nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dieciocho de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece Catalina Franco Boke, abogada, en representación de nombre reservado, abogado, C.I. RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Juez Titular del TRIBUNAL TRIBUTARIO Y ADUANERO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, conforme a los antecedentes de hecho y derecho que expone.

Señala que, don nombre reservado, dedujo ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Araucanía (en adelante “TTA”), un reclamo en contra del avalúo fiscal determinado en la tasación general del año 2022, de un bien raíz de su propiedad, rol 307-469 de la comuna de Villarrica.

Expresa que, el reclamo se fundó en que el predio se encuentra afecto a una prohibición de edificar por emplazarse en una zona de riesgo, minusvalía que no fue considerada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y por sentencia de fecha 31 de mayo de 2024, el TTA acogió la reclamación, ordenando al SII aplicar un coeficiente excepcional de 0,7 sobre el avalúo del inmueble para reflejar la minusvalía alegada.

Indica que, en contra de dicha sentencia, el SII dedujo recurso de apelación, al cual nuestra parte adhirió. El TTA concedió ambos recursos y, mediante Oficio Ordinario N° 45- 2024, de 27 de junio de 2024, remitió los antecedentes al Tribunal Especial de Alzada de los Bienes Raíces de la Segunda Serie para su conocimiento y fallo.

Hace presente que, es un hecho público y notorio que el referido Tribunal Especial de Alzada, si bien fue contemplado en la legislación aplicable a la época de la interposición del reclamo (artículos 121 y 152 del Código Tributario, hoy derogados), nunca fue materialmente constituido en esta región.

Precisa que, aunque esta Iltma. Corte designó al ministro que le correspondía integrarlo (Sr. nombre reservado), la autoridad ejecutiva omitió el nombramiento de los demás miembros, impidiendo su instalación y funcionamiento. En la práctica, y para todos los efectos legales, dicho tribunal es inexistente.

Manifiesta que, esta situación genera un vacío procesal insalvable: los recursos de apelación han sido remitidos a un órgano que no existe y que por ende no puede ejercer jurisdicción, lo que paraliza indefinidamente la causa e impide que los recursos interpuestos en contra de la sentencia puedan ser conocidos y resueltos, dilatando indefinidamente la resolución del asunto sometido al conocimiento del TTA.

Señala que, con fecha 25 de agosto de 2025, solicitaron formalmente al Tribunal Tributario y Aduanero que, enmendando el procedimiento, remitiera los antecedentes a esta Iltma. Corte de Apelaciones, único tribunal competente para resolver la apelación respectiva y mediante resolución de fecha 26 de agosto de 2025, el juez recurrido denegó implícitamente su solicitud, conforme a resolución que inserta y reproduce.

Expone que, esta resolución constituye el acto ilegal y arbitrario que se impugna. Es ilegal, pues contraviene el principio de inexcusabilidad (art. 76 CPR), que obliga al juez a remover los obstáculos procesales para garantizar la tutela judicial. Y es arbitraria, pues carece de fundamento racional al ignorar el criterio de solución de sus superiores jerárquicos, insistiendo en la remisión a un órgano inexistente.

Agrega que, la actuación del recurrido vulnera los derechos de igualdad ante la ley (Art. 19 N°2 de la Constitución Política de la República); el derecho a ser juzgado por el tribunal que señale la ley (Art. 19 N°3, inciso quinto CPR); y el derecho de propiedad (Art. 19 N°24 CPR).

Conforme a lo expuesto, solicita acoger el recurso y ordenar al recurrido remitir los antecedentes de la causa RUC 22-9-RUT reservado, RIT AB-08-00019-2022, seguida ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de la Araucanía, a esta Iltma. Corte para que, como tribunal ordinario de alzada, conozca y resuelva los recursos de apelación pendientes.

Acompaña a su presentación, los siguientes documentos:

1. Sentencia definitiva dictada con fecha 31 de mayo de 2024 por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de la Araucanía.

2. Oficio N° 45-2024 del 27 de junio de 2024, que remite las apelaciones al Tribunal Especial de Alzada.

3. Escrito presentado con fecha 25 de agosto de 2025 al Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de la Araucanía.

4. Resolución de fecha 26 de agosto de 2025 del Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de la Araucanía.

5. Sentencia Rol 9-2025 de la Corte de Apelaciones de Temuco.

6. Sentencia Rol 20286-2025 de la Corte Suprema.

A folio 10, evacúa informe el Juez recurrido señalando en síntesis que, el Tribunal Especial de Alzada de los Bienes Raíces existe legalmente pues su creación y funcionamiento están previstos en el Código Tributario (artículos 121 y 152 en su texto vigente antes de la Ley N° 21.713) y se mantiene reconocido por el ordenamiento jurídico. El hecho de que dicho tribunal especial no se encuentre actualmente constituido en esta Región no implica su inexistencia jurídica, sino que corresponde a una situación devacancia administrativa cuya resolución corresponde a los órganos encargados de su integración y no a este Tribunal Tributario y Aduanero. Si bien la Ley N° 21.713 derogó el procedimiento especial de reclamos de avalúos de bienes raíces, su artículo 1° transitorio N° 4 establece expresamente que los procedimientos iniciados de conformidad con el régimen anterior continuarán su tramitación judicial conforme a las normas vigentes a la fecha de su inicio. En tal sentido, el reclamo RIT AB-08-00019-2022 fue interpuesto con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, por lo cual este Tribunal actuó conforme a la regla transitoria citada, remitiendo las apelaciones al Tribunal Especial de Alzada que el propio Código Tributario contempla.

Precisa que, no existe resolución alguna emanada de los Tribunales Superiores de Justicia que haya instruido a este Tribunal Tributario y Aduanero remitir apelaciones directamente a la Corte de Apelaciones de Temuco. Los fallos que la recurrente cita corresponden a situaciones particulares y, en ningún caso, constituyen instrucciones generales o vinculantes que alteren la competencia legalmente establecida. En consecuencia, este Tribunal no se encontraba habilitado para disponer una remisión distinta de la prevista por la ley.

Expresa en cuanto a la resolución pronunciada en la causa RIT AB-08-00019-2022 que el recurrente califica como el acto ilegal y arbitrario, que ésta se limitó a proveer la solicitud del contribuyente que pide corregir la resolución cuya fecha no indica y que se ordene remitir los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, haciéndose presente al solicitante que el expediente no se encontraba en poder del Tribunal por haber sido remitido previamente a la secretaría del Tribunal Especial de Alzada de Bienes Raíces de la Segunda Serie mediante Oficio N° 45, de fecha 27 de junio de 2024. En consecuencia, nunca existió negativa de pronunciamiento sobre el fondo de la solicitud del contribuyente, sino una mera constatación de un hecho objetivo: la imposibilidad material de resolver mientras los antecedentes no se encontraran en el tribunal. Al respecto, el propio reclamante no realizó ninguna gestión posterior destinada a instar por un pronunciamiento de fondo o requerir la devolución del expediente, lo que evidencia que no ha existido ni denegación de justicia ni actuación arbitraria que se pueda atribuir a este Tribunal.

Refiere que, el acto impugnado consiste en una providencia de fecha 26 de agosto de 2025, que dispone: “Atendido que el expediente de autos fue remitido a la secretaría del Tribunal Especial de Alzada de Bienes Raíces de la Segunda Serie mediante Oficio N° 45, de 27 de junio de 2024, para proveer venga con sus antecedentes.”

Indica que, este pronunciamiento no contiene una decisión sobre el fondo de lo solicitado por el contribuyente ni implica negativa de conocer o resolver; se trata de una providencia de mero trámite cuyo objeto fue dejar constancia de una situación de hecho objetiva, esto es, que el expediente no se encontraba en poder del tribunal porque ya había sido remitido al órgano de alzada competente conforme a la ley vigente al inicio del procedimiento (artículo 1° transitorio N° 4 de la Ley N° 21.713).

Finalmente señala que, conforme lo expuesto, el acto recurrido no constituye una denegación de justicia ni vulnera el principio de inexcusabilidad del artículo 76 de la Constitución Política de la República.

A folio 7, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar protección.

SEGUNDO: Que del tenor del recurso se desprende que el acto recurrido consistiría en la resolución de fecha 26 de agosto de 2025, mediante la cual el Juez recurrido, denegó implícitamente la solicitud del recurrente de remitir los antecedentes de una apelación a esta Ilustrísima Corte, ante la supuesta inexistencia del Tribunal Especial de Alzada de los Bienes Raíces de la Segunda Serie.

TERCERO: Que, para resolver la presente acción constitucional, es menester tener en consideración que la Ley N°21.713, publicada en el Diario Oficial con fecha 24 de octubre de 2024, derogó el artículo 121 del Código Tributario, que establecía la existencia de los Tribunales Especiales de Alzada para conocer los asuntos de reclamaciones de avalúos de predios, y además modificó el procedimiento de reclamación de avalúos de bienes raíces, estableciendo como regla genérica que dichos reclamos deben tramitarse a través del procedimiento general de reclamaciones regulado en dicho cuerpo legal.

Asimismo, la ley señalada, dejó claramente establecido -en el artículo primero transitorio N°4- que sin perjuicio de esta modificación los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva normativa continuarán su tramitación conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

CUARTO: Que, en el caso en estudio, consta que el reclamo de avalúo fue interpuesto con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley N°21.713, por lo que resulta plenamente aplicable el régimen jurídico anterior, incluyendo la norma del artículo 152 del Código Tributario que establece que las apelaciones contra las resoluciones definitivas de los Tribunales Tributarios y Aduaneros deben ser conocidas por el Tribunal Especial de Alzada. En consecuencia, corresponde declarar que el conocimiento del recurso de apelación deducido correspondía a la competencia del referido Tribunal Especial.

Sin embargo, el hecho de no haberse conformado dicho Tribunal, con anterioridad a la entrada en vigor de las modificaciones legales sobre procedimiento o de existencia del tribunal de alzada, no convierte la situación en inexistencia del “juez natural” en los términos del artículo 19 N°3 inciso 5 de la Constitución Política de la República, que exige que toda persona sea juzgada por un tribunal previamente establecido por la ley.

Asimismo, es necesario recordar la regla de la radicación procedimental, en cuanto estando radicado el asunto en un tribunal, inmediatamente queda definida la competencia del tribunal inmediatamente superior para resolver las impugnaciones que se planteen respecto de las decisiones de primera instancia, y en este caso el tribunal superior era el Tribunal Especial de Alzada, el cual, a la fecha de interposición del recurso de apelación teóricamente seguía siéndolo, en virtud de la ultraactividad de la ley derogada, dispuesta en la mención del articulo 1 N°4 transitorio de la Ley N°21.713 de que todos los procedimientos ya iniciados se regirán por la antigua normativa.

QUINTO: Que, no obstante haber sido la decisión del Juez recurrido ajustada a la legalidad vigente, ella se torna en arbitraria por cuanto la inexistencia material del Tribunal de Alzada establecido en la ley, deja en la indefensión al recurrente, vulnerando en consecuencia el principio de inexcusabilidad y los derechos fundamentales del afectado.

La obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución debe atender a cada situación en función de las particulares necesidades de protección de las personas, por lo que se deben tomar las medidas necesarias, dentro del ámbito de sus atribuciones, para prevenir o evitar ese riesgo, y el no hacerlo así importa una arbitrariedad, como ya se dijo.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, existe actualmente un antecedente nuevo, constituido por la ley 21.806, de 5 de febrero de 2026, en su artículo Artículo 107, modifica ley N° 21.713 sustituyendo el numeral 4 del artículo primero transitorio por el siguiente: “4. Los procedimientos iniciados de conformidad con el párrafo primero del Título III del Libro III antes de la entrada en vigencia de la presente ley continuarán su tramitación en primera instancia según las normas vigentes a la fecha de inicio del procedimiento. Sin embargo, la apelación de las resoluciones será de competencia de la Corte de Apelaciones respectiva.

Los recursos que estén conociendo los Tribunales Especiales de Alzada al momento de la entrada en vigencia de la presente ley serán remitidos a la Corte de Apelaciones respectiva para su conocimiento y fallo, salvo en cuanto estén en estado de fallo, caso en el cual deberá dictar la sentencia dicho Tribunal Especial de Alzada.

En todo caso, los Tribunales Especiales de Alzada conservarán competencia para proveer los recursos de casación que se interpongan ante ellos con motivo de sus fallos y conocer de los recursos de aclaración, rectificación y enmienda relacionados con sus sentencias.".

Esta norma determina legalmente la competencia de esta Corte de Apelaciones para conocer del recurso de apelación deducido por la recurrente, norma que rige in actum y que zanja definitivamente la controversia planteada entre las partes, ratificando la tesis jurisprudencialmente sostenida en orden a que es este tribunal ordinario al cual debió enviarse el recurso de apelación deducido por la recurrente de autos.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la Republica y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Juez Tributario y Aduanero referido, disponiendo que éste deberá remitir los antecedentes de la causa RUC 22-9-RUT reservado, RIT AB-08-00019-2022, seguida ante ese Tribunal, a esta Iltma. Corte para que conozca y resuelva los recursos de apelación pendientes.

Redacción del ministro (S) Sr. Robinson Villarroel Cruzat.

Regístrese y archívese.

N°Protección-3560-2025. (cwm)