nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL-COMPIN

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1 comparece don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, don nombre reservado, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado y don DANILO SALVADOR CANDIA VELOSO, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, todos en representación conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, de don nombre reservado, soltero, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Camino a Maquehue, región de la Araucanía a V.S.I., respetuosamente decimos:

Por este acto y estando dentro de plazo, venimos a interponer recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), rol único tributario N°61.509.000-k, representada legalmente por doña nombre reservado, superintendente de seguridad social, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, o por quien haga las veces de tal, ambos domiciliados en domicilio reservado, y para estos efectos en domicilio reservado, Región de la Araucanía, EN RAZÓN, de los rechazos de las licencias médicas que ha presentado nuestro representado, siendo estos confirmandos por la recurrida Suseso, vulnerando por aquello las garantías constitucionales de Derecho a la vida e integridad física y psíquica, Derecho de igualdad ante la ley y Derecho de propiedad según pasamos a exponer:

I. EN CUANTO A LOS ANTECEDENTES MÉDICOS.

Nuestro representado padece de Cardiopatía coronaria ateroesclerótica severa, Hipertensión arterial, Dislipidemia mixta, Disnea CF III, angor recurrente a esfuerzos mínimos, palpitaciones, dolor precordial, disnea paroxística nocturna, ortopnea 3 almohadas, se encuentra en controles con especialidad por cardiopatía coronario a temprana edad con riesgo cardiovascular alto, actualmente con limitación funcional importante, por lo mismo además en controles de salud mental por afectación en vida diaria que ha conllevado esto. Cada una de las patologías constan en informes médicos que se acompaña mediante un otrosí del presente escrito.

Producto de las patologías expuestas, se indicaron licencias médicas las cuales fueron rechazadas por la COMPIN y confirmados los rechazos por la recurrida, todo esto sin fundamento alguno, vulnerando con aquello sus derechos que expondremos más adelante.

Además de todo lo mencionado anteriormente, cabe hacer presente que nuestro representado estuvo solicitando pensión de invalidez, la cual en la propia resolución de la recurrida se indica que por este motivo se rechazaron las licencias médicas. Esta parte viene en argumentar que esto es completamente fuera del marco legal, según se expondrá más adelante, junto con la regulación legal que impide su rechazo y jurisprudencia de casos similares a este.

II. DE LO RESUELTO POR LA RECURRIDA SUSESO La Superintendencia de Seguridad Social, resolvió confirmar los rechazos de las licencias médicas de nuestro representado, conforme a que los antecedentes evaluados no permitirían establecer la existencia de incapacidad laboral respecto de las licencias médicas folios Números 39474500, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 04 de diciembre de 2024, por reposo no justificado. Que además se manifestó el rechazo a las licencias números 111283794-5, 112551134-8, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, bajo la misma causal de rechazo, haciendo mención especial a que su patología ha sido declarada irrecuperable.

Dicho lo anterior, la recurrida rechaza las licencias médicas en los siguientes términos:

“VISTO:

La Ley N°16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social; el D.S. N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional; la Resolución N° 8, de 2022, que exime temporalmente del trámite de toma de razón los actos administrativos que se indican y establece controles de reemplazo y, la Resolución N° 36, de 2024, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, ambas de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

Que, ha recurrido con fecha 01 de julio de 2025 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N° R-01- UNRA-84344-2025 de fecha 18 de junio de 2025 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 39474500, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 04 de diciembre de 2024, por reposo no justificado.

Que, además, la parte interesada reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencia médicas N°111283794-5, 112551134-8, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, bajo la misma causal de rechazo.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 111283794-5, 112551134-8, 39474500, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable.

Que, cabe agregar que su segundo trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 21-02-2025, concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 15 %, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 658 días.

RESUELVO:

Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 111283794-5, 112551134-8, 39474500, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Lo resuelto por la recurrida no se encuentra conforme a derecho vulnerando con aquello los derechos de nuestro representado conforme se expondrá más adelante.

III. EN CUANTO AL DERECHO Respecto a los argumentos jurídico legal y refiriéndonos directamente a la falta de fundamentación por parte de la Suseso a la hora de referirse a las licencias médicas de nuestro representado, cabe señalar que el artículo 16 del decreto N°3 del ministerio de salud prescribe: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. El dictamen de la recurrida, NO DICE PORQUÉ DE UNA FORMA CIENTIFICAMENTE FUNDADA, el hecho de rechazar las licencias médicas de nuestro representado, con lo que transgreden o vulneran la norma recientemente transcrita. Sin perjuicio de lo anterior El Decreto Supremo N° 3 de 1984 dispone la posibilidad de que en caso de duda sobre la procedencia de una licencia médica, dictar medidas para fundar un rechazo o una reducción de la licencia médica, contando entre ellas, la práctica de nuevos exámenes, el informe de antecedentes clínicos complementarios del profesional médico que otorgó la licencia o la disposición de otras medidas informativas que permitan una mejor resolución de la licencia médica (artículo 21 Decreto Supremo N° 3 de 1984). El dictamen de la recurrida que rechaza las licencias médicas señaladas es presentado sin los fundamentos científicos necesarios para aquello. Que, así las cosas, al no tener la decisión de la SUSESO, los fundamentos científicos suficientes para rechazar las licencias médicas, se ha vulnerado a su vez, un principio básico de todo acto administrativo, el cual es la fundamentación del mismo. Para mayor abundamiento, el artículo 23 del decreto N°3 del ministerio de salud, reafirma los artículos 16 y 21 del mismo cuerpo legal prescribiendo: “La Unidad de Licencias Médicas, la Compin y la ISAPRE, podrán dirigirse directamente a los trabajadores, a los profesionales que expidan las licencias, a los empleadores y a las entidades previsionales, en materias relacionadas con la autorización de las licencias médicas”. Claramente, siguiendo los mismos argumentos utilizados en los artículos 16 y 21 de este decreto se puede visualizar que la resolución que rechaza las licencias carece de fundamentación y fue dictada al margen de lo establecido por ley.

Con todo el artículo 2 de la ley 20.585 expone: “Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales habilitados para emitir licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden dentro del plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el inciso siguiente. En casos excepcionales, y por razones fundadas, las Comisiones podrán citar a los profesionales a una audiencia para aclarar aspectos del otorgamiento de la o las licencias, y podrán ampliar el plazo para entregar los antecedentes o informes complementarios, si corresponde, hasta el máximo de siete días hábiles adicionales. Si el profesional no entrega los antecedentes o informes solicitados dentro del plazo señalado o aquellos fueren insuficientes, o no asista injustificadamente a las citaciones, la Comisión mediante resolución fundada aplicará la sanción de multa a beneficio fiscal de entre diez y cincuenta unidades tributarias mensuales. En casos calificados, la Comisión podrá, además, suspender la venta de formularios de licencias médicas y la facultad de emisión de licencias médicas electrónicas o de papel, según corresponda, por el plazo de hasta treinta días hábiles, medida que se renovará automáticamente mientras persista la conducta del profesional. Para efectos de determinar la sanción específica, la Comisión tendrá en especial consideración el número de licencias médicas respecto de las cuales se solicitaron los antecedentes, el grado de incumplimiento, las conductas anteriores del profesional requerido o citado, y cualquier otro criterio que a su juicio sea relevante. Recibida o no la información solicitada, o por inasistencia injustificada del profesional a la citación, en caso de que existan antecedentes que hagan suponer, fundadamente, que una o más licencias médicas fueron emitidas sin fundamento médico en los términos señalados en esta ley, las Comisiones solicitarán a la Superintendencia de Seguridad Social el inicio del procedimiento regulado en el artículo 5º, y acompañarán todos los antecedentes que tuviere en su poder. (…)”. Como se puede apreciar, la recurrida tiene AMPLIAS FACULTADES Y DEBERES que debe realizar previamente a rechazar las licencias médicas y ninguna consta en la respuesta que se le dio a nuestro representado, es más, conforme al artículo 5 del mismo cuerpo legal, señala que la COMPIN frente a una licencia que determine que no cuente con fundamento médico suficiente, puede solicitarle a la SUSESO que inicie una investigación, esto lo expone de la siguiente forma: “En caso de que el profesional habilitado para otorgar licencias médicas emita una o más licencias con ausencia de fundamento médico, es decir, con ausencia de una patología que produzca incapacidad laboral temporal por el período y la extensión del reposo prescrito o sin una atención de salud asociada a su emisión, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, del Fondo Nacional de Salud, de una Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar un procedimiento de investigación. (…)”. Si la recurrida considera que no se encuentra fundamentada médicamente las licencias médicas de nuestro representado, como se puede apreciar, contaba con diversas acciones que la ley le obliga a realizar y no rechazar directamente sus licencias médicas sin fundamento alguno. Junto con lo anterior, el artículo 10 del mismo cuerpo normativo expone: “Las instituciones de salud, Fondo Nacional de Salud e Instituciones de Salud Previsional serán las encargadas de justificar el rechazo en las apelaciones presentadas a las instituciones reguladoras del sistema de licencias médicas, no los usuarios o pacientes”. Según se viene argumentando, la recurrida no le exigió dicha justificación a quien corresponde, viéndose únicamente afectada nuestro representado con el rechazo arbitrario e ilegal por parte de la recurrida. Sin perjuicio de todo lo anterior, la SUSESO es un órgano de la Administración del Estado y le resultan aplicables las disposiciones de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos. El artículo 11 de la ley 19.880, ordena que “La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, agregando su inciso segundo que “Los hechos y fundamentos de derechos deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”, junto con esto el artículo 41 del mismo cuerpo legal en lo que nos interesa expone: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá resolver la inadmisibilidad de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento”. No se ha justificado el rechazo de las licencias médicas presentadas desde un punto de vista técnico, por tanto, dichas licencias debieron tramitarse y pagarse de acuerdo a la ley, lo que al no hacerse implicó un acto ilegal, además de la ilegalidad de no indicar el recurso procedente para alegar este rechazo, ni el plazo ni el órgano encargado de conocer la materia.

En cuanto al hecho de rechazar las licencias médicas durante la tramitación de pensión de invalidez, esta parte viene a solicitar se tenga en consideración lo prescrito en el Artículo 38 del DS N°3 del Ministerio de Salud del año 1984, en cual establece: “Las ISAPRE continuarán pronunciándose sobre las licencias médicas de los trabajadores que se encuentren en estudio de calificación de invalidez por las Comisiones Médicas Regionales del artículo 11° del decreto ley N° 3.500, de 1981, o por las Compin, mientras éstas no emitan su dictamen sobre la invalidez o irrecuperabilidad de los afectados”. Este artículo indica que las ISAPRE (o, en la práctica actual, la COMPIN para el caso de FONASA), deben seguir evaluando y autorizando las licencias médicas de un trabajador incluso cuando este se encuentra en el proceso de calificación para una pensión de invalidez. La relevancia de esto es crucial, ya que, en primer lugar, se busca la protección de ingresos, el artículo busca evitar que el trabajador quede sin ingresos durante el largo y a veces complejo proceso de calificación de invalidez. Seguido se busca resguardar la continuidad del beneficio, puesto, asegura que el derecho a recibir un subsidio por incapacidad laboral, a través de las licencias médicas, se mantenga mientras se determina si la incapacidad es temporal o permanente. Frente a este punto se puede evidenciar que el actuar de la recurrida es una práctica ilegal y arbitraria, pues el rechazo de licencias médicas argumentando que el diagnóstico es "irrecuperable" o que el trabajador debe tramitar directamente la pensión de invalidez, es una práctica que contraviene el espíritu y la letra de este artículo y de la normativa de la Superintendencia de Seguridad Social. A mayor abundamiento sobre este mismo punto debemos tener presente lo que indica la circular número 2 C/134 de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, la cual tiene una relación directa y muy importante, es una instrucción de la autoridad que refuerza el espíritu del Artículo 38 del D.S. N° 3. Esta impera que el derecho a la licencia médica se mantiene durante el proceso de calificación de invalidez, y proporciona un mecanismo para conciliar ambos beneficios una vez que la invalidez se declara de forma definitiva. Este documento es una herramienta clave para defenderse contra el rechazo de licencias médicas por parte de la COMPIN, ya que demuestra que la ley y las instrucciones de la autoridad respaldan la continuidad del beneficio. Por estos argumentos es que lo resuelto por la Compin se encuentra totalmente fuera del marco legal.

IV. CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES 1.

Siguiendo con la línea argumentativa, la Excma. Corte Suprema ha señalado a propósito de resoluciones sin fundamentación técnica lo siguiente: “Que, en razón de lo expuesto, tanto por la falta de fundamentación como por la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles, evaluación clínica e interconsultas, son motivos suficientes para calificar de arbitrario el rechazo de los permisos médicos que le fueran concedidos por el médico que la ha atendido”1 2.

La Corte Suprema en otro fallo realiza su apreciación frente a la falta de fundamentación al momento de rechazar las licencias médicas en los siguientes términos: “Que, en razón de lo expuesto, tanto por la falta de fundamentación como por la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles, evaluación clínica e interconsultas, son motivos suficientes para calificar de arbitrario el rechazo de los permisos médicos que le fueran concedidos por el médico que la ha atendido. Que la conducta de la recurrida afecta, así, la integridad física de la actora, al comprometer la recuperación de su salud, y el derecho que tiene sobre el subsidio respectivo, derechos asegurados por los números 1° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y susceptibles de cautela por esta vía”2 3.

La Corte de Apelaciones de Temuco, acogió un recurso de protección que se presentó por circunstancias similares por no decir iguales. Dicho fallo dice respecto del actuar de las recurridas a la hora de rechazar las licencias médicas que se les presentó: “En este sentido, se tiene en especial consideración, que la institución recurrida cuenta con los medios humanos y técnicos para determinar el real estado de salud de la paciente, pudiendo disponer la realización de otros exámenes necesarios para confirmar o descartar las patologías que motivan las reiteradas licencias, facultad que no consta hayan ejercido, limitándose al escueto motivo de rechazo que se ha explicitado anteriormente Al no realizar tal actividad en el caso de que se trata, se afecta injustificadamente el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente, y se afecta su derecho de propiedad, privándola injustificadamente de los recursos que provienen del pago de los subsidios correspondientes”. (Lo subrayado es nuestro). Continúa dicho fallo con lo siguiente: “Luego, existen otras que han sido rechazadas mediante la simple afirmación de considerar un reposo injustificado, pero sin explicar las razones de su estimación, o bien, por encontrarse en trámite su invalides, pero sin justificar o explicar el fundamento de su rechazo. Esta falta de motivación, debiendo haber la justificado, es una clara manifestación que el acto del rechazo es arbitrario, abusivo, que se aparta del criterio racional con que deben ser adoptadas las decisiones en una materia como de autos, que, tanto por su naturaleza, como por sus efectos, son de la mayor importancia, y deben ser decididas en base a razones expresadas, justas y equilibradas. No expresarlas es lo mismo que no tenerlas, por lo que el presente recurso deberá ser acogido”3 (Lo subrayado es nuestro). Cabe exponer que lo anteriormente expuesto fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N° 14.378- 2021.

4. Con todo, en otra oportunidad la Corte de Apelaciones de Temuco a resuelto lo siguiente respecto de fundamentar la modificación o rechazo de una licencia médica: “Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes 3 Corte de Apelaciones de Temuco Rol N° Protección – 7911-2020 complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica". Que así, según se observa en la Resolución indicada, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que la avale su rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados. Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo al periodo de reposo delas licencias médicas rechazadas. En razón de lo expuesto tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los órganos administrativos correspondientes, son elementos que debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago delas licencias médicas respectivas. Que de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por la recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto4.

Cabe advertir que ninguna de estas facultades que la ley faculta a la recurrida, se le ha practicado a nuestro representado.

5. También hay que tener presente lo que resuelve la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, al considerar que el actuar como el de las recurridas en estos autos, vulnera el derecho consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución política de la República, cuando dice: “Que así las cosas, el actuar de la recurrida constituye una vulneración al derecho garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que el rechazo de las licencias importan la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley, quebrantamiento que, adicionado a la arbitrariedad señalada en forma precedente, llevan a concluir que la acción constitucional deducida debe ser acogida5”.

Dicho todo lo anterior se hace necesario exponer, que producto del rechazo de las licencias médicas en cuestión, nuestro representado ha visto disminuido su patrimonio, al no ser subsidiada, poniéndola en una situación muy complicada, debiendo no sólo vivir con los perjuicios de sus enfermedades, sino también con las dificultades económicas actuales.

6. Sobre la forma de resolver la controversia y restablecer el imperio del derecho, la Corte de Apelaciones de Concepción a resuelto lo siguiente en un caso similar: “Octavo: Que revisadas las resoluciones recurridas, aparecen desprovistas de la fundamentación que la ley le exige, utilizando fórmulas genéricas que pretenden desvirtuar el diagnóstico del médico tratante del actor, sin tener dicha virtud en tanto éste no fue sometido a ningún tipo de peritaje por parte de la COMPIN de manera que los antecedentes proporcionados no sólo por el médico que expidió la licencia médica sino que también por una profesional especialista en psiquiatría no aparecen contradichos por ningún otro elemento de convicción y además el reposo prescrito por el profesional competente se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el Decreto N° 7 que Aprueba Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán Respaldar la Emisión de Licencias Médicas. Noveno: Que, en las precisas condiciones antes anotadas, la conducta de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República que le asiste al recurrente, desde que la negativa a acoger las reclamaciones respecto a la licencia médica cuestionada por el actor lo ha privado del correspondiente subsidio por incapacidad laboral. Décimo: Que en estas condiciones, el arbitrio deducido debe ser acogido, ordenando el pago del subsidio relacionado con la licencia médica materia del presente recurso, no siendo posible optar por la realización de un peritaje, toda vez que el extenso tiempo transcurrido desde el otorgamiento del reposo médico, prescrito por un profesional médico, hace que resulte imposible determinar cuáles eran las condiciones de salud en que se encontraba el actor en aquél momento”6. Cabe señalar que dicha sentencia fue confirmada por la Corte Suprema mediante causa rol N°153.592-2023.

7. En cuanto al hecho de rechazar las licencias médicas argumentando que nuestro representado se encontraba solicitando se califique la pensión de invalidez la Excelentísima Corte Suprema se ha referido al respecto en las siguientes palabras: “Es por lo anterior que la Circular N°2 C/134 de fecha 4 de junio de 1985, reiterada mediante el Ordinario Circular 016 de 1995 de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, dispone que mientras dure el trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y éste se considere legalmente ejecutoriado, las COMPIN deben continuar autorizando las licencias médicas y pagando los correspondientes subsidios; circunstancia que imposibilita dejar de otorgar los beneficios correspondientes en tanto no se declare como irrecuperable la salud del trabajador, resolverlo de manera distinta afecta la garantía de igualdad ante la ley”7 8.

A su vez, la Excelentísima Corte Suprema también refiriéndose a lo mismo, ha resuelto lo siguiente: “No resulta baladí al tenor de lo dispuesto en la Circular N°2 C/134 de fecha 24 de junio de 1985 que dispone que mientras dure el trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo y éste se considere legalmente ejecutoriado, las COMPIN deben continuar autorizando las licencias médicas y pagando los correspondientes subsidios. En efecto ha sido el legislador quien ha dispuesto que “los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones” (artículo 5° inciso segundo de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundido fue fijado por el D.F.L. N°1/19.653), a lo que se suman los principios de eficiencia, eficacia, economía procedimental y de inexcusabilidad, en cuanto se ordena que la autoridad administrativa deberá instar siempre por la resolución integral de los asuntos sometidos a su conocimiento, incluso derivado de su ponderación a quien tenga la competencia para ello ( artículo 14 inciso segundo de la Ley N° 19.880)”8 V.

DERECHOS CONCULCADOS La acción ilegal y arbitraria denunciada priva, perturba o amenaza a la recurrente en su legítimo ejercicio de los siguientes derechos y garantías constitucionales:

A.

Derecho de Propiedad; consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que el rechazo de las licencias médicas importa la privación a un derecho a retribución monetaria contemplada expresamente por la ley.

B.

Derecho a la Vida e Integridad Física y Psíquica; consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, considerando que el actuar de la recurrida le está privando de gozar de licencias médicas otorgadas a favor de nuestro representado, lo cual importa un subsidio de incapacidad laboral, otorgado para la recuperación de la salud física y psíquica de mi representado. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, La Convención Americana (Pacto de San José, ratificada por Chile y publicada el 5 de enero de 1991, en su artículo 5 señala: “N°1 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, derecho que no está respetando las recurrida con su actuar ilegal y arbitrario.

C. El Derecho de Igualdad ante la ley; Dado que el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo19 N° 2 de la Constitución Política, en términos que conculca el derecho a la igualdad ante la ley, al privar a nuestro representado del subsidio en relación con otras personas que si tienen ese derecho en iguales circunstancias, da a entender, que a nuestro representado no se le está dando el mismo tratamiento jurídico que a otras personas, vulnerando el derecho que se expone en este acto.

Pide que de acuerdo con lo expuesto, disposiciones citadas, jurisprudencia expuesta y según lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales de fecha 24 de junio de 1992, modificado por el Auto Acordado N°70 de 2007 y Acta N°4-2015 referidas a la materia, se sirva tener por interpuesto recurso de protección, en contra de SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado, ambos ya individualizados, o por quien haga las veces de tal, acoger el recurso en todas sus partes, resolviendo en definitiva que se autoricen a nuestro representado todas las licencias médicas reclamadas y se le paguen los respectivos subsidios, para así restablecer el imperio del derecho, o lo que V.S.I., considere pertinente, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos 1.

Resolución exenta de la SUSESO.

2. Informes Médicos.

A folio 10 informa don TOMÁS GARRO GÓMEZ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien señala que Don nombre reservado, con fecha 17 de septiembre del año 2025, ha interpuesto Acción de Protección, en el caso de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDD SOCIAL, en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-115580-2025, de 21 de agosto de 2025, que rechazó el recurso de reconsideración de fecha 1 de julio de 2025, interpuesto en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-84344-2025, de 18 de junio de 2025, que rechazando el reclamo (recurso jerárquico), interpuesto con fecha 3 de junio de 2025, en contra de la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó lo resuelto por ésta, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N° 111283794-5, N° 112551134-8, N° 39474500, N° RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 210 días de reposo a contar del 4 de diciembre de 2024, por cuanto su contraloría médica consideró que el reposo prescrito por el médico tratante no resultaba justificado, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso.

Respecto a la acción de autos interpuesta en contra de mí defendida, en forma previa a informar respecto de la materia de fondo de la misma, ALEGAMOS SU PALMARIA FALTA DE OPORTUNIDAD, al haberse interpuesto en subsidio de los recursos administrativos que contempla nuestro ordenamiento jurídico y para revertir lo decidido en las instancias técnicas respecto de un reposo que resultó cuestionado al no comprobarse incapacidad laboral temporal del trabajador. De tal forma, a la fecha de su interposición el plazo fatal de 30 días corridos que se contemplan para hacerla valer, estaba vencido con creces.

En efecto, consta en los respectivos expedientes administrativos del procedimiento administrativo electrónico, que don nombre reservado, con fechas 29 de enero, 9 de abril, 3 de junio y 1 de julio, todas de 2025, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, SUBCOMISIÓN CAUTÍN, toda vez que había confirmado el rechazo de las licencias médicas ya singularizadas por la causal de orden médico, reposo injustificado.

De acuerdo con lo antes expuesto, la parte recurrente, qué duda cabe, tenía conocimiento cierto del rechazo de sus licencias médicas, a más tardar desde el mismo día en que reclamó de ello ante la Superintendencia de Seguridad Social, en las fechas ya indicadas, de tal forma que, debiendo computarse el plazo desde dicha data, sino desde que se rechazaron las licencias médicas por la ISAPRE, la acción de protección resulta a todas luces extemporánea.

En efecto, de acuerdo con lo prescrito en el número primero del AUTO ACORDADO DE LA EXCMA CORTE SUPREMA, QUE REGULA LA TRAMITACIÓN Y FALLO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, la acción de protección se debe interponer en el plazo fatal de 30 días corridos, contados desde que se ejecuta el acto supuestamente ilegal o arbitrario (en este caso el rechazo de las licencias médicas), o se incurre en una omisión de las mismas características o bien, desde que el afectado toma conocimiento cierto del mismo, de acuerdo con la naturaleza del acto recurrido.

En relación con esta alegación, SS. ILTMA ha de tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República la acción de protección tiene un carácter cautelar de derechos y que frente a un acto ilegal o arbitrario, la persona afectada en sus garantías protegidas, puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

Conforme a dicha norma de rango constitucional, la Acción de Protección no tiene el carácter de subsidiaria de otras vías de reclamación que pudieren existir, lo que evidentemente está en íntima relación con su carácter cautelar de derechos, tal cual lo ha manifestado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justica. Por otra parte, SS. ILTMA., debe tener presente que, como invariablemente ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el plazo para interponer la Acción de protección es objetivo y, en consecuencia, su interposición no puede quedar entregada a la voluntad del que se siente perjudicado por un determinado acto, pues una interpretación contraria estaría en abierta contradicción con su naturaleza cautelar de derechos.

En efecto, instando por una revisión tras otra en el ámbito administrativo, a través del recurso de apelación, jerárquico o de reposición siempre se podría crear un nuevo plazo para ejercer la acción de protección, reclamando mucho tiempo después de ejecutado el acto supuestamente atentatorio, lo que contraviene su finalidad.

De acuerdo con lo expuesto, la acción de protección de autos, recién interpuesta con fecha 17 de septiembre de 2025, en subsidio de las reclamaciones administrativas intentada ante mi defendida y de los que previo a éste contempla el procedimiento para la autorización de licencias médicas por parte de las COMPIN e ISAPRE aprobado por el DS N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, resulta manifiestamente extemporánea.

Lo anterior, sin perjuicio que, en cuanto al fondo del asunto que motiva esta acción constitucional, como se demostrará, carece de fundamentos fácticos, pues no existe actuación ilegal o arbitraria alguna de parte de mi defendida que haya vulnerado y ni siquiera puesta en peligro algún derecho garantido por nuestra Constitución Política.

Por último, SS. ILTMA. ha de tener presente que la declaración de admisibilidad ya resuelta en autos, se hizo sin previa notificación y audiencia de esta parte, de tal forma que lo resuelto no puede ser obstáculo a que se declare, con los antecedentes proporcionados por esta parte, la palmaria falta de oportunidad y, por lo tanto, su rechazo por esta causa.

Pide que atendida las anteriores consideraciones de hecho y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el numeral primero del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; se rechace la Acción de Protección interpuesta por don nombre reservado por haber sido ejercida de forma por demás extemporánea, con expresa condena en costas.

En subsidio de la alegación anterior y para el improbable caso que no sea acogida, evacuamos el informe sobre el fondo de la materia sobre la que versa esta acción constitucional de acuerdo con las siguientes consideraciones, solicitando desde ya su rechazo en todas sus partes, por carecer de todo fundamento.

Ahora bien, como la Acción de Protección de autos se ha interpuesto en solo contra de la Superintendencia de Seguridad Social en circunstancias que las licencias médicas fueron rechazadas, de acuerdo con la ley, por la COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA resulta del todo necesario distinguir entre las actuaciones de mi defendida y aquellas en que tuvo participación la referida COMPIN. En efecto, la citada COMPIN, en el caso de la recurrente, actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), de acuerdo con lo prescrito en el DFL N° 1,de 2005, del Ministerio de Salud y el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de salud, que contiene el Reglamento para Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e ISAPRES.

ANTECEDENTES Actuación de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de don nombre reservado

1.- Como consta en el expediente administrativo que se acompaña en un otrosí de este escrito, don nombre reservado, con fecha 29 de enero del año 2025, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, ya que había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° licencias médicas N° 111283794-5 y N° RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo a contar del 4 de diciembre de 2024, por cuanto la referida institución de salud previsional consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado.

2.- Con la finalidad de resolver adecuadamente la antedicha reclamación, se recabaron los antecedentes médicos del caso de la COMPIN reclamada, a saber, el maestro histórico de licencias médicas FONASA y la CARTOLA MÉDICA del respectivo Servicio de Salud, en el que se dejó constancia de los fundamentos para resolver acerca de las licencias médicas, señalando lo siguiente:

, “…Dict. Ejecutoriado el 28/09/2024: MCT 1% sin diagnóstico Cuenta con dictamen de invalidez rechazado con un 1% de incapacidad, se cuenta con acta que da cuenta de evaluación con interconsultor cardiólogo, este configura HTA y cardiopatía coronaria clase I rango bajo, HTA en control inadecuado, pero con terapia farmacológica a su alcance para mejorar respuesta. CC revascularizada, sin compriso en función ventricular.OFT describe tto pendientes. Por tanto, rechazo por R-4. MJB (de paso, lo OFT solo genera un MCT 10% previo a cx, por lo que no debería ser impedimento para realizar sus funciones) ingresa 07-11-2024 RR ,se sube a Ex Web LM 909-433 //lc Cuenta con dictamen de invalidez rechazado con un MCT 1% ejecutoriado el 28.9.2024, inicia un segundo trámite el 4.11.2024, no procede prórroga por similar causa, debe utilizar capacidad residual. No hay evidencia de reintegro laboral o tratamientos pendientes que justifiquen extensión. R-42.MJB “…En reposo desde el 15.2.2023, acumula 658 días de reposo autorizados. Estudios realizados no son concluyentes para isquemia, con FEVI conservada. Estaría a la espera una cardioresonancia para completar estudio- Se evaluó MCT obtiene un 1% (configurada para cardiopatía coronaria e HTA). Por lo tanto, estimo no se justifica reposo. MJB INGRESA RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01- UNRA-26745-2025 DEL 28-02-2025, Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 111283794-5, 112551134-8, de acuerdo a lo anteriormente expuesto SE DEJA OBSERVACION EN SIF. Dict. Ejecutoriado el 21/02/2025: MCT 15% por E11/I10/I50/ Cuenta con dictamen de invalidez reciente que descarta irrecuperabilidad del cuadro, en último dictamen con MCT 15%. No utiliza capacidad residual Se ha solicitado estudio por parte de cardiología (SPECT miocárdico de esfuerzo). Mantengo rechazo. R-42. MJB INGRESA RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-64922-2025 DEL 14-05-2025 Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s. 39474500, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto. SE DEJA OBSERVACION EN SIF. RR LM N°RUT reservado y N°RUT reservado, aporta:

- Cardio resonancia magnética de estrés (15.04.2025) positivo para isquemia inducible.

- Informe de trabajadora social de APS. - Certificado médico Dra. nombre reservado, médico general APS.

- IC para ecocardiograma bidimensional en CAPLC del 24.03.2025 - Certificado superintendencia de pensiones, fechado 14.05.2025, inició tercer trámite de calificación de invalidez el 16.04.2025, en trámite normal en CMR.

Usuario con extenso reposo por patología cardiaca, de carácter crónico que no acredita posibilidad de reversibilidad con el reposo. No acredita rol terapéutico del reposo. No informa tratamientos pendientes. Cuenta con dictamen de invalidez reciente, ejecutoriado 21.02.2025 con un 15% de MCT por: DM, HTA, Insuficiencia Cardiaca. Teniendo en cuenta que no se acredita incapacidad transitoria, rol terapéutico del reposo y que tiene dictamen de invalidez con menoscabos configurados, menor al 50%, mantengo rechazo. PUEDE APELAR A SUSESO. …”

3.- Pues bien, la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA- 26745-2025, de 28 de febrero de 2025, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento:

“…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 111283794-5, 112551134-8, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, en las situaciones en que las Comisiones Médicas respectivas le han fijado a un afiliado al Sistema del D.L. N°3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un grado de incapacidad que le da derecho a pensión de invalidez, se pueden autorizar las licencias hasta el término de aquella que estaba vigente al quedar ejecutoriado el dictamen de invalidez, rechazándose las que se presenten a continuación.

“Que, en la especie, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido el Dictamen N° 12962/2024, de fecha 04 de septiembre de 2024, ejecutoriado con fecha 30 de septiembre de 2024, por medio del cual se le ha reconocido al Sr. nombre reservado un 1% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, rechazar solicitud de pensión de invalidez.

“Que, en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de licencia médica por tratarse de un derecho esencialmente temporal, toda vez, que el trabajador era portador de una patología irrecuperable, pero no invalidante, como queda de manifiesto en las resoluciones de invalidez rechazadas.

“Que, sólo en la medida que el interesado cuente con una resolución ejecutoriada de las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones, que le asigne un porcentaje de invalidez igual o superior a un 50%, esta Superintendencia podrá revisar nuevamente su situación…”

4.- En efecto, revisado el caso por el Dr. nombre reservado, de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de lo siguiente, tras el estudio del mismo:

“…Datos de Licencias Médicas:

Cantidad Total de días reclamados: 210 Días Autorizados por la(s) patología(s): 658 Licencias: RUT reservado: I25 - Enfermedad isquemica cronica del corazon. RUT reservado: I25.2 - Infarto antiguo del miocardio. RUT reservado: I25.2 - Infarto antiguo del miocardio. RUT reservado: I25.2 - Infarto antiguo del miocardio. 112551134-8: I25.2 - Infarto antiguo del miocardio. 111283794-5: I23.8 - Otras complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio. 39474500: I21.- Infarto agudo de miocardio. Antecedentes Médicos: 17-04-2025: atendido en CESFAM por cardiopatía coronaria, HTA, DL, IAM, DM2, tinitus, miopía, astigmatismo y angina refractaria a tto médico, se encuentra inhabilitado en el ámbito laboral por sintomatología y riesgos que esto puede desencadenar. 04-04: paciente con angina refractaria a tto médico secundaria a enfermedad coronaria que limita AVD de forma severa, me parece razonable plantear TPI, evaluado por cardiología. 24-03-2025: mismos antecedentes, agrega que está pendiente la RMN cardiaca, en lista de espera. Tf: ASS 100mg, ATV 80mg, Isosorbida 10mg, Bisoprolol 2,5mg, Omeprazol 20mg, Empagliflozina 10mg, Losartán 50mg, Pregabalina 75mg, Enalapril 5mg, Vastarel 35mg, Famotidina 40mg. Sin fecha: reposo justificado debido a sintomatología moderada a severa en que destaca disnea CF III, angor recurrente, palpitaciones, dolor precordial, disnea paroxística nocturna, ortopnea 3 almohadas, en control con cardiología, riesgo cardiovascular alto, primer evento a los 34 años y luego a los 43, a la espera de ser llamado para SPECT miocárdico de esfuerzo.

De acuerdo con cartola, primer TPI rechazado con 1% MCT, ejecutoriado 28- 09-2024 configurada para cardiopatía coronaria e HTA. Segundo TPI Dict. Ejecutoriado el 21/02/2025: MCT 15% por E11/I10/I50/. Psi 2025: paciente en psicoterapia desde el año 2023 por trastorno de ansiedad a raíz de IAM antiguo.

Conclusión:

Paciente con 658 días de reposo autorizado, reclama por 210 días rechazados, emitidos por médico general, modalidad institucional. De acuerdo con cartola, posee 2 TPI rechazados con bajo porcentaje, sin derecho a pensión de invalidez. Reposo carente de rol terapéutico. Mantengo rechazo…”

5.- Por otra parte, nombre reservado, con fecha 9 de abril del año 2025, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, ya que había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° licencias médicas N° 39474500 y N° RUT reservado, extendidas por un total de 60 días, a contar del 2 de febrero de 2025, por cuanto la referida institución de salud previsional consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado.

6.- La SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-64922- 2025, de 14 de mayo de 2025, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento:

“…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s. 39474500, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, en las situaciones en que las Comisiones Médicas respectivas le han fijado a un afiliado al Sistema del D.L. N°3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un grado de incapacidad que le da derecho a pensión de invalidez, se pueden autorizar las licencias hasta el término de aquella que estaba vigente al quedar ejecutoriado el dictamen de invalidez, rechazándose las que se presenten a continuación.

Que, en la especie, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido el Dictamen N° 011.300/2025, de fecha 22-01-2025, ejecutoriado con fecha 21-02-2025, por medio del cual se le ha reconocido al Sr. nombre reservado un 15% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, rechazar solicitud de pensión de invalidez.

Que, en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de licencia médica por tratarse de un derecho esencialmente temporal, toda vez, que el trabajador era portador de una patología irrecuperable, pero no invalidante, como queda de manifiesto en las resoluciones de invalidez rechazadas.

Que, sin perjuicio de lo anterior, y considerando el tiempo transcurrido, la parte interesada con fecha 16-04-2025, dio inicio a nuevo trámite de declaración de invalidez, en los términos previstos en el D.L. N° 3.500, de 1980, cuyo proceso de evaluación aún se encuentra pendiente de resolución por parte de la Comisión Médica Regional competente…”

7.- Como consta también en el expediente administrativo que se acompaña en un otrosí de este escrito, don nombre reservado, con fecha 3 de junio del año 2025, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, ya que había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo a contar del 2 de abril de 2025, por cuanto la referida institución de salud previsional consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado.

8.- Pues bien, la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA- 84344-2025, de 18 de junio de 2025, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento:

“...Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, en las situaciones en que las Comisiones Médicas respectivas le han fijado a un afiliado al Sistema del D.L. N°3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un grado de incapacidad que le da derecho a pensión de invalidez, se pueden autorizar las licencias hasta el término de aquella que estaba vigente al quedar ejecutoriado el dictamen de invalidez, rechazándose las que se presenten a continuación.

“Que, en la especie, la Superintendencia de Pensiones, a través de su respectiva Comisión Médica, ha emitido el Dictamen N° 011.300/2025, de fecha 22/01/2025, ejecutoriado con fecha 21/02/2025, por medio del cual se le ha reconocido al Sr. nombre reservado un 15% de menoscabo de su capacidad de trabajo, acordando, en consecuencia, rechazar solicitud de pensión de invalidez.

“Que, en tal sentido, es posible establecer que aunque la patología en cuestión no alcanza a configurar un grado de invalidez que otorgue derecho a obtener pensión por dicha causa, en este caso produce una incapacidad laboral de carácter permanente, cuyas alteraciones son de curso crónico y no susceptibles de mejorar con reposo médico, situación en la que no procede la autorización de licencia médica por tratarse de un derecho esencialmente temporal, toda vez, que la trabajadora era portadora de una patología irrecuperable, pero no invalidante, como queda de manifiesto en las resoluciones de invalidez rechazadas.

“Que, sólo en la medida que el interesado cuente con una resolución ejecutoriada de las Comisiones Medicas de la Superintendencia de Pensiones, que le asigne un porcentaje de invalidez igual o superior a un 50%, esta Superintendencia podrá revisar nuevamente su situación...”

9.- Más adelante, don nombre reservado, con fecha 1 de julio de 2025, recurrió una vez más ante la Superintendencia de Seguridad Social solicitando se reconsidere los dictaminado mediante las RESOLUCIONES EXENTAS N° R-01-UNRA-26745-2025, de 28 de febrero de 2025; N° R-01-S-64922-2025, de 14 de mayo de 2025 y N° R-01-UNRA-84344-2025 de fecha 18 de junio de 2025 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N° 39474500, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 4 de diciembre de 2024, por reposo no justificado. Además, la ahora parte recurrente reclamó en contra de la citada COMPIN ya que también había confirmado el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendidas por un total de 90 días de reposo, basado en la misma causal de rechazo, esto es, reposo injustificado.

10.- Pues bien, la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-115580-2025, de 21 de agosto de 2025, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento:

“…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 111283794-5, 112551134-8, 39474500, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que, según los antecedentes médicos y administrativos analizados, no es posible acreditar la existencia de incapacidad laboral temporal durante el periodo de reposo reclamado, por cuando su patología ha sido declarada irrecuperable.

“Que, cabe agregar que su segundo trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 21-02-2025, concluyó en un porcentaje de menoscabo de su capacidad de trabajo igual a 15 %, el que si bien, reconoce la presencia de lesiones crónicas e irreversibles, estas no son suficientes para acceder a una pensión de invalidez, en los términos señalados en el D.L. N° 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado de 658 días…”

11.- En efecto, revisado el caso por el Dr. nombre reservado, de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de lo siguiente, tras el estudio del mismo:

“…Sección C (Antecedentes Médicos) IMC con fecha: (X) SI ( ) NO Detalle: 17-04-2025: atendido en CESFAM por cardiopatía coronaria, HTA, DL, IAM , DM2, tinitus, miopía, astigmatismo y angina refractaria a tto médico, se encuentra inhabilitado en el ámbito laboral por sintomatología y riesgos que esto puede desencadenar.04-04: paciente con angina refractaria a tto médico secundaria a enfermedad coronaria que limita AVD de forma severa, me parece razonable plantear TPI, evaluado por cardiología.24-03-2025: mismos antecedentes, agrega que esta pendiente la RMN cardiaca, en lista de espera.

Tf: ASS 100mg, ATV 80mg, Isosorbida 10mg, Bisoprolol 2,5mg, Omeprazol 20mg, Empagliflozina 10mg, Losartán 50mg, Pregabalina 75mg, Enalapril 5mg, Vastarel 35mg, Famotidina 40mg.Sin fecha: reposo justificado debido a sintomatología moderada a severa en que destaca disnea CF III, angor recurrente, palpitaciones, dolor precordial, disnea paroxística nocturna, ortopnea 3 almohadas, en control con cardiología, riesgo cardiovascular alto, primer evento a los 34 años y luego a los 43, a la espera de ser llamado para SPECT miocárdico de esfuerzo.

TPI: (X) SI ( ) NO Detalle: De acuerdo con cartola, primer TPI rechazado con 1% MCT, ejecutoriado 28-09-2024 configurada para cardiopatía coronaria e HTA. Segundo TPI Dict. Ejecutoriado el 21/02/2025: MCT 15% por E11/I10/I50/.

Otros Antecedentes Médicos: (X) SI ( ) NO Detalle: Psi 2025: paciente en psicoterapia desde el año 2023 por trastorno de ansiedad a raíz de IAM antiguo.

Sección D (Fundamentos de la resolución)

Fundamentos de la resolución: Paciente con 658 días de reposo autorizado, reclama por 210 días rechazados, emitidos por médico general, modalidad institucional. De acuerdo con cartola, posee 2 TPI rechazados con bajo porcentaje, sin derecho a pensión de invalidez. Reposo carente de rol terapéutico. Mantengo rechazo.

12.- Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de mi defendida la Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar por la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la la COMPIN de la Región de La Araucanía y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social.

13.- Conforme a ello, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

14.- Ahora bien, explicada la actuación que correspondió a esta Superintendencia en el caso de don nombre reservado, corresponde referirse al marco legal que regula el derecho denominado “Licencia Médica”, como aquellas en virtud de las cuales esta Superintendencia actúa como institución fiscalizadora de las instituciones de previsión social.

II) EL DERECHO ACERCA DE LA LICENCIA MÉDICA.

Al respecto, cabe hacer presente a SS. ILTMA., que, en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio de la licencia médica (regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud) la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) puede dar derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos los correspondientes a los trabajadores del sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador deberá hacer uso de licencia médica (más tratamiento médico en la mayoría de los casos) luego de lo cual debería quedar en condiciones de volver a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y que creó un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 de la mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencias médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporal para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral y desde el punto de vista pecuniario, el subsidio por incapacidad laboral reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente.

PROCEDIMIENTO AL QUE SE SOMETE LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS.

Con relación a este punto, cabe hacer presente a SS. ILTMA., que el Procedimiento de Autorización de Licencias Médicas está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. De acuerdo con este cuerpo reglamentario, y luego de realizada la tramitación a que aluden los artículos 11 y siguientes del decreto supremo en comento, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), como ocurre en la especie, pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Ahora bien, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI).

Por otra parte, las COMPIN deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), como es el caso del recurrente de autos.

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas en el párrafo anterior, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

En este punto, cabe hacer presente a US. ILTMA., que los reclamos interpuestos por la ahora recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, relativo al rechazo de sus licencias médicas y por el cual recurre ante US. ILTMA., se ampararon en lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, que otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN ESTA MATERIA.

La actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, en este caso se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, de tal forma que está exenta de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, como SS. ILTMA., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir, en lo que resulta de su competencia, el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en la Ley N° 16.395, las funciones de esta Superintendencia en cuanto Institución Fiscalizadora.

Así, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esta Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. Cabe hacer presente que a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍA REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), o bien, como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

Como SS. ILTMA., muy bien conoce, en contra del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, siempre y en todo caso, se puede pedir reconsideración, como lo hizo la recurrente de autos en tres oportunidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundado, coordinado y sistematizado fue promulgado por el D.F.L. N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Pues bien, en el caso en comento, la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de esta Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso ya latamente expuestos.

AUSENCIA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS En esta parte, cabe hacer presente a SS. ILTMA, en primer término, que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento alguno, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En este caso, claramente la parte recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y esta Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas.

Aclarado lo anterior, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, las presentaciones efectuadas por la parte recurrente, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

Finalmente, en cuanto al reclamo relacionado con un supuesto derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral derivado del derecho denominado “Licencia Médica”, o su remuneración, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. Lo anterior, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado 2.- Cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y de densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, de autorización de licencias médicas dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso.”

Por lo expuesto, no existe como pretende la recurrente, algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio por incapacidad laboral o remuneración en el caso de los funcionarios públicos), haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador.

A mayor abundamiento, cabe hacer presente a SS ILTMA., que LA MATERIA SOBRE LA QUE REALMENTE VERSA DICE RELACIÓN CON UN ASPECTO ESPECÍFICO DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, GARANTÍA QUE NO ESTÁ AMPARADA POR LA ACCIÓN CAUTELAR QUE MOTIVA ESTOS AUTOS.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo 20 Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide que en mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículo 19 N° 18 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales; lo preceptuado en la Ley N° 16.395, orgánica y de funciones de la Superintendencia de Seguridad Social; en el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud y demás disposiciones pertinentes; en subsidio de la alegación de lo principal y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por don nombre reservado, solicitando sea desestimado en todas sus partes, con costas Acompaña los siguientes documentos:

copias de los antecedentes administrativos que obran en los expedientes administrativos relativos al caso de la parte recurrente de autos y que terminó con la resolución exenta reclamada.

A folio 15 se prescindió de informe de COMPIN y los autos quedaron en estado de relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

SEGUNDO: Que el recurrente ha denunciado como arbitrario e ilegal la decisión adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social, de mantener el rechazo de las licencias médicas, folios Números 39474500, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 120 días a contar del 04 de diciembre de 2024, por reposo no justificado.

Que además se manifestó el rechazo a las licencias números 111283794-5, 112551134-8, RUT reservado, extendidas por un total de 90 días, bajo la misma causal de rechazo, haciendo mención especial a que su patología ha sido declarada irrecuperable.

TERCERO: Que haciéndose cargo esta Corte en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la recurrida SUSESO, debe tenerse en consideración que si bien es cierto que la actora recurre contra la decisión de confirmar el rechazo de sus licencias médicas, adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social, ello es en definitiva el acto que deja firme el efecto vulneratorio de las garantías del recurrente, toda vez que agota la vía de reclamo administrativo y en consecuencia consolida el rechazo de las licencias por parte de la autoridad competente, lo cual se materializó por, la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-S-115580-2025, de 21 de agosto de 2025, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas y el recurso se interpuso con fecha 17 de septiembre de 2025, de modo que la alegación de extemporaneidad será desestimada.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no es aquella señalada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino las comprendida en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19, por lo que deberá desestimarse dicha defensa.

QUINTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, rola en autos que la recurrida mediante la RESOLUCIÓN EXENTA Nº R-01-S-115580-2025, de 21 de agosto de 2025, que rechazó el recurso de reconsideración de fecha 1 de julio de 2025, interpuesto en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-84344-2025, de 18 de junio de 2025, que rechazando el reclamo (recurso jerárquico), interpuesto con fecha 3 de junio de 2025, en contra de la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó lo resuelto por ésta, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N° 111283794-5, N° 112551134-8, N° 39474500, N° RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 210 días de reposo a contar del 4 de diciembre de 2024, por cuanto su contraloría médica consideró que el reposo prescrito por el médico tratante no resultaba justificado, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso”.

SEXTO: Que de acuerdo lo anterior, es posible concluir que la decisión tomada por los recurridos, tiene por fundamento la existencia de licencias previas, el análisis técnico de la dolencia diagnosticada y el hecho que esta es de aquellas que son de carácter crónico, y por el reposo prescrito por el médico tratante no resulta justificado, sin que por lo mismo se justifique la concesión de nuevas licencias, las cuales por su propia naturaleza están en resguardo de aquellos padecimientos médicos que por su carácter son recuperables en razón de las licencias concedidas, lo que en la especie no es posible de concretar, motivo por el cual esta acción debe ser rechazada.

Sin perjuicio de ello, además debe considerarse que por la propia naturaleza de esta acción constitucional, ella tiene por objeto en caso de ser necesario adoptar medidas tutelares que permitan restablecer el imperio del derecho y el respeto por las garantías constitucionales vulneradas. Desde ese punto de vista es que esta Corte no puede por si sola modificar una conclusión a la cual arribó un órgano técnico, que en el caso concreto dice relación con una situación de salud, situación esta que además por si sola permite no dar lugar a lo pedido y que debe sumarse a la conclusión precedente. .

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

I.- Que, SE RECHAZAN, sin costas la alegación de extemporaneidad del recurso de protección.

II.- Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, todo ello sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-3510-2025.(jog)