nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

C.A. de Temuco Temuco, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Al folio N° 1, comparece BERNARDO ANDRÉS INZUNZA RECABARREN, abogado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, actuando en representación de nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección, en favor de nombre reservado, chileno, soltero, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, recurso de protección en contra de TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Rut RUT reservado, representada en la comuna de Temuco por su Tesorera Regional doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado y en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, Rut RUT reservado, representado por su directora Regional doña Jimena Castillo Bascuñan, rut RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado. Explica que su representado, con la intención de celebrar un convenio de pago por las deudas fiscales que le aquejan ha concurrido a los organismos fiscales de la administración financiera para efectos de requerir la información necesaria para celebrarlo enterándose que no tiene los beneficios para poder gozar de condonación respecto de los folios que se indican en el certificado de deuda que se acompaña a esta presentación, toda vez que el Servicio de Impuestos Interno se ha querellado en su contra. Con el objeto de alzar esta exclusión y así poder celebrar convenio de pago, se presentó ante el Servicio de Impuestos Internos una solicitud para tales efectos Era de esperarse una respuesta positiva por parte del Servicio de Impuestos Internos, teniendo presente que, la circunstancia de encontrarse querellado, sin haber recaído sentencia firme, infringe, de forma manifiesta, el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República. Sin perjuicio de lo anterior, la antedicha entidad no dio lugar a la solicitud, emitiendo el oficio N° 773222370456 de fecha 29 de agosto de 2022 emanada del Departamento Jurídico de la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, del siguiente tenor: “Puedo informar a Ud. que registra una anotación 4001 correspondiente a querellado. Dicha anotación tiene su origen en la querella criminal interpuesta por este Servicio, con fecha 28 de julio de 2022, ante el Juzgado de Garantía de Temuco, Causa RUC 2210037181-6, RIT O-4538-2022. La referida querella se encuentra vigente. El artículo 6 letra B N°4 del Código Tributario señala que, corresponde a los Directores Regionales en la jurisdicción de su territorio condonar total o parcialmente los intereses penales por la mora en el pago de los impuestos, en los casos expresamente autorizados por la ley.

La regulación de esta materia se encuentra regulada en la Circular N°50, de 20 de julio de 2016. La referida instrucción señala en su Capítulo IV quienes son los contribuyentes que se encuentran excluidos de condonación. En la referida instrucción se señala “No se otorgará la condonación a los contribuyentes que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones particulares: 3. Contribuyentes que se encuentren querellados, denunciados, imputados o, en su caso, acusados conforme al Código Procesal Penal, o hayan sido sancionados por delitos tributarios hasta el cumplimiento total de su pena." En consecuencia, atendido a que Ud. reviste, en la actualidad, la calidad de querellado por delitos tributarios, no es posible acceder a la solicitud de alzamiento de la anotación 4001 de querellado o de exclusión para la obtención de condonación. S. S, si bien, existe una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos, mi representado no reconoce la responsabilidad penal que se le pretende imponer y, por otro lado, el procedimiento iniciado por el Servicio, se encuentra en un incipiente estado procesal sin existir sentencia firme respecto del procedimiento iniciado por este organismo. Su representado tiene la intención de celebrar convenio de pago y que le sea otorgada la condonación legal, sin embargo y tal como se ha manifestado, el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República se ha negado a que pueda regularizar su situación tributaria, poniendo en riesgo su patrimonio y desarrollo económico e infringiendo el Debido Proceso y Presunción de Inocencia. La negativa del Servicio de Impuestos Internos ha tenido como consecuencia la generación de demandas y embargo de inmuebles por parte de Tesorería. Esta última recibe la instrucción del Servicio de Impuestos Internos para efectos del cobro, por lo que esta última entidad, es la llamada a levantar la exclusión a la brevedad, por el riesgo económico y financiero que representa esta manifestación negativa del Servicio. A mayor abundamiento, en caso que Servicio de Impuestos Internos fracase con el procedimiento penal que ha iniciado, lo que es probable, mi representado habría estado bloqueado sin motivo alguno para poder regularizar su situación tributaria, poniendo en latente riesgo su patrimonio por las demandas que se han generado, sin causa legal alguna. Tal como se desprende del certificado de deuda que se acompaña, la deuda que mantiene mi representado, sube en forma exagerada todos los días, al aplicarse intereses y multas muy elevadas lo que ha determinado el doble de su deuda neta, por lo que impedirle acceder a convenio y condonación genera la eventualidad que la deuda se llegue a triplicar sin poder hacerle frente en un futuro, atendido lo resulto, sin fundamento legal, por el Servicio de Impuestos Internos. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS. A.- Las circunstancias expuestas infringen el artículo 19 N° 3 en cuanto al Debido Proceso y Presunción de Inocencia, en particular según lo dispone el inciso 5 y siguientes de la disposición constitucional antedicha: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. Las circunstancias expuestas infringen, asimismo, el artículo 19 N° 24 en lo referente al Derecho de Propiedad, atendido el embargo de bienes de mi representado con motivo de la exclusión que nos hemos referido, en particular según lo dispone la primera parte del inciso 3 de la disposición constitucional antedicha: “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.” LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN SE HA EJERCIDO DENTRO DE PLAZO. Tal como consta en el oficio N° 773222370456 de fecha 29 de agosto de 2022 emanada del Departamento Jurídico de la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos por lo que nos encontramos dentro del plazo establecido por Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales. Por otro lado, resulta necesario y pertinente hacer presente que los demás oficios informativos que decían relación con el levantamiento de la exclusión, y que fueron recibido con antelación NO tuvieron el mérito para computar el plazo, en virtud de los siguientes fundamentos: 1.- La causal de exclusión que dice relación con la presente Acción Constitucional es la anotación 4001 correspondiente a querellado, tal como se ha informado por el Servicio de Impuestos Internos y es la primera vez que se nos informa la exclusión respecto de esta causal. 2.- En oportunidades anteriores, el Servicio de Impuestos Internos nos informó la exclusión relativa a la “Recopilación de Antecedentes”, indicando expresamente en el oficio que el antedicho proceso se encontraba “pendiente” por lo que, claramente, daba a entender que debíamos esperar la respuesta definitiva del Servicio de Impuestos Internos para saber si nos daban el derecho a convenio y a condonación, todo lo cual fue confirmado por funcionarios del Servicio. Sin embargo, y habiendo recibido la información relativa a la exclusión definitiva con motivo de querella interpuesta, es que se hace necesario y pertinente interponer esta Acción de Protección. 3.- Que, asimismo, la negativa a otorgar el derecho a convenio y condonación por encontrarse querellado trae como directa consecuencia el embargo de bienes de mi representado, por parte de Tesorería General de la República, lo cual afecta directamente el derecho de propiedad de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Por ello pide, tener por interpuesto recurso de protección en contra de TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA y SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, acogerlo a tramitación ordenando que las recurridas evacuen informe en el plazo que S.S. Ilustrísima considere pertinente, y en definitiva disponer el cese de la actividad ilegal y arbitraria, ordenando que se deje sin efecto la exclusión de la posibilidad de celebrar convenios de pago y de acceder a la condonación pertinente y en su lugar ordene alzar o dejar sin efecto las exclusiones, para así tener derecho a celebrar convenio de pago y gozar del beneficio de la condonación, además de disponer de todas las medidas que en concepto de su Ilustrísimo Tribunal considere conducentes al restablecimiento del Derecho, con expresa condenación en costas.

Al folio N° 12, comparece don nombre reservado, Abogado, en representación del Fisco de Chile – Servicio de Tesorerías, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, informa: Conforme lo expresado por el recurrente en su presentación, la acción constitucional de protección es ejercida en contra de lo resuelto por el Servicio de Impuestos Internos mediante oficio N° 773222370456 de fecha 29 de agosto de 2022 emanada del Departamento Jurídico de la IX Dirección Regional correspondiente a la antedicha entidad, del siguiente tenor: “Puedo informar a Ud. que registra una anotación 4001 correspondiente a querellado. Dicha anotación tiene su origen en la querella criminal interpuesta por este Servicio, con fecha 28 de julio de 2022, ante el Juzgado de Garantía de Temuco, Causa RUC 2210037181-6, RIT O-4538-2022. La referida querella se encuentra vigente. El artículo 6 letra B N° 4 del Código Tributario señala que, corresponde a los Directores Regionales en la jurisdicción de su territorio condonar total o parcialmente los intereses penales por la mora en el pago de los impuestos, en los casos expresamente autorizados por la ley.

La regulación de esta materia se encuentra regulada en la Circular N° 50, de 20 de julio de 2016. La referida instrucción señala en su Capítulo IV quienes son los contribuyentes que se encuentran excluidos de condonación. En la referida instrucción se señala “No se otorgará la condonación a los contribuyentes que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones particulares: 3. Contribuyentes que se encuentren querellados, denunciados, imputados o, en su caso, acusados conforme al Código Procesal Penal, o hayan sido sancionados por delitos tributarios hasta el cumplimiento total de su pena." En consecuencia, atendido a que Ud. reviste, en la actualidad, la calidad de querellado por delitos tributarios, no es posible acceder a la solicitud de alzamiento de la anotación 4001 de querellado o de exclusión para la obtención de condonación. Fundamenta la ilegalidad y/o arbitrariedad en que Tesorería General de la República se ha negado a que pueda regularizar su situación tributaria, poniendo en riesgo su patrimonio y desarrollo económico e infringiendo el Debido Proceso y Presunción de Inocencia y que la negativa del Servicio de Impuestos Internos ha tenido como consecuencia la generación de demandas y embargo de inmuebles por parte de Tesorería. Agrega que se ha afectado el artículo 19 N° 3 en cuanto al Debido Proceso y Presunción de Inocencia, en particular según lo dispone el inciso 5 y siguientes de la disposición constitucional antedicha, así como el artículo 19 N° 24 en lo referente al Derecho de Propiedad, atendido el embargo de bienes con motivo de la exclusión referida. II.- ANTECEDENTES PRELIMINARES. El recurrente, don nombre reservado, Rut RUT reservado al mes de octubre de 2022, registra una deuda en su Cuenta Única Tributaria que alcanza la suma de $489.881.393, incluidos reajustes, intereses y multas. La deuda corresponde, principalmente, a emisiones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos, y, producto del no pago en la oportunidad correspondiente, el Servicio de Tesorería, inició el proceso de cobro de obligaciones tributarias existiendo, actualmente, los siguientes Expedientes Administrativos don deuda morosa vigente: Los giros que se registran en el expediente administrativo 10048-2022 Freire, se encuentran relacionados, en forma preponderante, con el presente recurso de protección y en este proceso de cobro, con fecha 27 de julio de 2022, el ejecutado fue notificado y requerido de pago, registrándose a la presente fecha, el embargo de 2 inmuebles de su propiedad.

Notificado, requerido de pago y embargado el contribuyente - ejecutado, se opuso a la ejecución, conforme lo establece el artículo 176 del Código Tributario, dándose curso a la excepción de prescripción opuesta, la cual se encuentra en actual sustanciación ante el abogado del Servicio de Tesorerías, habiéndose creado cuaderno separado de excepciones. III.- FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA. Impuestos Internos, y es este último organismo el encargado de excluir al deudor de aquellas alternativas. Tesorería General de la República no tiene injerencia alguna en la aplicación o levantamiento de la causal de exclusión aludida por la recurrente, por lo que no es posible que se dirija la acción constitucional en contra de este Servicio. A.- Oficio N° 773222370456 emitido por el Servicio de Impuestos Internos, el recurrente acompaña a los presentes autos. Es posible desprender del antedicho oficio, que son estos últimos quienes han registrado la anotación 4001 por la acción penal ejercida por el Servicio de Impuestos Internos, aludiendo a la circular 50 de fecha 20 de julio de 2016, para efectos de rechazar el levantamiento de la exclusión solicitada por el recurrente. La exclusión alegada por el recurrente, así como aquellas que constan en la circular antes aludida, son “cargadas” por el mismo Servicio de Impuestos Internos, en uso de las facultades legales que le otorgan las normas legales que veremos a continuación, y se reflejan en nuestra plataforma en forma automática, sin que podamos modificar o cuestionar estas decisiones, pues no se encuentran dentro de nuestro ámbito de competencia. En virtud de lo anterior, en la práctica, el contribuyente concurre a nuestro Servicio a celebrar convenio de pago y/o acceder a la condonación legal y se encuentra con el obstáculo de encontrarse excluido por causales que son verificadas y alimentadas por el mismo Servicio de Impuestos Internos. Si bien el recurrente se encuentra excluido de la posibilidad de celebrar convenio de pago y de acceder a condonación, aquello se debe, exclusivamente, a la causal de querellado por el Servicio de Impuestos internos. B.- Disposiciones pertinentes del Código Tributario. El artículo 192 del cuerpo legal antes citado dispone en su inciso 2°: “Facultase al Tesorero General para condonar total o parcialmente los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos sujetos a la cobranza administrativa y judicial, mediante normas o criterios objetivos y de general aplicación, ciñéndose estrictamente a las políticas de condonación fijadas conforme al artículo 207” Asimismo, el artículo 207 del mismo texto legal establece: “Corresponderá al Ministerio de Hacienda fijar un reglamento, mediante decreto, previa circular conjunta del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías, sobre las políticas de condonación a las cuales deberán ceñirse estrictamente los referidos Servicios en el ejercicio de sus facultades legales de condonación”. C.- La circular N° 50 del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 20 de julio de 2016. El numeral IV de la antedicha circular, dispone: “EXCLUSIONES DE LA CONDONACIÓN No se otorgará la condonación a los contribuyentes que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones particulares: 1. Contribuyentes que habiendo cometido infracción tributaria que pueda ser sancionada con multa y pena privativa de libertad, se determine por el Director enviar los antecedentes al Director Regional para que persiga la aplicación de la multa respectiva y ejercer el cobro civil de los impuestos (Inciso 3° del Artículo 162 del Código Tributario). 2. Contribuyentes que entraben de cualquier forma la fiscalización del Servicio. 3. Contribuyentes que se encuentren querellados, denunciados, imputados o, en su caso, acusados conforme al Código Procesal Penal, o hayan sido sancionados por delitos tributarios hasta el cumplimiento total de su pena. 4. Contribuyentes que no hayan comparecido injustificadamente a un segundo requerimiento, según artículo 97 N° 21 del Código Tributario. 5. Contribuyentes que se encuentren sometidos al proceso de Recopilación de Antecedentes previsto en el artículo 161 N° 10 del Código Tributario. Los contribuyentes que se encuentren en estas situaciones, podrán concurrir a las Oficinas del Servicio para solucionar su situación tributaria y de esta manera podrán optar al procedimiento de condonación establecido en esta Circular, si procede”. D.- Resolución exenta N° 340 de fecha 26 de febrero de 2016, de la Tesorería General de la República, que dicta normas sobre condonación de deudas para contribuyentes. La norma antedicha establece en su artículo 8° que: “El Servicio de Tesorerías no podrá condonar los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos a los contribuyentes que el Servicio de Impuestos Internos le informe, mediante una nómina, que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones particulares: 1. Contribuyentes que, habiendo cometido infracción tributaria sancionada con multa y pena privativa de libertad, se determine por el Director del Servicio de Impuestos Internos enviar los antecedentes al Director Regional del mismo Servicio para ejercer el cobro civil de los impuestos. 2. Contribuyentes que entraban de cualquier forma la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. 3. Contribuyentes que se encuentren querellados por delitos tributarios3. Contribuyentes que se encuentren querellados por delitos tributarios. 4. Contribuyentes procesados o, en su caso, acusados conforme al Código Procesal Penal, o hayan sido sancionados por delitos tributarios hasta el cumplimiento total de su pena. 5. Contribuyentes que, habiendo sido notificados, no hayan concurrido injustificadamente a la citación del Servicio de Impuestos Internos, después de la aplicada la sanción conforme al artículo 97 Nº 21 del Código Tributario. 6. Contribuyentes que se encuentren sometidos al proceso de recopilación de antecedentes previsto en el artículo 161 Nº 10 del Código Tributario. En todos estos casos, los contribuyentes sólo podrán solicitar condonación ante el Director Regional que corresponda del Servicio de Impuestos Internos, el que actuará al respecto conforme a sus facultades legales. En el caso de los números 3, 4, 5 y 6, los contribuyentes tampoco tendrán derecho a acceder a convenios de pago del artículo 192, inciso primero, del Código Tributario”. El artículo 9° de la resolución exenta antedicha, establece que “Los contribuyentes que reclamen de la exclusión de la condonación, según la información que conste en la nómina emitida por el Servicio de Impuestos Internos de acuerdo al artículo 2º de esta resolución, deberán resolver o aclarar su situación en la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos que corresponda”. La resolución exenta N° 340 ha sido dictada por Tesorería General de la República lo cierto es que, las exclusiones detalladas en los numerales 1 al 6 del artículo 8° anterior donde se encuentra la causal de “querellados por delitos tributarios”, son responsabilidad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos y por lo mismo existe remisión expresa a este último organismo, constantemente en esta materia. Es por todo lo indicado precedentemente que, claramente, la acción debe ser dirigida en contra del organismo pertinente, que en este caso es el Servicio de Impuestos Internos y no Tesorería General de la República. IV.- IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL TODA VEZ QUE EL ACTUAR DEL SERVICO SE AJUSTA A DERECHO. Tal como se indicó en el número I anterior, Tesorería Regional de Temuco en uso de un mandato legal regulado, en general, en las disposiciones que se indican, generó los expedientes administrativos para efectos del cobro de los impuestos morosos adeudados asociados al deudor, nombre reservado, Rut RUT reservado. Los artículos 30 y 35 del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica Constitucional de Administración Financiera del Estado establecen la función recaudadora y de cobranza del Servicio de Tesorerías, disponiendo el segundo de los artículos citados que: “El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del sector público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos servicios. Para tal efecto, aplicará cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos.” Este procedimiento se encuentra regulado en el Libro III, Título V, artículos 168 y siguientes del Código Tributario, que en su parte pertinente estipula que “constituyen título ejecutivo, por el sólo ministerio de la ley, las listas o nóminas de los deudores que se encuentran en mora, las que contendrán bajo la firma del Tesorero que corresponda, la individualización completa del deudor y de su domicilio, con especificación del período y la cantidad adeudada por concepto de impuesto o de sanciones en su caso y del tipo de tributo, número de rol si lo hubiere y de la orden de ingreso, boletín o documento que haga sus veces”. Asimismo, otorga competencia al Tesorero Provincial o Regional para conocer de estas causas actuando como Juez Sustanciador, el que “despachará mandamiento de ejecución y embargo, mediante una providencia que estampará en la propia nómina de deudores morosos, que hará de auto cabeza de proceso”. (arts. 169 y 170 del Código Tributario) Tal como se ha indicado en los apartados anteriores, la acción impetrada debe ser rechazada, por cuanto, el actuar del servicio se ha ajustado a derecho. Por último, Tesorería General de la República no ha infringido derecho legal ni constitucional alguno y menos el artículo 19 N° 3 en cuanto al Debido Proceso y Presunción de Inocencia, toda vez que se ha actuado en virtud del mandato legal referido, habiéndose sustanciado el procedimiento de cobro en conformidad a la normativa vigente. De la misma forma el derecho de propiedad no puede ser infringido por nuestra institución pues es el resultado del mismo procedimiento de cobro que se ha verificado conforme a derecho.

Al folio N° 14, comparece doña nombre reservado, Directora Regional de la IX Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos, informa: 1. Según el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario (SICT) el contribuyente nombre reservado, RUT RUT reservado, registra inicio de actividades desde el 01.01.1993, en el giro “actividad agrícola”, por la que es contribuyente de Impuesto a las Ventas y Servicios. Además, por los ingresos que percibe, producto del desarrollo de la referida actividad económica, es contribuyente de impuesto de Primera Categoría, de la Ley sobre Impuestos a la Renta. A la fecha de este informe el contribuyente registra anotaciones, en el señalado sistema informático criminal por delitos tributarios en contra del contribuyente nombre reservado RUT RUT reservado, ante el Juzgado de Garantía de Temuco, Causa RUC N° 2210037181-6, RIT O-4538-2022, la que fue declarada admisible con fecha 02.08.2022; encontrándose dicho proceso de investigación vigente a la fecha de la emisión del presente informe. En particular se le imputan las siguientes conductas: (i) La realización de maniobras maliciosas destinadas a aumentar el verdadero monto de los créditos fiscales del impuesto al valor agregado, amparado en facturas falsas; conducta constitutiva del delito previsto en el inciso segundo, del artículo 97 N°4 del Código Tributario, y (ii) Presentación de declaración de impuesto a la renta, maliciosamente falsa que induce a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda; conducta constitutiva del delito previsto y sancionado en el inciso primero, del artículo 97 Nº4 del Código Tributario.4. Producto de lo anterior, con fecha 02.08.2022, en cumplimiento de las instrucciones vigentes, se registró en el Sistema de Información del Contribuyente (SICT) la anotación 4001, folio 25643, de querellado, respeto del contribuyente nombre reservado2.

5. Respecto de la referida anotación, con fecha 16.08.2022, el recurrente presentó una petición administrativa N°77322571745, solicitando su alzamiento, con la finalidad de poder acceder a la condonación de intereses penales y pagar la deuda que mantiene con Tesorería General de la República.6. Con fecha 29.08.2022, mediante Oficio Ordinario N°77322370456, se dio respuesta a la solicitud del contribuyente, a quien se informó que no era posible acceder a su solicitud de alzamiento, toda vez que, la tramitación del proceso penal se encuentra vigente. La regulación interna de esta anotación y sus efectos se encuentra contenida en el Oficio Circular N°4 de 25.02.2022 y la Circular N°50 de 20.07.2016. 7. Con fecha 29.09.2022, el contribuyente interpone la presente acción de protección. III. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN. Para que proceda la acción de protección, se requiere que efectivamente se hayan realizado actos o incurrido en omisiones que, tengan el carácter de arbitrarios o contrarios a la ley y, producto de aquella ilegalidad o arbitrariedad, se prive, perturbe o amenace el debido ejercicio de un derecho evidente, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional. A este respecto, cabe sostener que el actuar del Servicio de Impuestos Internos, se encuentra ajustado a derecho y a la legalidad vigente, conforme se pasa a exponer: Como todo órgano del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, debe someter su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la Ley (articulas 6° y 7º de la Constitución Política de la República). De esta forma, el artículo 6° del Código Tributario, señala que "Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes y, en especial, la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias". Asimismo, el artículo 1 del D.F.L. N°7, de 1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, señala que corresponde a éste "la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por ley a una autoridad diferente". A continuación, se expresará detalladamente, como en el presente caso, esta repartición pública ha ejercido las potestades que le ha asignado la ley. A. NO EXISTE ILEGALIDAD O ARBITRARIEDAD EN EL ACTUAR DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. El recurrente solicita que “cese de la actividad ilegal y arbitraria, ordenando que se deje sin efecto la exclusión de la posibilidad de celebrar convenios de pago y de acceder a la condonación pertinente y en su lugar ordene alzar o dejar sin efecto las exclusiones, para así tener derecho a celebrar convenio de pago y gozar del beneficio de la condonación, además de disponer de todas las medidas que en concepto de su Ilustrísimo Tribunal considere conducentes al restablecimiento del Derecho”. En virtud de lo anterior es posible observar que el recurrente indica como acto ilegal y arbitrario, la negativa a alzar la anotación N°4001 (querellado), registrada en el Sistema Informático del Servicio de Impuestos Internos, anotación que, conforme a las instrucciones vigentes, lo excluye del beneficio de Condonación y de Convenio de Pago con Tesorería. Como se explicará a continuación, no existe ilegalidad ni arbitrariedad en la actuación del Servicio de Impuestos, por lo que su actuación se encuentra absolutamente ajustada a Derecho. - EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS POSEE LA FACULTAD LEGAL DE ESTABLECER ANOTACIONES, RESPECTO DE CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTREN EN DETERMINADAS SITUACIONES. La facultad de establecer anotaciones asociadas al R.U.T. de los contribuyentes, se encuentra consagrada en el artículo 2°, del D.F.L. N°3, del Ministerio de Hacienda, del año 1969, que crea el Rol Único Tributario y establece normas para su aplicación. En igual sentido se expresa, por lo demás, el párrafo 3° del Considerando del D.F.L. N°3, del Ministerio de Hacienda, del año 1969, el cual dispone: “Que con el sistema que se establece se pretende lograr una mayor justicia tributaria, mediante el control de los contribuyentes que no dan cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por las leyes, lo que, además, permitirá incrementar la recaudación” (El subrayado es propio). Luego, este Servicio a través de diversos Oficios ha regulado dicha facultad, disponiendo que, cualquier circunstancia relevante en términos tributarios tendrá su consiguiente anotación, facilitando, de esa manera, el desempeño funcionario en la detección y evaluación de situaciones tributarias complejas que requieren una revisión más profunda.

Al efecto, cabe señalar que estas anotaciones (en realidad, sólo los códigos) son registradas en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario (SICT), aplicación informática del Servicio, cuyo principal objetivo es apoyar las tareas institucionales por medio. En el caso específico de la anotación N°4001, en comento, tiene por objeto alertar a los funcionarios de este Servicio, respecto de la situación específica de un contribuyente, que se encuentra querellado por delito tributario, a fin de colocar un especial cuidado en la ejecución de actuaciones que digan relación con los períodos tributarios que forman parte de dicho proceso de recopilación. El ejercicio de esta facultad, en lo que respecta a aquellos contribuyentes que se encuentran querellados, acusados o condenados por delito tributario, se encuentra regulada en el Oficio Circular N°4 de 25.02.2022, el cual establece las anotaciones que proceden en el marco del proceso penal, como, asimismo, las circunstancias que ameritan la eliminación de aquellas. El legítimo ejercicio de esta facultad ha sido reconocido por nuestros tribunales de justicia, en este sentido cabe citar un reciente pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de Concepción en autos sobre recurso de protección Rol N°7041-2018, “INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SANTA ANA LIMITADA/SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS VIII DR”; asimismo, la sentencia de fecha 03.03.2020, dictada en autos Rol N°12.468-2019, de la Excma. Corte Suprema discurre en igual sentido. El ejercicio de las referidas potestades se encuentra regulado por las normas contenidas en la Resolución Exenta N°340, de 26.02.2016, de la Tesorería General de la República, publicada el 08.03.2016, que dicta normas sobre condonación para contribuyentes y, la Resolución Exenta N°1691, de 06.11.2015, que aprueba el Protocolo Sobre Política de Condonación entre el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, vigente a contar desde el 1 de octubre de 2015. Asimismo, la Circular N°50, de fecha 20.07.2016, del Director del Servicio de Impuestos Internos, regula la Política de Condonación de Intereses y Sanciones Pecuniarias que se impongan por infracciones a las obligaciones tributarias; instrucción que ha sido dictada en ejercicio de la potestad normativa del Director del Servicio, de acuerdo a las facultades otorgadas por los arts. 6 letra A) N' 1 del Código Tributario, y 7 letra b) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos. En la señalada instrucción se ha considerado oportuno y necesario instruir a los Directores Regionales para que apliquen la política de condonación de los intereses penales y sanciones pecuniarias tributarias, estableciendo como exclusiones de la condonación, esto es, que no se otorgara la condonación, a los contribuyentes que se encuentren querellados o hayan sido sancionados por delitos tributarios, hasta el cumplimiento total de su pena, lo que no ha ocurrido en el caso de autos. En efecto, de conformidad con lo establecido en el punto V de la citada Circular, son causas de exclusión, es decir, no se otorgará la condonación a los contribuyentes que se encuentran en alguna de las siguientes: 1. Contribuyentes que habiendo cometido infracción tributaria que pueda ser sancionada con multa y pena privativa de libertad, se determine por el Director enviar los antecedentes al Director Regional para que persiga la aplicación de la multa respectiva y ejercer el cobro civil de los impuestos (Inciso 3° del Artículo 162 del Código Tributario). 2. Contribuyentes que entraben de cualquier forma la fiscalización del Servicio 3. Contribuyentes que se encuentren querellados, denunciados, imputados o, en su caso, acusados conforme al Código Procesal Penal, o hayan sido sancionados por delitos tributarios hasta el cumplimiento total de su pena. 4. Contribuyentes que no hayan comparecido injustificadamente a un segundo requerimiento, según artículo 97 N°21 del Código Tributario. 5. Contribuyentes que se encuentren sometidos al proceso de Recopilación de Antecedentes previsto en el artículo 161 N°10 del Código Tributario. En el mismo sentido, las instrucciones impartidas por Tesorería, contenidas en la Circular Normativa Nº198, en su versión número 9.0, actualizada a 21.11.2019, que comunica política de convenios y condonación permanente del Servicio de Tesorerías para el pago de los impuestos y créditos fiscales morosos sujetos a cobranza, se señala que no podrá otorgarse condonación, a determinados contribuyentes excluidos por el Servicio de Impuestos internos Conforme a la citada Circular Normativa, el Servicio de Tesorería dispone que no podrá otorgarse condonación a aquellos contribuyentes excluidos por el SII y que son informados con las exclusiones N°4 a 9. Es importante señalar que las exclusiones N°1 a 3, no producirán efecto alguno, tanto para la suscripción de convenios como para otorgar condonación. Para mayor claridad se hace presente que las exclusiones señaladas son las siguientes: En virtud de lo expuesto, es posible concluir que la actuación de este Servicio es plenamente ajustada a derecho, toda vez que, la negativa a alzar la anotación 4001, señalada por el recurrente, se encuentra fundada en la normativa legal y administrativa referida a esta materia., A mayor abundamiento, en el acto recurrido, Oficio Ord. 77322370456, se expresa en forma detallada todas y cada una de las razones en virtud de las cuales, se rechazó la solicitud del contribuyente, como asimismo el fundamento jurídico de dicha decisión. Asimismo, no existe la arbitrariedad alegada por el recurrente, entendida aquélla como la “carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los medios empleados y el fin a obtener, ausencia o inexistencia de los hechos que fundamentan la actuación y omisión recurrida”, o cuando “carece de sustentación lógica y se presenta como mero fruto del capricho o la sinrazón”, toda vez que, la decisión adoptada en este caso se encuentra debidamente fundada. B. FALTA DE CONCULCACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ALEGADAS. No existe ya que nos encontramos frente a un contribuyente que no ha efectuado un correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. A mayor abundamiento, parte del monto respecto del cual pretende se le otorgue el beneficio de la condonación, corresponde a diferencias de impuestos determinadas en el contexto del proceso de recopilación de antecedentes y surgen como consecuencia de la posible comisión de los delitos tributarios. A mayor abundamiento, la condonación – en si misma - no es un derecho adquirido para todos los contribuyentes, toda vez que su concesión está sujeta al cumplimiento de determinados requisitos, los cuales han sido establecidos previamente por la autoridad administrativa. En ningún caso, dichas condiciones se cumplen respecto del recurrente, tal como ha sido explicado en el acápite anterior, por lo que no está en posición de acceder a dicho beneficio. Como consecuencia de lo anterior es posible concluir que, el derecho que se pretende proteger por esta vía, esto es el beneficio de la condonación y la posibilidad de un convenio de pago, no reconoce a un titular legítimo de aquél, por lo cual la presente acción deberá ser desechada. - FALTA DE AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL N°3, DEL ARTÍCULO 19, DE LA CARTA FUNDAMENTAL. Argumenta la actora que se habría conculcado el derecho constitucional del artículo 19, N°3, incisos 5° y siguientes, de la Carta Fundamental, en su inciso quinto esto es, el derecho al Debido Proceso y a la Presunción de Inocencia. Al respecto cabe hacer presente que dicha alegación es improcedente, toda vez que, el ámbito principal de aplicación dicha garantía dice relación con la existencia de un proceso jurisdiccional, y en el presente caso nos encontramos frente a una actuación de carácter administrativo. Además, el contribuyente no ha sido sancionado de forma alguna, toda vez que, el Servicio de Impuestos Internos se ha limitado a registrar una conducta del contribuyente, que es importante observar para efectos de cumplimiento tributario. El proceso judicial que se sigue en contra del recurrente, iniciado por la querella del Servicio de Impuestos Internos se encuentra vigente y pendiente de resolución ante el organismo competente, en este caso los Tribunales competentes en lo penal. Asimismo, y tal como se indicó en los números precedentes todas las actuaciones de este Servicio se enmarcan en el mandato Constitucional de legalidad en la actuación de los órganos del Estado, y tanto la respuesta entregada al solicitar el alzamiento y la anotación posterior que registra el contribuyente no son más que la directa consecuencia del ejercicio de las potestades entregadas a este servicio público. Finalmente cabe señalar que, en el presente caso, el recurrente ha alegado no sólo la vulneración de la garantía establecida en el inciso 5°, del artículo 19 N.°3, si no que conjuntamente, aquellas previstas en los restantes incisos de la disposición citada. Esta alegación, debe ser desechada de plano, toda vez que, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución, en cuanto a la garantía establecida en el numeral 3° del artículo 19, el recurso de protección solo protege la garantía prevista en el inciso quinto, de la citada disposición. - FALTA DE AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL N°24, DEL ARTÍCULO 19, DE LA CARTA FUNDAMENTAL.

En primer lugar, cabe reiterar lo señalado en la parte inicial de este acápite, esto es, que el beneficio de condonación, en su carácter de tal, solo se aplica a aquellos contribuyentes de buen comportamiento, quienes son los titulares del legítimo ejercicio del derecho, situación en la que no se encuentra el contribuyente de autos, quien se encuentra querello, por parte del SII En lo que se refiere a esta eventual vulneración del Derecho de Propiedad, debemos señalar, que el Servicio de Impuestos Internos no ha impedido, ni impedirá el pago de las deudas que mantiene el contribuyente con el Fisco de Chile, encontrándose siempre habilitado para proceder al pago de aquéllas, incluso a la fecha de esta actuación, por lo que, no se advierte como se afectaría dicha garantía. Tampoco resulta procedente lo sostenido por el recurrente en cuanto a que el Servicio vulnera la garantía constitucional alegada, al aumentar la deuda mediante el cobro de intereses y multas, ya que, la procedencia de dichos cobros proviene del directo incumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente y su aplicación se encuentra amparada en los artículos 53 y 97 N°4, ambos del Código Tributario, por lo que en este sentido, este Servicio se encuentra actuando dentro de sus facultades legales. Finalmente cabe hacer presente que, el embargo que alega el contribuyente, no reconoce como causa directa la existencia de una anotación o la negativa al alzamiento de aquella. El embargo de bienes del recurso no es sino una consecuencia directa del proceso de cobranza que lleva a cabo el Servicio de Tesorerías, en virtud del incumplimiento de las obligaciones tributarias. CONCLUSIONES. De lo expuesto en los acápites precedentes se sigue que la presente acción de protección debe ser rechazada, toda vez que: 1. No ha existido una actuación ilegal o arbitraria del Servicio de Impuestos Internos. 2. No ha existido una conculcación de las garantías constitucionales invocadas toda vez que, el actuar del Servicio de Impuestos Internos, se encuentra ajustado a derecho y a la legalidad vigente. En virtud de lo expuesto, solicito tener por evacuado el informe solicitado y, en su mérito, rechazar, con costas, el recurso deducido por el abogado BERNARDO ANDRÉS INZUNZA RECABARREN, RUT N°RUT reservado, actuando en representación de don nombre reservado RUT N°RUT reservado.

Al folio N° 48, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha denunciado como una actuación ilegal y arbitraria, consistente en la exclusión de la posibilidad de celebrar convenios de pago y de acceder a la condonación pertinente imputando dicho actuar al Servicio de Impuestos Internos y al Tesorería Regional. Estima conculcadas las garantías previstas en los N° 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

TERCERO: Que, respecto del Servicio de Tesorería, tanto del recurso como de los respectivos informes, no aparece participando en forma alguna del presunto acto arbitrario e ilegal, por cuanto, el acto cuestionado es la exclusión de la posibilidad de celebrar convenio, y la denegación a la solicitud en que pedía se dejara sin efecto dicha exclusión, la que consta en oficio N° 773222370456 de fecha 29 de agosto de 2022 emanada del Departamento Jurídico de la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos. Por ende, Tesorería no ha dictado ni ejecutado dichos actos, no pudiendo imputarse a su actuar las presuntas vulneraciones.

CUARTO: Que, en este sentido a mayor abundamiento, Tesorería informa que ha actuado conforme a derecho, sin arbitrariedades, limitándose a ejercer las acciones ejecutivas tributarias que corresponden, por lo que en definitiva, el recurso no puede prosperar a su respecto, debiendo rechazarse, omitiéndose pronunciamiento de la falta de legitimación pasiva, por resultar innecesario, como se dirá en lo resolutivo.

QUINTO: Que, respecto del Servicio de Impuestos Internos, el acto cuestionado, tampoco resulta ilegal ni arbitrario. En primer lugar, la normativa legal y reglamentaria que rige al Servicio, permite la incorporación de anotaciones y exclusiones en casos como el del recurrente, es decir, en el evento de encontrarse querellado por delitos tributarios. Tanto las Circulares como las facultades legales de la Dirección del Servicio, permiten dicho actuar, el que no aparece caprichoso ni carente de sustento si se considera que, ello obedece a una política general de condonaciones, que se aplica a todas las personas en la misma situación.

SEXTO: Que, además, el acto no afecta las garantías conculcadas desde que el Servicio no constituye una comisión especial, sino que, el órgano encargado de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas tributarias, pudiendo adoptar la exclusión cuestionada. Asimismo, tampoco afecta la propiedad, pues esta se ve amagada por la deuda tributaria que el actor registra y por las acciones de cobro ejercidas, todas ellas, conforme a las reglas que el propio Código Tributario establece. Asimismo, no se aprecia la existencia de un derecho indubitado, requisito esencial para que la acción constitucional incoada prospere, por lo que igualmente, será rechazado, respecto de este recurrido.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don BERNARDO ANDRÉS INZUNZA RECABARREN, abogado, en representación de nombre reservado en contra de TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA y del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, todos ya individualizados.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Ricardo Fonseca Gottschalk.

Rol N° Protección-35009-2022.(jog)