nombre reservado con BANCO SANTANDER-CHILE S.A

C.A. de Temuco.

Temuco, veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece el abogado Juan Carlos Cisternas Friz, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, profesora de educación diferencial, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Banco Santander representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

En cuanto a los actos ilegales y arbitrarios, afirma la existencia del cierre unilateral, sin previo aviso y justificación, de cuentas corrientes y productos asociados producido con fecha 28 de agosto de 2025 y la mora obligada de mutuo hipotecario con pago automático contra dichas cuentas, negativa a recibir pagos, y el consecuente cobro judicial acelerado del único mutuo hipotecario contratado por la recurrente, hecho comunicado por el ejecutivo de recuperaciones del Banco Santander, sr nombre reservado, el día 10 de septiembre de 2025, indicando que tales actos fueron cuidadosa y premeditadamente ejecutados, pues los ejecutivos se negaron a proporcionar información formal, de manera que la mayoría de los antecedentes constan en conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos que acompaño en un otrosí.

Señala que doña nombre reservado es clienta del Banco Santander desde hace más de 35 años, confiando en dicha institución sus ahorros e inversiones, manteniendo un comportamiento intachable desde hace décadas, manteniendo las siguientes cuentas, productos e inversiones: 1.1.- Mutuo hipotecario celebrado con fecha 11 de diciembre de 2000, con pago automático contra cuenta corriente bancaria Nº[cuenta reservada]. Dicho contrato fue suscrito para la adquisición de una vivienda en la ciudad de Santiago, junto a don nombre reservado, quien a su turno suscribió el mutuo para la adquisición en común de dicha vivienda, pero obligándose a pagar individualmente su cuota. 1.2.- Cuenta corriente bancaria Nº[cuenta reservada] y productos asociados tales como, tarjetas de débito y crédito. Al respecto, el banco se negó a entregar copia del contrato, pues dado el cierre unilateral mi representada no puede acceder a los documentos, sea por la aplicación (app) o mediante la página web. Cabe señalar que al momento del cierre unilateral se conservaban dineros en dicha cuenta por la suma de $4.585.611.- aproximadamente, según cartolas que adjunto, especialmente la Nº272 y 273. 1.3.- Cuenta corriente bancaria Nº[cuenta reservada] creada el año 2019 para recibir dineros públicos, provenientes de proyectos FONDECYT Nº11180352 y Nº1221412, que se adjudicó la recurrente en su calidad de académica investigadora, señalando que al momento del cierre unilateral se conservaban dineros en dicha cuenta por la suma de $22.405.784.- aproximadamente, según cartolas que adjunta, especialmente la Nº74. 1.4.- Fondos Mutuos por la suma de $182.304.657.- al 31 de agosto de 2025 y por el cierre de sus cuentas tuvo que rescatarlos mediante un vale vista el 2 de septiembre de 2025.

Relata que de un momento a otro, de manera unilateral, sin previo aviso ni explicación alguna, todos los productos de la recurrente dejaron de funcionar por mera decisión del Banco Santander, aparentemente por una deuda individual del otro contratante del crédito hipotecario (nunca el Banco informó el motivo) provocando una serie de nefastas consecuencias en su derecho de propiedad y salud psíquica, considerando que todos los pagos automáticos por compras y suscripciones dejaron de realizarse, incluido su crédito hipotecario que por largos 16 años se pagó desde su cuenta corriente, sin mora alguna (así se evidencia de las cartolas acompañadas en el otrosí). Esto último provocó, además, el hecho grave de que el Banco, frente a un supuesto incumplimiento de dividendos hipotecarios, interrumpiere el pago automático e iniciare un cobro judicial en contra de su representada, acelerando el crédito que religiosamente había pagado por largos años y pese a los dineros que la recurrente mantenía en su cuenta corriente, negándose a recibir un pago manual. Increíblemente el Banco se había autogestionado una ejecución.

Añade que producto del proyecto FONDECYT adjudicado por la recurrente, los dineros públicos fueron transferidos desde ANID a su cuenta corriente, hoy cerrada, de manera que tuvo que elevar un requerimiento a la ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, dependiente del Ministerio de Ciencias), explicando la situación que le aquejaba, con el temor cierto de afectarse el Convenio, al momento de rendir cuenta, ya que los fondos públicos que lograron rescatarse, tuvieron que ser depositados en la cuenta de un tercero que nada tiene que ver con el proyecto, exponiendo a la recurrente a responsabilidad administrativas y patrimoniales, añadiendo que recientemente la recurrente accedió a un nuevo puesto de trabajo en la UFRO, como académica investigadora, y su sueldo sería depositado en su cuenta corriente personal, hoy cerrada.

En cuanto al cierre unilateral de cuentas corrientes y productos asociados, cita un fallo en un caso semejante correspondiente al dictado en causa Rol 29.548-2021, de la Corte de Apelaciones de Santiago, señalando que el día 27 de agosto de 2025 su representada, al tratar de realizar una compra en el comercio, advierte que sus tarjetas bancarias de crédito no se encuentren operativas, ninguna de ellas. En principio entendió que el sistema bancario tenía problemas de funcionamiento, pero luego grande fue su sorpresa cuando ninguno de sus productos aparecía en la app del Banco, ni en la página web, lo que provocó angustia y desesperación ya que en dichas cuentas mantenía sus ahorros, inversiones y los fondos públicos adjudicados por Fondecyt, señalando que frente a esta serie de hechos, se comunica telefónicamente con su ejecutiva nombre reservado, quien la deriva con su nueva ejecutiva doña nombre reservado y luego con diversos ejecutivos del Banco Santander, sin obtener una respuesta clara y fundada; nadie sabía lo ocurrido, añadiendo que luego, el mismo 27 de agosto de 2025, la ejecutiva de Cuentas del Banco Santander doña nombre reservado se comunica con su representada expresándole que el cierre de su tarjeta de crédito se produjo inicialmente el 26 de agosto de 2025, sin conocer los motivos, que respecto de sus demás tarjetas, se habrían cerrado el día 28 de agosto de 2025, lo que le fue comunicado vía correo electrónico.

Expone que con fecha 28 de agosto de 2025 se produce el cierre unilateral de las cuentas corrientes de la recurrente, causando un enorme desconcierto, pues no entendía lo que estaba ocurriendo con su Banco de confianza, sin entender como todos sus productos, incluyendo dos cuentas corrientes se habían cerrado sin aviso alguno, por lo que frente a la falta de información, y a la enérgica solicitud de la recurrente, la ejecutiva del Banco Santander nombre reservado finalmente le informa que el cierre de sus productos fue el día 28-08-2025, y las notificaciones debieron haber llegado a su correo electrónico, ya que dicho aviso se hace de manera centralizada, luego, con fecha 30 de agosto de 2025 se recibe en el domicilio de su representada, una supuesta carta del Banco Santander informando el cierre, sin firma, sin correo certificado, fechada el 30 de mayo de 2025, fecha en que no existía problema alguno con los productos, inversiones y dineros en cuenta corriente. En ese momento la recurrente se comunica con su ejecutiva nombre reservado solicitando una explicación por lo ocurrido ya que no tenía deudas impagas y nadie se lo informó, añadiendo que la fecha indicada en la carta no es coherente con lo sucedido y con lo informado por los mismos ejecutivos, evidenciando un desorden monumental que afecta a mi representada, pues nunca ha tenido certeza de nada respecto del Banco Santander frente a la ocurrencia de estos lamentables hechos, además el 2 de septiembre de 2025 su representada envía un correo señalando que le habían ofrecido desde el Banco un descuento en la tasa del hipotecario.

Sostiene que además de no cumplir con las formalidades mínimas de una carta, en ella se indica que “debido a obligaciones impagas que actualmente mantiene con Banco Santander procederemos al cierre de sus productos en un plazo de 15 días contados desde el envío de esta carta de aviso”, afirmando que la cuestionada carta solo devela el ánimo evidente de perjudicar a su representada, evidenciando las contradicciones internas de la recurrida, pues no indica a qué obligaciones se refiere, ya que su representada ha mantenido un comportamiento ejemplar durante más de una década respecto del crédito hipotecario y por más de tres décadas respecto de su primera cuenta corriente.

Refiere que frente a los hechos expuestos y habiendo transcurrido casi una semana sin saber lo ocurrido, pese a las insistentes gestiones, su representada envía una serie de correos electrónicos con fecha 1, 2 y 3 de septiembre de 2025, solicitando reuniones con los ejecutivos del Banco Santander, en dichos correos electrónicos, su representada, expone y reitera, en resumen, lo siguiente: Que el trato recibido es vejatorio. Que sus tarjetas no se encuentran operativas. Que sus cuentas corrientes se encuentran cerradas. Que logra rescatar sus dineros en cuentas corrientes ($26.991.395.-), pero el banco le exige que se lo lleve en efectivo, fuera de todo horario bancario, sin tener donde depositarlo.

Sostiene que el crédito hipotecario celebrado con el banco ha dejado de pagarse de forma automática, en los meses de julio y agosto de 2025, negándose a recibir un pago manual, en circunstancias que dichos dividendos han sido pagados en forma sistemática, sin mora, por largos 16 años, estimando que con ello el Banco se autogestiona un supuesto incumplimiento obligacional, con la sola finalidad de causar daño mediante la ejecución forzada y posterior remate de la propiedad hipotecada, añadiendo que frente a tales peticiones y después de una semana de los hechos, los ejecutivos del Banco se limitaron a responder que entienden totalmente su malestar, pero que en ese momento no tenían una solución y una respuesta a lo sucedido siendo necesario revisarlo con las áreas correspondiente para que le entreguen una respuesta formal.

Estima que existe una negativa ilegal y arbitraria a recibir pagos, una aceleración arbitraria y cobro ejecutivo injustificado del mutuo hipotecario, toda vez que su representada celebró un contrato de mutuo hipotecario con Banco Santander, con fecha 11 de diciembre del año 2000, para la compra en comunidad de una vivienda. El crédito considera 240 cuotas iguales, mensuales y sucesivas, que se pagan de forma automática contra su cuenta corriente, que dichas cuotas se han pagado religiosamente durante 16 años, de manera que sorprende la actitud del Banco al interrumpir el pago automático de las cuotas correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2025, sin motivo alguno, destacando que la última cuota del crédito vence en Julio de 2029 y que dada la nula información del Banco se presumió que las cuotas de Julio y agosto de 2025 de dicho crédito, se dejaron de pagar por mera arbitrariedad e ilegalidad del Banco Santander, con el solo objeto de acelerar la ejecución, ya que a tales fechas su representada mantenía en su cuenta importantes sumas de dinero para el debido y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, tal como se devela con las cartolas que se acompañan, no permitiendo el Banco el pago manual de dichas cuotas, es decir, fuerza un incumplimiento no requerido ni aceptado por su representada, citando un caso similar en sentencia pronunciada en causa Rol 4782-2025 por la Corte Suprema, indicando que si su representada tuviera otras deudas con el mismo Banco (que no las tiene), tampoco podría negársele su derecho a pagar y liberarse de la obligación, tal como se sostuvo en causa rol Nº9707-2025 de la Corte Suprema.

Manifiesta que pese a todo, con fecha 10 de septiembre de 2025 el ejecutivo de recuperaciones del Banco Santander don nombre reservado le manifiesta vía WhatsApp que el Banco va a perseverar en la ejecución forzada, de acuerdo a la causa ROL 6926-2025 del 16º Juzgado Civil de Santiago, demanda que hasta la fecha no ha sido notificada a su representada, visualizando a lo menos dos actos arbitrarios e ilegales, a saber: 1) el cierre unilateral de las cuentas corrientes y productos asociados; 2) la negativa a recibir pagos, y la consecuente aceleración y cobro judicial del mutuo hipotecario.

Considera que el banco Santander ejecutó una serie de actos ilegales y arbitrarios como cerrar cuentas sin previo aviso, sin fundamento alguno, cuestión que ha sido especialmente reconocida por nuestra Corte Suprema en causas Roles Nº37.039-2021, Nº29.548-2021, Nº28.285-2025, entre otras. Por su parte, al negarse a recibir pagos incurre en un acto ilegal y arbitrario, pues transgrede las normas civiles de los artículos 1594 y 1596 del Código de Bello, tal como ha sido reconocido por la jurisprudencia en diversas causas, tales como Nº4.239-2025, Rol, Nº4782-2025, Rol Nº9.707-2025, todos de la Corte Suprema, pues impide al deudor liberarse de su obligación, forzando una mora artificial. Agrega que al afectar fondos públicos de investigación científica (FONDECYT), la actuación del banco no solo vulnera derechos particulares, sino también compromete el interés público, al obstaculizar políticas públicas de investigación científica, por lo que el Banco infringe normas específicas de la ley 19496 sobre consumidor financiero, especialmente su derecho a ser informado de acuerdo al artículo 3 y 3 bis.

En cuanto a garantías constitucionales vulneradas, afirma que la conducta de la recurrida vulnera el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que las actuaciones de la recurrida han desbancarizado a su representada, no puede pagar sus cuentas personales y comerciales asociadas a las tarjetas de crédito y débito, además de vulnerar su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de ejecución, entre otras manifestaciones de infracción a garantías constitucionales ya expuestas, citando jurisprudencia acorte con esta interpretación, estimando que estas actuaciones no solo perturban el derecho de dominio, sino que además amenaza la libertad de goce y uso del patrimonio del recurrente, debiendo corregirse el imperio del derecho. Agrega que se vulnera la garantía consagrada en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho de igualdad ante la ley, discriminando a una persona que por más de 35 años fue cliente del Banco, con una conducta intachable, dejándola a la deriva, ya que mantenía solo productos en Banco Santander. Sostiene que se vulnera la garantía consagrada en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la integridad psíquica de su representada, ya que las actuaciones del Banco han vulnerado la tranquilidad de la recurrente, afectando su salud psíquica, primero porque de un momento a otro se ve desprotegida por la institución de su confianza, en la que mantenía sus ahorros de toda una vida, y en segundo lugar, por el trato, la forma y manera de cursar la decisión de cerrar todo tipo de cuentas y productos Bancarios, generando un enorme desconcierto y aflicción tanto por el hecho en sí mismo, como por los problemas conexos (incumplimientos con suscripciones y compras en el comercio) que le trae aparejado el acto ilegal y/o arbitrario del Banco Santander. Expone que también existe vulneración a la garantía consagrada en el número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la desarrollar actividades económicas, toda vez que al cerrar las cuentas y desbancarizar a la recurrente, no puede desarrollar una actividad económica sin el apoyo de una institución financiera.

Finalmente, termina solicitando que se tenga por interpuesto Recurso de Protección en contra del Banco Santander representado por nombre reservado, ya individualizados, y, en definitiva, acogerlo, adoptando las medidas que estime conveniente esta Corte para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías vulneradas, y en especial, se resuelva:

1.- Declarar que el cierre unilateral de las cuentas corrientes Nº[cuenta reservada] y Nº7357903 del Banco Santander y cuyo titular es doña nombre reservado, ha sido ilegal y/o arbitrario, vulnerando las precitadas garantías constitucionales;

2.- Dejar sin efecto el cierre de las cuentas corrientes mencionadas, y de todos los productos asociados a ellas, ordenando al Banco Santander la reapertura de las mismas y la generación de nuevos productos (tarjetas de crédito y débito), en el plazo de 5 días desde que el fallo quede ejecutoriado, y abstenerse de incurrir en actos similares en el futuro;

3.- Declarar que la negativa de recibir el pago de los dividendos del crédito hipotecario de doña nombre reservado, es ilegal y/o arbitraria, vulnerando las precitadas garantías constitucionales;

4.- Ordenar al Banco Santander permitir y facilitar el pago de los dividendos del crédito contratado por doña nombre reservado, exento de interés moratorio respecto del periodo en que unilateralmente impidió su pago;

5.- Ordenar al Banco Santander suspender toda acción judicial en curso respecto del crédito hipotecario celebrado con la recurrente, mientras no existe incumplimiento real e imputable a doña nombre reservado.

6.- Cualquier otra medida tendiente a reestablecer el imperio del derecho;

7.- Que se condena en costas al recurrido.

A folio 18, comparece el abogado Tomás Meléndez Moraga, en representación de Banco Santander Chile, quien evacúa informe señalando que el 11 de diciembre de 2000 la recurrente y don nombre reservado celebraron un contrato de “Compraventa, Mutuo e Hipoteca” con el Banco Santander-Chile, por medio del cual su representada les dio en préstamo y les entregó 2.365,6 Unidades de Fomento, con el objetivo de proveer fondos para comprar la propiedad ubicada en calle nombre reservado 2636, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, añadiendo que según lo pactado en la cláusula decimoséptima del contrato referido, una de las causales por las cuales se consideraría vencido el plazo de la deuda del mutuo, facultando al banco a exigir el inmediato pago de la suma a que estuviera reducida, es la siguiente: “d) Si el deudor cae en insolvencia, entendiéndose configurada esta situación por el solo hecho de cesar en el pago de una obligación de dinero para con cualquier acreedor y sin perjuicio de que se acredite la insolvencia por otros medios aptos”.

Señala que el 22 de noviembre de 2001 don nombre reservado suscribió a la orden del banco un pagaré por la suma de $4.536.000, más un interés del máximo convencional que la ley permite estipular que se devengaba desde la mora y hasta el día de pago de todo lo adeudado, y que vencía el día 19 de noviembre de 2020, sin embargo, atendido que don nombre reservado no pagó la obligación consignada en dicho pagaré, el 5 de agosto de 2021 Banco Santander Chile demandó su cobro en el juicio ejecutivo rol C-6634-2021 del 27ºJuzgado Civil de Santiago, en el cual obtuvo sentencia favorable el 9 de febrero de 2023, que está firme y ejecutoriada desde el 4 de abril de 2025, fecha en la que se dictó la resolución que ordenó cumplir la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó la apelación de don nombre reservado, relatando que el día 19 de mayo de 2025 Banco Santander Chile demandó ante el 16º Juzgado Civil de Santiago, con el rol C-6926-2025, el cobro del mutuo hipotecario vencido en virtud de la cláusula de aceleración referida, que el 30 de mayo de 2025 Banco Santander Chile envió a la recurrente la carta que le comunicaba que, en 15 días contados desde su envío, el banco cerraría sus productos debido a las obligaciones impagas que tenía, agregando que el 28 de agosto de 2025 Banco Santander Chile cerró los productos de la recurrente.

En cuanto a la legalidad de la negativa de Banco Santander Chile a recibir pagos del recurrente, sostiene que tal como consta en décima séptima cláusula del contrato de mutuo referido, las partes pactaron una cláusula de devengamiento anticipado si la recurrente o don nombre reservado cesaban “en el pago de una obligación de dinero para con cualquier acreedor”, por lo tanto, desde el 4 abril de 2025, fecha en que estuvo firme y ejecutoriada la sentencia dictada en la causa C-6634-2021 del 27ºJuzgado Civil de Santiago seguida contra don nombre reservado, Banco Santander Chile estuvo facultado a exigir, indicando que al respecto, el art. 1591 del Código Civil que “El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria; y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban”, de manera que el Banco Santander Chile no está obligado a aceptar pagos parciales y atendido que la recurrente alegó en su recurso que Banco Santander Chile se habría negado a recibir el pago de los dividendos en cuestión, resulta claro que esta negativa no es en absoluto ilegal, sino que está amparada precisamente en la norma reproducida, puesto que desde el 4 de abril de 2025 Banco Santander Chile está facultado a exigir el monto total del mutuo que contrató con la recurrente y don nombre reservado, de manera que Banco Santander Chile no ha cometido ninguna ilegalidad, haciendo presente que a la recurrente le asiste el derecho a pagar por consignación según las reglas y el procedimiento establecido en los artículos 1598 y siguientes del Código Civil.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad de Banco Santander Chile al negarse a recibir pagos parciales, está amparada en el art. 1591 del Código Civil, se sustenta en la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado del mutuo que suscribieron la recurrente y don nombre reservado con Banco Santander Chile, y que los hizo deudores, cada uno, del total del monto insoluto de dicho mutuo, por lo que no se observa una negativa antojadiza o caprichosa, sino que el libre ejercicio del derecho de cualquier acreedor de optar por el cobro judicial antes que recibir pagos parciales que no está obligado a recibir, estimando que se aprecia que Banco Santander Chile no ha cometido ningún acto arbitrario, argumentando que la legalidad del cierre de los productos de la recurrente no es, bajo ningún respecto, un acto ilegal o arbitrario, ya que se trata de una facultad contractual, esto es, en los contratos de cuenta corriente suscritos entre la recurrente y Banco Santander Chile, acompañados en el otrosí, consta la cláusula de término anticipado por el Banco.

En lo referente a la normativa sectorial, señala que el apartado II., N°10 del Capítulo 22 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reconoce expresamente la posibilidad de poner término al contrato de cuenta corriente de manera unilateral de cualquiera de las partes del contrato de cuenta corriente, lo que no es más que una aplicación concreta del elemento de confianza que rige este tipo de relaciones contractuales, cuestión, que conforme la jurisprudencia de los nuestros tribunales superiores de justicia, importa que el contrato de cuenta corriente sea de aquellos que se denominan “intuito personae”, de manera tal que poner término al contrato de cuenta corriente corresponde a una facultad legal de las partes del mismo, citando al efecto el inciso primero del art. 1 del D.F.L. 707 de 1982, expone claramente la naturaleza del contrato de cuenta corriente “La cuenta corriente bancaria es un contrato a virtud del cual un Banco se obliga a cumplir las órdenes de pago de otra persona hasta concurrencia de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado” Considerando que el contrato de cuenta corriente verdaderamente es una especie de mandato en que el banco tiene la calidad de mandatario del cuenta correntista, por lo que de acuerdo a lo establecido en el art. 2163 del Código Civil, el contrato de cuenta corriente puede terminar por la mera renuncia del banco: “Art. 2163. El mandato termina: […] 4.º Por la renuncia del mandatario.” Manifiesta que otro ejemplo del carácter “intuito personae” de este tipo de contrato es la facultad que el art. 6 del Decreto con Fuerza de Ley N°707 de 1982 otorga a los bancos en el marco del contrato de cuenta corriente: “Artículo 6°.- El 30 de Junio y el 31 de Diciembre de cada año, el Banco podrá cerrar las cuentas corrientes de crédito que arrojen saldo a su favor y que no hayan tenido movimiento durante los dos últimos semestres”, citando un fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago, el 19 de febrero de 2021 en la causa Protección-92218-2020.

Estima que su representada, al igual que cualquier otra institución bancaria, está facultada legal y contractualmente a poner término al contrato suscrito con sus clientes en caso de estimarlo adecuado en atención al carácter intuito personae del contrato de cuenta corriente, agregando que el Banco Santander Chile envió la respectiva carta de aviso que informaba los motivos del cierre, por lo que se aprecia que nuestra representada no cometió ningún acto ilegal o arbitrario, requisito indispensable para ejercer la acción de protección, puesto que solo ejerció las facultades legales y contractuales que le permitían negarse a aceptar pagos parciales y terminar su relación contractual con la recurrente, señalando que de todo lo anterior se desprende que Banco Santander Chile no forzó ningún incumplimiento de la recurrente, ya que la falta de pago de las cuotas de julio y agosto de 2025 no gatillaron la cláusula de vencimiento anticipado pactada en el mutuo referido, sino que fue la deuda morosa de don nombre reservado, codeudor de dicho mutuo, la cual fue ratificada por la sentencia que estuvo firme y ejecutoriada recién en abril de 2025.

Argumenta que no existe un derecho indubitado de la recurrente, toda vez que el acto que impugna no es más que el derecho legal de todo acreedor a no recibir pagos parciales del total adeudado y el derecho contractual, sectorial y legal del banco a cerrar unilateralmente las cuentas, lo implica necesariamente el rechazo de la acción de protección que se ventila en estos autos, ya que, según la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia, uno de los requisitos de la misma es que el derecho que ejerza sea indubitado, citando un fallo dictado el 30 de abril de 2014 en la causa Protección 5826-2014, esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que atendido que la recurrente impugna el libre ejercicio de Banco Santander Chile del derecho contemplado en el art. 1591 del Código Civil y del derecho contractual y legal del banco a poner término unilateral a los contratos de cuenta corriente, resulta forzoso concluir que la recurrente no cuenta con un derecho indubitado que merezca amparo en sede de protección, por lo que necesariamente deberá rechazarse.

Afirma que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto de autos, toda vez que este conflicto gira en torno a un evidente incumplimiento contractual del recurrente, controversia jurídica que, de todas formas, amerita un procedimiento de lato conocimiento que incluya una etapa probatoria que permita a las partes acreditar los hechos que sostienen sus pretensiones, por lo que la resolución por vía cautelar ha perdido su objeto, y por lo demás pronunciarse anticipadamente sobre un asunto controvertido que debe ser conocido en un procedimiento de lato conocimiento, transforma la naturaleza cautelar del recurso de protección en una declarativa, solicitando finalmente, que se tenga por evacuado oportunamente el informe solicitado y, en su mérito, se rechace, con costas, el recurso de protección deducido.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, el acto contra el cual se recurre en el caso sublite es el cierre unilateral por parte del banco Santander de los productos bancarios que la recurrente mantenía con el banco recurrido, entre ellas una cuenta corriente y tarjetas de crédito.

CUARTO: Que, en primer lugar, no hay discusión que entre las partes existía una relación contractual donde la recurrente mantenía ciertos productos bancarios en la entidad recurrida.

QUINTO: Que, también cabe consignar como un hecho relevante la circunstancia que la recurrente, al día de la comunicación efectuada por el banco recurrido no tenía deudas pendientes incumplidas. Por su parte, don nombre reservado, codeudor con la actora en un crédito hipotecario que mantenían se encontraba en mora.

Dicha situación fue reafirmada por la recurrida quien aduce que a propósito de dicho incumplimiento ha acelerado el cobro de la deuda hipotecaria que mantienen tanto la recurrente como don nombre reservado.

SEXTO: Que, la misiva remitida a la actora y que aparece transcrita por la propia recurrida refiere como razón del cierre de todos los productos bancarios “debido a las obligaciones impagas que actualmente mantiene con Banco Santander”.

Luego, dicha afirmación resulta en este contexto a lo menos vaga e imprecisa, toda vez que la recurrente se mantenía al día en sus pagos pendientes en relación con los productos que mantenía y no fue sino hasta que el banco comenzó a negar la recepción de los pagos del crédito hipotecario que la recurrida incumplió con sus obligaciones contractuales.

No debe perderse de vista tampoco, que la actora mantenía diversas cuentas y productos financieros todos los que fueron cerrados unilateralmente por el Banco recurrido, por una morosidad ajena a la recurrente lo que le ha ocasionado diversas dificultades e imprevistos.

SÉPTIMO: Que no se desconoce que la entidad financiera se encuentra facultada para poner término a productos bancarios en virtud de los contratos suscritos y conforme a sus políticas internas, sin embargo, dicha decisión, que proviene de un órgano que administra bienes ajenos y afecta el ejercicio de derechos económicos fundamentales, debe observar un estándar mínimo de justificación al menos en cuanto a comunicar al recurrente los motivos específicos del cierre, de modo que pueda ejercer en forma efectiva su defensa o cuestionar su procedencia.

OCTAVO: Que, luego entonces, la razón esgrimida por el banco para darle término al contrato al ser del todo inexacta, trasunta en arbitraria, por cuanto carece realmente de una razón valedera por la cual dar término a sus obligaciones contractuales, dándoles término por su mero capricho.

NOVENO: Que, dicho actuar arbitrario, implica una afectación ilegítima del derecho de propiedad del recurrente, en la medida en que impide comprender las razones concretas que justifican el término unilateral del vínculo contractual vigente al momento de los hechos, desencadenando una serie de consecuencias económicas para la recurrente, sin posibilidad real de respuesta ni reclamo específico.

DÉCIMO: Que, de esta forma, habiéndose constatado un actuar arbitrario del banco recurrido, el que lesionó un derecho fundamental de la recurrente, se acogerá el recurso en los términos que se dirán a continuación:

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido a folio 1, y en consecuencia, se deja sin efecto el cierre de las cuentas corrientes de la recurrente y de los productos asociados a ellas, se ordena al Banco Santander su reapertura, retrotrayéndose al estado de mantenerse vigente todas ellas.

Se regulan las costas personales en la suma de $700.000.- Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Cristian Marcelo Carvajal De Vicenzi.

Rol N° Protección-3561-2025 (pvb).