nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIA

C.A. de Temuco Temuco, dos de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, profesora, domiciliada en domicilio reservado e interpone recurso de protección en su favor, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, representada legalmente por doña nombre reservado, Superintendenta de Seguridad Social, y/o por quien sus derechos represente, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Funda su recurso señalando que con fecha 5 de abril del año en curso, tomó conocimiento de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-51782-2024 de fecha 28/03/2024, cuya referencia indicaba “Licencia Médica. Reconsideración más nuevas licencias médicas. Instruye rechazar por no encontrarse justificado el reposo”. La Superintendencia recurrida confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 90831144-2, 91708977-9, 93260262-8, 94897790-7, 96714644-7, en razón de que el reposo prescrito en cada una de ellas, “no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 93 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo.”

Agrega que a lo anterior le precede que oportunamente recurrió con fecha 11 de enero de 2024 ante la Superintendencia solicitando la reconsideración del dictamen N° R-01-S-04103-2024 de fecha 08 de enero de 2024, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 90831144-2, 91708977-9, 93260262-8, 94897790-7, extendidas por un total de 111 días a contar del 01 de septiembre de 2023, por reposo no justificado. Indicando a su vez que, además, la parte interesada reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de la licencia médica N° 96714644-7, extendida por un total de 21 días, bajo la misma causal de rechazo.

Señala al efecto que durante el periodo laboral del año 2023, y a consecuencia de maltrato laboral, comenzó a padecer labilidad emocional, ansiedad, angustia, crisis de ansiedad frecuentes, dormir mal con alteración del sueño de conciliación y mantenimiento, ideas recurrentes de suicidio, además de desconcentración, fatiga y adinamia constante.

Lo señalado, es apoyado por informe médico evacuado respecto a licencia médica de fecha 31/08/23, número de folio 90831144-2, con diagnóstico “Trastorno mixto ansiedad y depresión” desde hace aproximadamente 8 meses. Señala que la presencia de esta sintomatología le genera una importante disfunción a nivel social, ocupacional y de otras áreas de la vida diaria, estimando un reintegro laboral en uno a dos meses (reposo por 21 días). Se acompañan documentos referidos.

Hace presente que se encuentra en un estado psicológico débil, sin perjuicio de que su estado emocional ha ido mejorando a raíz de estar alejada de las situaciones que, el profesional en su oportunidad le indicó alejarse.

Si bien, es cierto en un primer momento COMPIN pagó sin inconvenientes las primeras licencias médicas que le otorgaron, a contar de la licencia 90831144-2, la que fue otorgada con fecha 31 de agosto del año 2023 por un reposo de 21 días, comenzaron los rechazos.

En razón de lo anterior, se ha mantenido con licencias médicas, siendo las siguientes objeto del rechazo que se impugna: Licencias N° 90831144-2; 91708977-9; 93260262-8; 94897790-7; y 96714644-7 Señala que por cada una de estas licencias presentó los respectivos recursos administrativos ante la Comisión Médica Preventiva de Invalidez de Temuco y luego a la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, quien se pronunció sobre las licencias mencionadas mediante Resolución Exenta Nº R-01-IBS-51782-2024 de fecha 28 de marzo del año 2024, la cual indica expresamente lo siguiente:

“CONSIDERANDO:

Que, ha recurrido con fecha 11 de enero de 2024 a esta Superintendencia doña nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01-S-04103-2024 de fecha 08 de enero de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 90831144-2, 91708977-9, 93260262-8, 94897790-7, extendidas por un total de 111 días a contar del 01 de septiembre de 2023, por reposo no justificado.

Que, además, la parte interesada reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de la licencia médica N° 96714644-7, extendida por un total de 21 días, bajo la misma causal de rechazo.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 90831144-2, 91708977-9, 93260262-8, 94897790-7, 96714644-7, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 93 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 90831144-2, 91708977-9, 93260262-8, 94897790-7, 96714644-7, de acuerdo a lo anteriormente expuesto.”

Refiere que la recurrida ha rechazado la licencia por el mismo argumento que siempre se ha invocado, pues no es otro que el reposo “Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología.”

Y agrega que antes del inicio de los rechazos de las licencias médicas indicadas, existe un periodo de licencias médicas que fueron aprobadas “sin inconvenientes”. Aunque igualmente le solicitaron adjuntar documentos tendientes a justificar una decisión médica adoptada por su psiquiatra, por lo que existen al menos 4 licencias previas sujetas al mismo examen de admisibilidad, por el mismo diagnóstico y similar reposo.

Señala la normativa aplicable, a saber el Decreto Supremo 3 del año 1984, norma que Reglamenta la ampliación, reducción o rechazo de licencias médicas y argumenta que no existe ninguna norma que obligue a Compin o a la recurrida a rechazar una licencia médica por los fundamentos descritos, por el contrario, si consideramos el artículo 16 y 22 respectivamente del mencionado reglamento tendremos los siguientes antecedentes: Artículo 16.- La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia. Ahora bien, la reducción o rechazo de una licencia médica, como todo en derecho, debe obedecer a un acto razonado que esté en concordancia con su estado de salud, de tal forma que este rechazo denote que efectivamente se otorgó una licencia sin que el paciente tuviese las condiciones clínicas para que le fuese otorgada.

Sostiene que al decir “podrán” refiere a que es facultativo y no imperativo. Entonces ¿por qué algunas sí y otras no? Curioso es que sean por el mismo diagnóstico y reposo.

Por otra parte, y en cuanto a irrecuperabilidad de la enfermedad, como caso aún más delicado, tampoco existe la obligatoriedad cuestionada, tal es así que el artículo 22 del reglamento prescribe que: “La Unidad de Licencias Médicas podrá elevar a consideración de la Compin los antecedentes de cualquier trabajador que se encuentre acogido al régimen de licencia médica y cuya afección se estime de naturaleza irrecuperable. Lo anterior se entiende sin perjuicio del dictamen obligatorio de dicha Compin, en los casos establecidos por la ley y este Reglamento”.

De tal manera, el hecho de su diagnóstico y reposo, no es per se, una causal para establecer el rechazo de una licencia médica, todo lo anterior si somos coherentes con lo preceptuado por el artículo 21 del Reglamento que indica: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a)

Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b)

Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c)

Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d)

Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e)

Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

De tal forma, que las partes pueden realizar actos que justifiquen una licencia médica.

Cita al efecto jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y concluye que nos encontramos ante un acto arbitrario e ilegal, toda vez que la resolución carece de un contenido justificativo real, se fundamenta sólo respecto a que el reposo es demasiado extenso para la patología indicada y que no existen antecedentes médicos para justificar el reposo, cuestión que no es suficiente fundamento, de tal manera que la decisión carece de fundamentos plausibles.

Señala que el actuar de la contraria ha incurrido en la privación, perturbación y amenaza a tres derechos fundamentales, consagrados en el artículo 19 N° 1, 3 y 24 de la Constitución.

Pide se ordene dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-51782-2024 de fecha 28 de marzo del año 2024, ordenando que se emita una resolución donde se ordene a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez-Subcomisión Cautín al pago de las Licencias Médicas correspondientes por la patología señalada, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Acompaña los siguientes documentos:

-copia de Resolución Exenta N° R-01-IBS-51782-2024 de fecha 28 de Marzo del año 2024 -Pronunciamiento de Licencias Médicas Rechazadas Nº 90831144-2, 91708977-9, 93260262-8, 94897790-7, 96714644-7;

-Informe médico de licencia rechazada N° 90831144-2.

A folio N°10 la Superintendencia de Seguridad Social informa el recurso de protección y alega, primeramente, la falta de oportunidad en su ejercicio, por cuanto ha sido interpuesto una vez vencido, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional.

Señala que según consta en el expediente de autos, la acción fue interpuesta con fecha 28 de abril de 2024, en circunstancias que la Sra. nombre reservado, reclamó ante la Superintendencia, por primera vez, mediante presentación de fecha 16 de noviembre de 2023, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó las licencias médicas N°s 90831144-2, 91708977-9, 93260262-8 y 94897790-7, extendidas por un total de 111 días, a contar del 01 de septiembre de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, los antecedentes médicos y administrativos tenidos a la vista, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 93 días, lo que en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral. Que, en efecto, el informe médico aportado por la parte interesada resulta insuficiente, por cuanto no describe el tratamiento prescrito, evolución clínica, limitación funcional (con resultado de evaluación GAF), plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Asimismo, no acredita derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) para manejo por equipo multidisciplinario, ni acredita intervención psicoterapéutica, esencial en los procesos de remisión de enfermedades mentales. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-S-04103-2024, de 08 de enero de 2024.

Posteriormente, la Sra. nombre reservado se presenta, por segunda vez, con fecha 11 de enero de 2024, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-S-04103-2024. Junto con lo anterior, reclama por el rechazo de la licencia médica N° 96714644-7, extendida por un total de 21 días, bajo la misma causal de rechazo. Respecto a esa presentación, este Servicio cumplió con informar que el reposo prescrito no se encuentra justificado, atendido que, los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 93 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-51782-2024, de 28 de marzo de 2024.

Según se advierte del expediente administrativo acompañado en autos, al realizar su presentación ante la Superintendencia, la Sra. nombre reservado aceptó estar de acuerdo con recibir notificación vía correo electrónico, aportando la casilla de correo correo reservado.

En ese sentido, al momento de dictar la Resolución Exenta N° R-01-IBS-51782-2024, de 28 de marzo de 2024, se procedió a la notificación de la misma, a través del correo electrónico indicado por el recurrente, notificación que se realizó el mismo 28 de marzo de 2024, según consta en el correo electrónico de notificación, adjunto en autos.

De tal manera, existe la certeza que la Sra. nombre reservado tomó conocimiento del acto administrativo, con fecha 28 de marzo de 2024, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.

Por tanto, el plazo para la presentación de la acción de autos, venció el 27 de abril de 2024, en circunstancias que el presente recurso fue presentado recién, el 28 de abril de 2024, esto es, fuera de plazo.

Por otra parte, si bien la parte recurrente señala que “…Con fecha 5 de abril del año en curso, tomé conocimiento de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-51782-2024 de fecha 28/03/2024…”, llama la atención que no haya acompañado ningún documento o antecedente que acredite fehacientemente aquella afirmación, no señalando que haya sido notificada de una manera distinta a la indicada anteriormente.

En subsidio, solicita que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos. En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo solicitando el rechazo del recurso, refiriéndose al marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador Señala que en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también le es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Indica que como consta en el expediente de autos, la Sra. nombre reservado por primera vez, mediante presentación de fecha 16 de noviembre de 2023, apela en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) Región de la Araucanía, que rechazó las licencias médicas N°s 90831144-2, 91708977-9, 93260262-8 y 94897790-7, extendidas por un total de 111 días, a contar del 01 de septiembre de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que, los antecedentes médicos y administrativos tenidos a la vista, no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 93 días, lo que en ausencia de elementos psicopatológicos de gravedad, se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y reintegro laboral. Que, en efecto, el informe médico aportado por la parte interesada resulta insuficiente, por cuanto no describe el tratamiento prescrito, evolución clínica, limitación funcional (con resultado de evaluación GAF), plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Asimismo, no acredita derivación o ingreso al Programa de Garantías Explícitas en Salud (GES) para manejo por equipo multidisciplinario, ni acredita intervención psicoterapéutica, esencial en los procesos de remisión de enfermedades mentales. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-S-04103-2024, de 08 de enero de 2024.

Posteriormente, la Sra. nombre reservado se presenta, por segunda vez, con fecha 11 de enero de 2024, solicitando la reconsideración de la citada Resolución Exenta N° R-01-S-04103-2024. Junto con lo anterior, reclama por el rechazo de la licencia médica N° 96714644-7, extendida por un total de 21 días, bajo la misma causal de rechazo. Respecto a esa presentación, este Servicio cumplió con informar que el reposo prescrito no se encuentra justificado, atendido que, los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 93 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-51782-2024, de 28 de marzo de 2024.

Al respecto, es importante destacar que en atención al reclamo presentado por la Sra. nombre reservado, la Contraloría Médica de la COMPIN en justificación del rechazo de su licencia ante ese Organismo, registró la siguiente información en la cartola médica del paciente:

“(13/11/2023) … IM Dr Piamba 31.8.2023 Dg Trastorno mixto de ansiedad y depresión. EEAG 50, los estresores son los ya descritos. El tratamiento es el señalado en cartola+psicoterapia. Aporta informe de psicoterapia 10.5.2023 con sugerencias que no logro identificar a quien se dirige, tales como: 'ponerle atención, mirarla, al mismo tiempo que la escucha, trate de no interrumpirla, pedirle que le explique las cosas más allá si no las entiende, respetar los sentimientos, tratar de no molestarse si comete errores, entre otras' IM Dr Valenzuela MG 9.10.2023 Dg Trastorno de ansiedad y depresión, venlafaxina 75mg 1 1/2, alprazolam 1 /noche y melatonina 3mg por noche. De acuerdo con lo expresado en el Art 4° Dto. 7/2013: Sin descripción de síntomas de intensidad grave que repercutan en la actividad laboral. Sin evidencia de refractariedad o resistencia a tratamiento. Reposo excede 15 días, perdiendo la periodicidad recomendada. Los antecedentes propocionados no justifican reposo extendido, mantengo rechazo…”

Por su parte, los facultativos de la Superintendencia, consistente con lo señalado informaron, en resumen, lo siguiente en la Ficha Médica del expediente administrativo: “Fundamentos de la resolución: Conclusiones: Comentarios: LM emitidos por distintos médicos, médicos no especialistas, médico alto emisor, reposición Folio Origen: R-191406-2023 Mujer de 31 años, trabaja como profesora. Con permiso autorizado por 93 días con diagnóstico de F41.2 - Trastorno mixto de ansiedad y depresión. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita atenciones por psiquiatra. Se rechaza.”.

A mayor abundamiento, la resolución impugnada señala los antecedentes que sirvieron de base para la decisión adoptada y los necesarios para la justificación del reposo “…Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo…”.

Con ello, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de la Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas.

En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista, no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que debe cumplir.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Sostiene que como se desprende de la relación que se ha realizado, la actuación de la Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a la Superintendencia le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a la Superintendencia: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, la Superintendencia debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Sin perjuicio de lo ya señalado, hace presente que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de la Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, señala que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría la recurrida haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido, por lo que de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, señala que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

En efecto, lo anterior fue rescatado por el fallo de la Iltma. Corte de Valparaíso, de fecha 7 abril de 2015, en causa rol 557-2015, que reproduce.

Sostiene que con lo expuesto se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en ese Organismo de Control.

Acompaña copia del expediente administrativo Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que, el acto que se estima ilegal y arbitrario dice relación con la resolución adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social de confirmar el rechazo de las licencias médicas de la actora, plasmada en la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-IBS-51782-2024 de fecha 28/03/2024, por la cual se confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 90831144-2, 91708977-9, 93260262-8, 94897790-7, 96714644-7, extendidas a la actora. denunciando la falta de fundamentación de dicho acto administrativo, el cual no se encontraría avalado por ningún antecedente médico o clínico que pudiera respaldar técnicamente tal decisión.

TERCERO: Que, en cuanto a la extemporaneidad del recurso, considerando que la recurrente ha señalado haber tomado conocimiento del acto impugnado con fecha 05 de abril del año 2024, y no en la fecha del envío de la notificación del mismo y ponderándose, en todo caso, que el rechazo de las licencias médicas implican el no pago del subsidio correspondiente, el que se extiende hasta la fecha, resulta posible sostener que el plazo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se encuentra vigente por lo que la presente alegación se rechazará.

CUARTO: Que, en lo referente a la solicitud de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, en orden a que se declare la improcedencia de la acción constitucional interpuesta, por tratarse de materias de seguridad social, y por ende no encontrarse tal derecho garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien esta Corte coincide con lo expuesto sobre este punto, el hecho denunciado a través de esta acción tiene una implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que si se encuentran garantizados en el referido catálogo, tales como la vida e integridad física y psíquica, lo que en principio habilita a la actora para requerir la protección que se solicita.

QUINTO: Que, a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional y que, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia" como, asimismo, lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo, que señala: "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer, de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

SEXTO: Que, según se observa en la resolución recurrida, la decisión adoptada por la autoridad administrativa no está apoyada por ningún elemento de convicción que avale la confirmación del rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado, sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia, tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión, como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica, debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

OCTAVO: Que, de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por la recurrente importa, de parte de la autoridad, el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad e improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, y se dispone dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-IBS-51782-2024 de fecha 28/03/2024, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que la aqueja, a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación y, cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas que han sido materia del presente recurso.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción del fallo por la Ministra (S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia.

N°Protección-3533-2024. (cwm)