nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE CHILE (MINVU)

C.A. de Temuco Temuco, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1-2022 comparece nombre reservado, e interpone Recurso de Protección, en contra de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, representada por la SEREMI doña XIMENA SEPÚLVEDA VARAS, ambas domiciliadas en domicilio reservado:

Se indica en el recurso que doña nombre reservado, en su condición de Ingeniero Comercial de la Universidad de Concepción, Magister en Sistemas de Gestión Integral de la Calidad de la Universidad de La Frontera y Diplomada en Docencia Universitaria de la Universidad Autónoma de Chile, se desempeña desde el 1° de abril del año 2019 y hasta el 30 septiembre del año 2021 como funcionaria pública en calidad jurídica a honorarios, y desde 01 de octubre del 2021 y hasta el 22 de agosto del año 2022 como funcionaria pública en calidad jurídica a contrata en la SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, con jornada de 44 horas semanales, desarrollando las labores tales como: a) Participar en los procesos relativos a los requerimientos derivados de los proveedores de los Registros Técnicos, lo que incluye desde velar por el cumplimiento de los requisitos, hasta la atención de usuarios internos y externos de dichos registros. b) Participar en el desarrollo de las acciones transversales al Departamento de Planes y Programas y a la gestión ministerial, pudiendo proveer de asistencia técnica e información a cualquiera de ellos. c) Según su competencia técnica, los procesos que estén enfocados a la solicitud de inscripción, actualización, aumento de categoría, informes técnicos o cualquier otro requerimiento de las personas naturales y jurídicas, de los diversos registros. d) Participar en la sistematización de la gestión documental de todos los antecedentes físicos y digitales presentados por los proveedores. e) Hacer propuestas y ejecutar acciones que permitan la consecución de los objetivos y funciones del área donde se desempeña, de manera de colaborar con el coordinador y los demás miembros del equipo, así como respecto del resto del departamento. f) Participar del cumplimiento de las metas internas relativas al Área, vinculándose con entes tanto internos como externos a la gestión ministerial, a fin de cumplir objetivos del Departamento. g) Apoyar la respuesta frente a dudas en la aplicación de la normativa vigente de cada Registro, para usuarios tanto externos como internos del Servicio. Y en general, sin que la enumeración anterior sea taxativa, realizar todas las actuaciones necesarias para el correcto desempeño de las labores encomendadas por el/la SEREMI Región de La Araucanía.

Además, también estaba asignada por el cupo correspondiente en razón de la Ley N°21.015, sobre Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Por otro lado, siempre era clara su afinidad política contraria a la actual administración, como candidata a Consejera Municipal y a CORE con afinidad al partido político EVOPOLI.

Estas labores las realizó hasta que con fecha 22 de Agosto del 2022, se le notifica el cese anticipado de sus funciones, ya que su contrata era hasta el 31 de diciembre del año 2022. Efectivamente, con esa fecha por medio de Ord. N° 975, se le notifica Resolución Exenta N° 272/1607/2022 de fecha 19 de agosto del 2022, la que se le entrega por doña nombre reservado en su calidad de abogada del MINVU Región de la Araucanía, en la cual se le comunicaba que se le ponía término anticipado a la designación a contrata por no ser necesarios sus servicios.

Señala que la decisión de la recurrida le provoca un triple efecto negativo, en su salud mental, en su situación laboral al dejarla sin trabajo e impide debida defensa y en lo económico dejándola sin ingresos.

II.- EL ACTO RECURRIDO:

Que, de acuerdo a la ley N°19.880, que establece las bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, “Ley de Procedimiento Administrativo”, con fecha 22 de agosto de 2022 se verifica la notificación de la medida de cese anticipado de la contrata del actor fundado en la Resolución Exenta RA N° 272/1607/2022, fechado el 19 de Agosto de 2022, suscrito por la Subsecretaria De Vivienda y Urbanismo, y por el Jefe de Administración y Finanzas de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región De La Araucanía don nombre reservado, la cual pone término anticipado a una contrata que legal y administrativamente generó la confianza legítima en que mantendría y sería renovada al término del periodo que se completaría el 31 de diciembre del año 2022.

En este acto que asume infundado, el real motivo para la no renovación responde seguramente a que ya no era del agrado de la actual SEREMI, a pesar de su excelente trabajo y logros, teniendo por ello siempre calificación nota 7, y estando siempre en lista 1; por lo cual, la no renovación obedece solo a un mero capricho sin fundamento alguno de la actual SEREMI, más aún que es una persona que además, estaba en razón del cupo correspondiente por la ley de inclusión de personas con discapacidad; y que las funciones para las cuales estaba contratada se siguen requiriendo. Agrega que el dictamen 6.400 – 2018 de Contraloría General de La República, fija a las autoridades márgenes y criterios respecto de las desvinculaciones de los funcionarios principalmente bajo la modalidad de “a contrata”, al establecer que si bien, la atribución o facultad de no renovar las contratas, o terminarlas antes de tiempo, es una facultad exclusiva de las autoridades de la administración del Estado, éste término anticipado, o no renovación, no puede basarse sólo en la simple justificación de ser el detentor de la facultad, sino que, de por medio, haya un razonamiento de tal envergadura que implique la no existencia siquiera de un atisbo de arbitrariedad, en el acto que pone término al vínculo laboral entre el servidor y el Estado. El dictamen, fija una exigencia mayor a la autoridad para el uso de la facultad de no renovar o terminar antes de tiempo las contratas de los funcionarios públicos afectos a éste régimen laboral.

En el caso concreto, el acto administrativo recurrido, vulnera abiertamente el Dictamen N°6.400-2018, emitido por la Contraloría General de la República, que plasma en su esencia los principios del derecho al trabajo, y principalmente busca frenar de parte del Estado, en su rol de empleador, el abuso de los regímenes especiales de contratación, llámese, honorarios, contrata, etcétera, y viene en imponer la exigencia de fundamento a éstos actos administrativos, dentro de la administración pública, y dicho fundamento debe ser atingente con la situación particular del funcionario, no genérico ni artificial, debe ser sustentable y no meramente enunciativo, y no puede ser caprichoso como lo es la resolución que se ataca en este recurso.

A su juicio, la recurrida, en el acto administrativo con que resuelve el cese anticipado de la contrata, no da siquiera un atisbo de justificación o argumento válido o, debidamente fundado, que avale su decisión, señalando simplemente en términos generales que, se elimina uno de los puesto de trabajo referidas al perfil denominado “ANALISTA DE REGISTROS TÉCNICOS DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO”, quedando otros funcionarios desarrollando las mismas funciones, y que además, ya se ha designado a otro funcionario para ocupar su puesto.

En la referida resolución, no indica de manera alguna como se materializa o de qué manera afecta el puesto de trabajo o la función que le correspondía para prescindir de sus servicios y dejar a otros de este grupo, total de cinco, seguir en las mismas funciones.

Esto se ve aún más agravado, ya que con ello se infringe la Ley N° 21.015, puesto que esta ley que “Incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral” modifica diversos cuerpos legales, afectando tanto al sector público como al privado. Este cambio normativo implica una reserva del 1% de los cupos laborales en empresas, públicas y privadas, de más de 100 trabajadores, a Personas con Discapacidad (PcD). A este beneficio concreto se le asocian otros, como el simbólico de relevar la importancia de la diversidad en el ámbito laboral, así como también desafíos de la implementación de la ley, como una gestión más eficiente del Registro Nacional de la Discapacidad o la adaptación de los espacios físicos en las empresas. Esta norma señala, en una primera parte, los alcances de la Ley de Inclusión Laboral tanto para el sector privado como para el público; y, profundiza sobre los beneficios y desafíos de la implementación de la mencionada ley. Agrega que respecto a los órganos de la Administración del Estado El artículo 1° de la ley N° 21.015 modifica la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Específicamente, reemplaza el artículo 45° señalando que “En los procesos de selección de personal, los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 1 de la ley N° 18.575 […] seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad”. En el inciso segundo señala que las instituciones “que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo menos el 1% de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional”. Además, el inciso cuarto establece que en caso que no sea posible cumplir total o parcialmente con la dotación mínima señalada, las instituciones “deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello”. El mismo inciso cuarto establece que “sólo se considerarán razones fundadas aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o institución, no contar con cupos disponibles en la dotación de personal y la falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos”.

Por otra parte, el artículo 2 de la ley N° 21.015 sustituye el inciso tercero del artículo 17 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, explicitando lo siguiente: "Prohíbese todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones o restricciones, tales como aquellas basadas en motivos de raza o etnia, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, discapacidad, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal o enfermedad, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo.”

Resultando de manifiesto que en este caso particular, más si se considera que tiene la legitima confianza de que su contrata sería respetando los plazos hasta el 31 de diciembre del 2022, y futuras renovaciones para todo el año 2023 y siguientes.

Por tanto, el acto administrativo emanado de la autoridad es un acto arbitrario, toda vez que, el dictamen N°6.400-2018 de la Contraloría General de la República y la Ley N° 21.015, exige que éste razonamiento sea fundado y este fundamento debe necesariamente cumplir con los estándares impuestos por la Constitución Política de la República de Chile, las respectivas normativas que regulan derechos y atribuciones de las autoridades que hacen parte de la administración del Estado y la resolución recurrida no los cumple.

Como señala el dictamen N° 6400 en su título preliminar. El dictamen N°22.766, de 2016, resolvió, en el ámbito municipal, que la recontratación reiterada de los funcionarios afectados, tornó en permanente y constante la mantención del vínculo de los mismos, lo que determinó, en definitiva, que los municipios involucrados incurrieran en una práctica administrativa que generó para los recurrentes una legítima expectativa que les indujo razonablemente a confiar en la repetición de tal actuación.

Indica asimismo ese documento que al ser renovada durante más de dos años, y en este caso concreto más de tres años, la vinculación de la SEREMI, a ésta le ha asistido -el amparo de los principios que indica- la confianza legítima de que serían recontratados para el año siguiente, lo que implicó para la Administración el deber de explicitar adecuadamente los motivos del cambio en su actuación, mediante la dictación de un acto administrativo fundado.

En el capítulo IV.- CONTENIDO, CONTINUIDAD Y EXTENSIÓN DE LAS DESIGNACIONES A CONTRATA QUE GENERAN LA CONFIANZA LEGÍTIMA. Señala el dictamen que sin perjuicio de lo que se dirá acerca de los efectos de la aplicación del dictamen N°22.766, de 2016, resulta necesario referirse a las condiciones que deben reunir las vinculaciones previas para generar la confianza en los funcionarios.

Conviene advertir que para los efectos de estas instrucciones se utilizan indistintamente las expresiones renovación o prórroga para referirse a aquéllas situaciones en que, sin solución de continuidad, se mantiene entre la Administración y uno de sus servidores un vínculo funcionarial a contrata o bajo alguna figura semejante de empleo transitorio.

En este contexto es procedente considerar que el deber de respetar los plazos y renovar una contrata en el evento que no se emita y comunique el acto fundado, deriva de una actuación previa por parte de la Administración en orden a requerir reiteradamente los servicios de una persona, por un periodo tal que hace suponer que dicha conducta seguirá repitiéndose.

Así, no resulta relevante si las vinculaciones previas lo son por contratas que difieren de aquella que no fue prorrogada -y que por aplicación del dictamen deberá renovarse-, ya sea en la planta de asimilación, en el grado o en la función específica asignada, entre otras.

Lo importante para este fin es que de manera constante y reiterada un organismo de la Administración del Estado haya requerido los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata, lo que hace suponer que, salvo que medie una razón plausible, la última designación a contrata que el interesado sirvió será renovada, ya sea solo por una contrata anual o por varias parciales que abarquen toda la anualidad siguiente, en el mismo grado y estamento de asimilación.

Luego, y en lo que se refiere a la continuidad de la relación previa, es dable señalar que la confianza legítima de que trata el dictamen N°22.766, de 2016 sólo podrá generarse en la medida que no haya interrupción entre una designación y la siguiente, ya que la existencia de algún lapso de alejamiento genera por esencia una duda razonable en torno a la mantención de esa relación funcionarial y, por lo mismo, se opone a la confianza legítima (criterio aplicado en el dictamen N° 11.318, de 2017, de este origen).

Finalmente, en cuanto a la duración que ha de tener cada una de las contratas previas y la extensión total del lapso necesario para provocar la anotada confianza, corresponde señalar que dicha expectativa se genera a partir de la segunda renovación. Luego, se debe tener presente que conforme se dispone en los artículos 3°, letra c), y 10 de la ley N°18.834, y artículos 2° y 5°, letra f), de la ley N°18.883, los empleos a contrata son aquellos de carácter transitorio de una dotación y deben ser dispuestos por un plazo que puede extenderse sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y, por lo mismo, su duración puede corresponder, a lo sumo, a un año calendario. Tal preceptiva, contenida en los dos cuerpos estatutarios de mayor generalidad, esto es, el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, se replica, en términos semejantes, en otros textos estatutarios, como acontece con aquellos que rigen en las fuerzas de orden y seguridad.

En este contexto, y en los términos señalados en el dictamen N°22.766, de 2016, cabe colegir que la práctica que genera la confianza legítima está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años. En este caso, llevaba más de 3 años a contrata en virtud de las sucesivas renovaciones en el mismo cargo sumado a los periodos iniciales a honorarios.

Así, en el evento que una persona sea designada a contrata, por primera vez, luego que haya comenzado el año respectivo (incluso en diciembre), se entenderá que hubo una primera renovación anual si dicha vinculación se extiende por todo el año calendario siguiente (ya sea en virtud de una sola designación o de varias sucesivas y continuas), entendiendo que existe una segunda renovación de dicho nexo funcionarial si este abarca toda la anualidad subsiguiente, en los términos aludidos. De lo anterior se colige que deberá haber transcurrido más de dos años para invocar la confianza de una nueva prolongación de su designación que, por una o más contratas sucesivas e ininterrumpidas, abarque toda la anualidad siguiente (aplica dictamen N°70.966, de 2016).

En este orden de ideas, y considerando que un servidor puede ser objeto de múltiples y sucesivas designaciones a contrata por tiempos menores a un año calendario (por ejemplo, sólo por algunos meses), se debe aclarar que son útiles para efectos de entender una continuidad en el vínculo que genera la aludida expectativa, los diferentes periodos inferiores a un año, pero continuos, desempeñados a contrata, en la medida que el lapso total de esas designaciones abarque más de dos años (complementa dictámenes Nos 53.844 y 78.454, de 2016).

A su turno el dictamen en el título V indica:

V.- ACTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA LA NO RENOVACIÓN DE UNA CONTRATA, SU RENOVACIÓN EN CONDICIONES DISTINTAS O LE PONE TÉRMINO ANTICIPADO.

1) Naturaleza.

Tanto respecto de la no renovación de una contrata, como de su renovación en condiciones diferentes o su término anticipado, los dictámenes N°22.766 y 23.518, ambos de 2016, respectivamente, han señalado que tales determinaciones deben efectuarse a través de la emisión del pertinente acto administrativo.

De acuerdo al inciso primero del artículo 3° de la ley N°19.880, las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos. Su inciso segundo prevé que para efectos de esa ley estos serán “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública”.

Su inciso tercero preceptúa que los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos o resoluciones.

Luego, su inciso cuarto define qué es un decreto supremo, mientras que su inciso quinto prescribe que las resoluciones son actos de análoga naturaleza a ellos, que dictan las autoridades administrativas dotadas de poder de decisión.

En este sentido, corresponde que la autoridad emita el respectivo acto administrativo que contenga la decisión formal de no renovar el vínculo funcionarial, de hacerlo por un lapso inferior a un año o en un grado, estamento de asimilación o carga horaria inferior, o de prescindir anticipadamente de los servicios del empleado, cuando sea el caso.

Cabe precisar que la exigencia indicada precedentemente se encuentra satisfecha no obstante que el documento que disponga cualquiera de las determinaciones señaladas con anterioridad, tenga otra denominación, como por ejemplo “oficio”, toda vez que, en la medida que aquél sea suscrito por la autoridad facultada para tales efectos y en el ámbito de sus competencias, éste reúne las características necesarias para calificarlo como un acto administrativo (aplica dictámenes Nos 11.909 y 29.139, ambos de 2017, de este origen).

De este modo, no puede ser considerado un acto de tal naturaleza, a modo ejemplar, una comunicación emitida por el jefe de recursos humanos o jefe de gestión y desarrollo de las personas de la respectiva institución, que no cuente con atribuciones decisorias en la materia, tal como lo resolvieron los dictámenes Nos 11.316 y 19.822, todos de 2017, de este origen.

2) Motivación.

El artículo 11 de la ley N°19.880, dispone, en lo que interesa, que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”. Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos antes precisados, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas.

De conformidad con los dictámenes Nos 23.518, de 2016 y 9.317 y 11.316, ambos de 2017, todos de esta Entidad de Control, tampoco basta la mera referencia formal a los motivos invocados por la autoridad, toda vez que ello no permite conocer, de su sola lectura, cuál fue su raciocinio para arribar a tal decisión.

En el mismo sentido, y tal como se señaló en el dictamen N°11.318, de 2017, de este origen, es objetable que las decisiones antes mencionadas se fundamenten en que “se estudiarán e implementarán modificaciones en las funciones y una reestructuración en materia de personal de acuerdo a las nuevas políticas a instaurar”, puesto que ese tipo de argumentos se limitan a hacer referencia a una circunstancia futura, eventual e hipotética, sin contener los razonamientos y los antecedentes de hecho y derecho que sirven de sustento a determinaciones de esa especie.

A su vez, tampoco resulta suficiente la alusión a argumentos genéricos que podrían justificar la decisión respecto de cualquier funcionario a contrata, sin explicar la adopción de la medida respecto de la persona afectada. En tal sentido, la mera referencia a “deficiencias presupuestarias del servicio” no permite conocer la razón por la que la autoridad decidió alterar el vínculo con ese funcionario y no con el resto de los servidores que se encuentran en las mismas condiciones.

De este modo, y en concordancia con los dictámenes Nos 12.248 y 18.901, ambos de 2017 y de este Órgano de Control, podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión -como por ejemplo estudios o informes-, entre otros:

- Una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación.

- La modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario.

- La supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente.

- Nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal (aplica dictamen N°25.143, de 2017, de esta Entidad de Control).

- Reducción de la dotación docente o de la dotación del sector de atención primaria de salud, conforme a lo prescrito en las leyes Nos 19.070 y 19.378, respectivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el dictamen N°48.251, de 2010, de este origen, resolvió que la aplicación de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que a aquél se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario. No obstante, en este caso deberán expresarse las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo.

3) Plazo para la dictación del acto que decide no prorrogar o renovar la contrata, o decide hacerlo por un plazo menor a un año o en un grado o estamento de asimilación inferior o reduce la carga horaria.

Como se señaló, los artículos 10, inciso primero, de la ley N°18.834 y 2°, inciso tercero, de la ley N°18.883, definen a los cargos a contrata, en similares términos, como aquellos que duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo que se hubiese dispuesto su prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos. Pues bien, como se aprecia de las normas citadas, la facultad de prorrogar una contrata debe ser ejercida con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo de esa designación, lo que de conformidad con el nuevo criterio contenido en el dictamen N°22.766, de 2016, se traduce también en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo, o su renovación en condiciones diferentes, a través de la dictación del respectivo acto administrativo, en aquellos casos en que se haya generado la confianza legítima.

En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la expectativa legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas en este numeral deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse conforme a lo señalado en el acápite siguiente.

En este caso, estaba establecido como plazo el 31 de diciembre del 2022, y se procede en forma arbitraria a un cese anticipado.

4) Notificación del acto que dispone la no renovación de la contrata o su término anticipado, o que resuelve prorrogarla por un plazo menor a un año o en un grado o estamento de asimilación inferior o reduce la carga horaria.

Sobre el particular, cabe recordar que el inciso primero del artículo 45 de la mencionada ley N° 19.880, prevé que los actos administrativos de contenido individual -cómo aquel que dispone el término anticipado de la contrata de un servidor o la no renovación del vínculo-, deben ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro.

El inciso segundo de esa disposición prescribe que las notificaciones deberán practicarse, a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo.

Por su parte, el artículo 46, inciso primero, de la precitada ley N°19.880, dispone como regla general, la remisión por carta certificada de los actos de efectos individuales, al domicilio del interesado.

Su inciso tercero, admite la notificación de modo personal de la manera que allí indica, mientras que su inciso cuarto permite que las notificaciones sean hechas en la oficina o Administración, especificando el mecanismo para ello.

Finalmente, el artículo 47 del precitado texto legal prevé la notificación tácita del acto al prescribir que “Aun cuando no hubiere sido practicada notificación alguna, o la que existiere fuera viciada, se entenderá el acto debidamente notificado si el interesado a quien afectare, hiciere cualquier gestión en el procedimiento, con posterioridad al acto que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente de su falta o nulidad”.

Cabe añadir que según la jurisprudencia contenida en los dictámenes Nos 33.419, de 2016 y 19.830, de 2017, entre otros, la presentación efectuada ante esta Entidad de Control reclamando en contra de la decisión de la autoridad de ponerle término anticipado a una contrata, de no prorrogarla, o de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior -y que no implique la falta o nulidad de la comunicación en estudio-, constituye una gestión suficiente para efectos de considerar debidamente notificado el acto de que se trata. De este modo, el acto administrativo que dispone el término anticipado de la contrata de un servidor, su no renovación o su renovación en condiciones diferentes, deberá ser notificado en el plazo y de las maneras recién descritas, sin perjuicio de lo que ordenen otras normas aplicables según el estatuto al cual se encuentre sujeto el funcionario.

5) Registro y Toma de Razón del acto.

El acto administrativo que dispone la no renovación de la contrata del servidor al que se le ha generado la confianza legítima se encuentra exento del trámite de toma de razón acorde con lo establecido en el N°19 del artículo 7° de la resolución N°10, de 2017, de este origen, debiendo ser sometido a registro ante esta Entidad de Control, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de su emisión, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del citado precepto. Por su parte, los actos administrativos que, respecto de funcionarios en los que se ha generado la confianza legítima de que trata este documento, resuelven designarlos a contrata por un plazo inferior a un año o en un grado o estamento inferior o con una carga horaria distinta, por tratarse de una nueva designación, deberán ser sometidos a toma de razón cuando dicha designación sea superior a 3 meses, acorde a lo previsto en el artículo 6°, N°8, de la referida resolución N°10.

Por el contrario, de conformidad con el numeral 5 del artículo 7° de la indicada normativa, si la mencionada designación ha sido dispuesta por un período igual o inferior a tres meses, el decreto o resolución que contenga tal decisión estará exento del examen de legalidad preventivo, pero deberá ser enviado a esta Entidad de Control para su correspondiente registro dentro del término de 15 días hábiles contados desde la fecha de su emisión.

Finalmente, dentro del mismo plazo deberán ser sometidos a registro por este Órgano de Control, los actos que disponen el término anticipado de la contrata de un servidor, según lo prescribe el artículo 7°, N°16, de la preceptiva en estudio, norma que, a su vez, los exime del trámite de toma de razón.

En este punto es dable recordar que, tal como lo expuso el citado dictamen N°9.317, de 2017, el aludido trámite de registro consiste en una mera anotación material del acto administrativo de que se trata y no configura en sí mismo un control preventivo de legalidad.

Todo lo anterior es sin perjuicio de aquellos casos en que por mandato de una norma legal, como acontece con el artículo 53 de la ley N°18.695 respecto del personal municipal, los actos que los afecten estén exentos de toma de razón, en cuyo caso deberán ser registrados a través de la plataforma respectiva.

En el título VIII.- del Dictamen 6.400-2018 de La Contraloría General de La República, en el acápite denominado CONSECUENCIAS DE LA INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO QUE PONE TÉRMINO ANTICIPADO DE UNA CONTRATA, señala; “Según lo han manifestado los dictámenes Nos 1.320 y 43.302, ambos de 2017, si el acto administrativo que dispone el término anticipado de una contrata carece de la debida fundamentación de acuerdo a lo expuesto en el presente instructivo y, habiendo reclamado oportunamente, la presentación del funcionario afectado es acogida, corresponderá que la autoridad deje sin efecto el acto irregular.

Adicionalmente, en el evento que el servidor hubiere sido separado de sus labores, la repartición de que se trate deberá reincorporarlo debiendo pagarle las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual permaneció alejado de sus funciones ya que el impedimento provino de una situación de fuerza mayor. Dado lo anterior, y en el entendido de que el fundamento esgrimido por la autoridad para desvincular a su parte, obedece a un mero capricho, acto irreflexivo y antojadizo , debe tenerse al acto, como carente de fundamento, dada la arbitrariedad que el propio acto conlleva, y que precisamente, es lo que el dictamen 6.400-2018, pretende erradicar, cómo práctica de las autoridades dentro de la administración del Estado, en el uso de sus facultades de no renovación de contrata o de término anticipado de las misma.

III.- EL ACTUAR ILEGAL Y ARBITRARIO DEL RECURRIDA:

Sostiene que la Resolución Exenta en contra de la cual reclama, vulnera las garantías del art. 19 de la Constitución Política de la República, en su numeral 2, 16 y 24, por cuanto no da un trato igualitario a los funcionarios afines políticamente con el actual gobierno que a quienes no lo son; ya que para todos era clara su afinidad política, al haber sido como candidata a Consejera Municipal y a CORE con afinidad al partido político EVOPOLI.

Respecto del segundo numeral del Artículo 19, sindicado como vulnerado, se refiere a la prohibición de toda discriminación que no se base en la capacidad e idoneidad personal, esto en estrecha relación con el anterior, pues se le discrimina por considerarla adversaria o un obstáculo para un fin de una autoridad política, y no por su calidad o preparación, y por último se ha vulnerado el derecho de propiedad pues el contrato y su retribución económica han ingresado a su patrimonio, vulnerándose el derecho de propiedad con las resoluciones dictadas por la autoridad recurrida, se vulnera la legitima confianza de que se va a renovar su contrata por un periodo determinado cumpliendo los requisitos para ello.

Adiciona que la Excma. Corte Suprema en sus últimos fallos, ha acogido el principio de Confianza Legítima que beneficia a los funcionarios a Contrata, como es este caso y así en la actualidad, es un verdadero axioma que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata regidos por la Ley N°18.884.

Que el artículo 10 de la Ley N°18.834, sostiene que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad, por el sólo ministerio de la ley, es decir, por la expiración del tiempo de designación, esto es, para el período que media entre la contratación y el 31 de diciembre, debiéndose ejercer la facultad de prorrogar una contrata, según el contenido del Dictamen antes citado, con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo, lo que se traduce en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se hubiere generado la confianza legítima en la renovación del vínculo, o resuelva renovarlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior. En este sentido, cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata que se extendió hasta el 31 de diciembre, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse según lo disponen los artículos 45 a 47 de la Ley N°19.880, acto administrativo que además deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 11, es decir, exteriorizar los fundamentos de hecho y de derecho por tratarse de actos que afectan potestades particulares; y a su artículo 41 inciso cuarto, que obliga a que las resoluciones finales contendrán la decisión que será fundada, de forma que los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta. Más aún, está el hecho que se debe respetar a lo menos el plazo establecido en la contrata para su duración, que es este caso era hasta el 31 de diciembre del año 2022; no pudiendo proceder al cese anticipado del mismo.

Que frente a la actuación desarrollada por la recurrida y la argumentación entregada para el término anticipado de la designación a contrata, debe tenerse en consideración que la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cumplimiento de criterios constitucionales, se encargó de desarrollar los principios destinados a asegurar un procedimiento racional y justo al decidir y al ejecutar las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, puntualizando en su artículo 1° que sus preceptos se aplicarán con carácter supletorio en aquellos casos donde la ley establezca procedimientos administrativos especiales. En este sentido, el ordenamiento referente a las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos de empleos a contrata, no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades, razón por la que, respecto de tal materia, inequívocamente cabe aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley N°19.880. Ahora bien, entre los principios previstos en esa ley se encuentran aquéllos sobre transparencia y publicidad consagrados en su artículo 16, en el que se dispone que el procedimiento administrativo deba realizarse con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento, contenido y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. A su turno, se consigna en dicho cuerpo legal la obligación del artículo 11 inciso segundo, consistente en motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten las potestades y prerrogativas de las personas. Por último, es útil destacar que el artículo 41 inciso cuarto, primera parte del aludido texto legal, ordena: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”.

Unido a esto las obligaciones y requisitos para cesar en el cargo a una funcionaria que está amparada por la Ley N° 21.015.

Que de lo expresado, sólo cabe colegir que es un requisito sustancial la expresión del motivo o fundamento de la decisión, condición vinculada a una exigencia que ha sido puesta como requisito de mínima racionalidad, ya que como ocurre en la especie, fueron afectados derechos esenciales de esta recurrente, claro resulta que este fundamento o motivo debe además ser pertinente, atingente y real no creado artificialmente como en este caso, no basta un relato sin sustento real como fundamento.

Gravitante resulta apuntar Fallo reciente de la Excelentísima Corte Suprema en Causa Rol N°16.510-2018.

IV.- EL DERECHO:

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CALIDAD DE FUNCIONARIO A CONTRATA.

Sostiene que el texto legal que regula a las contratas, en su definición señala que; sus atribuciones, su forma de desempeño, como su término, está regido por la ley 18.834: el denominado Estatuto Administrativo.

La doctrina y la jurisprudencia administrativa han señalado que la naturaleza jurídica de la relación entre el funcionario y la Administración es un vínculo estatutario de derecho público. Así lo señaló la Contraloría en el Dictamen 31000N08 al informar al Tribunal Constitucional en el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol N°1133-2008, “No obstante ello, conviene tener presente que la jurisprudencia administrativa ha reconocido que el vínculo que une a los servidores públicos con la Administración y que se conoce como vínculo estatutario” en su sentido amplio, supone la sujeción de los funcionarios, empleados o servidores públicos a un régimen de derecho público preestablecido, unilateral, objetivo e impersonal, fijado por el Estado, cualquiera sea el nombre específico que pudieran recibir los diversos cuerpos estatutarios que los rijan y sea cual fuere la naturaleza del servicio en que se desempeñen”.

Esto significa que el vínculo se encuentra establecido con anterioridad al nombramiento del funcionario, que le es obligatorio respetarlo, y por ello el vínculo se inicia con un acto unilateral de la Administración, denominado nombramiento, y no con un acto bilateral como lo es el contrato. La contrata participa plenamente de la naturaleza jurídica del vínculo estatutario y de los efectos de aquél.

Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones para resolver la cuestión planteada:

- La contrata participa de la misma finalidad que el cargo de planta;

El artículo 2° de la mencionada norma, señala que los cargos de planta y a contrata solo “podrán corresponder a funciones propias que deban realizarlas instituciones” a que se refiere el artículo 10 del mismo Estatuto. Las funciones propias están en la ley orgánica de cada servicio y en el marco regulatorio de la Administración del Estado.

El empleo a contrata, al igual que el cargo de planta, es un cargo público a través del cual se realiza la función administrativa. Por tal razón rigen todas las normas estatutarias correspondientes, como por ejemplo el Estatuto Administrativo que contempla obligaciones y derechos funcionarios, calificaciones, prohibiciones e incompatibilidades, responsabilidad administrativa y su extinción, cesación de funciones o la ley de bases del procedimiento administrativo N°19.880.

Además de las normas anteriormente señaladas cabe hacerse cargo de otras normas que regulan a los funcionarios a contrata que emanan directamente de la administración del Estado, quienes en el ejercicio de las potestades encomendadas como Jefes Superiores de Servicios norman estos regímenes contractuales, determinan la extensión o procedimientos para la desvinculación de funcionarios a contrata.

Nos referimos al Oficio Circular N°21 de fecha 28 de noviembre de 2018 dictado de la Ley N° 18.834 Estatuto administrativo dirigido a los “Señores Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de Servicios”. (Esta norma fue ratificada en su vigencia por el oficio Circular, del Ministerio de Hacienda sobre seguimiento de implementación de las orientaciones generales a los Jefes Superiores de Servicio sobre proceso de renovación del personal a contrata).

La norma en comento establece como materia a regular las orientaciones generales a los Jefes Superiores de Servicios sobre procesos de renovación del personal a contrata estableciendo una serie de orientaciones a fin de regular los procesos de renovación del personal a contrata en los Servicios Públicos dirigidas a lograr una gestión eficiente de calidad en la prestación de servicios para los ciudadanos, así como también promover un ambiente laboral que favorezca estos procesos.

En este sentido el Ministro de Hacienda señala mediante oficio las siguientes orientaciones:

• Las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas sólo a casos debidamente fundados y acreditables sobre la base de que concurran criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes.

• Los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los (as) funcionarios(as) o en su defecto en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva Institución.

• En caso de la no renovación de contratos los Jefes Superiores de Servicio deben expresar al funcionario o funcionaria en forma personal el motivo de su cese de funciones con al menos 30 días de anticipación, otorgando las facilidades respectivas para que puedan hacer uso de su feriado legal pendiente procurando dar especial atención a los años de servicio situaciones de funcionarios(as) en edad de jubilar o próximos a cumplirla o con enfermedades graves catastróficas o terminales.

• Finalmente se debe mantener el proceso de reconsideración de las decisiones en aquellos casos en que existan nuevos antecedentes o circunstancias que no fueron ponderadas en su momento que ameriten una revisión de la decisión de no renovación instancia en la que deben participar las Asociaciones de Funcionarios formalmente constituidas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19296 de 1994.

Que desde el punto de vista jurídico un oficio constituye al igual que los reglamentos un tipo de norma y expresión del acto administrativo que emana de las autoridades superiores de la Administración Pública cuya fuerza vinculante descansa en las facultades que tienen los jefes de servicio para ordenar la buena marcha y funcionamiento del servicio público y sobre las bases de los principios de eficiencia y eficacia en la actuación de los órganos públicos. Son órdenes generales o singulares que el superior jerárquico emite a sus funcionarios subalternos para el correcto cumplimiento de sus funciones, a fin de ajustar sus decisiones a los principios que rigen la gestión pública dentro del marco fijado por la ley.

Respecto a la fuerza vinculante de los oficios dictados por la administración del Estado cita la sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Valdivia Rol 423- “Suarez y otra con Gobierno Regional de Los Ríos” en su considerando sexto. Además se debe tener presente el dictamen 85.700 de la Contraloría General de la República que Imparte instrucciones y establece criterios complementarios para la aplicación de los dictámenes N°s. 22.766 y 23.518, Página 31 de 41 ambos de 2016, en relación al personal a contrata, renovación, motivación, acto administrativo, confianza legítima, actos administrativos, facultades.

El artículo 11 de la ley 19.880, dispone en lo que interesa, que los hechos y fundamentos de derecho deben siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio.

Por su parte el artículo 41 inciso cuarto del mismo cuerpo legal establece que las resoluciones finales contendrán la decisión que será fundada. Así los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior o la de poner término anticipado a ella deben contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión por no ser necesarios sus servicios u otras análogas.

No se respetó el instructivo de Contraloría General de la Republica de fecha 17 de noviembre de 2021 en orden a dar cumplimiento al contenido del mentado dictamen 6400 las sucesivas resoluciones al efecto, en cuanto al fundamento, y notificación del acto que dispone la no renovación.

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA.

La Contraloría General de la República a través de sus Dictámenes N°22.766 y 23.518, ambos de 2016, consagró a través del principio de la confianza legítima el derecho a la estabilidad en el empleo a las/os funcionarias/os a contrata que prestan servicios en la administración pública. La confianza legítima es un derecho que las/os funcionarias/os a contrata han incorporado a su patrimonio y que sólo podría ser conculcado en forma excepcional, mediante un acto administrativo debidamente fundado. En este orden de ideas, al estar en presencia de un acto, de fecha 25 de noviembre de 2021, que solo es notificado tácitamente con fecha 21 de diciembre del año 2021 (sic), el que no goza de los presupuestos básicos necesarios en cuanto a la anticipación de su notificación, y asumimos que tampoco con los de forma y de fundamentación y plausibilidad, debemos concluir forzosamente que la no renovación de una contrata por todo el periodo 2022, a la luz de los antecedentes en especial la cantidad de años servidos bajo la misma modalidad, lo que hace caer el fundamento de accidentalidad del cargo, impide su no renovación sin expresión de un razonamiento real que lo justifique y sin que se expresen los hechos y fundamentos de derecho en que se basa, abre una puerta hacia a la discriminación por sexo, orientación sexual, militancia u opinión política, credo, edad, raza, condición social y en general cualquier circunstancia o característica subjetiva que en nada se relacione con las aptitudes requeridas para el desarrollo de los servicios prestados por el servidor público.

A mayor abundamiento, la Constitución Política de la República reconoce en su artículo 1° que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Por su parte, el artículo 19 N°2 de la misma Constitución garantiza la igualdad ante la ley, prohibiendo a la propia ley y a toda autoridad establecer diferencias arbitrarias. El Estatuto Administrativo, sobre el particular previene en su inciso 3° del artículo: “Prohíbase todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo”. En dicho contexto, pretender una facultad discrecional de la autoridad para fundar falazmente una no renovación de su contrata, o derechamente no fundarla, iría en abierta contradicción con el principio de legitima confianza del funcionario a seguir prestando sus servicios renovados por un periodo completo, así como de las garantías constitucionales de no discriminación e igualdad ante la ley, que impiden a la autoridad establecer diferencias arbitrarias fundadas en aspectos subjetivos.

El artículo 1° de la ley N° 21.015 modifica la ley N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Específicamente, reemplaza el artículo 45 señalando que “En los procesos de selección de personal, los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 1 de la ley N° 18.575 […] seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con discapacidad”. En el inciso segundo señala que las instituciones “que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo menos el 1% de la dotación anual deberán ser personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional”. Además, el inciso cuarto establece que en caso que no sea posible cumplir total o parcialmente con la dotación mínima señalada, las instituciones “deberán remitir un informe fundado a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Servicio Nacional de la Discapacidad, explicando las razones para ello”. El mismo inciso cuarto establece que “sólo se considerarán razones fundadas aquellas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o institución, no contar con cupos disponibles en la dotación de personal y la falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos”. Por otra parte, el artículo 2 de la ley N° 21.015 sustituye el inciso tercero del artículo 17 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, explicitando lo siguiente: "Prohíbese todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones o restricciones, tales como aquellas basadas en motivos de raza o etnia, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, discapacidad, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal o enfermedad, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo.”

V.-GARANTÍAS FUNDAMENTALES CONCULCADAS:

1.- DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 19 N°2 CPR).

La Carta fundamental señala en el artículo 19 que: “La Constitución asegura a todas las personas: Nº2: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley” Esta garantía constitucional se vulnera principalmente en lo que se refiere a que ninguna autoridad puede establecer discriminaciones y diferencias arbitrarias, en consecuencia se ha procedido a efectuar la vulneración ya que se me discrimina arbitrariamente, dejándome fuera del servicio público, en lugar de cualquier otro funcionario en igual calidad, sin fundamento racional o posible falta en la gestión, lista de demérito, sanción administrativa o cualquier canon razonable que justifique la desvinculación, incumpliendo como se ha señalado más arriba, normas legales, reglamentarias, Dictámenes de la Contraloría General de la República, que establecen procedimientos objetivos para actuar en la situación de hecho que en esta oportunidad se examina. La autoridad recurrida distingue entre funcionarios de manera caprichosa y sin respaldo técnico a su decisión, lo cual es ante la normativa legal, inaceptable, completamente abusivo y un atentado a la garantía constitucional.

2.- DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO Y SU PROTECCIÓN (ARTÍCULO 19 N° 16 CPR). LA CONSTITUCIÓN ASEGURA A TODAS A LAS PERSONAS: Nº16: La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos…”. Es menester señalar que desempañaba funciones de carácter necesarias y permanentes dentro de la repartición recurrida, durante todo el periodo de tiempo que se he desempeñó desde el año 2017 en calidad de honorarios y a contrata ininterrumpidamente.

3.- DERECHO DE PROPIEDAD (ARTÍCULO 19 N° 24 CPR). La Carta Fundamental señala que “la Constitución asegura a todas las personas: Nº24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.” Este derecho fundamental se ve claramente amenazado, ya que ingresó voluntariamente a la administración, cumpliendo con todos los requisitos de ingreso, por lo que esta calidad de funcionario público a contrata ha sido incorporada al patrimonio del funcionario, la confianza legítima de su renovación por el periodo 2022 corresponde a un derecho que ha ingresado a su patrimonio, no pudiendo privar de esta condición la administración, a su persona, sino por los propios medios que indica la ley, para el caso; sumarios o actos administrativos debidamente justificados. Se ha conculcado el derecho a la estabilidad en el empleo público en cuanto el recurrente no puede ser privado de su cargo sino por las causales que la Ley contempla, lo que comporta una especie de propiedad garantizada como bien incorporal por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Los actos impugnados hacen referencia a una decisión antojadiza de la autoridad, carente de todo fundamento racional y lógico, según se analizó.

A la luz de lo expuesto, queda de manifiesto que de la ilegalidad y arbitrariedad se sigue el directo e inmediato atentado al derecho consagrado en Art 19 Nº24 de la Constitución que reconoce a todas las personas, el derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, prerrogativa ésta que, la judicatura está en el deber de preservar. Es de recordar en este plano que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto. Ya en el primero de los artículos de la constitución se proclama el anhelo del crecimiento de toda persona en una escalada de realizaciones en las que el trabajo juega un rol protagónico; y, como no podía ser menos, no se piensa en el individuo, sino en la persona, que se distingue de aquél por su sentido de integración e identidad social, en importante grado forjada en el servicio a la comunidad que conlleva el empleo público.

Aparte de tan elevados bienes incorporales, por cierto susceptibles de la propiedad que la constitución garantiza a toda persona, está el nivel de lo pecuniario, que en una situación como la de autos se asocia a las seguridades que proporciona al funcionario y a quienes de él dependen, el estipendio periódico. En la realidad, las contratas no son cargos excepcionales porque constituyen la mayoría del empleo público en los servicios centralizados y descentralizados del país.

Pide ordenar que la recurrida cese el acto ilegal y arbitrario dejando sin efecto Resolución Exenta RA N° 272/1607/2022, fechado el 19 de Agosto de 2022, mediante la cual se resuelve “TÉRMINO ANTICIPADO A LA DESIGNACIÓN A CONTRATA” de la recurrida, ordenando, que se la reincorpore, manteniendo vigente su contrata por periodo año 2022, a fin de que continúe en su cargo y funciones de los cuales se le pretende cesar de forma arbitraria e ilegal restituyéndole además en todos sus derechos, estatutarios y remuneratorios, ordenando finalmente que la recurrida se abstenga de todo acto que perturbe o amenace el libre ejercicio de sus derechos, restableciéndose el imperio del derecho y tomándose todas las medidas necesarias que esta Corte determine, con expresa condenación en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Ord. N° 975 de fecha 22 de agosto del año 2022; y 2.- Resolución Exenta RA N° 272/1607/2022, fechada el 19 de Agosto de 2022.

A folio N° 3 la recurrente acompañó los siguientes documentos: 1.- Contrato a honorarios celebrado con fecha 01 de abril del 2019; 2.- Contrato a honorarios celebrado con fecha 30 de diciembre del 2019; 3.- Contrato a honorarios celebrado con fecha 30 de diciembre de 2020; 4.- Aceptación de traspaso Honorarios a Contrata de fecha 05 de agosto de 2021; 5.- Certificado N° 23 del 12 de julio de 2022, sobre antigüedad de la recurrente en el servicio; 6.- Prorroga de contrata de fecha 12 de enero de 2021; 7.- Resolución Exenta N° 4148/SC, Certificado de Discapacidad emitido por COMPIN, año 2009; y 8.- Resolución N° C.M.C. 7203/2017, emitida por Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica Central, que indica incapacidad global del 73%, de fecha 14 de julio de 2017.- A folio N°7 evacua informe la recurrida SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE CHILE, quien solicita el rechazo del recurso, con costas, en los siguientes términos:

I. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA.

De acuerdo con el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° l que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo forma parte de la Administración del Estado, con dependencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A su vez, este Servicio tiene el carácter de desconcentrado territorialmente respecto del Ministerio respectivo, careciendo además, de facultades para representar en juicio los intereses del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el D.L. N° 1305, de 1975, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de la Vivienda Y Urbanismo, que en su artículo 2° dispone, "El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se desconcentrará territorialmente a través de una Secretaría Ministerial Metropolitana y Secretarías Regionales Ministeriales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° del decreto ley 575, de 1974".

Esta circunstancia imposibilita que pueda ser emplazada como lo pretende la recurrente, pues la ley no le atribuye, a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, facultades de representación judicial para estos efectos. Es decir, es un órgano que forma parte de la Administración Centralizada del Estado, que no tiene patrimonio propio ni personalidad jurídica distinta del Fisco. En consecuencia, la representación legal para efectos judiciales de esta Seremi correspondería al Consejo de Defensa del Estado.

Amén de lo señalado, es dable considerar que esta Seremi no es sujeto pasivo de la acción ya que la Resolución Exenta RA N° 272/1607/2022 de fecha 19.08.2022 que dispuso el término anticipado de la designación a contrata de la recurrente, fue dictada por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

En subsidio de lo anterior y, para el evento de no prosperar la excepción dilatoria deducida, solicita el rechazo del Recurso de Protección interpuesto en contra de esta repartición pública, por los argumentos de hecho y de derecho que se señalan a continuación:

II. ANTECEDENTES.

A)

Del recurso de protección interpuesto.

La recurrente ha accionado en contra de esta Secretaría, acusando la supuesta arbitrariedad e ilegalidad que se habría cometido a propósito de la dictación de la Resolución Exenta RA N° 272/1607/2022 de fecha 19 de agosto del 2022 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, mediante la cual se decidió poner término anticipado a la designación a contrata que indica, el que se habría efectuado de forma infundada, afectándose de este modo las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

B)

Marco normativo que rige la materia.

Que lo obrado por esta recurrida, se ajusta plenamente a derecho, de conformidad a la normativa aplicable al caso:

i- El D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

ii- El D.F.L N° 1, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado.

iii- La Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

iv- La Ley N° 16.391, que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

v- El Decreto Ley N° 1.305, de 1976, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

El régimen jurídico del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentra en el artículo 3 letra c) del DFL N° 29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que "Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución"; y por su parte el artículo 10 del mismo texto legal regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

De acuerdo a las disposiciones antes citadas los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad y tienen una vigencia temporal que puede estar determinada por la llegada del plazo fijado en el respectivo convenio o por la decisión de la autoridad de terminarlos incluso de manera anticipada, si existieren hechos que motiven dicha decisión.

Por otra parte, cabe hacer notar que quienes prestan servicios en la Administración sobre la base de este tipo de contratos, poseen la calidad de funcionarios públicos y tienen como norma reguladora de sus relaciones para con ésta, el propio Estatuto Administrativo, lo que hace completamente procedente la decisión ajustada a derecho de esta autoridad.

En dicho orden cosas y habiéndose dispuesto el término anticipado de la designación a contrata de la recurrente, con fecha 22 de agosto de 2022, considerando que una facultad como la señalada supone el otorgamiento de una potestad en virtud de la cual la autoridad dispuso su término anticipado, basándose en criterios de mérito, oportunidad o conveniencia, cumpliendo con el requisito de los artículos 11 y 41 de la ley N° 19.880, se concluye que no resulta arbitrario ni contraviene la normativa, sino que se ajusta a ella, al darle cumplimiento dentro del margen discrecional que la propia ley le autoriza.

III- SOBRE LA DECISIÓN DE NO RENOVAR CONTRATA 2022.

A) En cuanto a los motivos que fundaron el término anticipado de la contrata de la recurrente:

Al respecto, con fecha 22 de agosto de 2022, por medio de Ord. N° 975, se procede a notificar el término anticipado de su designación a contrata, de acuerdo a Resolución Exenta RA N° 272/1607/2022 de fecha 19 de agosto del 2022 de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, señalando lo siguiente:

"1. Que doña nombre reservado, RUN RUT reservado, ingresó a la SEREMI Regional de la Región de la Araucanía, el 01 de abril de 2019, suscribiendo un contrato en calidad de honorario.

2. Que, la Sra. nombre reservado, se mantuvo contratada y prestando servicios en la SEREMI de la Araucanía en calidad de honorarios, hasta el 30 de septiembre de 2021.

3. Que, a contar del 01 de octubre de 2021, doña nombre reservado, fue contratada en la SEREMI Región de la Araucanía en calidad de contrata profesional grado 16 de la E.U.R.

4. Que, la funcionaría individualizada en el punto anterior, fue prorrogada para el año 2022, desempeñando sus funciones en el Servicio Regional antes indicado, manteniendo su calidad de contrata profesional grado 16 de la E.U.R.

5. Que en el contexto de ejecución del Plan de Emergencia Habitacional y en atención al rezago existente en la ejecución de varios programas, entre ellos PHR y Regeneración de Barrios, la SEREMI Región de la Araucanía manifiesta la necesidad imperiosa de reforzar a los equipos técnicos, lo que sumado al análisis del recurso humano disponible respecto de la subunidad de registros técnicos la que actualmente funciona con 5 profesionales, la SEREMI MINVU Araucanía, ha decidido eliminar uno de los puestos de trabajo y/o funciones referidas al perfil denominado "ANALISTA DE REGISTROS TÉCNICOS DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO", y que implicaba el desarrollo de las siguientes funciones:

a)

Participar en los procesos relativos a los requerimientos derivados de los proveedores de los Registros Técnicos, lo que incluye desde velar por el cumplimiento de los requisitos, hasta la atención de usuarios internos y externos de dichos registros.

b)

Participar en el desarrollo de las acciones transversales al Departamento de Planes y Programas y a la gestión ministerial, pudiendo proveer de asistencia técnica e información a cualquiera de ellos.

c)

Según su competencia técnica, los procesos que estén enfocados a la solicitud de inscripción, actualización, aumento de categoría, Informes técnicos o cualquier otro requerimiento de las personas naturales y jurídicas, de los diversos Registros.

d)

Participar en la sistematización de la gestión documental de todos los antecedentes físicos y digitales presentados por los proveedores e)

Hacer propuestas y ejecutar acciones que permitan la consecución de los objetivos y funciones del área donde se desempeña, de manera de colaborar con el coordinador y los demás miembros del equipo, así como respecto del resto del departamento f)

Participar del cumplimiento de las metas internas relativas al Área, vinculándose con entes tanto internos como externos a la gestión ministerial, a fin de cumplir objetivos del Departamento.

g)

Responsable de resolver dudas en la aplicación de la normativa vigente de cada Registro, para usuarios externos como internos del Servicio.

6. Que, doña nombre reservado, actualmente desempeña el cargo de "ANALISTA DE REGISTROS TÉCNICOS DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO", razón por la que se hace prescindible su permanencia en la SEREMI de la Araucanía.

7. Que, la decisión de la Autoridad regional tiene por objetivo redirigir los recursos humanos hacia áreas técnicas en desequilibrio o que requieren un refuerzo mayor por la exigencia de los nuevos desafíos asumidos en esta gestión.

A mayor abundamiento indico que la jurisprudencia y la misma contraloría ha señalado que en el evento de poner término anticipado a las contratas se debe cumplir con el requisito del artículo 11 y 41 de la ley N° 19.880. En este contexto la SEREMI de Vivienda de la Región de La Araucanía, es un organismo público dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que dentro de las funciones del ministerio amparadas por la ley N° 16.391, está la "Fomentar y supervigilar la edificación de vivienda" para ese objetivo el ministerio junto con su equipo técnico están facultados para elaborar todo tipo de programas en relación con ese objetivo.

8. Que, desde el año 2018 en adelante existe un pleno consenso nacional y estudios de estadísticas que hablan de la necesidad imperiosa de vivienda en Chile, y del déficit actual que existe en el país contabilizando en más de 650 mil viviendas.

9. Que, el 12 de mayo del presente año se promulgó la ley 21.450 sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional, a través de la cual se busca mejorar los niveles de integración social y urbana de las ciudades y lograr un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país, para lo que se pretende aumentar la construcción de viviendas sociales con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano, y modernizar la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otras materias.

10. Que, de acuerdo con esta Ley, el Ministerio elaboró el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), el que fue entregado por el Ministro de Vivienda y Urbanismo al Presidente de la República con fecha 3 de julio de 2022, cuyo objetivo principal es abordar con sentido de urgencia la demanda habitacional que existe en Chile, que se estima en cerca a las 650 mil viviendas. Entre sus principales objetivos, esta iniciativa busca que el Estado recupere su rol en la planificación y gestión habitacional, en coordinación con los gobiernos locales y los distintos sectores de la sociedad, junto con entregar 260 mil viviendas durante el periodo de gobierno, lo que lograría cubrir al menos el 40% de la necesidad habitacional identificada.

11. Que el Plan de Emergencia Habitacional obliga a la contratación de profesionales técnicos y de experiencia para el Ministerio de Vivienda y sus organismos dependientes como las Seremías regionales. Puesto que la meta fijada por el plan antes mencionado es de aquí a 4 años reducir el déficit en un 40%.

12. Que la meta regional establecida por el Plan de Emergencia Habitacional corresponde a la entrega de 13.533 viviendas en el período, lo que corresponde a un 73% de déficit declarado para la Región de La Araucanía.

13. Que en paralelo la Región de La Araucanía debe enfrentar el rezago del Programa de Habitabilidad Rural, que en la región supera los 5 mil subsidios asignados en el periodo mayoritario de 2018 a 2021 y que aún no tienen ejecución de obra.

14. Que en el marco del trabajo comprometido por esta seremía regional con el propio Ministro, el rezago de rural deberá ser atendido en un plazo máximo de 2 años, hasta diciembre de 2023, lo que implica acelerar procesos de calificación de proyectos, seguimiento, trabajo con las constructoras, establecimiento de alianzas para mejorar procesos constructivos a través de la industrialización, establecimiento de estrategias específicas en comunas donde no existe oferta por conflictos socioterrítoriales vigentes, entre otros.

15. Que en este sentido la SEREMI regional de La Araucanía, como organismo dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, replica en la región las políticas, planes y programas elaborados por la cartera del ramo.

16. Que de acuerdo al Plan de Emergencia Habitacional, el cual como ya se ha señalado ha sido elaborado por el Ministerio de Vivienda y comprometido por ley 21.450, y la atención al rezago de rural, la SEREMI regional requiere realizar ajustes que dicen relación con el cambio de profesionales dado que se requiere más personal técnico y profesional para lograr el objetivo en la región, tomando en consideración que de acuerdo a los antecedentes ésta presenta un déficit de más de 18 mil viviendas.

17. Es en ese sentido que como medida de ajuste y de buena opción para el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, y la atención al rezago del PHR, es que como organismo público nos vemos en la necesidad de aumentar el personal técnico y profesional para aplicar este plan en las 32 comunas de la Región de La Araucanía, lo que implica un mayor estudio y conocimiento de la realidad en terreno, objetivo que se logra aumentando el personal técnico y profesional.

18. Es en este sentido que se requiere poner término anticipado a la contrata de doña nombre reservado.

RESUELVO:

PÓNESE TÉRMINO ANTICIPADO A LA DESIGNACIÓN A CONTRATA DE:

1) Don(a) nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado, como PROFESIONAL, asimilado a grado 16° ESCALA ÚNICA DE SUELDOS, de la Planta de PROFESIONALES del servicio SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO, con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios".

En consecuencia, y tal como se expresó en la Resolución que puso término anticipado a la designación a contrata, se dispuso el término anticipado, en atención a que esta repartición de Estado decidió redirigir los recursos humanos hacia áreas técnicas en desequilibrio o que requieren un refuerzo mayor por la exigencia de los nuevos desafíos asumidos en esta gestión, por el nuevo Gobierno, amparada dentro de la función del Ministerio establecida en el artículo 2 numeral 6o de la ley N° 16.391, "Fomentar y supervigilar la edificación de vivienda", que permite al Ministerio junto con su equipo técnico, estar facultados para elaborar todo tipo de programas en relación con ese objetivo.

Que, desde el año 2018 en adelante existe un pleno consenso nacional y estudios de estadísticas que hablan de la necesidad imperiosa de vivienda en Chile, y del déficit actual que existe en el país contabilizando en más de 650 mil viviendas.

Que, el 12 de mayo del presente año se promulgó la ley 21.450 sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional, a través de la cual se busca mejorar los niveles de integración social y urbana de las ciudades y lograr un adecuado desarrollo de ellas a lo largo del país, para lo que se pretende aumentar la construcción de viviendas sociales con integración social, a través de densificación equilibrada en zonas con potencial de desarrollo urbano, y modernizar la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otras materias.

Que, de acuerdo con esta Ley, el Ministerio elaboró el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), el que fue entregado por el Ministro de Vivienda y Urbanismo al Presidente de la República con fecha 3 de julio de 2022, cuyo objetivo principal es abordar con sentido de urgencia la demanda habitacional que existe en Chile, que se estima en cerca a las 650 mil viviendas. Entre sus principales objetivos, esta iniciativa busca que el Estado recupere su rol en la planificación y gestión habitacional, en coordinación con los gobiernos locales y los distintos sectores de la sociedad, junto con entregar 260 mil viviendas durante el periodo de gobierno, lo que lograría cubrir al menos el 40% de la necesidad habitacional identificada.

Que el Plan de Emergencia Habitacional obliga a la contratación de profesionales técnicos y de experiencia para el Ministerio de Vivienda y sus organismos dependientes como las Seremías regionales. Puesto que la meta fijada por el plan antes mencionado es de aquí a 4 años reducir el déficit en un 40%.

Que la meta regional establecida por el Plan de Emergencia Habitacional corresponde a la entrega de 13.533 viviendas en el periodo, lo que corresponde a un 73% de déficit declarado para la Región de La Araucanía.

Que en paralelo la Región de La Araucanía debe enfrentar el rezago del Programa de Habitabilidad Rural, que en la región supera los 5 mil subsidios asignados en el periodo mayoritario de 2018 a 2021 y que aún no tienen ejecución de obra.

Que en el marco del trabajo comprometido por esta seremía regional con el propio Ministro, el rezago de rural deberá ser atendido en un plazo máximo de 2 años, hasta diciembre de 2023, lo que implica acelerar procesos de calificación de proyectos, seguimiento, trabajo con las constructoras, establecimiento de alianzas para mejorar procesos constructivos a través de la industrialización, establecimiento de estrategias específicas en comunas donde no existe oferta por conflictos socioterritoriales vigentes, entre otros.

Que en este sentido la SEREMI regional de La Araucanía, como organismo dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, replica en la región las políticas, planes y programas elaborados por la cartera del ramo.

Que, de acuerdo al Plan de Emergencia Habitacional, el cual como ya se ha señalado ha sido elaborado por el Ministerio de Vivienda y comprometido por ley 21.450, y la atención al rezago de rural, la SEREMI regional requiere realizar ajustes que dicen relación con el cambio de profesionales dado que se requiere más personal técnico y profesional para lograr el objetivo en la región, tomando en consideración que de acuerdo a los antecedentes ésta presenta un déficit de más de 18 mil viviendas.

Es en ese sentido que como medida de ajuste y de buena opción para el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional, y la atención al rezago del PHR, es que como organismo público se vieron en la necesidad de aumentar el personal técnico y profesional para aplicar este plan en las 32 comunas de la Región de La Araucanía, lo que implica un mayor estudio y conocimiento de la realidad en terreno, objetivo que se logra aumentando el personal técnico y profesional.

Es por tales motivos y razonamientos, que se dispuso poner término anticipado a la contrata de doña nombre reservado, a través de un acto administrativo fundado y debidamente comunicado al interesado.

IV- SOBRE LA AUSENCIA DE ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD DEL ACTO QUE SE IMPUGNA.

Señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, son presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de protección, la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, de la cual derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho y que ese derecho sea de aquellos señalados específicamente por la disposición constitucional citada, lo que no ocurre en la situación planteada por la recurrente, por lo que, tal como se acreditará, lo obrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ajustó plenamente a derecho, según se explica a continuación.

En primer término, en lo que dice relación con la legalidad del acto impugnado, cabe señalar que el actuar de esta repartición pública se encuentra estrictamente ajustado al principio de legalidad previsto en los artículos 6o y 7o de la Constitución Política de la República, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 2o del DFL N° 1, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánico Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone en su artículo 2o, que los Órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y las leyes, debiendo actuar dentro de su competencia, no teniendo más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico.

Es así como la disposición de poner término anticipado a la designación a contrata, por las causas antes dichas, forma parte del margen de discrecionalidad administrativa del que goza la autoridad administrativa.

En otro orden de ideas, respecto que el acto administrativo que dispuso el término anticipado de la designación a contrata carecería de la debida fundamentación y motivación, ya se expuso latamente en este Informe que dicho acto administrativo desarrolló pormenorizadamente todos los argumentos de hecho y de derecho que, por un lado, autorizaban a la autoridad para ponerle término anticipado y, por otro, efectuó un relato de todas las razones que motivaron el término anticipado.

Por lo dicho, es evidente que el acto administrativo dictado a través del cual se dispuso el término anticipado de la designación a contrata corresponde a una actuación administrativa debidamente fundada, que se hace cargo de expresar las razones que motivaron su dictación. Todo enmarcado dentro del marco legal, cumpliendo la resolución que dispone el término anticipado, con todo el articulado que regula la materia.

Es útil destacar que el artículo 41 inciso cuarto, de la Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado ordena: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada". Que, de lo expresado, sólo cabe colegir que es un requisito sustancial en la dictación de un acto administrativo, la expresión del motivo o fundamento.

El acto administrativo recurrido corresponde y cumple con el principio de imparcialidad que establece el artículo 11 de la misma Ley N° 19.880, el cual prescribe: "La administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos." El acto administrativo recurrido también corresponde con el principio de Transparencia y de Publicidad, que establece el artículo 16 de la Ley N°19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el cual prescribe: "El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él...".

De tal forma, que el acto administrativo cumple con los requisitos establecidos en la ley, cosa distinta es que estos argumentos no sean aceptados por la recurrente.

Así lo ha resuelto en forma reiterada la Excelentísima Corte Suprema, en autos Rol N° 6513-2022, que en su considerando cuarto al indica, "La resolución que motiva el recurso y por la cual además se comunicó al recurrente expresamente la decisión de no renovar la contrata para el año 2021, se fundó básicamente en los incumplimientos graves de sus obligaciones funcionarías, los que se evidencian en los problemas de desempeño del actor, el estampado de una anotación de demérito en su hoja de vida por haber reprobado un curso de capacitación con la nota mínima, así como la ejecución de una serie de descuentos en su remuneración por atrasos reiterados. Tales argumentos, cumplen, con el deber de motivación que exige el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sin que corresponda ponderar el mérito de dichos fundamentos por corresponder a una decisión propia de la Administración, (lo subrayado en nuestro)".

En el mismo sentido, la sentencia Rol N° 26782-2018 de la Excelentísima Corte Suprema, indica en el considerando quinto, "Que, como se observa, la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita".

Finalmente, la sentencia Rol N° 26.248-2019 de la Excelentísima Corte Suprema, indica en su considerando quinto, "Que de lo razonado se concluye que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita".

Sobre lo confianza legítima:

Primeramente, es pertinente tener presente que tal como lo señala la recurrente en su presentación, el Dictamen N° 6.400, de 2018, de la Contraloría General de la República, que "fija a las autoridades márgenes y criterios respecto de las desvinculaciones de los funcionarios principalmente bajo la modalidad "A contrata", al establecer que si bien, la atribución o facultad de no renovar las contratas, o terminarlas antes de tiempo, es una facultad exclusiva de las autoridades de la administración del ESTADO, éste término anticipado, o no renovación, no puede basarse sólo en la simple justificación de ser el detentor de la facultad, sino que, de por medio, haya un razonamiento de tal envergadura que Implique la no existencia siquiera de un atisbo de arbitrariedad, en el acto que pone término al vínculo laboral entre el servidor y el ESTADO. El dictamen, fija una exigencia mayor a la autoridad para el uso de la facultad de no renovar o terminar antes de tiempo las contratas de los funcionarios públicos afectos a éste régimen laboral".

Al respecto, cabe señalar que los fundamentos se consideraron expresamente por la autoridad en el acto administrativo que dispone el término anticipado de la designación a contrata de la recurrente, instrumento que, por lo tanto, se basta a sí mismo, dado que contiene la totalidad de las razones expuestas por la referida autoridad para solicitar el cese de funciones.

El Ente Contralor, en los Dictámenes N° 6400/2018 y E156769/2021 explícitamente señala, en lo que dice relación al principio de confianza legítima, entre otros, que: "De este modo, y en concordancia con los dictámenes N°s 12.248 y 18.901, ambos de 2017 y de este Órgano de Control, podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión...

- La supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente".

V- EN CUANTO A LA SUPUESTA AMENAZA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, REFERIDAS AL ARTÍCULO 19 N°s 2, 16 y 24.

Como se ha venido diciendo, en la decisión, no existe vulneración ni afectación alguna a los derechos cuyo ejercicio garantiza la Constitución Política de la República, porque la decisión de poner término anticipado a la designación de contrata, se dictó con plena sujeción a la normativa legal vigente y aplicable a la materia.

No existen indicios suficientes que demuestren que la decisión de poner término anticipado a la designación de contrata de la actora es producto de actos discriminatorios ni que afecten su derechos y garantías constitucionales, pues ninguno de los antecedentes que se citan como indiciarios de vulneración de derechos, tienen la suficiencia para configurar un despido lesivo de los mismos, como se sugiere en este proceso recursivo, lo que en todo caso, es cuestión de lato conocimiento cuyo juzgamiento corresponde a los tribunales ordinarios con competencia en la materia.

En este sentido, cabe señalar que el actuar de esta Secretaría de Vivienda y Urbanismo se ha apegado estrictamente a la legalidad vigente, existiendo una total motivación en la ejecución del acto recurrido, el cual, a diferencia de lo sostenido por la recurrente, se encuentra absolutamente fundado en razón de las atribuciones que la Ley confiere a la Autoridad, de forma tal que no existe, ni estamos en presencia de un acto arbitrario como se pretende plantear en esta acción, ni menos se ha lesionado el derecho de igualdad ante la ley, el derecho de la libertad de trabajo y su protección y, el derecho de propiedad, toda vez que sólo se ha actuado en base a la legalidad vigente.

Cita la Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción Rol N° 15.439-2018, Acompañó los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta RA 272/2082/2022 que designa a contrata. 2. Resolución Exenta RA N° 272/1607/2022 de fecha 19.08.2022 que pone término anticipado de designación a contrata. 3. Ord. N° 975 de fecha 22.08.2022 que notifica término anticipado.

A folio N° 9 comparece don nombre reservado, Abogado Procurador Fiscal de Temuco, del Consejo de Defensa del Estado, por el Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo Región de la Araucanía, quien se hace parte en esta instancia en el presente recurso de protección.

A folio N° 12 se trajeron los autos en relación.

A folio N° 17 la recurrente acompaña Ordinario N° 371, de fecha 22 de marzo de 2023, de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía doña nombre reservado dirigido a la Jefa de la División Administrativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sobre autorización DIPRES para provisión de cargo, el cual es del siguiente tenor: “Junto con saludar me permito enviar solicitud de autorización para provisión de cargo, y en cumplimiento de lo establecido en N° 47 y 48, acápite XVIII, referido a "nuevas contrataciones" del Instructivo N° 04 del 25 de Marzo de año 2022. Instructivo sobre el buen uso de los recursos fiscales, y de acuerdo a las instrucciones impartidas, vengo en solicitar que se gestione ante la Dirección de Presupuestos la autorización para la provisión de cargo vacante generado por cupo del/a ex funcionario/a nombre reservado, adjuntando para constancia, el certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por este Servicio, que refleja que se cuenta con los recursos pertinentes para su financiamiento”. Se agrega, además, que “En relación con la contratación antes señalada, resulta indispensable la urgente necesidad regional de fortalecer y reforzar el área de personal, en ese sentido es indispensable poder reponer el cupo, con el objeto de dar continuidad a las labores de la Sección de Personal. Dicho ingreso tiene como fin trascendental la colaboración, elaboración y transferencia de información administrativa y sistemas y estadísticos, y se debe contar profesional que tenga conocimiento en los siguientes productos:-Estatuto Administrativo; -Proceso de Reclutamiento;-Tabulación y estadísticas de información de personal y - Registro de información en plataforma siaper/sigfe.”

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en estos autos se reclama por la actora nombre reservado de la Resolución Exenta N° 272/1607/2022 de fecha 19 de agosto del 2022, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, por la cual se dispone el término anticipado de su designación a contrata en la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía, por no ser necesarios sus servicios, acto que considera ilegal y arbitrario, toda vez que no da siquiera un atisbo de justificación o argumento válido o, debidamente fundado, que avale la decisión de la autoridad, señalando simplemente, en términos generales que, se elimina uno de los puestos de trabajo referidos al perfil denominado “analista de registros técnicos departamento planes y programas de vivienda y equipamiento”, quedando otros funcionarios desarrollando las mismas funciones, en circunstancias que ya se ha designado a otro funcionario para ocupar su puesto y en términos que, además, en la referida resolución, no se indica de manera alguna cómo se materializa o de qué manera afecta el puesto de trabajo o la función que le correspondía para prescindir de sus servicios y dejar a otros de este grupo, total de cinco, seguir en las mismas funciones, relevando, en tal sentido, que el Dictamen N°6.400-2018 de la Contraloría General de la República exige que el razonamiento sea fundado y este fundamento debe necesariamente cumplir con los estándares impuestos por la Constitución Política de la República de Chile, las respectivas normativas que regulan derechos y atribuciones de las autoridades que hacen parte de la administración del Estado, siendo del caso que la resolución recurrida no los cumple.

Sostiene también, que se desempeñó desde el 1° de abril del año 2019 y hasta el 30 septiembre del año 2021, como funcionaria pública en calidad jurídica a honorarios, y desde 01 de octubre del 2021 y hasta el 22 de agosto del año 2022 como funcionaria pública en calidad jurídica a contrata en la aludida SEREMI, Sección Administración y Finanzas, por lo que se encontraba amparada por la confianza legítima de que su contrata se mantendría y sería renovada al término del periodo que se completaría el 31 de diciembre del año 2022, agregando, finalmente, que estaba asignada por el cupo correspondiente en razón de la Ley N°21.015, sobre Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, siendo clara su afinidad política contraria a la actual administración, TERCERO: Que, en forma previa a entrar al análisis de la acción deducida, corresponde hacerse cargo de la alegación de la recurrida, en orden a la falta de legitimación pasiva, que fundó en que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo forma parte de la Administración del Estado, con dependencia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, teniendo dicho Servicio el carácter de desconcentrado territorialmente respecto del Ministerio respectivo, careciendo además, de facultades para representar en juicio los intereses del Estado, sosteniendo, en tal sentido, que la representación legal para efectos judiciales de dicha SEREMI, correspondería al Consejo de Defensa del Estado, adicionando a sus argumentaciones, que la Resolución Exenta RA N° 272/1607/2022 de fecha 19.08.2022 que dispuso el término anticipado de la designación a contrata de la recurrente, fue dictada por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

Dicha alegación será rechazada, teniendo en consideración para ello, que quien representa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en esta Región, en donde específicamente prestaba sus servicios la recurrente, es precisamente la señora Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, a cuyas órdenes se encontraba sometida la actora, pues se entiende que para dicha funcionaria, quien representa al citado Ministerio es la aludida SEREMI, más aún considerando que la Resolución recurrida, dictada a su vez por la Subsecretaría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, surte sus efectos en esta Región, siendo del caso, finalmente, que el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en la presente causa por la recurrida.

CUARTO: Que, corresponde entonces, analizar y decidir, si la decisión adoptada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, específicamente por la Subsecretaría de dicho Ministerio, representado en esta ciudad por la Sra. Secretaria Regional Ministerial, de poner término en forma anticipada a la contrata de la actora, se encuentra ajustada a la legalidad vigente o si por el contrario, este acto administrativo resulta ser ilegal y/o arbitrario, en términos de hacer procedente este recurso cautelar.

QUINTO: Que, para tales efectos se tendrá presente que conforme al artículo 10 de la ley N° 18.834, "los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos".

Asimismo, la práctica y jurisprudencia administrativa han reconocido que lo anterior faculta a la autoridad administrativa para incorporar en forma expresa, si así lo estima pertinente, una fecha anterior de vencimiento, o la cláusula hasta que los servicios sean necesarios, lo que permitiría poner fin a la relación laboral, antes del vencimiento señalado en el acto de contratación, pero de manera fundada, expresando los motivos por los cuales ya no son requeridos los servicios.

En efecto, tal como se ha señalado reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, y recientemente en sentencia dictada con fecha 19 de mayo del presente año, en causa Rol 137.841-2022, de conformidad a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se exige a la Administración que sus decisiones contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que las sustenten y que en este sentido, el término anticipado de la contrata, como cualquier acto administrativo debe satisfacer los estándares de motivación, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad. Es así como el artículo 1° inciso segundo del referido texto legal, previene la obligación de motivar en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y fundamentos de derecho que afecten los derechos o prerrogativas de las personas. A su turno, también el artículo 4° inciso cuarto del aludido texto legal dispone que “las resoluciones que contenga la decisión, serán fundadas”. Proceder que, por lo demás, se hace enteramente exigible por mandato del artículo 8 ° de la Constitución Política de la República.

Se ha sostenido, además, por la Excma. Corte Suprema, lo que esta Corte de Apelaciones también comparte y hace suyo que si bien la Administración está revestida de facultades regladas y discrecionales, lo relevante es que, incluso al hacer uso de las últimas potestades, en que goza de cierto ámbito de libertad al momento de adoptar la decisión, no sólo debe existir una norma expresa que la consagre ante precisos supuestos de hecho, sino que además, de igual forma tal facultad está sujeta a los límites que determina su control por parte de la judicatura, agregándose por el Máximo Tribunal que, en este aspecto, es efectivo que no procede que los órganos jurisdiccionales sustituyan la decisión de la Administración realizando una nueva ponderación de los antecedentes que la determinan; sin embargo, aquello no excluye el control jurisdiccional respecto de los actos administrativos que tienen su origen en el ejercicio de una facultad de carácter discrecional por parte de la Administración, toda vez que, como todo acto administrativo, deben cumplir con las exigencias previstas en la ley, razón que determina la necesidad de verificar la existencia de los elementos intrínsecos. Tal materia, se ha dicho, puede y debe ser controlada por la judicatura en tanto exista un conflicto que ha sido puesto en su conocimiento, toda vez que la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad.

De esta manera se concluye por la Excma. Corte Suprema, que es el órgano público recurrido quien debe no sólo señalar que existe una norma que le entregue la facultad, sino que además debe acreditar la existencia del supuesto fáctico que le permite sustentar la decisión, además de probar que aquella fue ejercida para los fines públicos para los cuales fue conferida, demostrando la racionalidad del acto administrativo en cuestión.

SEXTO: Que, teniendo presente lo anterior, ha de consignarse que en la Resolución Exenta N° 272/1607/2022 de fecha 19 de agosto del 2022, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo en contra del cual se recurre, que resuelve poner término anticipado a la contrata de la actora, se señala que aquélla ingresó a la Seremi Regional de la Región de la Araucanía, el 01 de abril de 2019, suscribiendo un contrato en calidad de honorario, calidad que mantuvo hasta el 30 de septiembre de 2021 y que a contar del 01 de octubre de 2021, fue contratada en calidad de contrata profesional grado 16 de la E.U.R., siendo aquélla prorrogada para el año 2022.

Acto seguido, se hace referencia a que en el contexto de ejecución del Plan de Emergencia Habitacional y en atención al rezago existente en la ejecución de varios programas, entre ellos PHR y Regeneración de Barrios, la SEREMI Región de la Araucanía manifiesta la necesidad imperiosa de reforzar a los equipos técnicos, lo que sumado al análisis del recurso humano disponible respecto de la subunidad de registros técnicos, la que actualmente funciona con 5 profesionales, la SEREMI MINVU Araucanía, ha decidido eliminar uno de los puestos de trabajo y/o funciones referidas al perfil denominado "ANALISTA DE REGISTROS TÉCNICOS DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO", y que implicaba el desarrollo de las siguientes funciones:

a)

Participar en los procesos relativos a los requerimientos derivados de los proveedores de los Registros Técnicos, lo que incluye desde velar por el cumplimiento de los requisitos, hasta la atención de usuarios internos y externos de dichos registros.

b)

Participar en el desarrollo de las acciones transversales al Departamento de Planes y Programas y a la gestión ministerial, pudiendo proveer de asistencia técnica e información a cualquiera de ellos.

c)

Según su competencia técnica, los procesos que estén enfocados a la solicitud de actualización, aumento de categoría, Informes técnicos o cualquier otro requerimiento de personas naturales y jurídicas, de los diversos Registros.

d)

Participar en la sistematización de la gestión documental de todos los antecedentes físicos y digitales presentados por los proveedores e)

Hacer propuestas y ejecutar acciones que permitan la consecución de los objetivos y funciones del área donde se desempeña, de manera de colaborar con el coordinador y los demás miembros del equipo, así como respecto del resto del departamento f)

Participar del cumplimiento de las metas internas relativas al Área, vinculándose con entes tanto internos como externos a la gestión ministerial, a fin de cumplir objetivos del Departamento.

g)

Responsable de resolver dudas en la aplicación de la normativa vigente de cada Registro, para usuarios externos como internos del Servicio.

Y se agrega que la actora, actualmente desempeña el cargo de "ANALISTA DE REGISTROS TÉCNICOS DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO", razón por la que se hace prescindible su permanencia en la SEREMI de la Araucanía, señalándose, a continuación, que la decisión de la Autoridad regional tiene por objetivo redirigir los recursos humanos hacia áreas técnicas en desequilibrio o que requieren un refuerzo mayor por la exigencia de los nuevos desafíos asumidos en esta gestión, adicionándose que desde el año 2018 en adelante existe un pleno consenso nacional y estudios de estadísticas que hablan de la necesidad imperiosa de vivienda en Chile, y del déficit actual que existe en el país contabilizando en más de 650 mil viviendas.

Se agrega como motivo de la decisión, que el 12 de mayo del año 2022 se promulgó la ley 21.450, y que de acuerdo con esta Ley, el Ministerio elaboró el Plan de Emergencia Habitacional, (PEH), el que fue entregado por el Ministro de Vivienda y Urbanismo al Presidente de la República con fecha 3 de julio de 2022, cuyo objetivo principal es abordar con sentido de urgencia la demanda habitacional que existe en Chile, que se estima en cerca a las 650 mil viviendas, indicándose que el Plan de Emergencia Habitacional obliga a la contratación de profesionales técnicos y de experiencia para el Ministerio de Vivienda y sus organismos dependientes como las Seremías regionales, adicionándose, que en paralelo, la Región de La Araucanía debe enfrentar el rezago del Programa de Habitabilidad Rural, que en la región supera los 5 mil subsidios asignados en el periodo mayoritario de 2018 a 2021 y que aún no tienen ejecución de obra, de modo tal que la atención de tal rezago, implica acelerar procesos de calificación de proyectos, seguimiento, trabajo con las constructoras, establecimiento de alianzas para mejorar procesos constructivos a través de la Industrialización, establecimiento de estrategias específicas en comunas donde no existe oferta por conflictos socioterritoriales vigentes, entre otros.

Se señala, finalmente que de acuerdo a lo antes referido, la SEREMI regional requiere realizar ajustes que dicen relación con el cambio de profesionales dado que se requiere más personal técnico y profesional para lograr el objetivo en la región.

SÉPTIMO: Que, las razones esgrimidas por la recurrida, en el acto impugnado, sin embargo, no cumplen con las exigencias a las que se ha venido haciendo referencia en los considerandos precedentes, pues a partir de su pormenorizado examen no resulta posible comprender la razón por la cual la recurrida determina la eliminación del puesto de trabajo que servía la actora nombre reservado, en circunstancias que aquélla formaba parte de una subunidad integrada por cinco profesionales, no resultando posible entender, además, cómo su desvinculación permitiría destinar recursos para la contratación de profesionales técnicos, que no se especifican en cuanto a su número o competencias.

Lo anterior, por lo demás, queda especialmente en evidencia al analizar el documento incorporado por la recurrente, a folio 17, consistente en Ordinario N° 371, de fecha 22 de marzo de 2023, de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía, dirigido a la Jefa de la División Administrativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por el cual la primera solicita que se gestione ante la Dirección de Presupuestos la autorización para la provisión de cargo vacante generado por cupo del/a ex funcionario/a nombre reservado, adjuntando para constancia, el certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por dicho Servicio, que refleja que se cuenta con los recursos pertinentes para su financiamiento, agregándose, que el grado a proveer, es el de profesional ingeniero comercial grado 16, y que “En relación con la contratación antes señalada, resulta indispensable la urgente necesidad regional de fortalecer y reforzar el área de personal, en ese sentido es indispensable poder reponer el cupo, con el objeto de dar continuidad a las labores de la Sección de Personal.”

De esta manera, ha quedado de manifiesto, en virtud de un acto propio de la parte recurrida, la inexistencia de razones fundadas, para poner término anticipado a la contrata de la actora, desde el momento que no obstante señalarse en el acto impugnado que se había decidido eliminar el cargo que aquélla servía ya que se hacía necesaria la contratación de profesionales técnicos y de experiencia, al mes de marzo del presente año, la recurrida consideró indispensable “reponer el cupo” que quedó vacante debido a la desvinculación de la actora, con un profesional que ostente la misma profesión de aquélla y para los fines de reforzar el área de personal.

OCTAVO: Que así, es posible concluir que si bien en la resolución recurrida se dan argumentos para disponer el término anticipado de la contrata de la actora, que permitirían concluir, a un somero análisis, que se ha cumplido con el deber de motivación y fundamentación que exige la legislación administrativa; en el fondo, las razones que allí se señalan, no constituyen en sí un justo y objetivo argumento para ejercer la discrecionalidad administrativa sobre dicha base.

NOVENO: Que, en consecuencia, la decisión administrativa discrecional que aquí se alza como causa de pedir, devino en ilegal y arbitraria. Ilegal porque pugna con la normativa a la que debió atenerse la recurrida y que más arriba se dejó explicada, y arbitraria, porque se decidió la separación de la actora de sus funciones, limitándose a invocar una serie de circunstancias que no se encuentran comprobadas en la especie, constituyendo ello una vulneración al derecho de la igualdad, contenido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al imponer diferencias arbitrarias a la hora de fundamentar los actos administrativos, por lo que corresponde acoger el presente recurso, siendo inoficioso referirse a las demás alegaciones de la defensa relativas a otro tipo de vulneraciones.

DÉCIMO: Que, en relación a las medidas que se dispondrán por esta Corte para restablecer el imperio del Derecho, resulta necesario analizar la alegación de la recurrente en orden a encontrarse amparada por el principio de la confianza legítima, el que fundó en la circunstancia de que se desempeñó en la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, Sección Administración y Finanzas, desde el 1° de abril del año 2019 y hasta el 30 septiembre del año 2021 como funcionaria pública en calidad jurídica a honorarios, y desde 01 de octubre del 2021 y hasta el 22 de agosto del año 2022 como funcionaria pública en calidad jurídica a contrata.

En tal sentido se tendrá presente, tal como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema de Justicia en causas Rol 135.613-2022; 137.841-2022 y 26.575-2023, lo que esta Corte de Apelaciones comparte y hace suyo, que “si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de designación ésta concluye por el sólo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario.”

Atento lo anterior y no encontrándose la actora protegida por el principio de la confianza legítima, la presente acción cautelar será acogida, para el solo efecto de pagar las remuneraciones devengadas hasta el término natural de la última prórroga de la contrata, Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE ACOGE el deducido por nombre reservado en contra de la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO de la región de la Araucanía, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° 272/1607/2022 de fecha 19 de agosto del 2022, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo que puso término anticipado a la designación a contrata de la actora, debiendo la autoridad recurrida, en consecuencia, pagar a la recurrente la totalidad de sus remuneraciones y cotizaciones devengadas a su favor mientras duró la separación de los servicios y hasta el día 31 de diciembre de 2022.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Suplente Sra. Cecilia Subiabre Tapia.

Rol N° Protección-34601-2022.(jog)