nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1-2022 comparece GERARDO NEIRA PARRA, Abogado, quien interpone acción de protección a favor de doña nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT, representada legalmente por su alcalde don Baldomero Santos Vidal.

Señala que el presente recurso se interpone por la acción ilegal y arbitraria en razón de la dictación del Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Teodoro Schmidt Nº 1038 de fecha 26 de agosto de 2022, suscrito por el sr. Alcalde (s) de la Ilustre Municipalidad de Teodoro Schmidt, el sr. Luis Miguel Quilaqueo Alarcón y la Secretaria Municipal Sra. nombre reservado, a través del cual se declara vacante el cargo que la recurrente detentaba en la Dirección de Desarrollo Comunitario – DIDECO-, y deja sin efecto la asignación de funciones como profesional dependiente de dicha repartición, invocando para ello como causal una supuesta salud incompatible con el cargo, resolución que le fue notificada por carta certificada recibida en su domicilio con fecha 6 de septiembre de 2022, por lo que el presente recurso ha sido interpuesto dentro de plazo.

Expresa que a través de este acto la recurrida decidió, en forma ilegal y arbitraria, removerla de su cargo, resolución que tendría como fundamento jurídico las atribuciones otorgadas por el artículo 147, letra a) y 148 inciso primero del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales (ley 18.883), basándose exclusivamente en los parámetros objetivos señalados en la norma (más de 180 días de licencias médicas en los últimos dos años), pero sin señalar una motivación clara del acto administrativo en cuestión, máxime si no se han considerado las circunstancias especiales de las licencias médicas en cuestión, al tenor de los establecido en el artículo 114 del mismo cuerpo legal. De esta manera, considera que al declarar vacante su cargo sin contar con una resolución debidamente motivada que justifique la decisión del sr. Alcalde (s), se infringe abiertamente la normativa nacional de carácter constitucional y legal, así como la internacional de protección de los derechos humanos. Sostiene que los actos recurridos, además de ser ilegales, son arbitrarios, pues carecen de una debida motivación y justificación, lo que, como se verá, amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de las que es legítima titular, a saber: el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley; el derecho a la libertad de trabajo y el derecho a la propiedad; todos derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 19 N° 1, 2, N°3 inciso 5°, 16 y N°24 de la Constitución Política de la República, respectivamente. Solicitando, en definitiva, acoger en todas sus partes la acción deducida, la que se fundamenta en las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Expone que comenzó a prestar servicios para la I. Municipalidad de Teodoro Schmidt el 2 de enero de 2013, primeramente, en calidad de honorarios, desempeñando la función de Asistente Social Coordinadora de los Programas Adulto Mayor y Programa Integración Social para personas con discapacidad, cumpliendo funciones en la DIDECO del municipio, luego a contar de 30 de septiembre de 2014 mediante Decreto Alcaldicio N° 134, con fecha 01 de abril de 2014 se le nombra en calidad de Suplencia de la Planta municipal, en el cargo de profesional, grado 12° EUM, Escalafón Profesionales, realizando además las mismas funciones que tenía en calidad de honorario en los programas antes mencionados, realizando además subrogancia a DIDECO. Que desde septiembre de 2014 a enero del 2015 se desempeñó en el cargo de Asistente Social en calidad de reemplazo del Centro Salud Familiar (CESFAM) de Teodoro Schmidt, cumpliendo funciones como encargada Programa de Atención Domiciliaria para Pacientes con Discapacidad Severa, Consejo Consultivo e integrante del equipo de Salud Mental del Departamento de Salud de la Municipalidad de Teodoro Schmidt, además de ser Facilitadora de Reparación y atención Integral en Salud PRAIS, facilitadora titularidad de Derecho FONASA, Inscripción Per Cápita, Trabajo en Terreno, Chile Crece Contigo, Encargada de Elaborar Informes Sociales para Tribunales (demanda de alimentos, Tuición y Otros.), jefe Técnico OIRS del Departamento de Salud de Teodoro Schmidt, Atención de Usuarios en Oficina, Postas Rurales y Estación Médico Rural. Funciones que según se señala eran efectuadas sin dejar de realizar las funciones en el programa Adulto Mayor. A partir de febrero a diciembre 2015 se desempeñó como Asistente Social Encargada del Programa Adulto Mayor. Entre enero a junio 2016 se desempeñó como Asistente Social encargada del Programa Discapacidad y Adulto Mayor a honorario. A partir 06 de junio de 2016, mediante Decreto Alcaldicio N° 139 se realiza su nombramiento en la planta municipal en el cargo de profesional, grado 12° del Escalafón profesional. Hace presente que estando en la planta municipal, por Decreto Alcaldicio le corresponde subrogar en ausencia a la Directora de Desarrollo Comunitario. Inclusive al momento de asumir la nueva administración aún mantenía la calidad de subrogante de la encargada de DIDECO, situación que se mantuvo al momento de su retorno de licencia médica prolongada el 18 de junio de 2021.

Menciona que con la modificación de la planta municipal y su ampliación asciende al grado 11° lo que se materializa el 28 de agosto 2019 mediante Decreto Alcaldicio Ex N° 859, se le asignan nuevas Funciones a contar del 26 de agosto 2019, en grado 11°, Asistente Social, Escalafón profesional, como encargada de Programa Asistencia Social, debiendo continuar con las funciones asignadas en el Decreto Alcaldicio Exento N° 044 de fecha 06 de junio de 2016, continuando el desempeño de las funciones en la DIDECO de la Municipalidad de Teodoro Schmidt. Indica que desde marzo a agosto de 2020, época de inicio de pandemia COVID 19 realizaron labores mediante modalidad teletrabajo y que con fecha 31 de julio de 2020 mediante Decreto Alcaldicio N.º 600 se dispone mantener el trabajo remoto o teletrabajo de las personas con enfermedades crónicas, embarazadas y de alto riesgo, lo que le es aplicable por padecer hipertensión arterial crónica, obesidad mórbida, resistencia a la insulina entre otras complicaciones y que es conocida por la recurrida, retomando sus funciones presenciales el 1 de septiembre de 2020. Recalca que en pandemia estando en teletrabajo realizo diversas funciones, tales como postulaciones a usuarios de organizaciones de adultos mayores, tramitación de solicitudes, revisión de las mismas, llamadas telefónicas a personas mayores, entre otras, existiendo una alta demanda de los usuarios por ayudas sociales y visitas domiciliarias de profesionales de salud, debiendo preocuparse que el máximo de la población adulta mayor tuviera sus pensiones y de las postulaciones de las mismas, contestando teléfonos de manera permanente. Lo anterior, expresa, la llevo a estar sujeta a un estrés constante, donde se sentía superada e impedida por no hacer más, lo cual, la llevo a sentir mucho dolor en la columna, trastorno de disco lumbar y otros, radícula, espondilólisis, trastorno de discos intervertebrales, trastorno orgánico y otros malestares.

Hace presente que cuando asume la nueva administración municipal con fecha 28 de junio 2021 liderada por el actual alcalde don Baldomero Santos Vidal, venía regresando de licencias médicas prolongadas desde septiembre de 2020 al 18 de junio del 2021 y que mediante Decreto Alcaldicio Ex. N.º 1112 de fecha 10 de agosto 2021 se le asignan nuevas funciones, las cuales tienen vigencia desde el 28 de julio de 2022 donde no se le dejan sin efecto las funciones anteriores como profesional Asistente Social, encargada del Programa Discapacidad, Adulto Mayor y Asistencia Social, sino que se le agregan adicionalmente los programas Extrapresupuestarios, teniendo hasta ese entonces 9 programas a su cargo. Sostiene que las labores asignadas previamente le significaban mayor responsabilidad, dado que debía preocuparse a modo de ejemplo de las bases para llamado a concurso del programa 4-7 Convenio Sernameg hasta de la contratación, así como la confección de decretos, dar respuestas por consultas del Programa Vamos Chilenos, Conecta Mayores, confección de informes sociales tribunales, catre clínico, además ayuda social en materiales de construcción, autorización para instalar mediaguas, entre otros. En el mes de agosto de 2021 se le solicita realizar curso para obtención de Clave Registro Social de Hogares como encargada comunal, donde se le hace firmar acuerdo de confidencialidad para perfiles autorizados Registro Social de hogares por cuanto la encargada de Registro Social de Hogares fue desvinculada de sus funciones, mismo mes en que sr. Luis Miguel Quilaqueo Alarcón le indica que se le colocaría una anotación de demérito, la cual, según señala nunca le fue notificada, todo esto por una actividad del programa de Adulto Mayor con SENAMA al cual se le hicieron modificaciones de horario y no se efectuó una reunión de coordinación entre jefe directo y la Srta. nombre reservado para ver requerimientos, puntos de vista, planificación de la misma y prestar el apoyo requerido para llevar a cabo dicha actividad por parte de este.

Señala que desde el 6 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022 estuvo con síntomas de estrés y con absoluta desesperación, crisis que no le permitían siquiera acercarse al municipio, puesto que ello le ocasiona crisis de pánico, náuseas, dificultades para dormir, estando mucho tiempo sin querer levantarse, sin querer ver a nadie. No podía dormir, lloraba casi todos los días, muchas veces sin ganas de nada. No daba más atención a la abrumadora cantidad de funciones y responsabilidades que tenía sobre sus hombros altamente expuestos en estas líneas, labores que excedían sus fuerzas y capacidades físicas y mentales.

Expone que con fecha 12 de abril de 2022, mediante Decreto Alcaldicio Ex N.º 616 se le reconoce y asignan funciones a contar del 1 de marzo y deja sin efecto las anteriores al mes de marzo; se le otorga grado 11° (sin reconocer aún su derecho legal ascenso), Escalafón profesional, Asistente Social encargada de Programas Extrapresupuestarios que se indican: Programa Vínculos, Programa Autoconsumo, Programa Habitabilidad, Programa 4-7 convenio SERNAMEG, Programa jefas de Hogar convenio SERNAMEG, se le incorporan los programas municipales de Titular (informes sociales) y como Encargada de la Emergencia Hídrica, cumpliendo funciones en la DIDECO de la Municipalidad de Teodoro Schmidt.

Manifiesta que en marzo 2022 se le presionaba para que realizara 2 Cursos: “Sistema de Información Social Emergencias, Perfil Encargada Regional y Comunal”, el cual rindió y aprobó en el mes de abril 2022 –estando con licencia médica- y “Sistema Informático de Programa habitabilidad” que no alcanzó a realizar porque estuvo con licencia médica por positivo de COVID- 2019 desde el 25 al 28 de marzo; situación que se reiteró por el mismo motivo desde el 31 de marzo al 4 de abril del año en curso. Al retornar el día 5 de abril se le notificó de una anotación de demérito por parte DIDECO todo esto según el por no dar cumplimiento a la renovación de los camiones aljibes, siendo que no se entregó la información necesaria a tiempo para dar cumplimiento a lo solicitado. En ese entonces, según señala, todas las instrucciones que se le impartían eran a través de correo electrónico o personal, no existiendo un memorándum, ni decreto de asignación o reconocimiento (ello recién se efectúa con fecha 12 de abril de 2022); de esas nuevas funciones municipales como encargada de Déficit hídrico, no existió inducción respecto al funcionamiento del programa, ni entrega formal de información, documentación u otros antecedentes necesarios para la ejecución del mismo.

Que desde el 14 de abril 2022 a julio 2022 presenta licencias por trastorno mixto de ansiedad y depresión y otras patologías, retomando las funciones, el 01 de agosto de 2022. Señala, además, que al interior del municipio existe un ambiente laboral hostil, ya que, si se quiere apoyar, no te consideran, simplemente por ser en su caso muy cercana a la anterior administración. Inclusive dice, que estando con licencia médica la nueva administración la mandó a buscar para sugerirle la posibilidad de jubilarse por pensión de invalidez a lo cual ella se opuso manifestando su negativa debido a que sus enfermedades son recuperables.

Indica que las asignaciones de funciones fueron sin considerar su derecho a ascenso, dado que se generó cargo vacante el 20 de abril del 2021, debido al fallecimiento una colega en el grado 10 escalafón profesional; su representada cumplía con requisitos para el ascenso al cargo vacante, por tal razón presento dos solicitudes una en el mes de julio 2021, dirigida a encargada de personal, y al no tener respuesta ingresó una nueva solicitud al alcalde de la comuna en marzo del 2022, ante la cual tuvo respuesta mediante Decreto Alcaldicio N° 899 de fecha 19 de julio 2022, disponiéndose que se le pagarían diferencias de remuneraciones a raíz del ascenso a contar del 20 de abril de 2021, pagándole retroactivamente esa diferencia el día 06 de septiembre de 2022.

Refiere que estando con licencia médica con diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión se le notifica el decreto alcaldicio Nº 1038, fechado al 26 de agosto de 2022, donde se declara su salud incompatible del desempeño del cargo y vacancia del mismo, carta certificada llego a su domicilio de mi representada con fecha 6 de septiembre del año en curso. Si bien sostiene que la recurrente tiene licencias reiteradas, están todas están aprobadas por la COMPIN y se encuentra a la fecha con suministro de medicamentos y con controles de especialistas. Asimismo, atendido lo intempestivo e irregular de la situación se le quedo adeudando unos días de licencia Médica, 15 días de vacaciones, PMG, días administrativo pendientes, también le quedo un saldo a favor en bienestar. Es necesario acotar que entre el periodo agosto 2020 y agosto 2022, la mayor parte de las licencias son producto de patologías de salud mental, generadas por sobrecarga y mal clima laboral, cambios de administración y jefaturas directas, además de diversos problemas familiares especialmente el delicado estado de salud de los padres de su representada personas de edad avanzada, teniendo ella el cuidado personal de ambos además de tener el cuidado de dos hijos adolescentes, quienes no reciben apoyo de su padre.

Afirma que las funciones realizadas requerían una elevada responsabilidad, ante la ausencia de la DIDECO ella la subrogaba entre los años 2016 a 2021; como subrogante en dicha jefatura, realizando muchas de las labores inherentes a tal cargo, además de todo su trabajo en terreno inclusive y todo ello sin contar con personal de apoyo suficiente, y sin perjuicio de las labores propia de su cargo y que no podía descuidar. Esto le produjo una situación de estrés, depresión y trastorno adaptativo que la forzó a tomar licencias médicas en diversas oportunidades, señalando que buena parte de las licencias médicas consideradas para el cálculo de periodo de ausentismo que llevó a la dictación del acto impugnado tienen como base u origen hechos derivados de la propia recurrida, principalmente atendida la excesiva carga laboral que la llevó a pedir licencias médicas psiquiátricas y por otras dolencias incluido los contagios de COVID-19, ya que éstos se producen con ocasión de su trabajo, junto con varios otros funcionarios de su misma área o de áreas contiguas.

Asegura que la presente Acción de Protección es el recurso adecuado, idóneo y único con el que, en su calidad de víctima de los actos absolutamente ilegales y arbitrarios cometidos por la recurrida pueda dejarlos sin efecto, particularmente porque dichos actos ilegales y arbitrarios vulneran las garantías constitucionales contempladas en la CPR, en particular aquellas que se encuentran consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, N°3 inciso 5°, 16 y N°24 de nuestra Carta Fundamental. Haciendo presente que lo anterior hace imprescindible el conocimiento y fallo de la presente Acción de Protección por parte de esta Iltma. Corte, pues de otra quedará en la más absoluta y completa indefensión frente a los actos ilegales y arbitrarios de la recurrida, los que han provocado la remoción del cargo que detentaba en la DIDECO de dicho Municipio. Sostiene la Ilegalidad y Arbitrariedad del acto recurrido, argumentando que el acto recurrido, es en primer término ilegal, pues si bien el Alcalde tiene, de acuerdo al artículo 148 del Estatuto Administrativo Municipal (ley 18.883), la facultad discrecional para declarar la vacancia del cargo que ejercía la recurrente por salud incompatible, una vez verificados factores objetivos como son haber tenido más de 180 días de licencia médica (continuos o discontinuos), y solicitar el pronunciamiento sobre la recuperabilidad o no de la situación de salud del funcionario, ello no exime de manera alguna de la obligación de fundamentar y motivar el acto administrativo en cuestión, lo que no sucede en el presente caso, pero que sin embargo, y a pesar que el decreto hace mención a ello en considerandos 5º y 7º del D.A Nº 1038 del 26 de agosto de 2022, ello se contradice con la Resolución de Evaluación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de fecha 10 de agosto de 2022, Folio 15431760, la cual señala y se cita en lo pertinente “…Considerando la solicitud de evaluación de salud irrecuperable realizada por su empleador Municipalidad de Teodoro Schmidt Nº Id 28969328 de:

Nombre de funcionario: nombre reservado

Apellidos funcionario: nombre reservado

Se resuelve que presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatuarios correspondientes”.

Al respecto señala que la resolución de COMPIN es clara ya que indica que presenta un estado de salud recuperable mas no incompatible, por lo que acto administrativo materializado en el decreto alcaldicio Nº 1038 del 26 de agosto de 2022, emitido por la I. Municipalidad de Teodoro Schmidt es manifiestamente arbitrario e ilegal. Con ello se infringe de manera manifiesta la CPR y los artículos art 11, inciso segundo, 41 y 52 de la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Asimismo, sostiene que los Actos Recurridos son arbitrarios, pues además de ser absolutamente ilegales, no tienen ningún fundamento razonable ni objetivo que justifique la necesidad del Municipio para removerla del cargo que detentaba, sin cumplir con la legalidad y justificación necesarias de todo acto administrativo. Lo anterior ha producido respecto de la recurrente una situación absoluta de indefensión, pues, la ha privado de las funciones que habitualmente desempeñaba desde el año 2016, en virtud del cargo antes indicado, sin cumplir con los requisitos legales para ello, sin fundamento ni motivación que justifique la necesidad del servicio para adoptar una medida de tal magnitud y de forma arbitraria, afectando su estabilidad en el empleo.

Recalca que se podrá comprobar del presente libelo que el Sr. Alcalde (s) no ha expuesto argumentos razonables ni fundados para tomar la medida de privar a la recurrente del cargo que ejercía hasta el día 6 de septiembre de 2022, fecha de notificación del decreto que dispuso salud incompatible y vacancia del cargo. Por los motivos antes expuestos, estima que la Iltma. Corte es la llamada en el caso de autos a adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado y asegurar su debida protección en el menor tiempo posible, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de la CPR, en relación con el Auto Acordado dictado por la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Asegura, en primer lugar, que no se ha respetado lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley N°19.880, que indica en su inciso cuarto: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada” y que tampoco se ha cumplido lo señalado por el Artículo 11 de la Ley N° 19.880, que establece en su inciso segundo: “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”. Manifiesta que del texto del decreto alcaldicio Nº1038 se puede apreciar que no obstante tener un estado de salud recuperable según la resolución de COMPIN, la recurrida alude de una manera simplona a una facultad privativa del alcalde para efectuar la declaración de vacancia del cargo sin indicar un motivo o razón de aquello, no existiento motivación suficiente en los actos recurridos, de momento que no se han cumplido los criterios que el organismo contralor ha determinado en relación con la motivación del acto administrativo ello en concordancia con el Dictamen N°6.400 de fecha 02.03.2018. Cita artículo 11 de la ley N° 19.880 "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Agrega que el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada. Cita fallo de la Excma Corte Suprema en causa Rol Corte 29.736-2019 caratulada “nombre reservado CON nombre reservado” con fecha 08 de mayo de 2020 que revoca la sentencia apelada y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección, señalando en dicha sentencia: “Cuarto: Que el artículo 151 de la Ley N°18.834 dispone: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud, incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”, a continuación en el inciso tercero señala:” El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. Indica que el tenor de esta norma da cuenta del reconocimiento de una facultad discrecional a la autoridad respectiva, entendiendo que no se encuentra imperativamente obligado a aplicarla, pero en el caso que la ejerza debe justificar razonablemente su aplicación Expresa, además, que constituye un ejercicio arbitrario de sus facultades legales que el Sr. Alcalde no fundamente en modo alguno cuáles serían las razones que motivarían los actos impugnados y que esta omisión constituye una desviación de poder, entendida esta última como el ejercicio de una potestad administrativa –o su intencionada omisión- para el cumplimiento de un fin distinto de aquel previsto por el ordenamiento al otorgar la correspondiente potestad al órgano administrativo, y sea este fin público o privado. Dice que esta desviación de poder en que ha incurrido el Alcalde (s) atenta contra la finalidad del acto administrativo y deviene en su impugnabilidad por constituir un acto arbitrario, carente de razonabilidad, que vulnera las garantías constitucionales de la recurrente. Cita Sentencia de la Excma Corte Suprema de fecha 1° de Octubre de 2018, en Recurso de Protección Rol Nº 16.866-2018, a saber: “Sexto: Que se ha incurrido entonces en desviación de poder, por cuanto se desprende que el fundamento expuesto en la decisión impugnada no guarda relación con la calificación profesional del recurrente, con su experiencia en el cargo y con los reconocimientos recibidos durante su desempeño, por lo que la referida decisión deviene en carente de razonabilidad. Séptimo: Que debe tenerse en consideración que cinco son los elementos del acto administrativo, a saber, la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, y que puede existir ilegalidad del mismo en relación a cualquiera de ellos; que en este caso y tal como ya se razonó, se configura respecto de su finalidad. Este hecho constituye un vicio que lo torna susceptible de anulación, por ser además arbitrario, por los motivos ya expuestos”. Sostiene que por muy discrecionales que sean las facultades que la ley otorga al Alcalde, esto no lo exime de la obligación de fundamentar el acto administrativo, sabido es, que en la discrecionalidad se esconde la arbitrariedad, y eso es precisamente lo que se busca evitar por el legislador al establecer la obligatoriedad de fundamentación y motivación de los actos administrativos, tanto para posibilitar su impugnación, evitar actuaciones no meditadas, dar conocimiento al afectado de las razones del acto, facilitar la interpretación del acto, y por sobre todo evitar arbitrariedades. Agrega además que la arbitrariedad que denuncia también viene dada por la forma intempestiva en que se puso en conocimiento de la recurrente la decisión de la recurrida, haciéndose mediante la notificación por carta certificada, con expresa indicación que dicha resolución se haría efectiva al momento de ser notificada, sin que hubiera ningún otro tipo de aviso o comunicación, lo que hace aún más gravosa su actuación.

A su turno, señala que a consecuencia de la actuación injusta, ilegal y arbitraria del Municipio recurrido, la recurrente ha sufrido, además de la privación de su fuente de trabajo, consecuencias en el ámbito de su salud física y psíquica. Señala además que una vez que le fuera notificada la declaratoria de vacancia del cargo, estando con una licencia médica, se le adeudaban 15 días de vacaciones, PMG, días administrativos pendientes, además de un saldo a favor en bienestar Que en cuanto a las garantías constitucionales infringidas y vulneradas a través del acto recurrido, expresa que se han vulnerado las siguientes garantías:

a) La integridad física y psíquica consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política expresa, señalando que el derecho a la integridad personal forma parte de aquellos derechos humanos fundamentales y absolutos que tiene su origen en la debida protección a la vida y sano desarrollo de ésta en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como psíquico, en los cuales he sido conculcada, lesionada y afectada y que dichas integridades se relacionan directamente con la protección del derecho a la vida que le da soporte, indicando además que el derecho a la integridad psíquica ha sido entendido como la plenitud espiritual de una persona, la que se relaciona con la prohibición de la aplicación de todo apremio ilegítimo de un tercero, es decir, todo hecho no autorizado por la ley, y que provoque en la persona dolor físico o moral, y que le es aplicado para obtener una confesión o con cualquier otro fin. Haciendo presente las circunstancias ya descritas en las que prestó servicios la recurrente durante los últimos dos años, supliendo en los hechos funciones de su jefatura,(directora de DIDECO) sin descuidar las labores que le correspondían en razón de su cargo, sin que se le diera la posibilidad de optar a teletrabajo durante la época más cruda de la Pandemia COVID 19, además de la evidente sobrecarga laboral llegando detentar hasta 9 programas y que es lo que en definitiva sucedió, la obligó a tomar licencias médicas, que fueron el fundamento de la declaratoria de vacancia de su cargo por salud incompatible con el mismo. Todos estos hechos, según señala, le generaron un cuadro de stress, depresión y trastorno adaptativo, entre otros.

b) La igualdad ante la ley, garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la CPR, haciendo referencia a la doctrina constitucional, se ha indicado: “El consenso doctrinario de los autores nacionales que se han pronunciado sobre el tema permite concluir que la igualdad en la aplicación de la ley es un derecho fundamental implícito en el ordenamiento constitucional chileno, es decir, un derecho fundamental conferido por una norma ius fundamental adscrita...” refiere que el artículo 19, número 2, prohíbe que autoridad alguna pueda establecer diferencias arbitrarias entre los sujetos a los cuales la propia Constitución aplica el sustantivo autoridad se encuentran los tribunales. Por lo mismo, precisa que aquella prohibición se dirige también a estos órganos jurisdiccionales y que la expresión diferencias arbitrarias, por su parte, expresa la formulación clásica de igualdad. Esta exigencia de respetar la igualdad en la aplicación de la ley es coherente con la igual dignidad de todas las personas, reconocida tanto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como en la Constitución chilena”. Sosteniendo que el elemento esencial de esta garantía es la inadmisibilidad de discriminaciones arbitrarias.

Recalca que mediante el Acto Recurrido se ha vulnerado de forma evidente la garantía constitucional de igualdad ante la Ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la CPR, ya que, por la vía de sus actuaciones ilegales y arbitrarias, materializadas en el Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Teodoro Schmidt Nº 1038 de fecha 26 de agosto de 2022, estableció una discriminación total y completamente arbitraria e ilegal contra la recurrente, en comparación a todos los demás funcionarios que han ejercido similares funciones en el pasado y los que actualmente tienen dichas calidades, ninguno de los cuales fue removido de su cargo, imponiéndole la vacancia de su cargo sin fundamento ni motivación suficiente, en condiciones de total discrecionalidad por parte del Sr. Alcalde (s), sin explicar la razón de aquella drástica decisión, en circunstancias que a todos ellos se les respetó plenamente su carácter de funcionarios de carrera.

Reitera que la manera ilegal y arbitraria en que se priva a la actora de su cargo, que es también discriminatoria y sin un debido proceso, atenta contra la garantía constitucional señalada, además por tratarse de una conducta del Alcalde (S) que carece de legalidad y bajo motivos arbitrarios e inexistentes y que en consecuencia, si la decisión del Sr. Alcalde (S) era removerla de su cargo, debió cumplir con estándares de independencia y objetividad similares a los utilizados en otros casos de funcionarios que han debido dejar sus cargos por las razones contempladas expresamente por la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo Municipal y según los criterios jurisprudenciales de la Contraloría General de la República, que le son vinculantes, recibiendo la recurrida un trato diferenciado, de manera ilegal y arbitraria, vulnerándose, así, de manera manifiesta la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la CPR y en diversos Tratados Internacionales. Alega que tal arbitrio del Sr. Alcalde resulta inaceptable, alejado de toda racionalidad, vulnerándose por esta razón el derecho fundamental indicado.

c) El derecho a no ser juzgado por comisión especial, argumentando que los Actos Recurridos constituyen una conducta ilegal y arbitraria cometida por el Alcalde (S) que priva, amenaza y perturba el legítimo ejercicio de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 3, inciso 5°, de la CPR y que del mismo modo, los Actos Recurridos vulneran lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San nombre reservado Rica, que de conformidad a lo dispuesto del artículo 5 inciso 2° de la CPR es una limitación a la Soberanía Nacional. Expresa que mediante el acto recurrido el Sr. Alcalde (S) se ha erigido como una verdadera comisión especial, al dictar dicho acto sin expresión de causa legítima, fundada, que estuvieran motivado en argumentos de hecho y de derecho, lo que ha generado la imposibilidad de que la recurrente sea oída, a efectos de defenderse de la arbitrariedad que pretende imponérsele. Máxime dice, si no se consideró el origen de las licencias médicas que fueron usadas como fundamento para contabilizar el plazo de inactividad por razones de salud de su representada. Que la conducta discrecional y arbitraria del Sr. Alcalde (S), al declarar vacante el cargo que su representada detentaba, igualmente implica un abuso o desviación de poder de su parte al no fundamentar la decisión adoptada en forma motivada, razonable y objetiva. Por último, al actuar como un órgano con potestad jurisdiccional sin gozar de esa facultad se convirtió en una verdadera comisión especial, sin observar las reglas más básicas del debido proceso, sobre todo frente a un proceso que finalmente se convirtió en sancionatorio al privar a mi representada de las funciones que realizaba sin ninguna fundamentación. Sostiene que lo ocurrido en el presente caso es que el Sr. Alcalde (S), de manera ilegal y arbitraria, decide, sin sujeción a la Ley N°19.880, a la Ley N°18.883 y a la CPR, removerla del cargo que detentaba hasta la fecha del Acto Recurrido mediante la declaratoria de vacancia del cargo que ella detentaba, infringiendo de esta forma el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la CPR y, de paso, la garantía del debido proceso. Cita jurisprudencia.

d) La libertad de trabajo, garantía establecida en el artículo 19 N°16 el derecho a la libertad de trabajo y su protección, En su caso optó libremente por trabajar en la Ilustre Municipalidad de Teodoro Schmidt, específicamente en la Dirección de Desarrollo Comunitario de dicho municipio. La decisión ilegal y arbitraria de la recurrida me está privando abiertamente de esta elección, obligándome por motivos reales que se desconocen, aplicando una causal de cesación legal en el cargo que servía, en forma irracional, con la única expectativa de alejarme de mi trabajo.

e) El derecho de propiedad, garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la CPR y que son vulnerados por los Actos Recurridos. Expresa que la Excma. Corte Suprema ha reconocido el derecho a la estabilidad en el empleo, y su pérdida como una afectación al derecho a la propiedad privada, garantizado por la CPR. Cita Sentencia de fecha 21 de septiembre de 2005, que acoge el Recurso de Protección Rol N° 3.659-2005, señalando en lo pertinente: “c) Todas las normas antes señaladas consagran como derecho de un funcionario administrativo el de la estabilidad en el cargo o empleo (el más importante derecho sobre todos los demás que corresponden a ese funcionario, pues sin él éstos desaparecerían)…. Así lo hace la Constitución en el artículo 38; también la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración (Nº 18.575) que en su artículo 40, lo reconoce y lo explica agregando que sólo podrá cesar el funcionario en el cargo por las causales que indica (renuncia aceptada, jubilación, desempeño deficiente, incumplimiento de obligaciones, pérdida de requisitos para ejercer la función, término del período legal y la supresión legal del cargo), salvo los empleos de la confianza exclusiva de la autoridad…….. ”. Dice que de esta forma, queda de manifiesto que la estabilidad en el empleo es un principio consagrado especialmente en el Artículo 38, inciso primero, de la Constitución Política de la República, que se reconoce también en la Ley N°18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, que suele reconocerse como un derecho a la función o derecho a permanecer en el empleo al que se ha accedido de forma legal, mientras no medie una causal legal que amerite la expiración de las funciones del funcionario.

Finalmente expresa que, en el presente caso, ha quedado establecido de lo expuesto, que el Acto Recurrido ha vulnerado de forma ilegal y arbitraria la estabilidad en el empleo de la recurrente, así como el derecho de propiedad sobre su permanencia en él y sobre las remuneraciones que gozaba conforme al cargo ejercido desde el año 2016, por las siguientes consideraciones particulares: “a) Su representada ha accedido al cargo de Profesional de grado 10, legalmente; b)solo podría perder dicho cargo mediante un acto administrativo dictado conforme las formalidades legales y causales previstas en la ley, debidamente ejercidas y aplicadas. c) Ha sido despojada ilegal y arbitrariamente del cargo detentaba hasta el 06 de septiembre de 2022. d) Que dicha cesación de funciones ha tenido como causa la discrecionalidad abusiva del Sr. Alcalde (S) de la I. Municipalidad de Teodoro Schmidt”.

Pide en definitiva ordenar a la recurrida lo siguiente:

a)

Dejar sin efecto DECRETO ALCALDICIO Nº 1038 DE FECHA 26.08.2022, dictado por el Alcalde (s) SR. Luis Miguel Quilaqueo Alarcón, por ser actos ilegales y arbitrarios.

b)

Dejar sin efecto todo acto administrativo posterior, que suponga la validez del acto recurrido.

c)

Restituir en el cargo de Profesional de grado 10º dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Teodoro Schmidt a su representada.

d) Ordenar el pago de sus remuneraciones a consecuencia de los actos recurridos.

e)

Dictar las demás medidas que esta Corte estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente Acción de Protección; y f)

Condenar en costas a la recurrida I. Municipalidad de Teodoro Schmidt.

Acompañó documentos que al respecto indica.

A folio N°11-2022 evacua informe la recurrida MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que la recurrente prestaba servicios en el Departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Teodoro Schmidt, en los últimos 2 años ha presentado licencia médica por más de 6 meses, por enfermedad común, pues aun cuando la recurrente pretende aseverar que sería de origen laboral, lo cierto es que no es así, las licencias médicas presentadas por la recurrente son todas por enfermedad común y que debido a lo anterior con fecha 26 de agosto de 2022, se dicta el Decreto Alcaldicio 1038, que declara la salud incompatible de la recurrente por haber hecho uso de más de 6 meses en específico 456 días de licencia médica en los últimos 2 años, se toma para estos efectos el periodo 26 de agosto de 2020 a 26 de agosto de 2022, pero este decreto no se dicta como se pretende en la acción constitucional como un mero capricho o con la sola contabilización del plazo, muy por el contrario, es previa declaración de salud recuperable por parte de la Comisión de Medicina Preventiva E Invalidez Compin, y no puede ser de otra manera pues de declararse salud irrecuperable, la correspondiente entidad a la que se encuentre adscrita la funcionaria debe tramitar la correspondiente declaración de invalidez total o parcial, para los efectos de cesar en el cargo por ese motivo.

Que por el contrario y como es el caso, que ante la declaración en sentido de ser recuperable la salud, el alcalde queda facultado para declarar la salud incompatible con el desempeño del cargo, conforme lo dispone el artículo 148 de la ley 18.883, al señalar: ”El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable” y que la única condición que impone la ley al alcalde para ejercer esta facultad está contenida en el inciso tercero del mismo artículo pre citado, al disponer: “ El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario, respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

Expresa la recurrida que esta obligación fue cumplida, según se desprende de la Resolución de Evaluación Folio Nº 1531760 de 10 de agosto de 2022 de la Comisión Preventiva, el que dictamina: “Se resuelve que presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes”. Sostiene que este organismo es independiente del Municipio y tiene la experticia suficiente, ahora cumplido el requisito legal, el alcalde en uso de las facultades legales dicta el correspondiente acto administrativo declarando la vacancia del cargo, teniendo en cuenta que en 2 años la recurrente presenta 534 días de licencia médica, cuando el total es de 730 días, por ende la ausencia de la recurrente a trabajar estando en uso de licencia médica en los 2 últimos años equivale a 73,15%, porcentaje que aumenta sin duda si se sumaran las licencias médicas de los años anteriores, ya que los periodos de licencias médicas han sido ininterrumpidos.

Hace presente que según se desprende del recurso, no se desconoce la facultad del alcalde en este ámbito ni tampoco haber efectivamente hecho uso de licencia médica por más de 6 meses en 2 años, lo que estaría entonces fuera de la acción, y lo que se ataca seria únicamente, lo que dice relación, con que sería contradictoria la decisión con lo resuelto por la COMPIN en orden a declarar recuperable la salud de la funcionaria, agregando que se vulnera el artículo 19 Nº 1, 2, 3 inc. 5, 16 y 24 de la Constitución Política de La Republica. Asegura que la ley solo contempla la exigencia de la certificación respectiva de COMPIN, y ello se cumplió, el decreto alcaldicio impugnado, cumple con la formalidad de dar su fundamentación de derecho en los vistos y de hecho en sus considerandos, que aun cuando la recurrente pretende minimizar, el hecho de las extensas licencias médicas y como se expone en el decreto, son los que fundamentan la decisión, no es lo mismo dictar un acto en que el funcionario lleva 200 o 300 días de licencias médicas en 2 años, pero en este caso estamos ante 456 días de licencias médicas, cantidad que habla por sí misma.

Hace presente que el criterio medico lo cumple la Compin, y es por ello la exigencia de la ley, ahora la decisión del alcalde se encuentra dentro de sus facultades conforme a la ley, y el fundamento de ello radica en el extenso periodo de licencias médicas, qué duda cabe de la funcionaria, ya que el Alcalde está obligado al buen recaudo de las arcas fiscales, ello está contenido el acto atacado pues se hace especial hincapié en la cantidad de días de licencias médicas. Precisa que el artículo 148 de la ley 18.883, exige precisamente esta evaluación y certificación por parte de la COMPIN un órgano externo e independiente de los involucrados para que la decisión de declarar la salud del funcionario, no sea consecuencia de un simple y frio computo de los días de licencia médica en el periodo que indica la norma, sino que obedezca a un examen técnico de la situación en particular.

Sostiene que el funcionario en cuestión al ser evaluado se enfrentara a dos escenarios distintos, en caso de declararse irrecuperable su salud, debe dar comienzo a los tramites de jubilación por incapacidad laboral y en el segundo que es lo que ha ocurrido, de declarar recuperable, podrá ser declarada incompatible su salud con el servicio, que es lo que se ha hecho a través de la dictación del correspondiente decreto 1038 de fecha 26 de agosto de 2022. Lo cual dice, en perfecta armonía con el Dictamen Nº017351N18 de la Contraloría General de La Republica.

Finalmente recalca que la decisión no es ilegal, y ello queda claro del tenor del recurso, desde que reconoce la facultad del alcalde de tomar la medida, desde que también la recurrente reconoce que no es necesario que sea dictado previa audiencia, y no es arbitrario cuando se toma la decisión en base a la correspondiente evaluación y declaración de salud recuperable por parte de la COMPIN respectiva. Asegura que No se ha vulnerado ninguna de las garantías señaladas en el recurso, desde que se ha tomado igual decisión con los demás funcionarios que se encuentran en la misma situación que la recurrida, quienes por encontrarse en idéntica situación se ha dictado acto similar al de la recurrente, no existiendo trato discriminatorio ni desigual.

Que en cuanto a la integridad síquica o física de la recurrente, la recurrida expresa que no ha desarrollado actividad alguna que afecte o pueda afectar la salud de la actora, menos con la dictación del acto recurrido el que responde al ejercicio de una facultad legal, y regido por el principio de la legalidad de los actos de la administración está obligado además el alcalde al buen recaudo de los dineros fiscales y que por otro lado la recurrente después de 4 años con licencias médicas por largos periodos ininterrumpidos no podía menos que saber que este sería el desenlace.

Aclara que no existe ni nos encontramos frente a un juzgamiento por comisiones especiales, ya que la facultad legal del alcalde ejercida no es una facultad jurisdiccional, y no es competencia de tribunal alguno ya que se encuentra contenida en la LOC de Municipalidades.

Que en cuanto a la libertad de trabajo, señala que no se está coartando pues la recurrente conoce y debe conocer las formas de poner término a su contratación y una de ellas dice relación con la situación que le aqueja, por ende en uso de una facultad legal no puede producirse una cortapisa a libertad de trabajo ya que ello dice relación cuando la decisión aplicada no está dentro de las que le faculta la ley al alcalde. No es ese el caso.

Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, señala que la función pública, el acceso y el termino de la relación esta regulados en la ley y en este caso se está aplicando la normativa legal vigente que establece precisamente una causal legal del término de la relación del funcionario y la Municipalidad, no infringiendo esta garantía.

Acompaña documentos que al respecto indica.

A folio N°13-2023 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos y garantías constitucionales, y que busca obtener que la Corte de Apelaciones respectiva tome las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y garantizar la debida protección del afectado.

Por lo anterior, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto SEGUNDO: Que en el caso de autos, se ha interpuesto Recurso de Protección a favor de doña nombre reservado en contra de la Municipalidad de Teodoro Schmidt representada por su Alcalde don Baldomero Santos Vidal por considerar ilegal y arbitrario la dictación del Decreto Alcaldicio N° 1038 de fecha 26 de octubre de 2022, a través del cual se declara vacante el cargo que la recurrente detentaba en la Dirección de Desarrollo Comunitario – DIDECO-, y deja sin efecto la asignación de funciones como profesional dependiente de dicha repartición, invocando para ello como causal una supuesta salud incompatible con el cargo, resolución que le fue notificada por carta certificada recibida en su domicilio con fecha 6 de septiembre de 2022.

TERCERO: Que son hechos no controvertidos los siguientes:

a.- Que la recurrente hizo uso de licencias médicas por un total de 456 días, en los últimos 2 años.

b.- A través de Decreto N° 1038 de 26 de agosto de 2022 de la Municipalidad de Teodoro Schmidt, se puso término a la relación funcionaria, al declararse la vacancia de su cargo por salud incompatible.

c.- La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez evaluó a la actora y resolvió que presenta un estado de salud recuperable mediante Resolución de Evaluación Folio 15431760 de fecha 10 de agosto de 2022.

CUARTO: Que, para resolver, se hace necesario diferenciar entre la salud incompatible y la salud irrecuperable del funcionario, situaciones jurídicas que son tratadas de manera diferenciada por el legislador.

Así, el artículo 144 de la Ley N°18.883 dispone: “El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (…) c) Declaración de vacancia”. Por su parte, el artículo 147 establece: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (…)”. A su vez, el artículo 148 prescribe: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Por último, el artículo 149 prescribe: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario éste deberá retirarse de la municipalidad dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo de la municipalidad”.

QUINTO: Que, como se advierte, para que tenga lugar la declaración de vacancia en el cargo por salud incompatible deben concurrir los siguientes requisitos copulativos:

a) Que el funcionario haya hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses, sean continuas o no;

b) Que las licencias tengan lugar en los dos últimos años;

c) Que la licencia no tenga como causa accidentes en actos de servicios, enfermedades profesionales y aquellas referidas a la protección a la maternidad;

d) Que la salud del empleado haya sido declarada recuperable por la Compín competente.

SEXTO: Que, así las cosas, la irrecuperabilidad de la salud del funcionario declarada por el COMPIN como consecuencia del cúmulo de licencias médicas extendidas, y en aras de garantizar la continuidad de la función pública, se rige por el artículo 149 de la Ley N° 18.883, y en esa lógica de ello, es factible que proceda la invalidez como condición trasversal al estado de salud de esa persona y, que como tal subsume la incompatibilidad para desempeñar el cargo en cuestión, pero cuya declaración no se hace necesaria.

Sin embargo, en base al mismo presupuesto fáctico relativo al uso de licencias médicas por patología común por un tiempo y periodo determinado, si la declaración del COMPIN alude a salud recuperable, por aplicación del artículo 148 del Estatuto Administrativo, como ocurrió en el caso en análisis, el informe de la entidad especializada, habilita a la autoridad respectiva para ejercer la facultad de desvincular al funcionario por salud incompatible con el cargo, en una relación de especificidad, al menos con las funciones desempeñadas y para las cuales fue contratada, lo que trasunta el propósito de la norma, por el contrario, carecería de ineficacia práctica.

SEPTIMO: Que, en la especie, la recurrida ha hecho uso de una potestad discrecional, la cual sólo puede ser ejercida con fines públicos, pues de lo contrario se incurre en la denominada desviación de fin o poder. Asimismo, los tribunales de justicia están habilitados para realizar un control de razonabilidad de la decisión, toda vez que no es admisible que una autoridad ejerza la facultad acudiendo al sólo capricho.

Así, el control judicial del ejercicio de la facultad discrecional se proyecta en varios sentidos: a) que el acto cumpla con las exigencias previstas en la ley, cuestión que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos de todos los actos de tal naturaleza; b) que la Administración ejerza sus atribuciones con razonabilidad y de manera fundada; c) que la medida impuesta sea proporcional a la falta y sea establecida por la ley en forma previa a los hechos (proporcionalidad, legalidad y tipicidad), y d) que la facultad discrecional sea ejercida con fines públicos, sin incurrir en la desviación de fin o poder.

Sin embargo, la ponderación de los hechos corresponde primariamente a los órganos de la Administración activa.

OCTAVO: Que, en ese contexto jurídico, resulta que el acto impugnado no es ilegal, por cuanto se funda en lo dispuesto en los artículos 144 letra c), 147 letra a) y 148 de la Ley N°18.883; y tampoco es arbitrario, toda vez que expresa las razones por las que se arriba a la conclusión de que la salud de la recurrente es incompatible con el cargo que ella sirve, cumpliendo con el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

De esta manera, el control jurisdiccional se agota al constatar que la recurrida se ha limitado a ejercer una facultad discrecional sin que se divise arbitrariedad en su ejercicio, motivo por el cual el recurso de protección no puede ser acogido.

NOVENO: Que, finalmente, y sólo a mayor abundamiento, no resulta posible soslayar que el acto impugnado se limita a dar cumplimiento a la interpretación que de los señalados preceptos legales ha realizado la Contraloría General de la República a través del Dictamen N°17.351 de 2018, jurisprudencia administrativa que es vinculante para la Administración activa, conforme con lo dispuesto en los artículos 9 y 19 de la Ley N°10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General.

DÉCIMO: Que, por todo lo razonado, a juicio de estos sentenciadores el recurso de protección interpuesto por la recurrente no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la Republica, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional impetrada por el abogado Gerardo Neira Parra en favor de doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Teodoro Schmidt, representada por su alcalde don Baldomero Santos Vidal.

Regístrese.

Redacción de la Abogada Integrante Claudia Lecerf Henríquez.

Rol N° Protección-35099-2022 (pvb).