nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Temuco Temuco, treinta de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don Daniel Esteban Ortega Cadena, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A., por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos de la recurrente, garantizados en el artículo 19 en sus números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, toda vez que procedió a rechazar infundadamente su solicitud de retiro de fondos previsionales.

Expresa que, el día 19 de agosto del presente año, la recurrente solicitó la devolución de sus fondos previsionales en virtud de la Ley N° 18.156, para trabajadores técnicos extranjeros, por las cotizaciones enteradas a su nombre por distintos empleadores.

Indica que, con el objeto de acreditar el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, la recurrente acompañó, entre otros, los siguientes documentos: Copia de cédula de identidad; Título profesional apostillado; Contratos de trabajo y anexos que incluyen cláusula de disposición de fondos en su fondo de pensiones de vejez e invalidez en Venezuela tal como lo estipula el artículo 1° de la Ley 18.156; y Certificado de inscripción/Cotizaciones en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (I.V.S.S) que señala que se encuentra cubierta por éste en un periodo anterior al de comenzar a cotizar en los fondos de pensiones de AFP de Chile.

Refiere que, la recurrida con fecha 20 de agosto comunicó vía correo, que en la solicitud de retiro de fondo de pensiones en virtud de la Ley 18.156, no se adjuntó Certificado de Afiliación apostillado/legalizado.

Agrega que, es importante destacar que la recurrente realizó su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que es profesional (Médico Cirujano) y cumple con los requisitos supra señalados. En consecuencia, se evidencia que la recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley N° 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de cotizaciones que señala afiliación al seguro social del país de origen.

Señala que, la recurrida mantiene detenida la solicitud de la recurrente, señalando que ella ha aportado una “constancia de afiliación” que además, “acredita su afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde el día 01 de enero de 2015 hasta la fecha de emisión del mencionado certificado” lo que admite implícitamente que la recurrente se encuentra afiliada, más aún, de la simple lectura indica la fecha de afiliación a la seguridad social, por lo que desde ya, se observa que el actuar de la recurrida, obstaculizando y deteniendo el ejercicio del derecho de la recurrente resulta arbitrario e ilegal.

Precisa que, la constancia electrónica emitida por la seguridad social de la recurrente puede ser verificada a través del link arriba señalado y, en su defecto, de una simple búsqueda que se realice en el motor de Google y que la señalada constancia es expedida por la autoridad venezolana competente, en cumplimiento de sus facultades legales y, puede ser absolutamente verificable empleando medios electrónicos y, en el evento improbable que no fuere suficiente, se realizó declaración jurada ante notario público con firma electrónica avanzada para su constatación.

Expone que, la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión.

Comenta que, aun en la hipótesis improbable de que se considerara necesaria la legalización o apostilla, ello resultaría imposible de cumplir debido a la inexistencia de representación diplomática venezolana en Chile. Este hecho, público y notorio, configura un caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil, y no puede ser exigido a la recurrente. Pese a ello, el certificado electrónico de afiliación presentado acredita la afiliación y permite su verificación directa en el sitio web oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mediante el código de validación o la cédula de identidad venezolana, cumpliendo así la finalidad de la ley.

A folio 5, informa la Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A., expresando que, con fecha 19 de agosto de 2025 en la página web, doña nombre reservado, presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la ley 18.156.- Dicha solicitud adolece del siguiente problema, y que se refiere a los documentos presentados con la solicitud, donde se incluyó una 'Constancia Electrónica de Cotizaciones' y una 'Declaración bajo fe de juramento'. Dicho rechazo de la solicitud fue comunicado oportunamente el 20 de agosto de 2025.

Enuncia que, conforme lo indicado en el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos, mismo que expresa que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil.

Precisa que, la Ley 18.156 es una norma de excepción y por tanto debe ser interpretada de forma restrictiva, aplicándose solo en el supuesto de que se cumplan todas las exigencias copulativas que establece. Esto es el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos por la Ley 18.156 y el Compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones que son tres: a) Que detenten la calidad de "técnicos", a lo menos. b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Indica que, fue precisamente en consideración a dichas normas administrativas Oficio Ordinario N°12.954, y al Compendio de Normas de Sistema de Pensiones que funda el rechazo a la devolución de fondos previsionales y reitera que la aplicación de dichas normas no es facultativa para la Administradora, todo lo contrario, la aplicación de ellas es obligatoria para PlanVital y, en consecuencia, su representada no ha obrado de manera ilegal.

A folio 9, evacúa informe la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES señalando que, con fecha 20 de agosto de 2025, mediante correo electrónico fue notificada del rechazo de su requerimiento por parte de la Administradora, en el cual se indicó que: “Certificado de afiliación debe estar debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conformidad a la Ley N°18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones”.

Indica que, revisado su Sistema de Gestión Documental, se ha verificado que la señora nombre reservado no registra ante este Organismo reclamo alguno respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección consultada.

Refiere que, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la ley N°18.156, de conformidad a la normativa aplicable en la especie, y conforme a la sistemática jurisprudencia administrativa de esta institución.

Agrega luego de desarrollar sus fundamentos de derecho que, conforme a la mencionada normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, la indicada constancia electrónica emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportada por la recurrente, no es apta para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmada por quien la emite, ni se encuentra apostillada por la autoridad competente venezolana –entidad que es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia conforme al ordenamiento jurídico del Estado en que se emite la certificación– ni legalizada; cuestión que impide que pueda producir efectos en nuestro país, acorde con lo dispuesto por los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, por tanto, no sirve para acreditar el cumplimiento de la cobertura previsional en el extranjero prevista en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema.

Finalmente expresa que, no cuenta con antecedentes sobre la situación previsional reclamada por la recurrente, que permitan concluir que cumple con las exigencias de la ley 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales.

A folio 13, los autos quedan en estado de relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta conforme el mérito de los antecedentes, adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos conculcados.

Surge de lo transcrito en consecuencia, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, tal como surge de lo señalado con antelación, en la parte expositiva de esta resolución judicial, surge que la actuación que se estima como ilegal/o arbitraria quien reclama amparo constitucional es la exigencia por parte de Administradora de Fondos de Pensiones de un certificado de afiliación a un régimen de previsión o de seguridad social debidamente apostillado, en este caso, por las autoridades de le República Bolivariana de Venezuela, sosteniendo que ello resulta, en los hechos, imposible de cumplir desde que, es conocido que entre nuestra República y la última mencionada, no existen en la actualidad relaciones consulares que permitan el cumplimiento de dicho requisito, lo que se trasunta en que, aquel presentado, sin el requisito referido resulta compatible a efectos de acreditar lo mencionado y con ello para disponer de sus fondos previsionales acumulados en el ejercicio profesional desarrollado en Chile.

CUARTO: Que previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7° del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

A mayor abundamiento, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

De igual modo, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado: “Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

QUINTO: Que conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad pretendida, por cuanto, se ha limitado a exigir a la persona recurrente el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, lo que requieren para el retiro solicitado, de un documento debidamente legalizado, de forma esta que, como resulta comprensible, la mera exigencia de un requisito contenido en la reglas legales ya citado, no puede vislumbrarse como un acto que se ejecute fuera de la legalidad.

Asimismo, menos puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

En este último sentido además cabe tener en vista lo resuelto recientemente por nuestro más alto Tribunal de la República, con fecha 24 de diciembre del año 2025, en causa Rol protección 33.946-2025, en su basamento séptimo que indica: “Séptimo: Que, finalmente, en relación a la alegación sobre la imposibilidad material de legalizar y apostillar los documentos desde Chile, atendido el término de las relaciones consulares entre este país y Venezuela, cabe señalar que si bien dicha circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito establecido en la normativa, no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas”.

SEXTO: Que las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República y visto, además, lo dispuesto en artículo 20 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección, deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A.

Acordada en contra del voto del Ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala quien estuvo por acoger la acción deducida, teniendo en consideración para ello al estimar que la decisión de la Administradora de Fondos de Pensiones de no hacer lugar a la devolución de los fondos previsionales a la solicitud de la recurrente, ateniéndose a un requisito formal —la legalización o apostilla—, se vislumbra como una medida desprovista de razonabilidad y proporcionalidad, ello en razón de un documento que da cuenta, en lo formal, de lo exigido por nuestra legislación y el hecho público y de notorio conocimiento de su dificultad o imposibilidad de obtención para los ciudadanos venezolanos en las actuales circunstancias, lo que transforma el acto de la recurrida en uno caprichoso y, por ende, arbitrario. De esta forma, adicionalmente, la actuación de aquella, al levantar una barrera meramente formal para la solicitante, perturba el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que le asiste a la recurrente sobre sus ahorros previsionales, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental ya que dicha propiedad implica la facultad de disponer de sus fondos de acuerdo con las hipótesis que la ley contempla, si ello resultare en definitiva procedente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

Rol N° Protección-3438-2025. (csd)