nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, doce de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ - nombre reservado, en razón de los actos arbitrarios e ilegales consistentes en el rechazo de sus licencias médicas prenatal y postnatal, materializados mediante los pronunciamientos de fechas 28 de agosto y 05 de septiembre, ambos de 2025, fundado en los antecedentes y argumentos de hecho y derecho que expone:

I. LOS HECHOS 1. Con fecha 01 de agosto de 2024, ingresé a prestar servicios como procuradora para el estudio jurídico DEFENSUR SPA, R.U.T N° RUT reservado, en la ciudad de Temuco. Mi relación laboral, regida bajo vínculo de subordinación y dependencia, se formalizó mediante contrato de trabajo, modificándose la jornada de trabajo con su respectivo anexo de fecha 01 de enero de 2025, cumpliendo en definitiva una jornada de 42 horas semanales.

2. En el ejercicio de mis funciones, mi empleador ha cumplido con sus obligaciones laborales y previsionales, declarando y pagando mis cotizaciones de salud en FONASA y previsionales en mi Administradora de Fondos de Pensiones, tal como consta en las liquidaciones de sueldo y certificados correspondientes que se acompañarán.

3. En mi calidad de trabajadora dependiente y encontrándome embarazada, con fecha 03 de julio de 2025, mi matrona emitió la Licencia Médica N° 3-120617597 por 42 días, correspondiente a mi descanso prenatal legal, la cual fue tramitada en tiempo y forma ante mi empleador y, posteriormente, ante la COMPIN recurrida.

4. En el marco de su proceso de fiscalización, la COMPIN solicitó a mi empleador una serie de documentos y realizó una visita inspectiva en las dependencias del estudio jurídico el día 07 de agosto de 2025. Mi empleador entregó toda la documentación requerida, a saber: liquidaciones de sueldo, anexo de contrato, certificado de cotizaciones, descripción de mis funciones, entre otros. La única excepción fueron los comprobantes de depósitos bancarios de mis remuneraciones, debido a que, por motivos personales y de común acuerdo, mi sueldo era pagado en efectivo, hecho que se explicitó a la entidad fiscalizadora. Es más, durante la fiscalización, se constató la presencia del pasante, don nombre reservado, quien se encontraba realizando mi reemplazo.

5. Sin embargo, y pese a la contundente evidencia que acredita la existencia de mi vínculo laboral, con fecha 28 de agosto de 2025, fui notificada vía correo electrónico del rechazo de mi licencia médica. La resolución de la COMPIN se limita a señalar la siguiente causal: "Sin vínculo laboral según fiscalización".

6. Es del caso señalar, S.S. Iltma., que el día 08 de agosto de 2025 nació mi hija. A raíz de ello, se emitió la Licencia Médica N° 3-122238749 por 84 días, correspondiente a mi descanso postnatal. Sin embargo, con fecha 05 de septiembre de 2025, nuevamente fui notificada por correo electrónico, acerca que esta segunda licencia también fue rechazada por la COMPIN, esgrimiendo exactamente la misma causal infundada: "Sin vínculo laboral según fiscalización".

7. Estas decisiones arbitrarias y sucesivas de la recurrida me han dejado, junto a mi familia, en la más absoluta indefensión económica en la etapa más crucial de mi maternidad. Siendo tanto mi cónyuge como yo estudiantes, dependíamos de estos subsidios para solventar los gastos propios de la llegada de un recién nacido. El actuar de la COMPIN no solo me ha generado una profunda angustia, sino que ha vulnerado el sentido último de la protección a la maternidad.

II. DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO El actuar de la COMPIN resulta aún más arbitrario si se considera que, además de existir un vínculo laboral real y efectivo, esta parte cumple a cabalidad con todos los requisitos previsionales que la ley exige para acceder al subsidio por incapacidad laboral maternal. El Decreto con Fuerza de Ley N° 44, de 1978, establece en su artículo 4° que las trabajadoras dependientes deben cumplir con:

a) Un mínimo de seis meses de afiliación previsional anteriores al mes en que se inicia la licencia. En mi caso, la primera licencia se inició en julio de 2025 y mi relación laboral comenzó en agosto de 2024, por lo que cumplo con creces los 11 meses de afiliación.

b) Un mínimo de tres meses de cotizaciones (continuas o discontinuas) dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la licencia. Como se acredita con el certificado de cotizaciones acompañado, he cotizado ininterrumpidamente desde el inicio de mi relación laboral, por lo que cumplo totalmente este requisito.

Por lo tanto, la decisión de la COMPIN no se basa en un incumplimiento de los requisitos legales para el subsidio, los cuales están plena y objetivamente acreditados. Su negativa se funda únicamente en una apreciación errónea y descontextualizada sobre el vínculo laboral, ignorando la robusta prueba que lo sustenta y mi perfecto cumplimiento de las exigencias previsionales. Esto demuestra que el acto recurrido no es solo inmotivado, sino también manifiestamente ilegal.

Es probable que la recurrida, en un intento por justificar su decisión, pretenda haber aplicado el principio de primacía de la realidad. Sin embargo, dicha aplicación ha sido manifiestamente errada, desnaturalizando por completo el sentido y finalidad de este principio fundamental del derecho del trabajo.

El principio de primacía de la realidad es una emanación directa del principio protector, que constituye la viga maestra de toda la legislación laboral y de seguridad social. Este principio madre busca compensar la desigualdad estructural entre trabajador y empleador, protegiendo a la parte más débil de la relación. Se manifiesta, entre otras formas, en la regla in dubio pro operario, según la cual, ante la duda en la interpretación de una norma o en la apreciación de la prueba, debe preferirse aquella que más favorezca al trabajador.

En este contexto, el principio de primacía de la realidad fue concebido como una herramienta para amparar al trabajador, permitiendo al juez o al fiscalizador ir más allá de las formalidades (como un contrato a honorarios) para descubrir la existencia de un verdadero vínculo de subordinación y dependencia y, en consecuencia, extenderle la protección del fuero, el descanso y las cotizaciones. Su fin es evitar fraudes a la ley laboral en perjuicio del trabajador, no perjudicarlo cuando la realidad de su trabajo es indesmentible.

La COMPIN, en este caso, invierte y pervierte esta lógica. En lugar de utilizar la primacía de la realidad para proteger a la trabajadora, la utiliza para castigarla, desconociendo un cúmulo de evidencia material y documental (liquidaciones, cotizaciones, anexo, funciones, reemplazo) para basarse en una supuesta falencia que ni siquiera es explicitada. El actuar recurrido se limita a afirmar que no hay vínculo "según fiscalización", pero no detalla qué elemento de prueba faltó, qué antecedente fue desestimado o cuál fue el razonamiento para llegar a tal conclusión. Esta opacidad es la máxima expresión de la arbitrariedad, pues no solo se ignora la evidencia favorable, sino que se priva a esta parte de la posibilidad de una defensa específica, al no conocer los fundamentos reales —si es que existen— de la decisión. Esta aplicación es incoherente y contraria al espíritu de la ley, pues utiliza un principio protector para desproteger. Una correcta aplicación del principio de primacía de la realidad, guiada por la regla pro operario, y ponderando la totalidad de los antecedentes aportados, no puede sino concluir lo que los hechos demuestran con evidencia irrefutable: la existencia de una relación laboral.

III. ACTOS QUE DEMUESTRAN LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL S.S. Iltma., a mayor abundamiento y como prueba irrefutable de la existencia real y afectiva de mi vínculo laboral con Defensur SPA, se encuentran los actos propios realizados por mis colegas de trabajo e incluso por mi empleador, don nombre reservado. En el mes de julio del presente año, mis compañeros, en un gesto de camaradería y reconocimiento a mi futura maternidad, organizaron un "baby shower" en mi honor.

Esta celebración, lejos de ser un mero evento social, constituye un acto de reconocimiento tácito de mi pertenencia al equipo de trabajo. Las conversaciones sostenidas en el grupo de WhatsApp denominado "baby shower nombre reservado", en el cual participan mis colegas y mi propio empleador, dan cuenta de la coordinación para la compra de regalos, la organización de un desayuno y la genuina alegría por mi embarazo. La participación activa de don nombre reservado en dicho grupo, coordinando y aportando para la celebración, es especialmente decidor.

Resulta contrario a toda lógica y a la más elemental experiencia que un grupo de trabajo, incluido el jefe, organice una celebración de esta naturaleza para una persona que, según la infundada conclusión de la COMPIN, no tiene un vínculo laboral con la empresa. ¿Por qué le organizarían un baby shower a alguien que no trabaja ahí? La respuesta es evidente: porque soy, y he sido durante el último año, su compañera de trabajo, parte integrante del estudio jurídico. Estos actos propios de mis empleadores y colegas son una prueba indesmentible de la realidad de mi relación laboral, una "huella laboral" de carácter social y humano que la fiscalización de la recurrida, en su afán puramente formalista, ha ignorado por completo.

IV. VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD COMO DERECHO IRRENUNCIABLE.

El acto de la COMPIN no solo es un error administrativo, sino que representa un desconocimiento profundo de los principios fundamentales que sustentan la protección a la maternidad en nuestro ordenamiento jurídico. Este derecho no es una concesión graciosa del Estado, sino el resultado de más de un siglo de evolución legislativa, que lo ha consolidado como un derecho irrenunciable y de orden público, anclado en la propia Constitución y en tratados internacionales.

El Principio de Protección a la Maternidad es un pilar de nuestro Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Su finalidad es doble: por un lado, garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mundo laboral, impidiendo que el embarazo sea un factor de discriminación; y por otro, reconocer la función social de la reproducción y el cuidado, que es esencial para la sociedad. La decisión de la recurrida atenta contra ambas dimensiones, pues me castiga económicamente por ejercer mi derecho a ser madre y desconoce la importancia social de mi bienestar y el de mi hija.

Este principio se materializa en el Derecho a la Seguridad Social, consagrado en el Artículo 19 N° 18 de la Constitución, que asegura a todas las personas el acceso a prestaciones para cubrir contingencias como la maternidad. El subsidio prenatal es una de las manifestaciones más importantes de este derecho. Por ende, la COMPIN, como órgano estatal, tiene un deber de actuar de forma pro-beneficiario, garantizando el acceso a la prestación, y no obstruyéndolo con interpretaciones restrictivas y decisiones carentes de todo fundamento, como ha ocurrido en este caso.

Más grave aún, el actuar de la recurrida contraviene el mandato del Artículo 19 N° 1 de la Constitución, que mandata que "la ley protege la vida del que está por nacer". El descanso prenatal es, precisamente, una de las herramientas legales más importantes para cumplir con este deber. Su objetivo es asegurar las condiciones óptimas para el desarrollo saludable del feto en las críticas semanas finales de la gestación. Al rechazar mi licencia y privarme del sustento que me permite el reposo, la COMPIN no solo afecta mis derechos, sino que incumple el deber estatal de proteger la vida y salud de mi hija.

Finalmente, se vulnera el Interés Superior del Niño, principio rector consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Aunque el descanso es prenatal, sus efectos son determinantes para el bienestar futuro de mi hija. Un reposo adecuado permite un nacimiento saludable y un mejor inicio del vínculo de apego. La decisión de la COMPIN, al ignorar el impacto que su resolución tiene en el bienestar de una recién nacida, desconoce este principio fundamental. La confluencia de estos principios configura una "triada de protección" —el derecho de la madre, la protección del que está por nacer y el interés superior del niño— que el acto arbitrario de la recurrida ha vulnerado de forma simultánea y flagrante.

IV. DE LA URGENCIA DEL RECURSO S.S. Iltma., la finalidad de los subsidios maternales no es un mero reemplazo de la remuneración; es una prestación de seguridad social de carácter alimenticio y urgente, diseñada para garantizar la tranquilidad y el bienestar económico de la madre y su hijo o hija.

La decisión de la COMPIN destruye por completo este objetivo. A la fecha, no he percibido un solo peso de los subsidios que en derecho me corresponden. Mi situación familiar es de especial precariedad: mi cónyuge y yo somos estudiantes y contábamos con estos ingresos para la subsistencia y los enormes gastos que implica una recién nacida. El actuar de la recurrida nos ha sumido en una profunda crisis económica y emocional, en circunstancias en que toda nuestra energía debiera estar centrada en el cuidado de nuestra hija.

V. ILEGALIDAD DEL ACTO RECURRIDO POR FALTA DE COMPETENCIA Los actos de rechazo de mis licencias médicas no son solo arbitrarios, sino que adolece de un vicio de legalidad insalvable que lo torna nulo de pleno derecho: ha sido dictado por un órgano, la COMPIN, que carece absolutamente de competencia para resolver la materia de fondo en que se sustentan, esto es, la existencia o inexistencia de una relación laboral.

El ordenamiento jurídico chileno establece una clara y estricta delimitación de las facultades de los distintos órganos del Estado. A la COMPIN, como "Unidad Técnica Administrativa" dependiente de la SEREMI de Salud, la ley le ha conferido un mandato preciso y acotado: "constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud de las personas, su capacidad de trabajo y recuperabilidad". Su rol, por tanto, es de naturaleza médico-administrativa, no jurídico-laboral. En materia de licencias médicas, su función es doble: realizar un control médico sobre la pertinencia del reposo y un control administrativo documental para verificar si el solicitante cumple con los requisitos previsionales exigidos por el D.F.L. N° 44 (afiliación y cotizaciones).

En ninguna parte de la normativa que rige a la COMPIN se le otorga la potestad de dirimir controversias sobre la naturaleza jurídica de una prestación de servicios. Dicha facultad, por su complejidad y por requerir la ponderación de prueba bajo las reglas de la sana crítica, ha sido entregada de manera exclusiva y excluyente a los Tribunales de Justicia con competencia en materia laboral. Son estos, y no un órgano administrativo de salud, los llamados a aplicar el principio de primacía de la realidad y a desentrañar, a través del método del "haz de indicios", si bajo la apariencia de un contrato civil se esconde un verdadero vínculo de subordinación y dependencia.

La propia jurisprudencia administrativa ha reconocido esta limitación de forma pacífica y reiterada. Tanto la Dirección del Trabajo (en dictámenes como el ORD. N°1309) como la Superintendencia de Seguridad Social (órgano jerárquico superior de la COMPIN) han sostenido consistentemente que carecen de facultades para calificar la existencia de una relación laboral cuando esta es controvertida, debiendo la disputa ser resuelta por la judicatura laboral. Al emitir un "juicio de inexistencia de vínculo laboral", la COMPIN no solo ha excedido sus atribuciones, sino que ha usurpado funciones que le son ajenas, contraviniendo el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Los dictámenes impugnados, al basarse en la causal "Sin vínculo laboral según fiscalización", no se limitan a constatar una falta de requisitos formales (como la ausencia de cotizaciones), sino que emiten un pronunciamiento de fondo sobre mi estatus jurídico como trabajadora. Esta decisión es la que vicia de ilegalidad todo lo obrado, pues se funda en una premisa —la inexistencia de la relación laboral— que la COMPIN no tenía competencia para establecer.

VI. EL ACTO ARBITRARIO E ILEGAL: NULIDAD POR FALTA DE MOTIVACIÓN Y ERROR DE HECHO Los actos recurridos adolecen de vicios que los tornan arbitrarios e ilegales, y que ameritan que sean dejados sin efecto por esta Iltma. Corte.

1. Nulidad del Acto Administrativo por Falta de Motivación.

El deber de motivar los actos administrativos es un pilar fundamental del Estado de Derecho, encontrando su anclaje en los principios constitucionales de juridicidad (Art. 6 y 7 CPR) y transparencia (Art. 8 CPR), y su consagración legal explícita en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880. La motivación trasciende la mera formalidad; es la garantía esencial de que la autoridad actúa sometida a la razón y al derecho, y no a su mero capricho. Como ha señalado la doctrina, es la "simple y humilde explicación que la coloca por debajo del Derecho y no por encima de los hombres". Su función primordial es legitimar el poder público, permitiendo al administrado conocer las razones de una decisión que le afecta y, con ello, ejercer de manera efectiva su derecho a la defensa. Un acto inmotivado es, en su esencia, un acto arbitrario, pues su origen no reside en una ponderación objetiva de hechos y normas, sino en la mera voluntad de la autoridad.

En el presente caso, los actos emanados de la COMPIN adolecen de una ausencia total y manifiesta de motivación, configurando lo que la jurisprudencia ha denominado una "motivación aparente", que equivale a su inexistencia. La lacónica frase "Sin vínculo laboral según fiscalización" no constituye un fundamento, sino una conclusión desnuda, una fórmula genérica y estereotipada que no satisface el estándar legal ni constitucional. Este vicio es de la máxima gravedad, pues la recurrida omite por completo el iter lógico-jurídico que la llevó a tal determinación. No se explica cómo se llegó a dicha conclusión, no se detallan qué antecedentes de los aportados fueron ponderados, cuáles fueron desestimados ni, crucialmente, por qué se les restó valor probatorio. Tampoco se explicita la norma legal o el criterio técnico específico que se aplicó para resolver de la forma en que se hizo, contraviniendo abiertamente el mandato del artículo 11 de la Ley N° 19.880 que exige que "los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse".

Este actuar de la recurrida no solo infringe el principio de juridicidad y el derecho a una buena administración, sino que, de manera flagrante, me deja en la más absoluta y total indefensión. Al no expresar los fundamentos de su decisión, la COMPIN me impide articular una defensa eficaz y razonada, pues desconozco qué aspecto específico de mi relación laboral fue cuestionado. ¿Se consideraron falsas las liquidaciones de sueldo? ¿Se estimó insuficiente el pago continuo de cotizaciones previsionales? ¿Se le restó todo valor a la constatación en terreno de la existencia de un reemplazante? Sin conocer las respuestas a estas interrogantes básicas, esta parte se ve obligada a defenderse a ciegas, intentando adivinar las razones ocultas tras una decisión administrativa opaca.

La jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores ha sido conteste, uniforme y reiterada en que un acto administrativo sin una motivación suficiente, coherente y específica, que permita comprender el itinerario lógico y jurídico seguido por la autoridad, es, en sí mismo, un acto arbitrario que debe ser anulado, precisamente por impedir el control de su legalidad y vulnerar el derecho a defensa del administrado. En este sentido, la Excma. Corte Suprema ha señalado que la falta de justificación y la omisión de diligencias para mejor resolver —como una nueva evaluación clínica o la solicitud de informes complementarios— "son deficiencias graves que deben ser abordadas con mayor rigor antes de resolver, y su ausencia priva de fundamento a la resolución administrativa" (C.S., Rol N° 10.404-2025). Del mismo modo, se ha resuelto que basar una decisión únicamente en la revisión documental, sin disponer de medidas objetivas que respalden el rechazo, "despoja a la decisión de su sustento técnico y la torna arbitraria" (C.A. de Santiago, Rol N° 26.666-2024), criterio ratificado por el máximo tribunal al señalar que, ante la duda, la autoridad tiene el deber de "decretar nuevos exámenes o una evaluación médica directa para objetivar el diagnóstico", y al no hacerlo, su decisión "se basa en la mera discrecionalidad y no en un análisis técnico" (C.S., Rol N° 13.516-22).

2. Ilegalidad por Existencia Manifiesta de un Vínculo Laboral (Principio de Primacía de la Realidad).

Los rechazos de la COMPIN no solo son inmotivados, sino que además se sustentan en un error de hecho manifiesto, al desconocer una relación laboral cuya existencia es palmaria y se acredita fehacientemente con los antecedentes aportados. La doctrina y la jurisprudencia laboral, tanto administrativa como judicial, han establecido de forma pacífica que la calificación de un vínculo contractual debe realizarse conforme al principio de primacía de la realidad, atendiendo a los hechos por sobre las formas. El elemento distintivo de la relación laboral, como lo define el artículo 7° del Código del Trabajo, es la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia.

Para identificar dicho vínculo, los Tribunales Superiores de Justicia y la propia Dirección del Trabajo aplican la "doctrina del haz indiciario", que consiste en verificar la concurrencia de una serie de manifestaciones fácticas que, en su conjunto, demuestran la existencia de la relación laboral. En el presente caso, los antecedentes acompañados configuran, de manera irrefutable, los indicios más relevantes reconocidos por la jurisprudencia:

● Prestación de servicios personales y remuneración (Art. 7 C. del T.): Acreditados con las liquidaciones de sueldo mensuales y el certificado de cotizaciones. Estos documentos no solo prueban la contraprestación económica, sino también la continuidad y permanencia de los servicios a lo largo de un año, descartando un servicio esporádico o puntual propio de un contrato a honorarios.

● Integración en la Estructura de la Empresa: El documento que detalla mis funciones de procuradora y el hecho constatado de tener un reemplazo (pasante) demuestran que yo no era una proveedora externa, sino una pieza integrada en la organización y funcionamiento diario del estudio jurídico, utilizando sus medios y contribuyendo a sus fines.

● Cumplimiento de una Jornada de Trabajo: El Anexo de Contrato establece explícitamente una jornada de 42 horas semanales, con un horario definido de lunes a viernes. La sujeción a un horario fijo es uno de los indicios más decidores de la subordinación.

Resulta inaudito y desproporcionado que la recurrida haya desestimado este cúmulo de antecedentes. La jurisprudencia ha sido clara en que la ausencia de un indicio no puede, por sí sola, desvirtuar el peso de los demás. La Excma. Corte Suprema, en causas como nombre reservado contra la Municipalidad de El Bosque, ha validado la prueba testimonial y documental —como correos electrónicos e informes— para declarar una relación laboral pese a la existencia de un contrato formal a honorarios. Más aún, en su rol unificador, el máximo tribunal ha sido consistente en aplicar la primacía de la realidad incluso en el sector público, como en los roles N° 9650/2024 y N° 4874-2024, donde se reconoció el vínculo laboral de funcionarios municipales. La COMPIN, al ignorar estos criterios y la contundencia de la prueba, no solo comete un error de apreciación, sino que actúa al margen de la ley y de la jurisprudencia consolidada, transformando su acto en una decisión manifiestamente ilegal.

A continuación, cita y reproduce jurisprudencia relevante como fundamento de su pretensión y expone sobre las garantías constitucionales vulneradas.

El actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, al privarme del subsidio de maternidad, vulnera las siguientes garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, las que, por su naturaleza, se encuentran amparadas por esta acción cautelar:

● Artículo 19 N° 1: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Esta garantía no solo protege la vida en un sentido biológico, sino también el derecho a vivir en condiciones dignas. El rechazo del subsidio me somete, en un período de máxima vulnerabilidad como es el puerperio, a una situación de estrés, angustia e incertidumbre económica que atenta directamente contra mi integridad psíquica. Este perjuicio emocional y la precariedad material que se me impone, afectan mi bienestar y, consecuencialmente, el de mi hija recién nacida, cuya subsistencia y cuidado dependen de mí. Se afecta así el mandato constitucional de proteger la vida, tanto la mía como la de mi hija que recién comienza.

● Artículo 19 N° 2: La igualdad ante la ley. El acto de la COMPIN genera una discriminación arbitraria. Al restarle todo mérito probatorio a instrumentos como liquidaciones de sueldo y certificados de cotizaciones, que ordinariamente son suficientes para acreditar una relación laboral, se me impone una carga probatoria mayor y se me da un trato distinto al de cualquier otro trabajador en idéntica situación, sin que exista una justificación racional para ello. Se me priva del acceso a una prestación de seguridad social por un criterio caprichoso y no por la aplicación igualitaria de la ley.

● Artículo 19 N° 24: El derecho de propiedad en sus diversas especies. Habiendo cumplido con todos los requisitos objetivos que la ley establece para acceder al subsidio (un vínculo laboral vigente, los meses de afiliación y el número de cotizaciones exigidas), el derecho a percibir dicha prestación se incorporó a mi patrimonio. No se trata de una mera expectativa, sino de un derecho adquirido. Las resoluciones de la COMPIN, al ser ilegal por falta de competencia y arbitraria por carecer de fundamento, constituye un acto de autoridad que me priva de mi propiedad sobre esos fondos, sin un debido proceso legal y sin causa justificada, configurando una conculcación directa de esta garantía.

Conforme a ello, solicita acoger el recurso de protección y ordenar en consecuencia, dejar sin efecto las resoluciones de rechazo de las licencias médicas ya individualizadas; ordenar a la recurrida dictar nuevas resoluciones autorizando dichas licencias, y disponer que se proceda al pago íntegro y oportuno de los subsidios devengados durante los períodos de descanso de prenatal y postnatal, con los reajustes e intereses correspondientes o lo que S.S., estime pertinente; con costas.

Acompaña a su presentación, los siguientes documentos:

1. Copia de la resolución de rechazo de Licencia Médica N° 3-120617597, de fecha 28 de agosto de 2025.

2. Copia de la resolución de rechazo de Licencia Médica N° 3-122238749, de fecha 05 de septiembre de 2025.

3. Copia de la solicitud de documentos y notificación de visita de la COMPIN.

4. Copia de las liquidaciones de remuneraciones de agosto 2024 a julio 2025.

5. Copia del Anexo de Contrato de Trabajo de fecha 01 de enero de 2025.

6. Copia del documento de descripción de funciones emitido por el empleador.

7. Certificado de cotizaciones de FONASA.

8. Certificado de cotizaciones AFP 9. Pack de imágenes de WhatsApp sobre Baby shower A folio 15 informa la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, señalando en síntesis que, no dispone de los antecedentes solicitados, debido a que doña nombre reservado, RUN RUT reservado, a la fecha, no registra reclamo o solicitud de pronunciamiento ante este Servicio, respecto de las licencias médicas reclamadas en autos.

A folio 18, por resolución de fecha 19 de noviembre de dos mil veinticinco, se prescinde del informe solicitado a la COMPIN, atendido el tiempo transcurrido.

A folio 19 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio. Esta acción cautelar establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio.

SEGUNDO: Que comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez - nombre reservado, por estimar que dicha autoridad ha incurrido en un acto ilegal y arbitrario al rechazar las licencias médicas N° 3-120617597 y N° 3-122238749, correspondientes a sus períodos de prenatal y postnatal, afectando con ello el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que del mérito de los autos consta que la recurrente acompañó ante la administración una serie de documentos tendientes a acreditar la existencia de una relación laboral con la Sociedad Defensur SpA, tales como contrato de trabajo, anexos, liquidaciones de sueldo, certificados de cotizaciones previsionales y descripción de funciones, antecedentes que no han sido controvertidos en forma judicial ni invalidada administrativamente, y que fueron oportunamente presentados en sede administrativa, con motivo de visita inspectiva realizada en dependencias de su empleador. Asimismo, se acredita que las cotizaciones previsionales correspondientes al período anterior al reposo médico fueron efectivamente enteradas por el empleador, circunstancia no controvertida por la recurrida, considerando que omitió informar el recurso de autos.

CUARTO: Que la nombre reservado, resolvió rechazar las licencias, considerando como único fundamento “sin vínculo laboral según fiscalización”, omitiendo cualquier otro fundamento, careciendo en consecuencia de la necesaria motivación, todo con posterioridad a la fiscalización realizada, en que no consta que se haya requerido prueba adicional ni otorgado a la trabajadora una instancia contradictoria efectiva.

QUINTO: Que, de acuerdo con lo expuesto, se avizora la extralimitación de la recurrida en su proceder, al carecer de competencia para resolver sobre la existencia o inexistencia de un vínculo laboral, al ser dicha materia una propia de la competencia de los Tribunales de Justicia, incurriendo así en una ilegalidad.

Asimismo, la decisión de la COMPIN se torna arbitraria, al carecer de la necesaria motivación, exigible al amparo de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N°19.880.

SEXTO: Que lo obrado por la recurrida, en consecuencia, excede su competencia reglada, desde que ha emitido un juicio de inexistencia laboral sin contar con facultades para ello, sin investigación sumaria y sin someter el asunto al conocimiento de la jurisdicción competente, denegando un derecho previsional mediante un acto administrativo carente de motivación.

En efecto, la recurrida debió limitarse a emitir pronunciamiento sobre la procedencia del reposo de acuerdo con el mérito de los antecedentes aportados por la trabajadora, de modo que al obrar en el sentido descrito han contrariado el principio de juridicidad consagrado en el artículo 7 de la Constitución Política de la República, que exige que los órganos administrativos actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, conforme al procedimiento legalmente establecido.

SÉPTIMO: Que, además, la negativa del subsidio sin fundamento implica una afectación directa a su derecho de propiedad sobre una prestación legalmente prevista, destinada específicamente a proteger su condición de trabajadora embarazada, resultando también comprometido su derecho a la integridad psíquica, dada la privación de recursos durante el período de maternidad, y el principio de protección preferente a la maternidad y a la infancia.

OCTAVO: Que, por consiguiente, concurre en la especie una actuación ilegal y arbitraria por parte de la nombre reservado, consistente en la emisión de una resolución que desestimó un derecho previsional fundándose en una materia respecto de la cual carecen de competencia, privando a la recurrente del ejercicio legítimo de garantías constitucionales expresamente amparadas por la acción de protección, por lo que el recurso debe acogerse.

Por tales razonamientos y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; en la Ley N.º 19.880; en el DFL N.º 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE ACOGE el recurso de protección deducido en representación de doña nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado), nombre reservado.

II. En consecuencia, SE DEJA SIN EFECTO lo obrado por la nombre reservado, en cuanto rechazó las licencias médicas pre y post natal N°s 3-120617597 y 3-122238749.

III. Se ordena a la nombre reservado que, dentro del más breve plazo, proceda a emitir acto administrativo que apruebe el pago del subsidio por incapacidad laboral correspondiente a las licencias médicas individualizadas, considerando válidos los antecedentes contractuales y previsionales acompañados por la recurrente en sede administrativa.

Redacción a cargo del Ministro Titular Sr. Carlos Gutiérrez Zavala.

Regístrese y archívese.

N°Protección-3533-2025. (csd)