nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, diez de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado en nombre de doña nombre reservado, C.I. RUT reservado, Matrona, de su mismo domicilio, interponiendo el presente Recurso de Protección, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Chile, en contra de don nombre reservado, C.I. N°RUT reservado, Director Servicio de Salud Araucanía (S), funcionario del Servicio de Salud, nombre reservado, domiciliado laboralmente en Angol, domicilio reservado, quien en la dictación de la Resolución Afecta N°10 del 5 de abril de 2024, notificada por correo electrónico con fecha 8 de abril de 2024, vulneró los derechos constitucionales de mi representada, consagrados en el artículo 19 numerándos: N°2, 3° inciso quinto, 16° y 21° de la Constitución Política del Estado de Chile, esto es, se vulneraron sus Garantías Constitucionales de: “Igualdad ante la Ley”; “Igual Protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos”, específicamente las: del “Debido Proceso” y de la “Legítima Defensa”; como así también se violó su “Libertad de Trabajo y su Protección”; y su “Derecho a realizar cualquier actividad económica”; establecidos y garantizados en dichas disposiciones constitucionales, atendido a que en su contenido y fundamentos se basó en actuaciones administrativas viciadas de ilegalidad y nulidad, realizadas dentro de un Sumario Administrativo ordenado instruir mediante Resolución Exenta N°181 de 2 de febrero de 2022, el cual al momento de incurrirse en la violación de sus garantías, se encontraba terminado, en su parte investigativa y emitido el “Informe Fiscal” (el 25 de julio de 2022); no obstante ello y con el único objeto de justificar la decisión persecutoria de “Destituir” a mi representada se dictaron resoluciones y se realizaron actuaciones posteriores, con el fin de retrotraer el sumario al estado de “Formular nuevos Cargos” y emitir un nuevo “Informe Fiscal”, con ese objetivo, se dictó: a) La Resolución Exenta N°837, del 9 de agosto de 2022, dictada por el Director del Hospital de Collipulli nombre reservado, quien violando reiteradamente su “Deber de Abstención”, dispuso la reapertura del sumario administrativo, ordenando al mismo Fiscal designado, Castillo Gallardo: “Abordar otras diligencias de la investigación”, con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos descritos yocurridos respecto a la detección de recetas irregularmente emitidas por profesional del Servicio de maternidad de este Hospital y “Realizar el respectivo Informe - Formulando cargos”; b) “Formalización de cargos”, realizado por la Sra. nombre reservado Castillo Gallardo, de fecha 17 de agosto de 2022, (esto es 5 días después de las instrucciones del superior, en el decreto de reapertura del sumario); c) “Nuevo informe Fiscal”, realizado por la Sra. nombre reservado Castillo Gallardo, de fecha 10 de enero de 2023; d) Resolución exenta N°308, suscrita por nombre reservado, de fecha 26 de enero de 2024, que dispuso como sanción la Destitución, ya mencionada; y e) Resolución afecta N°10 de fecha 5 de abril de 2024, suscrita por don nombre reservado, que dispuso y ratifico en definitiva la sanción de “Destitución”;

Fundamentos del Recurso:

I.- “Vicios de ilegalidad, nulidad e infracciones ocurridas en la tramitación del Sumario Administrativo”:

1.- Primeras actuaciones:

Mediante resolución exenta N°181 del 02 de febrero de 2022, el Director del Hospital de Collipulli don nombre reservado, Superior Jerárquico de mi representada, ordenó instruir un sumario administrativo en contra de doña nombre reservado, por supuestas emisiones de Recetas no autorizadas por el Código Sanitario; designándose como Fiscal a cargo del sumario administrativo a doña nombre reservado Castillo Gallardo, quien previamente de aceptar el cargo, con fecha 4 de marzo de 2022, se aboco a instruir el sumario administrativo;

a)

Con fecha 25 de julio de 2022, la Sra. Fiscal Castillo Gallardo declara cerrada la investigación, y emite su “Informe Fiscal”, el cual en su parte pertinente señala:

- No tipifica clara, detallada y legalmente los hechos investigados, señala: “Que, sí existió una “Falta de Probidad, al emitir auto recetas”.

- No propone sanción alguna, ni tipifica, ni fundamenta legalmente, de manera clara y legal lo que denomina “Falta de Probidad”;

- Obviá investigar lo ocurrido con las demás matronas de la sección de Pediatría, respecto de quienes también ocurría lo mismo, dado el mal funcionamiento y elaboración del programa, que entró en vigor el año 2015 denominado sistema “SIDRA”;

- Como así mismo, obviá investigar lo ocurrido con otros pacientes de maternidad, respecto de los cuales, médicos del Hospital de Collipulli habían prescrito tratamientos de mediano plazo.

b)

Las prerrogativas y facultades de la Sr. Fiscal nombre reservado, de “Cerrar la investigación” y de “No Formular Cargos”, en contra de mi representada, son omnímodas y no pueden ser desconocidas por el superior jerárquico, ni menos pretender ser desvirtuadas y contravenidas por resoluciones posteriores. Todo ello conforme lo señalan los artículos 137, 138, 139 y 140 del Estatuto Administrativo.

2.- Segundas actuaciones: Vicios de Nulidad:

a)

Elevado el sumario administrativo a la autoridad superior del Hospital de Collipulli, quien era, a dicha época el Director de Hospital de Collipulli don nombre reservado, mediando informe del abogado Jefe del Servicio de Salud nombre reservado, don nombre reservado, de fecha 28 de junio de 2023, y violando ambos su “Deber de abstención”; dispuso mediante Resolución Exenta N°837 del 9 de agosto de 2022 la reapertura del sumario administrativo, disponiendo al Mismo Fiscal Castillo Gallardo: “Abordar OTRAS DILIGENCIAS de la investigación”, con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas en los hechos descritos y ocurridos respecto a la detección de recetas irregularmente emitidas por profesional del Servicio de maternidad de este Hospital y “realizar un nuevo Informe Fiscal”, “Formulando cargos”;

Esta pantomima, ya la realizo en su oportunidad, respecto de otro sumario administrativo, (Res. Ex. N°979 del 2 de diciembre de 2019) que afecto a mi representada, tramitado paralelamente, decretado instruir por él mismo, en el cual, con la misma conducta, al no agradarle los resultados de la investigación y el “Informe Fiscal”, procedió a disponer igualmente la “Reapertura del Sumario”, con los mismos, fines. Lo cual fue invalidado por la Corte Suprema en sentencia de fecha 29 de agosto de 2022, en los autos sobre Recurso de Protección Rol N°32.003-2022.

c)

“Formulación de Cargos”, de fecha 17 de agosto de 2022; de esta manera, con el objeto de darle cierta apariencia de legalidad, la misma Fiscal Castillo Gallardo, vuelve a aceptar el cargo, con fecha 12 de agosto de 2022, y no mediando más de 5 días corridos y con el solo objetivo de cumplir con lo ordenado por su Superior Jerárquico, perdiendo toda objetividad e imparcialidad y sin mediar ninguna actuación investigativa ni probatoria, dentro del nuevo sumario, procede a emitir una “Formulación de Cargos”, con fecha 17 de agosto de 2022;

Contenido de la “Formulación de Cargos”:

- Haber prescrito recetas irregularmente;

- Haber omitido información respecto al estado del “Sistema Sidra”, fs. 142;

- No dar aviso oportuno para revertir el “error involuntario de digitación que activa las recetas vigentes y no vigentes”;

- Haber Infringido lo dispuesto en el artículo 61 letras c) y g) del Estatuto Administrativo, Ley 18.834.

d)

Informe Fiscal: Hecho esto, con fecha 10 de enero de 2023, sin mediar otra actuación de prueba ni decretar ninguna diligencia investigativa, emite su “Informe Fiscal”, cumpliendo con las instrucciones del Sr. Director del Hospital de Collipulli nombre reservado, resolviendo:

- Que si hubo emisión de auto recetas por parte de doña nombre reservado;

- Que da por finalizado el proceso sumarial estableciendo que sí existió una “Falta de Probidad”, al emitir auto recetas;

- Proponiendo como sanción, la “Censura”, como medida disciplinaria, establecida en el articulo 121 letra a) y 122 de la ley 18.834, consistente en una anotación de demerito en su hoja de vida, de dos puntos en el factor de calificación.

I-1 Nulidad de la “Nueva Apertura del Sumario:

Claramente las actuaciones posteriores, al 23 de julio de 2023, incluido el “Nuevo Informe del Fiscal”, de fecha 10 de enero de 2023, que no le fue notificada a mi representada, están viciadas de ilegalidad y nulidad, esto es:

a)

Resolución exenta N°000837 del 9 de agosto de 2022 suscrita por don nombre reservado, que “ordena reabrir sumario administrativo” decretado mediante resolución exenta N°181 del 11 de febrero de 2021.

b)

Aceptación del cargo, de fecha 12 de agosto de 2022, por parte de doña nombre reservado Castillo Gallardo;

c)

Formalización de cargo, de fecha 17 de agosto de 2022;

d)

Segundo Informe Fiscal, de fecha 10 de enero de 2023, (sin notificación a mi parte.)

Actuaciones todas, que se encuentran viciadas de nulidad e ilegalidadadministrativa, dado que bajo ningún punto de vista estos funcionarios públicos pueden irrogarse facultades que ni la Constitución ni las leyes administrativas les conceden; en especial estos actos administrativos violan e infringen los artículos: 19 numerándos 2 y 3, y ambos, en relación con el articulo 7 inc. primero, ambos de la Constitución Política del Estado de Chile en directa relación con los artículos 139 y 140 del Estatuto Administrativo, los cuales no contemplan ni permiten las actuaciones administrativas que han realizado;

I.2.- Ilegalidad y Nulidad de actuaciones directas del Recurrido: Historia de Contexto:

Siguiendo el orden de las cosas, una vez que la Corte Suprema, revocó la sentencia de esta I. Corte, dictando la sentencia de fecha 29 de agosto de 2022, Rol N°32.003-2022 anulando todo lo obrado otro sumario administrativo, tramitado en forma paralela y coetánea, (Resol. Exenta N°979 del 02 de diciembre de 2019 ordenado instruir por el mismo Director del Hospital de Collipulli don nombre reservado), encontrándose en tramitación el referido recurso de protección ante el Supremo Tribunal, debiendo “Abstenerse” el Sr. nombre reservado de realizar las mismas maniobras realizadas por éste en el Sumario de la referencia (Res. Exenta N°979 del 2 de diciembre de 2019), por el contrario, y estando en conocimiento de la ilegalidad de sus actuaciones procedió a realizar las mismas actuaciones dolosas antes referidas, dictando en los autos sumariales que nos convoca, la Resolución Exenta N°837, del 9 de agosto de 2022, tomando interés en sus resultados y perdiendo toda objetividad, imparcialidad y competencia para resolver sobre las imputaciones y sugerencias de la Sra. Fiscal Castillo Gallardo, al disponer actuaciones de manera directa en el sumario ya terminado, relativas a enmendar por la vía de “Reformular Cargos” y “Emitir Nuevo Informe”, lo obrado por la mencionada Fiscal Castillo Gallardo.

Comunicabilidad de vicios de ilegalidad y nulidad:

En conocimiento de todo lo señalado precedentemente don nombre reservado, Director Servicio de Salud Araucanía (S), como consta de la Resol. Afecta N°10, no tan solo comete “Desacato” en contra del dictamen de la Corte Suprema, sino que persevera, dándole validez a las actuaciones señaladas precedentemente, manifestando que dicha sentencia recaída en el Recurso de Protección, Rol Corte Suprema N°32.003-2022 no le empece, perdiendo toda imparcialidad, objetividad y competencia, dado que claramente como Jefe Máximo del Servicio de Salud nombre reservado, actúa en su representación y legalmente le es oponible y aplicable tal sentencia;

Por el contrario, debiendo abstenerse de resolver de la manera que lo hizo, procedió a validar las resoluciones y actuaciones señaladas, quedando de manifiesto su falta de objetividad, imparcialidad y legalidad, para resolver y dictaminar las penas que aplico en la Resolución Afecta N°10, recurrida; vulnerando de paso la Garantía Constitucional establecida en el artículo 19 N°3 inc. quinto de la Constitución Política del Estado de Chile, que dispone: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

II.- Violación de los Principios de debido proceso, legalidad y juricidad:

Es de suma importancia, señalar, que en el sumario administrativo, aludido, desde un principio no se respetaron a cabalidad los principios de legalidad y juridicidad que todo debido proceso administrativo debe contener, dado que, a mi representada le asisten derechos tanto constitucionales como legales, lo cual claramente no han fueron respetados y máxime aún, queda más claro aún en estas actuaciones, señaladas precedentemente, las cuales solo tendieron a obtener el “Ganancial Unico y Persecutorio”, de destituir de una u otra manera a mi representada, mediante la dictación de resoluciones exentas extemporáneas y nulas, que se alejan del sentido y alcance del artículo 140 del E.A.

y que coronan su ilegalidad con una extemporánea e ilegal apertura del sumario, formulación de cargos y nuevo dictamen fiscal;

En efecto, el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Chile consagra el principio, que: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley……….”; lo cual está en directa consonancia con lo dispuesto en el artículo 18 inc. segundo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, el cual establece que: “En el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento, requiriéndose por tanto,como exigencias básicas la posibilidad que el inculpado en una instancia disciplinaria pueda ser oído y que pueda desvirtuar la imputación dirigida en su contra rindiendo prueba al efecto una vez ofrecidos sus descargos, debiendo satisfacerse además la necesidad de publicidad de los elementos de la acusación y de revisión por la superioridad de los actos que puedan estimar lesivos para sus derechos”.

III.- Jurisprudencias oponibles al recurrido y Desacato de Sentencia de la Corte Suprema y de la I. Corte Apelaciones de Temuco:

1) Sentencia de la Exma. Corte Suprema, del 29 de agosto de 2022, Rol N°32.003-2022, cuya parte pertinente se transcribe:

Cuyo tenor es el siguiente: En su parte pertinente:

……“Noveno: Que en consecuencia habiéndose observado que la actuación de la autoridad recurrida lo ha sido en contravención a la normativa vigente, se verifica en el caso la vulneración arbitraria e ilegal de la garantía de la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por cuantose ha dejado a la afectada en una situación desmejoradaen relación a otros funcionarios que han podido ser juzgados mediando el desarrollo de un procedimiento ajustado a derecho, motivo por el cual recurso será acogido decretando las medidas que se dirán en loresolutivo.”……. “Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de fecha veinte de junio de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco y en su lugar, se declara que se acoge el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, y en consecuencia se dispone que se deja sin efecto la Resolución exenta N° 962 de 28 de diciembre de 2021, dictada por el Director del Hospital de Collipulli, y la resolución de 7 de marzo de 2021, que reformuló los cargos atribuidos a la afectada, debiendo el funcionario sumariante y la jefatura administrativa, disponer lo que corresponda en la continuación del procedimiento según sea el caso. Regístrese y devuélvase. Redacción a cargo del Ministro Sr. Sergio Muñoz G. , Rol N°32.003-2022. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., Sr. nombre reservado y Sr. nombre reservado (s) y por losAbogados Integrantes Sr. nombre reservado y Sr. nombre reservado No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro Sr. Contreras por haber concluido su período de suplencia. En Santiago, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.”

2.- Sentencia de esta I. Corte de Apelaciones de Temuco, recaída en el Rol P-13640-2023, del 15 de diciembre de 2023, que en su parte pertinente señala:

Considerando cuarto: Que, como es sabido, el procedimiento administrativo esta sujeto a una serie de principios que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, entre los cuales, esta el principio de imparcialidad, establecido en el articulo 11 de la Ley 19.880, que dispone “La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de Probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”. (sic)

3.- Sentencia Corte Apelaciones de Talca, del 22 de diciembre de 2017:

“La Corte de Apelaciones de Talca: Corte de Talca acogió un recurso de protección interpuesto contra Municipalidad de Empedrado que modificó cargos primitivos formulados en Sumario Administrativo. Si los cargos en sumario administrativo se reformulan terminado el período probatorio abierto con ocasión de las primitivas imputaciones y luego de conocido los descargos correspondientes, se vulneran los derechos del funcionario afectado: “La Corte de Apelaciones de Talca acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la Municipalidad de Empedrado que modificó los cargos primitivos formulados en el Sumario Administrativo ordenado por medio del Decreto Alcaldicio N°725, seguido contra la recurrente, toda vez terminado el período probatorio que se abrió con ocasión de las primitivas imputaciones y los descargos correspondientes no era posible modificar la primitiva imputación sin afectar la regla de procedimiento que establece el artículo 139 del Estatuto Administrativo. Además, la Ley 18.834 que contiene el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales no se regula la posibilidad de reformular cargos alegando falta de precisión de los primeros, ya que expresada la voluntad del Fiscal sumariante deben aplicarse las reglas del artículo 140 de ese cuerpo legal precitado. La precisión de los cargos, a través de una reformulación de los mismos, razona la Corte, compromete en la forma y en la sustancia los derechos del funcionario afectado con el proceder administrativo en su contra, desde que lo pone de nuevo frente a la carga de tener que volver a presentar los elementos probatorios.”

IV.- Inconcurrencia de Falta de Probidad:

En su parte resolutiva la resolución afecta N°10, recurrida, funda la sanción de destitución en las normas establecidas en los artículos 61 letras c), g) y 125 letra D, figuras establecidas en la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo.

Es del caso señalar que ninguna de dichas normas es de aplicación especifica en lo que se refiere a los hechos tenidos a la vista para su aplicación, y de ser así, el imperio del articulo 61 letra c) del Estatuto Administrativo, está dirigido claramente a las relaciones de los funcionarios públicos con los particulares o demandantes del servicio respectivo; y el articulo 61 letra g) del E.

A. invocado, denota claramente su inaplicabilidad, dado que mi representada no ha faltado a la probidad administrativa, ni en los hechos descritos como violencia laboral, ni en su conducta o comportamiento funcionarios con los prestatarios del servicio de salud.

Circunstancias Eximentes:

Sin lugar a duda que dicha decisión se debió a que, en la práctica, no se dieron los supuestos necesarios para arribar a una infracción administrativa, todo es porque:

1.- Conta de los folios 000067 y sgts.; 00075 y sgts.; 000088 y sgts., mediante el cual se agregaron las fichas medicas correspondientes, se pudo establecer que todas las prescripciones de medicinas, se encontraban respaldadas por el correspondiente “Tratamientos Médicos” y por las “Prescripción de medicamentos”, dispuestos por los Doctores tratantes, y que lo realmente ocurrido fue un mal diseño y programación del Sistema SIDRA, queal ser activada una Receta de “Planificación Familiar”, de pacientes crónicos o con tratamientos a largo plazo, se duplicaba la “Receta de Medicamentos”, en dicho Sistema Sidra asignándole a la matrona que daba cumplimiento al “Tratamiento Médico”, diagnosticado por el médico tratante, con anterioridad a ello, la autoría de una “Duplicidad de Receta”; así, se pudo acreditar respecto de los siguientes pacientes del Hospital de Collipulli, lo siguiente:

a)

Ficha Medica N°61423, cuyo médico tratante Yinniva nombre reservado, médico general, quien receto a la paciente: Furosemida cm 40 mg;Levodopa/benserazida 200/50 mg; Losartan cm 0,24 mg; Pregabalina cm 75 mg; como paciente crónico, con despacho en el policlínico, receta normal,simple; atendido a que esta paciente padecía Ant Parkinson y HTA, solicitando recetas de crónicos; en el folio 000073, se deja constancia que se trata de un paciente GES, por el Dr. nombre reservado, médico cirujano; confirmación de los mismo hecha por el Dr. nombre reservado, a folio 00074.

b)

Ficha Medica N°2164, N° Familia: 2000652, cuyo médico tratante es elDr. nombre reservado, con un diagnóstico de hiperplasia benigna de lapróstata, diagnosticado por la Dra. nombre reservado; siendo recetado por la doctora nombre reservado Valdivia, con: Enalapril cm 20 mg; hidroclorotiazida cm 50 mg; Tamsulosina cm 0,4 mg; también es diagnosticado por la Dra. nombre reservado Valdivia, por insuficiencia renalcrónica; como así también se le diagnostica con: Adenoma prostático y se lereceta: Enalapril cm 20 mg; Hidroclorotiazida 50 mg; y Tamsulosina cm 0,4 mg; posteriormente se le diagnostica hipertensión Arterial esencial, por la Dra. nombre reservado Valdivia, y se le receta: Atorvastanina cm 20 mg; Enalapril cm 20 mg; Hidroclorotiazida cm 50 mg; y Tamsulosina cm 0,4 mg;

c)

Ficha medica N°26549 N°Familia: 2000652, paciente GES, según informe Folio 00092, atendida y notificada de paciente GES por el Dr. nombre reservado. Médico Cirujano; Diagnostico insuficiencia renal crónica, grado 3, con indicaciones farmacológicas folio 000114: Enalapril 20 mg; Furosemida, cm 40 mg; Metformina 850 mg; a folio 000116 se recetan los siguientes medicamentos por el Dr. nombre reservado: anticonceptivo oral cm etinil estradiol 0,03 mg; Clonazepan cm 2 mg; Enalapril, cm 10 mg; Furosemida cm 40 mg; Levotiroxina cm 100 mg; y Metformina cm lib. Prolongada 850 mg; folio 000119, médico tratante nombre reservado, diagnostica a la paciente como crónica y reitera los siguientes medicamentos: Enalapril 20 mg; Furosemida 40 mg; Metformina 850 mg; folio 000120 Médico tratante nombre reservado, quien receta Quetiapina cm 25 mg; folio 000127, médico tratante nombre reservado, quien receta: amoxicilina/ac clavunalico cm 875; clonixinato de lisina, cm 125 mg 2.- Consta de Folio 00002 de los autos sumariales, el Procedimiento de Prescripción, dispensación e información al paciente en establecimientos a atención primaria; en donde se señalan los profesionales facultados para prescribir medicamentos; el procedimiento de dispensación de estos, poniendo de responsabilidad al químico farmacéutico de la farmacia de cada centro hospitalario, la obligación de revisar la concurrencia del respaldo de las respectiva receta médica, lo cual si se realizó dado que cada vez que se le solicitaba a este Químico Farmacéutico, los medicamentes correspondiente a la receta médica, este los dispensaba sin problemas ni reparos; que en la práctica y respecto de la investigación sumarial si se acredito.

V.- Improcedencia de informar fallos informáticos del Sistema Sidra:

Mi representada, una vez que se informó de la investigación sumarial,de autos, consulto con los encargados del Sistema SIDRA quienes le informaron que este sistema computacional, no estaba funcionando correctamente; no obstante ello, no se le impone el deber de informar o reclamar, dado que esta carece de toda calificación informática para sostener algún desperfecto o fallo; debió ser la Química Farmacéutica encargada de la Farmacia del Hospital de Collipulli o el técnico o profesional informático, el obligado por su cargo a realizar el reclamo o denuncia respectiva al determinar la efectividad de la existencia de una falla del sistema computacional;

Este Sistema Sidra ha sido incorporado, como programa cerrado, sinacceso a sus fuentes, por lo que esta defensa estima que quienes los haya desarrollado, debieron informar al respecto.

VI.- Vicios de ilegalidad en la Resolución Afecta N°10: Consideraciones N°8 Resol afecta N° 10 En la resolución recurrida, en su considerando N°8 en su integridad, el recurrido señala y se fundamente para desconocer los efectos de la Exma. Corte Suprema, del 29 de agosto de 2022, Rol N°32.003-2022, que esta tenia solo aplicación respecto del sumario administrativo recurrido de protección, y que por tanto no eran aplicables al sumario, respecto del cual se recurre de protección.

Es decir, No obstante, la claridad y expresa anulación de todo lo obrado, por similares actuaciones del Sr. Director del Hospital de Collipulli Sr. nombre reservado, dependiente directo del Servicio de Salud, nombre reservado, el recurrido Sr. nombre reservado, haciendo omisión que dicha sentencia si afecta a las maniobras fraudulentas de sus subordinados, procedió a validarlas y a confirmar mediante Resolución afecta N°10 la sanción de Destitución.

Solicita que: 1) Que se da lugar al presente Recurso de Protección por haberse vulnerado las garantías constitucionales invocadas por mi representada; 2) Que siendo inconstitucionales e ilegales tanto las actuaciones del recurrido, como las de los demás funcionarios a su cargo, deberá acogiendo el presente Recurso de Protección deberá invalidarlas por estar viciadas de nulidad e ilegalidad, en especial:

a)

Resolución exenta N°000837 del 9 de agosto de 2022 suscrita por don nombre reservado, que “ordena reabrir sumario administrativo” decretado mediante resolución exenta N°181 del 11 de febrero de 2021.

b)

Aceptación del cargo, de fecha 12 de agosto de 2022, por parte de doña nombre reservado Castillo Gallardo;

c)

Formalización de cargo, de fecha 17 de agosto de 2022;

d)

Segundo Informe Fiscal, de fecha 10 de enero de 2023, (sin notificación a miparte.)

e)

Resolución Afecta N°10 del 5 de abril de 2024, por vulnerar los derechos constitucionales de mi representada y por infringir las normas legales y constitucionales invocadas, se deja sin efecto, anulándose.

3) Que, atendido el estado del sumario administrativo y la excesiva extensión en el tiempo en su tramitación, debe decretarse su término, sin sanción, atendido a que sea producido el “Decaimiento”, de estos actos administrativos.

4) Que el recurrido deberá ser condenado en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Copia del Poder Judicial, para representar a doña nombre reservado;

2. Copia correo electrónico, del 8 de abril de 2024, mediante el cual se me notifica de la resolución afecta N°10 del 5 de abril de 2024;

3. Resol. Ex. N°181 del 11 de febrero de 2022, ordena instruir sumario;

4. Acta Primer aceptación de cargo Fiscal Castillo Gallardo, del 4 de marzo 2022;

5. Primer Informe Fiscal Castillo Gallardo, de fecha 25 de Julio de 2022;

6. Informe del abogado Jefe del Servicio de Salud nombre reservado nombre reservado;

7. Resol. Ex. N°837, del 9 de agosto de 2022, ordena reabrir sumario;

8. Acta segunda aceptación del cargo, Fiscal Castillo Gallardo, del 12 de agosto de 2022;

9. Formulación de Cargos, del 17 de agosto de 2022;

10. Segundo Informe Fiscal Castillo Gallardo, de fecha 10 de enero de 2023; 11.Resol. Ex. N°308, del 26 de enero de 2024, dispone Destitución; 12.Resol. Afecta. N°10 del 5 de abril de 2024, Ratifica destitución; 13.Sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol N°32.003-2022.

Que comparece ELIANA VALESKA SANHUEZA CID, abogada, cedula nacional de identidad número RUT reservado, en representación convencional del Servicio de Salud nombre reservado, representada por su director nombre reservado, solicitandose declara Inadmisible la presente acción de protección atendido a que, como se acreditará con antecedentes escritos, existe una causal legal que impide al recurrente hacer uso de esta arma jurisdiccional en tanto no se resuelva el reclamo de ilegalidad presentado ante la Contraloría Regional de la Araucanía. Fundo esta pretensión en los antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer:

1. La funcionaria sumariada del Hospital de Collipulli, doña nombre reservado, ha interpuesto mediante su defensa letrada con fecha 25 de abril del presente año una acción de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en causa rol 3461-2024, recurriendo en contra de don nombre reservado en su calidad de Director Subrogante del Servicio de Salud nombre reservado, quien en la dictación de la resolución afecta N°10 de fecha 05 de abril de 2024 habría vulnerado los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 números °2, 3° inciso quinto, 16° y 21° de la Constitución Política del Estado de Chile.

I. ANTECEDENTES DE LA RESOLUCION IMPUGNADA.

2. Al respecto podemos señalar que la resolución afecta N° 10, en adelante la resolución recurrida, es un acto administrativo concluyente y fundado que tiene por objeto resolver recurso de reposición y apelación subsidiaria interpuestos por la funcionaria nombre reservado en mérito del sumario administrativo instruido por resolución exenta N°181 de febrero del año 2022 del Hospital de Collipulli, manteniendo en consecuencia la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN conforme al artículo 61 letras c), y g) y articulo 125 letra d) de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo;

3. Los hechos investigados que fundan la aplicación de la medida disciplinaria surgen luego de que la recurrente en su calidad de matrona del Hospital de Collipulli, de manera reiterada entre los años 2015 a 2022 emitiera una serie de recetas médicas, para sí y terceros, sin contar con la autorización normativa que exige tanto el Código Sanitario como el Reglamento de Farmacia del Hospital de Collipulli, utilizando para beneficio propio y de otras dos personas ligadas a ella (cónyuge y madre), una serie de bienes del Establecimiento (medicamentos recetados). Lo anterior, sin perjuicio de que, para efectos de la aplicación de la sanción administrativa, y por razones de prescripción, sólo se consideraron los hechos ocurridos en el período comprendido entre los años 2018 a 2022.

4. Concluida las diligencias de investigación, la fiscal instructor con fecha 10 de enero de 2023 emite su vista fiscal, acto seguido se remite el expediente al departamento jurídico del Servicio de Salud nombre reservado para su informe en derecho, y conforme al mérito del proceso y lo informado por el abogado de nuestro Servicio se resuelve aplicar la sanción expulsiva a la sumariada, determinación realizada mediante resolución exenta N° 308 de fecha 26 de enero del año 2024.

5. Respecto de dicho acto administrativo sancionatorio, la recurrente interpone los recursos de reposición y apelación en subsidio, escrito de fecha 01.02.2024. Dichos recursos son resueltos mediante la resolución afecta N° 10 de fecha 05 de abril del año 2024 que los rechaza y mantiene la medida disciplinaria de destitución, resolución notificada a doña nombre reservado con fecha 08 de abril del año en curso.

II. DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN -FALTA DE OPORTUNIDAD LEGAL POR RECURSO ADMINISTRATIVO PENDIENTE 6.

En este orden de ideas, previo a la interposición del presente recurso de protección(25.04.2014), es decir, con fecha 18 de abril del año en curso, la sumariada ingresó respecto de la misma resolución afecta N° 10/2024 y con iguales argumentos reclamación de ilegalidad conforme el artículo 160 del Estatuto Administrativo ante Contraloría Regional de la Araucanía, impugnación que actualmente está siendo conocido por el órgano de control, según da cuenta los documentos acompañados en Otrosí de este escrito.

7. Así las cosas, el acto administrativo decisorio se encuentra actualmente contradicho por la vía administrativa y la vía judicial, situación que está prevista y es repelida por nuestra legislación, artículo 54 de la ley 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los órganos de la administración públicas, norma que con el objeto de evitar decisiones contradictorias o el mal uso de la acción proteccional impiden al afectado con el acto administrativo deducir una vez reclamada la vía administrativa igual pretensión ante los tribunales de justicia, a saber: “Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada.

Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Éste volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que la resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo…”

8. En el Derecho chileno, la regla general en esta materia es otorgar a los particulares un derecho de opción para utilizar a su arbitrio los procedimientos administrativos o los procesos administrativos (acción judicial) de impugnación, según estimen conveniente. En otras palabras, el ordenamiento jurídico nacional no exige un orden de prelación entre ambos medios de impugnación, ni aún el paso previo por los primeros para llegar a los segundos, sino que otorga a los administrados el derecho de elegir la vía de impugnación específica en cada caso. Esta es una regla de gran importancia en el Derecho administrativo, ya que con ello establece que no es necesario que el particular agote la vía administrativa para impugnar judicialmente el acto, sino que es el propio particular el que debe optar por la vía administrativa o judicial, según su estrategia de defensa. No obstante, si el particular opta por la vía administrativa de impugnación - reclamo de ilegalidad-, el legislador dispone, en el mismo artículo 54 de la Ley N° 19.880, que ello le impone a aquel la obligación de agotar la vía administrativa de reclamo, generándose un impedimento para el ejercicio de las acciones judiciales1. Por el contrario, la misma disposición legal antes citada señala, si el particular opta por la vía judicial de impugnación, sin entablar previamente los recursos administrativos disponibles, la Administración queda totalmente impedida de conocer de una impugnación administrativa del mismo acto, ya que la materia ya se encuentra sometida al conocimiento de los tribunales de justicia, conocido como principio de no injerencia consagrado en el artículo 6 inciso 3° de la ley 10.336 Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la Republica.

9. A la luz de los antecedentes nos encontrándonos en la situación prevista en la norma, toda vez que la recurrente previo a esta acción Constitucional ha deducido reclamo administrativo de Ilegalidad, impugnación que esta siendo conocida por nuestra Contraloría Regional, órgano de control que dentro de sus facultades puede conocer tanto el acto impugnado como el mérito y oportunidad del mismo, razón por la cual estimamos que procede a SS. I rechazar el presente recurso, declarándolo inadmisible por falta de oportunidad procesal.

Por tanto: en virtud del principio de economía procesal en relación con el artículo 54 de la ley 19.880 y demás legislación aplicable, habiendo deducido el actor un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría Regional: Ruego a SS. Ilustrísima, rechazar el presente recurso, no acogiéndolo a tramitación y declarándolo inadmisible por falta de oportunidad legal o de legitimación activa del recurrente, con costas.

En subsidio, para el evento improbable que se acoja a tramitación el presente recurso, vengo en evacuar informe requerido mediante resolución de fecha 06 de mayo de 2024, solicitando el rechazo de la presente acción en virtud de los siguientes antecedentes:

I. ANTECEDENTES DE LA RESOLUCION IMPUGNADA.

1. Al respecto podemos señalar que la resolución afecta N° 10, en adelante la resolución recurrida, es un acto administrativo concluyente y fundado que tiene por objeto resolver recurso de reposición y apelación subsidiaria interpuestos por la funcionaria nombre reservado en mérito del sumario administrativo instruido por resolución exenta N°181 de febrero del año 2022 del Hospital de Collipulli, manteniendo en consecuencia la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN conforme al artículo 61 letras c), y g) y articulo 125 letra d) de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo;

2. Los hechos investigados que fundan la aplicación de la medida disciplinaria surgen luego de que la recurrente en su calidad de matrona del Hospital de Collipulli, de manera reiterada entre los años 2015 a 2022 emitiera una serie de recetas médicas, para sí y terceros, sin contar con la autorización normativa que exige tanto el Código Sanitario como el Reglamento de Farmacia del Hospital de Collipulli, utilizando para beneficio propio y de otras dos personas ligadas a ella (cónyuge y madre), una serie de bienes del Establecimiento (medicamentos recetados), actuación que constituye una grave infracción a la probidad administrativa, pese a que esta conducta se realizó por años, por razones de prescripción, sólo se consideraron los hechos ocurridos en el período comprendido entre los años 2018 a 2022.

3. Concluida las diligencias de investigación, la fiscal instructor con fecha 10 de enero de 2023 emite su vista fiscal(artículo 140 del Estatuto Administrativo), acto seguido eleva los antecedentes del sumario al jefe superior del Servicio, quien solicita al departamento jurídico el respectivo informe en derecho, evacuado el informe y conforme al mérito del proceso, se resuelve aplicar la sanción expulsiva a la sumariada, determinación realizada mediante resolución exenta N° 308 de fecha 26 de enero del año 2024.

4. Respecto de dicho acto administrativo sancionatorio, la recurrente interpone los recursos de reposición y apelación en subsidio, escrito de fecha 01.02.2024. Dichos recursos son resueltos mediante la resolución afecta N° 10 de fecha 05 de abril del año 2024 que los rechaza y mantiene la medida disciplinaria de destitución, resolución notificada a doña nombre reservado con fecha 08 de abril del año en curso.

II. DE LA ACCIÓN DE PROTECCION.

5. No obstante la improcedencia de esta acción tutelar por defectos de forma, tampoco resultan ser ciertos sus argumentos del fondo, del escrito podemos advertir que la funcionaria alega una serie de supuestas ilegalidades en actuaciones inconexas ya debatidas y resueltas en sede administrativa, tratando de confundir a vuestro tribunal, olvidando que esta acción constitucional esta destinados a tutelar efectiva e inmediata de los derechos protegidos con el fin de restablecer el imperio del derecho corrigendo los eventuales vicios de legalidad, sin que pueda pretenderse a través de esta vereda analizar la oportunidad o el mérito del acto administrativo ni mucho menos dejar sin efecto actuaciones administrativas desarrolladas con arreglo a derecho (parte petitoria N°2 del Recurso), desconociendo que la recurrente ha participado activamente en el procedimiento haciendo valer en cada oportunidad procesal sus derechos.

En resumen, no son efectivas las supuestas ilegalidades descritas en el recurso de impugnación por razones que a continuación se desarrollaran.

INEXISTENCIA DE INFRACCIONES LEGALES EN EL ACTO IMPUGNADO Y LA TRAMITACIÓN DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO.

6. Los cargos formulados a la sumariada describen claramente las conductas que constituyen la falta imputada y que fue objeto de la medida disciplinaria, así como también la fundamentación normativa del Estatuto Administrativo, que expresa el deber normativo vulnerado por dicha conducta.

7. La investigación acerca de los hechos que dieron origen al proceso disciplinario, se encuentra completa, los antecedentes de dicha investigación acreditan claramente la participación culpable de la sumariada recayendo en ella el peso de desvirtuar las imputaciones que, debidamente constatadas, se hubieren efectuado en su contra (aplica Dictamen N° 4.660 del año 2012 Contraloría General de la Republica). Dicha constatación, se desprende del mérito de las recetas médicas incorporadas al proceso (fojas 14-60), que fueron consideradas para la imposición de la medida disciplinaria, y que aparecen emitidas por la sumariada, sin sujeción a lo dispuesto por el código sanitario ni por el manual de procedimientos de la unidad de farmacia del Hospital de Collipulli (fojas 171-201). Todo lo anterior, unido al resto de antecedentes del expediente, acredita plenamente la participación culpable de la sumariada en los hechos descritos en los cargos que le fueron formulados, lo que su defensa no ha logrado desacreditar.

8. Los hechos materia de cargos y su respectiva acreditación son congruentes con las conclusiones expresadas en el acto administrativo terminal, en relación con que dichos hechos constituyen una falta grave al principio de probidad administrativa. Asimismo, la sanción aplicada a la sumariada es proporcional con la falta, la cual se encuentra debidamente acreditada. En consecuencia, la aplicación de la sanción administrativa de Destitución mediante el acto administrativo respectivo se encuentra debidamente fundada, indicando los hechos que ameritan la aplicación de la medida disciplinaria más gravosa del estatuto (resolución afecta N°10 de fecha 05 de abril del año 2024).

9. En la tramitación del sumario administrativo, se respetó plenamente el debido proceso, ya que la sumariada pudo conocer el contenido de los cargos y comprender claramente su significación fáctica y normativa, en función de ello pudo formular sus descargos, aportar pruebas, e interponer recursos, los cuales fueron considerados y resueltos por la autoridad decisora. En el curso de la tramitación del proceso, se realizaron todas las diligencias tendientes a establecer la veracidad y existencia de los hechos ordenados investigar, y se procuraron también las instancias legales a fin de asegurar la debida defensa de la funcionaria sujeta a cargos, acreditándose su responsabilidad administrativa según los cargos que se les formularon, los que no pudieron ser desvirtuados, respetándose, en definitiva, la garantía de un justo y racional procedimiento (Dictamen CGR N° 40.149 de fecha 26.06.2013).

10. No existe vulneración alguna a la presunción de inocencia en la tramitación de este sumario administrativo como lo sostiene la recurrente. Contrario a ello, hubo por parte de la fiscalía administrativa, una debida actividad probatoria de cargo, para acreditar los hechos investigados, actividad cuyos resultados han desvirtuado claramente la presunción de inocencia de la sumariada. También es evidente que los hechos acreditados corresponden a las faltas expresadas en los cargos, de acuerdo a las normas respectivas del Estatuto Administrativo, que establecen el deber que la conducta de la recurrente ha vulnerado, por lo que la presunción de inocencia de la reclamante ha sido debidamente descartada.

11. No existe falta de tipicidad de la conducta sancionada, de acuerdo con lo manifestado en el dictamen de CGR N° 58.678 del año 2014, tal principio no ha sido establecido en sede administrativa, dado que el ejercicio de la potestad sancionadora no se enuncia a través de un listado de conductas, sino que, por medio de un catálogo de deberes, prohibiciones y obligaciones, debiendo agregarse que la finalidad de un proceso disciplinario es determinar si el funcionario ha infringido estos últimos. No existe en el presente sumario, por tanto, una formulación de cargos que pueda ser calificada de ilegal, conforme la argumentación de la recurrente.

12. No existe Infracción al deber de abstención en la actuación del director del Hospital de Collipulli, respecto de proceder a dictar la resolución exenta N° 837 de fecha 09 de agosto del año 2022, la cual dispuso la reapertura del sumario administrativo. Cabe señalar que la ley N° 19.880 en su artículo 12 expresa claramente, cuales son los motivos de abstención para los funcionarios y autoridades de la administración pública, los cuales son de derecho estricto, y entre ellas no se encuentra ninguna de las razones expresadas por la recurrente.

13. En cuanto a la falta de notificación de la vista fiscal alegada por la recurrente, hay que señalar que de acuerdo al artículo 140 de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, dicho dictamen es un acto de mero trámite, el cual una vez evacuado debe incorporarse al expediente, para ser elevado al Jefe Superior del Servicio y no al sumariado, no existe obligación legal de notificación dicha actuación.

14. En relación a un supuesto desacato de la autoridad de este servicio, respecto de lo resuelto en relación al sumario 979 de fecha 02.12.2019 instruido por el Hospital de Collipulli, mediante sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 29 de agosto del año 2023 rol N° 32.003-2022, hay que señalar que aquel es un proceso disciplinario distinto de aquel en que se presenta este recurso de protección. Por ende, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 del Código Civil, dicha sentencia, no tienen fuerza obligatoria respecto de este proceso atendido el efecto relativo de la sentencia, afirmar lo contrario sólo evidencia la falta de argumentos jurídicos del recurrente.

15. El recurrente yerra al sostener que las facultades del fiscal son omnímodas y que su vista fiscal es vinculante, al respecto se debe indicar que de acuerdo al artículo 139 del Estatuto Administrativo, dicho dictamen es una propuesta no vinculante para la autoridad 16.

En este mismo sentido, el artículo 140 del mismo Estatuto Administrativo, faculta a la autoridad para disponer la reapertura del sumario administrativo3. Por lo anterior, las alegaciones de la sumariada en relación a la improcedencia o ilegalidad de ordenar la reapertura del sumario administrativo carecen de sustento, como se ha venido expresando, es la autoridad la facultada para resolver dictando al efecto una resolución en la cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso o si lo estima pertinente, podrá ordenar la realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos. Si de las diligencias ordenadas resultaren nuevos cargos, se notificará sin más trámite al afectado, quien tendrá un plazo de tres días para hacer observaciones. En efecto todas las actuaciones desarrolladas en este procedimientos disciplinario se encuentran ajustadas a derecho.

17. Finalmente, no existen circunstancias eximentes o exculpantes de su responsabilidad en los hechos. En dicho sentido, no se ha acreditado, ni se aportó prueba de la existencia de alguna falla del sistema SIDRA de Hospital Collipulli que alega la recurrente. Igualmente, no se acreditó que la emisión de dichas recetas esté justificada, apreciándose de la sola lectura de dichos instrumentos, que estos fueron emitidos por la sumariada y no por algún médico tratante. Las fichas médicas aportadas como prueba y agregadas al expediente no desvirtúan dicha conclusión.

III. INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES AMPARADAS POR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN ARTICULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

18. Tal como se ha venido sosteniendo, el procedimiento sancionatorio se ha desarrollado con apego a derecho, por tanto, la resolución recurrida y el expediente que le sirve de sustento se encuentran debidamente fundamentados, es decir, los hechos materia de cargos están probados por medios de prueba admisibles en derecho y que, apreciados en consciencia, conforme lo mandata el articulo 35 de la ley 19.880, llevan a la conclusión inequívoca de aplicar la medida disciplinaria de destitución por hechos que vulneran gravemente el principio de probidad administrativa. Así las cosas, podemos afirmar que:

a)

No existe vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, ya que, tanto en la tramitación del sumario, como en su resolución, la funcionaria ha tenido todas las garantías legales para formular su defensa e interponer recursos, y no ha tenido un tratamiento diverso, que otros funcionarios en su misma situación. Por el contrario, que la funcionaria sumariada, dispusiera recetas y medicamentos para sí y personas relacionadas con ella, valiéndose de su calidad de funcionaria publica, contrariando las normas que rigen la materia, es claramente una forma de privilegio contrario a la igualdad y probidad administrativa.

b)

Del mismo modo antedicho, sostenemos que no existe vulneración a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Inc. 3° de la Constitución Política de la República, a saber: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.” Toda vez que como se ha manifestado reiteradamente es la ley 18.834 la norma que establece el procedimiento a desarrollar para la determinación de la responsabilidad administrativa.

c)

Finalmente, tampoco existe una supuesta vulneración del derecho al trabajo, artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, específicamente en lo relativo a la libertad de trabajo; al derecho a su libre elección; libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, la actora no señala de que forma la resolución impugnada afecta su libertad de trabajo, elección de empleo o prohibido su empleo, a menos que su trabajo como funcionaria sea realizar recetas médicas para terceros en beneficio personal vulnerando el principio de probidad administrativa, conducta moral y legalmente reprochable.

Solicita rechazar el recurso de protección en todas sus partes por encontrarse el acto impugnado ajustado a derecho y no lesionar garantías constitucionales señaladas, con costas.

Acompaña el siguiente documento:

1.-Copia de escritura pública de mandato judicial donde consta nuestra personería, otorgada por don nombre reservado en su calidad de director del Servicio de Salud nombre reservado con fecha 03 de noviembre de 2022, ante notario público nombre reservado. La que se acompaña con citación de la contraria.

2.- REF 091490/2024 de la Contraloría Regional de la Araucanía de fecha 30 de Abril de 2024, sobre RESOLUCIÓN EXENTA ELECTRÓNICA N° 6048/2024, que DECLARA ADMISIBLE EL RECLAMO QUE INDICA Y SOLICITA INFORME AL SERVICIO QUE Por Folio E5011801 de 2024 de la Contraloria Regional de La Araucania señala lo siguiente:Mediante el oficio del rubro, la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, en causa rol N° 3461-2024, solicita se le informe sobre el estado actual del reclamo de ilegalidad presentado en favor de doña nombre reservado, y en su caso, se remita copia de todos los antecedentes sobre la materia. Sobre el particular, cumple con informar que mediante el oficio N° E500886, de fecha 14 de junio de 2024, esta Contraloría Regional se abstuvo de emitir un pronunciamiento respecto del reclamo presentado en representación de la señora nombre reservado, por cuanto en virtud de lo dispuesto en el artículo 6°, inciso tercero, de su Ley Orgánica N° 10.336, no le corresponde informar ni intervenir en asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, lo que sucedía en tal caso, según consta en la citada causa rol N° 3461-2024, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco. Sin perjuicio de lo anterior, en dicho oficio se precisó que si bien el referido precepto le impide a esta Institución Fiscalizadora informar e intervenir en materias sometidas al conocimiento de un Tribunal de Justicia, ello no impide que, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, efectúe el control previo de legalidad de la resolución N° 10, de 2024, del Servicio de Salud nombre reservado, mediante la cual se aplicó a la señora nombre reservado con la medida disciplinaria de destitución. En este sentido, cabe también informar que esta Entidad Contralora, con fecha 13 de junio de 2024, tras el respectivo examen de legalidad del procedimiento disciplinario, ha representado la precitada resolución N° 10, de 2024, del Servicio de Salud nombre reservado, que aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de destitución, mediante el oficio ES N° 17.854, de 2024.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada;

SEGUNDO: Que comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, Director del Servicio de Salud Araucanía (S), alegando vulneraciones a sus derechos fundamentales en el marco de la dictación de la Resolución Afecta N°10 de fecha 5 de abril de 2024, mediante la cual se ratificó su destitución.

TERCERO: Que la recurrente sostiene que el sumario administrativo que derivó en su destitución se encuentra viciado por irregularidades, tales como la reapertura indebida del proceso sumarial, formulación extemporánea de nuevos cargos y la emisión de un nuevo informe fiscal sin que mediara fundamento legal suficiente.

CUARTO: Que el Servicio de Salud nombre reservado, en su informe de respuesta, solicita la declaración de inadmisibilidad del recurso, señalando que la recurrente presentó previamente un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría Regional de la Araucanía el 18 de abril de 2024, sobre los mismos hechos impugnados en sede judicial.

QUINTO: Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, quien opta por la vía administrativa de impugnación debe agotarla antes de recurrir a los tribunales de justicia, razón por la cual se genera un impedimento para el ejercicio simultáneo de la acción judicial.

SEXTO: Que la Contraloría General de la República, a través del Oficio ES N° 17.854 de 2024, que rola folio 16, ha representado la Resolución Afecta N°10 de 2024, cuestionando su legalidad y señalando la existencia de irregularidades en el procedimiento sancionatorio. A ello se debe agregar que a folio 20 se acompaña copia de la resolución exenta Nº1674 de fecha 28 de junio de 2024 del Servicio de Salud, que deja sin efecto la resolución afecta recurrida, ordenando que reapertura el procedimiento disciplinario con el fin de complementar las diligencias de investigación.

SEPTIMO: Que, para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, requisito que en la especie no concurre, por cuanto éste carece de objeto, ya que al desaparecer el supuesto agravio atendido el hecho que fueron generadas notas de crédito en favor de la recurrente, por lo que perdió oportunidad o actualidad jurídica el presente recurso, no existiendo medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

OCTAVO: Que, en consecuencia, atendido lo reflexionado precedentemente, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se señalan como vulneradas ni al examen pormenorizado de los documentos acompañados por las partes.

Por estas consideraciones, normas constitucionales y reglamentarias citadas, y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado nombre reservado, en contra del Servicio de Salud nombre reservado.

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Redacción a cargo del abogado integrante Roberto Contreras Eddinger N°Protección-3461-2024. (csd)