), supuestamente se estaría realizando una intervención actual en su territorio y se habría realizado movimiento de tierras que habría alterado patrimonio cultural sin existir un PCI previo. Según lo señalado en el recurso, el patrimonio cultural existente en el sector en que se llevó a cabo la alegada intervención estaría compuesto por supuestas “Piedras Talladas” que los recurrentes denominan como “petroglifos”, así como también la llamada Piedra Chankura.

Desde ya, resulta conveniente aclarar que el Proyecto en cuestión se encuentra en proceso de evaluación ambiental. En el marco de dicho procedimiento la Piedra Chankura ha sido reconocida como un sitio de significación cultural, cuya interacción con el Proyecto está siendo evaluada ambientalmente.

Por su parte, las supuestas “Piedras Talladas” corresponden a un afloramiento rocoso, que recién fue mencionado por la recurrente en una entrevista realizada el 31 de enero de 2024 con motivo de la evaluación ambiental.

Desde ya, su representada no ha realizado obras materiales como las imputadas por la contraria en ninguno de estos dos sitios.

a. LA RELACIÓN ENTRE EL PROYECTO EN EVALUACIÓN Y EL PATRIMONIO CULTURAL A QUE SE REFIERE EL RECURSO Asevera que su representada es titular del Proyecto “Parque Eólico El Almendro”, que proyecta la instalación de 24 aerogeneradores para una generación de 144 MW, una Subestación Eléctrica elevadora (“S/E”) y una línea de alta tensión (“LAT”) de 220 kV en doble circuito simple soportada en 64 torres. Dicha LAT permitirá la conexión del parque eólico con la Subestación Elevadora existente PRV Papelera Inforsa, localizada en la comuna de Nacimiento. Como ya hemos mencionado, se trata de un proyecto actualmente en evaluación ambiental y que no ha sido ejecutado ni cuenta con obras de construcción.

De este Proyecto, la obra proyectada más cercana a la Piedra Chankura y al sitio denominado por el recurrente como “Piedras Talladas” es la LAT, la cual se encontrará —una vez aprobada y construida— a una distancia suficiente como para no afectarlas. Esto fue acreditado en la sección 8.2.3 del Capítulo 8 del EIA y es parte integral del procedimiento de evaluación ambiental.

Desde ya es importante destacar también que los antecedentes que hasta ahora se han acompañado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) ratifican que el Proyecto no genera efectos significativos en la recurrente, por lo que no sería procedente la apertura de un PCI, tal y como se detalla en los siguientes capítulos.

b. EL PROYECTO “PARQUE EÓLICO EL ALMENDRO” SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ANTE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SEA El Proyecto ingresó al SEIA mediante un EIA. Dicho ingreso se efectuó con fecha 29 de abril de 2022, declarándose admisible con esa misma fecha, mediante la Resolución 20229900121 del SEA. Hasta la fecha, en el marco de dicho procedimiento se han dictado dos Informes Consolidados de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (“ICSARA”) con las observaciones de los distintos Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (“OAECA”) respondiéndose ellos a través de dos Adendas que contienen un sinnúmero de antecedentes técnicos que sirven de base para la evaluación adecuada del Proyecto1.

Asimismo, y como la Ley lo exige, el procedimiento contó con reuniones con Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (“GHPPI”)2 el día 1 de junio de 2022. Tales reuniones se ejecutaron toda vez que en el EIA se identificaron por Bioenergías Forestales dos GHPPI en el área de influencia, siendo una de ellas la nombre reservado. Adicionalmente, durante el proceso se llevaron a cabo dos etapas de participación ciudadana en las que se realizaron distintas actividades para informar a la comunidad acerca del Proyecto, recibiéndose un total de 54 observaciones ciudadanas.

Actualmente el procedimiento de evaluación aún se encuentra en curso, pero suspendido, a la espera de que su representada responda las observaciones de los distintos OAECA que constan en ICSARA Excepcional. Dicha respuesta se entregará mediante una Adenda Excepcional cuyo plazo vence el día 27 de agosto de 2024.

c. NO EXISTEN OBRAS MATERIALES DE NINGUNA ESPECIE EN EJECUCIÓN Contrario a lo sostenido por el recurrente, el Proyecto no ha ejecutado ni ejecuta ninguna obra constructiva o de movimiento de tierras en la Piedra Chankura, en el sector del afloramiento rocoso, ni en ningún sector. ¿Por qué? Porque justamente se encuentra en evaluación ambiental.

Más aún, las únicas actividades que se han realizado son aquellas necesarias para la caracterización de los componentes ambientales. Dichas actividades son inocuas y no han involucrado intervenciones como las alegadas por la recurrente.

En dicho sentido, podemos informar que entre el año 2020 y febrero de 2023 se realizaron distintas campañas de levantamiento de información de terreno respecto de los componentes ambientales de flora, fauna y vegetación, como ruteos para determinar la existencia superficial de restos patrimoniales, campañas de observación de paisaje, inspección visual de suelo y entrevistas y recorrido etnográfico.

La única acción material apenas cercana a lo descrito por la recurrente fue la ejecución, en diciembre de 2022 y marzo de 2024, de calicatas para la elaboración del estudio hidrogeológico. Estas obras no suponen más que la realización de perforaciones para la extracción de un testigo, que permita caracterizar parámetros como su humedad. Por lo demás, ninguna de estas obras se desarrolló siquiera cerca de los sitios materia del recurso. En efecto, la calicata más cercana a la Piedra Chankura fue realizada en el año 2022 a más de 1.1 km del sitio en cuestión.

Lo mismo ocurre con el sector del afloramiento rocoso, que el recurrente llama “Piedras Talladas”, donde mi representada no ha realizado intervenciones sobre las mismas ni tendría motivo para realizarlo. Las calicatas más cercanas a esta área se encuentran a 980 metros de distancia.

Esta fue la última campaña realizada por mi representada para elaborar estudios de caracterización del medio ambiente en terreno, no existiendo otras actividades que Bioenergías Forestales ejecute en el sector cuestionado por el recurso de protección.

d. EL RECURRENTE HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO Continua señalando que aunque el recurrente se presente como sorprendido con la existencia del Proyecto en actual evaluación, es necesario hacer presente que la misma conocía su existencia desde hace años y ha participado activamente en el proceso.

Así, durante el año 2020, se tomó contacto con el recurrente para recabar información en el marco de la elaboración del EIA, realizando un recorrido participativo destinado a identificar los sitios de significancia cultural de la Comunidad, como dan cuenta las siguientes fotografías, en las cuales se puede apreciar claramente al representante legal de la recurrente (don nombre reservado)

Posteriormente, una vez ingresado el EIA el recurrente participó de las reuniones con GHPPI realizadas por el SEA, tal y como consta en Acta de fecha 1 de junio de 2022 acompañada a este informe.

En dicha oportunidad el recurrente y su asesor demostraron tener conocimiento de los antecedentes del Proyecto, mencionando partes del estudio antropológico al que nos referimos en el párrafo anterior y el capítulo 7 de la EIA, y además solicitaron la apertura de un PCI.

La recurrente reiteró esta solicitud de apertura de una PCI, el 12 de octubre de 2023, cuando el recurrente solicitó formalmente al SEA la apertura de un Proceso de Consulta Indígena. Estas solicitudes aún están pendientes de respuesta por parte del SEA, quien es el órgano llamado a definir si acaso procede la apertura de una PCI, en caso de que se configuren las condicionantes estipuladas en el Reglamento del SEIA y en el Of. Ord. N°161116 del SEA que “Instruye sobre implementación de PCI en conformidad al Convenio N°169 de la OIT en el marco del SEIA”, esto es, que se verifiquen impactos significativos que afecten directamente a los sistemas de vida y costumbres de los GHPPI a causa de las obras y/o acciones del Proyecto.

Finalmente, en el ICSARA Extraordinario el SEA solicitó a su representada complementar información sobre la Piedra Chankura como sitio de significancia cultural. Por este motivo se tomó contacto con el recurrente, quien fue entrevistado en enero de 2024 según consta en actas, momento en el que participó de un recorrido etnográfico, las cuales se acompañan en el segundo otrosí de esta presentación.

Es más, durante esta entrevista, el recurrente formuló una de las alegaciones que fundan su recurso: en la misma visita alegó que mi representada habría intervenido un sitio de relevancia cultural que no había identificado en el recorrido etnográfico del año 2020 —las llamadas “piedras talladas”—. Más allá de que esta alegación no es efectiva, ello demuestra que los supuestos hechos que motivan el recurso datan —en el mejor de los casos— desde hace cinco meses y —en el peor— desde hace más de tres años.

¿Qué significa todo lo anterior? Que la recurrente tiene perfecto conocimiento de los hechos desde el año 2020, y ha participado activamente del proceso de evaluación desde sus inicios y hasta el día de hoy.

e. LA PIEDRA CHANKURA ES ACTUALMENTE OBJETO DE LA EVALUACIÓN El recurrente fundamenta su recurso en la existencia y supuesta afectación de la Piedra Chankura, la que se podría ver afectada por “movimientos de tierra” inminentes. Como hemos visto precedentemente, tales obras derechamente no existen.

Pero más aún, la Piedra Chankura es precisamente uno de los aspectos centrales de la evaluación ambiental actualmente en curso ante la Dirección Ejecutiva del SEA. Tal como se indicó arriba, se proyecta que la LAT que incluye el Proyecto pasará cerca de 1,1 km de la llamada Piedra Chankura, motivo por el cual, el SEA solicitó evaluar los impactos que este Proyecto pueda llegar a tener en el valor paisajístico y en el medio humano, concluyendo que ellos no son significativos. Así consta tanto en el EIA, como en las distintas Adendas que se han presentado hasta ahora, no existiendo ningún pronunciamiento de los servicios que opine lo contrario.

Actualmente, en el último ICSARA, el SEA solicitó complementar la información entregada en relación con la realización de ceremonias en el sector de la Piedra Chankura, y así caracterizar las actividades que se desarrollan en la misma, especialmente en lo que respecta a la CI nombre reservado. La respuesta a estas solicitudes se está desarrollando actualmente y se presentarán en Adenda Extraordinaria.

Señala que como esta Corte puede notar, la Piedra Chankura es precisamente objeto actual del procedimiento de evaluación ambiental que se encuentra en curso.

En síntesis, los hechos son los siguientes:

El Proyecto de su representada se encuentra en evaluación ambiental desde el año 2022. Este proceso aún está en curso, pero actualmente suspendido.

La contraparte conoce de los hechos desde 2020: ha participado activamente del proceso de evaluación, interviniendo en las reuniones del art. 86 del RSEIA, solicitando formalmente al SEA realizar un PCI y realizando reuniones recientes, como aquella de enero de 2024.

El Proyecto no desarrolla ni pretende desarrollar obras materiales como las alegadas en el recurso. No existen “movimientos de tierra” ni obras constructivas, precisamente porque el Proyecto está siendo evaluado. Las únicas actividades lejanamente similares a ello se realizaron a más cerca de 1 km de los sitios mencionados por la recurrente.

Hoy el procedimiento de evaluación ambiental ha seguido su curso y el SEA ha solicitado ahondar en la información relativa a la intensidad del uso de la Piedra Chankura como sitio de significación cultural.

Las solicitudes de apertura de PCI formuladas por el recurrente en el marco de la evaluación ambiental deberán ser resueltas por el SEA en la oportunidad legal que corresponda.

III.EL DERECHO:

Señala que como esta Corte puede constatar, los hechos distan mucho de lo descrito en el recurso. Como se demostrará a continuación, estos supuestos fácticos ameritan el completo rechazo de la acción de autos.

a. LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEDUCIDA ES EXTEMPORÁNEA El recurrente de autos intenta alegar que sólo se enteró de los supuestos actos y omisiones que fundan su recurso a partir de un informe antropológico de fecha 9 de abril de 2024 que acompaña en su presentación. Sin embargo, esto no es efectivo.

Para entender este punto cabe recapitular sobre qué acciones motivan la acción de autos. A pesar de lo confuso del recurso se puede deducir que los actos y omisiones imputados son dos: (i) la supuesta ejecución de obras que habrían afectado la Piedra Chankura y el afloramiento rocoso que el recurrente describe como “Piedras Talladas”; y (ii) la omisión de llevar a cabo un Proceso de Consulta Indígena.

Más allá de que su parte desmiente tajantemente la efectividad de la primera alegación, lo cierto es que se trata de un reclamo que la recurrente ha formulado desde hace cerca de cuatro meses. En efecto, durante la entrevista y recorrido etnográfico efectuado el 31 de enero de 2024 —en el marco de la evaluación ambiental del Proyecto— el recurrente alegó la existencia de una supuesta afectación en el área a la que refiere como “Piedras Talladas”:

A continuación, el recorrido sigue en el sector de San Pedro de Rihue, lugar donde nombre reservado asegura que se removieron piedras y explica la importancia de las “piedras talladas”, como sitios de reconocimiento geográfico y de delimitación territorial. Declara que ha sido una falla tremenda de las empresas forestales lo que se ha hecho con las piedras, han perjudicado todos estos vestigios.

Acta de terreno con nombre reservado, correspondiente a la reunión realizada el 29 de enero de 2024 con el recurrente (documento N°5 del Segundo Otrosí, página 7)

Cabe enfatizar que esta acta le fue remitida al Sr. nombre reservado por correo electrónico, sin que formulara cuestionamiento alguno al texto. De este modo, el primer hecho que motiva el recurso no es sino una alegación que el recurrente levantó hace casi cuatro meses.

La situación es todavía más evidente respecto de la supuesta omisión de efectuar una PCI. El recurrente ha venido planteando esta alegación formalmente desde el año 2022. Como ya se explicó detalladamente en el capítulo de los Hechos, planteó esta solicitud en la reunión con GHPPI de junio de 2022 y formalmente ante el SEA el 12 de octubre de 2023.

¿Qué relevancia tiene entonces el informe de 9 de abril donde la recurrente alega ahora haberse enterado de los hechos? En términos sencillos, ninguna. Dicho informe no es sino un instrumento empleado por la contraria para fabricar un plazo artificial para la interposición de este recurso. No hay ningún antecedente nuevo en dicho informe que justifique esta supuesta toma de conocimiento.

Note que el informe no hace sino justificar la procedencia del PCI a petición de la recurrida. Es decir, se trata de un documento que busca dar fundamento a una solicitud preexistente:

Este informe ha sido encomendado por la nombre reservado, “LOF TOLPAN” [...]

El propósito del informe es analizar la sección 8 de la Adenda del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Eólico El Almendro", junto al documento de pronunciamiento de la CONADI que le fuera solicitado por la autoridad ambiental (SEA), ambos instrumentos considerados fundamentales en cuanto a la identificación y caracterización de los GHPPI.

Sobre esta base, fundamentar la solicitud de la nombre reservado de la pertinencia y aplicación de una Consulta Previa Indígena, respecto del proyecto “Parque Eólico El Almendro", dentro del proceso del EIA a implementar por este mismo organismo del Estado, por cuanto representa la autoridad con competencia ambiental en la materia. (énfasis agregado).

Es decir, el recurrente ya había formulado esta alegación hace casi siete meses. Este informe no agrega nada nuevo sobre su solicitud.

De lo expuesto, se puede concluir sin duda alguna que los “hechos” que fundan el recurso exceden con creces el plazo de 30 días previos a la interposición de la acción, por lo que esta se encuentra totalmente fuera de plazo.

b. NO EXISTE UNA ACTUACIÓN U OMISIÓN ILEGAL Y/O ARBITRARIA IMPUTABLE A MI REPRESENTADA Un requisito para que una acción cautelar como la de autos prospere es que exista una actuación u omisión ilegal y/o arbitraria imputable al recurrido, junto a la necesidad de cautelar urgentemente las garantías fundamentales que se estiman conculcadas. Ninguna de esas situaciones se configura en estos autos.

Como ha quedado expuesto a lo largo de este informe, el análisis del recurso interpuesto permite delimitar que lo impugnado por la nombre reservado recurrente es que en el contexto de la evaluación del proyecto eólico no se ha dado apertura a un proceso de consulta indígena y que se habrían intervenido sitios de relevancia cultural. La primera de estas alegaciones no es imputable a mi representada, la segunda simplemente no es efectiva.

i. La determinación de procedencia o improcedencia de un proceso de consulta indígena es una facultad del SEA y no del titular Tal como se desprende claramente de los preceptos del Convenio N°169 de la OIT que el propio recurrente cita en su recurso, así como de las disposiciones reglamentarias que regulan la consulta indígena en Chile, es indudable que tanto la determinación de su procedencia como su implementación, en caso de ser procedente, no es resorte de los particulares, sino que constituyen atribuciones exclusivas del Estado, a través de sus órganos de administración.

En efecto, el Art. 6.1 (a) del Convenio 169 indica:

“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Por su parte, el D.S. N°66, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, tiene por objeto ejecutar las normas citadas del referido Convenio 169, estableciendo un procedimiento a tal efecto. Cabe señalar, no obstante, que de acuerdo con lo establecido en su artículo 8°:

“la resolución de calificación ambiental de los proyectos o actividades que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la ley N°19.300, y que requieran un proceso de consulta indígena según lo dispuesto en dicha normativa y su reglamento, se consultarán de acuerdo con la normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental […]”

Resulta, entonces, que a fin de comprender el modo en que debe llevarse a cabo un PCI en el marco del SEIA resulta necesario atender a lo señalado en el D.S. N°40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el RSEIA. Conforme a lo establecido en el artículo 85 de dicho reglamento:

“[…] en el caso que el proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias indicados en los artículos 7, 8 y 10 de este Reglamento, en la medida que se afecte directamente a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, el Servicio deberá, de conformidad al inciso segundo del artículo 4 de la Ley, diseñar y desarrollar un proceso de consulta de buena fe, que contemple mecanismos apropiados según las características socioculturales propias de cada pueblo y a través de sus instituciones representativas, de modo que puedan participar de manera informada y tengan la posibilidad de influir durante el proceso de evaluación ambiental. De igual manera, el Servicio establecerá los mecanismos para que estos grupos participen durante el proceso de evaluación de las aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones de que pudiese ser objeto el Estudio de Impacto Ambiental” (énfasis agregado).

Cabe señalar que la materia también se encuentra abordada en el oficio Ord. DE N°161116, de 2016 (en adelante, el “Instructivo 161116/2016”), mediante el cual la Dirección Ejecutiva del SEA instruyó respecto de la implementación del proceso de consulta a pueblos indígenas en conformidad con el Convenio 169 de la OIT en el SEIA. En lo que se refiere a quién es el responsable del PCI, este instructivo señala lo siguiente:

“3. Actores en el proceso de consulta a pueblos indígenas en el SEIA:

3.1 Rol del SEA: La Consulta es una obligación del Estado establecida en el Convenio 169 de la OIT en favor de los pueblos indígenas que se puedan ver afectados en la toma de decisiones (...) En este sentido, en el caso de la dictación de una RCA, como medida administrativa, es de responsabilidad del SEA, como institución que forma parte del Estado, el que debe cumplir con la obligación de realizar la Consulta cuando proceda […]”

El mismo Instructivo 161116/2016 hace referencia a las disposiciones legales y reglamentarias respectivas referidas a la procedencia de la consulta indígena. En síntesis, esta procede cuando se está frente a una medida administrativa (en este caso una RCA) susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, entendiéndose por tal, cuando el Proyecto o actividad presenta algunos de los impactos significativos del artículo 7, 8 y 10 del RSEIA.

Y, en el marco del SEIA, la determinación de la apertura de un PCI en base a la concurrencia de estos requisitos la realiza el SEA. Sin embargo, esta no es una facultad que recaiga en el titular del proyecto.

En este contexto, la determinación de la Consulta Indígena en el marco del proceso de evaluación ambiental constituye una facultad discrecional del SEA. Así ha sido establecido tanto por los Tribunales Ambientales como por la Excma. Corte Suprema:

“[…] la implementación de la consulta indígena y su ámbito de aplicación quedó entregada a la autoridad, lo que se condice con la naturaleza de dicha consulta, que constituye un deber del Estado, a través de sus órganos competentes, en el marco del SEIA” (énfasis añadido)3 ¿Por qué la recurrente dirige su acción en contra de mi representada? Lo cierto es que esta no es una facultad que recaiga en el titular del Proyecto, sino en la administración del Estado a través del SEA. Es este el organismo que debe zanjar —sobre la base de los antecedentes existentes— si acaso este proceso procede o no.

Pues bien, conforme a lo que se ha revisado precedentemente, existen dos solicitudes de apertura de PCI presentadas por la recurrente en el marco de la evaluación ambiental en curso. Como vimos, la necesidad de apertura de un PCI requiere la existencia de una susceptibilidad de afectación directa, entendida normativamente y en la judicatura, como la generación de efectos significativos del artículo 7, 8 y 19 del RSEIA en GHPPI. Y ese análisis lo hace el SEA en base a los antecedentes presentados en el marco del procedimiento de evaluación en curso.

De este modo, la resolución de estas solicitudes dependerá de lo que concluyan los antecedentes de la evaluación ambiental del Proyecto, los cuales hasta ahora han concluido que el Proyecto o actividad no produce efectos adversos significativos en la recurrente, existiendo otros en elaboración por mi representada y serán presentados en agosto de 2024 a través de Adenda Extraordinaria.

En suma, no existe aquí acción ni omisión imputable a mi representada, puesto que la definición de efectuar una PCI recae en el SEA y este se encuentra actualmente evaluándolo.

ii. Mi representada no ha ejecutado intervenciones en el área de la Piedra Chankura ni en la zona que denomina “Piedras Talladas”

Como se hizo presente en relato de hecho de este informe, mi representada no ha ejecutado ni ejecuta en la actualidad ninguna obra en las cercanías de la Piedra Chankura, ni tampoco en el sector de las supuestas “Piedras Talladas”. Ello es obvio: el Proyecto se encuentra aún en evaluación. Mi representada no ha realizado movimientos de tierra ni obras constructivas en ninguno de estos sitios ni sus alrededores.

En suma, no existe acción u omisión ilegal o arbitraria alguna que resulte imputable a mi representada.

c. NO EXISTE AMENAZA, PRIVACIÓN O PERTURBACIÓN DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES Para que la acción cautelar de emergencia pueda prosperar no sólo es necesario la existencia de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales (como vimos, inexistentes en la especie), sino que además es necesario que amenacen, perturben o lesionen garantías fundamentales. Ninguno de los dos requisitos se cumple en el presente caso.

El recurso no expone con claridad la forma en cómo se verían afectadas las garantías constitucionales que se estiman quebrantadas: En un relato confuso se asocia la supuesta afectación a acciones materiales no especificadas en contexto de ausencia de PCI Alude a que como ha quedado expresado con anterioridad, el recurso de protección incoado contiene un relato inconexo, difuso y poco claro que no satisface requisitos mínimos para poder ser acogido. Dicho mínimo es, exponer con claridad cuál es la acción u omisión que se estima como ilegal y/o arbitraria y la forma en que se afectan las garantías fundamentales que se estiman quebrantadas.

En efecto, el recurso desarrolla escuetamente un apartado relativo a derechos y garantías constitucionales supuestamente vulneradas. En él, se comienza citando una serie de disposiciones que establece el Convenio 169 de la OIT, específicamente sus artículos 3, 4, 13 y 6 los que qué duda cabe S.S. Ilma., tienen toda la vigencia que la Constitución Política de la República (“CPR”) les reconoce en virtud del artículo 5 de la Carta Fundamental y la suscripción del Estado de Chile a la Convención de Viena.

Ahora bien, ¿Cuál sería la transgresión concreta a este cuerpo normativo? Al respecto la nombre reservado recurrente indica lo siguiente:

“Claramente al intervenir y estudiar el territorio donde se emplazan el “Parque Eólico El Almendro” donde se encuentra ubicada la piedra Chankura y hay presencia de petroglifos en la zona, no se ha considerado la consulta a los pueblos originarios, como ordena imperativamente el Convenio N° 169, incluso ello podría incluso ser considerado un incumplimiento del deber del Estado de resguardar los derechos humanos con las graves consecuencias que ello tendría…”

Como esta Corte puede apreciar, la forma en que la recurrente estima vulneradas las disposiciones del Convenio 169 de la OIT es una suma entre acciones materiales, presuntamente, ejecutadas en el sector aledaño a la Piedra Chankura en ausencia de un proceso de Consulta Indígena que sería procedente.

Sin embargo, como ya se ha desarrollado latamente con anterioridad tales acciones materiales —como movimientos de tierra y labores de construcción— simplemente no existen. Mi representada sólo realizó campañas de terreno sin intervención en estos sectores.

A ello se suma que el Proyecto al cual se refieren se encuentra en un procedimiento de evaluación ambiental en curso, en el cual se definirá la calificación ambiental del mismo y también la procedencia de la PCI solicitada por el recurrente. Todo, en el marco del ejercicio de potestades públicas que detenta el SEA. De ahí que, en la especie, no existe infracción alguna al Convenio en los términos planteados por el recurrente.

Lo mismo aplica para la garantía constitucional que contempla el artículo 19 N°8 de la CPR. Al respecto la nombre reservado recurrente alude a que dicha garantía se vería afectada por “acciones de tala, corte o destronque” que se especifican, que no sitúan en un lugar concreto y que no son dimensionadas en cuanto a magnitud. La recurrente solo dice que dichas acciones se ejecutarían sin considerar las costumbres, tradiciones y cosmovisión de las Comunidades Indígenas, todo ello acorde a una supuesta contravención general al artículo 169 de la OIT. Es decir, una vez más el recurso relaciona la infracción de una garantía fundamental por la supuesta ausencia de PCI señalando para ello obras o acciones indeterminadas que, por lo demás, no son atribuibles al actuar de mi representada.

En este contexto, como se ha dejado claro a lo largo de esta presentación, la ausencia de una Consulta Indígena es una alegación que se encuentra fuera del ámbito de aplicación del presente recurso de protección por los motivos que se han esgrimido y, en consecuencia, no se vislumbra la manera en cómo aquello estaría afectando las garantías constitucionales que se estiman quebrantadas.

ii. Las preocupaciones del recurso de protección relacionadas a sitios de significancia están siendo abordadas en la evaluación ambiental: El último ICSARA solicitó al titular complementar la información entregada respecto a ceremonias tangibles en el sector de piedra Chankura y otros sitios y/o ceremonias de relevancia Otra de las preocupaciones que esgrime la nombre reservado recurrente es que el proyecto pretende ser emplazado en cercanías de la denominada “Piedra Chankura” y supuestas “Piedras Talladas” —cuya ubicación ni siquiera identifica el libelo—. Al respecto cabe destacar que la evaluación ambiental en curso del Proyecto Eólico El Almendro se encuentra analizando distintos aspectos relativos a la CI nombre reservado, entre los que se encuentran precisamente aquellos relativos a sus actividades ceremoniales y sitios de significancia.

En efecto, en el último ICSARA de fecha 13 de diciembre de 2023, la Dirección Ejecutiva del SEA solicitó a mi representada lo siguiente:

“64. Se solicita considerar en su respuesta las actividades que realiza la CI nombre reservado dentro de los predios forestales, especialmente el uso de recursos con fines medicinales. Adicionalmente, se solicita identificar o descartar impactos y/o afectación en estos usos4 65. Respecto de la respuesta VI.103 de la Adenda Complementaria, se requiere complementar la respuesta del Titular en cuanto a las ceremonias tangibles que allí se realizan. Al respecto, se solicita lo siguiente:

a) Caracterizar actividades que se realizan en Piedra Chankura, su periodicidad, número aprox. de asistentes, etc.

b) Análisis en profundidad acerca del carácter espiritual de las actividades que se realizarían en la Piedra Chankura, en específico las que son realizadas por la C.I. nombre reservado. (énfasis añadido)”

En consecuencia, las preocupaciones del recurso relativas a la Piedra Chankura son objeto de una evaluación ambiental en curso, por lo que de ninguna manera se vislumbra una amenaza, privación o perturbación a las garantías fundamentales que se estima quebrantadas en virtud de aquello.

iii. El recurso pretende impugnar el incumplimiento de un deber Constitucional del Estado, no siendo la acción de protección la vía idónea para ello: El artículo 19 N°10 que establece el deber del Estado de fomentar el incremento del patrimonio cultural no se encuentra tutelado por este recurso A mayor abundamiento, otro de los defectos del recurso incoado es que el mismo pretende la cautela de una garantía constitucional que no se encuentra tutelada por la acción de protección. Así, el recurso de protección denuncia como vulnerado el artículo 19 N°10 de la CPR que establece el derecho a la educación, particularmente en el deber del Estado de fomentar el incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Pues bien, como esta Ilustrísima Corte conoce, el inciso 1° del artículo 20 de la CPR contiene el alcance del recurso de protección para hacerlo procedente, y dispone el catálogo taxativo de los derechos constitucionales que pueden ser cautelados a través de su ejercicio. Así, dicho artículo dispone que:

“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” (énfasis añadido)

El apartado constitucional expuesto da cuenta de que por mandato expreso del legislador no es posible que en un caso como el de autos pueda ejercerse la acción de protección buscando cautelar un deber del Estado, que por lo demás, se encuentra integrado en una garantía constitucional no tutelada por la acción de protección.

d. LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA ENCAUZAR LAS PRETENSIONES DE LA RECURRENTE Finalmente de cuenta que a través de la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema se verifica que uniformemente ha resuelto que la acción de protección no es la vía idónea dilucidar aspectos vinculados a la evaluación ambiental de proyectos. En este caso en particular, la pregunta de si acaso corresponde o no iniciar un PCI —encontrándose solicitudes pendientes al respecto— debe ser respondida en la sede administrativa: en el procedimiento de evaluación ambiental que la misma ley contempla para ello.

Como ha quedado expuesto a lo largo de este informe, lo realmente impugnado a través de la acción de protección de la recurrente es la evaluación ambiental del proyecto eólico El Almendro. Se han expuesto disconformidades relativas a la ausencia de profesionales independientes durante la evaluación y por a la ausencia de un proceso de consulta indígena.

Todas estas materias deben ser resueltas en el proceso de evaluación ambiental y en los recursos administrativos y judiciales especiales que la legislación contempla para ello.

Sin embargo, la recurrente pretende por la vía de esta acción cautelar de emergencia que S.S. Iltma., conozca de materias que requieren —por su naturaleza técnica— de procedimientos de especiales y de lato conocimiento. Tanto la historia fidedigna de la ley N°20.600 como la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema confirman aquello.

En efecto, la historia fidedigna de la Ley N°20.600, hace una referencia expresa respecto a este punto, en cuanto señala que:

“una de las dificultades que presenta el recurso de protección es que un mismo tribunal, con formación general, resuelve una gran variedad de materias. En cambio, agregó, si se crean tribunales ambientales–como es el propósito- se obtendrá que un grupo significativo de jueces y profesionales se irán especializando y podrían, por lo tanto, contar con mejores instrumentos sobre estas materias, de forma que las decisiones que vayan adoptando van a ser mejor fundamentadas e, incluso, podrían alcanzarse soluciones técnicamente mejor encaminadas que las alcanzadas a través del recurso de protección. Entonces, prosiguió, tanto desde el punto de vista del acceso a la justicia como desde la perspectiva de la especialización del tribunal, señaló que es más probable que el tribunal ambiental atienda de mejor forma los conflictos que se presenten en el ámbito medioambiental” (énfasis añadido).

Por su parte, la Excelentísima Corte Suprema ha sostenido en el tiempo su criterio respecto a que la acción de protección no es la vía idónea para dilucidar aspectos técnicos vinculados a la evaluación ambiental de proyectos ni la existencia de infracciones a la normativa ambiental. Así, ha señalado recientemente que:

“(…) Además, ha señalado [esta Corte] que ésta no es la vía para dilucidar aspectos técnicos vinculados a la evaluación ambiental de proyectos como tampoco a la determinación de la existencia de infracciones a la normativa ambiental, sin embargo, es procedente la acción, si al analizar materias que eventualmente se encuentran vinculadas a tales aspectos, se determina la existencia de un acto ilegal y arbitrario que afecte las garantías fundamentales de los actores, razón que justifica la adopción de medidas concretas en resguardo de los derechos constitucionalmente protegidos.”5 (énfasis añadido).

Por lo tanto precisa que a partir de este análisis es posible colegir que la acción de protección no constituye la vía idónea para discutir disconformidades con el proceso de evaluación ambiental de mi representada, ni mucho menos la procedencia de apertura de un proceso de consulta indígena.

Y es que la ley ha dispuesto una serie de recursos y acciones especiales para conocer de esta clase de alegaciones. Así en el artículo 29 en relación con el artículo 20 de la Ley 19.300, consta el derecho de las personas que participan en el periodo de participación ciudadana de reclamar de la RCA del proyecto ante el Comité de Ministros por la falta de debida consideración de observaciones ciudadanas formuladas en el marco de la evaluación. En contra de la decisión de este Órgano es posible reclamar ante los Tribunales Ambientales según consta en el artículo 17 N°5 o 17 N°6 de la Ley 20.600.

Por su parte, quienes no han participado en la evaluación ambiental formulando observaciones o no quieren reclamar en contra de la RCA, igualmente tienen derecho a solicitar la invalidación de las decisiones adoptadas en el procedimiento que cumplan con los requisitos para ello (terminales o de mero trámite cualificadas) de conformidad al artículo 53 de la Ley 19.880. En contra de la respuesta a esta solicitud también se puede reclamar ante el Tribunal Ambiental de conformidad al artículo 17 N°8 de la Ley 20.600.

Todo ello, sin considerar incluso aquellos recursos administrativos ordinarios que pudieran proceder en contra de distintas decisiones que la autoridad adopte en este procedimiento, como la reposición en el caso del rechazo anticipado.

Así las cosas, es evidente que existe toda una institucionalidad ambiental llamada a resolver este tipo de conflictos por lo que no se justifica que sean resueltos a través de una acción cautelar de emergencia si no existe necesidad de cautela urgente como ocurre en la especie. Recordemos que, como hemos dicho precedentemente, los hechos imputados derechamente no existen o se refieren a un procedimiento de evaluación en curso.

e. CONCLUSIONES En conclusión, la presente acción de protección no cumple con los requisitos para ser acogida:

La acción es extemporánea, porque los recurrentes conocen de los hechos hace más de 30 días, cuestión que consta en los antecedentes acompañados en el segundo otrosí de esta presentación.

No existe una acción u omisión arbitraria o ilegal por parte de mi representada. En concreto, las cuestiones que aduce el recurrente como ilegalidades no existen, no son de cargo de mi representada o sencillamente son parte de un procedimiento administrativo.

Mi representada no ha ejecutado obras de “movimiento de tierra” que el recurrente aduce. Además, la procedencia o no de una PCI es competencia exclusiva del SEA —no de mi representada— y este órgano se encuentra actualmente evaluándolo.

No existe privación, perturbación o amenaza de algún derecho fundamental, cuestión que el recurrente ni siquiera detalla con mínima claridad.

La acción de autos no es la vía idónea para encauzar pretensiones como las de la recurrente, existiendo toda una institucionalidad ambiental a quien el legislador le ha encargado tal labor.

En razón de lo anterior la presente acción debe ser rechazada.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado en estos autos y, en definitiva, se sirva rechazar la acción de protección deducida en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Informe Antropológico elaborado en el marco del EIA del Proyecto Parque Eólico El Almendro, que consta en Anexo 6.11 del EIA.

2.- Acta de fecha 1 de junio de 2022 en que consta la reunión del artículo 86 del RSEIA con la recurrente.

3.- Acta de entrevista y cartografía participativa con el Logko de la nombre reservado recurrente de fecha 29 de enero de 2024.

4.- Solicitud de PCI efectuado por la recurrente al SEA en el procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto Parque Eólico El Almendro, con fecha 12 de octubre de 2023 5.- Solicitud de PCI efectuado por la recurrente al SEA en el procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto Parque Eólico El Almendro, con fecha 12 de octubre de 2023.

6. -Resolución N° 2024990017 de fecha 13 de marzo de 2024 del SEA que extiende la suspensión de plazo del procedimiento de evaluación del Proyecto Parque Eólico el Almendro hasta el día 27 de agosto de 2024.

A folio 25 informa doña nombre reservado, Directora Ejecutiva del Servicio de evaluación Ambiental, quien en lo sustancial refiere que La solicitud de apertura de un PCPI fue rechazada mediante la Resolución Exenta N°202499101729, de fecha 05 de septiembre de 2024 (“R.E. N°202499101729”), por los motivos que se sintetizan a continuación. Respecto a la determinación del Área de Influencia y la Línea de Base del componente Sistemas de Vida y Costumbres de los Grupos Humanos, la R.E. N°202499101729 concluyó que:

(i) El Proyecto no implicará el reasentamiento de miembros de la Comunidad u otros grupos humanos, en ninguna de sus fases, no viéndose afectadas las viviendas de la Comunidad.

(ii) Respecto a una potencial intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural: se observó que la recolección de hierbas y plantas medicinales por parte de los habitantes del sector de Tolpán se realiza en sectores alejados al Proyecto, a una distancia mayor a 2 km, en las faldas orientales del cerro Tolpán y en los alrededores del sector habitacional. Por lo tanto, en estos sectores la actividad de recolección asociada no se verá afectada por el Proyecto.

(iii) Por otra parte, la cantidad de bosque nativo -y por tanto la disponibilidad de hierbas para recolección de la Comunidad- aumentará con la implementación del Proyecto respecto de la condición actual. Por lo anterior, se descartó que las obras, partes y/o acciones del Proyecto sean susceptibles de afectar directamente la actividad de recolección de hierbas medicinales por parte de la Recurrente.

(iv) En cuanto a la intervención o interrupción al acceso de estos recursos para las personas que realizan la actividad de recolección, se indicó que el Proyecto hará uso de los caminos forestales internos existentes en la actualidad, los cuales se encuentran disponibles públicamente para el libre tránsito de las personas de las localidades cercanas, por lo que no se prevé una interrupción al acceso a los puntos y zonas de recolección de hierbas.

(v) Respecto a una potencial obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento14: se descartaron los efectos significativos del Proyecto sobre la red vial pública existente, ya que en general se mantienen las mismas condiciones operativas con y sin Proyecto, por lo que no se producirían impactos asociados a la conectividad y tiempos de desplazamiento de los usuarios.

(vi) Respecto a una potencial alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica de la población15: se señaló que en el área de emplazamiento de las obras del Proyecto no existe infraestructura ni equipamiento comunitario. En consecuencia, ningún inmueble de uso comunitario se verá afectado por las obras del Proyecto.

(vii) Respecto a una potencial dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo16: se identificaron cuatro sitios de significancia cultural a menos de 1 km del Proyecto, correspondientes a:

- Piedra Chankura: se descartó el impacto vial a los visitantes de este sitio y adicionalmente, el Proponente ofreció el Compromiso Ambiental Voluntario de no interferir en la realización fechas ceremoniales religiosas y espirituales de estas manifestaciones culturales.

- Convenio Padres Franciscanos: no se contemplan trabajos sobre el camino existente, restringiéndose la actividad del Proyecto al tránsito temporal de vehículos y maquinarias. El uso de este camino no generará alteración en la vialidad ni en los tiempos de desplazamiento de sus usuarios.

- Piedra del Convento o Piedra del Águila: posee una relevancia histórica para la comunidad Recurrente. Según la R.E. Nº202499101729 este sitio no será intervenido por ninguna obra, parte o acción relacionada con el Proyecto.

- Cementerio Antiguo Sector La Candelaria: está presente en la memoria de algunos integrantes de la comunidad Recurrente, pero no existen manifestaciones culturales asociadas a este sitio de significancia cultural, por lo que no se verá afectado por el desarrollo del Proyecto.

(viii) A mayor abundamiento, la R.E. Nº202499101729 hizo referencia al Compromiso Ambiental Voluntario propuesto por el Proponente consistente en generar canales de comunicación durante toda la vida útil del Proyecto, para que la comunidad local pueda realizar comentarios, sugerencias y denuncias durante el período de construcción y establecer una coordinación permanente.

(ix) Por otra parte, cabe mencionar que las emisiones de material particulado, ruido y vibración no superan los límites normados, por lo que ellas no implicarían una afectación a los Sistemas de Vida y Costumbres de los Grupos Humanos.

(x) Respecto a un potencial efecto o alteración de las formas de organización social particular de GHPPI17: se identificó que los aspectos culturales y sociales de la comunidad Recurrente que pudieran interactuar con el Proyecto son la reivindicación territorial, los sitios de significancia cultural y la recolección de hierbas medicinales.

(xi) En este sentido, y de acuerdo con lo señalado precedentemente, la R.E. Nº202499101729 concluyó que el Proyecto: (i) no interviene el territorio que reivindica la comunidad Recurrente; (ii) no intervendrá o afectará ninguno de los sitios de significancia cultural, así como tampoco su acceso; y (iii) no afectará el desarrollo de las actividades de recolección de hierbas desarrollada por este GHPPI.

(xii) Respecto a la susceptibilidad de afectar poblaciones protegidas18: la susceptibilidad de afectación a los GHPPI se analizó en torno al eje de territorialidad y los sitios de significancia cultural, descartándose la susceptibilidad de afectación de la comunidad Recurrente. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, este Servicio estimó que no existiría una susceptibilidad de afectación directa sobre la nombre reservado, en relación a sus sistemas de vida y costumbres, así como a su cultura, cotidianidad y cosmovisión como población indígena. Por lo tanto, mediante R.E. Nº202499101729 se rechazó la solicitud de apertura de un Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas, en atención a que no se verifican los presupuestos que la Ley ha dispuesto para ello, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 del RSEIA.

Finalmente, hace presente que en relación a la R.E. N°202499101729, le es aplicable la Revisión de los Actos Administrativos, conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley N°19.880.

A folio 29 comparece don JOSÉ MIGUEL CARRASCO BRAVO, Abogado, cédula de identidad RUT reservado, en representación convencional -según se acredita mediante mandato especial amplio que se acompaña- de la ASOCIACIÓN INDÍGENA MAPUCHE NEWEN MAPU, rol único tributario número 65.152.574-8, inscrita en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas, bajo el número 317, ambos domiciliados en domicilio reservado, en autos de acción de protección Rol N°3622-2024, caratulados “nombre reservado/Bioenergías Forestales SpA”, quien refiere que por este acto, y sin perjuicio de las acciones y/o recursos legales que de forma independiente esta parte pueda deducir en un futuro, viene en hacerse parte en el presente recurso de protección, atendida la circunstancia que su representada se ha visto igualmente afectada por el actuar arbitrario e ilegal de las recurridas.

Dicha afectación consta en Resolución Exenta N° 202499101729 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que dispuso: “RECHAZAR la solicitud de apertura de un Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 85 del RSEIA, efectuada por el señor nombre reservado, en representación de la Asociación Indígena Mapuche Newen Mapu, en base a lo expuesto en lo considerativo…”

Cabe tener presente SSI, que de conformidad a lo dispuesto en el art. 4 del Acta N° 94-2015 de la Excma. Corte Suprema señala: “Las personas, funcionarios u Órganos del Estado afectados o recurridos, podrán hacerse parte en el recurso”.

Acompaña los siguientes documentos: Copia electrónica de Resolución Exenta N° 202499101729 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que dispuso rechazar la apertura de consulta indígena, en relación al proyecto: “Parque Eólico El Almendro”, copia de escritura pública de mandato especial amplio, donde consta su personería para representar a la ASOCIACIÓN INDÍGENA MAPUCHE NEWEN MAPU, con todas y cada una de las facultades contenidas en ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que la acción constitucional deducida se interpone en contra de la Empresa Bioenergías Forestales SpA, ya individualizada, se verifica que son hechos de la causa:

a) Que el Proyecto Parque Eólico El Almendro ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) mediante un Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) con fecha 16 de abril de 2022 y fue declarado admisible mediante Resolución Exenta N°20229900121, de la Dirección Ejecutiva del SEA, de fecha 29 de abril de 2022. A la fecha del informe este proceso de evaluación se encuentra en tramitación y ante las autoridades técnicamente responsables.

b) Que en cuanto a las instancias de participación ciudadana, según informe del SEIA entre los días cinco de febrero y 30 de marzo de 2024 se desarrolló un proceso de Participación Ciudadana, en el que participaron un total de 36 personas. En dicha instancia no se presentó la nombre reservado.

c) Que en el marzo de la participación de comunidades indígenas en el marco del procedimiento de evaluación ambiental, cabe señalar que la comunidad Recurrente fue citada a participar en las reuniones a que hace referencia el artículo 86, inciso primero del RSEIA.

d) Que en ese contexto, el día primero de junio de 2022 se sostuvo una reunión con la nombre reservado en su calidad de Grupo Humano Perteneciente a Pueblo Indígena (“GHPPI”)3.

e) Que a la fecha que se tuvo por evacuado el informe del órgano técnico el EIA se encontraba en tramitación en el SEIA, habiéndose presentado por el Proponente la segunda Adenda Complementaria con fecha 19 de julio de 2024.

Tercero: Que los recurridos alegaron como cuestión previa la extemporaneidad de esta acción tutelar, conforme que ellos refieren que la comunicación, notificación o conocimiento del acto impugnado, al menos desde el año 2020 principia la participación de la recurrente en el contexto de un proyecto que aún no termina su proceso de evaluación, y por su parte la presentación de este recurso lo fue transcurridos con creces el plazo señalado en el auto acordado sobre tramitación y fallo de los Recursos de Protección, dictado en uso de sus facultades legales por la Excma. Corte Suprema de Justicia. A este respecto, teniendo en consideración la naturaleza del acto impugnado, esto es una resolución de tipo medioambiental, así como las afectaciones que se indican, conforme este, se puede inferir que ellas son de carácter permanente en el tiempo, ellas no se agotan con su sola dictación, sino que continúan, por lo que no puede establecerse una sola oportunidad de afectación, sino que se trata de una afectación permanente, motivo por el cual la extemporaneidad será rechazada tal como se dirá en la oportunidad pertinente.

Cuarto: Que el recurso de Protección es una acción tutelar, que permite que el titular de uno o más de los derechos protegidos por la Constitución Política de la República, afectado por una acción u omisión ilegal o arbitraria, accione y solicite la tutela de los tribunales superiores de Justicia a fin de que estos tomen las medidas correctivas y conservadoras pertinentes en su favor a fin de restablecer el imperio de la norma fundamental. Que en este sentido por su propia naturaleza correctiva y tutelar, tal como ya se había indicado, exige para su procedencia la existencia de derechos o garantías afectados respecto de determinadas personas, requisito este esencial ya que solo tratándose de personas determinadas se pueden adoptar medidas correctivas o tutelares de forma efectiva conforme este tipo de acción. Descartando de esta manera que este tipo de acción sea una de aquellas definidas como populares, en que existe algún grado de indefinición de quienes se refieren afectados por los hechos de un tercero. Motivo por el cual esta acción será analizada desde la perspectiva de quien aparece como efectivamente identificado en la misma.

Quinto: Que dicho lo anterior, debemos analizar la materia objeto de esta acción, ello a fin de poder dilucidar si efectivamente ello puede resolverse por esta vía constitucional. En efecto, lo debatido dice relación con una materia medioambiental, altamente técnica, cuya resolución exige contar con una serie de antecedentes que permitan al órgano pertinente pronunciarse respecto de lo debatido, esto es si la obra materia de este recurso es objeto de una declaración de impacto ambiental o bien de un estudio en el mismo sentido. Que ello, a nuestro juicio y conforme lo ha resuelto la Exma. Corte Suprema excede de los bordes de esta acción. Esto porque existe una legislación especial aplicable al caso en concreto, en la cual existen tribunales, como lo son los Tribunales Medioambientales. Criterio plasmado por ejemplo en la causa 15.053-2020 de la Exma. Corte Suprema.

Sexto: Que dicho lo anterior, resulta indispensable analizar si el acto recurrido es efectivamente ilegal o arbitrario, en primer término se puede desprender de los antecedentes acompañados, tanto en el recuso, como en lo informado por los recurridos que la resolución materia de esta acción es el resultado del procedimiento que legalmente está establecido, que este se apegó a todas las etapas e intervenciones de organismos, incluso con la participación del recurrente, por lo que no se advierte la existencia de un acto arbitrario o ilegal cometido por parte de la Comisión de Evaluación de la Región de La Araucanía y plasmado en la resolución señalada.

Séptimo: Que de las alegaciones del recurrente se desprende que este efectiva y legítimamente difiere de lo aseverado por la recurrida, en cuanto refiere a la construcción del mencionado “Parque Eólico El Almendro”, ello porque a su juicio no se habría cumplido con lo que la normativa exige. Esta Corte estima, que ello no es una materia que corresponda resolver en esta sede de protección, toda vez que se trata de un procedimiento técnico, de lato conocimiento, que primero se desarrolla ante autoridad administrativa y, luego, en caso de discrepancia, su discusión debe ser llevada ante tribunal competente, que resulta ser el ambiental, en donde las partes expongan lo pertinente, rindiendo las probanzas que corresponda, lo que no resulta posible en esta vía proteccional, que como es sabido exige la existencia de un derecho indubitado afectado, sin que en ella se pueda proceder a la declaración del mismo.

Octavo: Que, atento a lo razonado y establecido en los considerandos precedentes, la presente acción debe ser desestimada, por no ser ésta la vía idónea para resolver la cuestión debatida; máxime si como ya se dijo, no se vislumbra la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario, que conculque las garantías constitucionales de los recurrentes y que autorice a esta Corte tomar medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho, desde el momento en que lo recurrido es una resolución dictada por un órgano competente, en uso de sus facultades legales.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que:

I.- SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad deducida por el recurrido.

II.- SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional deducida por los recurrentes, en contra de la Empresa Parque Eólico San Andrés SpA y en lo que refiere al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Araucanía, quien se hizo parte en la presente causa.

III.- Atendido el mérito de lo resuelto se deja sin efecto la orden de no innovar decretada en el presente recurso.

Acordada con el voto en contra del Ministro Marinello quien estuvo por mantener la orden de no innovar decretada mientras penda la ejecutoria del fallo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro don Alberto Amiot.

N°Protección-3622-2024 (pvb).