nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1-2022 comparece Mario Espinosa Valderrama, abogado, en representación, de don nombre reservado, quien interpone recurso de Protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, representada por su gerente general don nombre reservado.

Funda su acción en que con fecha 14 de junio de 2019, su representado suscribió pagaré N° 096CON101362029 en favor de la recurrida, por la suma de $5.899.535.- por concepto de capital, más intereses. El capital e intereses serian pagados en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $165.277.-con una tasa de interés de 1,75.-, venciendo la primera de ellas el 31 de agosto de 2019.

Asimismo, en el pagaré se estipuló que, el simple retardo en el pago de más de 30 días corridos de todo o parte de cualquiera de las cuotas, permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados. Igualmente, se pactó la facultad a su empleador de aquel momento o empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.

Es del caso que, por causas ajenas a la voluntad de su mandante, este perdió su única fuente de ingresos y vio enormemente perjudicada su situación económica, cayendo en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota con vencimiento el 31 de diciembre de 2019.

Posterior a esa fecha, encontrándose un principio con licencia médica y luego en condición de cesante mi mandante, en diversas ocasiones se dirigió personalmente a sucursales de la recurrida a intentar regularizar su situación, y en cada una de estas instancias se le instigó a repactar la deuda, sin embargo, para repactar e impedir el cobro por la vía ejecutiva, la recurrida imponía aceptar grandes montos por concepto de intereses, costas y gastos, que finalmente solo significaría un aumento del valor de su deuda.

Lo anterior significó una absoluta incapacidad de parte del actor en dar cumplimiento a la obligación contraída con la recurrida y, como consecuencia de ello, Caja de Compensación Los Andes interpuso en su contra una demanda ejecutiva con fecha 12 de noviembre de 2021, como consta en la causa Rol N° C-853-2021, tramitada ante el Juzgado Letras de Angol, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, Sin embargo, en dicha causa con fecha 17 de agosto de 2022 se dictó sentencia declarado abandonado el procedimiento.

En ese sentido, es posible aseverar que, comenzar un procedimiento de cobro judicial y no realizar todas las diligencias tendientes a su prosecución y finalización, sin fundamento, ni racionalidad alguna, denota una instrumentalización irresponsable e inaceptable de los tribunales de justicia de nuestro País.

Agrega que el actor logró en mayo de este año 2022 obtener un empleo bajo la dependencia de Constructora Renaico SPA, lo que significaba para él una gran tranquilidad en estos tiempos tan complejos a nivel mundial que, no solo ha constituido una crisis en el ámbito de la salud, sino que también una crisis económica. Es así como comenzó a trabajar con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible, de acuerdo a lo pactado con su empleador, y además teniendo presente que en dicha fecha la deuda que tenía con recurrida se encontraba judicializada.

A pesar de su legitima expectativa de recibir sus remuneraciones de acuerdo a lo pactado contractualmente, al momento de recibir su liquidación de sueldo con fecha 29 de julio de 2022 que, precisamente correspondía al mes de julio, advierte que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $214.086.- por concepto “Crédito Personal Caja Los Andes”. Lo anterior importa un detrimento ilegal y arbitrario de $214.086.- a su remuneración mensual.

Afirma que jamás fue informado previamente por ningún medio respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar del abusivo e inoportuno descuento que finalmente ordenó a mi empleador. Es por esta razón que nunca tuvo elementos ni informaciones de ninguna clase o especie que le permitieran prever una afectación de tal magnitud en su remuneración mensual. Lo anterior, especialmente considerando que Caja de compensación Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda.

Como se desprende de lo anteriormente señalado, el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración liquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar ninguna información previa a mi representado ni a su empleador.

EL DERECHO Indica que el actuar de la recurrida vulnera claramente lo dispuesto por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, que establece que “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”.

Acto seguido, el referido numeral señala que “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

Señala que la Ley 18.833 en su artículo 21 establece “Las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial.”

Luego en su artículo 22 se señala “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

En caso que la entidad empleadora afiliada tenga la calidad de deudora de un procedimiento concursal de liquidación, y una vez que se haya dictado la resolución de liquidación pertinente, regirán las siguientes reglas:

1.- Las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador que no hayan sido remesadas a la Caja de Compensación a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil, siendo obligación de la respectiva Caja de Compensación verificar su crédito.

2.- Corresponderá al trabajador el pago de las cuotas de créditos sociales no devengadas a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, no siendo de cargo de la masas. Para estos efectos se tendrán por no escritas las convenciones que permitan al empleador, en caso de término de la relación laboral, por dictación de la resolución de liquidación, descontar los saldos pendientes por créditos sociales de las indemnizaciones por termino de contrato a que tenga derecho el trabajador.”

En el presente caso podemos advertir un uso arbitrario e ilegal de la citada norma, a saber, artículo 22 de la Ley 18.833, de acuerdo a lo establecido de manera categórica y uniforme por nuestra jurisprudencia, toda vez que, una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a nuestra Constitución Política de la República.

Es así como podemos aseverar que, el acto de autotutela efectuado por Caja de Compensación Los Andes, se trata de un descuento ilegal y arbitrario en sus remuneraciones, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto ordenado a descontar, lo que corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que, se le ha privado y ha perturbado de su Derecho de propiedad sobre $214.086.- pesos de su remuneración, que podría repetirse para los pagos de los próximos meses de remuneración.

Asimismo, es totalmente arbitrario que Caja Los Andes ordene la retención de montos superiores al de una cuota a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo del pagaré referido, y que por su misma disidía abandonaron.

Cita jurisprudencia al efecto.

Agrega que también existe arbitrariedad en el actuar de la recurrida al ordenar un descuento amparándose en el artículo 22 de la ley 18.833, desconociendo su deber de dar noticias previas respecto a su determinación de ejecutar los abusivos e inoportunos descuentos.

Sostiene que resulta evidente entonces, la presencia de un acto ilegal y arbitrario, que vulnera las garantías constitucionales, pues se ha realizado un descuento por planilla del sueldo que recibe su representado, por medio de un mecanismo paralelo a la vía judicial que ellos mismos ejercieron y promovieron mediante el cobro ejecutivo del pagaré referido, y que por su misma disidía abandonaron; además el recurrido realiza este descuento sin que a mi mandante se le haya dado noticias e información de manera previa, motivada y racional, existiendo un actuar de improviso, realizando un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, siendo además esta una forma de autotutela que conculca el derecho de propiedad de mi mandante, e igualdad ante la ley. Garantizados en el artículo 19 N° 24 y 19 N ° 2 de la Constitución Política de la República.

Pide ordenar lo siguiente:

I. Cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del actor don nombre reservado.

II. Restituir al recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción.

III. Condenar en costas a la recurrida.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Liquidación de remuneración correspondiente al mes de julio y emitida con fecha 29 de julio de 2022, con citación.; 2.

Ebook de la causa ejecutiva Rol N° C-853-2021 tramitada ante el Juzgado Letras de Angol, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”.

A folio N°10-2022 evacua informe la recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

I.- CRÉDITOS SOCIALES OTORGADOS AL RECURRENTE.

1) Esta Caja de Compensación con fecha 14 de junio de 2019, otorgó al Señor nombre reservado la operación de crédito código 096CON101362029, por un capital de $5.899.535.- a una tasa de 1.75%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota de $165.277.- cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de agosto de 2019.

2) Las cuotas del mes de agosto de 2019 a junio de 2020 (1 a 11), se pagaron regularmente durante el periodo 09.09.2019 a 10.07.2020.

3) La cuota del mes de julio de 2020, no fue pagada por estar diferida por LM:

4) Las cuotas del mes de agosto a diciembre de 2020 (13 a 17), se pagaron regularmente durante el periodo 10.09.2020 al 10.01.2021.

5) Las cuotas del mes de enero de 2021 a julio de 2022, (18 a 36), se encuentran en cobranza judicial, con una deuda vigente $4.871.944.-, cuyo monto se compone de la deuda nominal, interés penal y gastos de cobranza, exceptuando las costas judiciales.

En consecuencia, en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigentes, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá.

II.- CONSIDERACIONES CONTEXTUALES Y JURÍDICAS:

1. CARÁCTER SOCIAL DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN Y MECANISMO DE COBRO SEGÚN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY N°18.833.- En sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, las que fueron denominadas “Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera”. Con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 1953, tales entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho. En la actualidad, estas entidades de previsión social se encuentran reguladas por la Ley N° 18.833, que establece un nuevo estatuto para las C.C.A.F., publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989. El artículo 1° de este cuerpo legal las define como “Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social”. Durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, cual es la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral. Las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y, a su vez, los créditos sociales.

Agrega que en el caso de las Cajas de Compensación, es la ley la que determina sus funciones, específicamente éstas se encuentran detalladas en el artículo 19 de la Ley N° 18.833. En su número 3° se indica que las Cajas de Compensación pueden “administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley”. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo legal señala que “las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero y que estará regido por un reglamento especial”. Estos créditos constituyen un beneficio de bienestar social, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella.

Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

En esta línea de razonamiento, el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a la recurrida ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

A mayor abundamiento, y de acuerdo a lo señalado anteriormente en esta presentación, el inicio de acciones judiciales para perseguir el cobro de lo adeudado no obedece a un mero capricho, ni mucho menos tiene que ver con un supuesto actuar de mala fe orientado a perseguir un doble cobro, sino que únicamente se debe al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa vigente, la cual se orienta al resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Por consiguiente, y según lo ha entendido la Excma. Corte Suprema en autos ROL CIVIL 22.325-2019, su actuar responde a una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo, los cuales no resultan obstados por la interposición de una acción ejecutiva, sobre todo si ésta ha sido interpuesta con anterioridad a la reanudación de las retenciones para el cobro de las cuotas adeudadas.

2. LA OBLIGACIÓN ES ACTUALMENTE EXIGIBLE – LA PRESCRIPCIÓN DEBE SER DECLARADA JUDICIALMENTE.

Tal como se ha señalado anteriormente en esta presentación, está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre mi representada y el recurrente.

Agrega que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, DECLARADA JUDICIALMENTE, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Indica que la prescripción, junto con ser alegada por una de las partes, requiere, además, el transcurso del tiempo establecido por el legislador, requisitos que no se satisfacen en el caso del recurrente, habida consideración a que el mutuo en cuestión mantiene en morosidad sus cuotas con vencimiento a partir de ENERO DE 2021, por lo que es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833 sea totalmente oportuno, de acuerdo a lo razonado reiteradamente por la Excma. Corte Suprema (v. gr. ROL CS Civil N°14.987-2018).

Este punto también ha sido objeto de pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, que regula los créditos sociales, y que ha señalado, en Dictamen Nº2659-2020 de fecha 12 de agosto de 2020, lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos.”.

Por otro lado, insistimos en que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene con la recurrida a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

3. DE LA SUPUESTA VULNERACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, podemos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen lazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último, debemos ser enfáticos en que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Cita jurisprudencia.

Acompañó el expediente de crédito del crédito social otorgado al recurrente.

A folio N°36-2023 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, en estos autos el abogado don MARIO ESPINOSA VALDERRAMA, en representación, de don nombre reservado ha deducido recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por haber instruido y requerido, el descuento a su empleador, de una suma de dinero desde sus remuneraciones, con motivo de un crédito otorgado previamente. Estima que tal proceder es arbitrario e ilegal, considerando que fue demandado ejecutivamente por la citada institución, en el causa Rol N° C-853-2021, tramitada ante el Juzgado Letras de Angol, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado, causa en la que con fecha 17 de agosto de 2022 se dictó sentencia declarado abandonado el procedimiento, de modo que los mentados descuentos conculcan su derecho de propiedad garantizado en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene a las citada Caja de Compensación abstenerse de realizar descuentos en sus remuneración y proceder a la devolución de las sumas indebidamente descontadas, con costas.

SEGUNDO: Que, la Caja de Compensación recurrida informó reconociendo haber efectuado los referidos descuentos, de acuerdo con los compromisos contractuales, encontrándose facultada para ello según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Así, informó al empleador de la recurrente para la retención pertinente, estimando que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, por lo que pide el rechazo de la presente acción constitucional. Agrega que el hecho que haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a la recurrida ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833 TERCERO: Que, la Ley N° 18.833 dispone que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, que en tal carácter pueden establecer un régimen de prestaciones de crédito social en virtud del cual podrán otorgar préstamos en dinero.

A su vez el artículo 22 de ese cuerpo legal establece que: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente a la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas CUARTO: Que, el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo dispone que: “el empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

QUINTO: Que, de la interpretación armónica de las normas antes citadas se colige que los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación constituyen prestaciones de seguridad social y en tal carácter el descuento de las cuotas de los mismos de la remuneración del trabajador, deudor directo o indirecto de éstos, es obligatorio.

SEXTO: Que, por consiguiente, al haberse descontado desde la remuneración del actor una de las cuotas impagas del crédito que éste adeudaba, estando la recurrida facultada para ello, y al no exceder dicho descuento del porcentaje máximo establecido por el legislador, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, motivo por el cual el recurso debe ser rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por el abogado don Mario Espinosa Valderrama, en representación don nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES.

Acordada con el voto en contra del abogado Integrante don Roberto David Contreras Eddinger quien estuvo por acoger el presente recurso atendido:

1.- Que, no se encuentra discutido por las partes la existencia de un juicio ejecutivo, sustanciado en el Juzgado de Letra de Angol causa (Rol N° C-853-2021), exigiendo la totalidad de la deuda, cuyo antecedente es la obligación de pago tratada en esta causa, y que fue declarado abandonado ante la inactividad de la actora.

2.- Que, habiendo optado la recurrida por la vía judicial para obtener el cobro, la entidad acreedora no estaba facultada para requerir al empleador los descuentos pertinentes de la remuneración del trabajador, sino que debió atenerse a continuar con el ejercicio de la acción jurisdiccional interpuesta, o ejercer nuevas ante la desidia que provoco el abandonado de la que había ejercido.

3.- Que, este proceder manifiestamente arbitrario de la recurrida corresponde sea declarado y se otorgue amparo al actor, de lo contrario la Caja de Compensación recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

4.- Que, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso, como se adelantó, a juicio del suscrito debe de ser acogido.

Regístrese.

Redacción a cargo del abogado integrante Roberto David Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-33982-2022 (pvb).