nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS A folio 1, comparece don nombre reservado, chileno, Cédula de Identidad N°RUT reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, quien de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 de la Constitución Política de la República, recurre de protección en contra de nombre reservado, funcionaria de la autoridad sanitaria oficina de Loncoche, Cédula de Identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado de comuna de Loncoche, en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que se exponen.

Que, el día 29 de marzo del 2024, me encontraba en mi lugar de trabajo ubicado en calle nombre reservado° 101, de la comuna de Loncoche, atendiendo el local comercial de venta de productos frescos del mar, el cual había arrendado sólo y exclusivamente por los días de semana santa, debido a que en dicho lugar existe diariamente mucha afluencia de público, y siendo las 12:00 horas, llegó hasta el lugar la fiscalizadora de nombre nombre reservado, funcionario público de la Autoridad Sanitaria oficina Loncoche, y al reconocerme una vez que hace ingreso a la sala de ventas, me señala textualmente; “SI CREES QUE CAMBIÁNDOTE DE LUGAR TE SALVARÁS DE MI, ESTÁS MUY EQUIVOCADO, PORQUE TE JODERÉ IGUAL”, acto seguido se dirige donde se encontraban ubicadas dos mallas de almejas, y comienza a romper una de las mallas para luego ir botando al suelo una por una almeja, en presencia del público que en ese momento se encontraba comprando, motivo por el cual y presenciando verdaderamente un acto arbitrario e ilegal por parte de la funcionaria de la autoridad sanitaria, al proceder mediante un acto que no se ajusta a derecho, me encuentro en la imperiosa necesidad de recurrir de protección. En consecuencia, doña nombre reservado, actualmente autoridad sanitaria de la comuna de Loncoche conoce perfectamente mi sucursal principal ubicada en domicilio reservado, de la comuna de Loncoche, sin embargo, en esta ocasión prefiere fiscalizar de manera arbitraria el local comercial de calle nombre reservado 101, de la comuna de Loncoche, estableciendo en su proceder diferencias arbitrarias.

El presente recurso de protección importa una actuación de la recurrida que constituye por sí misma, y atendida su gravedad, una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política de la República, “Igualdad ante La Ley”, referidos al derecho que tiene toda persona a ser tratado con igualdad de condiciones ante un procedimiento administrativo, quedándole impedidas a la autoridad sanitaria establecer diferencias arbitrarias. En consecuencia, la recurrida a través de un sumario sanitario establece en su proceder diferencias arbitrarias en su fiscalización, ya que, en primer lugar, me profiere amenazas en el ejercicio de sus funciones tales como; “SI CREES QUE CAMBIÁNDOTE DE LUGAR TE SALVARÁS DE MI, ESTÁS MUY EQUIVOCADO, PORQUE TE JODERÉ IGUAL”, y en segundo lugar, tampoco es procedente arrojarme al suelo mis productos para la venta en presencia de clientes comprando, proceder a todas luces arbitrario que no se ajusta a una actuación como en derecho corresponde e igualitario con respecto a otras fiscalizaciones de similar naturaleza, los cuales amenazan y perturban el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales.

El actuar arbitrario de la recurrida constituye una grave vulneración al libre ejercicio del siguiente derecho fundamental: 1.- Derecho a “la igualdad ante la Ley”: El mencionado derecho se encuentra garantizado por nuestra Constitución Política de la República, en su artículo 19, Nro. 2, que al efecto dispone; La Constitución asegura a todas las personas: La igualdad ante la Ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. 2.- Que, este derecho garantizado constitucionalmente se ve vulnerado única y exclusivamente debido a los actos arbitrarios llevados a cabo por la recurrida, toda vez que procediendo por vías de hecho, ejerce su potestad fiscalizadora en mi contra, estableciendo como se viene diciendo diferencias arbitrarias. Que, para dar garantía real y efectiva a la protección del derecho invocado, “Igualdad ante la ley”, nuestra Constitución Política de la República establece en su artículo 20, que; El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 2..., podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia declaración jurada notarial de nombre reservado 2. Copia declaración jurada notarial de nombre reservado.

A Folio 11, evacua informe la recurrida nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, soltera, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, señalando respecto a los hechos expresados en la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, que lamentablemente lo único verídico de lo expresado en la acción interpuesta es el hecho de que soy fiscalizadora en la oficina de acción Sanitaria Loncoche y que el día 29 de marzo del 2024, me presenté en su lugar de trabajo ubicado en calle nombre reservado° 101. Tal y como he expresado mi profesión es Técnico de Nivel Superior en Enfermería, me desempeño desde el año 2009 en la SEREMI de Salud región de la Araucanía y específicamente desde año 2014 como fiscalizadora en la Oficina de Acción Sanitaria Loncoche (oficina unipersonal). Parte de mis funciones consiste en fiscalización a instalaciones de alimentos ya sea por demanda espontánea o por programación institucional, dentro de éstas encontramos la “Campaña de fiscalización de Semana Santa”, en ella la institución, respaldada en las facultades que le confiere el Código Sanitario (DFL 725/67) en su artículo N° 155 y el Reglamento Sanitario de los Alimentos, dado el aumento de consumo de productos de mar, programa durante todo el mes actividades de fiscalización, tanto a locales establecidos relacionados al rubro de pescados y mariscos tales como procesadoras, pescaderías, restaurantes especializados en productos del mar, etc., como a locales de venta transitoria relacionados.

En este contexto, durante el mes de marzo del 2024 realicé actividades de fiscalización a las distintas instalaciones de la comuna de Loncoche, tales como: supermercados, locales de expendio de productos congelados y frescos del mar, registrando todo aquello en las plataformas digitales de la institución, con los verificadores correspondientes. Todas las fiscalizaciones se desarrollaron de acuerdo con los lineamientos entregados por el Subdepartamento de Inocuidad Alimentaria de la SEREMI de Salud Región de la Araucanía, los que son entregados vía correo electrónico y en reuniones técnicas realizadas de manera remota previo al inicio de esta campaña. En ejercicio de mis funciones y en virtud de la campaña señalada, el día 29 de marzo del 2024, aproximadamente a las 11:40 horas, me presente en la instalación de venta de productos del mar, ubicada en nombre reservado 101, comuna de Loncoche. El objeto era verificar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, lo que implica que debo comprobar que se cumpla con: condiciones de higiene de la instalación y/o equipos de frio, verificar la procedencia de los productos, condiciones organolépticas y de almacenamiento de los productos que se expendan (en este caso, los productos frescos se deben mantener refrigeras y los procesados según lo indique el fabricante), etc.

Ingresé y luego de presentarme e informar el motivo de mi visita, solicite, a quien presumo era una dependiente, ya que se encontraba atendiendo el local, la documentación que acredite procedencia de los productos (pescador y mariscos frescos ya que los congelados lo deben indicar en su rotulación y/o etiquetado. Respecto de esto último ella refiere que “los tiene nombre reservado” (nombre reservado, responsable de la instalación), contactándolo de manera telefónica para que haga llegar la documentación, mientras tanto y para avanzar con mi trabajo, salude al resto del personal que se encontraba allí y comencé por controlar la temperatura de dos mallas selladas de almejas que se encontraban sobre un mesón de acero inoxidable y sin refrigeración (cama de hielo que se utiliza para mantener la cadena de frio que requieren) arrojando valores por sobre lo que establece la norma (más de 5°C), le informé al personal que no abrieran las mallas, que serían decomisadas ya que se consideran inaptas para consumo humano por haber perdido la cadena de frio, luego revisé otros productos que se encontraban en una vitrina refrigerada, particularmente ceviches envasados, revisé la rotulación y etiquetado, constatando que algunos de ellos no informaban fecha de elaboración y vencimiento, por ello y en cumplimiento de la normativa, deje todos aquellos que no mantenían rotulación sobre la vitrina ya que también serían decomisados por incumplir la norma.

Continué revisando unas sierras ahumadas envasadas algunas de ellas que no informaban su fecha de elaboración y otras mantenían envases rotos. En ese momento llego don nombre reservado con los documentos que se habían solicitado, al ser informado del incumplimiento y decomiso él se ofusca y comienza a agredirme verbalmente, pese a lo evidente de su incumplimiento, él refiere “ME TIENES SANGRE EN EL OJO”, arrojándome parte de los productos que le informé serían decomisados, además de propinarme amenazas tales como "NO TE REIRÁS NUNCA MÁS DE MÍ” e intentar abalanzarse sobre mí, conteniéndolo físicamente una mujer que estaba atendiendo público y un varón que me perece llegó con él, yo quede en estado de shock intentando llamar a Carabineros al 133 para pedir auxilio, sin obtener respuesta a mi llamada, en ese momento él se vuelve a acercar a mí, intimidándome con su cuerpo y diciendo “APROVECHA DE LLAMAR ANTES DE QUE TE ROMPA EL CELULAR”, don nombre reservado estaba fuera de sí, ante sus intimidaciones y agresiones infundiendo un temor que impedía decidir qué hacer, visualicé frente a mí, al otro lado de la vitrina en la fila de clientes a un funcionario municipal (reconozco su rostro por que figura mucho en las redes sociales de la municipalidad) y le pregunté si tenía el número de carabineros de Loncoche, me respondió que no.

Luego recordé un grupo de whatsapp creado en periodo de pandemia, en el que se encuentran funcionarios de Seguridad Pública Loncoche, quienes nos prestaron apoyo en las fiscalizaciones Covid, envié un mensaje consultando el número de carabineros de Loncoche por que el 133 no me respondía. Me comuniqué telefónicamente con el funcionario nombre reservado (quien forma parte de este grupo de whatsapp) le informé que necesitaba la presencia de carabineros indicándole en que local me encontraba, presumo que fue él quien realizó la llamada a carabines solicitando se presentaran en el local. Los hechos denunciados constan en parte policial N° 302, actualmente en la Fiscalía de Loncoche. Como se desprende de los hechos, el resultado de esta fiscalización fue un inicio de sumario sanitario y decomiso de algunos productos que incumplían el reglamento antes mencionado. Es del caso señalar que tal y como el recurrente señala en su escrito, el mantiene un local comercial de carácter permanente, el que ha sido fiscalizado en otras oportunidades en años anteriores y durante marzo del 2024 en razón de la campaña ya mencionada, en fiscalizaciones anteriores se han constatado irregularidades. Sin lugar a duda el recurrente, lejos de asumir su responsabilidad frente a los constantes incumplimiento y contrario a toda lógica ha interpretado mi actuar como ilegal y arbitrario, temiendo la temeridad de faltar a la verdad atribuyéndome palabras que jamás he expresado, esto es, “sí crees que cambiándote de lugar te salvarás de mí, estás muy equivocado, porque te joderé igual”, frase que por lo demás carece de sentido ya que como se ha expresado el motivo de mi presencia en el local y las acciones realizadas en él, mantiene su fundamento en la normativa vigente, existiendo además los verificadores correspondiente, ningún funcionario público tiene atribuciones ni poder de “joder” a nadie, en mi caso particular mis funciones durante una fiscalización se limitan a verificar el cumplimiento de las normas sanitarias aplicables, dejar consignado en un acta los hechos que pudieran incumplirlas, lo que da inicio a un sumario sanitario en el que cada usuario tiene derecho a presentar sus descargas con o sin medios probatorios que puedan desvirtuar o referir las medidas correctivas aplicadas para corregir los hechos constatados y quien resuelve estos sumarios con todos estos antecedentes a la vista son los abogados de la institución, no yo. Procedimiento que tiene por objeto evitar arbitrariedades e ilegalidades.

Finalmente reiteró que la fiscalización antes mencionada fue parte, como muchas otras del cumplimiento de funciones como parte de la “Campaña de Semana Santa 2024”, de ninguna manera tienen como fundamento una decisión personal, limitada sólo al deber como funcionaria de la SEREMI de Salud Región de la Araucanía, y que en ningún caso la fiscalización podría ser considerada un acto arbitrario. El conflicto que se denuncia por el recurrente, es propio de una cuestión administrativa, toda vez que los hechos expresados, los que niega de manera expresa, dicen relación con la forma en que se desarrolló la fiscalización, disponiendo para ello de los recursos administrativos correspondiente y no a través del presente procedimiento de tutela que se encuentra consagrado para situaciones de urgencia y que deben ser resueltas en forma expedita. - Actualmente no existe ni ha existido en el pasado afectación a la garantía de igualdad ante la ley alegada, ya que los antecedentes no dan cuenta de actos ilegales o arbitrarios, que causen una situación desmejorada del recurrente. Solicito de rechace en todas sus partes la acción interpuesta, por no existir vulneración de garantías constitucionales.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Parte Policial N°302 2. Captura de pantalla 3. Declaración jurada nombre reservado 4. Declaración jurada nombre reservado.

A folio 13, informa el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Araucanía, don nombre reservado, por los hechos descritos en su recurso y que serán debidamente abordados, solicitándose su completo rechazo, según los fundamentos que se indican a continuación.

Que, en la especie, importa hacer presente que comparece esta Autoridad Sanitaria toda vez que la recurrida, doña nombre reservado, es funcionaria de esta Seremi de Salud, Región de La Araucanía y desempeña funciones actualmente como fiscalizadora en la comuna de Loncoche y, al originarse hechos denunciados por la parte recurrente en el contexto de un proceso de fiscalización sanitaria y en el desempeño de sus funciones propias, compete por tanto a la institución informar a vuestra Iltma. Corte lo requerido. El artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, prescribe que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

A su vez, la doctrina nacional ha manifestado que, al mal llamado recurso de protección, es posible definirlo como "la acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores, a fin de solicitarles que adopten inmediatamente las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer la autoridad o los tribunales correspondientes[1]". Por otro lado, la Excelentísima Corte Suprema de Chile, por ejemplo, se ha referido a esta acción constitucional en los siguientes términos, a saber: * "Cuarto: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar, de urgencia, que tiene como finalidad proteger los derechos fundamentales enumerados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, frente a actuaciones u omisiones arbitrarias o ilegales, sean de la autoridad o de particulares"[2] ; y * “Como se ha establecido en sentencia de esta Corte, “lógicamente dada la naturaleza del recurso y el hecho de que deje subsistentes las vías legales que existan para discutir el asunto contenciosamente, debe tratarse de hechos ostensiblemente arbitrarios o ilegales, que puedan establecerse sumariamente en el procedimiento que para el efecto se ha establecido en el respectivo Auto Acordado”[3]. Así, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional, están contestes en el hecho de reconocerle a esta garantía constitucional, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, de urgencia y que goza de tramitación informal y sumaria. Por ello, como contrapartida, el ámbito de su aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos prexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas de la situación de que se trata, ilegalidad y arbitrariedad que como se dará cuenta en este informe, no se verifican en la especie respecto de la recurrida.

Efectivamente el día 29 de marzo de 2024, siendo aproximadamente las 12:40 horas, la funcionaria doña nombre reservado, se constituye en visita de inspección al establecimiento ubicado en San Martín N° 555, de la comuna de Loncoche, responsabilidad del recurrente, por lo que estando dentro de la esfera de sus facultades, levanta Acta de Fiscalización N° 143702, de fecha 29.03.2024, la que indica lo siguiente: “1. Se constata que en sala de venta se encuentran 2 mallas de almejas a temperatura de 14.9°C y 15.2°C, incumpliendo lo establecido en el R.S.A. 2. Pieza de sierra ahumada sin rotulación que indique la fecha de elaboración y ceviche con el mismo incumplimiento, (sin informar fecha de elaboración, no fue posible pesar las cantidades informadas de ceviche y sierra ahumada) ya que el propietario reacciona de forma violenta arrojando los ceviches a esta funcionaria, amenazando verbalmente que con él no me volveré a reír. 3. El propietario refiere no tener contenedores de basura para eliminar el decomiso por lo que se dejará en retención y bajo custodia del propietario para ser retirado por personal de Seremi de Salud. 4. La temperatura de los productos fue medido con termómetro institucional ID N° 728266. Se pide apoyo a Carabineros a través de seguridad pública Loncoche ya que el 133 no contestó, con el fin de dejar constancia del maltrato a esta funcionaria. Se deja copia de la presente acta en la ubicación con la indicación de retención de los productos individualizados.” Complementando lo anterior, se debe indicar que con fecha 30 de marzo de 2024, mediante Acta de Fiscalización N° 127435, personal de esta Autoridad Sanitaria se constituyó en el establecimiento del recurrente a fin de proceder al decomiso y destrucción de productos en relleno sanitario de Freire. Que, con todo, la funcionaria, en calidad de denunciante, solicita ayuda policial, lo que queda reflejado en Parte de Denuncia N° 302, de fecha 29.03.2024, en que relata efectivamente a la autoridad policial lo sucedido, acompañándose a esta presentación el referido documento.

Lo anterior, realizado en plena armonía con las facultades que otorga el Decreto N° 977/96 Reglamento Sanitario de los Alimentos, el que en su artículo 542 sostiene “Las infracciones a las disposiciones del presente reglamento serán sancionadas por los Servicios de Salud en cuyo territorio se hayan cometido, previa instrucción del respectivo sumario, en conformidad con lo establecido en el Libro X del Código Sanitario”. Por su parte, los artículos 325 y siguientes del mismo Decreto, dan cuenta que mariscos frescos durante su distribución no pueden estar expuestos a temperaturas superiores a 5°C y por su parte, mariscos frescos enfriados son aquellos mantenidos a una temperatura entre 0 y 3°C, por ende, la temperatura constatada en fiscalización (14.9°C y 15.2°C), excedía con creces lo anterior, significando un riesgo y debiendo por tanto tomarse la medida sanitara de decomiso y destrucción. Mismo razonamiento para el incumplimiento de inexistencia de rotulado, lo que impide saber al consumidor, procedencia y características como fecha de elaboración y vencimiento de los productos, regulado en los artículos 106 y siguientes del Decreto ya referido. Se hace presente, que, en virtud de lo relatado anteriormente, los hechos fueron clasificados como accidente del trabajo, según da cuenta Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), de fecha 17.04.2024.

Que, con lo anterior, se pretende dar cuenta de que no existe, como lo pretende la recurrente, una privación a su derecho constitucional de igualdad ante la Ley al fiscalizar su local, al contrario, esta Autoridad Sanitaria, precisamente cumpliendo el rol de resguardar la salud de la población, constató en terreno un grave incumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Sanitario de los Alimentos en el establecimiento, lo que generó que el mismo se alterara y reaccionara de manera violenta en contra de la fiscalizadora que no hacía más que cumplir con su labor. Agregar que no son efectivas las amenazas que supuestamente le profirió la funcionaria ni que se hayan arrojado al suelo sus productos, siendo esto último, consecuencia de su propio actuar al lanzar los potes de ceviche hacia la dirección en que se encontraba la funcionaria.

Se acompañan siguientes antecedentes: a) Acta de Fiscalización N° 143702, de fecha 29.03.2024. b) Acta de Fiscalización N° 127435, de fecha 30.03.2024 c) Parte denuncia N° 302, de fecha 29.03.2024. d) Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), de fecha 17.04.2024. e) Relación de servicio de doña nombre reservado.

A Folio 15 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, es un hecho reconocido en el presente recurso que, el día que el día 29 de marzo del 2024,siendo aproximadamente las 11,40 a 12 horas, doña nombre reservado, se presentó en el local ubicado en calle nombre reservado° 101, de la ciudad de Loncoche, en su calidad de funcionaria de la SEREMI de Salud región de la Araucanía, y como fiscalizadora de la Oficina de Acción Sanitaria Loncoche (oficina unipersonal), a fin cumplir sus funciones de fiscalización a instalaciones de alimentos por programación institucional de “Campaña de fiscalización de Semana Santa”, respaldada en las facultades que le confiere el Código Sanitario (DFL 725/67) en su artículo N° 155 y el Reglamento Sanitario de los Alimentos, dado el aumento de consumo de productos de mar, tanto a locales establecidos relacionados al rubro de pescados y mariscos tales como procesadoras, pescaderías, restaurantes especializados en productos del mar, etc., como a locales de venta transitoria relacionados.

TERCERO: El objeto de dicha fiscalización era verificar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, lo que implica que debe comprobarse que se cumpla con: condiciones de higiene de la instalación y/o equipos de frio, verificar la procedencia de los productos, condiciones organolépticas y de almacenamiento de los productos que se expendan (en este caso, los productos frescos se deben mantener refrigeras y los procesados según lo indique el fabricante), etc., procedimiento este que se lleva a efecto en presencia de varias personas que se encontraban en dicho lugar en esa oportunidad.

CUARTO: Que, tal procedimiento en la narración del recurrente fue hecho con violencia, profiriendo insultos y otras actuaciones ajenas al deber funcionario, lo que es negado categóricamente por la recurrida y el mismo servicio del cual depende la recurrida, según da cuenta el informa evacuado en el presente recurso.

QUINTO: Que, de los antecedentes analizados, queda en evidencia que la fiscalización realizada obedeció a un programa propia del servicio a cargo de velar por la correcta aplicación de las normas sanitarias sobre la venta de productos del mar, actuación esta que si bien ha podido molestar al recurrido, ello no implica una actuación ajena a la igualdad ante la ley, o que se haya afectado el derecho propiedad, ya que la inutilización de los productos que incumplan con la norma sanitaria deben conforme a la Ley y Reglamento, ser derivados a vertederos autorizados para impedir que puedan ser comercializados, con el eventual daño a la salud de la población.

SEXTO: Que, de otra parte, los epítetos u otras conductas que puedan ser recriminadas o reñidas con el buen comportamiento, resultan hechos imposibles de cuantificar en este recurso, más cuando precisamente estos procedimientos de fiscalización contemplan en la normativa especial, los arbitrios para reclamar por la vía administrativa en la cual pueden ser materia de prueba las reclamaciones que se hagan valer por el administrado en defensa de sus derechos.

En razón de lo anterior, es que no será acogido el presente recurso de protección, en la forma en que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, agréguese a la carpeta digital y archívese.

Redacción del abogado integrante, Sr. Sergio Oliva Fuentealba, Protección Rol 3620 – 2024. (sac)