nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

C.A. de Temuco.

Temuco, diez de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS A folio 1 comparece el abogado don Pablo Peñaloza Parra, quien deduce un recurso de protección en favor de don nombre reservado, empleado, venezolano, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado , Ruta 40 Kilómetro 11.5, Comuna Temuco, Región Araucanía, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por la notificación ilegal y arbitraria, en contra de Notificación código de tramite N°73917724 de fecha 08 de septiembre de 2025, que declara No Acogida a tramite solicitud de residencia definitiva, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, solicitando desde ya que esta acción sea admitida y en definitiva se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la referida resolución en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación se explanaran.

Explica que don nombre reservado ingresó al país en calidad de turista, estando dentro del país con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile, cambia su condición migratoria a residente temporario, otorgándole el visado por 2 años otorgado durante el periodo comprendido desde la fecha 13 de julio de 2023 hasta 02 de agosto de 2025.

En este sentido, el recurrente previo al vencimiento de su visa temporaria y encontrándose dentro del plazo, solicita el beneficio migratorio de residencia definitiva, como se acompaña al primer otrosí de esta presentación. Luego el recurrente es notificado que la solicitud de residencia definitiva es acogida a trámite, seguidamente es notificado que debía realizar el pago de derechos del beneficio migratorio quien procedió a realizar el pago por el monto de 103.114, como se acompaña al primer otrosí de esta presentación.

Posteriormente, con fecha 08 de septiembre de 2025. el recurrente nombre reservado es notificado mediante Notificación código de tramite N°73917724, que declara no acogida a trámite su solicitud de residencia definitiva, señalando:

"(•••) No cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°4 del Reglamento de la lev de Migraciones v Extranieria. De acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal. . (...

Es relevante mencionar, que la notificación que se recurre es contraria a derecho puesto que no se especifica cual es la sanción migratoria por la que se declara la no acogida a trámite de la solicitud de residencia definitiva, la misma solo le limita a señalar que la causal considerada para declarar no acogida a trámite es de conformidad con el artículo 65 N° 4 olvidando que el referido artículo además prevé letras comprendidas desde la “letra a hasta la letra e”, por lo tanto se puede considerar que la resolución carece de una debida fundamentación legal, siendo importante al momento de emitir una resolución concluyente que la misma se de forma clara y motivada, situación que no ocurre en el presente caso.

En razón de lo anterior, se evidencia que el recurrente en pleno ejercicio de sus derechos, desde que ingresó a Chile ha realizado todos los requerimientos solicitados por el Servicio Nacional de Migraciones además de postular dentro de los plazos establecidos en la norma, para postular a la residencia definitiva y realiza la solicitud dentro del plazo requerido, además dicha solicitud fue acogida a trámite, y de manera sorpresiva y pudiera ser considerado de manera caprichosa el servicio recurrido cambia la decisión en desmedro del recurrente y declara la solicitud no acogida a trámite, dejando al recurrente indefenso y en estado de vulnerabilidad.

De esto se desprende la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución que se recurre, basándose en hechos que no corresponden a la realidad del recurrente, que, a pesar de dar cumplimiento con todos los requisitos, el servicio recurrido no realizó valoración exhaustiva sobre la solicitud de su residencia definitiva, pues en el presente caso el recurrente cumple con los requisitos, dejando al recurrente en un estado de vulnerabilidad que atenta el derecho a la igualdad ante la ley del recurrente previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política.

Razón por la cual la Corte puede adoptar las providencias que sean necesarias para reestablecer el imperio del derecho.

Destaca que atendido a la fecha de notificación de fecha 08 de septiembre de 2025. donde se evidencia la arbitrariedad e ilegalidad al declarar no acogida a trámite la solicitud de residencia definitiva, es que la acción judicial se encuentra dentro del plazo legal para presentar como en efecto se hace la acción de protección que se interpone.

OMISIÓN RECURRIDA Y DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO La Corte Suprema ha señalado que “(•••) el vocablo “arbitrariedad” o “ilegalidad” están unidos por la conjunción “o” y traduce dos tendencias u orientaciones precisadas, la ilegalidad significa contraria a los supuestos de la ley, y el acto administrativo lo será cuando excede el ámbito de su competencia, el procedimiento diseñado al respecto, con el fin que el legislador asignó al mismo acto; en cambio, la arbitrariedad, tiene lugar en el campo de las facultades discrecionales, o sea, aquellas en que el administrador goza de poderes amplios, y manifiesta opinión de un modo antojadizo, instintivo, inmotivado”. Las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte del servicio recurrido deducida en Notificación código de tramite N°73917724 de fecha 08 de septiembre de 2025. que declara No Acogida a tramite solicitud de residencia definitiva dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, mediante la cual no se admite la solicitud de residencia definitiva solicitada por el recurrente, siendo el caso que, su solicitud debe ser tramitada bajo la vigencia de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, la autoridad migratoria debía resguardar la situación legal del recurrente en el territorio, desconociendo su condición al no permitir dar curso a la solicitud de residencia definitiva a pesar de haber dado cumplimiento con todos los requisitos que prevé la ley.

En tal sentido, el derecho vulnerado es la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política, según el cual no hay persona ni grupo privilegiado, ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, de manera que, no se pueden establecer diferencias entre las personas frente a la ley, y no se deben dar tratos preferentes o en este caso excluyentes, pues todos tienen los mismos derechos y deberes, siendo el caso que, el servicio recurrido ha infringido esta garantía constitucional, dándole al recurrente un trato desigual respecto de otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, se les ha reconocido su condición legal en el país, al ser titulares de visas de residencia que se encontraban vigentes al momento de la postulación, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

Asimismo, con relación a una situación similar a la que se recurre la jurisprudencia reciente se ha pronunciado, al respecto la corte de apelaciones de La Serena en sentencia Rol N° 1483-2025 de 03 de septiembre de 2025.

Pide que en atención a los antecedentes de hecho y las normas de derecho y constitucionales hechas valer y cualquier otra disposición que resulte pertinente, tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la en Notificación código de tramite N°73917724 de fecha 08 de septiembre de 2025. Que Declara No acogida a trámite solicitud de Residencia Definitiva, ordenando dejar sin efecto la resolución que se recurre por ilegal y arbitraria dictaminando dar curso a la solicitud de residencia definitiva del recurrente , a los fines de que decida conforme a derecho ordenando dar curso a su trámite de residencia definitiva, restableciéndose así el imperio del derecho o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Notificación N° 73917724 que declara no acogida a trámite la solicitud.

2. Cédula de Identidad para Extranjeros.

3. Estampado electrónico de residencia temporal otorgado por 2 años.

4. Comprobante de solicitud de residencia definitiva 5. Certificado antecedentes penales país de origen.

6. Contrato de trabajo y anexos.

7. Certificado de vigencia contrato laboral.

8. Certificado de cotizaciones previsionales.

9. Certificado de cotizaciones Fonasa.

A folio 5 informa doña nombre reservado, mandataria judicial, de la Dirección Regional de la Araucanía del Servicio Nacional de Migraciones, quien expone lo siguiente.

Que en virtud de este acto, vengo en evacuar el informe requerido en la presente acción constitucional de Protección, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes de la misma, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

I. ANTECEDENTES DE HECHO:

1. De la situación migratoria del recurrente.

Don nombre reservado, nacional de Venezuela, ingresó por primera vez al país con fecha 06 de julio de 2017, por paso fronterizo habilitado.

Con fecha 05 de octubre de 2017, solicitó visa por primera vez, otorgada mediante Resolución Exenta N°1093, de fecha 16 de febrero de 2018, en calidad de titular, por el plazo de 1 años, la cual estuvo vigente hasta el 19 de febrero de 2019. El recurrente es amonestado por residencia irregular mediante Resolución Exenta N°291, de fecha 20.02.2019, de la Intendencia Región de la Araucanía, posteriormente solicitó prorroga de visa otorgada mediante Resolución Exenta N°6749, de fecha 22 de noviembre de 2019. Luego el recurrente es sancionado nuevamente por residencia irregular mediante Resolución N°2830, de fecha 28.11.2019, de la Intendencia Región de la Araucania.

Con fecha 04 de septiembre de 2020, la cual se rechazó y se otorgó visa por 2 años mediante Resolución Exenta N°23265987, de fecha 13 de julio de 2023, visa vigente desde 13/07/2023 al 13/07/2025.

Por último solicito Residencia Definitiva con fecha 03 de agosto de 2025, ID N°73917724.

2. Sobre la solicitud de residencia TEMPORAL ID N° 73917724, realizada por el extranjero.

Con fecha 03 de agosto de 2025, el recurrente don nombre reservado, solicitó ante esta autoridad el beneficio de la residencia definitiva en el territorio nacional.

Mediante la Comunicación electrónica N° de folio: 85284344, de fecha 08 de septiembre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones, notificada en la misma fecha, esta autoridad resolvió que la solicitud de residencia definitiva no fue acogida a trámite, por la siguiente razón:

No cumple con los requisitos para optar al permiso de residencia solicitado al no cumplir con el Art. 65 N°4 del Reglamento de la ley de Migraciones y Extranjería. De acuerdo a lo anterior, se remitieron sus antecedentes al Departamento de Residencias Temporales con el objeto de analizar la tramitación de una solicitud de residencia temporal.

I. EL DERECHO 1. EN CUANTO A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER EL ARCHIVO DE LA SOLICITUD DEL RECURRENTE.

El artículo 157 N° 5 de la Ley N° 21.325 establece que la autoridad competente para “resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la autoridad migratoria en el exterior” es, en definitiva, el Servicio Nacional de Migraciones.

Esta norma se encuentra redactada en términos casi idénticos en el artículo 42 del Decreto Supremo N° 296 de 12 de febrero de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Reglamento de la Ley Nº 21.325. Éste último dispone:

Por lo tanto, la comunicación que archivó la solicitud de residencia definitiva del recurrente fue dictada por autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones.

2. EN CUANTO AL TRÁMITE DE SOLICITUD DE RESIDENCIA DEFINITIVA DE LA SOLICITUD DEL RECURRENTE.

Explica que el artículo 78 de la ley 21.325 define residencia definitiva y que el artículo 37 de esta ley, le encarga al recurrido su tramitación y competencia para resolver respecto de las solicitudes.

3. CAUSAL PARA NO ACOGER A TRÁMITE LA SOLICITUD DE RESIDENCIA DEFINITIVA:

Que, la comunicación electrónica que informa al extranjero que no es posible admitir su solicitud de residencia definitiva a tramitación se funda en lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto N° 296 del Ministerio del Interior, es decir, el Reglamento de la Ley 21.325 sobre Extranjería y Migración. Específicamente, la comunicación electrónica señala que el extranjero no da cumplimiento a lo señalado en el N° 4 del artículo mencionado, que indica:

“Artículo 65.- Sin perjuicio de los requisitos que establezca el decreto supremo que fije las subcategorías migratorias de residencia temporal, los residentes temporales titulares, para postular a la residencia definitiva, deberán haber residido en el país en tal calidad al menos por veinticuatro meses.

Para postular a la residencia definitiva se necesitará un periodo de residencia mayor al referido en el inciso precedente, en mérito de los antecedentes personales del interesado, en los siguientes casos: (…)

4.- Comisión de infracciones migratorias de aquellas señaladas en el Título VII de la ley Nº 21.325 y su gravedad. En cuanto a este criterio, el tiempo requerido de residencia se exigirá de conformidad a los siguientes rangos:

a) Cuando se trate de alguna infracción aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, de aquellas contenidas en el Párrafo I de dicho Título VII, referido a las infracciones menos graves, se exigirá un periodo de residencia de al menos treinta meses.

b) En caso de reincidencia de la infracción indicada en el literal anterior, o en general de la comisión de dos o más infracciones menos graves, se exigirá un periodo de residencia de al menos treinta y seis meses.

c) Cuando se trate de alguna infracción aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, de aquellas contenidas en el Párrafo II de dicho Título VII, referido a las infracciones migratorias graves, se exigirá un periodo de residencia de cuarenta y dos meses.

d) En caso de reincidencia de la infracción indicada en el literal anterior, o en general de la comisión de dos o más infracciones migratorias graves, se exigirá un periodo de residencia de al menos cuarenta y ocho meses.

e) Cuando se verifique un número igual de infracciones menos graves y graves, se determinará el periodo de residencia de conformidad a estas últimas.”

A su vez, el Párrafo I del Título VII de la Ley 21.325, sobre Infracciones y Sanciones Migratorias, establece lo siguiente:

“De las infracciones menos graves.

Artículo 107.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.”

En la especie, se puede dar cuenta que el extranjero en base a la Resolución Exenta N°291, de fecha 20.02.2019, de la Intendencia Región de la Araucanía y la Resolución N°2830, de fecha 28.11.2019, de la Intendencia Región de la Araucanía, dan cuenta de que el recurrente residió en nuestro país en forma irregular.

Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes del caso, consta que el extranjero solicitante contaba con un permiso de residencia temporal otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones, vigente desde el día 13/07/2023 hasta 13/07/2025, es decir, un total de 24 meses de residencia autorizada en territorio nacional.

No obstante, previamente a la presentación de su solicitud de residencia definitiva, el propio extranjero declaró de forma expresa y voluntaria haber permanecido días en situación migratoria irregular, es decir, por fuera del periodo autorizado por su permiso de residencia. Dicha declaración fue acogida por el Servicio y dio lugar a la dictación de Resolución Exenta N°291, de fecha 20.02.2019, de la Intendencia Región de la Araucanía y la Resolución N°2830, de fecha 28.11.2019, de la Intendencia Región de la Araucanía, la cual sanciono con multa de $42.716. El extranjero aceptó dicha sanción y renunció expresamente a ejercer descargos, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley N.º 19.880, que regula los procedimientos administrativos ante órganos de la Administración del Estado.

La conducta sancionada por la autoridad administrativa corresponde a la tipificada en el artículo 107 de la Ley N.º 21.325, en el que se establece que los residentes o titulares de permanencia transitoria que permanezcan en el país con su permiso vencido por un plazo igual o inferior a 180 días corridos, serán sancionados con multa. Esta infracción se encuentra clasificada dentro del Párrafo I del Título VII de la ley citada, es decir, se trata de una infracción migratoria de carácter menos grave, conforme a la estructura normativa vigente.

Sobre este punto, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 65 N.º 4 del Decreto Supremo N.º 296, Reglamento de la Ley de Migración, el cual establece expresamente que, en caso de comisión de infracciones migratorias contenidas en el referido Título VII de la Ley N.º 21.325, el requisito de tiempo mínimo de residencia en el país se verá aumentado. En particular, la letra a) de dicha disposición señala que, tratándose de una infracción menos grave aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, el extranjero deberá acreditar un periodo de residencia de al menos treinta meses, es decir, dos años y medio, para postular válidamente a la residencia definitiva.

En consecuencia, habiendo el solicitante sido sancionado por una infracción menos grave, y habiendo acreditado únicamente 24 meses de residencia efectiva en calidad de titular de permiso de residencia temporal, resulta evidente que no cumple con el tiempo mínimo de residencia exigido por la normativa vigente. Dicho incumplimiento impide jurídicamente que su solicitud de residencia definitiva pueda ser acogida a trámite, por cuanto se encuentra afectada por una causal reglamentaria expresa de inadmisibilidad.

Cabe destacar que este tipo de requisitos son de carácter objetivo y reglado, y su evaluación no admite flexibilidad ni margen de apreciación por parte de la autoridad administrativa. En efecto, la verificación del cumplimiento del tiempo mínimo de residencia exigido por la ley y su reglamento constituye un presupuesto esencial para la admisibilidad de la solicitud de residencia definitiva. La infracción administrativa constatada y sancionada, aun cuando haya sido de breve duración, configura legalmente un supuesto que eleva el estándar de residencia exigible, en virtud del principio de responsabilidad administrativa y del interés público comprometido en el cumplimiento de la normativa migratoria.

En virtud de todo lo anterior, resulta plenamente justificado que, mediante comunicación electrónica, se haya informado al solicitante que su solicitud no podía ser acogida a trámite y que sería remitida al Departamento de Residencias Temporales, a fin de dar tramitación a la solicitud correspondiente, tal como lo establece el procedimiento migratorio vigente. Dicha actuación administrativa no constituye un acto arbitrario ni ilegal, sino que responde al ejercicio legítimo de una potestad reglada conferida al Servicio Nacional de Migraciones, basada en antecedentes objetivos, en normas vigentes y en el principio de juridicidad que rige la actuación de la Administración del Estado.

4. SOBRE LA SITUACIÓN MIGRATORIA ACTUAL DEL EXTRANJERO RECURRENTE.

Por último, es necesario señalar que la situación migratoria del recurrente es actualmente regular en Chile, en virtud de que mantiene una solicitud de residencia temporal en tramitación en Chile.

La Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería ha establecido una serie de normas protectoras, que tienen por objeto asegurar el legítimo ejercicio de los derechos de todos los extranjeros solicitantes de un permiso de residencia definitiva. En efecto, en virtud de los artículos 38 y 45, este último en relación con el artículo 43, todos de la norma individualizada, todo ciudadano extranjero que ostente un certificado de residencia definitiva en trámite mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional.

Por un lado, el artículo 38 de la Ley N° 21.325 protege la libertad personal y la seguridad individual de todos los extranjeros que ostentan un certificado de residencia en trámite, determinando que son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que poseía anteriormente haya perdido su vigencia.

Artículo 38.- Ingresos y egresos. No habrá límite al número de ingresos y egresos del territorio nacional que pueden efectuar los extranjeros residentes, en tanto esté vigente el permiso de residencia respectivo y se cumplan los requisitos que exigen esta ley y su reglamento. Si el extranjero residente hubiere solicitado el cambio o prórroga de su permiso de residencia temporal o hubiere solicitado el permiso de residencia definitiva, y acredita que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente, no tendrá limitaciones al número de ingresos y egresos del territorio nacional, aun cuando el permiso de residencia que posea no se encuentre vigente.

En segundo lugar, los extranjeros residentes en Chile también pueden acreditar su condición migratoria regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente.

Artículo 45.- Acreditación de la residencia. Para los extranjeros que obtuvieron su permiso de residencia en Chile, la cédula de identidad vigente será suficiente para acreditar su condición de residente regular. Sin perjuicio de ello, los interesados podrán solicitar al Servicio que el permiso de residencia les sea además incorporado en el pasaporte, trámite que estará sujeto al pago de derechos.

Finalmente, y vinculado a lo anterior, la Ley N° 21.325, en su artículo 43 inciso final, protege el legítimo ejercicio de los derechos de los extranjeros al establecer, de pleno derecho, la prórroga de la vigencia de la cédula de identidad de extranjeros, siempre y cuando su titular pueda acreditar que mantiene una solicitud de permiso de residencia en trámite.

Artículo 43.-(…)

Se entenderá que la cédula de identidad mantiene su vigencia, siempre y cuando el extranjero acredite que cuenta con un certificado de residencia en trámite vigente o hasta que la autoridad migratoria resuelva la respectiva solicitud.

Por tanto, esto implica que, a pesar de no haberse aprobado a trámite la residencia definitiva, la situación migratoria del interesado se mantiene en regla, pues se encuentra en proceso para la obtención de la residencia temporal.

En virtud de las circunstancias anteriormente indicadas, cabe señalar que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, no existiendo acto u omisión ilegal por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías constitucionales de libertad personal y/o seguridad individual, por lo que el presente recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes.

Pide, tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando desde ya el rechazo de la presente acción constitucional, en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de esta autoridad que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°795/2024, de fecha 14 de febrero de 2024, otorgada ante la notaría de Temuco, de don nombre reservado.

2. Comunicación electrónica N° de folio: 85284344, de fecha 08 de septiembre de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones.

3. Resolución Exenta N°291, de fecha 20.02.2019, de la Intendencia Región de la Araucanía.

4. Resolución Exenta N°2830, de fecha 28.11.2019, de la Intendencia Región de la Araucanía.

A folio 6 los autos quedan en estado de relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en estos autos se ha interpuesto recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la notificación ilegal y arbitraria, consistente en la Notificación código de tramite N°73917724 de fecha 08 de septiembre de 2025, que declara No Acogida a trámite solicitud de residencia definitiva, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, solicita que se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto la referida resolución en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que expone.

TERCERO: Que, de acuerdo a lo informado por el Servicio de Migraciones la parte recurrente se encuentra en situación migratoria regular, por estar en tramitación visa de residencia temporal en nuestro país, sin que exista una orden de expulsión u otra similar en su contra.

CUARTO: Que, de acuerdo a lo informado por el recurrido, en el sentido que no es posible admitir su solicitud de residencia definitiva a tramitación se funda en lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto N° 296 del Ministerio del Interior, es decir, el Reglamento de la Ley 21.325 sobre Extranjería y Migración. Particularmente se le señala que no da cumplimiento a lo señalado en el N° 4 del artículo mencionado, que indica:

“Artículo 65.- Sin perjuicio de los requisitos que establezca el decreto supremo que fije las subcategorías migratorias de residencia temporal, los residentes temporales titulares, para postular a la residencia definitiva, deberán haber residido en el país en tal calidad al menos por veinticuatro meses.

Para postular a la residencia definitiva se necesitará un periodo de residencia mayor al referido en el inciso precedente, en mérito de los antecedentes personales del interesado, en los siguientes casos: (…)

4.- Comisión de infracciones migratorias de aquellas señaladas en el Título VII de la ley Nº 21.325 y su gravedad. En cuanto a este criterio, el tiempo requerido de residencia se exigirá de conformidad a los siguientes rangos:

a) Cuando se trate de alguna infracción aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, de aquellas contenidas en el Párrafo I de dicho Título VII, referido a las infracciones menos graves, se exigirá un periodo de residencia de al menos treinta meses.

b)En caso de reincidencia de la infracción indicada en el literal anterior, o en general de la comisión de dos o más infracciones menos graves, se exigirá un periodo de residencia de al menos treinta y seis meses.

c) Cuando se trate de alguna infracción aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, de aquellas contenidas en el Párrafo II de dicho Título VII, referido a las infracciones migratorias graves, se exigirá un periodo de residencia de cuarenta y dos meses.

d)En caso de reincidencia de la infracción indicada en el literal anterior, o en general de la comisión de dos o más infracciones migratorias graves, se exigirá un periodo de residencia de al menos cuarenta y ocho meses.

e) Cuando se verifique un número igual de infracciones menos graves y graves, se determinará el periodo de residencia de conformidad a estas últimas.”

A su vez, el Párrafo I del Título VII de la Ley 21.325, sobre Infracciones y Sanciones Migratorias, establece lo siguiente:

“De las infracciones menos graves.

Artículo 107.- Permiso de residencia o permanencia expirado. Los residentes o titulares de permanencia transitoria que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.”

En la especie, conforme la normativa citada y los antecedentes incorporados tanto por el recurrente como por el recurrido, se puede dar cuenta que el extranjero en base a la Resolución Exenta N°291, de fecha 20.02.2019, de la Intendencia Región de la Araucanía y la Resolución N°2830, de fecha 28.11.2019, de la Intendencia Región de la Araucanía, dan cuenta de que el recurrente residió en nuestro país en forma irregular.

Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes del caso, consta que el extranjero solicitante contaba con un permiso de residencia temporal otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones, vigente desde el día 13/07/2023 hasta 13/07/2025, es decir, un total de 24 meses de residencia autorizada en territorio nacional.

No obstante, previamente a la presentación de su solicitud de residencia definitiva, el propio extranjero declaró de forma expresa y voluntaria haber permanecido días en situación migratoria irregular, es decir, por fuera del periodo autorizado por su permiso de residencia. Dicha declaración fue acogida por el Servicio y dio lugar a la dictación de Resolución Exenta N°291, de fecha 20.02.2019, de la Intendencia Región de la Araucanía y la Resolución N°2830, de fecha 28.11.2019, de la Intendencia Región de la Araucanía, la cual sanciono con multa de $42.716. El extranjero aceptó dicha sanción y renunció expresamente a ejercer descargos, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley N.º 19.880, que regula los procedimientos administrativos ante órganos de la Administración del Estado.

La conducta sancionada por la autoridad administrativa corresponde a la tipificada en el artículo 107 de la Ley N.º 21.325, en el que se establece que los residentes o titulares de permanencia transitoria que permanezcan en el país con su permiso vencido por un plazo igual o inferior a 180 días corridos, serán sancionados con multa. Esta infracción se encuentra clasificada dentro del Párrafo I del Título VII de la ley citada, es decir, se trata de una infracción migratoria de carácter menos grave, conforme a la estructura normativa vigente.

Sobre este punto, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 65 N.º 4 del Decreto Supremo N.º 296, Reglamento de la Ley de Migración, el cual establece expresamente que, en caso de comisión de infracciones migratorias contenidas en el referido Título VII de la Ley N.º 21.325, el requisito de tiempo mínimo de residencia en el país se verá aumentado. En particular, la letra a) de dicha disposición señala que, tratándose de una infracción menos grave aplicada mediante acto administrativo firme y totalmente tramitado, el extranjero deberá acreditar un periodo de residencia de al menos treinta meses, es decir, dos años y medio, para postular válidamente a la residencia definitiva.

En consecuencia, habiendo el solicitante sido sancionado por una infracción menos grave, y habiendo acreditado únicamente 24 meses de residencia efectiva en calidad de titular de permiso de residencia temporal, resulta evidente que no cumple con el tiempo mínimo de residencia exigido por la normativa vigente. Dicho incumplimiento impide jurídicamente que su solicitud de residencia definitiva pueda ser acogida a trámite, por cuanto se encuentra afectada por una causal reglamentaria expresa de inadmisibilidad.

QUINTO: Que, no obstante lo indicado por el recurrido en cuanto existir una infracción reglamentaria de parte del recurrente, a juicio de esta Corte se debe analizar la situación general del solicitante y además la fecha de la infracción.

En este sentido destaca que el conocimiento de la infracción lo fue por los mismos dichos del solicitante, quien informa al servicio el haber estado en situación irregular en nuestro país, situación que en todo caso conforme lo informado por el recurrido este tiempo lo es con anterioridad a la fecha de la solicitud, sin que exista antecedente alguno en cuanto haya sido infraccionado durante el período de tiempo exigido por la Ley, debiendo tenerse presente que el solicitante pagó la multa y no reclamó en contra de la misma, lo que demuestra una actitud acorde con la norma que rige la situación de los migrantes en nuestro país.

Además, esta Corte estima que al momento de aplicar sanciones y de resolverse la situación migratoria del solicitante y recurrente en particular y de los migrantes en general, deben primar criterios de racionalidad y proporcionalidad, los cuales deben primar por sobre el propio tenor de la norma aplicada, solo de esa manera la aplicación de ella será debidamente fundada, ya que aplicarla de una forma literal puede importar una resolución infundada y arbitraria. Ello por cuanto la aplicación de una norma que aplica una sanción con las consecuencias que ella tendrá en el migrante, debe ser efectivamente fundada, fundamento que no puede ser únicamente el propio texto legal, sino que tal como se señaló debe considerar la situación particular del solicitante. .

SEXTO: Que, en consecuencia, el acto recurrido a juicio de esta Corte es arbitrario, ya que no se encuentra debidamente fundado desde una perspectiva fáctica y jurídica y además a juicio de esta norma es ilegal, desde el momento en que se aleja de los principios que rigen el trato a los migrantes que se constituyen en un aporte a nuestro país, afectando de esta forma a los derechos o garantías constitucionales señalados en el recurso, todas motivaciones que llevan a acoger este recurso de la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia Por lo anterior y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, Abogado, en favor de nombre reservado, ciudadano venezolano contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, ordenándose que el recurrido debe dar tramitación a la solicitud presentada.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-3455-2025 (pvb).