nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1-2022 comparece nombre reservado, en representación de don nombre reservado, estudiante de post-grado de Cardiología Intervencional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, quien interpone Acción de Protección en contra de UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, que pasa a exponer:

Relata que todo comienza el viernes 25 de septiembre de 2020 cuando el Dr. nombre reservado se encontraba realizando un procedimiento en pabellón de Hemodinamia, bajo la supervisión del hemodinamista de ese día, el Dr. nombre reservado, quien es además el docente a cargo del Dr. nombre reservado en la sub-especialidad que cursa en la Universidad, sin embargo, mientras ocurría la intervención quirúrgica, empezaron a tener dificultades con el paciente. Mientras esto ocurría, el Dr. nombre reservado, quien se encontraba de paso por la sala de comandos, le grita a nombre reservado a través del altoparlante y en presencia de todo el resto del equipo profesional “Deja de mover los catéteres poh weon”. Esto provoca que nombre reservado dejara inmediatamente de lado los catéteres y el problema lo resuelve sin incidentes el Dr. nombre reservado. Sin embargo, producto del grito e insulto realizado por nombre reservado, se generó mucho estrés en todo el equipo, a tal punto que el enfermero encargado de pabellón EU nombre reservado sale a intentar calmar al Dr. nombre reservado. Finalmente, se forma una gran discusión, obligando al Dr. nombre reservado a salir del pabellón y junto con nombre reservado (TENS del mismo pabellón), se vieron obligados a separarlos, e intentar sacar a nombre reservado de la sala de control para poder terminar el procedimiento sin complicaciones.

Durante ese mismo día, el Dr. Olivares le informa a nombre reservado que nombre reservado “no te quiere ni ver” y le sugiere que acuda al día siguiente a conversar con él, cuestión que el Dr. nombre reservado realiza el día sábado a las 9:00 AM., donde le expone sus puntos, e incluso, pese a que no correspondía, le pidió disculpas. Sin embargo, el Dr. nombre reservado le dice “yo podría ser más maricón y lograr que te expulsen de la beca y que echen a Rodrigo, pero no lo haré”, “resuélveme el problema y podrás re ingresar a pabellón”. Ante tal nivel de agresividad, el Dr. nombre reservado le señala que era incapaz de resolver un problema que se generó entre él y un tercero, ante lo cual nuevamente le responde que “esta situación se generó por tu presencia en pabellón y mientras no la resuelvas, no ingresas conmigo”, “me tomaré dos semanas porque no quiero venir a esta wea y conversamos”.

Tal como lo había señalado, el Dr. nombre reservado regresa a pabellón a las dos semanas, más precisamente el 12 de octubre, donde inicia sus labores con una mala actitud, en tanto no le dirige la palabra al Dr. nombre reservado y se limita a entregarle una prueba escrita para resolver, instruyendo también a que le entregue el celular al becado de cardiología en rotación. Esta situación es sumamente irregular por varios motivos: en primer lugar, no era una prueba adscrita por el docente a cargo de la educación el Dr. nombre reservado. En segundo lugar, la prueba consistía en temas que aún no habían sido revisados acorde al programa académico y que, en último caso, tampoco era parte del mismo programa, sino solamente era una forma de amedrentamiento académico por parte del docente. La prueba finalmente fue resuelta por el Dr. nombre reservado, que recién llevaba dos meses en la subespecialidad, y revisada inmediatamente por el Dr. nombre reservado, quien señala con tono irónico que fue evaluado con el resultado insuficiente. En medio de esta incómoda situación, el Dr. nombre reservado le solicita volver a pabellón, sin embargo le responde de mala manera: “haz lo que quieras, si quieres te vas a la casa, estas arriba o abajo, me da igual, pero no tocas al paciente ni la mesa”. Ante esta exclusión a sus funciones habituales del Dr. nombre reservado, éste le solicita que al menos lo haga por vías formales, vía correo a los jefes directos, pero el Dr. nombre reservado responde de forma poco cortés “yo no tengo ninguna responsabilidad contigo ni con post grado, ¡yo soy profesor de fisiopatología y lo que hago contigo es un favor que hago cuando tengo ganas!”.

El doctor nombre reservado procede a avisarle a sus jefaturas la exclusión de sus actividades habituales, las cual se mantiene por varias semanas, hasta el 28 de octubre 2020, donde le solicita al Dr. nombre reservado retomar sus labores de becados con ejercicio en el pabellón y le responde “he perdido todo interés en enseñarte, no sabes nada, eres un ignorante”, esto, delante al becado de cardiología, enfermero de pabellón y becada de medicina interna.

Tras esta situación, la actitud del Dr. nombre reservado se ha mantenido, lo que ha permitido que durante todo este tiempo el Dr. nombre reservado, estudiante de post-grado de la Universidad de la Frontera, ha sido excluido, humillado y denostado académicamente por este funcionario de manera reiterada. Tanto así, que el equipo de Hemodinamistas reconoce la mala actitud de Dr. nombre reservado, organizando los turnos del pabellón de forma tal que no se encuentre con nombre reservado, sacando a este último de los días jueves y lo excluyen como docente de su formación.

Pese a lo anterior, ambos doctores, estudiante y docente tienen contacto los días jueves en una actividad académica, donde el Dr. nombre reservado mantiene la actitud hostigadora y maltratadora con el Dr. nombre reservado, y, pese a no ser su docente por decisión del mismo equipo al que pertenece, insiste en realizarle pruebas e interrogaciones sin acuerdo con los docentes formales de nombre reservado, todo en tono irónico y muchas veces burlándose de las respuestas, para evaluarlo con un desempeño es sub óptimo.

Finalmente, es necesario agregar que el sábado 12 de diciembre de 2020, el Dr. nombre reservado acude a evaluar un paciente en UTI CV, y el Dr. nombre reservado, luego de una diferencia de opinión con el denunciante de esta misiva, pierde nuevamente el control gritándole “eres un ignorante, no sabes nada ni siquiera de cardiología, eres un weon que cuando seas hemodinamista vas a ser un asesino”, obligando al Dr. nombre reservado a informar esta repetitiva situación a su jefatura.

Desde diciembre de 2020 hasta la actualidad, el Dr. nombre reservado empieza un tratamiento psiquiátrico producto de que fue diagnosticado con un cuadro depresivo moderado producto del acoso laboral que ha sufrido. Acorde al diagnóstico realizado por el Instituto de Seguridad Laboral, esta situación de maltrato le ha ocasionado una enfermedad de origen profesional, que lo ha tenido fuera de su práctica profesional durante 6 semanas. Esto, evidentemente constituye un menoscabo emocional y también económico, puesto que la subespecialidad es financiada por el mismo nombre reservado.

Finalmente, aunque no menos relevante, es menester tener presente que el abuso constante cometido por don nombre reservado hacia el Dr. nombre reservado es conocido en el ambiente laboral, afectando el clima de las relaciones de trabajo no sólo en lo que atañe a la víctima de los abusos, sino que repercute a todo el equipo académico del lugar. Esta situación es gravísima puesto que puede traer a la institución un desgaste generalizado entre todos los intervinientes del proceso educativo, lo que se agrava aún más teniendo en cuenta la especialidad donde ocurren los hechos: dentro de un hospital en la especialidad de Cardiología, donde debe primar siempre la protección de la vida de los pacientes y la formación de estudiantes en esa misma línea.

Con fecha 15 de diciembre de 2020 interpone denuncia que tiene por objeto establecer eventuales responsabilidades administrativas por maltrato y acoso laboral del Dr. nombre reservado, Médico Becado de Cardiología Intervencional en conta del Dr. nombre reservado, Cardiólogo Intervencional, ambos con desempeño en el Servicio de Hemodinamia en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena del Servicio Salud Araucanía Sur, en base a los hechos relatados en los antecedentes preliminares.

Con fecha 31 de diciembre de 2020, se ordena la instrucción de investigación, mediante Resolución Exenta N° 7756. Con fecha 15 de enero de 2021, se otorga prórroga y se eleva la Investigación Sumaria a Sumario Administrativo, mediante la Resolución Exenta N° 213.

Con fecha 22 de diciembre de 2020, se presenta denuncia por acoso y maltrato en contra del Dr. nombre reservado, ante la Oficina de Partes de la Universidad de la Frontera, ante el Funcionario Receptor Don Juan Poblete Díaz.

Con fecha 18 de mayo de 2021, se procede a formular cargos al Dr. nombre reservado, ahora en la Universidad de la Frontera, de la siguiente manera: “[…] 2. Formúlese a don nombre reservado el cargo de incurrir en hechos descritos en el 3) de los vistos, que se dan por reproducidos en esta parte, los que constituyen discriminación arbitraria y maltrato, conforme a la resolución exenta N°1141 que aprobó el Protocolo De Actuación Para Enfrentar Situaciones De Acoso Sexual, Abuso Sexual, Maltrato, Acoso Laboral Y Discriminación Arbitraria en la Universidad de la Frontera, de forma reiterada, en perjuicio de don nombre reservado, lo cual contraviene su deber de funcionario consignado en Estatuto administrativo, artículo 61 letra l) en relación al artículo 49 de la ley 21094, Ley de Universidades públicas. […]”

Con fecha 16 de junio del mismo año, el fiscal instructor procede a proveer los descargos presentados por el inculpado, de manera que con fecha 23 de septiembre de 2021, el fiscal instructor decide aceptar los descargos presentados, declarando en la vista fiscal lo siguiente: “El fiscal que suscribe es de opinión de proponer al señor rector absolver al encausado Dr. nombre reservado de los cargos formulados, por cuanto dicho funcionario enfrenta un procedimiento sumarial en otro servicio referido a los mismos hechos que se ordenó investigar en el presente sumario por la resolución exenta 458 de la Universidad de La Frontera, lo que contraviene el principio non bis in ídem y el deber de la administración pública de actuar bajo coordinación.”.

Luego, con fecha 18 de julio de 2022, esta rectoría confirma la Vista de Fiscal en el sentido de sobreseer al denunciado debido a una supuesta contravención al principio de non bis in ídem, señalando que: “Que el Rector sobre el caso en particular y dado la naturaleza de la situación producida, más que absolver, señala que lo que corresponde es disponer el sobreseimiento de la presente causa por haberse iniciado sumario por los mismos hechos en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, ya que de esa forma no se emite opinión sobre la eventual responsabilidad en los hechos del Dr. nombre reservado.”.

Que, con fecha de 27 de julio de 2022, esta parte se vio en el deber de reponer dicha decisión, por cuando el ordenamiento jurídico que regula los Organismos del Estado determina que ser sancionado por un mismo hecho en diferentes instituciones no vulnera el principio non bis in idem, por cuanto cada institución resguarda un bien jurídico distinto.

Que, con fecha 23 de agosto de 2022, la Universidad de la Frontera dicta la Resolución Exenta N° 1744, que resuelve rechazar el recurso de reposición interpuesto con fecha 27 de julio de 2022, confirmando sobreseimiento de la causa por haberse iniciado sumario por los mismos hechos en el Hospital Dr. Heman Henríquez Aravena.

Indica que la acción constitucional de protección, según lo señalado en el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, debe ser interpuesto dentro de un plazo de 30 días corridos desde la comisión del acto o de la ocurrencia de la omisión arbitraria e ilegal que ocasiones la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales. En esta misma línea es importante destacar que atendido señalado en el mismo Auto Acordado, el plazo de presentación vencería el día 22 de septiembre de 2022. Debido a lo anterior, se encuentra dentro del plazo legal para presentar como en efecto se hace la acción de protección que se interpone.

Señala que se ha vulnerado el derecho constitucional del debido proceso, entendido como el conjunto de normas y reglas de carácter superior que tiene por objeto el establecimiento y respeto de las condiciones mínimas y necesarias que exige un proceso justo, que tenga por finalidad la averiguación de determinado hecho de relevancia jurídica. Es del caso, que el recurrente, como lo manifiesta la misma resolución que rechaza la reposición, fue víctima de hechos que han menoscabado como se detalló anteriormente. Y, pese a dicha constatación, se decide sobreseer sin la aplicación de, siquiera, una orden que ordene la investigación de los hechos, lo que es parte del derecho en comento.

Que, son diversos los principios y sub-principios que integran el derecho a un debido proceso, solo a modo ejemplar este se integra por el derecho general a la justicia, el derecho y principio general de justicia pronta y el derecho a la legalidad, derecho a una resolución justa, entre otras.

En principio, al referirse al debido proceso, el recurso de protección está limitado a cautelar el inciso 5° del artículo 19 N° 3, que dispone que “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. Sin embargo, las Cortes han señalado a este respecto que al vulnerarse los reglamentos o las garantías mínimas de un debido proceso el órgano que ejerce la jurisdicción doméstica por parte de la Universidad deviene en una comisión especial (Corte de Apelaciones de Santiago, 31 de octubre de 2018 (Recurso de Protección), Rol 712-2018, considerando 10. Confirmado por la Corte Suprema, 23 de enero de 2019 (Recurso de Protección), Rol 29.748-2018.)

Sumado a lo anterior, la jurisprudencia ha estado conteste en considerar dentro de la protección que brinda el artículo 20 de la Constitución Política de la República al debido proceso, que se encuentra considerado, de forma no literal, en el inciso 6° del N° 3 del artículo 19 de la misma carta magna. Es así como se ha demostrado en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, en Causa Rol 53613-2019, sentencia confirmada, además, por la Excelentísima Corte Suprema en Rol N° 33398-2019.

Al mismo tiempo, la decisión arbitraria e infundada de la recurrida vulnera las normas contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pues, no obstante, a que el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido restringido, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. La Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2º del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal.

De acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia de la CIDH las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. A través del debido proceso legal, como verdadero valor jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso.

Que, las universidades son organizaciones cuyo fin es producir conocimiento y traspasarlo, por lo tanto, son importantes espacios de socialización y educación en los que participan todos aquellos que forman parte de la comunidad universitaria. Así, la institución universitaria tiene poder y ejerce control sobre la vida de quienes participan en ella. Por su parte, los y las estudiantes llevan adelante gran parte de su vida en torno a ella y establecen relaciones jurídicas con la misma, quedando en muchos ámbitos sometidos a la autoridad de la institución en decisiones que pueden implicar que pierdan su trabajo o se vean impedidos de obtener un título en el que han invertido sumas importantes y tiempo valioso.

Por otro lado, el rol socializador de la universidad implica que ella formará a las futuras generaciones de una nación. Así, el determinar las ideas y conductas que serán admisibles en el ámbito universitario es una materia delicada. Siendo relevante procurar que las universidades eduquen según valores democráticos, entre los cuales destaca el debido proceso. En vista de los fines anteriores, a nivel mundial se establece el consenso de que las universidades al aplicar disciplina sobre los miembros de su comunidad deben ceñirse a un debido proceso. Esto se establece, por ejemplo, en los puntos 48 y siguientes de la declaración de la UNESCO en cooperación con la OIT sobre situación del personal docente1.

Como norma general, las universidades en virtud de su autonomía tienen derecho a fijar sus estatutos y reglamentos internos dentro de los límites dictados por la Constitución y las leyes, normas que conforman la relación contractual entre la universidad y sus alumnos. Esta relación es un contrato de adhesión y debe ser regulado por los cuerpos legales que corresponden a este tipo de contratos. Así las cosas, los reglamentos deberán ser interpretados conforme a la regla del artículo 1566 del Código Civil y de la Ley del Consumidor en favor del alumno. Además de lo anterior, hoy en día, la necesidad de un debido proceso se hace más relevante. Ello porque las universidades están ejerciendo disciplina sobre materias tales como la libertad de expresión, acoso y abuso sexual.

En la misma línea, existen principios comunes, toda vez que ninguna norma de carácter reglamentario, puede ser contraria a la Constitución, Tratados Internacionales de DDHH ratificados por Chile y vigentes, y demás leyes del Estado. En este sentido, los reglamentos de las Universidades no pueden violar normas legales y tanto los Tribunales de Justicia como los organismos reguladores pueden hacer cumplir estas normas o sancionar su incumplimiento.

Por su parte, la Ley General de Educación mandata a las universidades a respetar su propio ordenamiento en el que se comprende el reglamento interno, e incluso contempla su disolución por violaciones graves de sus estatutos. A su vez, la Ley sobre Educación Superior reconoce que las universidades pueden dictar sus propios reglamentos y conducir sus asuntos internos debido a su autonomía universitaria, pero siempre respetando los límites impuestos por la Constitución y las leyes.

Asimismo, el debido proceso reclama que su conclusión por sentencia -que tendrá carácter de firmeza- respete al menos ciertos principios vinculados a una verdadera administración de justicia, como, por ejemplo, el principio pro-sentencia, derecho a la congruencia de la sentencia, principio de doble instancia, principio de cosa juzgada y el derecho a la eficacia material de la sentencia.

Por otro lado, en la doctrina ius administrativa este tipo de casos los analiza en un contexto intraprocesal, que es aquel que analiza la concurrencia de sanciones administrativas en dos o más instancias de persecución3. Así, es que ha existido un consenso en la doctrina y la jurisprudencia que, en este tipo de casos, no se configuraría la triple identidad que configura una vulneración al principio non bis in ídem, puesto que se encuentra limitado por las competencias de cada órgano.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema, en Causa Rol N°1333-2013, ha señalado que:

“En estas condiciones, sólo cabe concluir que la identidad requerida respecto de los elementos que integran el principio non bis in idem no se cumplen en la especie, por el fundamento de las sanciones aplicadas al actor, y de las que se ha hecho mención más arriba, resulta ser diverso, respondiendo a la protección de bienes jurídicos diferentes, circunstancia que legitima por si la actuación dle ente administrativo reclamado y que ha sido objeto de reproche en estos autos”

En ese sentido, explica el profesor Osorio que atendido a que cada normativa resguarda un determinado bien jurídico, no se vulneraría el principio non bis in idem, como ocurre en un caso “Liceo experimental”, donde el establecimiento educacional no paga las cotizaciones a sus profesores, y, por tanto, es legítimamente sancionado tanto por la Dirección del Trabajo como por la Superintendencia de Educación.

De esta forma, podemos establecer que la situación del Dr. nombre reservado ocurre en este caso, por cuanto no se cumple la triple identidad exigida por el principio en comento, De esta forma, no puede resultar aplicable el principio non bis in idem, por cuanto la competencia de ambos organismos diferencia el bien jurídico protegido, que por un lado es el cuidado de la relación profesor estudiante, y por otro el rechazo a prácticas de acoso y maltrato laboral. De esta forma, no habría una doble sanción por un mismo hecho vulneratorio, si no que una misma acción da origen a dos infracciones distintas, las cuales deben ser sancionadas cada una en su respectiva competencia.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la recurrida ya individualizado, por vulneración del artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, en torno al sobreseimiento del sumario administrativo, y acogerlo a tramitación ordenando a la recurrente que de inicio a dicho procedimiento, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Denuncia realizada en Universidad de la Frontera, presentada con fecha 22 de diciembre de 2022; 2.

Comprobante de Recepción de Documento, de fecha 22 de diciembre de 2020, firmado por el funcionario Don Juan Poblete Díaz; 3.

Resolución Exenta N° 1744, que rechaza la interposición de la denuncia en la Universidad de la Frontera, emitida con fecha 18 de julio de 2022; 4.

Reposición realizada ante la Universidad de la Frontera, interpuesta con fecha 27 de julio de 2022; 5.

Resolución Exenta N° 2085 de 2022, que rechaza la Reposición interpuesta con fecha 27 de julio de 2022, de fecha 23 de agosto de 2022; 6. Expediente Sumarial N° 843-2021 de la Universidad de la Frontera, de fecha 23 de septiembre de 2021.

A folio N°9-2022 evacua informe la recurrida UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Refiere el recurrente mediante el presente Recurso de Protección en contra de la Universidad de La Frontera, basado en los siguientes antecedentes preliminares:

1. Que, el día 25 de septiembre de 2020 cuando el Dr. nombre reservado se encontraba realizando un procedimiento en pabellón de Hemodinamia, bajo la supervisión del hemodinamista de ese día, el Dr. nombre reservado, quien es además el docente a cargo del Dr. nombre reservado en la sub-especialidad que cursa en la Universidad, el Dr. nombre reservado, quien se encontraba de paso por la sala de comandos, indica el actor que “le grita” a nombre reservado a través del altoparlante y en presencia de todo el resto del equipo profesional “Deja de mover los catéteres poh weon” problema lo resuelve sin incidentes el Dr. nombre reservado. Sin embargo, producto del grito e insulto realizado por nombre reservado, se generó una discusión entre los presentes 2.

Que, al día siguiente a conversar con el Dr. nombre reservado, donde le expone sus puntos, refiere ser incapaz de resolver un problema que se generó entre él y un tercero.

3. Refiere, que el Dr. nombre reservado al regresar al pabellón a las dos semanas, más precisamente el 12 de octubre, donde inicia sus labores con una mala actitud, en tanto no le dirige la palabra al Dr. nombre reservado y se limita a entregarle una prueba escrita para resolver, instruyendo también a que le entregue el celular al becado de cardiología en rotación.

4.- Que, el actor procede a avisarle a sus jefaturas la exclusión de sus actividades habituales, las cual se mantiene por varias semanas, hasta el 28 de octubre 2020, donde le solicita al Dr. nombre reservado retomar sus labores de becados con ejercicio en el pabellón y obteniendo una respuesta negativa.

5.- Que el Dr. nombre reservado, estudiante de post-grado de la Universidad de la Frontera, se siente excluido, humillado y denostado académicamente por este funcionario de manera reiterada.

Sin embargo, el recurrente delimita la vulneración de derechos en los siguientes hechos: según el apartado “iii.- Hechos constitutivos de vulneración de Garantías Constitucionales”:

1.- Con fecha 22 de diciembre de 2020, se presenta denuncia por acoso y maltrato en contra del Dr. nombre reservado, ante la Oficina de Partes de la Universidad de la Frontera, ante el Funcionario Receptor Don Juan Poblete Díaz.

2.- Que, con fecha 16 de junio de 2021, el fiscal instructor procede a proveer los descargos presentados por el inculpado.

3.- Que, con fecha 18 de julio de 2022, esta rectoría confirma la Vista de Fiscal en el sentido de sobreseer al denunciado debido a una supuesta contravención al principio de non bis in idem.

4.- Que, con fecha de 27 de julio de 2022, repone dicha decisión, así las cosas el día 23 de agosto de 2022, la Universidad de la Frontera dicta la Resolución Exenta N°2085/2022, confirmando sobreseimiento de la causa por haberse iniciado sumario por los mismos hechos en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena.

5.- Que, recurre en contra de la Universidad de la Frontera por cuanto las conductas indicadas son arbitrarias e ilegales y afectaría la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República y solicita se acoja el recurso ordenando a mi representada que acoger el sumario a tramitación ordenando a la recurrente que de inicio a dicho procedimiento.

6.- Que, su argumentación se funda en la competencia de ambos organismos se diferencia en el bien jurídico protegido, que por un lado es el cuidado de la relacion profesor estudiante - Resolución Exenta N°3597 de la Universidad de La Frontera- , y por otro el rechazo a prácticas de acoso y maltrato laboral -Resolución Exenta N°8388 del Servicio de Salud Araucanía Sur-. De esta forma, no habría una doble sanción por un mismo hecho vulneratorio, si no que una misma acción da origen a dos infracciones distintas, las cuales deben ser sancionadas cada una en su respectiva competencia. Desde la perspectiva del actor.

7.- Que, el recurrente olvida mencionar que primero ingreso la denuncia ante el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena el día 14 de diciembre de 2020 y posteriormente ante la Universidad de La Frontera.

Que, en cuanto al fondo del recurso, señala que el recurrente en la especie le atribuye a una vulneración del Artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República. Se presume en atención al petitorio de autos que se trata del inciso quinto -en razón a lo prescrito por el Articulo 20 de la Constitución Política de la República-:

“[…] Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado […]”

La acusación de la contraria es incorrecta y obedece a una interpretación antojadiza del principio “non bis in dem”, toda vez, que el fundamento de la Universidad de La Frontera de rechazar el recurso de reposición interpuesto por FELIPE ANDRES LARENAS BURGOS, abogado, en representación de Don nombre reservado y a su vez, confirmar el sobreseimiento por haberse iniciado sumario por los mismo hechos en el Hospital Henríquez Aravena se ajusta a derecho en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho que paso a exponer:

Que, en el ámbito de la responsabilidad administrativa opera el principio non bis in ídem. Al efecto, Mariano R. Brito1 citando a nombre reservado señala que ello conlleva que “a una falta disciplinaria, no puede corresponder sino una sola sanción”, o recordando a Guido Zanobini que “ninguno puede ser llamado a responder más de una vez de un mismo y único hecho que haya producido”. Así, no se pueden imponer sucesivas o simultáneamente dos o más sanciones administrativas, cuando se aprecie identidad de hechos, personas y fundamento. Además, implica que, por la totalidad de las imputaciones establecidas en su contra, sólo puede aplicársele una medida disciplinaria. Finalmente, no es posible procesar dos veces por un mismo hecho, a la misma persona y por el mismo fundamento.

Ahora bien, por el principio de independencia de responsabilidad, que una misma conducta puede dar lugar, un funcionario puede ser objeto de sanciones en un ámbito y ser exonerado en el otro, cuando las responsabilidades son diversas, como cuando una es administrativa y la otra penal, sin que por ello se entienda violado el principio de “non bis in dem”, puesto que las finalidades que persiguen los regímenes establecidos y los bienes jurídicos tutelados, en cada uno de ellos, son distintos.

Para la recurrente, no obstante reconocer que la acusación se funda en los mismos hechos, el bien jurídico tutelado en un caso y en otro es diverso, ya que en el caso de la Universidad de La Frontera se sustentaría en la Resolución Exenta N°3597 que “Aprueba el Protocolo de Buenas Prácticas Laborales y de Gestión de Denuncias de Maltrato Laboral, Acoso Laboral y/o Sexual, y en el caso del Servicio de Salud Araucanía Sur en la Resolución Exenta N°8388 del 12 de diciembre de 2016 de Servicio de Salud Araucanía Sur, que aprueba el Procedimiento de denuncia de Maltrato, Acoso Laboral y Acoso Sexual.

Que el planteamiento de la recurrente es erróneo, dado que en ambos casos la normativa que da sustento a una eventual sanción es similar, a saber, el DFL: 29/2004 que contiene el actual texto del Estatuto Administrativo.

En efecto, los protocolos de ambos órganos integrantes de la Administración del Estado, plantean conceptos válidos como criterios de actuación interno, pero que no son aplicables para establecer la responsabilidad administrativa, ya que por mandato del principio de legalidad siempre han de primar los conceptos legales que impone el estatuto administrativo.

En esta lógica, cualquier falta que se atribuya a un funcionario o una jefatura, debe decir relación con las obligaciones y prohibiciones que impone el estatuto administrativo, y no con los protocolos de actuación para enfrentar situaciones de acoso sexual, abuso sexual, maltrato, acoso laboral y discriminación arbitraria que puedan existir al interior de la respetiva institución , sin perjuicio de que este último, nos pueda orientar para dar sentido a conceptos jurídicos indeterminados, establecidos en el estatuto.

Adicionalmente, en el ámbito de la responsabilidad disciplinaria administrativa el bien jurídico tutelado es el debido funcionamiento de la administración, que es más amplio que el tutelado por el derecho penal, pues se protege el buen funcionamiento de la administración no solo de cara a los particulares y a la sociedad, sino desde una óptica de valoración estrictamente interna.

Su finalidad, en consecuencia, es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia de los servidores públicos, y es precisamente allí, en la realización del citado fin.

Por ende, la situación investigada en el Servicio de Salud como en la Universidad de La Frontera, está sometida a la misma fuente normativa compartiéndose en ambos casos el mismo bien jurídico tutelado.

En función de los argumentos anteriormente indicados, se solicita el rechazo del recurso por carecer de fundamento jurídico, toda vez que el actuar de su representada se ha ajustado a la normativa vigente y a un órgano que ejerció la jurisdicción en un proceso previo legalmente tramitado. Es así, como el proceder no ha sido discriminatorio, arbitrario ni ilegal, por lo tanto, no hay ninguna garantía fundamental del recurrente que se haya afectado. A mayor abundamiento, el Sr. Contralor General de la Republica el Sr. nombre reservado en dictamen N°090328N16 sigue este criterio ya planteado en estos autos.

En conclusión, el Hospital Regional Dr. Hernán Henríquez Aravena como nuestra Universidad de La Frontera, son instituciones públicas, que pertenecen a la administración del Estado conforme el Articulo 5 de la Ley General de Bases de la administración del Estado y deben respetar el principio “non bis in ídem”, consistente en que no procede que una persona sea enjuiciada dos veces por los mismos hechos. Puesto, ingreso preliminarmente la denuncia ante el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena el día 14 de diciembre de 2020 y posteriormente ante la Universidad de La Frontera.

Acompañó los siguientes documentos: 1) Dictamen N°090328N16 de fecha 16-12-2016; 2) Expediente sumarial N°458 mediante el link https://drive.google.com/drive/folders/1Gk38aLuXpEbaUgMIK7T6U TPRbJFW_Iax?usp=sharing; 3) Informe del Sr. Contralor nombre reservado Roberto Contreras N°19 de fecha 05 de julio de 2022; 4) Informe del Sr. Contralor nombre reservado Roberto Contreras N°22 de fecha 05 de agosto de 2022 A folio N°14-2023 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección a los afectados cuando, por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que como es unánimemente aceptado, requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

TERCERO: Que la recurrente deduce recurso de protección constitucional en contra de la Universidad de la Frontera, por el acto que estima ilegal y arbitrario y que conculca su legítimo derecho consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Constitución política de la Republica al haber decidido mediante Resolución Exenta N° 1744, de fecha 23 de agosto de 2022, rechazar el recurso de reposición interpuesto por el actor, confirmando el sobreseimiento de la investigación sumaria seguida en contra del Dr. nombre reservado, por habérsele iniciado sumario por los mismos hechos en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena.

CUARTO: Que, en cuanto a los hechos denunciados por el actor ante el Hospital Hernán Henríquez Aravena con fecha 15 de diciembre de 2020 y ante la Universidad de la Frontera con fecha 22 de diciembre de 2020, en contra del Sr. nombre reservado, estos, como lo señala en su presentación consistirían en “Constantes insultos, incluso durante intervenciones quirúrgicas en pabellón, dirigidas al Dr. nombre reservado. Denostarlo en su calidad de profesional. Evaluaciones reiteradas donde se busca evaluar negativamente al Dr. nombre reservado, e incluso llegar a amenazar con quitarle la beca de subespecialidad de cual es parte. También, evitar que el denunciante ejerza funciones en pabellón durante un extenso periodo de tiempo. Impedir que el Dr. nombre reservado pueda ejercer funciones en pabellón, incluso forzando a tal punto la situación que el equipo debe coordinarse para que el Dr. nombre reservado no se encuentre con el denunciante y persista con su acoso”

QUINTO: Que ambas instituciones cuentan con protocolos para enfrentar este tipo de situaciones, a saber, la Resolución Exenta N°8388 del 12 de diciembre de 2016 de Servicio de Salud Araucanía Sur, del cual depende el Hospital Hernán Henríquez Aravena, que aprueba el “Procedimiento de denuncia de Maltrato, Acoso Laboral y Acoso Sexual y la Resolución Exenta N°3597 que “Aprueba el Protocolo de Buenas Prácticas Laborales y de Gestión de Denuncias de Maltrato Laboral, Acoso Laboral y/o Sexual, para la Universidad de La Frontera”

SEXTO: A su turno la recurrida informa que su actuar se ha ajustado a la normativa vigente y a un órgano que ejerció la jurisdicción en un proceso previo legalmente tramitado. Es así, como el proceder no ha sido discriminatorio, arbitrario ni ilegal, por lo tanto, no hay ninguna garantía fundamental del recurrente que se haya afectado.

En conclusión, señala que el Hospital Regional Dr. Hernán Henríquez Aravena como la Universidad de La Frontera, son instituciones públicas, que pertenecen a la administración del Estado conforme el Articulo 5 de la Ley General de Bases de la administración del Estado y deben respetar el principio “non bis in ídem”, consistente en que no procede que una persona sea enjuiciada dos veces por los mismos hechos. Puesto, ingreso preliminarmente la denuncia ante el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena el día 14 de diciembre de 2020 y posteriormente ante la Universidad de La Frontera.

SEPTIMO: Como cuestión previa debemos indicar que el principio non bis in iden dispone que nadie puede ser juzgado o sancionado dos veces por un mismo hecho. De este modo, el referido principio, tiene, por una parte, una versión sustantiva – sanción múltiple – y, por otra, una connotación procesal – persecución múltiple. El principio requiere cumplir con la triple identidad, es decir que concurran los mismos hechos, sujetos y causa en las sanciones aplicadas, para que solo sea procedente una sanción por un mismo hecho.

OCTAVO: Al respecto, tanto la doctrina, jurisprudencia constitucional, judicial y administrativa han señalado en primer lugar que al Derecho Administrativo Sancionador le son aplicables las garantías y principios del Derecho Penal, con matices; en segundo lugar, este principio es aplicable al ordenamiento jurídico nacional, de conformidad al artículo 5° inciso segundo de la Constitución, en tanto se encuentra reconocido en el N° 4 del artículo 8° Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el N° 7 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en tercer lugar, la doctrina considera que es aplicable la prohibición de persecución o sanción múltiple, de un mismo hecho que imponga una 2 o más sanciones administrativas; finalmente, para asegurar que se cumple la triple identidad se debe considerar– infractor, hecho u omisión y fundamento jurídico- que hacen aplicable el principio non bis in ídem NOVENO: Que así las cosas lo que se encuentra proscrito por la prohibición de bis in ídem es valorar y sancionar dos veces lo mismo. Ahora bien, para determinar entonces el alcance de la prohibición, su forma y momento de aplicación es menester determinar primariamente cuando se trata “de lo mismo”, y cuándo no. De esta forma, para la aplicación del mentado principio se ha llegado a una conclusión común: estamos ante “lo mismo” cuando la pretensión punitiva sea castigar en más de una oportunidad al mismo sujeto, por el mismo hecho, y bajo el mismo fundamento. Así, para que el principio reclame aplicación, debemos poder identificar la llamada “triple identidad”

Que al respecto el Tribunal Constitucional, ha sostenido “…la prohibición de bis in ídem o doble sanción se expresa en la imposibilidad que pesa sobre el órgano administrativo de sancionar dos o más veces, la misma conducta, respecto del mismo sujeto y por iguales fundamentos. Esta triple identidad funciona como salvaguarda de los intereses y derechos del sancionado, el cual puede tener la certeza de que, frente a una determinada infracción, la administración no puede abusar de sus facultades aplicando más de una medida como respuesta punitiva.”.

DECIMO: Que los antecedentes que se han acompañado dan cuenta que el recurrente, es médico y estudiante de post grado de Cardiología Intervencional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera de Temuco desempeñándose en el servicio de Hemodinamia del Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco dependiente del Servicio de Salud Araucanía Sur.

UNDECIMO: Que, así las cosas, se puede apreciar que entre el recurrente y el Sr. nombre reservado existe una relación en al ámbito laboral y otra en el ámbito académico. En tal sentido, la calidad que ostenta el denunciado es distinta, por cuanto, se desempeña como profesional médico cardiólogo en el Hospital Hernán Henríquez Aravena y a la vez ejerce funciones de docente en la Universidad de la Frontera.

DUODECIMO: Al respecto la Ley 21.094 sobre Universidades Estatales, en su artículo 49 inciso 1° establece “Actos atentatorios a la dignidad de los integrantes de la comunidad universitaria. Las prohibiciones para el personal académico y no académico de las universidades del Estado, relativas a actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, incluido el acoso sexual, el acoso laboral y la discriminación arbitraria, se entenderán referidas también a conductas del mismo tipo que resulten atentatorias a la dignidad de estudiantes, y de toda persona vinculada, de cualquier forma, a las actividades de la respectiva institución” y en su inciso segundo establece que ”Además, en los procedimientos instruidos para determinar la responsabilidad administrativa en este tipo de casos, las víctimas y personas afectadas por las eventuales infracciones tendrán derecho a aportar antecedentes a la investigación, a conocer su contenido desde la formulación de cargos, a ser notificadas e interponer recursos en contra de los actos administrativos, en los mismos términos que el funcionario inculpado”.

DECIMO TERCERO: Que a su vez la recurrida plantea que la acusación de la contraria es incorrecta y obedece a una interpretación antojadiza del principio “non bis in dem”, toda vez, que el fundamento de la Universidad de La Frontera de rechazar el recurso de reposición interpuesto por la recurrente y a su vez, confirmar el sobreseimiento por haberse iniciado sumario por los mismos hechos en el Hospital Henríquez Aravena se ajusta a derecho. No procede que una persona sea enjuiciada dos veces por los mismos hechos.

DECIMO CUARTO: De lo analizado precedentemente, es dable concluir que aun cuando la garantía constitucional del debido proceso no se encuentra dentro de aquellas protegidas por el Constituyente por medio de la acción de protección, la situación puesta en conocimiento de esta Corte, exterioriza que el recurrido incurrió en una conducta, a lo menos arbitraria, en tanto decide sobreseer al Sr. nombre reservado, y rechazar el recurso de reposición interpuesto por el actor, argumentando que los mismos hechos están siendo conocidos en otra instancia administrativa.

DECIMO QUINTO: Que, sin embargo, estos hechos no podrían calificarse como similares, considerando, por un lado, que estos, se han producido en el ámbito laboral en el que se desempeña el recurrente y denunciado y en el ámbito académico, en calidad de estudiante y docente, es decir, personas que tienen calidades distintas en ambas instituciones.

En tal sentido para que pueda calificarse como cumplido el principio de non bis in idem se requiere que exista triple identidad es decir que se trate de la misma persona, los mismos hechos y fundamento, lo que no se da en la especie, por cuanto, además se trata de diferentes instituciones que resguardan bienes jurídicos distintos.

Aún más, no podríamos decir que se trata de un mismo fundamento.

DECIMO SEXTO: En tan sentido se hace necesario velar por la aplicación de las medidas necesarias para proteger eficazmente la integridad en especial psíquica de quien ostenta la calidad de estudiante y a la vez de funcionario de las respectivas instituciones públicas, debiendo las mismas intervenir, a través de los mecanismos administrativos que la normativa les permite. En consecuencia, resulta evidente que ambas instituciones pueden intervenir en el caso en examen en ejercicio de sus atribuciones propias y en defensa de distintos bienes jurídicos, lo que permite descartar de plano la concurrencia en la especie de una infracción al invocado principio non bis in ídem.

DECIMO SEPTIMO: Que, en las circunstancias referidas, del análisis de esta cuestión, puede concluirse, que en la especie concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, toda vez que con los antecedentes reunidos en este procedimiento es posible afirmar que la Universidad de la Frontera ha vulnerado el debido proceso, afectando con esto, los derechos del recurrente, y, por lo mismo, la acción cautelar intentada está condiciones de prosperar y será admitida.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don Felipe Andrés Larenas Burgos, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Universidad de la Frontera de Temuco, ordenando a la recurrida que deberá reiniciar el proceso disciplinario en contra de don nombre reservado, designando para tal efecto a Fiscal instructor no inhabilitado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante Sra. Claudia Lecerf Henríquez Rol N° Protección-34644-2022.(jog)