nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Temuco Temuco, ocho de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos:

A folio N°1-2022 comparece nombre reservado, abogado cubano, por sí y a favor de nombre reservado, ciudadana chilena, quien interpone recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en omisión de pronunciamiento respecto a la solicitud de rectificación de apellido paterno en el Decreto que fuera otorgado mediante la Carta de Nacionalización Chilena.

Funda su acción en que en el mes de diciembre del 2021 la ciudadana chilena (de origen peruano) nombre reservado solicitó al Servicio Nacional de Migraciones la rectificación de su apellido paterno en el decreto que le fuera otorgado mediante la Carta de Nacionalización Chilena.

El recurrido hizo saber a Lizbeth Yrene los pasos o requisitos para poder proceder con su petición. Siendo así las cosas la recurrente cumplió con lo solicitado y envió la documentación requerida, consistente en la Sentencia No. 20-2021, dictada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Perú, en fecha 21 de abril del 2021.

En la Sentencia No. 20-2021 dictada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en fecha 20 de agosto del 2021, se reconoce que la recurrente ha sufrido y se ha visto perjudicada por llevar el apellido “nombre reservado”, recibiendo burlas por parte de sus amigos, vecinos y conocidos, agravándose esta situación al encontrarse viviendo en Chile.

Las burlas y el acoso han alcanzado a su hijo menor de edad nombre reservado nombre reservado.

La recurrente aportó además el Oficio No. 14-2021 del Poder Judicial dirigido al Jefe del Registro de Identificación y Estado Civil - RENIEC AREQUIPA. Los documentos anteriormente mencionados se encontraban debidamente legalizados y así fueron enviados al recurrido.

Agrega que transcurrieron varios meses sin que el recurrido emitiera pronunciamiento alguno, por lo que Lizbeth Yrene envió varias cartas al Servicio Nacional de Migraciones solicitando respuesta a su caso sin obtener respuesta, transcurriendo más de 7 meses.

Actualmente la recurrente siente que sus derechos fundamentales han sido vulnerados, principalmente el Principio de Igualdad, ya que no ha recibido el mismo trato que otros solicitantes que sí han obtenido la rectificación en su Carta de Nacionalización y por consiguiente se ha visto reflejada su verdadera identidad en la cédula nacional de identidad.

El nombre y los apellidos forman parte de los atributos que identifican a una persona.

La recurrente entregó al Servicio Nacional de Migraciones, además de la sentencia, Copia de DNI donde figura su apellido antiguo “nombre reservado”; Copia de DNI donde figura el apellido nuevo “NOVOA” y el Certificado de Nacimiento con la anotación del nuevo apellido “NOVOA”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

VIOLACION DEL DERECHO A LA IGUALDAD e ILEGALIDAD DE LA OMISIÓN RECURRIDA.

Indica que el derecho a la igualdad es un derecho humano fundamental. Tanto así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que “la no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley a favor de todas las personas, son elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado con la protección de los derechos humanos. El elemento de la igualdad es difícil de desligar de la no discriminación. Incluso, los instrumentos ya citados [...], al hablar de igualdad ante la ley, señalan que este principio debe garantizarse sin discriminación alguna. Este Tribunal ha indicado que en función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio”. Todo lo cual está reglado en la legislación Chilena.

Este derecho se ve perturbado por la omisión de Pronunciamiento Respecto a una solicitud que tiene que ver con la consagración al derecho a la identidad personal generando, por ende, la obligación de los órganos del Estado de respetarlos y promoverlos, en los términos aludidos en el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental.

La afirmación precedente se concilia perfectamente con el criterio sostenido por esta Magistratura en el sentido de que el derecho a la identidad personal está estrechamente ligado a la dignidad humana, en cuanto valor que, a partir de su consagración en el artículo 1°, inciso primero, de la Ley Suprema, constituye la piedra angular de todos los derechos fundamentales que la Ley Suprema consagra.

Existe un criterio uniforme de las Cortes de Apelaciones en Chile y de la propia Corte Suprema que el Servicio Nacional de Migraciones cuenta con un plazo fatal de 6 meses para dar respuesta a las solicitudes que se le hagan. En resultado contrario la administración migratoria Chilena, actúa contrariando lo establecido en la Ley 19880, la cual establece BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, respecto a la celeridad, señala en su artículo 23 sobre la obligación de cumplimiento de los plazos que “los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos”.

En su artículo 24 vemos que “El funcionario del organismo al que corresponda resolver, que reciba una solicitud, documento o expediente, deberá hacerlo llegar a la oficina correspondiente a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Las providencias de mero trámite deberán dictarse por quien deba hacerlo, dentro del plazo de 48 horas contado desde la recepción de la solicitud, documento o expediente.

Los informes, dictámenes u otras actuaciones similares, deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la petición de la diligencia. Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 20 días siguientes, contados desde que, a petición del interesado, se certifique que el acto se encuentra en estado de resolverse. La prolongación injustificada de la certificación dará origen a responsabilidad administrativa; estableciendo un plazo perentorio de 20 días hábiles para formular decisiones definitivas.

Sobre el Principio de celeridad.

El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Afirma que existe una afectación singular, superior, ya que el hijo menor de la recurrente carga sobre sí una situación desesperante debido a las burlas, y la denostación pública. Por lo que se debe tener en consideración que en los artículos 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño se regulan los atributos relativos a la identidad del niño. En tal sentido, desde que nace tiene derecho a un nombre y a que éste, en conjunto con su nacionalidad y las relaciones familiares, sean preservados por los Estados Partes. Con la partida de nacimiento se acredita el apellido familiar y el nombre propio.

Pide tener por interpuesto el fundado recurso de protección en contra de la omisión recurrida ya individualizada, consistente en la Omisión de pronunciamiento respecto a la solicitud de rectificación de apellido paterno en el Decreto que fuera otorgado mediante la Carta de Nacionalización Chilena.

Acompañó los siguientes documentos: a) Copia de cédula nacional de identidad de nombre reservado; b) Mandato Judicial de nombre reservado a nombre reservado; c) Sentencia de la Corte de Arequipa y Oficio del Poder Judicial al Registro Civil.

d) Solicitud de información de la recurrente al Servicio Nacional de Migraciones.

A folio N°13-2022 evacua informe la recurrida, quien solicita el rechazo del recurso.

I. ANTECEDENTES DE DERECHO 1. SITUACIÓN MIGRATORIA DE LA EXTRANJERA Como bien se ha expuesto, la recurrente cuenta con carta de nacionalización, por lo que mantiene situación migratoria regular en el país. Así, la situación de pendencia de su solicitud de carta de nacionalización no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, como tampoco al ejercicio de alguna de sus garantías fundamentales.

1. EN CUANTO AL TIEMPO DE TRAMITACIÓN:

Que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, lo que distorsionó los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos durante los años 2020 y 2021, atendidos los aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria. Lo anterior significó un retraso considerable e irresistible para la autoridad migratoria que, como se expondrá, ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de permisos de residencia, como también toda otra solicitud de trámites de naturaleza migratoria, sin que ello por sí solo implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Artículo 27. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

Ahora, tal y como ha sido recogido por jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de protección N° 25817-2020, sentencia de 18 de agosto de 2020, el plazo establecido en la ley N° 19.880, para dar resolución a un procedimiento administrativo no corresponde a un plazo fatal para la Administración. Y en este caso particular, tampoco puede desprenderse la existencia de un nexo causal entre las “molestias” que aduce sufrir el recurrente por el tiempo de tramitación de su solicitud, máxime cuando la Ley y Reglamento de Extranjería le reconoce situación migratoria regular en el territorio nacional mientras penda la resolución de su solicitud.

El fallo ya referido señala, en su considerando décimo: “Que, finalmente, en cuanto a la alegación de la recurrente con respecto al incumplimiento de los plazos del procedimiento administrativo, contenido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, lo cierto es que dicho requisito impone una obligación al funcionario a cargo de sustanciar el respectivo procedimiento en un breve plazo, pero no importa una fatalidad. Así, la Contraloría General de la República ha sostenido en diversos Dictámenes como, por ejemplo, en el N° 61.059 de 2011; N° 20.306 de 2012 y N° 51.532 de 2015, que “(...) salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la administración no son fatales, y que su vencimiento no implica la caducidad o invalidación del acto respectivo.

Por consiguiente y en virtud de las razones anteriormente expuestas, la acción constitucional impetrada será forzosamente rechazada”.

Esta parte entiende que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 es un plazo que entra en la categoría de “no fatales”, debido a que la ley no declara expresamente que tenga dicha naturaleza, como tampoco existe alguna sanción de caducidad asociada al transcurso del plazo. En consecuencia, es impone como un plazo no fatal, esto es, un plazo referencial para la administración, no perentorio y posible de ser prorrogado.

Esta posición se haya en sintonía con el voto en contra emitido por el Sr. Ministro de la Corte Suprema nombre reservado, en causa rol 94.906-2021, en fallo divido de fecha 20 de junio de 2022, en el cual indicó:

1. Que con un mayor estudio de los antecedentes respecto de la institución del plazo en los procedimientos administrativos, este disidente ha llegado a la conclusión de que no existe en nuestro sistema la institución del decaimiento ni es fatal el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N.° 19.880, pues la ley no ha establecido a su respecto la sanción de caducidad. Es más, tratándose de un procedimiento de oficio como el de la especie, para compeler a la administración a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro del plazo establecido para ello, el artículo 64 de dicha Ley confiere al administrado el derecho de solicitar la certificación del silencio administrativo negativo, entendiéndose que en ese caso su impugnación a los cargos efectuados estaría rechazada, habilitándose en consecuencia el plazo para interponer los recursos legales que correspondan en su contra. Sin embargo, no consta en estos autos que así se haya procedido.

Sin perjuicio de ello, la Iltma. Corte de San Miguel no ha sido indiferente a respecto a la norma citada, en fallo de protección Nº 212-2021, sentencia de fecha 05 de mayo de 2021, señala a la letra, en su considerando Octavo: “Que, en todo caso, en cuanto a la afectación de derechos que se acusa en el recurso a raíz de la demora en la tramitación de la solicitud del señor nombre reservado por parte de la recurrida, se hace necesario recordar que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a seis meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, estado de situación que resulta plenamente subsumible en la coyuntura por la que atraviesa el país desde inicios de 2020, a causa de la pandemia de carácter mundial por el brote del nuevo Coronavirus y la situación de emergencia sanitaria, así como el estado de excepción constitucional aparejado a la misma; contexto que –es un hecho público y notorio- ha acarreado el advenimiento de numerosas condiciones o escenarios imprevistos y exigido esfuerzos extraordinarios a las autoridades de toda índole.

Por consiguiente, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad verificables en el rezago que se describe en el libelo de protección concerniente a la resolución de la solicitud del interesado, toda vez que la Administración se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 27 de la Ley 19.880, a lo que cabe agregar el hecho de encontrarse avanzando en su trámite –ya en fase final, según señaló el apoderado de la recurrida en estrado-, así como no haber quedado en evidencia que el señor nombre reservado haya recibido un trato desigual o discriminatorio respecto de otra persona que, en su misma situación, hubiese recibido un trato diverso.”

Si bien los hechos que motivaron dichas sentencias citadas, son diversos a los que se han presentado ante S.S. Iltma. en la presente acción de protección, no dejan de ser relevantes las reflexiones de esta Iltma. Corte. Las cuales, se vuelven relevantes porque la pretensión de la contraria es alzar el tiempo de tramitación como una omisión que por sí sola trae aparejada una serie de perturbaciones en su vida, que ha subsumido en amenaza o vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 N° 2, así como los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4, 16 y 21, todos también del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al argumentar un supuesto trato desigual y discriminatorio, lo que es absolutamente falso. La tramitación de la solicitud carta de nacionalización de la extranjera recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, y por lo demás, mientras se mantenga en tramitación la solicitud, las personas no tienen limitaciones para salir e ingresar al país sin más limitaciones que las que establece la ley, así como plena libertad de desarrollar actividades remuneradas lícitas, y en general, adquirir todo derecho u obligación civil conforme lo establecido en el artículo 57 del Código Civil.

“Artículo 57. La ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Código.”

El hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no sea fatal para dar término a los procedimientos administrativos, refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa. Máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud de carta de nacionalización, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo.

En virtud de las consideraciones anteriormente indicadas, teniendo presente que esta parte ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende esta autoridad que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República, y no existe por tanto perturbación alguna derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación y su situación migratoria es regular.

Solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de la extranjera recurrente por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

Acompañó Comunicación electrónica folio N° 19774931, de 07 de octubre de 2022.

A folio N°15-2022 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección ha sido instituido con el propósito de evitar posibles consecuencias dañosas o lesivas por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que causen a los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos garantizados constitucionalmente, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los afectados.

Segundo: Que lo primero que tendrá en consideración esta Corte a la hora de resolver la acción constitucional que nos convoca, es que según aparece de los antecedentes, la situación migratoria de la recurrente se encuentra regularizada, toda vez que es una cuestión pacífica el que cuenta con una carta de nacionalización, quedando pendiente de resolución solamente la corrección de uno de sus apellidos en dicho instrumento.

Tercero: Que en cuanto al tiempo de demora en la tramitación de la solicitud de la recurrente -que es lo que se reprocha de manera central a través del recurso- cabe señalar que el artículo 27 de la Ley 19.880, señala expresamente que el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor.

Cuarto: Que en opinión de estos sentenciadores, la dificultades de trabajo que ha traído aparejada la pandemia de carácter mundial que afectó y afecta nuestro país, es una hipótesis que se enmarca dentro de aquellos conceptos, alterando de esa forma efectivamente los tiempos normales de tramitación de los procedimientos administrativos hasta el día de hoy, generando una acumulación de requerimientos que no pudieron (dados aislamientos, cuarentenas y restricciones de movilidad decretados por la autoridad sanitaria), la pronta respuesta que en situación de normalidad sí concurrían.

Quinto: Que además tendrá presente este tribunal, por ser un hecho público y notorio, que existe una gran cantidad de solicitudes que sí dicen referencia a la situación migratoria de personas extranjeras, a las que aparece de buen criterio dar prioridad en su tramitación en el especial contexto que se viene narrando.

Sexto: Que, así las cosas, atendido el concreto propósito de la solicitud de la recurrente acotada en las consideraciones que preceden, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad verificables en el rezago que se describe en el libelo de protección concerniente a la resolución de la solicitud de la interesada.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, cabe indicar que conforme aparece de los antecedentes la solicitud de la actora con fecha 11 de octubre de 2022, fue enviada al Gabinete del Sr. nombre reservado para visto bueno y posterior firma de la Ministra del Interior, de manera que la tramitación en cuestión de la solicitud se encuentra en marcha y en su etapa final Octavo: Que, así las cosas, la tramitación del requerimiento de la recurrente se ha verificado y está en manos de terceras autoridades, explicándose su demora por las razones ya señaladas en este fallo, no divisándose de esa forma la ilegalidad ni arbitrariedad que se denuncia en el recurso, por lo que forzoso será declarar sin lugar el mismo, conforme se indicará en lo resolutivo Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, a favor de nombre reservado y en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES.

Redactó Alexis Gómez Valdivia, abogado integrante.

Regístrese.

Rol N° Protección-34292-2022 (pvb).