nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece el abogado EDUARDO FERNÁNDEZ ARRIAGADA, con domicilio en domicilio reservado de esa ciudad, en representación de don nombre reservado, , empresario, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Temuco, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por su alcalde don ROBERTO NEIRA ABURTO, ambos con domicilio en domicilio reservado, en razón de los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

Refiere que su representado se dedica al rubro de aseo domiciliario y servicio de recolección de residuos domésticos y municipales, barrido de calles en la Comuna de Padre Las Casas y de Loncoche. En el ámbito de su giro, debe proceder a la recolección de los residuos domésticos generados en tales comunas y depositarlos en los vertederos habilitados para ello en otros lugares del país.

Para acreditar lo anterior, acompaña copia de contrato de fecha 21 de febrero de 2019 por la cual se encarga a su representado el “Servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, residuos públicos, residuos voluminosos y barrido de calles con disposición final, comuna de Padre Las Casas”

Agrega que la actividad comercial ejercida por su representado es de suma importancia para la ciudad y otras comunas de la Región de la Araucanía, especialmente Padre Las Casas, y su paralización implica un grave daño ambiental y sanitario, difícilmente cuantificable por acumulación de los residuos sólidos, domiciliarios, y municipales por falta de barrido y limpieza de las calles, así como un altísimo riesgo para la generación de incendios y focos de fuego habida consideración de la actual situación del país.

Señala además, que su representado tiene oficinas administrativas, talleres mecánicos en que se guardan y reparan sus camiones y el recinto donde prestan sus servicios los trabajadores en domicilio reservado de Temuco; y, que a mediados del año 2022, en razón de su actividad económica, la Ilustre Municipalidad de Temuco le emitió un giro por derechos de patentes municipales impagas a contar del año 2011, adeudando según la recurrida, la cantidad de $429.933.375 (cuatrocientos veintinueve millones novecientos treinta y tres mil trescientos setenta y cinco pesos), según consta en certificado de deuda que acompaña.

Sostiene que consultada la recurrida por esta deuda, informó a su representada que solo existían dos vías para solucionar el asunto. La primera de ellas consistía en pagar la totalidad del monto adeudado, que correspondía a $429.933.375 y que su representada en caso alguno se encontraba en posibilidad de desembolsar; y, solicitar la prescripción de la deuda existente con la Municipalidad y una vez que hubiera sentencia firme y ejecutoriada que declarara que los folios prescritos no se adeudaban, descontar del total de la deuda el monto prescrito y pagar el saldo, ya sea de forma íntegra, ya sea mediante un convenio de pagos.

Se le informó asimismo que no existía posibilidad alguna de llegar a un convenio de pago respecto de montos, deudas o sumas que no estuvieran siendo controvertidas por la respectiva demanda de prescripción, de manera que el convenio de pago operaba como “todo o nada” en relación al certificado de deudas. Es decir, para llegar a un convenio de pago por la supuesta deuda morosa, la Municipalidad de Temuco exigía que su representado renunciara a la prescripción que podía alegarse y si así no lo hacía, se enfrentaría a un proceso de clausura.

Que atendido el hecho que el pago de las patentes y las acciones para perseguir su cobro eran susceptibles de ser prescritas, según lo informado por la propia municipalidad, con fecha 12 de septiembre del año 2022 se interpuso demanda en juicio ordinario de prescripción extintiva en contra de la Ilustre Municipalidad de Temuco, que se tramita actualmente ante el Primer Juzgado de Letras en Lo Civil de Temuco, cuyo rol es C-2768-2022.

En la referida causa, la Ilustre Municipalidad de Temuco reconvino por el pago de las patentes adeudadas y dicha reconvención fue desestimada debido a que el procedimiento de cobro de patentes municipales es uno de carácter ejecutivo y no puede ejercerse conjuntamente con una demanda en un procedimiento declarativo; y, hasta la fecha no se ha ejercido acción judicial alguna tendiente al cobro de las patentes supuestamente adeudadas.

Sostiene que en el juicio de prescripción referido, se acompañaron todas las probanzas necesarias para acreditar la extinción de la deuda, y con fecha 27 de enero del 2023 se citó a las partes a oír sentencia.

Con fecha 06 de febrero del 2023, a las 11.03 horas de la mañana, su representado recibió “acta de notificación de clausura” en que se informa: “Siendo las 11:03 horas del día 06 de febrero del año 2023, se procede a notificar y entregar copia del decreto nº 198 del 01 de febrero del 2023, correo correspondiente a la clausura de actividad comercial ubicada en domicilio reservado, que ejerce actividad económica de oficina administrativa de servicios de limpieza a nombre del contribuyente nombre reservado. RUT RUT reservado, PATENTE ROL 2-28168 La clausura se materializará el día viernes 10 de febrero del 2023 a las 10:00 horas por inspectores del departamento de rentas y patentes dependiente de la dirección de administración y finanzas, requiriendo para ello la colaboración de carabineros, si fuese necesario” 13.- El referido decreto alcaldicio en su parte resolutiva dispone: “DECRETO: Procédase a la clausura, por mora en el pago de la patente comercial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del DL. 3063 de 1979, al siguiente contribuyente y local comercial: Razón Social: nombre reservado RUT : RUT reservado Actividad : OFICINA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Domicilio Comercial : domicilio reservado. Temuco Rol : 2-38168”

Que la actuación de la Municipalidad recurrida, al disponer la clausura del recinto en donde funciona su representada mediante Decreto nº 198 de 01 de febrero de 2023, ha sido arbitraria e ilegal, debiendo esta Corte dejarla sin efecto y disponiendo lo que en derecho corresponda, a fin de que no se proceda a la clausura del recinto señalado en razón de lo siguiente:

El derecho.

El artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º , 12º , 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24 °, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes” y agrega que “procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”. De lo dicho se desprende que la acción de protección procede por acción u omisión, arbitraria o ilegal que importen la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías consagrados en esa norma.

Agrega que hasta la fecha no se ha procedido a la clausura efectiva del recinto donde funciona la empresa de su representado, pero se está ante una amenaza verosímil de vulneración de los derechos fundamentales.

Que la acción impugnada mediante este arbitrio es la dictación del Decreto Alcaldicio número 198 de fecha 03 de febrero del presente año que dispone la clausura, por mora en el pago de patentes, de las dependencias de su representado, lo que a su juicio conculca y amenaza conculcar (la clausura está fijada para el viernes 10 de febrero de 2023) los siguientes derechos:

1) Artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política de la República que dispone: “La Constitución asegura a todas las personas: 21º El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”

2) Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República que dispone: “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”

3) Artículo 19 Nº 3 inciso 5 de la Constitución Política de la República que dispone: “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. Solo mediante una ley se puede otorgar la potestad jurisdiccional”.

4) Artículo 19 Nº 8 de la Constitución Política de la República que dispone: “La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. En lo relativo al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, este derecho aparece infringido por el decreto impugnado en razón del contenido específico del mismo que mandata la clausura del recinto en que su representada ejerce su actividad económica y dispone la colocación de sellos y candados en la propiedad en que funciona el establecimiento comercial, sancionando o amenazando sancionar la rotura de los sellos y candados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del Código Penal y disponiendo que tal clausura continuará vigente hasta el pago de la deuda, cuestión que es abiertamente arbitraria como quiera que resulta imposible que su representado solucione o pague más de 400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos) si no se le permite ejercitar su actividad económica o comercial.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Temuco, representada por su alcalde el señor nombre reservado, previamente individualizado, acogerlo a tramitación y acogiéndolo, ordene dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio número 198 de 01 de febrero de 2023, notificado con fecha 06 del mismo mes, y en todo caso dejar sin efecto la orden de clausura de contribuyente y local comercial correspondiente a nombre reservado, previamente individualizado, con local comercial ubicado en domicilio reservado, con expresa condena en costas de la recurrida y en todo caso absolver a su parte del pago de las costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Decreto Alcaldicio Nº 198 de 01 de febrero del 2023 2.- Notificación de decreto Alcaldicio Nº 198 de fecha 06 de febrero del 2023 3.- Contrato de recolección de residuos domiciliarios celebrado por su representado y la Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas 4.- Fotografía de local comercial en que consta camión recolector de basura de su representado.

5.- Mandato otorgado por el recurrente al abogado compareciente.

6.- Ebook causa rol C-2768-2022 A folio 12 informa FEDERICO HÉCTOR CAMPOS SANDOVAL, Abogado, en representación de la Municipalidad de Temuco, Corporación Autónoma de Derecho Público, representada por su Alcalde don ROBERTO NEIRA ABURTO, quien dice:

El recurrente, ha recurrido en contra de su representada, impugnado el Decreto Alcaldicio N° 198 de fecha 01 de febrero de 2023, en el cual se dispuso la clausura del establecimiento comercial por el no pago de la patente comercial inherente a la actividad económica.

Hace presente, que el Decreto 198 se encuentra absolutamente fundado, y éste dice relación con el no pago del gravamen impuesto a la actividad económica.

En cuanto al supuesto acto arbitrario e ilegal refiere que según el artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales, toda actividad comercial, profesional, de alcoholes, cabaret, o de cualquiera otra actividad lucrativa, ejercida por una persona natural o jurídica debe pagar una patente municipal que lo habilita por un año para desarrollar tal actividad. Al cabo de ese periodo debe renovarse la patente, y para ello es menester que se haya verificado el pago del gravamen.

La interpretación correcta dice relación con la naturaleza jurídica de la patente, dado que es solo un “impuesto” que grava la actividad económica, y ésta a su vez, debe ser lícita; por ende, en cada renovación se deben verificar el cumplimiento de los requisitos legales.

Por su parte, el artículo 58 de La Ley de Rentas Municipales establece: “La mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el pago de lo adeudado.

Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes”.

Así, para estos efectos, se puede ver en el “Considerando” del Decreto cuestionado que se fundamenta precisamente la clausura por el no pago de la referida patente comercial, por lo tanto, no es arbitrario.

En consecuencia, el decreto alcaldicio 198 de fecha 01 de febrero de 2023, satisface el estándar de fundamentación exigido en los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, por cuanto explicita las motivaciones fácticas y normativas que le sirven de sustento.

En cuanto a las garantías vulneradas señala que el recurrente, ha señalado como infringido o violado el numeral 21, 24, N°3 inc. 5, y 8 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pero no desarrolla cuál derecho indubitado ingresado en su patrimonio está siendo vulnerado Dicha patente, es por esencia transitoria, debiendo ser renovada por expresa disposición de la Ley, todos los años, no entendiéndose incorporada de ninguna forma al patrimonio del recurrente, tanto es así, que no es transmisible y no existe una libertad absoluta para su traspaso.

Como consecuencia de lo anterior, el recurrente no tiene un derecho indubitado, que lo habilite para recurrir de protección, menos si no cumple con el pago de la misma También se ha señalado como infringido, el artículo 19 Nº 21, en cuanto se le habría violado el derecho a desarrollar una actividad económica, olvidando que dicho derecho, tiene como limitación, cual es el respeto de las normas legales que la regulen, siendo el pago de la misma, la condición para su mantenimiento.

En consecuencia, sería ilícito por parte de la entidad edilicia renovar una patente comercial, sin que se cumplan los requisitos legales, esto es, el pago del respectivo gravamen para ejercer una actividad económica Solicita tener por evacuado el informe y en definitiva rechazar el Recurso de Protección en todos sus partes, con costas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio SEGUNDO: Que el recurso de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos no controvertidos o indubitados.

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando carece de razonabilidad, de fundamentación suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho; y, será ilegal cuando no reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley, o no se atiene estrictamente a la normativa legal vigente TERCERO: Que el primer supuesto de la acción de protección se configura por la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que en la especie y al tenor de las alegaciones, se circunscribe a la notificación de clausura del establecimiento comercial del recurrente fundado en el no pago de la patente comercial respectiva, adeudando a la fecha de la notificación la suma de $429.933.375 (cuatrocientos veintinueve millones novecientos treinta y tres mil trescientos setenta y cinco pesos).

CUARTO: Que al evacuar su informe la Ilustre Municipalidad de Temuco, señala que el Decreto Alcaldicio N°198 de fecha 01 de febrero de 2023, que ordenó la clausura del local comercial, se ampara precisamente en la deuda por no pago de patente comercial que mantiene el recurrente, por lo que al estar debidamente fundamentado en dicha circunstancia y ampararse en lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales, no resulta ser ni ilegal ni arbitrario.

QUINTO: Que, en este orden de ideas, y no habiendo sentencia judicial que declare la prescripción de la deuda o haya operado a su respecto algún modo de extinguir las obligaciones, se entiende que se mantiene la deuda proveniente del no pago de la patente comercial a que se encuentra obligado el recurrente, pudiendo en consecuencia la Municipalidad recurrida ordenar la clausura del establecimiento comercial, conforme lo dispone el artículo 58 del DL 3063, que en su texto señala: “Artículo 58.- La mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el pago de lo adeudado.”

SEXTO: Que, conforme lo anterior, se descarta el reproche de ilegalidad o arbitrariedad denunciado por la recurrente, en atención a que la orden de clausura se sustenta desde el punto de vista fáctico, en la existencia de una deuda impaga, generada por el no pago de la respectiva patente comercial; y, desde lo normativo, en el ya citado artículo 58 del DL 3063 sobre Rentas Municipales, no existiendo además un derecho indubitado que deba ser amparado por la vía del presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia y en el artículo 58 del DL 3063 sobre Rentas Municipales, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por el abogado Eduardo Fernández Arriagada, en representación de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Temuco.

Regístrese y archívese.

Redacción de la ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

Protección-356-2023.(fcv)