nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Temuco.

Temuco, quince de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A, por el Acto Ilegal y Arbitrario de fecha 16 de septiembre de 2025, que Rechaza Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero.

Expresa que, don nombre reservado, solicita ante la Administradora de Fondos de Pensiones Uno, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Indica que, el recurrente es notificada mediante correo electrónico con fecha 16 de septiembre de 2025, rechazando la solicitud de retiro de fondos de pensión, señalando lo siguiente: “El motivo de tu rechazo es que presentaste documentos que no cumplen con los requisitos para esta solicitud. ¿Qué documento (s) fueron rechazados? ● Certificado Institución de Seguridad Social: Contáctate con nosotros para más detalles”.

Precisa que, se evidencia que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Manifiesta que, en ese orden de ideas, es imperioso señalar que la recurrida en su rechazo señala en lo atingente a la constancia que “Certificado Institución de Seguridad Social: Contactate con nosotros para más detalles.” Se infiere implícitamente que la recurrente se encuentra afiliada, más aún, de la simple lectura indica la fecha de afiliación a la seguridad social, por lo que desde ya, se observa que el rechazo de la recurrida es arbitraria e ilegal, siendo desarrollada en el acápite siguiente.

Comenta que, es imperioso señalar que la recurrida no indica cuales son los parámetros empleados por la recurrida para descartar el certificado de afiliación, además que incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal según se desarrollará en lo sucesivo. Indicando que, el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en el link que indica.

Refiere que, como se evidencia, la constancia electrónica es verificable, no obstante, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, en lo atingente a que argumenta que la constancia electrónica no es un documento válido, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen.

Expresa que, a mayor abundamiento, el protegido acompañó a la solicitud de retiro de fondos, constancia emitida por el Consulado de Venezuela en Chile, cuando las relaciones diplomáticas todavía existían, por lo que haciendo un razonamiento simple, la cual la recurrida no efectuó, se evidencia que: a) el protegido está afiliado a la seguridad social; b) que su estatus es activo, sin fecha de egreso; c) que de forma cronológica, tanto la constancia emitida por el Consulado como aquella que se puede verificar de forma electrónica, dan cuenta que el accionante en todo momento ha mantenido la misma situación jurídica, esto es, estar afiliado a la seguridad social de su país de origen.

Menciona que, es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en nuestro país, por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor.

Finalmente indica que, la importancia de especificar los criterios empleados para rechazar la solicitud impetrada vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 19 n°3 que, por aplicación directa del artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República es extensible al procedimiento de solicitud de retiro de fondos en sede administrativa, por lo que el rechazo sin fundamento alguno, más aún, sin siquiera señalar el criterio empleado deviene en un actuar arbitrario e ilegal, puesto que se observa una conducta caprichosa de la recurrida sin sustento jurídico que lo avale.

Conforme a ello, solicita acoger el recurso, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Acompaña al recurso, los siguientes documentos:

1. Cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado.

2. Notificación de rechazo de la AFP Uno de nombre reservado.

3. Constancia de afiliación electrónica de nombre reservado.

4. Constancia de afiliación emitida por el Consulado de Venezuela en Chile, de nombre reservado.

5. Título profesional apostillado, que acredita profesión nombre reservado.

6. Contratos y anexos de contratos de trabajo que manifiesta la voluntad del recurrente de estar afiliado a la seguridad social de su país de origen nombre reservado.

7. Cédula de identidad venezolana de nombre reservado.

8. Comprobante de domicilio emitido por la junta de vecinos de nombre reservado.

A folio 6, informa la Administradora de Fondos de Pensiones recurrida, señalando que, con fecha 15 de septiembre de 2025, nombre reservado, cédula de identidad de extranjero N°RUT reservado, de nacionalidad venezolana, (en adelante, “el afiliado recurrente”), inició ante AFP UNO S.A., su trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero, en conformidad a la ley N°18.156, respecto del empleador “ESTUDIO JURÍDICO PENALOZA LIMITADA.”

Precisa que, con fecha 16 de septiembre de 2025, se le informa el rechazo de la solicitud, conforme el tenor que reproduce.

Agrega como fundamentos de derecho que, la exigencia de presentar un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) vigente y debidamente legalizado no constituye una exigencia de requisitos adicionales por parte de esta Administradora, sino una obligación derivada de la normativa que regula el retiro de fondos por parte de técnicos extranjeros. Dicho certificado, según consta en su propio texto, tiene una vigencia de 120 días; por consiguiente, el documento acompañado por el recurrente, emitido con fecha 25 de abril de 2024, se encontraba vencido al momento de presentarse la solicitud, impidiendo así acreditar que, a esa fecha, el solicitante mantenía afiliación activa en el régimen previsional extranjero, tal como lo exige la norma.

Agrega que, la solicitud de un Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) vigente y debidamente legalizado, en lugar de la “Constancia de Cotizaciones” legalizada ante notario que no cumple con los requisitos de legalización del artículo 345 del Código Civil, no constituye un capricho o una exigencia antojadiza por parte de esta Administradora, sino que responde estrictamente a lo requerido por la normativa vigente, que exige acreditar la afiliación efectiva a un sistema previsional extranjero con su respectiva legalización y no simplemente la verificación de la realización de aportes aislados.

Comenta en relación con la afirmación respecto a que el certificado de cotizaciones puede ser verificado y validado mediante un enlace web genérico, cabe precisar que la simple remisión a un portal de internet para validar documentos no cumple con los requisitos formales exigidos por la legislación chilena para acreditar la validez de documentos extranjeros.

Refiere que, lo que sí resultaría arbitrario es acceder a lo solicitado por la parte recurrente, pues implicaría apartarse del principio de igualdad ante la ley y otorgar un trato diferenciado e injustificado sin respaldo legal suficiente. Este proceder vulneraría la igualdad de trato que corresponde a todos los afiliados en circunstancias similares. Al actuar de acorde a lo solicitado por el recurrente, esta Administradora vulneraría no sólo el marco normativo que nos regula, sino también la confianza legítima que los afiliados depositan en la aplicación uniforme y razonable de las disposiciones legales.

Finalmente concluye que, más allá de que no ha existido un actuar ilegal o arbitrario por parte de mi representada y que no se ha causado ningún agravio al recurrente de autos, lo que por sí solo sería suficiente para desestimar el recurso que motiva esta presentación, es importante destacar que esta parte no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.

A folio 12, los autos quedan en estado de relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta conforme el mérito de los antecedentes, adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos conculcados.

Surge de lo transcrito en consecuencia, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

CUARTO: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

QUINTO: Que, la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, causa Rol N° 33946-2025, ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar - en similar situación - la reclamación de la recurrente al señalar: “Octavo: Que de lo reseñado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos. Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado”.

SEXTO: Que, las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección, deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Rol N° Protección-3563-2025 (pvb).