Protección contra CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1 comparece don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, deduciendo Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, en representación de don nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, de mí mismo domicilio para estos efectos, a cuyo favor deduzco Recurso de Protección en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, Rut RUT reservado, Corporación de derecho privado sin fines de lucro, representada legalmente por don nombre reservado, RUT: RUT reservado, Ingeniero Civil Industrial, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario vulnerador de la garantía constitucional consagrada en el art. 19 n°24 de la Carta Fundamental, esto según los argumentos de hecho y de derecho que expondré a continuación: 1- LOS HECHOS. En el año 2017 y 2018, su representado contrajo un mutuo de dinero, con la recurrida, denominado “crédito social”, el cual fue pactado en diversas cuotas, cuyos pagos se efectuarían conforme a lo establecido en el art. 22 de la ley 18.833. Sin embargo, por causas ajenas a voluntad de don nombre reservado, fue desvinculado de su trabajo en el año 2018, perdiendo su única fuente de ingresos, cayendo por tanto en mora a los pocos meses. En diversas ocasiones mi representado se dirigió a sucursales de la recurrida a intentar regularizar su situación, sin embargo, la única opción que le ofrecieron era repactar las deudas, con todo el incremento artificial de la misma que esto conlleva. Don nombre reservado sabía que repactar lo dejaría en una situación financiera crítica, por lo que insistió en buscar otra solución, pero la recurrida expuso que si no repactaba, se iniciarían las acciones judiciales que en Derecho corresponda. Durante esa época, don nombre reservado estaba al tanto de que sería demandado, sin embargo nunca recibió una demanda ejecutiva en la que se le notificara que se hizo ejercicio de la cláusula de aceleración contenida en el pagaré respectivo. A esto se le suma que mi representado, durante los últimos años, ha trabajado con diversos empleadores suscritos a Cajas de Compensación, sin que en ningún momento se le descontara una cuenta a través del sistema “Intercaja” Así las cosas, transcurrieron más de 5 años desde que se dejó de pagar el crédito, y más de 3 años desde el vencimiento de la última cuota. En consecuencia, no existiría título ejecutivo que no fuese susceptible de ser declarado prescrito al día de hoy No obstante lo anterior, y para total sorpresa de don nombre reservado, el 19 del mes abril de 2024 (fecha en que tomó conocimiento del actuar ilegal y arbitrario), su empleador le comunica, mediante liquidación de sueldo, que a mi representado se le descontó el monto de $80.058.-, producto de los referidos créditos sociales ya individualizados, esto directamente de su remuneración.

La situación descrita deja a su representado en un estado de total indefensión, pues luego de más de 5 años, un porcentaje importante de su remuneración le será arrebatada de forma totalmente arbitraria. En consecuencia, pretenden descontar de forma ilegal y arbitraria de la remuneración de mi representado, una deuda claramente prescrita, cuya cuota asciende a la fecha a $ 80.058.-, y que se reiterará durante los próximos meses sin siquiera tener certeza o claridad de por cuantos meses ocurrirá. 2- EL DERECHO. El actuar de la recurrida vulnera abiertamente el derecho de propiedad de mi representado, en lo relativo a su remuneración, atentando con ello contra el art. 19 n°24 de la Constitución Política de la República, siendo la presente acción el único remedio que puede poner un rápido fin a dicho actuar y así restablecer el imperio del derecho. 2.1- El actuar ilegal y arbitrario. A. El art. 22 de la ley 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados “descuentos por planilla” directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, sin embargo, hay que tener presente que dicha entidad es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, de tal modo que no puede hacer un uso irracional y caprichoso de los derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere. Ese crédito fue contraído el año 2016 y se cayó en mora a los pocos meses, por lo que ha transcurrido un lapso mayor al del año que la ley exige para la prescripción extintiva de las acciones cambiarias emanadas del pagaré. Entonces, resulta del todo irracional, abusivo y por consiguiente, arbitrario, que la recurrida haga uso del art. 22, sin previo aviso y sin que doña nombre reservado tenga posibilidad de defenderse ante una deuda aparentemente prescrita. En este orden de ideas, la Excma. Corte Suprema, en causa rol 23.258-2018 estimó: “ Que, por consiguiente, las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurro de un extenso lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley N° 18.833 de 26 de septiembre de 1989, que Establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra. Tercero: Que de esta forma, en las circunstancias establecidas en el fallo en alzada, se concluye que la recurrida actuó de manera injustificada, reviviendo por este medio un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 le concede siempre que se trate de un cobro oportuno, el que de este modo ha forzado unilateralmente, originando una garantía de pago improcedente en consideración a que, durante más de 10 años, dio señales de desinterés en perseguir su solución. Así, su actual decisión de provocar el pago de la deuda a través de esa vía deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios.” La Jurisprudencia expuesta ha sido uniforme en casos similares al expuesto en el presente libelo. La Excma. Corte Suprema en causa rol 68.700-2016 declaró: “Que sobre el particular es menester señalar el actuar de la recurrida resulta arbitrario, toda vez que la recurrente se encuentra morosa desde la cuota 10, la que vencía el 30 de junio de 2013, dejando transcurrir la recurrida 9 años sin ejecutar ningún tipo de acción que diera cuenta del interés de obtener el pago de dicha deuda. La recurrida actuó de manera caprichosa e injustificada, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley prevé para un cobro oportuno y no de una deuda respecto de la cual había dado claras señales de desinterés en su cobro, por lo que resulta antojadiza su actual decisión de cobro de la deuda y hace procedente acoger el recurso de protección. Todo, sin perjuicio de perseguir el pago por los medios legales ordinarios.” Finalmente, también la Excma. Corte Suprema, en causa rol 2895-2018 señaló: “…Que en tales circunstancias debe concluirse que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan. Tal beneficio en la especie resultaba improcedente, considerando el extenso lapso (más de cinco años) que alcanzó a transcurrir entre enero de 2012 y junio de 2017 sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios. Quinto: Que este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo a la actora, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.” B- Como ya dijimos, mi representado será privado de su integra remuneración y también de las expectativas económicas ligadas a su trabajo, vulnerando con ello el art. 19 n°24 de la Carta Fundamental.

La recurrida ha hecho un uso caprichoso del ordenamiento jurídico, vulnerando abierta y expresamente circulares de la Superintendencia del ramo, y haciendo uso abusivo de los derechos que la ley le confiere.

Por ello pide, en definitiva acoger el recurso, y declarar arbitrario e ilegal los hechos descritos en el cuerpo principal de esta presentación, ordenándose a fin de restablecer el imperio del derecho: 1- Que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones. 2- Que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo de 5 días hábiles o del que S.S. Iltma. mejor estime. 3- Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

A folio 5 informa doña Yasna Vukic Z., abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, señalando: ANTECEDENTES DEL CASO: 1.- Se interpone la presente acción constitucional en atención al descuento aplicado por su empleador en el mes de abril 2024 correspondiente a la suma de $80.058, a solicitud de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, en adelante “C.C.A.F. La Araucana”, por concepto de dos créditos otorgados por la recurrida, uno en el 2017 y otro en el 2018, los cuales dejó de pagar en el 2018 al haber sido desvinculado, quedando en mora, señalando que en diversas ocasiones se dirigió a las sucursales de la recurrida a intentar regularizar su situación, sin embargo, la única opción que le ofrecieron era repactar las deudas, con todo el incremento artificial de la misma que esto conlleva, lo que lo dejaría en una situación financiera crítica, por lo que insistió en buscar otra solución, pero se le expuso que si no repactaba, se iniciarían las acciones judiciales lo que no aconteció, por lo que habiendo transcurrido más de 5 años desde que dejó de pagar el crédito y más de 3 años desde el vencimiento de la última cuota, el título ejecutivo es susceptible de ser declarado prescrito, razón por la cual el descuento vulnera abiertamente su derecho de propiedad atentando con ello contra el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, siendo la presente acción el único remedio que puede poner un rápido fin a dicho actuar y así restablecer el imperio del derecho. 2.- Para ilustrar de mejor forma acerca del acaecimiento de los hechos a S.S.I., es menester señalar que mi representada le otorgó al Sr. nombre reservado, los siguientes créditos sociales: A) Crédito Social Folio 092-001568855, otorgado el 14 de julio de 2017 por un capital de $228.410, con una tasa de interés de 2.99%, pactado en 60 cuotas, cada una por la suma de $8.861. Crédito respecto del cual pago 22 cuotas entre agosto de 2017 a mayo 2019, la cuota N°23 en marzo 2020, la cuota N°24 a la N°26 entre enero a marzo de 2021, no existiendo más pagos, por lo que se realizan gestiones extrajudiciales las que resultan infructuosas, pasando a figurar en mora, hasta el mes de marzo de 2024 en que fue ubicado por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a esta Caja de Compensación, procediéndose atendida la obligación legal que tienen las Cajas de Compensación de protección del fondo social, a remitir la nómina para descuento a partir de abril del 2024, remesado en mayo 2024, imputándose al pago de este crédito la suma de $8.861, lo que permitió el pago de la cuota N°27, existiendo a la fecha 33 cuotas pendientes de pago. Cabe agregar, que este crédito es producto de la repactación del crédito folio 092001560539 otorgado el 15 de diciembre de 2016 por un capital de $182.459, pactado en 60 cuotas, cada una por la suma de $6.509. B) Crédito Social Folio 092-001582278, otorgado el 10 de julio de 2018 por un capital de $2.105.361, con una tasa de interés de 2.35%, pactado en 60 cuotas, cada una por la suma de $71.197. Crédito respecto del cual pago 10 cuotas entre agosto de 2018 a mayo 2019, la cuota N°11 en marzo 2020, la cuota N°12 a la N°14 entre enero a marzo de 2021, no existiendo más pagos, por lo que se realizan gestiones extrajudiciales las que resultan infructuosas, pasando a figurar en mora, hasta el mes de marzo de 2024 en que fue ubicado por encontrarse trabajando en una empresa afiliada a esta Caja de Compensación, procediéndose atendida la obligación legal que tienen las Cajas de Compensación de protección del fondo social, a remitir la nómina para descuento a partir de abril del 2024, remesado en mayo 2024, imputándose al pago de este crédito la suma de $71.197, lo que permitió el pago de la cuota N°15, existiendo a la fecha 45 cuotas pendientes de pago. Cabe agregar, que este crédito es producto de la repactación del crédito folio 092001554455 otorgado el 13 de julio de 2016 por un capital de $2.005.740, pactado en 60 cuotas, cada una por la suma de $71.400. 3.- Así las cosas, nos encontramos con una obligación que no se ha extinguido por alguno de los modos contemplados en el artículo 1567 del Código Civil y tampoco sus acciones de cobro han sido declaradas prescritas, por ende, la obligación es exigible, y su descuento es aplicado mediante el mecanismo consagrado en el artículo 22 de la Ley N°18.833. 4.- Por último, cabe agregar que el descuento aplicado en abril 2024 correspondiente a la suma de $80.058, fue imputado al valor cuota de los créditos descritos precedentemente. II.- ANTECEDENTES DE FONDO: 5.- El artículo 1° de la Ley 18.833 las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral y, las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y los créditos sociales. En el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley Nº 18.833 en cuyo número 3° indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. En consecuencia, los créditos sociales constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, lo que las diferencia de otras instituciones, por cuanto su función se encuentra indisolublemente unida al objeto genérico que la Ley N.º 18.833 les ha determinado. Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de estas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social de acuerdo con el artículo 29 del citado cuerpo legal.

En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello por lo que el artículo 26 N°3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella. 6.- Ahora bien, dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°17.322, que dispone: “Los empleadores, como, asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, y; con lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”.

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal). En esta línea de razonamiento, el descuento aplicado y la forma en que se realizó ha sido atendido al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley N°18.833. 7.- A mayor abundamiento, y de acuerdo con lo señalado anteriormente en esta presentación, el descuento realizado para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho de la institución que represento, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar antojadizo, caprichoso o ilegal, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento del mandato legal de resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y cuyos descuentos se van imputando a la deuda contraída y que se limita sólo al monto de la cuota adeudada e incluso muchas veces es inferior al valor de la cuota, ya que por normativa de la Superintendencia de Seguridad Social las Cajas de Compensación no pueden exceder del máximo de descuento permitido dependiendo de si se trata de un trabajador dependiente, independiente o pensionado. Por lo cual, su representada al aplicar el descuento en la remuneración del Sr. nombre reservado, cumplió con la obligación impuesta en el sentido de proteger el fondo social, atendido la falta de diligencia del deudor en miras a regularizar su deuda. 8.- Por su parte, el artículo 1.546 del Código Civil, señala: “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, por ende, es claramente sabido que al celebrar contratos del cual emanan obligaciones como las del caso de marras, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, lo cual no ha acontecido, ni tampoco el hecho de que el recurrente acompañe algún documento demostrativo al efecto, considerando además que la prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N°18.092 es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento, y que la prescripción de la acción ordinaria del contrato de mutuo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2515 del Código Civil prescribe en el plazo de cinco años. A mayor abundamiento, para que la deuda derivada de un crédito social tenga el carácter de prescrita, es necesario que haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción ordinaria (5 años), lapso que debe contabilizarse desde el último descuento efectuado a su remuneración, el que para ambos créditos corresponde a marzo de 2021, siendo necesario, además, que la prescripción haya sido declarada por los tribunales de justicia.

Por tanto, el recurrente no puede señalar que esta parte ha actuado de manera arbitraria e injustificada al informar el descuento, sin que la obligación se haya extinguido o se haya declarado judicialmente la prescripción de las acciones que emanan de estas, no siendo procesalmente el recurso de protección la vía idónea para indicar que esta ha operado.

Cabe agregar que las deudas junto con la forma en que le iban a ser descontadas y el valor de las cuotas pactadas eran de pleno conocimiento del recurrente, respecto del cual el único que dio señales de desinterés para solucionar su acreencia fue el propio recurrente. Argumento que comparte la Superintendencia de Seguridad Social conforme Ordinario N°26204 numeral 5° de fecha 22 de mayo de 2018, dispone: “……que en cuanto a la prescripción reclamada, por los años transcurridos, cabe señalar que corresponde únicamente a los Tribunales de Justicia declarar la prescripción de la acción de cobro del crédito social”; y, Dictamen 2659-2020 de 12 de agosto de 2020, que dispone en su inciso final lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”. 9.- Cabe agregar que el ejercicio de una facultad legal podría llegar a considerarse ilegal, si se encuentra desprovisto de las motivaciones legales que la habilitan o las que se esgrimen no corresponden a la realidad, o arbitrario, si tales motivaciones encubren un abuso o desviación de poder. Sin embargo, en estos casos se está frente al cumplimiento de una obligación legal, no del ejercicio de una facultad, cuyo carácter obligatorio de esta forma de cobro se fundamenta como se indicó precedentemente en el hecho de que los créditos sociales son financiados por un fondo social, que sirve al cumplimiento de las finalidades de seguridad social de estas corporaciones. Además, en la especie, en nuestro sistema legal, el mero hecho del cobro de las obligaciones no es causal de su extinción, sino que ellas se extinguen por su pago, compensación, prescripción y demás causales establecidas en la ley. En línea con lo anterior es del caso señalar que conforme el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar de la Superintendencia de Seguridad Social, se explicita en su numeral 3.1.17.1 Recaudación de las cuotas mensuales lo siguiente: “3.1.17.1.1. Afiliados trabajadores dependientes Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F. por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la C.C.A.F. acreedora, debiendo regirse por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, conforme a los artículos 22 de la Ley N°18.833 y 11 del aludido D.S. N°91, de 1979. Los citados preceptos establecen un mecanismo especial de pago que es inherente al Régimen de Crédito Social de las C.C.A.F. Por ello, respecto del trabajador el pago de lo debido por concepto de crédito social se produce cuando la entidad empleadora le paga la remuneración mensual, que es el momento en que por disposición legal corresponde que le efectúe el descuento, oportunidad a partir de la cual se entiende extinguida total o parcialmente su obligación, según sea el caso, de acuerdo con lo señalado por el N°1 del artículo 1.567 del Código Civil, esto es, por la solución o pago efectivo de ella”.

Por otro lado, el Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, la Superintendencia de Seguridad Social, explicita en su numeral 3.1.13.2 referente a la Reprogramación que “constituye un acuerdo entre la C.C.A.F. y un afiliado deudor de crédito social, que permite modificar alguna de las condiciones que rigen el servicio de una deuda por concepto de crédito social. Este cambio en las condiciones originales estipuladas puede consistir en variaciones en la modalidad de pago del crédito ya sea extensiones del plazo original, variaciones en la tasa de interés pactada o en el mecanismo de amortización de la deuda o de todas las condiciones anteriores”, por lo que no es verdad que el repactar las deudas, le producía un incremento artificial ya que el recurrente ya había repactado los créditos otorgados, por ende, no puede señalar que ello implica un incremento al no acompañar ningún antecedente mediante el cual se pueda constatar dicha situación. En consecuencia, conforme lo expuesto se concluye que es un hecho inconcuso que los créditos aún pueden cobrarse, dado que la obligación de pago es exigible, por lo que en ningún caso se ha revivido y/o forzado unilateralmente un descuento a través del beneficio contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833. 10.- Referente al descuento por planilla, esto ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen 56554-2015 de 07 de septiembre de 2015: “Ahora bien, respecto a la obligación del empleador de efectuar los descuentos de su remuneración, se indica que, según lo establece el artículo 1° de la Ley N°18.833, las C.C.A.F. son entidades de previsión social, motivo por el cual las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. Por tanto, su nuevo empleador tiene la obligación legal de deducir, retener y enterar en la C.C.A.F. acreedora, las sumas que usted adeude por concepto de crédito social, sin que sea necesario, para dicho efecto, contar con su autorización, razón por la cual usted no puede negarse a que se le efectúen los descuentos de que se trata”. 11.- En síntesis, las obligaciones contraídas no se han extinguido por ninguno de los modos enumerados en el artículo 1567 del Código Civil y la prescripción no opera, sin que un Tribunal la declare, no acompañando el recurrente ningún antecedente en dicho sentido considerando que la prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley N°18.092 es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento, y que la prescripción de la acción ordinaria del contrato de mutuo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2515 del Código Civil prescribe en el plazo de cinco años. Cabe agregar, que el destino de esta acción constitucional es la de otorgar protección respecto de derechos que se encuentren dubitados, lo que NO acontece en este caso, pues lo que se sustenta mediante la acción cautelar interpuesta es una supuesta improcedencia del descuento efectuado en su actual remuneración, el que responde no a un actuar arbitrario o ilegal sino en atención al crédito social que le fue otorgado por parte de mi representada el que dejo de pagar, pretendiendo por esta vía tornar en ilegal y arbitraria, las obligaciones que el recurrente reconoce adeudar, por lo que los descuentos fueron y son completamente legales, válidos y no arbitrarios. 12.- Es en virtud de lo expuesto que C.C.A.F. La Araucana, no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que, en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho y salvaguardando además la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación se seguridad social y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, el cual es obligación proteger para contar así con los recursos necesarios para financiar iguales prestaciones de seguridad social al resto de los afiliados, además que todo medio de extinción de la obligación, debe invocarse y acreditarse, más aún al tratarse de obligaciones libremente contraídas y cuyo descuento han sido reconocido voluntariamente por el recurrente.

Por lo expuesto, pide tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de lo expuesto rechazar la acción de protección interpuesta por el abogado don Alex Barcaza Torres a favor de don nombre reservado.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

SEGUNDO: Que, analizados los antecedentes allegados al proceso a la luz de las alegaciones formuladas por las partes, este Tribunal ha arribado a la convicción que el recurso de protección interpuesto no podrá prosperar, por las razones que se expondrán a continuación.

TERCERO: Que, en primer término, cabe destacar que el acto que la recurrente califica como ilegal y arbitrario consiste en el descuento que la Caja de Compensación recurrida ha efectuado de sus remuneraciones con el objeto de obtener el pago de un crédito social que aquella le concedió el año 2017 y 2018 y cuyo incumplimiento ha motivado tal proceder.

Pues bien, para determinar si dicha conducta reviste o no el carácter de ilegal o arbitraria que se le atribuye, es preciso analizar las particulares características del denominado "descuento por planilla", en su calidad de mecanismo especial para garantizar el pago de los créditos sociales que las Cajas de Compensación otorgan a sus afiliados.

Sobre este punto, es un hecho asentado que, conforme a lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley N°18.833, lo adeudado por concepto de estos créditos debe ser descontado por el empleador directamente de las remuneraciones del trabajador deudor y enterado en arcas de la Caja acreedora, siguiendo el mismo procedimiento previsto por la ley para la declaración y pago de las cotizaciones previsionales.

CUARTO: Que, de este modo, el descuento por planilla constituye una modalidad de cobro que la ley expresamente contempla y que opera con independencia de la voluntad del deudor, en atención a la naturaleza de entidades de previsión social que ostentan las Cajas de Compensación y la finalidad de interés público a que se encuentran afectos los fondos con cargo a los cuales se otorgan los créditos de esta clase. Dicho mecanismo envuelve un imperativo para el empleador, quien está obligado a practicar la deducción tan pronto la Caja acreedora le notifique la existencia de una deuda vencida e impaga por parte de alguno de sus trabajadores afiliados.

Así, no cabe sino colegir que la recurrida, al comunicar a la empleadora del actor la morosidad en el pago de las cuotas del crédito social que éste mantiene vigente, se ha limitado a ejercer una prerrogativa que el ordenamiento jurídico le confiere de manera expresa, por lo que su proceder se ha ajustado a derecho y no puede ser tachado de ilegal.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, no se advierte que el proceder de la recurrida pueda ser calificado como arbitrario o antojadizo, desde que los créditos cobrados materia de auto no han sido declarados prescritos por ningún Tribunal de la Republica, o al menos lo anterior no fue acreditado en estos antecedentes. En efecto, la prescripción debe ser alegada y posteriormente declarada, no correspondiendo a estos sentenciadores pronunciarse sobre dicha alegación, al ser la presente una vía cautelar y no declarativa.

SEXTO: Que, de este modo, al no haberse aportado antecedente alguno que permita sostener la concurrencia de alguna causal de extinción o ineficacia de la acción de cobro respecto del crédito social que sí ha motivado los descuentos impugnados, no cabe sino concluir que éste se mantiene plenamente vigente y que, en consecuencia, no existe mérito para entender que la conducta de la recurrida al requerir el pago a través del mecanismo del descuento por planilla implique una vulneración del derecho de propiedad del actor sobre sus remuneraciones.

SEPTIMO: Que, por las razones antes expuestas, no verificándose el presupuesto básico de la existencia de una acción ilegal o arbitraria que conculque las garantías constitucionales invocadas, el presente recurso de protección deberá necesariamente ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en representación de don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol N° Protección-3513-2024.(jog)