Protección contra INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, catorce de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Que, a folio 1 comparece el abogado José Alfredo Molina García, en representación convencional de SERVICIO DE INGENIERÍA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LTDA., nombre reservado° 76.060.259-0, nombre de fantasía “Servicios Austral”, del giro de su denominación, en adelante e indistintamente “Servicios Austral”, representada legalmente por don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TEMUCO, representada por don nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por su actuar arbitrario e ilegal, en razón de los siguientes hechos:

A. Que, con fecha 11 de octubre de 2023, en fiscalización efectuada por la Fiscalizadora de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, doña nombre reservado, a colaboradores de su representada que prestan servicios en Clínica Alemana de Temuco, ubicada en domicilio reservado, se cursó las siguientes infracciones:

1. NO OTORGAR DESCANSO SEMANAL EN COMPENSACIÓN POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN DÍAS DOMINGO RESPECTO DE LOS TRABAJADORES Y nombre reservado: TRABAJADOR nombre reservado: DEL 06 AL 13 DE MAYO; DEL 03 AL 10 DE JUNIO 2023; DEL 13 AL 19 DE AGOSTO; Y DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 2023. TRABAJADOR nombre reservado: DEL 20 AL 27 DE MAYO 2023; DEL 17 AL 24 DE JUNIO; DEL 15 AL 22 DE JULIO; DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2023. TRABAJADOR nombre reservado: DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2023; DEL 23 AL 29 DE JULIO; DEL 05 AL 12 DE AGOSTO 2023; DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2023. TRABAJADOR nombre reservado: DEL 02 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023. TRABAJADOR nombre reservado: DEL 03 AL 10 DE JUNIO 2023. TRABAJADOR nombre reservado: DEL 24 AL 30 DE JUNIO; DEL 22 AL 29 DE JULIO 2023; DEL 19 AL 26 DE AGOSTO 2023. TRABAJADOR nombre reservado: DEL 15 AL 22 DE JULIO; DEL 12 AL 19 DE AGOSTO 2023.

2. NO OTORGAR AL MENOS DOS DE LOS DÍAS DE DESCANSO EN EL RESPECTIVO MES CALENDARIO EN DÍA DOMINGO, HABIÉNDOSE CONSTATADO QUE LA EMPRESA DESARROLLA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL N° 2 DEL ARTÍCULO 38 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, RESPECTO DE LA TRABAJADOR Y nombre reservado: nombre reservado, nombre reservado 2023.

3. NO LLEVAR CORRECTAMENTE EL REGISTRO DE ASISTENCIA Y DE HORAS TRABAJADAS SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: TRABAJADOR nombre reservado: NO CONSIGNA HORAS Y FIRMA EN LAS SALIDAS DE LAS JORNADAS DEL 30 DE JUNIO 2023 Y DEL 31 DE AGOSTO 2023. TRABAJADOR nombre reservado: ENMENDADURAS EN LAS HORAS DE SALIDAS DE LAS JORNADAS 7, 8 Y 22 DE MAYO, DEL 17 DE JULIO 2023 Y DEL 28 DE AGOSTO 2023. NO CONSIGNA HORA Y FIRMA EN LAS SALIDAS DE LAS JORNADAS 26 DE MAYO Y DEL 28 DE JULIO 2023. TRABAJADOR nombre reservado: NO CONSIGNA HORA Y FIRMA EN LA SALIDA DE LA JORNADA DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2023. BORRÓN CON CORRECTOR EN HORA DE LA SALIDA DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2023. ENMENDADURAS EN HORA DE SALIDA DE LA JORNADA DEL 06 DE MAYO 2023.

B. Que, en virtud de lo anterior, la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, mediante su Resolución de Multa N° 1211/23/60, de fecha 11 de octubre de 2023, notificada a su representada el 06 de noviembre de 2023, determinó que infringió diversas normas laborales y en consecuencia aplicó la siguiente ponderación sancionatoria:

N° N° De Resolución Enunciado Infracción Norma Infringida Multa 1 12/23/60/1 NO OTORGAR DESCANSO SEMANAL COMPENSATORIO.

ARTÍCULO 38 INCISO 3º, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 506 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 40 UTM 2 12/23/60/2 NO OTORGAR DESCANSO DE 2 DOMINGOS EN EL MES CALENDARIO ARTÍCULO 38 INCISO 4º, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 506 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 40 UTM 3 12/23/60/3 NO LLEVAR CORRECTAMENTE REGISTRO DE ASISTENCIA Y DETERMINACIÓN DE LAS HORAS DE TRABAJO.

ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO N° 969 de 1933, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 506 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 40 UTM C. Que, en mérito de la Resolución de Multa N° 1211/23/60, su representada intentó en tiempo y forma ingresar el recurso administrativo consagrado en los Arts. 511 y 512 del Código del Trabajo a través del sitio electrónico MI DT de la Dirección del Trabajo, de acuerdo con lo previsto en el Art. 514 del mismo cuerpo legal.

Sin embargo, tal como consta en los documentos que se acompañan ello no le fue permitido, debido a errores en el sistema informático en la plataforma MI DT del portal de internet de la Dirección del Trabajo, problemas informáticos que entorpecieron el ingreso y registro del recurso administrativo, por cuanto la aludida Resolución de Multa N° 1211/23/60, no figuraba como multa vigente para Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Ltda.

A mayor abundamiento, mi representada, al ingresar por sí misma a la plataforma MI DT, tanto a través de su propio representante legal, ya individualizado, como a través de sus distintos representantes laborales electrónicos, todos y cada uno de ellos, no pudo ingresar, en el sitio web del portal de internet de la Dirección del Trabajo, el recurso administrativo consagrado en el Art. 511 del Código del Trabajo por inexistencia de la multa, según el mismo portal.

D. Que, en efecto, Servicio de Ingeniería, Seguridad y Transporte Transcom Ltda., a través de sus representante legal y representantes laborales electrónicos, en distintos días y horarios, ingresó a la plataforma de MI DT, siguiendo la ruta diseñada al efecto por la Dirección del Trabajo, ingresando a las distintas secciones del sitio web (PERFIL EMPLEADOR PERSONA JURÍDICA / Denuncias y Solicitudes / Solicitud de Recurso Administrativo de Multas / Solicitud RAM / Realiza una solicitud de Recurso Administrativo de Multas) para finalmente ingresar el rol de la multa de la cual se pretendía impetrar el recurso administrativo consagrado en el Art. 511 del Código del Trabajo, cual es, la Resolución de Multa N° 1211/23/60, esta no figuraba como multa vigente para mi representada, señalando la página de internet la frase “No se encontraron resultados para la búsqueda, como se acredita en las distintas capturas de pantallas de ingresos fallidos en diferentes fechas y horarios que se acompañan.

E. Que, el representante legal electrónico es aquella persona natural, designada y registrada por el empleador (Persona Jurídica), en la sección Gestor de Representantes Laborales Electrónicos para operar con su Clave Única en el Portal Mi DT en representación de aquel empleador1 (definición dada por la misma Dirección del Trabajo)

La figura del representante legal electrónico fue diseñada en el año 2022 y puesta en marcha el año 2023, encontrándose vigente el antiguo Portal de trámites de Empleadores de la Dirección del Trabajo denomina “Ventanilla Empresa”, el cual seguirá operativo para los usuarios hasta que el nuevo sistema Portal Mi DT esté funcionando de forma íntegra, tal cual de forma expresa lo señala la Autoridad Laboral en su sitio web.2 F. Que, de acuerdo a lo prescrito en los Arts. 16 bis, 17, 18 y 19 de la Ley 19.880 bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, ante la imposibilidad de acceder a la Resolución de Multa N° 1211/23/60, para ingresar el procedimiento de reconsideración administrativa al sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, con fecha 20 de diciembre de 2023, mi representada ingresó la Constancia Registro N° 1180752 respecto del entorpecimiento para ingresar el recurso de marras por la vía electrónica debido al error informático de la Dirección del Trabajo pretéritamente pormenorizado.

G. Que, en virtud del infructuoso intento de ingresar el recurso administrativo por la vía formal destinada a ello, y sin perjuicio de haber ingresado una constancia en el sitio web dando cuenta del error informático de acuerdo a lo prescrito en el Art. 16 bis de la Ley 19.880 bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, es que finalmente el mismo día 20 de diciembre de 2023, Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Ltda., ingresó el recurso administrativo contemplado en el Art. 511 del Código del Trabajo, en la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, en formato físico, cuya copia se acompaña en el Primer Otrosí de esta presentación.

H. Que, en efecto, su representada, argumentó las siguientes consideraciones de hecho y en derecho:

RESPECTO DE LA MULTA N° 12/23/60/1: NO OTORGAR DESCANSO SEMANAL COMPENSATORIO.

Se acompañó documentación que acredita que se otorgó el respectivo descanso compensatorio de los trabajadores involucrados dentro del mes de noviembre.

RESPECTO DE LA MULTA N° 12/23/60/2: NO OTORGAR DESCANSO DE 2 DOMINGOS EN EL MES CALENDARIO.

Se acompañó documentación que acredita que se otorgó el respectivo descanso de los días domingos durante el mes de noviembre y a fines de diciembre a petición del trabajador involucrado.

RESPECTO DE LA MULTA N° 12/23/60/3: NO LLEVAR CORRECTAMENTE EL REGISTRO DE ASISTENCIA Y DETERMINACIÓN DE LAS HORAS DE TRABAJO.

Se corrigió en la medida de lo posible, en cuanto que se impartieron las instrucciones y se corrigió el registro de asistencia a contar de la fiscalización en adelante como se acredita en los documentos que se acompañaron.

Por lo anterior, Servicios Austral, en mérito de lo anteriormente expuesto, la documentación acompañada y lo prescrito en los Arts. 511 y 512 del Código del Trabajo, solicitó a la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco acoger el Recurso de Reconsideración Administrativa respecto de la Resolución de Multa N° 1211/23/60, notificada a mi representada con fecha 06 de noviembre de 2023.

En consecuencia, al tener por íntegramente cumplidas las disposiciones legales señaladas en el señalado artículo del Código del Trabajo, le permite a mi representada acceder, a lo menos al beneficio consagrado en el Art. 511 del Código del ramo, al haber acreditado fehacientemente haber dado íntegro cumplimiento, a las disposiciones legales invocadas por la Autoridad Laboral para sancionar a mi representada.

J. Que, con fecha 31 de enero de 2024, la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, mediante su RESOLUCIÓN N° 901.3170/2024, resolvió, en lo pertinente:

“CONSIDERANDO:

1.- Que, por resolución N° 1211.2023/60-1 a 3 de fecha 11 de octubre de 2023, se aplicó multa administrativa al empleador SERVICIO DE INGENIERÍA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA, R.U.T N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, con correo electrónico correo reservado, por infracción a las disposiciones legales que en ella se expresa, y por los montos que a continuación se precisan:

NÚMERO DE RESOLUCIÓN UNIDAD MONETARIA CANTIDAD TIPO

1211.2023/60 1 40 U.T.M.

1211.2023/60 2 40 U.T.M.

1211.2023/60 3 40 U.T.M.

2.- Que, con fecha 6 de noviembre de 2023 se procedió a la notificación de la referida multa administrativa.

3.- Que, con fecha 20 de diciembre de 2023, la empresa SERVICIO DE INGENIERÍA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA, R.U.T N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, con correo electrónico correo reservado presentó la siguiente solicitud:

Solicitud de sustitución de multa administrativa N° 1211.2023/60-1 a 3 por asistencia a un programa de capacitación impartido por la Dirección del Trabajo.

4.- Que, revisados los antecedentes se constata que:

EL RECURSO SE INTERPUSO FUERA DEL PLAZO LEGAL DE TREINTA DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS.

5.- Que, en virtud de lo anterior, y siendo inadmisible el recurso, no se emitirá pronunciamiento respecto del fondo del mismo.

RESUELVO:

SE RECHAZA el recurso administrativo deducido por empresa SERVICIO DE INGENIERÍA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LIMITADA, R.U.T N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, declarándolo INADMISIBLE en virtud de lo señalado en los considerandos 4 y 5 de la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución al correo electrónico correo reservado del interesado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 508 y 515 del Código del Trabajo.”

K. Que, al respecto existe una manifiesta arbitrariedad e ilegalidad en la RESOLUCIÓN N° 901.3170/2024, precedentemente señalada, sobre la base de las siguientes consideraciones:

1. Es absolutamente falso que mi representada, Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Ltda., haya solicitado la sustitución de la multa administrativa N° 1211.2023/60-1 a 3 por asistencia a un programa de capacitación impartido por la Dirección del Trabajo.

En efecto, por el solo imperio de la Ley, mi representada está impedida siquiera de solicitar el recurso de sustitución de multa por capacitación, de acuerdo a lo prescrito en los Arts. 505 bis, 506 y 506 ter, del Código del Trabajo.

Así las cosas, el Art. 506 ter de forma expresa restringe el uso de esta facultad o beneficio exclusivamente tratándose de micro y pequeñas empresas, y en los casos en que el afectado no hubiere recurrido de conformidad a los artículos 503 y 511.

2. En la individualización de mi representada, existe un palmario error en su identificación, por cuanto es absolutamente falso que Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Ltda., tenga su domicilio en domicilio reservado, toda vez que, y .como es de conocimiento de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, mi representada tiene domicilio domicilio reservado.

Sin embargo, huelga mencionar, que esta evidente falta de prolijidad de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, además del error informático pretéritamente descrito, se debe a que el sistema informático de la Autoridad Laboral confunde el domicilio de Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Ltda., cual es Manuel Bulnes N° 45, Temuco, con el otrora domicilio de otra empresa de seguridad, cual es, Sejem Seguridad Privada SpA, nombre reservado° 77.095.529-7, domiciliada domicilio reservado.

En efecto, Sejem Seguridad Privada SpA, es precisamente una empresa que de acuerdo a lo prescrito en el Art. 505 bis del Código del Trabajo, califica como micro empresa, ergo, facultada para impetrar el recurso de sustitución de multa por capacitación, prescrito en el Art. 506 ter, del Código del ramo.

3. Que, la plataforma MI DT del portal de internet de la Dirección del Trabajo, debido a sus errores informáticos, no tan solo confunde el domicilio de mi representada, Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Ltda., nombre reservado° 76.060.259-0, domiciliada en domicilio reservado, con el domicilio de Sejem Seguridad Privada SpA, nombre reservado° 77.095.529-7, de domicilio reservado, de la comuna de Temuco, sino que además confunde el ingreso de la multa administrativa N° 1211.2023/60-1 a 3, cursada a mi representada, toda vez, que no la pública ni la asigna al perfil de mi representada en su sitio web MI DT.

Ello queda en evidencia, cuando al solicitar mi representada, Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Ltda., el recurso de reconsideración administrativo del Art. 511 del Código del Trabajo, la plataforma MI DT de la Dirección del Trabajo, debido a sus errores informáticos, la confunde la empresa Sejem Seguridad Privada SpA, que debido a su calidad de pequeña empresa si está facultada para impetrar el recurso de sustitución de multa por capacitación.

4. Que, con todo, el error informático de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco es tan evidente al rechazar un recurso de sustitución de multa por capacitación que en la especie mi representada, como se explicitó, jamás solicitó, por cuanto de haber solicitado Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Ltda., la sustitución de la multa administrativa N° 1211.2023/60-1 a 3 por asistencia a un programa de capacitación, la recurrida está obligada, por imperio de la ley, derechamente a rechazar la solicitud por improcedente para una gran empresa, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 505 bis del Código del Trabajo.

5. Que, misma suerte corre la individualización de mi representada por parte de la recurrida, en tanto y en cuanto a su domicilio, al confundir la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco el domicilio de Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Ltda., con el de otra empresa de seguridad, SEJEM Seguridad Privada SpA.

Esta confusión de domicilios, entre dos empresas, ambas de seguridad privada y ambas domiciliadas en domicilio reservado, irroga que el sistema informático que se encuentra aún en etapa de implementación y aún no funcionando de forma íntegra, tal cual de forma expresa lo señala la Autoridad Laboral en su sitio web, cometa estas arbitrariedades.

6. Que, sin perjuicio de los errores esenciales enumerados en los epígrafes anteriores, la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, adolece de una total falta de fundamentación en su RESOLUCIÓN N° 901.3170/2024, del 31.01.2024, limitándose a resolver de forma escueta, que “EL RECURSO SE INTERPUSO FUERA DEL PLAZO LEGAL DE TREINTA DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS”, decisión administrativa que no contiene una sola referencia respecto de los “fundamentos de su decisión”, limitándose a declararla fuera de plazo, sin pronunciarse respecto del entorpecimiento alegado.

Pormenoriza las normas aplicables al caso sub lite y que denotan el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida de autos:

A. De la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado:

Al efecto, la Ley 19.880, prescribe las formalidades que rigen los procedimientos administrativos de los órganos de la Administración del Estado.

a. El Art. 3º define el concepto de acto administrativo como “las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Los actos administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones. Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias.”

La RESOLUCIÓN N° 901.3170/2024 adolece de estos requisitos esenciales de las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado.

b. El Art. 8º refiere el Principio Conclusivo de todo procedimiento administrativo disponiendo que la Administración debe dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.

Precisamente, la recurrida soslaya el principio conclusivo, por cuanto evita el procedimiento administrativo al rechazar arbitraria e ilegalmente pronunciarse respecto de la solicitud de reconsideración administrativa y del entorpecimiento invocado.

c. El Art. 10 prescribe el Principio de Contradictoriedad, que faculta a los interesados, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio y que podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

Nada de ello fue permitido a su representada.

A mayor abundamiento, al haber confundido la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, la figura administrativa de reconsideración administrativa consagrada en el Art. 511 del Código del Trabajo, con la de sustitución de multa por capacitación, prescrita en los Arts. 505 bis, 506 y 506 ter, del Código del ramo, afecta el Principio de Contradictoriedad, por cuanto esta última figura administrativa no admite reclamo judicial.

A este respecto, la Jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia Superiores es conteste en señalar que quien opta por la Solicitud de Sustitución de Multa consagrada en el mentado Art. 506 ter, renuncia de forma tácita a la opción de reclamación judicial, optando por la vía administrativa.

Lo anterior obliga a mi representada, derechamente a impetrar la acción de protección constitucional consagrada en el Art. 20 de nuestra Constitución Política de la República.

d. Respecto al Principio de Imparcialidad consagrado en el Art. 11 que obliga a la Administración a actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte y que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.

Ello fue abiertamente soslayado por la recurrida, impidiendo ejercer un derecho consagrado en la legislación laboral, mal interpretado y mal resuelto, al confundir a las personas jurídicas que sí tienen derecho a ello.

e. El Art. 14 consagra uno de los principios de mayor importancia y trascendencia, cual es el Principio de Inexcusabilidad que obliga a la Administración a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Las negativa de pronunciarse fundadamente respecto de la solicitud principal de reconsideración administrativa y la negativa a referirse siquiera al incidente de entorpecimiento da cuenta de ello.

f. El Art. 17 establece los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, en la especie, conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley; ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.

Nada de ello se le permitió a mi representada.

g. Prescribe el Art. 41 de la Ley 19.880 que la resolución final que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados, la que deberá ajustarse a las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si fuere procedente; debiendo contener la decisión, que será fundada, expresando, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Ello le fue impedido arbitrariamente a mi representada.

DEL ACTUAR ARBITRARIO E ILEGAL RECURRIDO PROPIAMENTE TAL:

1) Que, dado lo anteriormente expuesto, la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, mediante su RESOLUCIÓN N° 901.3170/2024, actúa arbitrariamente respecto de la solicitud de Recurso de Reconsideración Administrativa solicitado respecto de la Resolución de Multa N° 1211/23/60, de acuerdo a lo prescrito en los Arts. 511 y 512 del Código del Trabajo, resolviendo de forma ilegal y arbitraria, negándose a dar curso a un requerimiento administrativo que en derecho corresponde.

Además, la RESOLUCIÓN N° 901.3170/2024, emitida con evidentes errores de forma y de fondo, es producto de un error informático en etapa de implementación aún, por parte de un órgano de la Administración del estado, que debido a su inconsistencia incurre en cruce de información errática que priva los derechos de las personas, ente caso, jurídica que por disposición de la misma recurrida debe utilizar esta misma plataforma.

2) Que, Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, soslaya los principios rectores consagrados en Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, de manera arbitraria e ilegal, al negarse a pronunciarse tanto respecto de lo principal como del incidente de entorpecimiento alegado por mi representada, resolución que adolece de motivación del acto administrativo, consagrado en una serie de estándares que materializan de manera concreta el mandato del Art. 8° de la Constitución Política de La República, en concordancia con los Arts. 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley 19.880 bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Así las cosas, el acto ilegal y arbitrario del que se recurre, esto es la RESOLUCIÓN N° 901.3170/2024, de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, adolece de requisitos indispensables, sin estar revestido de mérito suficiente, constituyéndose en un acto desmotivado y con razones justificativas vagas, imprecisas y que no se avienen al caso concreto. Al carecer de un elemento esencial, esto es la debida motivación, apoyándose solo sobre fundamentos meramente formales, implica una arbitrariedad e ilegalidad como lo ha expuesto la Excma. Corte Suprema en Autos Rol 27.467-2014.

3) Que, el actuar de la recurrida atenta contra el principio de imparcialidad consagrado no solo en la Ley 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, y que en la especie le mandata, en su calidad de tal, un actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, sino que en nuestra Carta Fundamental, en sus Art. 6º, 7º, 8º y 19 N° 2.

4) Que, en este mismo orden de ideas, lo estipulado en la señalada Ley 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado y asimismo en la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, respecto de la recurrida, en virtud de lo cual las resoluciones que adopte sobre los hechos que versan sus decisiones y los fundamentos de derecho en que se fundan, deberán siempre expresarse en los actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos, como el caso sub lite.

5) Que, sin perjuicio de lo anterior y de las normas legales lata y pretéritamente pormenorizadas, nuestra Constitución Política de La República mandata y delimita el actuar de los órganos del Estado.

Garantías conculcadas:

1. Que, por su parte el Art. 19 N° 2 de la Carta Fundamental dispone que se garantiza a todas las personas que “En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.”

2. Que, seguidamente, el Art. 19 N° 3 del texto constitucional dispone que se garantiza “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos (…) Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho (…) Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”

3. Que, el Art. 19 N° 14 del texto constitucional garantiza a toda persona el derecho de “presentar peticiones a la autoridad, sobre un asunto de su interés privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.”

4. Que, finalmente, el N° 24 del mismo articulado dispone que se garantiza a toda persona “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Pidió en definitiva, declarar que su actuar a través de su RESOLUCIÓN N° 901.3170/2024, emanada de la recurrida, es precisamente arbitrario e ilegal, debiendo en consecuencia dejarse sin efecto la decisión de ésta de no admitir a trámite los antecedentes acompañados al proceso del procedimiento administrativo, ordenando que se retrotraiga el proceso hasta antes de ser rechazado, a fin de que dichos antecedentes sean valorados por la recurrida para resolver adecuadamente, y debiendo adoptarse además toda otra medida que se estime necesaria por S.S.I. para reestablecer el imperio del derecho en el caso de autos, con costas, declarando:

1. Dejar sin efecto la RESOLUCIÓN N° 901.3170/2024, de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, por ser ilegal y arbitraria, además de adolecer de errores de forma y de fondo, y de carecer de los requisitos formales y esenciales que en la especie le mandata en su carácter de órgano de la Administración del Estado.

2. Debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de permitir a mi representada, Servicio de Ingeniería, Seguridad y Transporte Transcom Ltda. resolver en derecho el recurso administrativo consagrado en los Arts. 511 y 512 del Código del Trabajo respecto de la Resolución de Multa N° 1211/23/60.

3. Disponer los actos administrativos tendientes perseguir las responsabilidades administrativas que señala el inciso final del Art. 7º de la Constitución Política de La República.

4. Se condene en costas a la recurrida.

Que a folio 12, la recurrida, evacuando el informe de rigor, indicó lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES PREVIOS: Con fecha 6 de noviembre de 2023 se notificó a la empresa recurrente la resolución de multa N° 1211.2023/60-1 a 3, por los hechos constitutivos de infracción laboral detallados en la misma; notificación que fue practicada de acuerdo a lo establecido en el artículo 508 del Código del Trabajo, vía correo electrónico a la casilla registrada para estos efectos en la plataforma de la Dirección del Trabajo, correo reservado. La remisión de dicho correo se efectuó el día 31 de octubre de 2023, entendiéndose así notificada la resolución con fecha 6 de noviembre del mismo año.

Con fecha 20 de diciembre de 2023 se recibió en dependencias de la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, solicitud de recurso administrativo que rezaba (sic) “En lo principal: Solicitud de sustitución de multa…” motivo por el cual se ingresó como solicitud de sustitución de multa por asistencia a un programa de capacitación impartido por la Dirección del Trabajo de acuerdo a lo señalado en el artículo 506 ter del Código Laboral al no tratarse ninguna de las multas impuestas de infracciones a la normativa de higiene y seguridad en el trabajo.

Con fecha 31 de enero de 2024 se dicta por parte del Inspector Provincial del Trabajo de Temuco, don nombre reservado, la Resolución Exenta N° 901-3170/2024, que rechaza por extemporánea la solicitud por haber sido presentada fuera del plazo legal de treinta días hábiles “administrativos” señalado en el artículo 506ter inciso tercero del Código del Trabajo acto que, al igual que la resolución de multa, se notificó por correo electrónico el día 7 de febrero de 2024 al haberse enviado el correo electrónico respectivo el día 2 del mismo mes y año.

Con fecha 2 de marzo de 2024 se deduce el recurso de protección cuyo informe se evacua en este acto.

Se hace presente desde ya, que esta parte sólo puede dar fe de los hechos precedentemente expuestos, sin que así pueda tener por efectivos varios de los alegados en el recurso, como que hubo un “error administrativo” que no permitió ingresar oportunamente la solicitud administrativa, o que el recurrente efectivamente trató de ingresar su solicitud dentro de plazo, lo que no fue posible por causas totalmente no atribuibles a su persona. Además, lo afirmado respecto a que hubo una “confusión” tanto en lo referido al tipo de recurso como al domicilio de la recurrente, no es efectivo; tal como se dirá posteriormente.

2.- PRESUPUESTOS JURÍDICOS DEL RECURSO DE PROTECCIÓN: De acuerdo a lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política, y de lo sustentado reiteradamente por nuestros Tribunales Superiores de Justicia y por la doctrina Constitucional, el recurso de protección, debe reunir ciertos y determinados requisitos para su procedencia, ellos son: a) La ocurrencia de una acción u omisión reprochable; b) Que dicha acción u omisión sea arbitraria o ilegal; c) Que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente; d) Que el Tribunal ante quien se recurre esté en condiciones de brindar la protección reclamada. Es opinión de esta parte que en este caso no concurren los requisitos ni de forma de ni fondo para acoger la presente acción de protección, como se dirá a continuación.

3.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN CAUTELAR INTERPUESTA:

Respecto a la improcedencia de este recurso, se debe tener presente que el Recurso de Protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del ofendido cuando éste ha sufrido arbitraria e ilegalmente privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que taxativamente se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política, es decir, constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado. Lo anterior ha motivado a las Cortes de Apelaciones a declarar inadmisibles los recursos de protección que se ha intentado en contra de resoluciones administrativas que imponen multas por infracciones a las normas laborales, ello debido a las particularidades del recurso de protección, pues no aparece adecuado franquear una posibilidad más de recurrir a quien infringe la norma laboral, desplazando la actividad jurisdiccional desde quienes son los llamados naturalmente a conocer de éstos asuntos (los Juzgados de Letras del Trabajo), hacia las Cortes de Apelaciones, eso significaría en la realidad una pérdida de la competencia para esos Tribunales y la norma que se la otorga quedaría en definitiva en desuso, sin que existan verdaderos motivos constitucionales para ello.

Los derechos aquí reclamados no son verdaderos derechos fundamentales, sino que son protegibles por el contencioso-administrativo que le entrega la ley a través de las reclamaciones judiciales del artículo 512 del Código del Trabajo.

En concordancia con los criterios precedentemente expuestos, pensamos que, tal como se demostrará más adelante, la controversia suscitada con motivo de la presentación de este recurso versa esencialmente sobre aspectos que tienen que ver con la aplicación de normas jurídicas de alcance general y diversos antecedentes de hecho, que la hacen más propia de un procedimiento declarativo y de lato conocimiento, que de una acción cautelar como el recurso de protección.

Esto mismo nos permite señalar que con la interposición del presente recurso no se está buscando un remedio urgente y necesario frente a un quebrantamiento ostensible del orden de cosas establecido, que deje a salvo a las partes la posibilidad de discutir el fondo de sus derechos en la sede judicial pertinente, sino que al contrario, con la obtención de un fallo favorable al recurso, se persigue la resolución definitiva y permanente de esta controversia, lo que no parece procedente considerando que no estamos en presencia de un derecho indubitado.

En el presente caso, de la sola lectura del recurso interpuesto se puede apreciar que se está utilizando este recurso constitucional como un sustituto jurisdiccional de procedimientos ordinarios de lato conocimiento establecidos en la Ley. En efecto, y haciendo presente desde ya que esta parte controvierte la circunstancia de que en este caso la solicitud haya sido, de manera inequívoca, reconsideración de multa administrativa, el recurso de protección deducido parte, y se fundamenta, en este supuesto. En efecto, y sólo a título ejemplar, en la página 4 del recurso se dice literalmente que (sic) “…no se pudo ingresar en el sitio web del portal de internet de la Dirección del Trabajo, el recurso administrativo consagrado en el Art. 511 del Código del Trabajo…” para señalar luego en la página 7 que la recurrente “…ingresó el recurso administrativo contemplado en el Art. 511 del Código del Trabajo…” siendo así claro que para la recurrente se solicitó la reconsideración administrativa de multa consagrada en esa norma legal. Ahora bien, el artículo 512 del Código del Trabajo establece expresamente la acción judicial para recurrir respecto de la resolución dictada por el Inspector Provincial del Trabajo respecto de resoluciones que se dictan en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 511 del Código Laboral, concediendo un plazo de caducidad de quince días hábiles contados desde la notificación de la multa para deducir la demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo o con competencia en lo laboral competente.

4.- LEGALIDAD Y FALTA DE ARBITRARIEDAD DEL ACTO IMPUGNADO: Corresponde referirse ahora al acto señalado como supuestamente constitutivo de vulneración de derechos y garantías constitucionales, señalándose desde ya, que como se expondrá en este caso no hay actuación ilegal o arbitraria alguna que merezca acoger el recurso de protección deducido. A modo se resumen, las alegaciones formuladas por la recurrente se pueden “agrupar” en lo siguiente:

a) Error al individualizar el recurso, pues supuestamente se habría solicitado reconsideración de multa administrativa, pero se resolvió sobre sustitución de la misma por asistencia a programa de capacitación impartido por la Dirección del Trabajo.

b) Error en el señalamiento del domicilio de la recurrente.

c) Error informático en la plataforma de la Dirección del Trabajo por cuanto, supuestamente, se habría impedido al recurrente presentar su recurso dentro de plazo.

A) Error al individualizar el recurso, pues supuestamente se habría solicitado reconsideración de multa administrativa, pero se resolvió sobre sustitución de la misma por asistencia a programa de capacitación impartido por la Dirección del Trabajo: En este punto, esta parte controvierte lo señalado por la contraria. En efecto, lo que se solicitó por la actora fue “sustitución de multa.” y no reconsideración, lo que claramente queda consignado en la solicitud de fecha 20 de diciembre de 2023 y que aparece en el propio texto del recurso de protección. Así, se puede apreciar que, sin lugar a dudas, y en el propio encabezado del documento, aparece con todas sus letras que lo solicitado en lo principal es “sustitución de multa” lo que fue escrito así por la propia solicitante. A esto se le debe sumar el hecho que el recurso administrativo, por decisión libre y espontánea de la sancionada y de lo cual ninguna responsabilidad se le puede atribuir a esta parte, no fue deducido utilizando los formularios que la Dirección del Trabajo, como es habitual para un órgano de la administración, tiene a disposición del público para estas diligencias, lo que hubiese derivado en un señalamiento claro, concreto e indubitado de lo solicitado. Además, el recurso fue deducido fuera del plazo legal de treinta días hábiles establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo lo que por su sólo mérito hace rechazar la solicitud sin necesidad de analizar los fundamentos de fondo de la misma, en aplicación de los principios de economía procedimental y no formalización que rigen los actos de la Administración del Estado.

En relación a esto último, se debe necesariamente señalar que en el caso concreto el efecto de que se haya solicitado una sustitución de multa por capacitación del artículo 506 ter del Código Laboral o una reconsideración de multa del artículo 511 del Código del Trabajo, no tiene efecto concreto diferenciador alguno, puesto que el plazo para interponer ambos es uno mismo y único y de treinta días “hábiles administrativos” contados desde la notificación de la multa. Así las cosas, tomando en cuenta y considerando que el acto impugnado se pronunció declarando inadmisible la solicitud por haber sido presentada en forma extemporánea, a juicio de esta parte lo alegado resulta del todo inconducente puesto que, independiente de si se solicitó reconsideración o sustitución de multa, el resultado hubiese sido el mismo: Solicitud rechazada por extemporánea.

Así las cosas, de haber existido el error alegado (Lo que esta parte controvierte conforme lo ya señalado), igualmente no se cumplen los requisitos copulativos establecidos por la ley para viciar el acto ya que, en el mejor de los casos, no hay perjuicio alguno al interesado al estar la solicitud deducida fuera de todo plazo legal motivo por el cual, como ya se señaló, la resolución final hubiese sido exactamente la misma.

Por último, y luego de todo lo expuesto, dejar claro que si el Inspector Provincial del Trabajo de Temuco, en su oportunidad, rechazó una solicitud de sustitución de multa por asistencia a un programa de capacitación, siendo que lo deseado por la solicitante era reconsideración de multa, tal “error” (Que, de acuerdo a todo lo dicho no es tal) se debe a actos de la propia recurrente, principalmente a que ella misma individualizó su solicitud como de sustitución, por lo que no le corresponde ahora deducir el presente recurso de protección alegando un actuar “desprolijo” de la Dirección del Trabajo el que, como ha quedado demostrado, tiene su causa directa en un acto voluntario de la propia recurrente. Así, acoger el presente recurso significaría evidentemente que la actora sacara una ventaja de su propia negligencia, lo que es derechamente inadmisible y repudiado por el Derecho.

B) Error en el señalamiento del domicilio de la recurrente: Al igual que en el caso anterior, y remitiéndose esta parte a la solicitud de recurso administrativo presentada por la recurrente cuya parte relevante fue citada en la página anterior, cabe hacer presente que el domicilio señalado por la propia recurrente fue el ubicado en domicilio reservado, motivo por el cual al indicarse en la resolución recurrida N° 901.3170/2024, a tal dirección como aquella en la cual se domicilia la empresa, no se está incurriendo en acto ilegal o arbitrario alguno. En este punto se es enfático en señalar que el error alegado es inexistente al haberse señalado con exactitud el mismo domicilio aportado en la solicitud de recurso administrativo.

Una vez dicho eso, se hace presente el artículo 13 inciso segundo de la Ley N° 19.880 ya citado pudiéndose afirmar, a mayor abundamiento siendo el fundamento anterior suficiente para rechazar la acción de protección deducida a este respecto, que en el caso de considerarse el domicilio señalado como “error” (Lo que ha quedado probado no es así) de todas formas sería uno que no afectaría la validez del acto al no darse los requisitos establecidos en la norma.

Se debe hacer presente, además, que la Dirección del Trabajo no tiene base de datos sistematizada o registro de domicilios como lo desliza la recurrente, que permita a la Institución “confundir” domicilios de los usuarios. Para la implementación de dicho registro se debe contar con una norma que lo autorice, la que a la fecha no existe. Diferente es la base de datos de casillas electrónicas de los usuarios existente en aplicación del ya citado artículo 508 del Código del Trabajo.

Una vez dicho lo anterior, resulta curiosa la “confusión” señalada en el recurso entre la empresa recurrente; Servicios de Ingeniería, Seguridad y Transporte Transcom Limitada, domiciliada en domicilio reservado, Temuco y la empresa Sejem Seguridad Privada S.p.A. domiciliada en domicilio reservado (domicilio reservado). Sobre esto señalar, en primer lugar, que esta parte no tiene ni ha tenido cómo relacionar ambas empresas sobre todo en cuanto a sus domicilios ya que, como ya se dijo, ninguno de los sistemas informáticos de la Dirección del Trabajo sistematiza la información respecto de los domicilios de las empresas. Con esta información, cabe preguntarse entonces cómo es que en los hechos se produce tal confusión o quién es la persona que se confunde y, sobre todo, cómo se llega a establecer la relación entre ambas empresas en específico. Para esto, se debe señalar que se encuentra actualmente en tramitación2 ante esta misma Ilustrísima Corte de Apelaciones el recurso de protección rol 13939/2023 caratulado “Sejem Seguridad Privada SpA con Inspección del Trabajo” patrocinado por el mismo abogado que deduce el presente recurso quien actúa, al igual que en este caso, en virtud de mandato judicial otorgado por escritura pública. De un análisis de ambas escrituras se puede apreciar lo siguiente respecto del domicilio, ya no de las empresas, sino que del abogado.

De un análisis de la información contenida en ambos instrumentos, se puede apreciar que el común denominador en cuanto al domicilio de domicilio reservado, es que en ambos casos es el domicilio convencional del abogado de ambas empresas ¿Puede hablarse entonces de un actuar negligente de esta parte, de acuerdo a lo expresado por el recurrente? Evidentemente que no. Si, eventualmente, hubo un error (Lo que esta parte no reconoce) no fue cometido por la Dirección del Trabajo, de acuerdo a todo lo expuesto. En conclusión: No hay actuar ilegal ni arbitrario de esta parte que merezca que el presente recurso sea acogido.

C) Error informático en la plataforma de la Dirección del Trabajo por cuanto, supuestamente, se habría impedido al recurrente presentar su recurso dentro de plazo: Respecto a esta materia, señalar que esta parte controvierte lo afirmado respecto al problema informático alegado, sin que de los dichos y antecedentes contenidos en el recurso se pueda tener por acreditado de forma fehaciente e indubitada el problema señalado. En efecto, es opinión de esta parte que los dichos de la recurrente requieren de un procedimiento de lato conocimiento, con rendición de prueba, en la que se pueda establecer la “dificultad técnica” que se invoca y, sobre todo, la relación de causalidad entre esta y la no deducción oportuna del recurso; lo que desde ya deviene en el rechazo del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, es dable hacer presente que de los antecedentes allegados por la recurrente es posible establecer que nunca hubo un impedimento de deducir el recurso como se afirma, estando siempre disponibles tanto las vías telemáticas como otras vías de remisión de los antecedentes como la presencial, utilizada por el propio recurrente con fecha 20 de diciembre de 2023, a la que se dio completa tramitación y que generó la emisión del acto administrativo que en este acto se recurre. Ahora bien, según dan cuenta las capturas de pantalla que se agregaron al recurso de autos (Página 5) la funcionalidad de solicitar recursos administrativos de manera virtual está inserta en la plataforma “MiDT” tal como se dice en el recurso. Ahora, dicha plataforma está dispuesta a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 515 inciso segundo del Código del Trabajo, lo que se conoce como “Registro Electrónico Laboral”. Es dable señalar que, tal como lo dispone el artículo 9 del Decreto N° 14 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de fecha 31 de marzo de 2023, en casos de falla técnica que dificulten o impidan el uso de la plataforma, el sistema debe contar con la posibilidad de obtener un “Certificado de Indisponibilidad” que sirva para acreditar tal circunstancia.

5.- DE LAS CONSIDERACIONES DE DERECHO SEÑALADAS EN EL RECURSO: Sólo señalar que ninguna de las normas legales señaladas fue infringida en este caso, ni en forma ni en fondo, Respecto de la infracción al principio conclusivo ello no es tal ya que, ante la solicitud de recurso administrativo deducida por la sancionada, la Administración dio oportuna y acertada respuesta de acuerdo a los antecedentes de hecho y Derecho aplicables y en especial aquellas normas que disponen el plazo para recurrir administrativamente, todo lo que se contiene en el acto administrativo terminal que en este acto se impugna. Se debe hacer presente que el principio conclusivo orienta a la dictación del acto que ponga término al procedimiento administrativo respectivo, pero esto no puede asimilarse jamás a que se vulnera este principio en caso de emitirse una respuesta que no es del gusto del administrado como al parecer se pretende en este caso.

Respecto de la supuesta vulneración al principio de contradictoriedad por no admitir la resolución impugnada reclamo judicial, esto no es efectivo y es incluso contradictorio con el planteamiento de la propia actora como se indicó al hacer referencia a la utilización en este caso del recurso de protección como un sustituto de las acciones judiciales ordinarias ya que, si se dice que se solicitó reconsideración (Y la indicación de sustitución es un error de la propia Administración), efectivamente existe el reclamo judicial de la resolución como ya se explicó.

Respecto de los principios de imparcialidad, inexcusabilidad y deber de fundamentación, las infracciones expuestas no son tales ya que la Administración emitió un pronunciamiento respecto del caso sin haberse “confundido de persona jurídica” como se indica en la página 15 del recurso. De hecho, si hay algo de lo que no hay duda es de la individualización de la empresa sancionada que es una y la misma que la destinataria de la resolución final. Además, en caso de haber supuestos “errores” tal como quedó a estas alturas acreditado, esta situación no es bajo ningún punto de vista atribuible a esta parte. Finalmente, el acto impugnado no infringe el deber de inexcusabilidad, de su sola lectura se desprende que hubo pronunciamiento, que hubo decisión, cual fue que el recurso es extemporáneo lo que además tiene su justificación clara en el texto de la resolución señalándose de forma expresa las fechas de notificación de multa e interposición del recurso además de las normas jurídicas respectivas. Se insiste, los principios de la ley N° 19.880 no implican que para su cumplimiento es requisito siempre dar lugar a lo solicitado como se pretende en este caso, lo que se concluye de la cita al artículo 41 de la Ley N° 19.880 de la página 16 del libelo de autos. En efecto, una cosa es que la resolución tenga que “ajustarse” a las peticiones del recurrente, y algo muy distinto es que siempre se deba “acceder” a ellas.

6.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS: En este punto, a juicio de nuestra parte, y de acuerdo con la mera lectura del recurso, se puede desprender que el acto impugnado no es ni ilegal ni arbitrario y que no vulnera garantía constitucional alguna lo que luego de todo lo expuesto, queda manifiestamente acreditado.

En todo caso, respecto del conjunto de normas citadas, cabe señalar lo siguiente:

A) Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República: La garantía de igualdad ante la ley implica que ni ella, ni ninguna autoridad podrá establecer diferencias arbitrarias. Al respecto no se vislumbra de qué manera este Servicio habría conculcado esta garantía constitucional, el actuar de este Servicio, en este caso particular no basta por la recurrente alegar una supuesta “discriminación arbitraria”, en torno a la garantía de igualdad ante la ley, sin señalar en forma clara y precisa, la relación concreta, y no abstracta.

B) Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República: En relación a esta garantía cabe señalar que no se advierte vulneración alguna en el presente caso, sin siquiera guardar relación con el asunto discutido. No se vislumbra cómo se constituyó la Dirección del Trabajo en una comisión especial al resolver de un recurso administrativo del que por expresa disposición legal está llamado a conocer.

C) Artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República: En relación a esto, sólo señalar que esta garantía no se encuentra dentro de aquellas respecto de las cuales se puede ejercer la acción de protección conforme lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental sin que esta parte estime hacer mayores alegaciones en esta materia.

D) Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República: NO se advierte infracción al derecho de propiedad en esta materia, sin que del acto recurrido se desprenda ninguna afectación en el ejercicio de este derecho. De hecho, se señala en el recurso que la afectación estaría dada por “…la eventual imposición de una multa…”. Siendo así, el acto supuestamente vulneratorio sería “la imposición” misma de la sanción, lo que no es menor y deja de manifiesto que aquí la acción de protección se está utilizando como sustituto de la acción de reconsideración de multa deduciéndose la presente acción ante la manifiesta extemporaneidad de la contenida en el artículo 512 del Código del Trabajo además de que, si se considerase que es procedente la protección constitucional, el plazo de treinta días corridos debería contarse desde la notificación de la sanción, hecho ocurrido el 6 de noviembre de 2023, concluyéndose igualmente en la extemporaneidad del presente recurso.

Pidió en definitiva rechazar el recurso de protección deducido en su integridad, con expresa condena en costas del recurrente, en virtud a los antecedentes de hecho y de Derecho expuestos en el cuerpo del presente libelo.

A folio 18, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, la presente acción constitucional de protección va dirigida en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TEMUCO, y se interpone por los hechos que se pueden resumir, en que mediante su Resolución de Multa N° 1211/23/60, de fecha 11 de octubre de 2023, notificada a la recurrente el 06 de noviembre de 2023, se determinó que infringió diversas normas laborales y en consecuencia aplicó las multas ya indicadas precedentemente, a cuyo respecto se intentó en tiempo y forma ingresar el recurso administrativo consagrado en los Arts. 511 y 512 del Código del Trabajo a través del sitio electrónico MI DT de la Dirección del Trabajo, de acuerdo con lo previsto en el Art. 514 del mismo cuerpo legal; lo que no le fue permitido, debido a errores en el sistema informático en la plataforma MI DT del portal de internet de la Dirección del Trabajo, problemas informáticos que entorpecieron el ingreso y registro del recurso administrativo, por cuanto la aludida Resolución de Multa N° 1211/23/60, no figuraba como multa vigente para Servicio de Ingeniería Seguridad y Transporte Transcom Ltda.

TERCERO: Que, la recurrida ha negado tal fundamento, haciendo presente que en el caso concreto el efecto de que se haya solicitado una sustitución de multa por capacitación del artículo 506 ter del Código Laboral o una reconsideración de multa del artículo 511 del Código del Trabajo, no tiene efecto concreto diferenciador alguno, puesto que el plazo para interponer ambos es uno mismo y único y de treinta días “hábiles administrativos” contados desde la notificación de la multa, hecho este determinante para declarar inadmisible la solicitud por haber sido presentada en forma extemporánea, independiente de si se solicitó reconsideración o sustitución de multa, el resultado hubiese sido el mismo, esto es, solicitud rechazada por extemporánea.

CUARTO: Que, del análisis de los antecedentes del presente recurso desde ya podemos visualizar que los derechos reclamados no se encuadran dentro de las garantías constitucionales o derechos fundamentales, sino que ellos más bien son protegibles por el contencioso-administrativo que le entrega la ley a través de las reclamaciones judiciales del artículo 512 del Código del Trabajo; puesto que la controversia hecha valer con motivo de esta presentación, dice relación sobre aspectos que tienen que ver con la aplicación de normas jurídicas de alcance general que la hacen más propia de un procedimiento declarativo y de lato conocimiento, que de una acción cautelar como el recurso de protección.

QUINTO: Con lo ya razonado, podemos afirmar que la interposición del presente recurso no puede conducir a un remedio urgente y necesario frente a un eventual quebrantamiento normativo que no tiene el carácter de derecho fundamental, alejándose de la discusión del fondo en la sede judicial pertinente, utilizando este arbitrio constitucional como un sustituto jurisdiccional de procedimientos ordinarios de lato conocimiento establecidos en la Ley.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don José Alfredo Molina García, en representación convencional de SERVICIO DE INGENIERÍA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRANSCOM LTDA en contra de la INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TEMUCO. - Redacción del fallo por abogado integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

Regístrese y archívense los autos.

N°Protección-341-2024. (cwm)