nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REGION LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco.

Temuco, diez de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio N°1, comparece Sergio nombre reservado Cienfuegos, abogado, en representación de nombre reservado, arquitecto, deduciendo recurso de protección en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, por haber incurrido en un acto ilegal y arbitrario al haber emitido el dictamen de la Contraloría General de la República, folio E135150/2025 de fecha 11 de agosto de 2025.

Refiere como antecedentes de hecho que, en una carta con fecha del 10 de septiembre de 2024 dirigida al alcalde de Pucón, el arquitecto Sergio Andrés nombre reservado expresa sus preocupaciones sobre la actualización del Código de Ética de la Municipalidad de Pucón. nombre reservado, quien tiene un contrato a honorarios con el Departamento de Salud de la municipalidad en esa época, argumenta que el nuevo código tiene defectos que atentan contra la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Expresa que, una de las afectaciones a la igualdad es la correcta de limitación del concepto de “Conflicto de intereses” por cuanto el código actualizado indica que el personal de la Municipalidad de Pucón debe abstenerse de tramitar o ejercer labores profesionales de manera privada que posteriormente deban ser aprobadas por la municipalidad, sin importar su relación contractual.

Indica que, en efecto, el Señor nombre reservado afirma que esta disposición es "deficiente" porque no considera el ordenamiento jurídico administrativo chileno, el cual permite a los funcionarios públicos ejercer una actividad profesional o comercial fuera de su jornada laboral, siempre que no perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes. Según él, un conflicto de intereses existe solo cuando un funcionario municipal tiene que analizar, informar o resolver una situación de naturaleza particular dentro del organismo al que pertenece.

Comenta que, como el contrato del Sr. nombre reservado especifica que sus funciones son de carácter asesor y de coordinación profesional técnico, y no tiene facultades decisorias ni resolutivas, por lo que esta disposición no se le aplica.

En efecto, la Dirección de Obras es la que tiene potestades resolutivas en su ámbito de competencia.

Señala que, asimismo, la limitación impuesta al Señor nombre reservado es discriminatoria, porque el código incluye un ejemplo específico que considera discriminatorio, ya que él es el único profesional arquitecto que está bajo la calidad jurídica de contrata en la municipalidad.

Manifiesta que, el caso se ejemplifica porque un arquitecto contratado a través de servicios a contrata en un departamento determinado no podrá tramitar ningún proyecto de forma personal ante la Dirección de Obras de la Municipalidad para evitar un conflicto de interés con la misma institución.

Agrega que, con fecha del 24 de septiembre de 2024, el alcalde de Pucón, Carlos Barra Matamala, responde la carta de Sergio Andrés nombre reservado, que en su calidad de arquitecto que trabaja para la municipalidad.

Precisa que, en su respuesta, el alcalde indica que la actualización del Código de Ética, se debe a que la Contraloría General de la República ha afirmado que es contrario al principio de probidad administrativa que los arquitectos que trabajan para un municipio, independientemente de su tipo de contrato, puedan tramitar proyectos en la Dirección de Obras de esa misma municipalidad.

El Código de Ética municipal considera una infracción que cualquier profesional del municipio realice labores privadas que luego deban ser aprobadas por la misma municipalidad.

El Alcalde señala que la Contraloría General de la República ha manifestado que los profesionales arquitectos deben cumplir con la obligación de no transgredir el principio de probidad administrativa, por lo que reitera que un arquitecto que trabaja para el municipio no puede tramitar expedientes en la Dirección de Obras de la misma institución, aún cuando no trabajen en esta Dirección.

Indica que, con fecha del 30 de septiembre de 2024, el Sr. nombre reservado solicita una reconsideración de la respuesta que recibió de la municipalidad, específicamente del Oficio Ordinario N° 1369, fechado el 24 de septiembre de 2024.

Refiere que, el Sr. nombre reservado argumenta que la prohibición de ejercer su profesión fuera de su horario de trabajo va en contra de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y libertad de trabajo, y que no debería aplicarse a su caso. Señala que, según el artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los funcionarios tienen derecho a ejercer libremente su profesión u oficio fuera de su jornada laboral, siempre que no interfiera con sus deberes.

Expresa que, el Sr. nombre reservado enfatiza que sus funciones en el Departamento de Salud de la municipalidad son de carácter asesor y de coordinación, no tiene facultades decisorias ni resolutivas.

Considera asimismo que su situación es distinta a la de un funcionario que trabajara en la Dirección de Obras Municipales, donde sí podría existir un conflicto de intereses.

Expresa que, con fecha 11 de agosto de 2025, el DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA FOLIO E135150/2025 dictamino que:

“la libertad en el ejercicio profesional, industrial o comercial que garantiza el inciso primero del mencionado artículo 56, se encuentra limitada por el amplio principio de probidad administrativa, conforme al cual los empleados públicos tienen el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencias se proyecten en su actividad particular, aun cuando la posibilidad de que se produzca un conflicto sea solo potencial, lo que ocurre, cuando esa actividad incide o se relaciona con el campo de las labores propias de la institución a la cual pertenece el empleado de que se trate (aplica dictamen N° 44.864, de 2000).”

Por lo que concluye en el FOLIO E135150/2025 de fecha 11 de agosto de 2025, que:

“la actividad particular que el recurrente pueda efectuar como arquitecto en la Municipalidad de Pucón resulta incompatible con su calidad de contratado a plazo fijo de dicho municipio, toda vez que a la dirección de obras de tal entidad le corresponderá resolver acerca de las materias en la cual inciden sus actividades particulares, por lo que, en consecuencia corresponde desestimar su reclamo.”

Se ha impedido ejercer un derecho constitucional a nuestro representado, mediante una interpretación extensiva de una norma legal de derecho público, y eso ha sido validado por la Contraloría General de la República en el acto recurrido, de manera arbitraria e ilegal.

Sobre la delimitación del concepto de probidad refiere que, el fundamento constitucional de la probidad administrativa en Chile reside principalmente en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, norma introducida por la Ley de Reforma Constitucional N°20.050, que reproduce.

Indica que, el texto constitucional otorga un marco normativo, que consagra la probidad no solo como un ideal ético, sino como una obligación de carácter constitucional para todas las autoridades y funcionarios que ejercen funciones públicas, el que debe ser regulado conforme al principio de legalidad.

Manifiesta que, el principio constitucional de legalidad se expresa en varias hipótesis legislativas que determinan el contenido y alcance de dicho principio, que iremos analizando caso a caso, por cuanto la delimitación de la probidad administrativa se concreta a través de leyes que desarrollan el principio constitucional y sancionan las conductas que lo vulneran.

En la determinación de conflictos de interés, la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses obliga a las autoridades y funcionarios a declarar su patrimonio e intereses.

Asimismo, la señalada disposición legal les impone la prohibición de intervenir en decisiones donde existan intereses personales o familiares es un ejemplo directo de la delimitación de la probidad, buscando garantizar la imparcialidad. Por ejemplo, un ministro no puede participar en una votación que afecte directamente a una empresa de la cual él o un familiar cercano es accionista.

Expone que, también, existe una limitación expresa en el uso de información privilegiada, o el uso de los recursos del Estado para fines privados, en efecto el DFL 1-19.653 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado Ley N° 18.575, tipifica expresamente como infracción a la probidad el uso de información privilegiada o de recursos públicos (como vehículos, personal o tiempo de trabajo) en beneficio propio o de terceros. Por ejemplo, un funcionario que utiliza el auto fiscal para fines personales contraviene este principio.

En materia de aceptación de donativos, se prohíbe a los funcionarios solicitar o aceptar donativos, ventajas o privilegios por razón de su cargo. Se exceptúan los obsequios protocolares, pero se busca evitar cualquier tipo de soborno o cohecho que pueda comprometer la imparcialidad del servidor público. Un ejemplo sería un funcionario que acepta un regalo costoso de una empresa a la que debe fiscalizar.

Expresa que, todos estos ejemplos, son determinados por el principio de legalidad, por cuanto, como se señaló tienen su fundamento en el citado DFL N°1-19.653 que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado Ley N° 18.575, que su artículo 8° que regula el principio de probidad, lo que se ve complementado en los artículos 62 y 63 del DFL N°29 texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, en que se singularizan conductas que contravienen este principio, como por ejemplo, el uso de información privilegiada está tipificado en el artículo 63, letra a), mientras que las actividades privadas en horario de trabajo se abordan en el artículo 62, letra c).

Precisa que, en el ámbito previsto por la Ley de Urbanismo, existe una prohibición expresa para los profesionales arquitectos en el artículo y artículo 13 del DFL N°458 que aprueba “Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones”, pero es prohibición legal expresa, tiene una delimitación, porque se extiende a aquellos casos en que estas actividades profesionales “deban ser aprobadas por el Departamento Municipal donde ellos trabajan.” , circunstancia que no habilita a extender esa prohibición al caso concreto del Sr. nombre reservado, quien no trabaja en el Departamento de Obras, sino en el de Salud.

Indica que, los límites legales, en que se tipifican detalladamente algunas conductas que infringen el principio de legalidad, se fundamenta en el principio previo de Libertad del ser humano e Intervención Mínima del Estado frente a la esfera personal y privada del individuo, para no afectar sus derechos y garantías constitucionales, que se desprenden en el derecho público de la exigencia propia del citado principio de legalidad previsto en el artículo 7°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, que implica que la Administración del Estado debe actuar dentro de sus facultades y competencias las que deben estar previstas a lo menos en una Ley.

Comenta que, si bien, hay doctrina y jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que ha sostenido que el principio de probidad no contiene un catálogo taxativo de conductas en materia de probidad administrativa, como lo ha expresado Julio Pallavicini Magnère y también nombre reservado, tales interpretaciones se ven profundamente morigeradas por nombre reservado, según reproduce.

Manifiesta que, la pregunta que nos hacemos, ¿Por qué se reconocen límites normativos en la tipicidad administrativa? Y la respuesta la proporciona Pedro Pierry en su obra “El control de la discrecionalidad administrativa”, en la Revista Chilena de Derecho, Volumen 11, página 485 al tratar la “Ilegalidad por ausencia de motivos legales”, es decir, en los casos de competencia reglada, como acontece con la probidad, la norma legal es la que establece aquellos casos en que la administración puede actuar, por eso concluye el citado autor (ob.cit. página 491) que “el poder discrecional se presenta como un poder omnipresente y omnipotente y que la labor de la jurisprudencia debe ser la de reducir su dominio y de reglamentar su ejercicio.”

Refiere que, coincidimos con el control jurisdiccional de la discrecionalidad administrativa, en el caso concreto, de la recta extensión del principio de probidad, que, al ser de aplicación administrativa en el ámbito del derecho público, no puede extenderse más allá de lo que la ley permite, es decir, no puede afectar los derechos y garantías constitucionales de un individuo, Por las razones expuestas, en el sistema jurídico nacional de derecho administrativo, las incompatibilidades están expresamente previstas en la Ley, por ejemplo, en el artículo 84 de la Ley N° 18.834, que establece la prohibición de desempeñar actividades o cargos que impidan el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones funcionarias. Además, el artículo 62, letra c), prohíbe "ejecutar actividades, actos o negocios en la oficina durante las horas de trabajo, ya sea para sí mismo o para terceros".

Estima que la probidad no es un concepto abierto a la discrecionalidad, sino que debe estar circunscrito a la ley, y que el control de la probidad debe ser legalmente fundado, con tutela judicial efectiva, y que cualquier extralimitación del Estado en los derechos y garantías constitucionales de los seres humanos, entre los que se incluyen a los funcionarios podría vulnerar derechos fundamentales.

Expresa que, en el caso concreto, la Contraloría General de la República, en el dictamen recurrido, determino una diferencia arbitraria atribuyéndose facultades que no tiene, afectando la igualdad ante la ley (art.19N°2 CPR), por cuanto ha dictaminado que no es posible ejercer una actividad profesional de manera privada, en un caso no previsto por la Ley, mediante una interpretación extensiva, analógica, sin fundamento legal que lo amerite.

En efecto, la potestad dictaminante del ente fiscalizador, es una potestad de interpretación administrativa, no hay atribuciones legislativas ni menos jurisdiccionales, tal como lo ha señalado expresamente la Excelentísima Corte Suprema en el fundamento quinto de la Sentencia Rol N°16.864/2018 de fecha 10 de octubre de 2018.

Comenta que, la Contraloría General no tiene atribuciones para modificar una ley ni menos para actuar como juez, sólo para interpretar administrativamente una norma legal de manera obligatoria y general, vinculante sólo para la administración del Estado, teniendo presente que, conforme se ha resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en el fundamento cuarto de la Sentencia Rol N°22.023/2018 de fecha 04 de diciembre de 2018, que reproduce.

Conforme a las normas que indica, señala que todas las disposiciones legales, configuran un marco jurídico normativo, que sin duda, delimita la actividad interpretativa de la Contraloría General de la República, reduciendo su discrecionalidad en la interpretación de la norma, impidiéndole extender los efectos de la ley a situaciones no previstas por el legislador, de lo contrario, su actuación afectaría los principios de legalidad y competencia.

Expresa que, se estima que, al exceder el concepto de interpretación, esto es de determinar el verdadero sentido y alcance de un precepto legal, la Contraloría General de la República, se está en presencia de un juzgamiento por comisión especial, porque el órgano se aparta de la sujeción al Derecho.

En efecto, nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta, con anterioridad a la perpetración, en consecuencia, la Contraloría ha asumido atribuciones no previstas en el ordenamiento jurídico, careciendo de juridicidad, imparcialidad e independencia, fundándose en razones ajenas a todos esos principios propios de un Estado de Derecho, porque agrega requisitos que la ley no contempla, sin una recta interpretación y aplicación de la Ley existente.

La garantía de desarrollar actividades económicas en el Artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República, no es una garantía directa sobre la actividad económica en sí, sino un principio que asegura que las leyes que regulan o limitan las garantías constitucionales no podrán afectar el núcleo esencial de esos derechos, ni imponer condiciones que impidan su libre ejercicio, tal como lo prevé el artículo 19 N°26 del citado texto Constitucional.

Expresa que, lo anterior implica que toda restricción a la libertad de desarrollar ya sea actividades profesionales o económicas debe ser estar expresamente prevista por la Ley, ser proporcional y no arbitraria, protegiendo el derecho fundamental de las personas a emprender y desarrollar su actividad, todo lo cual, no acontece en la especie porque el dictamen recurrido de la Contraloría General de la república ha excedido su potestad de interpretar la Ley, consagrada en el artículo 98 del texto Constitucional.

Sumado a lo anterior, los procedimientos y normas que rigen los actos de la administración del Estado deben encontrarse expresamente previstos por la Ley, al tenor el artículo 63 N°18 de la Constitución Política de la República, circunstancia que no se aprecia en la restricción validada por la Contraloría General de la República en el dictamen recurrido.

Observa, que el señor nombre reservado no trabaje en la Dirección de Obras Municipales de Pucón, le permite ejercer su profesión fuera de las horas de servicio en dicho municipio, dado que el legislador no lo ha prohibido, y además, la probidad no puede extenderse de manera arbitraria a situaciones no previstas por el legislador.

Así, solicita que se deje sin efecto el dictamen recurrido y que se ordene a la municipalidad de Pucón Autorizar el ejercicio de la función profesional como arquitecto, en los términos expuestos en el presente recurso.

A folio N°10, la recurrida Contraloría General de la República acompaña el informe requerido, expresando en síntesis que, En la especie, la presente acción no busca el amparo del ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que busca que VS. Iltma., determine que, al actor, no le resulta aplicable el artículo 13 de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración, que dispone que “los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan”; como tampoco la incompatibilidad prevista en el artículo 56, de la aludida ley N° 18.575, que dispone expresamente que “son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan”.

Así, el recurrente pretende que se deje sin efecto el oficio N° E135150, de 2025, de esta Contraloría Regional, y que ordene a la Municipalidad de Pucón, a autorizarlo para ejercer su actividad particular como arquitecto en ese órgano comunal ingresando proyectos a la Dirección de Obras, pese a encontrarse contratado por la misma entidad edilicia, quién a su vez deberá resolver sobre aquellos.

En efecto, ello plantea una controversia en relación con la interpretación de la normativa legal que establece una incompatibilidad para el desempeño de labores en la Administración del Estado, toda vez que el actor no comparte esa regla ni la manera en la que la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República ha interpretado dicha normativa, pretendiendo, por esta vía excepcional, que se deje sin efecto la aplicación de esa incompatibilidad referente la actividad particular que el recurrente pueda efectuar como arquitecto en la Municipalidad de Pucón, lo que excede el marco propio de esta acción de protección, toda vez que esta no es declarativa de derechos.

Enseguida, la improcedencia de esta vía para impugnar controversias interpretativas ha sido reiterada por la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, como se advierte en la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 13 de marzo de 2024, dictada en causa rol N° 16.080-2023 -confirmada por la Excma. Corte Suprema mediante fallo de 5 de agosto de 2024.

Indica que, en mérito de lo expuesto, y especialmente, de la petición formulada por el actor en su recurso, queda en evidencia que se trata de una cuestión de lato conocimiento, tendiente a obtener un juicio declarativo, ajeno a toda solicitud de restablecimiento de algún derecho indiscutido que se encuentre amagado, de modo que la cuestión sobre la cual se suscita constituye un asunto ajeno a su naturaleza.

Agrega que, señala la parte recurrente que en la dictación del oficio impugnado se habría incurrido en una acción arbitraria e ilegal, por cuanto le habría provocado una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 2 y 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República.

En relación con lo expuesto, señala que no se advierte de qué manera el pronunciamiento que se impugna habría podido ser ilegal, toda vez que esta Entidad de Control se limitó a ejercer las competencias que le han sido asignadas, en virtud de los artículos 6, 7 y 98 de la Constitución Política de la República; artículos 1, 6, 9 y 19 de la ley N° 10.336; las que habilitan a esta Entidad Fiscalizadora a emitir dictámenes jurídicos obligatorios, sobre todas las materias sujetas a su control, para los órganos y servicios de la Administración sometidos a la fiscalización de esta Entidad de Control.

Indica que la potestad dictaminante de la Contraloría General encuentra su fundamento, entre otras disposiciones, en los artículos 5°, 6°, 9°, 19, 33, 37 y 40 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, en relación con el artículo 98 de la Constitución Política de la República, normas que, la facultan para dictaminar (informar) sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general, sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con la organización funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen, o sobre cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos, y de todo asunto relacionado con los presupuestos; con la administración, recaudación, inversión o destinación de fondos, rentas o cualesquiera bienes de los que señala la ley; con las atribuciones y deberes de los empleados públicos, o con cualquiera otra materia en que la ley le dé intervención a la Contraloría.

Respecto de la arbitrariedad, indica que la actuación contra la cual se recurre no constituye una acción u omisión arbitraria, toda vez que no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón por parte de esta Entidad de Control, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la interpretación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un pronunciamiento motivado en derecho por parte de este Órgano de Control.

Así, el hecho de que el recurrente no comparta la decisión de esta Sede de Control no torna en arbitrario el pronunciamiento que por esta vía pretende dejar sin efecto.

Pues bien, en virtud de lo expuesto es posible concluir, que el oficio N° E135150, de 2025, que se impugna, ha sido dictado por esta Entidad de Control, ejerciendo las potestades que la Constitución Política de la República y la ley N° 10.336 confieren a la Contraloría General, y cuyo ejercicio corresponde también a las Sedes Regionales, de conformidad a la delegación contenida en la resolución N° 1.002, de 2011, de la Contraloría General, particularmente su artículo 9, letra a), que establece la atribución específica de emitir los dictámenes relativos a materias propias de su competencia, aplicando siempre los criterios jurisprudenciales vigentes de la Contraloría General; y letra c), que establece la atribución de velar por el cumplimiento de las normas aplicables a los funcionarios públicos de la región.

Agrega que, el recurrente en su calidad de funcionario público debe dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, conforme al artículo 13 de la ley N° 18.575, que dispone que: “Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan”.

Indica que, en el contexto normativo que desarrolla, se dictó por parte de esa Entidad de Control el oficio N° E135150, de 2025, por cuanto del tenor de tales preceptos constitucionales y legales, se desprende que la actividad particular que el recurrente pueda efectuar como arquitecto en la Municipalidad de Pucón resulta incompatible con su calidad de contratado a plazo fijo de dicho municipio, toda vez que, le corresponderá a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Pucón -municipio al que pertenece el recurrente- resolver acerca de las materias en la cual inciden las actividades particulares del señor nombre reservado.

Destaca que la ley no distingue el departamento o unidad específica en que deba desempeñarse un servidor para incurrir en la incompatibilidad anotada, por lo que su desempeño en cualquier unidad de la municipalidad lo hace incurrir en la hipótesis del citado artículo 56 de la ley N° 18.575, si su desempeño particular debe ser autorizado o aprobado por el departamento de obras de dicho ente comunal.

Expresa que, el recurrente no ha acreditado la existencia de las referidas diferencias arbitrarias que lesionen su derecho a la igualdad ante la ley, principio que ha sido estrictamente respetado por este Órgano Fiscalizador, toda vez que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha aplicado los principios constitucionales que informan la materia junto con la normativa constitucional y legal existente, de modo que el aludido oficio N° E135150, de 2025, fue dictado en uso de las facultades otorgadas por el legislador fundados, principalmente y entre otros, en el artículo 98, de la Constitución Política de la República.

Por lo anterior, no es posible sostener que el acto administrativo impugnado haya podido significar dar al recurrente de autos un trato discriminatorio que produzca la vulneración del derecho de que se trata.

Indica que, no se vislumbra de qué forma el derecho constitucional aludido, podría haber sido vulnerado por esta Contraloría Regional, toda vez, que no ha efectuado en ningún caso una labor jurisdiccional o de juzgamiento, ni menos ha actuado como una comisión especial, sino que se han ejercido las potestades que la Carta Fundamental y la ley N° 10.336 confieren a la Contraloría General, y cuyo ejercicio corresponde también a las Sedes Regionales, de conformidad a la delegación contenida en la resolución N° 1.002, de 2011, de la Contraloría General, particularmente su artículo 9, letra a), que establece la atribución específica de emitir los dictámenes relativos a materias propias de su competencia, aplicando siempre los criterios jurisprudenciales vigentes de la Contraloría General; y letra c), que establece la atribución de velar por el cumplimiento de las normas aplicables a los funcionarios públicos de la región, a requerimiento expreso del recurrente.

Con todo, y a mayor abundamiento, es útil añadir que en ningún caso podría considerarse que este Ente de Control actuó como una comisión especial, pues se limitó a pronunciarse acerca de la presentación deducida por el propio actor ante este organismo de control, de conformidad a la preceptiva aplicable a la materia, atendidas las circunstancias concurrentes que se advirtieron.

Expresa que, no es posible entender que exista una afectación a la libertad económica del recurrente, por cuanto, se trata de una incompatibilidad específica que se da solo respecto de la Municipalidad de Pucón, atendida su calidad de funcionario público de dicha entidad edilicia, por lo que nada obsta que el recurrente pueda ejercer su actividad particular como arquitecto en una municipalidad distinta.

Asimismo, y como se anotó en los apartados anteriores, es preciso añadir que no se vislumbra de qué manera el oficio impugnado pudo haber conculcado la indicada garantía constitucional, en atención a que la emisión de este no constituye sino el legítimo ejercicio de las facultades que de conformidad con los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, 1° y 10 de la ley N° 10.336, le corresponde a esta Contraloría General.

Finalmente manifiesta, respecto al artículo 19 N° 26 que, este derecho no está contenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, es decir, no está contemplado dentro de los derechos respecto de los cuales es posible ejercer el recurso de protección; no obstante, el recurrente expone que se habría impedido el libre ejercicio de profesión, perturbando, en consecuencia, la señalada garantía.

A folio N°16 el recurrente formula observaciones al Informe emitido por la Contraloría Regional de La Araucanía.

A folio N°22, consta informe de la Municipalidad de Pucón, que en síntesis expresa que, como la propia Contraloría General de la República, lo refiere en su informe de folio N° 14, la Municipalidad de Pucón, por medio del Decreto N° 3063 de fecha 26 de agosto de 2024, actualizó el Código de Ética, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.643 –Ley Karin–, siendo notificado a la totalidad de funcionarios municipales.

Indica que, el citado código tuvo origen en una iniciativa liderada por la Contraloría General de la República, la Dirección Nacional de Servicio Civil, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo, durante el año 2023. Por su intermedio se busca fijar una serie de principios, medidas y normas que establezcan pautas de conducta esperadas de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, con el propósito de promover la transparencia, la honestidad y la integridad en el desempeño de sus labores. Precisamente en el apartado de “Conflictos de Intereses” se puso como ejemplo la situación de un arquitecto contratado bajo la modalidad de honorarios, quedando impedido de tramitar asuntos particulares ante la DOM.

Refiere que, el referido Código de Ética se enmarca, ciertamente, dentro de las atribuciones que el artículo 5° de la Ley N° 18.575 reconoce a los jefes superiores de servicios y lo previsto en el artículo 56 de la Ley N° 18.695 –que reconoce al Alcalde como la máxima autoridad del municipio, debiendo velar por su dirección, administración y supervigilancia– y en el artículo 61 de la Ley N° 18.883. Por lo demás, obedece a un instrumento que busca dar aplicabilidad al principio de probidad administrativa y a los criterios jurisprudenciales asociados a ella, emanados de la Contraloría General de la República.

De ello se desprende, que el Código de Ética en sí mismo no constituye un acto ilegal. Tampoco es posible sostener que aquél hubiere sido dictado arbitrariamente, ni menos que su aplicación práctica lo haya sido de ese modo, por cuanto afecta a la totalidad de empleados de la Municipalidad de Pucón y no solamente al recurrente de estos autos.

Agrega que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, a juicio de esta entidad edilicia, la interpretación que el Organismo Fiscalizador efectúa para prohibir el ejercicio particular de una profesión liberal ante las oficinas municipales debe ser revisado, especialmente en el caso de quienes efectúen trámites o solicitudes ante la Dirección de Obras Municipales, por las especiales características orgánicas que posee, según se detalló en el capítulo N° II ut supra.

En efecto, la extensión que la Contraloría General de la República realiza de la incompatibilidad del inciso segundo del artículo 56 de la Ley N° 18.575 puede eventualmente colisionar con la libertad al trabajo y la libertad a desarrollar cualquier actividad económica, garantizadas el artículo 19, numerales 16 y 21 de la Carta Fundamental, ya que conlleva de facto una derogación del inciso primero del artículo 56 de la Ley N° 18.575, antes transcrito.

Finalmente expone que, cuando se trata de determinadas prohibiciones o incompatibilidades, deben ser expresamente contempladas por el legislador, como ocurre precisamente con los profesionales que se desempeñan en las unidades de obras municipales, de conformidad al artículo 13 de la LGUC.

A folio N°24 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

SEGUNDO: Como puede inferirse de la petición concreta sometida al conocimiento y resolución de esta Corte, lo requerido por el recurso escapa al objeto y naturaleza de esta acción cautelar, pues la recurrente pretende que este Tribunal de Alzada emita un pronunciamiento sobre el contenido de un dictamen emitido por la entidad contralora, haciendo uso de una facultad legal que se confiere expresamente a esa repartición pública el artículo 6° de la Ley N° 10.336.

Así, la acción cautelar intentada, solo está para proteger derechos concretos, indubitados y tal como se indicó en el motivo precedente no tiene un carácter declarativo, como lo pretende el recurrente, sino que uno meramente tutelar, lo que supone, obviamente, que el derecho que se invoca sea indubitado.

TERCERO: Que en efecto, como ya se adelantó, la entidad recurrida se ha limitado a emitir un pronunciamiento, mediante un dictamen, en uso de las facultades que le confiere su ley orgánica, acogiéndose a lo que establece el artículo 6° inciso 3° de esa normativa; por ende, mal puede ser ilegal o arbitrario esa conducta, sobre todo si en el dictamen aludido el órgano contralor señaló los motivos por lo cual procedió de esa forma.

CUARTO: Que en consecuencia, careciendo el presente arbitrio de peticiones concretas susceptibles de ser abordadas por esta vía cautelar, unido a que no se divisa un acto ilegal o arbitrario en el actuar del órgano recurrido, el recurso de protección debe ser rechazado, resultando inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la recurrente estima vulneradas.

Por las consideraciones anteriores, más lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia y artículo 6 inciso 3° de la Ley N° 10.336, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Sergio nombre reservado Cienfuegos, abogado, en representación de nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-3368-2025 (pvb).