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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 3528-20256 mar 2026

Protección contra empresa Transportes Pedro de Valdivia - Padre Las Casas Ltda

Fecha
6 de marzo de 2026
Corte
Corte de Apelaciones de Temuco
Sala
Tercera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 3528-2025, sentencia de 6 de marzo de 2026

Resumen

Se rechaza el recurso de protección: existe controversia contractual sobre la vigencia del contrato de transporte y el pago de una deuda, por lo que no hay derecho indubitado y la vía cautelar no es la idónea. Además, el conflicto ya fue resuelto en sede de protección.

Texto íntegro

C.A. de Temuco Temuco, seis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado , conductor profesional, quien interpone un recurso de protección en favor de don nombre reservado, en contra de la empresa Transportes Pedro de Valdivia - Padre Las Casas Ltda. y de la empresa Mundo Buses Limitada, por los actos que califica como arbitrarios e ilegales que vulneran las garantías constitucionales contenidas en los numerales 1°, 16° y 24° del artículo 19 de la constitución, por los antecedentes que se pasan a exponer.

Señala que su representado es propietario de buses destinados al servicio de la nombre reservado 3 en la empresa Transportes Pedro de Valdivia - Padre Las Casas Ltda. Agrega que la recurrida se habría negado a renovar los papeles (cartolas) de un vehículo antiguo, impidiendo su circulación pese a contar con autorización legal para operar hasta el año 2022.

Relata que, ante la necesidad de modernizar su herramienta de trabajo, el señor nombre reservado se acogió al programa estatal "Renueva tu micro" del Ministerio de Transportes, adquiriendo una nueva unidad marca RRDX41. Para dicha adquisición, el Ministerio aprobó un subsidio estatal por la suma de $24.000.000. No obstante, denuncia que la empresa Mundo Buses Limitada ha retenido indebidamente estos fondos, omitiendo el pago correspondiente a la carrocera.

A consecuencia de lo anterior, sostiene que el afectado ha debido enfrentar el cobro de letras y multas derivadas de un crédito bancario. Asimismo, denuncia que, a pesar de que el nuevo bus cuenta con las autorizaciones pertinentes, la empresa recurrida le impide ejercer su actividad laboral y ha procedido a la terminación del contrato sin aviso previo, invocando una supuesta deuda que nunca fue notificada formalmente. Añade, que esta situación ha derivado en una crisis económica y emocional para su representado, quien se ha visto obligado a despedir a su chofer y a incurrir en un mayor endeudamiento para no perder su patrimonio.

Señala que los hechos descritos constituyen una vulneración a las garantías de su representado protegidas por el artículo 19 de la Constitución Política de la República, a saber; Derecho a la libertad de trabajo y su protección, ello por la prohibición injustificada de ejercer su labor como transportista. Derecho de propiedad por el riesgo inminente de pérdida de sus buses debido a deudas generadas por el cese forzoso de sus funciones y al Derecho a la integridad física y psíquica debido el cuadro de estrés y angustia que la situación le ha provocado.

En virtud de lo expuesto, solicita se acoja el recurso y se: i) ordene a la empresa recurrida permitir de forma inmediata el ingreso y operación del bus nuevo patente RRDX41 a la línea de trabajo respectiva, ii) disponga la liberación de los dineros correspondientes al subsidio estatal que se mantienen retenidos, iii) restituya al afectado su cupo para trabajar en la empresa. Todo lo anterior con expresa condena en costas a las recurridas.

A folio 7, comparece don José Miguel Verdugo Bosch, abogado, en representación legal de la sociedad Mundo Buses Limitada, quien evacuando el informe requerido, solicita el rechazo de la acción constitucional en razón de no haber incurrido su representada en acto ilegal o arbitrario alguno que vulnere las garantías del recurrente.

Expone que su representada se dedica a la venta de vehículos para el transporte de pasajeros. Respecto a la relación con el recurrente, don nombre reservado, se detalla que en el año 2022, éste adquirió de Mundo Buses Limitada un bus marca Volare, modelo V9L Urbano, patente RRDX.41-5, por un precio total de $60.225.000. Agrega que se convino un pago inicial de $26.000.000 al contado, $9.985.000 en diez cuotas, y un saldo de $24.240.000 que el comprador financiaría mediante el subsidio estatal "Renueva tu Micro". Sostiene que para garantizar este último monto, el recurrente suscribió un pagaré con vencimiento al 8 de marzo de 2023.

Indica que, ante el impago del saldo garantizado, Mundo Buses Limitada interpuso una demanda ejecutiva de cobro de pagaré el 14 de septiembre de 2023 ante el 29° Juzgado Civil de Santiago. Aclara que el Gobierno Regional de La Araucanía no efectuó el pago del subsidio debido al incumplimiento de requisitos por parte del propio beneficiario. Agrega que su representada no tiene injerencia en la aprobación o pago de dichos fondos estatales y que el riesgo de no obtener el subsidio recae exclusivamente en el beneficiario.

Califica como falsa la alegación de haber retenido dinero. Explica que, al no recibir el pago del precio, jamás hubo fondos que traspasar a terceros o retener; por el contrario, la empresa cumplió con su obligación al entregar el bus al comprador.

Manifiesta que en el marco del juicio ejecutivo, se procedió al embargo e incautación del bien, el cual fue rematado en pública subasta por orden del tribunal competente.

Desmiente la falta de notificación alegada por el actor, señalando que el señor nombre reservado fue notificado legalmente, se hizo parte en la causa civil, opuso excepciones y rindió prueba, sin que sus defensas fueran acogidas.

Sostiene además, que el recurso de protección es improcedente al no existir afectación a las garantías constitucionales invocadas. En este sentido argumenta que la autonomía de la voluntad permite a los particulares contratar o cesar relaciones comerciales. La pérdida del bus es una consecuencia del incumplimiento contractual y no una barrera al trabajo. Asimismo, precisa que Mundo Buses carece de competencia para autorizar el ingreso de buses a líneas de transporte, siendo esta una facultad administrativa.

Indica que la pérdida del dominio del vehículo no es producto de un acto arbitrario, sino del resultado de un juicio ejecutivo tramitado conforme a derecho y con sentencia ejecutoriada.

Sostiene que el estrés alegado deriva de las cargas económicas del propio incumplimiento del deudor y no de un actuar ilícito de la empresa.

Enfatiza que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver conflictos contractuales o comerciales, los cuales deben ventilarse en juicios de lato conocimiento.

A folio 14, comparece don Víctor Hugo Sagredo Sagredo, abogado en representación de la Sociedad de Transportes Pedro de Valdivia - Padre Las Casas Limitada (nombre reservado 3), quien evacuando el informe requerido, sostiene lo que a continuación se indica.

En forma previa, al asunto de fondo, solicita se declare la inadmisibilidad del recurso, fundado en configurarse una identidad sustancial de partes, objeto y causa de pedir con una acción anterior. Expone que don nombre reservado ya dedujo el recurso en el Rol N° 8060-2024 contra la misma sociedad por los mismos hechos, el cual fue rechazado mediante resolución firme confirmada por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 9 de junio de 2025.

Sostiene que permitir la tramitación de la presente causa vulneraría la cosa juzgada constitucional y la seguridad jurídica, toda vez que se pretende volver a discutir un asunto ya resuelto entre las mismas partes y con idéntica pretensión cautelar.

En subsidio, solicita el rechazo total de la acción de protección, conforme a lo que se pasa a exponer.

Indica que su representada administra seis recorridos urbanos en la conurbación Temuco-Padre Las Casas. En la operación confluyen la empresa adjudicataria, responsable ante la autoridad, y los empresarios dueños de máquinas, quienes se vinculan mediante contratos de prestación de servicios de naturaleza privada.

Destaca la implementación de un nuevo modelo regulatorio denominado "Perímetro de Exclusión", regido por las Resoluciones N° 38 (2021) y N° 26 (2023) del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Agrega que este sistema exige estándares estrictos de frecuencia, regularidad, tecnología AVL y antigüedad de flota.

Sostiene que, para dar cumplimiento al contrato de adscripción con el Estado, se conformó una flota mínima de 121 buses, dentro de los cuales no se encuentra el recurrente, don nombre reservado.

Invoca el artículo 1545 del Código Civil, señalando que la empresa tiene libertad contractual para decidir con qué prestadores de servicios suscribir acuerdos, sin que exista obligación legal de subcontratar a un empresario en particular si no está especificado en las bases de licitación.

Acompaña un pronunciamiento de la SEREMI de Transportes que ratifica que dicha autoridad no tiene atribuciones para intervenir en vínculos contractuales entre privados ni en la normativa del perímetro de exclusión respecto a estas relaciones.

Hace presente que existe un litigio pendiente entre las partes ante el Tercer Juzgado Civil de Temuco (Rol C-1067-2024), por lo que, argumenta que el recurso de protección no es la vía idónea para declarar derechos personales emanados de contratos, lo cual requiere un juicio de lato conocimiento.

Señala que el recurrente ha interpuesto al menos cuatro acciones de protección previas por los mismos hechos (Roles 10.861-2020, 75.250-2020, 7303-2022 y 580-2023), todas las cuales han sido rechazadas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que la recurrente señala como acto vulneratorio de sus garantías constitucionales, primero, la negativa de la recurrida Empresa de Transportes Pedro de Valdivia - Padre Las Casas Ltda. de renovar los papeles (cartolas) de un vehículo antiguo, impidiendo su circulación pese a contar con autorización legal para operar hasta el año 2022, no dejar circular a un nuevo bus a pesar de contar con las autorizaciones pertinente y terminar unilateralmente un contrato que las vinculaba sin aviso previo. Respecto de la recurrida Mundo Buses esgrime que ésta ha retenido indebidamente los fondos de un subsidio obtenido por el recurrente para la compra de un micro bus. Sostiene que estos actos son arbitrarios e ilegales y vulneran las garantías constitucionales ya señaladas.

TERCERO: Que, informando la recurrida Empresa de Transportes Pedro de Valdivia - Padre Las Casas Ltda., pide el rechazo del recurso, fundada en que la actora no fue considerada para formar parte de la flota de buses que conforman el recorrido de la línea 3, en ejercicio legitimo de su libertad contractual, que la autoriza para elegir libremente con que empresarios del transporte suscribir contratos de prestación de servicios. Alega además cosa juzgada entre estos autos y aquellos contenidos en el rol de esta Corte 8060-2024.

A su vez la recurrida Mundo Buses, informó que no ha retenido los fondos de subsidio alguno, que este subsidio no fue otorgado por la autoridad por no cumplir el recurrente con los requisitos para ello, y ante la deuda existente, por el no pagó de la cuota que correspondía a este subsidio, procedió al cobro ejecutivo de la misma. Agregó también que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver controversias de carácter contractual.

CUARTO: Que el recurso de protección es de naturaleza cautelar y su finalidad es proteger aquellos derechos indubitados que puedan verse amenazados por actos u omisiones ilegales o arbitrarias. De los antecedentes relacionados, se advierte que existe controversia entre las partes, respecto a la existencia y terminación de un contrato para la prestación de servicios de transporte respecto de un recorrido interurbano y el pago o no de una deuda con ocasión de la adquisición de un micro bus, entre otras materias, de manera que, claramente, no estamos en presencia de un derecho que tenga el carácter de indubitado, que permita a esta Corte adoptar alguna medida para reestablecer el imperio del derecho.

QUINTO: Que la acción ejercida es de naturaleza cautelar y no declarativa, lo que se traduce en que el recurso intentado no es la vía idónea para resolver el conflicto planteado, estimándose que lo podrá ser a través de un juicio de lato conocimiento, en que las partes puedan rendir las probanzas pertinentes para acreditar sus pretensiones. Por los motivos expuestos, se desestimará el recurso intentado.

SEXTO: Que a mayor abundamiento, cabe indicar que, según lo certificado por el Sr. secretario de esta Corte a folio 30, y analizados los antecedentes contenidos en los autos 8060-2024 de este tribunal, se desprende que el conflicto entre la recurrente y la recurrida la Empresa Transportes Pedro de Valdivia - Padre Las Casas Ltda., ya fue conocido y resuelto en esta sede de protección, cuestión que por sí sola bastaría para rechazar la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, conductor profesional, en favor de don nombre reservado, en contra de la empresa Transportes Pedro de Valdivia - Padre Las Casas Ltda. y de la empresa Mundo Buses Limitada Redacción a cargo del ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala.

Regístrese.

N°Protección-3528-2025. (csd)