nombre reservado con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

C.A. de Temuco Temuco, once de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

A folio 1, comparece Esteban Alejandro nombre reservado Valderas, abogado, en favor de don nombre reservado, técnico agrícola, domiciliado en domicilio reservado; deduciendo acción constitucional en contra del recurrido Servicio De Registro Civil e Identificación, por el acto ilegal y arbitrario consistente en oponerse a su solicitud de omisión de dos anotaciones penales de su Certificado de Antecedentes penales para su Ingreso a la Administración Pública, lo que vulneraría las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2, 4 y 16 de la Constitución Política de la República.

Explica que su representado fue condenado en la causa RIT 834-2008 del Juzgado de Garantía de Villarrica, en la cual se le otorgó la pena sustitutiva de remisión condicional. En dicha resolución el tribunal, al analizar la eventual configuración de reincidencia, descartó expresamente tal circunstancia aplicando lo dispuesto en los artículos 104 y 105 del Código Penal, reconociendo que se cumplían los requisitos legales para la concesión del beneficio.

En cumplimiento de esa sentencia firme y ejecutoriada, el Servicio de Registro Civil e Identificación, aplicó la omisión en los certificados de antecedentes de mi representado, tanto parafines especiales como para ingreso a la Administración Pública. Durante un tiempo, los certificados expedidos aparecían en blanco, lo que daba cuenta de la correcta ejecución de la orden judicial.

Sin embargo, con posterioridad, el mismo órgano administrativo cambió de criterio, mediante el Ord. N° 40785 de fecha 5 de agosto de 2025, sostuvo que la omisión concedida solo resultaba aplicable respecto de la causa RIT 834-2008, negando tal efecto en relación con las causas RIT 858-2010 y RIT 133-2023. Para justificar esta decisión, el Registro Civil argumentó que mi representado no cumpliría con la exigencia de conducta intachable anterior, manteniendo así dichas condenas en el certificado de antecedentes para ingreso a la Administración Pública.

Cabe precisar que en los certificados de antecedentes para fines particulares y para fines especiales, mi representadofigura actualmente sin anotaciones, como consta en el documento emitido con fecha 3 de septiembre de 2025. No obstante, en el certificado de antecedentes requerido para el ingreso a la Administración Pública, el Registro Civil mantiene las anotaciones de las causas RIT 858-2010 y RIT 133-2023, configurando un efecto discriminatorio y gravoso. Esta diferencia de trato es determinante, pues es precisamente ese tipo de certificado el exigido para acceder a un cargo en la Municipalidad de Villarrica, frustrando en los hechos una legítima oportunidad laboral.

De esta forma, el Ord. N° 40785 constituye el acto administrativo ilegal y arbitrario que origina este recurso, al desconocer los efectos de una sentencia judicial firme, introducir limitaciones que la ley no contempla y aplicar criterios contradictorios frente a un mismo beneficiario. El resultado ha sido la mantención de condenas que debieron omitirse, exponiendo a mi representado como reincidente cuando un tribunal de la República ya descartó esa condición, afectando con ello su honra, su vida privada y su derecho a la libertad de trabajo.

Sostiene que la actuación del Registro Civil, expresada en el Ord. N° 40785, resulta así ilegal, porque desconoce y restringe indebidamente los efectos de una sentencia firme y ejecutoriada, excediendo las atribuciones que la ley le confiere, por cuanto introduce limitaciones que la propia Ley N° 18.216 no contempla, al mantener la anotación en el certificado de ingreso a la Administración Pública, cuando la excepción legal se circunscribe únicamente a los certificados destinados a Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería. Esta conducta carece de fundamento razonable y supone una discriminación injustificada que agrava la vulneración de derechos fundamentales.

Invoca como vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

En primer término, se ha infringido la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2. El Registro Civil, frente a situaciones sustancialmente iguales, ha aplicado criterios distintos respecto de un mismo beneficiario. Por un lado, reconoce la procedencia de la omisión en la causa RIT 834-2008, mientras que por otro niega tal efecto en las causas RIT 858-2010 y RIT 133-2023, fundándose en un requisito que ya fue ponderado por el tribunal y descartado en sede jurisdiccional. Esta diferencia de trato, sin razón suficiente ni respaldo legal, configura una discriminación arbitraria que vulnera la igualdad de mi representado ante la ley y ante la Administración.

En segundo lugar, se ha vulnerado el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona, garantizado en el artículo 19 N° 4. La mantención de condenas en el certificado de antecedentes para ingreso a la Administración Pública, pese a que por mandato legal debieron ser omitidas, expone injustamente a mi representado como reincidente, afectando su honra personal y profesional. Tal exposición es tanto más grave cuanto se produce en un contexto oficial, a través de certificados expedidos por un órgano del Estado, lo que proyecta frente a terceros una imagen deshonrosa e infundada de mi representado.

En tercer lugar, se ha lesionado la garantía de libertad de trabajo y su libre elección, reconocida en el artículo 19 N° 16. La inclusión indebida de condenas en el certificado exigido para el ingreso a la Administración Pública ha tenido como efecto práctico impedir la contratación de mi representado en la Municipalidad de Villarrica, frustrando una legítima oportunidad laboral. El acto recurrido, en consecuencia, constituye una restricción indebida e ilegal al acceso a un empleo legítimo, privando a mi representado de ejercer libremente su derecho a trabajar.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva se ordene Ordenar que el Servicio de Registro Civil e Identificación proceda a omitir íntegramente las condenas correspondientes a las causas RIT 858-2010 y RIT 133-2023 en todos los certificados de antecedentes, incluidos aquellos destinados al ingreso a la Administración Pública, eliminando de inmediato toda anotación indebida, restableciendo el imperio del derecho.

Acompaña a su recurso Oficio N° 40785 de fecha 5 de agosto de 2025 y Certificado de antecedentes de fecha 03 de septiembre de 2025.

A folio 8, evacúa informe el recurrido Servicio De Registro Civil E Identificación, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

En causa RIT N° 834-2008 (RUC 800.426.556-5 fue condenado por delito de Conducción en estado de ebriedad, Rol 61 días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 2 UTM, Sentencia de fecha 01/07/2008. Pena remitida y cumplida. Contempla Omisión en certificados para ingreso a la Administración Pública, Fines Particulares y Fines Especiales (Art. 38 Ley N°18.216).

En causa RIT N° 858-2010 (RUC 1.000.334.941-7) fue condenado como autor de un delito de Conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad a la pena de 150 días de presidio menor en su grado mínimo, más multa de 2 UTM. Sentencia de 13/10/2010. Reclusión nocturna. Condena cumplida. Omisión solo en certificados para Fines Particulares y Fines Especiales (Art. 21 Ley N°19.628). No procede omisión para ingreso a la Administración Pública según Ley N°18.216.

En causa RIT N° 133-2023 (RUC 2.310.004.279-7) fue condenado como autor del delito prescrito y sancionado en el artículo 196, en relación con el artículo 110, de la Ley N°18.290, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, más multa de 1/3 UTM. Sentencia del 28/09/2023. Pena remitida y cumplida. Omisión en certificados para ingreso a la Administración Pública, Fines Particulares y Fines Especiales (Art. 38, inciso 2° Ley N°18.216).

De lo expuesto concluye que en las causas RIT 834-2008 y RIT 133-2023 ya figuran con omisión de antecedentes para certificados de Ingreso a la Administración Pública, Fines Particulares y Especiales.

Respecto de la causa Rit 858-2010 señala que el beneficio de omisión de antecedentes para Certificados de Ingreso a la Administración Pública no es posible. Esto se debe a que la causa no se encuentra dentro de las hipótesis reguladas por los incisos primero y segundo del artículo 38 de la Ley N° 18.216, haciendo presente que conforme al artículo 21 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada se ha omitido condena en certificado de antecedentes para fines particulares y especiales.

Hace presente que en las tres causas (RIT 834-2008, RIT 858-2010 y RIT 133-2023) figuran tanto en el Registro General de Condenas como en el Registro Nacional de Conductores, de conformidad con el artículo 215 del DFL 1 Ley del Tránsito y el artículo 210 de la Ley N°18.290 (Ley de Tránsito), no procede omitir anotaciones penales en certificados para obtención o renovación de licencia de conducir.

Indica que el recurrente puede acogerse a los beneficios establecidos en el DL 409 de 1932 para una eventual eliminación de anotaciones, debiendo concurrir a Gendarmería de Chile para el análisis, por cuanto no es aplicable el DS N°64 de 1960 para la eliminación de prontuarios, ya que registra más de una anotación.

Concluye que el Servicio de Registro Civil e Identificación asegura que no ha existido una actuación ilegal y/o arbitraria. Su actuación se rige por el principio de legalidad (Artículos 6 y 7 de la Constitución Política y Art. 20 del D.F.L. N° 1/19.653), lo que implica que solo puede hacer aquello que la ley le autoriza. La aplicación de las normas vigentes, las cuales son iguales para todas las personas en las mismas circunstancias, no incurre en discriminación.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente arbitrio se funda en la supuesta arbitrariedad o ilegalidad cometida por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones por cuanto, respecto de dos causas a saber RIT 858-2010 y RIT 133-2023, aun en situación de haberse omitido los antecedentes penales del recurrente en su certificado para fines especiales y particulares, de conformidad al artículo 21 de la Ley 19.628, no ha ocurrido lo mismo con el Certificado de Antecedentes para Ingreso a la Administración Pública, el cual en la actualidad aparece visible. Sostiene que es ilegal y arbitrario eliminar sus anotaciones en sólo dos certificados y mantenerlo en otro por cuanto mantener tal anotación implica perjuicios a sus garantías constitucionales de los numerales 19 N° 2 , 4 y 16 de la Constitución Política, por cuanto se le coarta la posibilidad de accedar a un empleo en la Admisnistración Publica, puntualmente en la Municipalidad de Villarrica.

SEGUNDO: Que, el Servicio recurrido, hace una precisión, señalando que respecto de causas RIT 834-2008 y RIT 133-2023 ya figuran con omisión de antecedentes para certificados de Ingreso a la Administración Pública, Fines Particulares y Especiales, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 18.216.

Por lo que solo en una causa, RIT 858-2010 subsiste la anotación en el Certificados de Ingreso a la Administración Pública, lo que se debe a que la causa no se encuentra dentro de las hipótesis reguladas por los incisos primero y segundo del artículo 38 de la Ley N° 18.216, haciendo presente que conforme al artículo 21 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada se ha omitido condena en certificado de antecedentes para fines particulares y especiales.

TERCERO: Que el artículo Artículo 38 de la Ley 18.216 dispone “La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto.

Para los efectos previstos en el inciso precedente no se considerarán las condenas por crimen o simple delito cumplidas, respectivamente, diez o cinco años antes de la comisión del nuevo ilícito.

El cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación.

Exceptúanse de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal.”

Por su parte, el artículo 21 de la Ley 19.628 señala: “Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.

Exceptúase los casos en que esa información les sea solicitada por los tribunales de Justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán guardar respecto de ella la debida reserva o secreto y, en todo caso, les será aplicable lo dispuesto en los artículos 5º, 7°, 11 y 18”.

CUARTO: Que, atendido el claro tenor de la norma transcrita en el considerando anterior, la omisión reclamada por el recurrente tiene excepciones precisamente cuando esa información es requerida por tribunales de justicia o por organismos públicos en el ámbito de su competencia, por lo anterior subsiste la anotación en causa RIT 858-2010, solo para los efectos del Ingreso a la Administración Pública.

Por otra parte, respecto de dicha causa no se cumplían los presupuestos del artículo 38 de la Ley 18.216, como para eliminar los antecedentes del respectivo certificado, por cuanto registraba una condena anterior en causa RIT 834-2008.

QUINTO: Que, atendido lo expuesto, la diferencia en el tratamiento de los antecedentes penales contenidos en los diferentes certificados deriva, a su vez, del diverso tratamiento y fin legal de los mismos, cuestión que no puede ser imputada a arbitrariedad o ilegalidad del Servicio, razón que funda el rechazo del recurso como se dirá.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento se hace presente que el Servicio recurrido ha dado cuenta de la existencia de un procedimiento especial para eliminación de las anotaciones, todo lo cual no ha sido llevado a cabo por el recurrente, razón por la cual no ha acreditado de manera suficiente encontrarse en la situación fáctica de exigir la eliminación de sus anotaciones en el Certificado de Antecedentes para su Ingreso a la Administración Pública, como es su pretensión.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Redactada por el Ministro titular señor Alejandro Vera Quilodrán.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° Protección-3388-2025.(jog)