nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de abril de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1-2022 comparece nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de doña nombre reservado.

Expone que contrajo matrimonio con doña nombre reservado con fecha 17 de enero de 2002, ante oficial civil de la circunscripción de Valdivia, del Servicio de Registro Civil e Identificación. En el acto del matrimonio, pactaron el régimen de separación total de bienes. Del referido matrimonio, nacieron tres hijas comunes, de actuales 19 años ,14 y 13 años de edad respectivamente Señala que, como consecuencia de la interposición estratégica e infundada de una demanda de violencia intrafamiliar incoada por la recurrida en contra del suscrito, es que, en el mes de marzo del año 2021, se produce el cese de la relación conyugal, en razón de la medida cautelar de prohibición de acercamiento decretada en su contra, quedando la recurrida viviendo con sus tres hijas, en el inmueble inserto en un predio de 30 hectáreas de su propiedad. Es así como se inicia una serie de juicios en su contra.

Que con fecha 16 de marzo de 2021, la recurrida deduce demanda de declaración de bien familiar en su contra, la cual fue conocida por el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, en autos RIT C-65-2021 respecto de las 30 hectáreas que componen el predio del suscrito, solicitando a su vez, la declaración provisoria de la totalidad del mismo, sin circunscribir su pretensión, como habría sido razonable, al sitio N° 17, en que efectivamente se emplaza la vivienda familiar.

Hace presente, que en audiencia de fecha 9 de agosto de 2021, solicitó que se redujera la afectación provisoria de bien familiar a la porción de terreno en que efectivamente se emplaza la vivienda familiar, correspondiente al sitio N° 17, lo cual fue rechazado en aquella instancia, y apelado posteriormente, resolviendo la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 20 de septiembre de 2021, la medida cautelar de reducción de afectación provisoria de bien familiar en los siguientes términos “que se reduce la superficie de inmueble afecto provisoriamente a la declaración de bien familiar, quedando dicha medida circunscrita al inmueble donde actualmente residen la demandante nombre reservado y las niñas, hijas comunes con el demandado, y al parque adyacente en una extensión de dos hectáreas, excluyéndose en consecuencia 28 hectáreas que se desafectan de la declaración provisoria de bien familiar”. Con dicho fallo, se redujo también la afectación provisoria de bien familiar, lo cual fue debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Pucón, mismo día, que también se conoce del recurso de apelación interpuesto por la defensa de la madre, en cuya virtud S.S. Ilma. aumentó considerablemente la cuantía de los alimentos provisorios fijados.

Indica que lo anterior, fue coincidente con lo resuelto en definitiva en la referida causa, pues por sentencia de fecha 11 de abril de 2022, el tribunal de primera instancia accede parcialmente a la demanda, afectando como bien familiar 2 de las 30 hectáreas (parcela 17), considerando la extensión de la parcela en que se emplaza la vivienda familiar. Dicha sentencia fue apelada por las partes, cuya apelación se concedió en el solo efecto devolutivo, y se encuentra pendiente de ser conocida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco.

Que con fecha 19 de marzo de 2021, la recurrida deduce demanda de violencia intrafamiliar en contra del suscrito, causa también fue seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, bajo el RIT F-53-2021. Con fecha 23 de marzo del mismo año, el tribunal decretó la medida cautelar de salida inmediata del hogar, así como también la prohibición de acercamiento del suscrito a la persona de la presunta víctima, tanto a su domicilio, como a su lugar de trabajo, y a cualquier lugar en que ésta se encuentre.

Que tras la renovación sistemática de la referida medida, con fecha 26 de octubre de 2021 el Tribunal aclaró que la medida cautelar de prohibición de acercamiento “comprende desde el portón de ingreso al predio, esto es, desde el acceso al domicilio ubicado en domicilio reservado, puesto que es el único camino al predio en que reside la actora”. Ello precisamente ocurre días después en que, tras el cúmplase de resolución de fecha 20 de septiembre de 2021 en que se redujo la afectación provisoria de bien familiar a solo 2 de las 30 hectáreas de propiedad del suscrito, hace ingreso al mismo, a un espacio considerablemente alejado de la vivienda familiar, ingresado a su predio con la idea de comenzar a producir para hacer frente al pago del elevado monto de pensión de alimentos que se había fijado recientemente, el que, según señala, a sus 70 años y en calidad de jubilado, constituye un alto gravamen que afrontar.

Lo cual, señala, dio origen a una serie de nuevas acciones judiciales iniciadas en su contra por la recurrida, periodo en el cual, además, hace ingreso a la propiedad topógrafo nombre reservado, a fin de instalar hitos, linderos y estacas en el sitio 16, con el objeto de delimitar los espacios físicos y de esta forma conciliar la protección reclamada por la recurrida, en su calidad de supuesta víctima, con el derecho de dominio del suscrito y su consecuencial derecho al trabajo en el predio de mi propiedad.

No obstante, lo anterior, con fecha 15 de julio de 2022, se dictó sentencia definitiva en la referida causa, mediante la cual se rechazaron las demandas de violencia intrafamiliar interpuestas por las partes, quedando sin efecto las medidas cautelares decretadas, lo cual fue certificado por Ministro de Fe con fecha 25 de julio del año en curso.

Menciona que con fecha 13 de abril de 2021, la recurrida deduce demanda de alimentos y ofrecimiento de régimen de relación directa y regular en contra del suscrito, la cual es conocida por el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, en autos RIT C-95-2021. Conjuntamente con tener por interpuesta la demanda de alimentos, el Tribunal decretó como alimentos provisorios la suma de $1.500.000 mensuales, descontándose de dicho monto el pago directo de la educación y plan de salud Isapre de las alimentarias.

Con fecha 20 de septiembre de 2021, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco declaró que los alimentos se aumentarían a la suma de $1.500.000, más el pago del plan de salud ISAPRE de las alimentarias y más el pago de la colegiatura de las mismas. Como se podrá apreciar, el mismo día en que se aumenta la cuantía de los alimentos provisorios, S.S.Iltma. accede reducir a dos de las treinta hectáreas, la afectación provisoria de bien familiar. Señala que, de la interpretación armónica de ambos fallos provisorios emanados de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, apunta precisamente a liberar de la afectación de bien familiar la superficie de 28 hectáreas, de manera de permitir que éstas sean productivas y trabajadas efectivamente por su parte, para poder cubrir en mejor forma el aumento de los alimentos provisorios que con esa fecha se estaba otorgando a la recurrida. Indica que esta causa aún se encuentra en tramitación, cuya continuación de audiencia de juicio se encuentra programada para el día 29 de septiembre de 2022.

Señala que existen dos causas en tramitación, la primera de ellas, por la materia de vulneración de derechos, y la segunda, por las acciones de cuidado personal y regulación de régimen de relación directa y regular, ambas se encuentran en tramitación, en etapa de audiencia preparatoria. Finalmente, con fecha 15 de octubre de 2021, la recurrida deduce una nueva demanda de violencia intrafamiliar en contra del suscrito, la cual es conocida por el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, bajo el RIT F-208-2021. La referida causa, se encuentra en estado de tramitación, culminándose las audiencias preparatorias de la misma.

Luego de que se certifica que en autos RIT F-53-2021 han cesado las medidas cautelares, con fecha 11 de agosto del año en curso se decreta la medida cautelar de prohibición de acercamiento del suscrito a la persona de la denunciante doña nombre reservado, a su domicilio, lugar de trabajo y/o en la vía pública, por el término de 90 días. Lo anterior, pese a que con fecha 15 de julio del mismo año, el mismo Tribunal dictó sentencia de primer grado desestimando la existencia de actos de violencia de parte del suscrito, en autos RIT F-53-2021.

Indica que, en este contexto, las tentativas de nuevas cautelares solicitadas por la recurrida para protegerse de eventuales actos de violencia, no tendrían sino, como objetivo, embarazar su derecho de dominio y con ello, el libre acceso para trabajar, ingresar y explotar el predio de su propiedad. Dicha resolución, fue objeto de recurso de reposición con apelación en subsidio. A la reposición, el Tribunal resolvió con fecha 19 de agosto lo que a continuación se indica: “I.- Que, SE ACOGE PARCIALMENTE el recurso de reposición, sólo en cuanto a la limitación de los metros respecto de los que el denunciado no deberá acercarse a la denunciante, fuera de su domicilio. II.- Que, en consecuencia, se complementa lo resuelto con fecha 11 de agosto de 2022, en el siguiente sentido: Luego de donde dice: “La PROHIBICIÓN DE ACERCARSE del denunciado don nombre reservado, a la persona de la denunciante doña nombre reservado, a su domicilio, lugar de trabajo y/o en la vía pública.” Se agrega lo siguiente: “Que, en cuanto a la prohibición de acercarse, fuera del domicilio de la denunciante; esto es, lugar de trabajo y/o en la vía pública, se establece un rango de 200 metros a la redonda.” Quedando incólume todo lo demás”.

Hace presente que dentro de la fundamentación del Tribunal para acoger solo parcialmente el recurso de reposición deducido, se encuentra la falta de demarcación y delimitación de la parcela 17 de dos hectáreas, en la cual se emplaza la vivienda familiar en la que efectivamente reside la actora, de las 28 hectáreas restantes, también de su propiedad, en particular respecto de la parcela 16, que corresponde a la parcela contigua, conforme plano de subdivisión. Refiere que la resolución considera expresamente que: “Es en este sentido, precisamente, donde el riesgo aumenta, ya que existe la posibilidad de tener contacto entre ambos, al no existir límites en el espacio físico, debido a que mantienen un mismo ingreso al predio donde pretende ingresar el denunciado”.

Agrega que con fecha 12 de septiembre de 2022, con la finalidad de conciliar el respeto de la medida cautelar decretada, con el ejercicio de su derecho de dominio y trabajo, contrato los servicios de un topógrafo para proceder a la demarcación y delimitación de la parcela N° 16 que deslinda con la parcela N° 17 en que se enmarca la vivienda familiar, contactándose ese mismo día el referido profesional con la recurrida para informar el día y hora en que se procederá a delimitar el espacio físico, reaccionando esta última con rotunda oposición.

Manifiesta que como se podrá apreciar, la situación del suscrito es crítica, pues se encuentra inmerso en una álgida conflictiva judicial, que merma permanentemente sus derechos de propiedad frente a la falta de delimitación de los sitios, y como contrapartida a ello, se ve en la imposibilidad de ejercer su trabajo y libertad de emprendimiento, a fin de satisfacer las necesidades de sus hijas, poniendo en riesgo con ello la debida protección de la familia común.

Expresa que los actos arbitrarios e ilegales ejecutados por la recurrida, que han conllevado a que el suscrito se encuentre sufriendo una privación y perturbación del legítimo ejercicio de los derechos que me confiere el artículo 19 N° 16, 21, y 24 de la Constitución Política de la República.

Hace presente en el caso de marras, que es dueño de las parcelas 16 y 17 del inmueble denominado Lote D, de una superficie de treinta hectáreas, resultante de la subdivisión de un predio de mayor extensión del denominado Lote A, ubicado en el lugar el Claro de la Comuna de Pucón, el cual se encuentra inscrito a fojas 1086 Número 641 del registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón del año 2004. Del referido predio, únicamente se encuentran afectadas a declaración de bien familiar, 2 de las 30 hectáreas, correspondiente a la parcela N° 17, conforme dispone la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 11 de abril de 2022, dictada en autos RIT C-65-2022 del Juzgado de Letras y Garantía de Pucón.

Asevera, que en tanto dueño de las parcelas N° 16 y 17, y conforme lo disponen los artículos 842 y 844 del Código Civil, tiene legítimo y absoluto derecho de delimitar la superficie del predio de su propiedad, y en especial, las parcelas resultantes de la subdivisión realizada en el mismo, la cual se encuentra debidamente aprobada por el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, todo lo cual, consta en documentación acompañada. Máxime si la necesidad de delimitar y demarcar el espacio, es el fundamento central en que descansa la medida cautelar recientemente decretada en autos RIT F-208-2022, y que le impide ingresar a su predio, a fin de ejercer su legítimo derecho de propiedad y trabajo, ambos constitucionalmente garantizados. A mayor abundamiento, la parcela que se pretende delimitar, esto es, la parcela N° 16, no se encuentra afecta a declaración de bien familiar alguna; y además, en materia de violencia, existe ya una sentencia de primer grado que desestima la demanda de la recurrida.

Expone, que pese al derecho que la ley le reconoce de delimitar y demarcar su propiedad, la Sra. nombre reservado ha sido contumaz en obstaculizar e impedir al topógrafo la realización de este trabajo, dado que no es primera vez que esto ocurre, en efecto, con fecha 21 de octubre de 2022, contrató los servicios de un Profesional Topógrafo e Ingeniero Forestal, a fin de concurrir al inmueble de su propiedad y establecer los deslindes correspondientes a plano de subdivisión del predio, previamente aprobado por el SAG, e inscrito en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces. En dicha oportunidad, la gestión fue informada a la demandante por medio de su abogada doña Sonia Vargas Etcheverry, sin que se hubiere opuesto de forma alguna a la diligencia. Pese a ello, lo cierto es que, de parte de la recurrida, se procedió a remover las estacas e hitos que demarcaban los deslindes, con lo cual, quedó inutilizado el trabajo efectuado. Hace presente, que la gestión efectuada por el topógrafo fue realizada única y exclusivamente, tras la recepción del cúmplase de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, mediante la cual se reduce la afectación provisoria de bien familiar a 2 de las 30 hectáreas del predio.

Expresa que en razón de los arbitrarios e ilegales actos cometidos por la recurrida, es que se le ha privado de su legítimo derecho de propiedad, y de ejecutar actos de disposición que la propia ley y Carta Magna le confieren, pero que, sin embargo, la recurrida insiste en perturbar sin justificación legal alguna. Prueba de lo anterior, es la solicitud de medida cautelar recientemente interpuesta por la recurrida, y concedida por el tribunal, limitando el acceso al predio por parte del suscrito, habida cuenta de la inexistencia de delimitación del espacio físico.

Indica que nuevamente, a raíz de esta última resolución y frente a la apremiante necesidad de ingresar a mi predio, contacto una vez más al topógrafo mencionado, negándose la recurrida por escrito a través de correo electrónico de fecha 16 de septiembre de 2022, a que el suscrito ejerza el legítimo derecho de demarcación y cierre del predio de su propiedad, en lo que respecta a la demarcación de las parcelas 17 y 16. Correo electrónico que es acompañado al otrosí, y en el que de forma expresa la recurrida señala a topógrafo don nombre reservado “Estimado nombre reservado, He recibido su correo quisiera informarle que aún no está definido el bien familiar. Y hay muchas cosas no claras con respecto a planos y otros. Además quisiera comunicarle que no autorizo extraños en la propiedad. Saludos cordiales”, resultando evidente la falta de mérito del rechazo de la recurrida, así como también, la arbitrariedad e ilegalidad de su negativa a que el suscrito ejerza su derecho de propiedad y los atributos del dominio, tal cual lo garantiza la Constitución y las leyes, ya que, con la negativa de la recurrida, se impide poder conciliar la protección de la misma, en calidad de supuesta víctima, demarcando los espacios físicos, con el legítimo ingreso del suscrito al inmueble de mi propiedad, a fin de trabajar y explotar el giro del mismo.

Cita al respecto el inciso primero del artículo 846 del Código Civil, que prescribe “El dueño de un predio podrá obligar a los dueños de los predios colindantes a que concurran a la construcción y reparación de cercas divisorias comunes” y el inciso tercero del artículo 19 numeral 24º, agrega que “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador” y que en este caso la recurrida no puede valerse de ley general ni especial alguna para limitar las facultades que le confiere el dominio en virtud del derecho de propiedad constitucionalmente garantizado por el artículo 19 N° 24 de la Carta Magna, pues no existe disposición legal de ningún tipo en ese sentido. Así tampoco existe resolución judicial dictada por ningún Tribunal de la República, que autorice a la recurrida a perturbar el legítimo ejercicio de mis derechos.

Indica que lo anterior, debe ser analizado en relación al derecho fundamental previsto en el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución Política, el cual señala que: “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”, recalcando que dentro de la esencia del derecho de dominio y de la facultad de disponer, se encuentran los derechos consagrados en favor del dueño, en este caso, del suscrito, en los artículos 842 y 844 de Código Civil, derechos que están siendo arbitraria e ilegalmente perturbados por la recurrida, al negarle la posibilidad de demarcar su propiedad y la subdivisión de la misma, sin justificación alguna más que su mero capricho. Así las cosas, el derecho de propiedad del suscrito, respecto del dominio del inmueble citado, esta siendo permanente y gravemente perturbado por la recurrida, de forma ilegal y arbitraria.

Reitera, que en causa de violencia intrafamiliar seguida ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón bajo el RIT F-208-2021, se le negó la posibilidad de reducir la prohibición de acercamiento decretada, a la parcela de 2 hectáreas en que efectivamente se emplaza la vivienda familiar en que reside la recurrida, so pretexto de la falta de delimitación y demarcación del predio, es decir, el ejercicio del derecho de delimitar y demarcar, sería la forma de conciliar la eventual protección de la presunta víctima, con el ingreso al inmueble para explotar y trabajar el mismo y ahora, al negarse la recurrida a que el suscrito ejerza su legítimo derecho de demarcación, le está privando del ejercicio de garantías constitucionales, como son el derecho de propiedad y la libertad de trabajo y emprendimiento, y en consecuencia la posibilidad de proteger a su familia, pues sin poder ingresar a las restantes hectáreas de su propiedad, le resulta imposible ejercer las actividades agrícolas e inmobiliarias del predio, a fin de obtener recursos económicos para satisfacer las necesidades de la familia común, compuesta no solo por las partes, sino que también por tres hijas, dentro de las cuales se encuentran dos menores de edad en etapa escolar, y una hija mayor de edad cursando estudios universitarios en la ciudad de Santiago.

Expresa que a mayor abundamiento, la perturbación a manos de la recurrida, del ejercicio de mi derecho de propiedad, conlleva incluso una amenaza y perturbación del ejercicio de su derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, y a la libertad trabajo, previstos por el artículo 19 N° 16 y 21 de la Carta Fundamental, pues a través de actos ilegales y arbitrarios le impide ejercer el giro comercial y las actividades económicas del predio, en lo relativo a su explotación agrícola, ganadera e inmobiliaria, habida cuenta de la subdivisión practicada conforme a Derecho, vulnerando con ello mi libertad de trabajo.

Así las cosas, la negativa de la recurrida a que el suscrito a través de un profesional idóneo debidamente certificado, ejerza el derecho de demarcación que divida el espacio físico del sitio N° 17 respecto del resto del predio, derecho que la Constitución y las leyes le garantiza; constituye un acto ilegal y arbitrario que perturba y vulnera el legítimo derecho de propiedad garantizado por el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, y consecuencialmente con ello la libertad de emprendimiento y de trabajo prescritas en los numerales 16 y 21 del mismo cuerpo supralegal. Lo cual evidentemente debe ser reparado en el mayor breve plazo, a fin de obtener el restablecimiento del imperio del Derecho, asegurando que su libertad de trabajar su propiedad se ve fuertemente perturbado y amenazado mediante la privación de demarcar el inmueble Sostiene, que como se podrá apreciar, en la especie se verifican la concurrencia de actos perpetrados por la recurrida, quien de forma arbitraria e ilegal se ha negado a permitir el ingreso de topógrafo a la propiedad del suscrito a fin de demarcar y delimitar las parcelas 16 y 17 del predio, negación que es arbitraria al ser absolutamente contraria a la razón, e ilegal al contravenir los derechos constitucionales del suscrito y aquellos que me confieren los artículos 842 y 844 del Código Civil en su calidad de dueño, produciendo con ello un privación y perturbación del ejercicio legítimo derechos el suscrito, de aquellos garantizados constitucionalmente por el artículo 19 N° 16; 21; y 24 de la Constitución Política de la República, y susceptibles de Recurso de Protección en virtud del artículo 20.

Solicitando en definitiva: 1.- Que se autorice la demarcación y delimitación de la parcela 17 respecto de la parcela 16 de su propiedad, ubicadas en el denominado Lote D, el cual según consta en certificado de dominio, corresponde a una superficie de treinta hectáreas, resultante de la subdivisión de un predio de mayor extensión del denominado Lote A, ubicado en el lugar el Claro de la Comuna de Pucón, el cual se encuentra inscrito a fojas 1086 Número 641 del registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón del año 2004. 2.- Ordenar las providencias que S.S. Iltma. juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña documentos que indica al efecto A folio N° 9-2022 evacua informe la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Como punto de partida, niega enfática y categóricamente todos los hechos en que se funda el libelo ingresado por don nombre reservado, con la sola excepción de aquellos que serán reconocidos a lo largo del presente informe. En particular, niega tajantemente todas aquellas imputaciones que en su contenido se le han hecho y en las cuales se le sindica como autora de algún acto ilegal o arbitrario.

Parte señalando que la interposición del recurso de protección que dio origen a estos autos, no constituye sino una errónea estrategia procesal y un desesperado intento por obtener, en forma sumarísima, lo que hoy se encuentra siendo discutido en sendos juicios de lato conocimiento que se tramitan ante la judicatura competente.

Expresa, que efectivamente desde el año 2002 se encuentra casada con el recurrente, don nombre reservado y juntos somos padres de tres hijas: Nicole, Rosita y nombre reservado todas de apellidos nombre reservado nombre reservado y de actuales 19, 14 y 12 años de edad respectivamente y que en la actualidad, sus hijas –con sola la excepción de su hija Nicole, que estudia y pernocta durante la semana en la ciudad de Santiago–, residen permanentemente junto a ella en su casa ubicada en domicilio reservado, la cual, efectivamente, se encuentra situada en el inmueble de propiedad del recurrente consistente en el Lote D, de una superficie de 30 hectáreas, resultante de la subdivisión de un predio de mayor extensión del denominado Lote A, ubicado en el lugar el Claro de la comuna de Pucón.

Relata que durante los últimos años de convivencia junto al Sr. nombre reservado, debió soportar hechos de violencia intrafamiliar psicológica y económica permanentes, hechos que se encuentran siendo debatidos en la sede y oportunidad procesal correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que fue a raíz de dichos episodios de violencia intrafamiliar que en marzo del año 2021 se denunciaron y se solicitaron en contra del ahora recurrente, las medidas cautelares contempladas en las letras a) y b) del artículo de la Ley Nº20.066 que con fecha 26/03/2021 obligaron al Sr. nombre reservado a hacer abandono del hogar ese mismo mes y año y que le impidieron acercarse a ella, a su domicilio, y a cualquier lugar en que se encontrara.

Que paralelamente y después de haberse producido su separación, todos sus conflictos como matrimonio y familia se han judicializado dando inicio a una serie de procedimientos judiciales, todos ellos en tramitación actual tramitación.

En primera instancia y ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón, se iniciaron los siguientes procedimientos judiciales entre ambos: C-95-2021 Demanda de bien familiar; F- 53-2021 Demanda de VIF y demanda reconvencional de VIF; C-95-2021 Demanda de alimentos mayores y menores; P-45-2021 Demanda de medida de protección; C-195-2021 Demanda de cuidado personal y RDYR; F-208-2021 Demanda de VIF.

En segunda instancia y ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, se tramitan actualmente los siguientes recursos de apelación: Familia-716-2021 VIF: Familia-728-2021 VIF; Familia-815-2021 VIF; Familia-39-2022 VIF; Familia-64-2022 VIF; Familia-147-2022 VIF; Familia-185-2022 Alimentos; Familia-186-2022 Alimentos; Familia-216-2022; Familia-405-2022 VIF; Familia-447-2022 VIF.

Sostiene que la acción de protección deducida por el recurrente constituye un simple intento adicional por obtener aquello que no ha podido conseguir en los juicios indicados precedentemente –especialmente, de bien familiar y de violencia intrafamiliar– buscando adelantarse al resultado de procesos judiciales en curso, con la clara finalidad de perjudicarla y de mermar su situación de vida, como asimismo los derechos y la situación de vida de sus hijas.

Expresa que el recurso de marras se estructura en todo momento a partir de una premisa completamente falsa, cual es, que las dos hectáreas declaradas bien familiar por sentencia de primer grado dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón en causa RIT C-95-2021 –y sobre las cuales se encuentra situada la casa–, coincidiría con las dimensiones de aquello que el recurrente arbitrariamente ha denominado “Parcela 17”, cuya superficie se encuentra indicada en el plano acompañado en el primer otrosí de su recurso.

Sin embargo, señala que el recurrente en un claro intento por confundir a este Iltmo. Tribunal, omite convenientemente señalar un hecho de suyo relevante, que dicho plano es solamente una propuesta y aquello que actualmente se encuentra vigente es el certificado otorgado por el SAG, memoria explicativa y plano de subdivisión que se encuentran agregados al margen de la inscripción de dominio del Lote D de 30 hectáreas ubicado en el lugar el Claro de Pucón, bajo los números 15, 16 y 17 del Registro de Instrumento Públicos del año 2005. Dicha subdivisión muestra que el Lote 17 a que alude el recurrente, corresponde a una superficie de 5.000 metros cuadrados con los deslindes que allí se mencionan y, por el contrario, la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón en causa RIT C-95-2021, que además tuvo como antecedentes aquella dictada previamente por esta Iltma. Corte de Apelaciones en causa Rol Familia-550-2021 –que revocó, a su vez, la resolución de primer grado que había declarado provisoriamente bien familiar el predio completo–, establece que el bien familiar afecto es la casa patronal, más los parques adyacentes con una superficie total de dos hectáreas.

Afirma que ni la sentencia de primera instancia, ni la resolución de esta Iltma. Corte de Apelaciones dictada previamente, indican dónde comienzan y terminan las dos hectáreas declaradas bien familiar.

Recalca la recurrida, que NO existe resolución judicial alguna que mencione en su parte resolutiva que esas dos hectáreas lo sean o correspondan al tantas veces citada por el recurrente Parcela 17; quien pretende dar por hecho que dicha Parcela y las dos hectáreas declaradas bien familiar son una misma cosa, en circunstancias que NO lo son, por lo pronto, el plano acompañado por la recurrente es una situación propuesta, en cambio el plano acompañado por esta parte es aquello que hoy día se encuentra vigente y que muestra que el Lote D de 30 hectáreas fue subdividida un Lote y no en 17 lotes como pretende señalar y dar por establecido la contraria. En definitiva, expresa que la existencia de dicha Parcela 17, al menos de momento, no es sino una simple ficción invocada por el recurrente que NO puede servir de base para acoger el recurso de protección deducido en estos autos.

Que en cuanto al listado de imputaciones que le ha formulado el recurrente, estima conveniente destacar aquellas que, en concreto, invoca como supuestos actos ilegales y/o arbitrarios y que son: a) Haber removido las estacas e hitos puestos por el topógrafo don nombre reservado, que demarcarían los supuestos deslindes de la Parcela 17; b) Haber solicitado medidas cautelares tendientes a impedir que el Sr. nombre reservado se acerque a la propiedad en que vivo junto a sus hijas, y c) Haberse negado a que el Sr. nombre reservado ingresara a su domicilio a fin de cercar la Parcela 17, haciéndose cargo de estas imputaciones en el mismo orden contenido en el recurso de protección.

En primer lugar, afirma que NO es efectivo que haya removido las estacas e hitos puestos por el topógrafo don nombre reservado en lo que el recurrente denomina Parcela 17 o en cualquier parte del inmueble. Señala que los días 13 y 14 y 21 de octubre del año 2021, en circunstancia que existía una medida de prohibición de acercamiento en contra del recurrente, respecto de su domicilio ubicado en el citado Lote D –domicilio reservado metros lineales a la puerta de la casa patronal, que se encontraba asegurada por candado y cadenas que manejaba diariamente para su seguridad y la de su familia, el recurrente ingresó al mismo, cortó las cadenas y descerrajó el candado y luego ingresó a la propiedad con una cuadrilla de trabajadores, disponiendo la puesta de estacas en distintos lugares del predio, sin su presencia, afectando lugares solemnes afectivamente, tales como un rosal amarillo que simbolizaba la tumba de la abuela paterna y la ruptura de la casa del árbol de nuestra hijas, entre otros. Hecho que fue secundado por el propio recurrente, quien sin autorización alguna ingresó a su domicilio y por ello fue la propia hija Nicole, quien sacó tales demarcaciones, en un acto de total afectación personal de Nicole.

Señala que con fecha 21/10/2021, el recurrente, en abierta infracción de la prohibición de acercamiento vigente que desde marzo del año 2021 mantiene en su contra, ingresó a su domicilio y permitió el ingreso de terceros cuya identidad desconoce, quienes accedieron al predio por el único portón de acceso y arbitrariamente instalaron estacas de madera en varias partes sin su autorización, lo que constituye, por sí solo y desde la perspectiva de la medida cautelar que le prohíbe al Sr. nombre reservado acercarse a su domicilio, el delito de desacato. Lo mismo que ocurrió los días 13 y 14 de octubre del año 2021, cuando el Sr. nombre reservado, nuevamente en infracción de la prohibición de acercamiento vigente y obrando con la violencia y prepotencia, rompió el candado y las cadenas que había puesto en el único portón de acceso al inmueble vulnerando su seguridad y de sus hijas, bajo el irrisorio pretexto de entregarles dulces y, de paso, le instruyó al cuidador del predio que activase el portón eléctrico del predio.

Refiere que estos actos cometidos por el recurrido, por sí y a través de personas mandatadas por él, son consecuencia de su propia interpretación de lo dictaminado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 20/09/2021, ya que según él mismo y sus dichos, a partir de que el Tribunal de Alzada dispuso la reducción del Bien Familiar a dos hectáreas, él podía circular libremente por el resto del predio, olvidando que pesaba en su contra una orden de prohibición de acercamiento en favor de la víctima, episodio que fue denunciado oportunamente y hoy es materia del juicio de violencia intrafamiliar seguido ante el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón bajo el RIT F-208-2022, en la cual existe una medida cautelar de prohibición de acercamiento, que a propósito del propio recurrente se establecieron límites, esto es, prohibición de acercamiento en el domicilio de la cónyuge y de su familia y a doscientos metros a la redonda del domicilio.

Manifiesta, que haber solicitado medidas cautelares en protección suya y de sus hijas no puede ser considerado un acto ilegal y/o arbitrario, ya que tales medidas han sido solicitadas en ejercicio de un derecho que la ley le concede expresamente como víctima de hechos de violencia intrafamiliar, todas las medidas cautelares que han sido adoptadas hasta la fecha lo han sido por un órgano jurisdiccional competente, en un procedimiento legalmente tramitado y en el cual el recurrido, debidamente representado, ha ejercido su derecho a recurrir cada vez que se han adoptado dichas medidas cautelares, por lo que alegar su arbitrariedad y/o ilegalidad en esta sede, iniciando un procedimiento nuevo, cuando está siendo objeto de debate en otros, resulta completamente inconducente y no debiese ser oído en modo alguno. Recalca ser efectivo lo que señaló al Sr. nombre reservado que no estaba autorizado para ingresar a su domicilio a fin de cercar la denominada Parcela 17, dicha negativa no es injustificada y en ningún caso puede ser catalogada de arbitraria y/o ilegal.

Hace presente como primera consideración que hoy existe una sentencia de primer grado que estableció como bien familiar, lo que sigue: “la casa que sirve de residencia principal de la familia y el terreno adyacente a ésta, en un perímetro de 2 hectáreas, ubicada dentro del inmueble denominado LOTE D (…) inscrito a nombre del cónyuge demandado a fojas 1086 Número 641 del registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón del año 2004 (…)”, señalando que en dicha sentencia, como se podrá advertir, NO se menciona en modo alguno la citada Parcela 17, de manera que el recurrente NO tiene permitido, ni aún por medio de un topógrafo o cualquier otra persona, adelantarse a los hechos y delimitar arbitrariamente dónde comienzan y terminan las dos hectáreas declaradas bien familiar cuando aquello se encuentra siendo debatido judicialmente.

Como segunda consideración, hace presente, que acceder a lo peticionado por el recurrente, en cuanto a que se autorice la demarcación y delimitación de la parcela 17 respecto de la parcela 16 de su propiedad, ubicadas en el denominado Lote D, implica lisa y llanamente dejarla encerrada junto a sus hijas en la casa en que viven, ya que, tal como lo señalé precedentemente, la Parcela 17 está circunscrita solamente a 5.000 metros cuadrados y NO existe la constitución de una servidumbre de tránsito o paso, de manera que el único camino público en el sector es aquel por el que accede linealmente a 1000 metros hasta su puerta de la casa, cruzando prácticamente todo el predio, no existe una Parcela 17 de dos hectáreas de superficie, ni tampoco existe una servidumbre de tránsito legalmente constituida en favor de la Parcela 17.

Sostiene, que como resulta posible apreciar a partir del plano que acompaña, la Parcela 17 se encuentra completamente rodeada por otras parcelas, la Parcela 16 y, por tanto, aislada del único camino público en el sector y en ese sentido, la franja que se indica como “servidumbre de tránsito” no es más que un trazo en un plano, pues no se encuentra inscrita ni legalmente constituida, no existiendo predio dominante ni sirviente. Como tercera consideración, recalca que hoy se encuentra vigente la medida cautelar del artículo 9 letra b) de la Ley Nº20.066, decretada con fecha 11/08/2022 por el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón en causa RIT F-208-2021 de prohibición de acercamiento del Sr. nombre reservado a su domicilio o a cualquier lugar en que se encuentre, la cual fue modificada por dicho Tribunal luego de que el recurrido, por intermedio de su Abogada, solicitara acotar dicha medida cautelar a las dos hectáreas en que su ubica su casa y la de sus hijas, lo que fue rechazado por dicho Tribunal.

En consecuencia y en definitiva expresa: “a) Si el inmueble en que resido junto a mis hijas tiene un solo portón de acceso como bien lo sabe el recurrente; b) Si el recurrente tiene prohibido de acercarse a mi domicilio y a 200 metros a la redonda en cualquier lugar en que me encuentre; c) Si los límites del inmueble declarado bien familiar no han sido establecidos por sentencia firme; d) Si la tantas veces citada Parcela 17 no corresponde a aquella porción de terreno que sentenció el Tribunal, no existiendo deslindes legalmente determinados y sin contar con acceso al camino público y que su negativa a que un tercero ingrese al predio y proceda a deslindar y demarcar dicha parcela, se encuentra completamente justificada y en modo alguno puede ser constitutiva de un acto ilegal y/o arbitrario como sostiene el recurrente”, por tanto, no existe acto ilegal y/o arbitrario que le sea imputable, motivo por sí solo suficiente para que el recurso de protección incoado en estos autos sea rechazado en todas sus partes. Además de que No existe privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas y consecuencia lógica de no existir un acto u omisión ilegal y/o arbitraria que le sea imputable, es que tampoco resulta posible hablar de una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente que puedan seguirse como consecuencia de aquello.

Señala que tratándose de la garantía del artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, claro está que las circunstancias que hoy limitan su ejercicio como podrían serlo el ingresar a la propiedad o realizar el cierre y demarcación, son simple consecuencia de las resoluciones judiciales que se han dictado hasta la fecha en materia de declaración de bien familiar y de violencia intrafamiliar, por lo cual si aquello que el recurrente persigue es dejarlas sin efecto, deberá estarse a lo que se resuelva en dicha sede, en donde, lo reitera una vez más, ha ejercido su derecho a impugnar todas las resoluciones judiciales en virtud de las cuales se han permitido dichas limitaciones.

Asegura que el recurrente, no obstante, las resoluciones judiciales, ha ejercido su derecho de propiedad sobre el inmueble en cuestión sin ningún tipo de inconveniente. Así, a través de una nueva sociedad constituida recientemente, aportó varias de las parcelas del referido predio a una sociedad denominada Omega SpA durante el curso del presente año, de manera que, si de obtener beneficios económicos se trata, ha podido transferir su dominio y se encuentran disponibles para la venta en el mercado comercial y financiero sin impedimento alguno y que tratándose de las garantías contempladas en los numerales 16 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y que consagran, respectivamente, “La libertad de trabajo y su protección” y “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”, expresa, que si el ejercicio de dichas garantías se encuentra limitado en alguna medida, es única y exclusivamente a causa de las resoluciones que se han dictado en el contexto de los juicios que se encuentran en actual tramitación y que se enumeraron precedentemente.

Argumenta que el ejercicio de las garantías invocadas por el recurrente no puede implicar pasar a llevar su derecho fundamental a la vida y a la integridad física y síquica consagrado en el artículo 19 Nº1 de nuestra Constitución Política de la República, el cual se encuentra llamado a prevalecer en un caso como este. Así por lo demás quedó consignado en resolución de fecha 26/10/2021 que el Juzgado de Letras y Garantía de Pucón dictó en causa RIT F-53-2021. Cita resolución.

Sostiene, según se desprende del petitorio del recurso de protección incoado en autos, el recurrente ha solicitado a este Iltmo. Tribunal –junto con declarar que su accionar sería ilegal y arbitrario y constituiría una privación de los derechos fundamentales citados–, que se autorice la demarcación y delimitación de la parcela 17 respecto de la parcela 16 de su propiedad, ubicadas en el denominado Lote D, reiterando la recurrida que lo solicitado es totalmente improcedente –atento a que el plano que acompaña como fundamento de su recurso es solo una propuesta toda vez que aquel plano que se encuentra vigente es otro que subdividió la propiedad en cuestión en 59 parcelas–, resulta del caso hacer presente que según ha sido resuelto por nuestra Excma. Corte Suprema, el recurso de protección NO es un sustituto de otros procedimientos, puesto que su única finalidad es el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución.

Recalca que el recurso de protección, en ese sentido, es un instrumento cautelar destinado a resguardar de modo urgente aquellas garantías que estén amagadas para así restablecer el imperio del derecho, pero en modo alguno ha sido instituido como medio o sustituto jurisdiccional para obtener, por su intermedio, la declaración o constitución de derechos, y menos para resolver cuestionamientos sobre puntos de interpretación jurídica. En efecto, señala que la línea jurisprudencial asentada por nuestra Excma. Corte Suprema exige que, para acoger la acción de protección, debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, es decir, que el mismo no se encuentre discutido, por cuanto la controversia sobre el derecho supondría un procedimiento de lato conocimiento que es incompatible con la naturaleza cautelar del recurso de protección.

Teniendo ello presente, expresa, que habrá que recordar al recurrente que las pretensiones hechas valer en su recurso de protección se encuentran sujetas a aquello que eventualmente sea resuelto en los juicios de bien familiar y de violencia intrafamiliar que se tramitan actualmente y que nuestra legislación prevé una serie de acciones y procedimientos compatibles con los fines pretendidos en el presente en el presente recurso.

Por último, asegura que si la medida cautelar de prohibición de acercamiento decretada en contra del Sr. nombre reservado se encuentra vigente hace más de un año, no existe una situación de urgencia que deba ser corregida mediante una acción cautelar, de emergencia y de última ratio como lo es la acción de protección, razón adicional para que sea rechazada en todas sus partes.

En definitiva, sostiene que resulta innegable que no ha incurrido en los actos ilegales y arbitrarios que le han sido imputados por el recurrente, razón por la cual tampoco resulta posible hablar de una conculcación a las garantías constitucionales invocados en el sentido natural de los términos que ha exigido el constituyente derivado a través de los verbos rectores “privación, perturbación o amenaza”; elementos que constituyen el corazón de la acción de protección y cuya ausencia, sumada a la inidoneidad del recurso de protección en tanto vía procesal para debatir las materias introducidas por el recurrente y que se encuentran siendo debatidas en la sede procesal correspondiente, no ameritan sino el rechazo del recurso de protección interpuesto en estos autos, con expresa condena en costas.

Acompaña documentos que indica al efecto A folio N°19-2023 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Como cuestión previa, y hecho no controvertido es que el recurrente es dueño del inmueble denominado Lote D de una superficie de treinta hectáreas, resultante de la subdivisión de un predio de mayor extensión del denominado Lote A, ubicado en el lugar el Claro de la Comuna de Pucón, el cual se encuentra inscrito a fojas 1086 Número 641 del registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón del año 2004.

TERCERO: Que por resolución del Juzgado de Letras y Familia de Pucón, ante solicitud de la demandante y recurrida de autos se declaró provisoriamente como bien familiar el terreno de 30 hectáreas de propiedad del recurrente, quien solicita se redujera la afectación provisoria a la porción de terreno en que efectivamente se emplaza la vivienda familiar, siendo rechazado en la instancia, pero posteriormente con fecha 20 de septiembre de 2021, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco resuelve en los siguientes términos “…que se reduce la superficie de inmueble afecto provisoriamente a la declaración de bien familiar, quedando dicha medida circunscrita al inmueble donde actualmente residen la demandante nombre reservado y las niñas, hijas comunes con el demandado, y al parque adyacente en una extensión de dos hectáreas, excluyéndose en consecuencia 28 hectáreas que se desafectan de la declaración provisoria de bien familiar”.

CUARTO: En cuanto al fondo del asunto, la presente acción constitucional la interpone el recurrente, en razón de los arbitrarios e ilegales actos cometidos por la recurrida, por los cuales se le ha privado de su legítimo derecho de propiedad, y de ejecutar actos de disposición que la propia ley y Carta Magna le confieren, pero que, sin embargo, la recurrida insiste en perturbar sin justificación legal alguna.

Así como también la arbitrariedad e ilegalidad de su negativa a que el suscrito ejerza su derecho de propiedad y los atributos del dominio, tal cual lo garantiza la Constitución y las leyes, ya que, con su negativa, se impide poder conciliar la protección de la misma, en calidad de supuesta víctima, demarcando los espacios físicos, con el legítimo ingreso del suscrito al inmueble de su propiedad, a fin de trabajar y explotar el giro del mismo. Solicitando en definitiva que se autorice la demarcación y delimitación de la parcela 17 respecto de la parcela 16 de su propiedad, ubicadas en el denominado Lote D, el cual según consta en certificado de dominio, corresponde a una superficie de treinta hectáreas.

QUINTO: Que se puede colegir que si bien se declaró bien familiar provisorio respecto del inmueble donde habitan actualmente la recurrida y las hijas comunes más una extensión de dos hectáreas, lo cierto es que la porción de terreno afecta al derecho no ha quedado establecida, no existiendo certeza absoluta de donde estarían radicadas las 2 hectáreas, por cuanto, como se ha indicado precedentemente, lo resuelto por la Iltma. Corte solo indica “…quedando dicha medida circunscrita al inmueble donde actualmente residen la demandante…y las niñas, hijas comunes con el demandado, y al parque adyacente en una extensión de dos hectáreas…”

Se hace presente además que la declaración de bien familiar es una limitación al derecho de dominio que en este caso le asiste al recurrente.

SEXTO: Que de acuerdo a lo expuesto en el recurso como de los antecedentes documentales acompañados, consta que los derechos cuya protección reclama el recurrente no tienen el carácter de indubitados, requisito esencial para que esta acción pueda prosperar, por cuanto no existe certeza de donde están radicadas las dos hectáreas declaradas provisoriamente como bien familiar, lo cual debe ser dilucidado, no siendo esta instancia para aquello.

SEPTIMO: Que la acción cautelar tiene por finalidad tutelar garantías y derechos preexistentes, esto es, derechos que no se encuentren discutidos, requerimiento que no concurre en la especie, puesto que tanto la recurrente, como el recurrido, han manifestado alegaciones que, en definitiva, controvierten los supuestos facticos que sirven de fundamento del recurso impetrado, razón por la cual los derechos que se invocan por el recurrente no pueden servir de base para el ejercicio de la presente acción constitucional y, como consecuencia, no es posible adoptar alguna medida de protección que los garantice, debiendo recurrirse a otras acciones que el ordenamiento jurídico entrega a las partes, donde pueden existir pronunciamientos de carácter declarativo de derechos, previa rendición de prueba.

Por estas consideraciones y visto, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de doña nombre reservado.

Regístrese.

Redacción de la Abogada Integrante Claudia Lecerf Henríquez.

Rol N° Protección-34594-2022 (pvb).