nombre reservado con AFP HABITAT

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de mayo de dos mil veintidós.

Al folio N° 19: Téngase presente.

Al folio N° 20: A lo principal y al otrosí: Téngase presente.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, actuando en beneficio de don nombre reservado, empleado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A., Entidad de Previsión Social, en adelante, indistintamente, como “AFP” o “AFP HABITAT”, representada legalmente por su Gerente General, don nombre reservado, ignora profesión u oficio, o representada por quien corresponda en el ejercicio de funciones habituales de dirección o administración; ambos domiciliados, para estos efectos, en domicilio reservado.

Funda su recurso en que, con fecha 29 de octubre de 2019, la AFP recurrida, en uso de las facultades que le confiere la Ley N°17.322, sobre “Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de la Seguridad Social”, deduce demanda en juicio ejecutivo especial de cobro de cotizaciones previsionales morosas, presuntamente adeudadas a quien fuera la ex dependiente de su representado, en concreto, para la función de trabajadora de casa particular, doña nombre reservado, todos antecedentes que constan en la causa generada, RIT P-5676-19, seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Temuco.

Expresa que la causa de la acción, entendida como el título para ejercer ésta, arrancó de la resolución N°2298865, de fecha 18 de octubre de 2019, abarcando como período supuestamente adeudado, desde octubre de 2011 a diciembre de 2018, aproximándose al lapso durante el que perduró la relación laboral previamente referida. En resumidas cuentas, a su representado se le imputó, en ese entonces, una deuda previsional total de $974.749. No obstante, la cifra en cuestión, ya se encontraba solucionada, incluso antes de la acción ejecutiva incoada. En efecto, el 17 de julio de 2019, como consta en Comprobante de Pago de Cotizaciones Previsionales Fondo de Pensiones, su subsecuente detalle y Planilla de Declaración y Pago Simultáneo de Obligaciones Previsionales, que se acompañan, su representado ya había solucionado la aludida deuda, que llama, indistintamente, “primaria”, “primitiva u “originaria”, por las razones que más adelante explica. Su representado comunicó el cumplimiento a quien hoy es recurrida como asimismo a la oficina de cobranza a la que se externalizan tales diligencias, a cargo del Estudio Jurídico ORPRO S.A., tanto de manera personal, concurriendo directamente a sus oficinas, como a través de correos electrónicos.

Indica que, no obstante lo anterior, encontrándose la recurrida noticiada de la solución de la deuda y, pese a comprometerse a cesar e informar cualquier cobro subsecuente a los departamentos u oficinas pertinentes, opta por seguir substanciando el juicio ejecutivo, aumentando groseramente la cifra inicialmente reclamada, en aplicación de reajustes, intereses y multas, sumado a otros tantos perjuicio que se relacionarán, en lo que es un claro abuso del Derecho habida consideración de las prerrogativas que en su calidad la Ley le confiere, pero que la fuerzan a ser aún más diligente en su actuar, lo que, resulta obvio, omite. Así, consta en detalle de liquidación de fecha 16 de diciembre de 2021, un monto total a pagar de $5.960.726, cifra desproporcionada, injusta e ilegal, que le significó a su representado no sólo una seria disminución de su patrimonio, que perdura hasta estos días, sino el ser sometido a prisión efectiva, lo que por cierto se opone de lleno al Pacto de San nombre reservado Rica.

Manifiesta que su representado, confiando en la palabra de la recurrida y, que se harían todas las gestiones administrativas y judiciales que correspondieren, dejó de lado el asunto y continuó con sus quehaceres, hasta que, en data reciente, 20 de marzo de 2022, funcionarios de la Policía de Investigaciones proceden a arrestarlo, tras así haberlo dispuesto el tribunal, mediante resolución fechada al 14 de enero de 2022. Recién entonces toma conocimiento que nada de lo prometido se había cumplido y que ya no sólo debía la cifra originalmente imputada sino una bastante superior, pero que igualmente termina por pagar a efectos de liberarse de tan injusta medida de apremio.

Refiere que, con estos antecedentes, todos sustentados en documentación al efecto, salta a la vista el acto o, por qué no, la omisión, culpable o maliciosa, ilegal y/o arbitrario que se denuncia.

Afirma que su representado fue sometido a un juicio de cobro por una deuda inexistente, previamente solucionada y encima se ve compelido, vía arresto efectivo, a pagar el recargo por sobre aquella, sumamente desproporcionado y oneroso. En otras palabras, nos encontramos frente a un doble pago, que, a su turno, tiene la cualidad de arremeter y contravenir varias otras instituciones, a saber: el enriquecimiento sin causa, la apropiación indebida, la mala fe procesal y el abuso del derecho, sin perjuicio de originarse los unos y los otros en una fuente común, determinada en no informar la recurrida, o derechamente negar hacer valer, los documentos justificativos que acreditaban el pago de lo adeudado.

En cuanto a la arbitrariedad, expone que nos encontramos frente a un intermediario al que se le informa el cumplimiento de los pagos previsionales a cargo de su representado, por distintos canales; se compromete a cesar en su actuar, faltando a su palabra en desmedro de los derechos y garantías de su representado; prosigue una substanciación que culmina en el aumento de una deuda inexistente y en el arresto efectivo de la persona de su mandante; y, todo esto, en un abuso de su condición de Administradora.

Respecto a la ilegalidad, sostiene que la misma surge de la contravención a la Ley N°17.322, sobre “Cobranza Judicial de Cotizaciones, Aportes y Multas de las Instituciones de la Seguridad Social”, sin perjuicio de los daños “colaterales” a los derechos y/o garantías de su representado, lo que por sí sólo dota de tan repudiable carácter al acto acusado. El artículo 2° del cuerpo legal en comento, impone, entre otras, la obligación a la recurrida, en su calidad de Institución de la Seguridad Social, a determinar las cotizaciones adeudadas por los empleadores. Pues bien, como reiteradamente hemos señalado, ocurre que su representado informó oportunamente a la recurrida el hecho de “estar al día” en los pagos a su cargo; incluso si nada hubiese comunicado, resultaría inverosímil que la AFP sostuviese que no estaba al tanto del hecho, considerando que hoy prácticamente de todo existe un registro electrónico. Sin ir más lejos, algunos de los documentos que se acompañan fueron extraídos directamente de la página web de la recurrida. La ilegalidad, pues, fluye del abuso de su posición por parte de la recurrida, especialmente al deducir una acción ejecutiva que carecía de causa y seguir adelante un juicio en estas deficitarias condiciones.

Estima que tales conductas vulneran la garantía fundamental del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, conforme a los hechos ya relatados.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso y se ordene:

1) Restituir a su representado la suma de a lo menos $5.960.726, más intereses, reajustes y costas; o la cifra que VS.I., determine, conforme al mérito de autos;

2) La adopción de cualquier otra medida que VS.I., estime del caso, todo para el pleno restablecimiento del imperio de la garantía y del derecho quebrantado, por la conducta ilegal y arbitraria cometida; y 3) Expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso: 1. Comprobante de Pago de Cotizaciones Previsionales de Pensiones y Detalle de Pago de Cotizaciones Previsionales Fondo de Pensiones, timbrado con fecha 17 de julio de 2019; 2. Comprobante de Pago en Línea, fechado al 28 de marzo de 2022, plataforma Banco Estado, por la suma de $5.960.726; 3. Transferencia a Cuentas Propias – Detalle, fechado al 28 de marzo de 2022, plataforma Banco Estado, por la suma de $5.960.726; 4. Planilla de Declaración y Pago Simultáneo de Obligaciones Previsionales (6 páginas), que, además de contener el documento número “1.”, da cuenta del pago de las demás cotizaciones previsionales y de la seguridad social; 5. Correo electrónico correspondiente a los días 16 y 18 de octubre de 2019, sostenido entre la ejecutante y mi persona, dando cuenta de los pagos referenciados en esta presentación; 6. Correo electrónico, de fecha 17 de diciembre de 2021, por el que el Estudio Jurídico ORPRO S.A., me informa de solicitud de orden de arresto, con respuesta de su parte a través de la que remito, una vez más, los antecedentes pertinentes relativos al pago de la deuda; 7. Correo electrónico, de fecha 20 de septiembre de 2021, dirigido por su persona a ejecutivo de ORPRO S.A., en que consta la circunstancia de haber concurrido personalmente, en varias oportunidades, a oficinas de la Ejecutante a fin de dar cuenta del pago, adjuntando documentos de respaldo que ahí se indican; 8. Finiquito suscrito sin reserva, autorizado al 23 de julio de 2019, entre su persona y doña nombre reservado; 9. Notificación de Presentación de Reclamo y Acta de Comparendo de rigor; 10. Ebook relativo al cuaderno principal, extraído de la causa de cobranza seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Temuco, RIT P-5676-19; 11. Ebook relativo al cuaderno de apremio, extraído de la causa de cobranza seguida ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Temuco, RIT P-5676-19.

A folio 12, evacúa informe don nombre reservado, Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.

Expresa que, en causa RIT P-5676-2019, caratulada A.F.P. HABITAT S.A. CON nombre reservado, sobre demanda Ejecutiva de cobro de Cotizaciones Previsionales, causa que se tramita en conformidad a las normas de la Ley 17.322, y los juicios se sustancian de acuerdo al procedimiento fijado en las normas especiales de dicha ley y en el Título I Libro III del Código de Procedimiento Civil, en cuanto fueren compatibles con aquella.

Que, con fecha 29 de Octubre de 2019, se ingresó por interfaz del Poder Judicial, la demanda por la Administradora de Fondos de Pensiones Hábitat SA., la que fue notificada personalmente al demandado de autos nombre reservado, por receptor judicial con fecha 31 de Agosto de 2021 y requerido de pago con esa misma fecha.

Con fecha 15 de diciembre de 2021, se solicitó arresto, proveyendo el tribunal no ha lugar, liquídese y ofíciese a Tesorería General de la República.

Con fecha 17 de diciembre de 2021, habiendo transcurrido el plazo legal y no habiéndose opuesto excepciones por la parte demandada se certificaron excepciones de conformidad a los Arts. 5 y 12 de la Ley 17.322 y se liquidaron las prestaciones.

Con fecha 13 de enero de 2022, se reiteró el arresto, decretándose por parte del tribunal con fecha 14 de enero de 2022 la respectiva orden de arresto a la Policía de Investigaciones de Chile en contra de nombre reservado, de acuerdo con el artículo 12 de la ley 17.322, la que, por cierto, no es ilegal, como sostiene el recurrente.

Con fecha 29 de marzo de 2022, se recibe Oficio de la Policía de Investigaciones comunicando que nombre reservado, fue detenido el día 28 de marzo de 2022, a las 12:10 horas en su domicilio particular. Siendo dejado en libertad por haber pagado el total del monto adeudado a la fecha, acción realizada por pago en línea. Con fecha 29 de marzo de 2022, se presenta por la Oficina Judicial Virtual, siendo las 20:34 horas un escrito de “Da Cuenta de Pago e Incidente de Nulidad,” por parte del demandado de autos, acompañando copia de comprobante del Banco Estado de Chile por la suma de $5.960.726. El Tribunal provee con fecha 30 de marzo del presente año venga en forma el poder.

El Tribunal procede con lo informado por la Policía de Investigaciones de Chile con fecha 30 de marzo de 2022, a revocar la orden de arresto y comunicar lo resuelto, además de solicitar a la Unidad de Servicios del tribunal, certifíquese la existencia de los dineros depositados en la cuenta corriente jurisdiccional del Juzgado, a fin de consignarlos.

Con fecha 01 de abril del presente año, la parte demandada acompaña presentación cumple lo ordenado. Con fecha 04 de abril el tribunal confiere traslado y en cuanto a la suspensión del procedimiento, ordena solo suspéndase respecto del cobro por parte de la ejecutante de los dineros consignados, y hasta que se resuelva el incidente interpuesto.

Con fecha 13 de abril del presente año, se recibe el incidente a prueba. Con fecha 14 de abril del presente se presenta lista de testigos y confesional, proveyendo el tribunal con fecha 19 de abril “Cita Audiencia de Prueba vía Zoom, para el 27 de mayo de 2022, a las 11:30 horas.

Concluye señalando que sin perjuicio de lo que esta Iltma. Corte resuelva respecto del fondo del recurso, la tramitación de la causa ha seguido el conducto regular, sin oposición del ejecutado en tiempo y forma, disponiéndose las medidas de apremio que el ordenamiento jurídico contempla y habiéndose incidentado de nulidad por el ejecutado, solo al tiempo de consignar el monto demandado para obtener revocar el arresto dispuesto en su contra.

A folio 16¸comparece doña nombre reservado, abogada por la parte recurrida, quien evacúa informe.

Expone que con fecha 11.10.2019 se presenta ante AFP Habitat la afiliada, doña nombre reservado, Rut RUT reservado, presentando el finiquito laboral de fecha 31.05.2019 correspondiente a la relación de trabajo habida con el recurrente, señor nombre reservado en calidad de trabajadora de casa particular, solicitando el cobro de las cotizaciones que se le adeudaban. Conforme a lo anterior, se revisó todo el periodo comprendido en la relación laboral según indicaba el finiquito, pudiendo determinar la existencia de periodos impagos tanto en relación a cotizaciones obligatorias como a los aportes a la cuenta de ahorro de indemnización de trabajador de casa particular (4,11%) conforme a la naturaleza de los servicios prestados.

Indica que, conforme a la revisión de los antecedes del caso y del recurso, se aprecia que, con fecha 17.07.2019 se registra el pago de la siguiente planilla: “Comprobante de Pago de Cotizaciones Previsionales Fondo de Pensiones” correspondiente al pago de la cotización obligatoria y aporte a la cuenta de ahorro de indemnización (CAI), entre otros ítems obligatorios y voluntarios correspondiente al periodo de junio de 2019 (último mes laborado según consta del finiquito), planilla que incluía además un pago para la cuenta de ahorro voluntario (o Cuenta Dos o CAV) por $999.999.- Estas cotizaciones y aporte, así como el pago a la cuenta de ahorro voluntario fueron abonados en su oportunidad en tiempo y forma a las cuentas respectivas de la afiliada.

Manifiesta que la cuenta de ahorro voluntario es una cuenta diferente a la cuenta de cotizaciones obligatorias y de la cuenta de ahorro de indemnización de trabajador de casa particular en la cual se pagan los aportes del denominado 4,11%.

Refiere que lo que la parte recurrente cita como pago total de la deuda por cotizaciones no es tal, como se aprecia de las obligaciones que emanan del finiquito y de la planilla de pago que se invoca. En efecto la planilla da pago antes citada da cuenta del cumplimiento de las obligaciones legales de pago de la cotizaciones del mes de junio 2019 y del pago de un aporte a la cuenta de ahorro voluntario, cuenta dos o CAV como se le conoce comúnmente, correspondiente al monto descontado por este concepto a la trabajadora de sus haberes, según detalla el finiquito, pero en ningún caso da cuenta de un pagó de deuda equivalente a 28 periodos comprendidos dentro de la relación laboral, sin que acompañe ni a la AFP, a la Corte ni al Juzgado de cobranza documento alguno que dé cuenta del pago de las cotizaciones adeudadas y en cobranza.

Destaca que conforme la AFP no registraba (ni registra) el pago de los 28 periodos adeudados antes citados, conforme al reclamo presentado por la afiliada afectada, con fecha 29.10.2019 inicia la cobranza respectiva en los autos P-5676-2019 del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Temuco, por un capital nominal de $974.749.- conforme a la resolución N°2298865 de fecha 18.10.219. La demanda fue notificada el 31 de agosto de 2021 en forma personal a don nombre reservado, en el domicilio del recurrente. El procedimiento de cobranza no registra oposición de excepciones. Hace presente que demanda de cobranza, tanto por la cotización obligatoria como por los aportes de indemnización, corresponde únicamente a los 28 periodos pendientes de pago ya citados en el N°2 anterior y, en ningún caso, los periodos “desde octubre de 2011 a diciembre de 2018, aproximándose al lapso durante el que perduró la relación laboral” como se señala en el recurso.

Añade que, con fecha el 29.03.2022, el recurrente presenta un escrito al Juzgado de Cobranza Laboral de Temuco en la causa P-5676-2019 dando cuenta del pago de la deuda y promoviendo incidente de nulidad, indicando que el pago de la suma $1.056.888 efectuado en la ya tantas veces referida planilla de pago de cotizaciones con timbre de caja 17 de julio 2019, correspondería al pago de la deuda que se le cobra. Al respecto reitera que, este pago del 17.07.2019 únicamente corresponde al pago de la cotización obligatoria y aporte de indemnización del periodo/mes de junio 2019, que no se encuentra demandado. Acompañó el recurrente, el comparendo de conciliación de fecha 28.01.2020 efectuado ante la Inspección del Trabajo de Temuco, en el cual reconoce expresamente deber cotizaciones a la Sra. nombre reservado.

Concluye sosteniendo que de los hechos expuestos y normativa aplicable, queda de manifiesto que AFP Habitat ha actuado en conformidad a la ley y normativa previsional, y en ningún caso de mala fe, en forma abusiva, ilegal o arbitraria, así como tampoco se ha apropiado ni enriquecido con suma alguna de dinero del recurrente o de nuestra afiliada nombre reservado. La relación laboral entre el Sr. nombre reservado y Sra. nombre reservado no ha sido negada por el recurrente, ni discutida su duración ni fecha de término. Los periodos en cobranza no se encuentran pagados y los pagos efectuados por el empleador recurrente al respecto se encuentran: a) consignado en el Tribunal (consignación de fecha 28.03.2022) o acreditado en las cuentas previsionales de nuestra afiliada (planilla de 17.07.2019), pero en ningún caso dentro del patrimonio de esta Administradora de Fondos de Pensiones. Así las cosas, la deuda previsional NO fue pagada en julio de 2019 como indica el recurrente, estando vigente a la fecha. Los hechos que se discuten en el presente recurso ya se encuentran sometidos al imperio del derecho en el Tribunal de Cobranza, por lo que la presente acción de protección es improcedente y debe ser desestimada.

Pide, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1.- Certificado de cotizaciones obligatorias de doña nombre reservado, donde se aprecia los periodos pagados de cotizaciones a su favor y no aparecen los periodos impagos que se encuentran en cobranza; 2.- Certificado de la cuenta ahorro indemnización – cai - de doña nombre reservado, donde se aprecia los aportes pagados de cotizaciones a su favor y no aparecen los periodos impagos que se encuentran en cobranza; 3.- Reclamo CREC 291670 de fecha 11.10.2019 efectuado por doña nombre reservado para solicitar el cobro de sus cotizaciones obligatorias y aportes ce indemnización no pagados por el empleador nombre reservado; 4.- Carta al empleado informado cotizaciones no pagadas conforme al CREC 291670 para su regularización; 5.- Finiquito de Trabajador de fecha 31.05.2019 entre don nombre reservado y doña nombre reservado ratificado ante la Dirección del Trabajo el 23.07.2019; 6.- Resolución de Cobranza N° 2298865; 7.- Comprobante de Pago de Cotizaciones Previsionales Fondo de Pensiones -AFP Habitat - Planilla correspondiente a las remuneraciones de junio de 2019; 8.- Liquidación deuda a diciembre 2021 Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha denunciado como una actuación ilegal y arbitraria, la decisión de la recurrida de incoar una demanda ejecutiva por cobro de cotizaciones previsionales adeudadas a la ex trabajadora del recurrente, no obstante que dicha obligación se encontraría pagada.

TERCERO: Que, por su parte la recurrida niega que el pago efectuado corresponda a cotizaciones de seguridad social, por cuanto si bien realizó un pago con fecha 17 de junio de 2019, ésta se realizó en la cuenta de ahorro voluntario y no en las respectivas cuentas de cotizaciones obligatorias y de para el pago de la indemnización por término de la relación laboral, destacando que la recurrente dedujo un incidente de nulidad ante el Juzgado de cobranza laboral y previsional fundado en los mismos hechos narrados en este recurso.

CUARTO: Que para resolver esta acción constitucional es menester tener en consideración que la acción constitucional de protección es una de emergencia, extraordinaria, cuya finalidad no es la de resolver controversias sobre derechos entre partes, o inmiscuirse en materias que requieren de conocimientos técnicos, especializados, propios de acciones de lato conocimiento o, cuando menos, de procedimientos especiales que han sido ideados precisamente para resolverlos. Su objeto es, simplemente, restablecer una determinada situación de hecho que ha sido alterada por un acto arbitrario o ilegal que perjudica, amaga o perturba el ejercicio de determinados derechos que, además de ser garantías constitucionales, se debe tratar de derechos concretos, indubitados, precisos. Por ello es que se deja a salvo para ante la autoridad o tribunales correspondientes el ejercicio de los demás derechos que se puedan hacer valer.

QUINTO: Que, en ese mismo sentido, el ejercicio de esta acción presupone la existencia de derechos indubitados de manera que su finalidad consista en dar pronta solución a situaciones de fecho, entendiendo que un derecho tiene tal calidad cuando su existencia o evidencia no deja margen de duda, por lo que no es menester recurrir a otros medios de comprobación para constatar su presencia. Por el contrario, cuando un derecho reclamado por una parte es discutido por la otra, de manera que para zanjar el conflicto necesariamente debe sujetarse a un procedimiento controversial, de naturaleza administrativa o jurisdiccional, podemos afirmar que, en dicha situación, tal derecho carece de la entidad exigida por nuestra Carta Fundamental para su protección por la presente vía de acción.

SEXTO: Que, en ese orden de ideas, atendido el mérito de los antecedentes de este proceso, se vislumbra que actualmente entre las partes se sustancia un juicio ejecutivo por cobro de cotizaciones previsionales, en la que la parte recurrente dedujo un incidente de nulidad fundado en los mismos hechos que ha denunciado, a saber, que habría pagado dichas cotizaciones de seguridad social por lo que no era procedente el inicio de dicho procedimiento ejecutivo el que, conforme al informe del juez de la causa, incidencia que se recibió a prueba. De ello se sigue que, el recurrente no cuenta con un derecho indubitado para sostener que efectivamente dicha obligación se encuentra solucionada, lo que debe ser resuelta en el respectivo procedimiento de lato conocimiento, por lo que no cabe sino el rechazo de la presente acción.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, abogado, en beneficio de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A, todos ya individualizados.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° Protección-3371-2022.(jog)