Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

nombre reservado, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado en sector rural Dibulco II, comuna de Lumaco, trabajador dependiente, interponiendo recurso de protección tal como se me faculta constitucionalmente y en el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excelentísima Corte Suprema, en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservado representada legalmente por su Superintendente, ignoro nombre y profesión u oficio, o por quien lo reemplace o subrogue, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, a fin de que se adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y así asegurar la debida protección de los derechos fundamentales establecidos en el artículos 19 números 1° y 24° de la Constitución Política de la República, de cuyo legítimo ejercicio se le ha privado, amenazado y perturbado, todo esto a consecuencia del actuar arbitrario e ilegal de las instituciones anteriormente individualizadas y en contra de las cuales recurro, todo esto en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación paso a exponer:

1. HECHOS DEL RECURSO.

a. En la comuna de Lumaco, el rubro principal que da empleo a los habitantes es el forestal. Personalmente me dedico a la poda de altura bosques forestales, siendo la única fuente de ingresos para mi familia. Soy una persona de escasos recursos y dependo de este trabajo para llevar el sustento a mi familia, no conozco otro oficio, ni tengo estudios para buscar otras de ingreso. Mi trabajo es en el rubro forestal, en la poda de bosques.

b. Estas labores al ser de esfuerzo físico, me provocaron un daño al punto de ser diagnosticado de tendinitis en mi mano y brazo izquierdo, lo que me ha impedido seguir cumpliendo mis labores.

c. Producto de lo anterior se emitieron licencias médicas las licencias médicas N°s 89370603-8, 90689757-1, 91969524-2, 93727718-0, 95172746-6, 96858472-3, 98171862-3 y 99462868-2, con el objeto de otorgar reposo y recuperar mi salud, lo que hasta esta fecha no ha ocurrido.

d. Pues bien, la COMPIN MALLECO rechazó mis licencias médicas por estar “injustificado” el reposo, expresión que en mi persona provoca dolor, angustia y molestia pues día a día siento dolor físico en mi brazo, no lo puedo mover, no puedo trabajar.

e. Después recibo resolución de la nombre reservado la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-49449-2024 de fecha 26/03/2024, me fue notificada y resuelve mi reclamación de las licencias médicas N°s 89370603-8, 90689757-1, 91969524-2, 93727718-0, 95172746-6, 96858472-3, 98171862-3 y 99462868-2, dejándome aún más en la incertidumbre. En aquella resolución se desestiman mis reclamaciones al rechazo de las licencias, resoluciones que nada dicen sobre motivos, limitándose a señalar que por los antecedentes acompañados no permiten establecer incapacidad laboral más allá del tiempo de reposo, siendo que se acompañaron informes médicos respecto a mis afecciones. Ni siquiera solicitó un nuevo informe para resolver mi petición, o sea el órgano especializado y de segunda instancia, encargado de una segunda revisión, ni siquiera solicitó un nuevo informe o mayores antecedentes para resolver. Por otra parte, señala conclusivamente que se habría producido una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, pero no cita informes técnicos que así lo avalen, concluyendo increíblemente con una opinión subjetiva al parecer del encargado de redactar la resolución, indicando que PROBABLEMENTE ya se ha configurado una incapacidad permanente, una vez más sin siquiera citar un antecedente que así lo acredite.

f. Estos rechazos me tienen preocupado y desesperado, ya que no he tenido mi sueldo desde hace meses, 240 días con licencias impagas, mi familia está complicada económicamente, manteniéndonos sin tener ingresos en mi hogar, debiendo ir al municipio a pedir ayuda social, canastas de alimentos y otras ayudas.

g. Es precisamente este acto administrativo el que impugno por ilegal, arbitrario y vulnerador de derechos constitucionalmente tutelados.

2. ARGUMENTOS JURÍDICOS DEL RECURSO.

Pues bien, la resolución recurrida desestima mi solicitud de reconsideración por rechazo de licencia médica.

En ese sentido, lo que alego es que mediante el rechazo de mi reconsideración se concreta la vulneración a mi derecho a la propiedad e integridad de mi patrimonio, así como mi derecho a la integridad física y psicológica. El rechazo de mi reconsideración por la entidad recurrida produce en mi persona el rechazo definitivo de mis licencias médicas, lo que por supuesto se traduce en una vulneración al patrimonio pues se me priva del subsidio por incapacidad laboral correspondiente.

Estimo ilegal y arbitrario el actuar de la nombre reservado pues las resoluciones que deniega mi reconsideración señalan “Que, ha recurrido con fecha 25 de octubre de 2023 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 89370603-8, 90689757-1, 91969524-2, 93727718-0, 95172746-6, 96858472-3, 98171862-3, 99462868-2, extendidas por un total de 240 días a contar del 28 de julio de 2023, por reposo no justificado.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 89370603-8, 90689757-1, 91969524-2, 93727718-0, 95172746-6, 96858472-3, 98171862-3, 99462868-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Sumado a lo anterior, dichos antecedentes permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente, la que debe ser evaluada por la Comisión Médica correspondiente. En ese sentido, la parte reclamante no acredita de forma adecuada la presentación de su caso ante la Superintendencia de Pensiones.

Finalmente cabe mencionar que, para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud de forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Es decir, que, no corresponde autorizar licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral.”

Es bastante particular el motivo de rechazo, pues la reconsideración presentada constituye una segunda instancia de revisión de los antecedentes. Al no estimar correcto lo decretado por COMPIN recurro a nombre reservado para que enmiende y revise nuevamente, sin embargo, se me niega de forma ilegal y arbitrariamente, sin revisar nuevamente los antecedentes único objetivo del recurso administrativo intentado.

Como primer punto la recurrida incumple su rol legal, pues la institución que debería revisar si la COMPIN resolvió correctamente el primer reclamo solo se limita a pronunciarse señalando que no hay antecedentes que avalen mi incapacidad laboral y que los existentes se rechazaron. Luego, no fundamenta adecuadamente su resolución, pronunciándose de cuestiones netamente formales.

Lo anterior es una ilegalidad que nace producto de lo señalado en la normativa que rige en esta materia a la recurrida ya que dispone el artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional (entendemos aplicable la normativa a la recurrida por formar parte de la institucionalidad y además de tener en su espíritu un principio general de fundamentación de los actos administrativos), en lo pertinente que: "En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación del plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos en vista para adoptar la medida". De tal forma, la nombre reservado como expresamente reconoce no tuvo a la vista las licencias médicas, no consultó los graves motivos de aquellas, no solicitó informe de mi médico tratante, no ofició a alguna institución pudiendo legalmente hacerlo, no pidió un nuevo informe de sus médicos, no hizo nada para obtener un poco de información para resolver correctamente pues estimó que una segunda revisión era infundada.

Por otro lado, decanta en ilegal el acto administrativo por la arista de la debida motivación como requisito de legalidad. El artículo 11 Ley N° 19.880 señala que los actos administrativos deben ser fundados pues importan manifestación de la voluntad de un servicio público. Esta exigencia se vuelve imperiosa al tratarse de actos administrativos que imponen cargas a los ciudadanos como sucede en la especie, donde debo soportar los perjuicios económicos del no pago del subsidio por incapacidad laboral. Por otro lado, el artículo 16 del mismo cuerpo legal señala “El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él…”. Así mismo existe múltiple normativa en ese mismo sentido. En consecuencia, al no existir una adecuada fundamentación en la decisión de la recurrida su actuar necesariamente debe ser considerado ilegal, al vulnerar las normas citadas y por otro lado se torna arbitrario al carecer del debido fundamento, razón y sustento mediante el cual se llega al convencimiento de rechazar mis licencias médicas, solo quedando concluir que se trata de una conducta caprichosa.

Es tan ilegal y arbitraria la resolución que esgrime como argumento:

a) Que de la documentación aportada no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. No obstante, incurre en el absurdo de aseverar que sigo con mi dolencia, y que aquella solo tendría como solución una declaración de invalidez. Una clara contradicción entre dos argumentos utilizados para el rechazo de mis licencias médicas. ¿Dónde está la racionalidad requerida? ¿Hay o no reposo justificado?

b) Sumado a lo anterior, dichos antecedentes permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente. Este argumento no puede sostenerse por sí mismo, ya que no precisa por qué mis lesiones son de carácter crónico, cual es la base médica para aquello, no solicitó mi evaluación médica, ni otras diligencias por similar. Aún más, en la propia resolución recurrida, acto administrativo objetivo, racional, fundado, la recurrida emite un juicio de valor, alejándose sustancialmente del objetivo y racionalidad del acto pues señala como argumento para rechazar mi reconsideración el hecho que PROBALEMENTE ya se ha configurado una incapacidad permanente. El argumento para privarme de mi derecho al subsidio por incapacidad laboral es una probabilidad o incierto, algo que puede ser o no, en definitiva, una arbitrariedad notoria y explícita.

c) Finalmente cabe mencionar que, para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud de forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Argumento que una vez más es una opinión del redactor del acto administrativo, pues no existe documento médico alguno que avale esa conclusión.

En definitiva, mi médico luego de atenderme, hacer exámenes médicos y tratar mi sintomatología estimó necesario el reposo, pero luego la recurrida señala sin ningún otro antecedente y pasando por encima de lo que ha estimado mi médico -en su conocimiento experto- que no requiero reposo, privándome de mi subsidio laboral, enredándose entre que me puedo recuperar para luego opinar que mi enfermedad es irrecuperable. Ellos simplemente con su palabra refutan lo señalado por el profesional de la salud, no hay otro informe que señale mejoría o que le falta algún antecedente, fundamento o mérito al informe de mi médico tratante.

Que todo lo expuesto, permite concluir que con el actuar de la recurrida, al disponer el rechazo de mis licencias médicas se me está privando directamente del subsidio por incapacidad laboral que es un derecho contemplado en nuestra legislación, derecho que se traduce en una retribución pecuniaria que producto de ello no podré percibir, razón por lo que se torna patente una transgresión al derecho constitucional a la protección a mi patrimonio contenido en el artículo 19 N° 24 de nuestra carta magna que reza “N° 24: “El derecho de propiedad en sus diversas especiales sobre toda clase de bienes corporales o incorporales…”.

Lo anteriormente expuesto implica un evidente perjuicio en mi patrimonio, derivado del derecho de dominio que tengo en relación a las remuneraciones, las cuales he dejado de percibir y que su carencia me ha privado de poder satisfacer necesidades económicas, provocadas por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida.

A mayor abundamiento, estimo que también se me está infringiendo mi derecho a la integridad física y psíquica tutelado en el artículo 19 N° 1 de la constitución toda vez que esta situación supone un agravamiento a mis padecimientos producto de estar sin trabajo, tener mi familia en el desamparo económico, aumentando aún más las preocupaciones que me aquejan, decantando todo en un daño psicológico grave, tal como se expuso anteriormente.

Solicita tener por deducido Recurso de Protección en contra la Superintendencia de Seguridad Social, ya individualizada, y, en definitiva, dar lugar al él, declarando que la recurrida ha actuado arbitraria e ilegalmente perturbando los Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Psíquica de la Persona, de Propiedad es sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, ordenando el pago de mis licencias médicas arbitrariamente retenidas, y además de disponer de todas las medidas que en concepto de este Ilustrísimo Tribunal considere conducentes al restablecimiento de los derechos conculcado, o bien la medida que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones determine, CON EXPRESA Acompañado los siguientes documentos:

1. RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-49449-2024 de fecha 26/03/2024, me fue notificada y resuelve mi reclamación de las licencias médicas N°s 89370603-8, 90689757-1, 91969524-2, 93727718-0, 95172746-6, 96858472-3, 98171862-3 y 99462868-2.

A folio 5 informa el Sr. nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud, Región de la Araucanía. Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones Previsionales, del Ministerio de Salud, se entiende por licencia médica el derecho que tiene un trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado en cumplimiento de una indicación profesional certificado por, un médico cirujano, dentista o matrona, reconocido por su empleador en su caso y autorizada por una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio especial con cargo a la entidad de previsión. De esta definición se desprende, que las licencias médicas se otorgan con el fin de recuperar la salud y que es por un tiempo determinado de reposo.

2.- El artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, ya mencionado, faculta a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, según corresponda, para aprobar o rechazar las licencias médicas; reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total o parcial y viceversa.

3.- Para la visación de una licencia médica, el Médico Contralor de COMPIN se basa en los antecedentes médicos aportados y en las Guías Referencial de Reposo Médico y Reintegro Laboral en Personas con problemas y/o Enfermedad Mental. Lo anterior está incluido en la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencia Médica.

4.- Que, en la especie, se informa lo siguiente:

a) El usuario nombre reservado, RUT RUT reservado, contempla en nuestro Sistema Informático de FONASA reposo médico por los diagnósticos que afectaron su extremidad superior izquierda b) El reposo médico en base a los diagnósticos mencionados corresponde a un total de 545 días principalmente continuos desde el 12- 10-2022 al 22-04-2024 en base a licencias médicas emitidas por diferentes Médicos Especialistas (Neurólogo, Traumatólogo, Fisiatra) y Médicos Generales.

c) Del total de 545 días se encuentra un primer periodo de 275 días autorizados entre el 12-10-2022 al 27-07-2023 en base a 13 licencias médicas.

d) Hay un segundo periodo continuo al primero con un total de 270 días rechazados entre el 28-07-2023 al 22-04-2024 en base a 9 licencias médicas. Cabe hacer notar que este periodo de reposo rechazado esta refrendado por sucesivos dictámenes de la nombre reservado.

e) El fundamento para rechazar las licencias médicas en comento está en base a las Guías Referenciales de Reposo Medico de Problemas o Enfermedades Osteomioarticulares – Decreto 7/2013.

f) Como se puede apreciar el periodo autorizado excede con creces lo planteado por las Guías Referenciales; pero dada la situación sanitaria que generó la reciente Pandemia por covid-19 y el trastorno en las listas de espera, es que se prolonga este reposo.

g) La especialidad no se pronuncia por un tratamiento quirúrgico que permita esperar una recuperación laboral y realiza un procedimiento de Infiltración para reducir la inflamación y dolor de la patología en mayo del 2023.

h) Posteriormente se mantiene el reposo no presentando en ningún momento un plan de tratamiento que permita plantearse un retorno laboral en el mediano plazo.

i) Dado lo anterior se rechazan los reposos emitidos desde el 28-07-2023 en base al criterio “R-40: Patología Crónica, cuyo reposo no cumple un rol terapéutico”.

j) Al considerar que este reposo ya no cumple un rol terapéutico solo cabe esperar que el usuario inicie un proceso de tramitación de invalidez, de lo cual no se tiene evidencia.

A folio 12 informa ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Que, en cumplimiento de lo ordenado por SS. Iltma. vengo en informar la Acción de Protección de autos, solicitando desde ya su rechazo por cuanto, como se demostrará, no ha existido de parte de mi defendida actuación ilegal o arbitraria que haya causado a la recurrente la vulneración de un derecho constitucionalmente garantido o siquiera su amenaza. Lo anterior, por cuanto la Superintendencia de Seguridad Social en el caso del Sr. nombre reservado, y de acuerdo con los antecedentes administrativos que se acompañan a este informe, se limitó a resolver, con pleno apego a la normativa legal y reglamentaria que regula esta particular manifestación del derecho a la Seguridad Social, los reclamos que en su oportunidad presentó la recurrente en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, por haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas, por reposo no justificado.

Sin perjuicio de ello, antes de referirnos a la materia de fondo de que trata esta acción constitucional, esta parte solicita su rechazo por cuanto, como se demostrará, la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el Subsidio por Incapacidad Laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En este sentido, nuestro sistema de seguridad social contempla un completo marco de protección para aquellos casos en que una enfermedad o accidente pueda provocar incapacidades laborales permanentes o transitorias, pudiendo acceder, frente a estas contingencias de carácter involuntarias, a las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Cabe señalar, a SS. Iltma., que ambos beneficios, ya sea el subsidio de incapacidad laboral o la pensión de invalidez, su calificación, evaluación y posterior autorización, están sujetos a un procedimiento especial de revisión respecto de sus resoluciones, de doble instancia. Procedimiento especial de carácter reglado que obligatoriamente deben observar las distintas Comisiones, en el cual existe un análisis, razonamiento lógico y circunstanciado de los antecedentes médicos tenidos a la vista, para arribar a una decisión, todo ello debidamente consignado en el expediente administrativo del trabajador.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

Con todo, y tratándose en la especie de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin perjuicio, que como se señaló, el legislador contempló un amplio y completo sistema de protección a nivel legal y reglamentario para la debida protección del Derecho a la Seguridad Social.

Solicita declarar la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19 Nº18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Consta en el expediente administrativo que se acompaña a este informe, que el Sr. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 25 de octubre de 2023, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN MALLECO - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 89370603-8, 90689757-1, 91969524-2, 93727718-0, 95172746-6, 96858472-3, 98171862-3, 99462868-2, extendidas por un total de 240 días a contar del 28 de julio de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, mi representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Sumado a lo anterior, dichos antecedentes permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente, la que debe ser evaluada por la Comisión Médica correspondiente. En ese sentido, la parte reclamante no acredita de forma adecuada la presentación de su caso ante la Superintendencia de Pensiones. Finalmente cabe mencionar que, para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud de forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Es decir, que, no corresponde autorizar licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-49449-2024, de fecha 26 de marzo de 2024.

Sobre la materia, es importante destacar a SS. Iltma. que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente del recurrente, los facultativos de este Organismo informaron: “Dr. nombre reservado. Ficha Médica (…) Fundamentos de la resolución: hombre de 58 años, reclama licencias con dg de cervicobraquialgia; informes describe dg de SDRC sin respuesta a terapia, por lo que debe iniciar TPI, situación que no acredita; se mantiene rechazo por irrecuperable sin TPI”.

Que, no obstante, lo referido, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado LICENCIA MÉDICA, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

En este orden de ideas, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos de esta Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones”.

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo ya señalado, cabe hacer presente que como ya se adelantó al comienzo de este informe, la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “… sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Por su parte, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

A mayor abundamiento, el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente cause incapacidad laboral temporal, razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado.

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso”.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que DEL ESTUDIO Y PONDERACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE SE HAN SEÑALADO, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe requerido respecto de la Acción de Protección interpuesta por don nombre reservado, solicitando sea desestimada en todas sus partes con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, la nombre reservado, sostiene la improcedencia del recurso en materias relacionadas con el derecho de seguridad social. Al efecto, y sin perjuicio que sobre tal tópico existen opiniones disímiles entre los constitucionalistas que abogan por la aplicación estricta del recurso a los derechos señalados en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y los que hablan del bloque de constitucionalidad que obligaría a considerar los tratados internacionales y entre ellos los que abarcan un abanico mayor de derechos que deben ser objeto de protección, debe tenerse presente que el recurso intentado tiene como sustento las alegaciones relativas a vicios que afectarían a la Resolución Exenta N° R-01-UME-157008-2023 Santiago, 27/11/2023, lo que configura una vulneración del principio de juridicidad que los organismos del Estado, de modo tal, que la alegación subsidiaria planteada debe ser desestimada.

TERCERO: Que, el fundamento del recurso se ha hecho consistir en el rechazo por la Superintendencia de Seguridad Social, del recurso de reclamación interpuesto, por la afectada contra el rechazo de las siguientes licencias médicas N°s 89370603-8, 90689757-1, 91969524-2, 93727718-0, 95172746-6, 96858472-3, 98171862-3, 99462868-2, extendidas por un total de 240 días a contar del 28 de julio de 2023, por reposo no justificado. De acuerdo a lo informado las licencias fueron rechazadas fundado en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. Sumado a lo anterior, dichos antecedentes permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente, la que debe ser evaluada por la Comisión Médica correspondiente. En ese sentido, la parte reclamante no acredita de forma adecuada la presentación de su caso ante la Superintendencia de Pensiones. Finalmente cabe mencionar que, para hacer uso de licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud de forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral. Es decir, que, no corresponde autorizar licencias médicas en que la mantención del reposo no tendrá como efecto la recuperación de capacidad de trabajo y reincorporación a la vida laboral, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UME-49449-2024, de fecha 26 de marzo de 2024.

CUARTO: Que, en cuanto al fondo del recurso, debe considerarse que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone que: "En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación del plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos en vista para adoptar la medida".

QUINTO: Que, la nombre reservado reconoce que la parte reclamante presenta una patología de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente, la que debe ser evaluada por la Comisión Médica correspondiente, pero no obstante ello estima rechazar la licencias médicas por estimar que la licencia procede cuando el trabajador está impedido de trabajar por razones de salud de forma temporal, y no para casos crónicos como el de autos.

SEXTO: Que, no es posible aceptar en el sistema de seguridad social situaciones de vacío de cobertura, por estimar que por su patología de carácter crónico la recurrente no queda cubierta mientras se posibilite el otorgamiento de una Pensión de invalidez o por Licencia Médica, dado que mientras dicho trámite no ocurra el paciente tiene derecho a seguir percibiendo los beneficios del sistema de seguridad social al cual se encuentra adscrito.

SEPTIMO: Que, si bien en principio en el ámbito de la discrecionalidad técnica no cabe, en el evento de estimarse ilegal el proceder de la administración, sustituir la voluntad de la misma dictando un acto de reemplazo, ello admite excepción cuando existe una sola vía de actuación posible, y es del caso que los antecedentes allegados en autos han formado convicción en los suscritos, que dada la patología que afecta a la paciente, respecto de lo cual hay consenso, solo corresponde aprobar las licencias médicas que han sido impugnadas, siendo innecesario disponer una nuevo peritaje.

OCTAVO: Que, de esta manera, el actuar de la recurrida constituye una vulneración al derecho cuya protección garantiza el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que la disminución y el rechazo de la licencia importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley en los casos de imposibilidad de trabajar por enfermedad, quebrantamiento que, adicionado a la ilegalidad señalada en el motivo anterior, llevan a concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE DECLARA QUE:

Que, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL dejando sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-49449-2024 de fecha 26/03/2024 de la Superintendencia de Seguridad Social, y determinándose en su reemplazo que se acoge la reclamación de la recurrente y las referidas licencia son aprobadas debiendo la COMPIN respectiva autorizar el pago íntegro de las mismas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del fallo por el abogado integrante Sr. Roberto Contreras.

N°Protección-3516-2024. (cwm)