nombre reservado con INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de febrero de dos mil veinte.

VISTOS:

1.- Que, en estos antecedentes comparece doña CAROLINA ELIZABETH FUENTES PEÑA, abogada, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, profesor, con domicilio en domicilio reservado e interpone acción de protección en contra de la UNIVERSIDAD MAYOR, del giro educación, RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado cedula de identidad número RUT reservado o quien haga sus veces, ambos con domicilio en domicilio reservado; en contra de INVERSIONES Y TARJETAS S.A. (HITES) del giro de su denominación, RUT RUT reservadorepresentada legalmente por don nombre reservado cédula de identidad número RUT reservado o quien haga sus veces, ambos con domicilio en domicilio reservado y en contra de INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE S.A. (IPCHILE) del giro educación, RUT RUT reservadorepresentada legalmente por don nombre reservado cedula de identidad número RUT reservado o quien haga sus veces, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda el recurso en que don nombre reservado, es profesor y tiene la intención de incorporarse como profesional a las filas de Carabineros de Chile, requiriéndosele entre toda la documentación un informe de antecedentes comerciales.

Indica que solicitó un informe comercial con fecha 7 de mayo del año 2019, el que fue emitido por la empresa “Telecheque group” empresa simil a Equifax (DICOM), quien señala en el mismo informe emitido que la información contenida en él, emana de Boletín de informes comerciales (BIC) Morosidad consolidada del comercio (MCC), Diario Oficial, Servicio Nacional de Aduanas, Dirección del Trabajo e Información Pública.

En dicha oportunidad se entera que los recurridos ya mencionados, tienen publicaciones sobre presuntas deudas, informando la recurrida Universidad Mayor un pagaré protestado de 30 de marzo del año 2017; la recurrida Inversiones y Tarjetas S.A., ha informado 15 deudas por concepto de tarjetas de crédito de junio del año 2014 a agosto del año 2015 y finalmente Instituto Profesional De Chile S.A. ha informado una cuota morosa de octubre del año 2014.

Agrega que no ha sido notificado judicialmente de ninguna deuda en su contra, ni existe causa alguna vigente en contra de mi representado, donde las recurridas figuren como ejecutantes. Se entiende que el deudor es constituido en mora cuando se notifica legalmente la demanda hecha ante juez competente. Si esta situación no ocurre, no existe la mora cualquier otra postura irá en contra de este precepto fundamental de nuestro Código Civil, por lo tanto, no pueden ser publicadas como morosidad.

Así mismo se ha establecido en la recopilación de “Normas de Bancos e Instituciones Financieras”, en el capítulo 18-5 que establece entre sus principios que se excluirán del listado de informaciones comerciales “…aquellos créditos que carezcan de títulos ejecutivos porque éstos son, de acuerdo a nuestra legislación, los únicos que formalmente dan cuenta de una obligación cuyo cumplimiento puede exigirse compulsivamente.

No se informarán, en consecuencia, los deudores aunque se encuentren demandados, contra quienes sólo se tengan títulos ordinarios, puesto que éstos requieren de una previa declaración de autoridad, para darles certeza y exigir su cumplimiento a través de la misma. Con mayor razón, no se incluirán los nombres de personas respecto de quienes se carezca de título, aunque la institución financiera pueda ejercer las acciones para provocar la confesión de deuda, o de hecho la encuentre incoando.

Se excluirán, asimismo, los deudores contra quienes existan títulos ejecutivos pero que no fueron demandados durante el transcurso del plazo de prescripción de las acciones respectivas. Se suspenderá la información de aquellos deudores contra quienes existan títulos ejecutivos y hayan sido demandados, pero cuyas ejecuciones hayan sido rechazadas o abandonadas por resolución judicial ejecutoriada, así como de aquellos a quienes no se les haya notificado la demanda antes del vencimiento del plazo establecido en las leyes para la prescripción de las respectivas acciones; sin embargo, estos últimos se re informarán cuando se obtenga su notificación”

Indica que existen reglas especiales para los bancos e instituciones financiares, relativas al “Manejo de la información por parte de las instituciones financieras” en el inciso 3° expresa que “A fin de evitar el mal uso que podría dársele a esta información, las instituciones financieras deben procurar que el acceso a cualquier medio de consulta se restrinja a los funcionarios que precisen la información para uso exclusivo de la empresa, de modo que el acceso a la fuente de esos datos sea controlable. Esta Superintendencia recomienda, asimismo, destruir o archivar convenientemente la información que ya no se utilice, de manera de cautelar que no se haga mal uso de la información”.

Recomendación que en ningún caso se ha seguido respecto de las presuntas deudas de su representado. En consecuencia, como se señala, no se informarán y/o excluirán aquellas personas contra quienes solo se tengan títulos ordinarios, puestos que estos requieren de una previa declaración de la autoridad para darle certeza y exigir su cumplimiento a través de la misma, o cuando existiendo títulos ejecutivos estos ya dejaron de tener tal calidad, por el transcurso de los plazos legales.

Señala que el Código Civil en su artículo 2.493, señala que el que quiere aprovecharse de la prescripción debe alegarla; y que el juez no puede declararla de oficio, en este caso NO ES LA PRESCRIPCIÓN LA QUE SE PRETENDE RECLAMAR, sino LA PUBLICACIÓN de antecedentes comerciales, que establece presuntas deudas de mi representado, que como ya se ha expuesto, carecen de un sustento legal, puesto que no existe declaración de autoridad que le dé certeza o acción judicial que acredite la mora, si no son los recurridos quienes los que le dan este carácter, sin que participe una acción jurídica como la ley lo obliga para estos efectos. Esto esta estrechamente relacionado con el artículo 1551 del Código Civil que establece expresamente que el deudor está en mora “3° En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”.

Si no está judicialmente reconvenido, no es el acreedor quien por arbitrio propio puede declarar la mora y en ese sentido menos aún realizar públicamente como si así fuera.

II.- No es el obligado -deudor- el que otorga al acreedor alguna clase de privilegio especial en orden a perseguirlo cuando se le antoje.

Tampoco el acreedor el que sujete a su solo parecer la duración de la vigilia de aquél. El derecho a la acción conlleva la plena libertad de su ejercicio. La garantía que consagra el artículo 19 Nº 3º de la Constitución Política de la República está revestida de ese atributo soberano.

Tampoco sucede, entonces, que la iniciativa de requerir la intervención de los Jueces establecidos por la ley se engendre en una convención en la que una de las partes faculta a la otra a demandarle el cumplimiento de sus deberes; mucho menos que ello se fragüe de determinada manera. Las únicas excepciones que el ordenamiento reconoce a la regla básica de la libertad del ejercicio de acción son la demanda de jactancia y la citación a que se refiere el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil. En todo lo demás, es decir, en el gran espectro de las prerrogativas jurisdiccionales, quienes se consideran titulares de derechos están en situación de requerirlos, pero únicamente mientras su acción se encuentre en vigor dentro del marco de las reglas generales, que gozan de la naturaleza de derecho público y no se encuentran a disposición de los contratantes.

III.- La relación entre tiempo y derecho es inherente a este último.

Ontológicamente toda regulación jurídica reconoce como causa final la contingencia humana, por tanto no puede prescindir de tiempo ni espacio.

El estatuto del tiempo es de derecho público y escapa a la voluntad de las partes. Los efectos de la temporalidad son indisponibles.

La merma que por sí mismo el transcurso del calendario va generando en la vivencia de los conflictos, ha llevado a los ordenamientos normativos a recoger tan innegable realidad. En materias sancionatorias, lo ha hecho fijando períodos dentro de los que haya de concretarse la persecución, so pena de una ficción de perdón social o, en su caso, personal.

En materias de derecho privado, ha sellado los desentendimientos, suponiendo que pierden vigencia, al menos virtualmente, después de plazos que determina la ley. Alguna excepción no viene sino a confirmar la regla (delitos de lesa humanidad).

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS.

El hecho de que los recurridos mantengan actualmente a su representado, informado en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio, como deudor, constituye un acto ilegal y arbitrario que atenta contra las Garantías Constitucionales establecidas en los números 4, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de Chile, esto es, el derecho a la honra por cuanto se ha afectado directamente el prestigio comercial y la imagen social de mi representado, impidiéndole realizar actos de comercio habituales y en especial la protección de sus datos personales.

Así mismo el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, ya que la existencia de antecedentes comerciales negativos importa una barrera para la concreción de cualquier proyecto o actividad que se quiera desarrollar. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, por cuanto el derecho de imagen se encuentra en el patrimonio del recurrente como un derecho incorporal.

Por lo anterior, pide acoger el recurso, adoptándose las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a los recurridos eliminar absolutamente los antecedentes comerciales y la información de morosidad de mi representado, tanto del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio, como de otras instituciones con los mismos fines, disponiéndose que los recurridos deberán abstenerse de toda acción destinada a transmitir información comercial de supuesta morosidad sin tener al menos notificación ejecutiva dentro del plazo contemplado por la ley con expresa condena en costas.

2.- Que, a su turno comparece don Carlos Reyes Gottschalk, abogado, en representación de la UNIVERSIDAD MAYOR, pidiendo el rechazo del recurso.

Fundamenta el rechazo en las siguientes circunstancias:

1º Falta de legitimación pasiva, el recurso ha debido dirigirse en contra de Carabineros de Chile.

Refiere que el artículo 1° de la Ley 20.575, que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, dispone: “Respecto al tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial a que se refiere el Título III de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá respetarse el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, el que será exclusivamente la evaluación de riesgo comercial y para el proceso de crédito.

Agrega que la comunicación de esta clase de datos sólo podrá efectuarse al comercio establecido, para el proceso de crédito, y a las entidades que participen de la evaluación de riesgo comercial y para ese solo fin. En ningún caso se podrá exigir esta información en los procesos de selección personal, admisión pre-escolar, escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público.

Agrega que la Universidad Mayor conforme lo expresamente autorizado por el recurrente en el contrato de prestación de servicios educacionales celebrado ha entregado sus datos personales en virtud del incumplimiento de su obligación de pago contraída con esa casa de estudios y en consecuencia, para los efectos de proceder a la cobranza de obligaciones en mora, y esa información comercial se halla publicada para los estrictos fines previstos por la ley: evaluación de riesgo comercial y proceso de crédito.

Sin embargo, conforme se refiere en el recurso sub-lite, los datos no han sido empleados para ese fin, sino para uno enteramente distinto, un fin expresamente prohibido por la ley, y quién habría cometido el ilícito – de ser verdad aquello que refiere el recurrente- no ha sido Universidad Mayor sino Carabineros de Chile.

Así las cosas, de ser efectivos tales hechos, quien habría vulnerado los derechos y garantías constitucionales del recurrente ha sido Carabineros de Chile durante un proceso de postulación laboral.

Los actos que se reputan ilícitos habrían sido obra de un tercero, quien, obrando en contra de la expresa disposición del artículo 1° de la Ley 20.575, empleó información de carácter comercial para fines de selección de personal. Esta sola circunstancia deberá bastar para su inmediato rechazo.

2º El incumplido contrato de prestación de servicios educacionales que ha ligado a las partes.

Indica que con fecha 3 de abril de 2014 celebró el actor con su representada un contrato de prestación de servicios educacionales cuyo objeto eran los estudios de Magíster de Pedagogía Universitaria que el señor nombre reservado realizaría en el periodo académico marzo 2014 a febrero 2015. Por consiguiente, se obligó la Universidad a dictar los correspondientes cursos en su campus de la ciudad de Temuco, debiendo el recurrente asistir a clases y ser evaluado. Como contraprestación a los servicios prestados por Universidad Mayor, se obligó aquél a pagar la suma total de $3.123.000.- por concepto de los derechos y aranceles del curso que contrataba, obligación que se dividió su monto en 36 cuotas mensuales y sucesivas a partir del 30 de abril de 2014 y hasta el 30 de marzo de 2017, ambos inclusive, pactándose expresamente que el deber de pagar no quedaba asociado al efectivo seguimiento de los estudios y aprobación de ramos conforme el programa del curso. La obligación de pago fue documentada en un pagaré destinado a facilitar la gestión de cobro de la obligación.

Adicionalmente suscribió el recurrente un “Anexo de Contrato Recargos de Cobranza” destinado a informar los cargos que afectan al deudor en caso de morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. En el punto 7 de dicho anexo el recurrente autorizó expresamente la entrega a empresas de cobranza de todos los datos y antecedentes necesarios para la debida individualización del deudor, a saber, como su nombre, domicilio, teléfonos, lugar de trabajo, fecha de nacimiento, estado civil, profesión y cualquier otro conducente al éxito de la cobranza. Junto a ese consentimiento informado declaró estar consciente de que ello y que no constituía infracción a la Ley 19.628 sobre datos personales.

Agrega que el recurrente no sólo abandonó los estudios, sino que decidió no cumplir con su obligación de pago para con Universidad Mayor, permaneciendo hasta la fecha en mora de las cuotas 2 a la 36, éste fue protestado por falta de pago a través del Notario Público de Temuco don nombre reservado el día 17 de noviembre del 2017.

3º La publicación de morosidad del recurrente no constituye un acto ilícito.

En este sentido, expresa que el incumplimiento del recurrente de sus obligaciones contractuales constituye un acto ilícito respecto del cual el ordenamiento jurídico confiere al acreedor diversas herramientas y derechos destinados a perseguir el cumplimiento de la obligación.

Tratándose de la publicación de los antecedentes comerciales de un deudor en el Boletín Comercial, existe normativa específica en el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda del año 1928 y sus posteriores modificaciones, el Decreto Supremo N° 998 del Ministerio de Hacienda, instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, todo ello en completa relación con la Ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal.

De conformidad con tales disposiciones el tratamiento de datos personales sólo puede efectuarse cuando la ley u otras disposiciones legales lo autoricen, o bien cuando el titular consienta expresamente en ello mediante un acto escrito, habiendo sido cabalmente informado respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. El Artículo 4° de la Ley 19.628 establece que: “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello. La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público. La autorización debe constar por escrito. La autorización puede ser revocada, aunque sin efecto retroactivo, lo que también deberá hacerse por escrito.

No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos, dirección o fecha de nacimiento, o sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta directa de bienes o servicios. Tampoco requerirá de esta autorización el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación u otros de beneficio general de aquéllos.”

3.- De otro lado, el tipo de dato que ha sido publicado y que es objeto de la acción de protección de autos, cumple cabalmente con los estrictos parámetros de la citada Ley 19.628 que, en su Artículo 17° el cual reproduce.

Ratifica lo anterior el hecho de que la propia norma establece un caso de excepción en que, siendo lícita las publicaciones de esos datos, ella resulta prohibida en razón de particulares circunstancias que afectan al deudor: “Las entidades responsables que administren bancos de datos personales no podrán publicar o comunicar la información referida en el presente artículo, en especial los protestos y morosidades contenidas en él, cuando éstas se hayan originado durante el período de cesantía que afecte al deudor.”

4.- Asimismo, debemos tener presente el artículo 18° de la Ley 19.628, que dispone: “En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se refiere el artículo anterior, que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible. Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro modo legal. Con todo, se comunicará a los tribunales de Justicia la información que requieran con motivo de juicios pendientes.”

De este modo, queda de manifiesto que, mi representada ha cumplido a cabalidad con los plazos establecidos por la norma, a efectos de comunicar al Boletín Comercial, la obligación que el recurrente mantiene pendiente de cumplimiento con Universidad Mayor.

5.- Junto con todo lo anterior el artículo 1° de la Ley 20.575 es contundente en cuanto a la finalidad y efectos que puede tener la publicación de información comercial de un deudor moroso, al punto que acota y determina el contexto preciso para el cual esa información resulta eficaz:

“Respecto al tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial a que se refiere el Título III de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá respetarse el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, el que será exclusivamente la evaluación de riesgo comercial y para el proceso de crédito.

La comunicación de esta clase de datos sólo podrá efectuarse al comercio establecido, para el proceso de crédito, y a las entidades que participen de la evaluación de riesgo comercial y para ese solo fin.

En ningún caso se podrá exigir esta información en los procesos de selección personal, admisión pre-escolar, escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público.”

Así las cosas, interpretando esa norma a contrario sensu, resulta evidente que la publicación de los datos constituye un acto perfectamente lícito, autorizado por la ley y plenamente eficaz en el ámbito de acción señalado por la ley.

Agrega que la impugnación que mediante este recurso hace el recurrente acerca de la publicación efectuada carece de todo sustento legal. Universidad Mayor ha cumplido con todas las exigencias que el ordenamiento jurídico impone para poder realizarla, lo que va mucho más allá de la legítima autorización escrita que se ha entregado, sino que también cumple con los parámetros referidos al contenido que puede darse a la publicación sin incurrir en los casos de excepción 4º El deudor ha sido debidamente constituido en mora.

Indica que conforme lo dispone el artículo 1551 del Código Civil el deudor está en mora en los siguientes casos: I. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora.

Agrega que si bien es efectivo que hasta ahora no ha ejercido acciones judiciales de cobro en contra del recurrente, esa circunstancia no constituye bajo ningún punto de vista una vulneración de sus derechos, como nos los imputa, sino la mera abstención del acreedor a ejercer algunos de los derechos que el ordenamiento jurídico le confiere.

Sin embargo, dicha abstención no significa en modo alguno la renuncia o la pérdida de los derechos del acreedor, ni mucho menos que el deudor no se encuentre en mora.

Cuando existe un plazo pactado en el contrato o se ha señalado una época para el cumplimiento de la obligación (como lo ha sido en el caso de autos) la constitución en mora se produce de manera automática por la sola llegada de ese plazo o época sin necesidad de una interpelación especial por parte del acreedor.

5º La acción de protección no es la vía prevista por la ley para la eliminación de datos personales.

Alega que toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, la eliminación de sus datos personales cuando concurren las causales legales. Así lo señala expresamente el artículo 12 de la Ley 19.628.

Señala que para proceder a tal eliminación de datos, en caso de que ella no se produzca voluntariamente por quién administra los datos, la ley concede una acción especial que se somete a las particulares reglas de procedimiento previstas expresamente por la citada Ley 19628 en su Artículo 16°.

Así el recurso de protección no fue creado para solucionar conflictos derivados de actos que pueden ser corregidos por los medios que la ley franquea a través de los recursos ordinarios.

6º Universidad Mayor no ha cometido actos arbitrarios o ilegales, ni ha conculcado Garantías Constitucionales del recurrente.

Enfatiza que el actuar de Universidad Mayor no es arbitrario ni ilegal, por cuanto la arbitrariedad supone un acto o proceder caprichoso, por su parte, un acto ilegal supone una contradicción con la ley, sin embargo, de los antecedentes expuestos a lo largo de esta presentación y los documentos acompañados en un otrosí del presente informe, esta Ilustrísima Corte podrá concluir que, mi representada ha actuado cumpliendo todos los requisitos y exigencias establecidas en los Artículos 4 y 17 de la Ley 19.698, de modo que, el comportamiento de su representada no ha vulnerado las garantías establecidas en el Artículo 19 Nos. 4, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, por cuanto la publicación del actor en el Boletín Comercial en carácter de deudor moroso, sólo ha dejado de manifiesto su carácter de sujeto incumplidor de sus obligaciones, con pleno respeto a los requisitos legales exigidos para efectuar dicha publicación.

En consecuencia, no podemos sino concluir que, el actuar de Universidad Mayor en los hechos que han motivado la presente acción constitucional, están plenamente justificados y no constituyen infracción a las garantías que el recurrente señala han sido conculcadas, debiendo esta Ilustrísima Corte, rechazar el recurso en todas sus partes con costas.

Por lo anterior pide rechazar el recurso con costas.

3.- Que, a su turno, comparece don nombre reservado abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, en representación de INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE, pidiendo el rechazo del recurso.

Señala que con fecha 15 de noviembre de 2013, el recurrente concurrió a la Sede de Temuco de Instituto Profesional de Chile, momento en que suscribió, en calidad de responsable financiero, el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales N° 286528. En virtud de dicho contrato, el recurrente matriculó a doña nombre reservado para la carrera de Fonoaudiología para el año 2014, en la Sede de Instituto Profesional de Chile ya indicada. El arancel anual de estudios pactado al momento de la matrícula de la alumna fue de $1.690.000.

Seguidamente, la alumna obtuvo la beca de Excelencia Académica, que se tradujo en el aporte por parte del Estado de un monto de $1.150.000, para el pago de su arancel anual indicado en el párrafo anterior. De tal suerte, la deuda que quedó pendiente saldar del contrato correspondía a $540.000.

Indica que, de conformidad con la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios educacionales ya individualizado, el deudor directo del arancel es el responsable financiero; así, en el caso de autos, el deudor directo es don nombre reservado. Refiere que el recurrente observa una morosidad de $540.000.- con IPCHILE desde el año 2014.

En consecuencia, no existiendo exigencia de requerimiento en la ley, el recurrente ha sido constituido en mora por el solo hecho de no haber cumplido su obligación dentro del término acordado.

Señala que el tratamiento de datos personales, cuestión sobre la que versa el asunto que se ventila en autos, es regulado a partir de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Las condiciones que posibilitan el tratamiento de datos personales están reguladas en el artículo 4° de dicha ley, que dispone que “El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”.1 Queda de manifiesto, en consecuencia, que una de las hipótesis en que la ley autoriza el tratamiento de datos personales es aquella en que el titular de los mismos otorga su consentimiento. En consecuencia, en la comunicación de la morosidad del recurrente al Boletín Comercial IPCHILE ha hecho uso de una facultad reconocida contractualmente y que se encuentra en armonía con la legislación nacional en la materia.

Indica que la acción constitucional de protección, configurada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar, de carácter preventivo y correctivo, que la Carta Política franquea para toda persona que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, resulte afectada en alguno de los derechos para los que la Constitución expresamente admite su procedencia.

Respecto de su naturaleza jurídica, este recurso ha sido entendido como una acción específica, de emergencia, de procedimiento rápido e informal y que, por tanto, requiere que el derecho que se dice conculcado sea "legítimo", es decir, que se funde en claras situaciones de hecho que permitan restablecer el imperio del derecho a través de este procedimiento especial. Es por esto que se ha sostenido que es improcedente que por medio de él se pretenda un pronunciamiento sobre situaciones de fondo que son de lato conocimiento, ya que se está frente a una acción cautelar que tiene por objeto solucionar prontamente situaciones de hecho que en un momento determinado sean amenazadas o afectadas, por un tercero mediante actos arbitrarios o ilegales, en perjuicio de la persona que acciona, y siempre que las garantías estén especialmente protegidas por la Constitución. Considerando su naturaleza cautelar, el ámbito de su aplicación se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad son evidentes.

Respecto de su carácter tutelar de derechos constitucionales, la jurisprudencia ha fallado que éstos deben tener el carácter de “indiscutidos” y “preexistentes” y que desde el punto de vista causal, debe tratarse de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, es decir, carentes de fundamento o contrarias a la ley4. Así, se ha estimado respecto de la infracción recurrible, que debe ser patente, manifiesta, grave y evidentemente antijurídica, dado que la finalidad de la acción es dirigirse contra una situación de hecho, que evidentemente lesiona las garantías constitucionales tuteladas, en la búsqueda de la mantención del status quo vigente e impidiendo que las partes se hagan justicia por sí mismas.

Refiere que, para el éxito de la acción son requisitos indispensables que 1) exista un acto u omisión, 2) que éstos(as) sean ilegales o arbitrarios; y que, a raíz de ellos, 3) se provoque una perturbación, privación o amenaza de los derechos fundamentales que garantiza la Constitución Política.

Dichos requisitos no se verifican en el caso sub-lite, según se expone a continuación:

a. Inaplicabilidad al caso en revisión de las normas que la recurrente estima se infringen y tienen como consecuencia el actuar ilegal.

En su presentación el recurrente alega que las comunicaciones realizadas sobre su morosidad con IPCHILE se han hecho desconociendo las Normas de Bancos es Instituciones Financieras. Dichas normas resultan aplicables a las instituciones reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (antes Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) y, por ende, no le son exigibles a IPCHILE.

b. Actuación de Instituto Profesional de Chile de conformidad con la Ley N° 19.628.

Señala que el artículo 4° de la Ley N° 19.628, el tratamiento de los datos personales es lícito cuando ha sido expresamente autorizado por su titular. Este requisito, como se ha señalado, se ha verificado a través del contrato de prestación de servicios que será debidamente acompañado conjuntamente a esta presentación.

c. La acción de protección no es la vía para reclamar la prescripción de la deuda del recurrente.

Alega que el recurrente se persigue la declaración de prescripción de su deuda. Agrega que, no existe un derecho conculcado o amenazado que requiera urgentemente ser resguardado por esta acción excepcional, sino más bien una pretensión de fondo, cual es la prescripción de la deuda del recurrente con IP CHILE, lo que, de un juicio de lato conocimiento ante la jurisdicción civil, por lo que malamente podría esta acción de protección conceder lo que en el fondo persigue el recurrente.

En consecuencia, la acción constitucional de protección deducida carece de sustento en opinión de este informante, toda vez que la situación de hecho planteada no requiere de la intervención de naturaleza cautelar al no constatarse una acción u omisión ilegal o arbitraria que afecte los derechos fundamentales del recurrente.

Por lo anterior, pide rechazar el recurso con costas.

4.- Que finalmente, informa don nombre reservado, en representación de Inversiones y Tarjetas S.A., pidiendo el rechazo.

I. DEL ORIGEN DEL CREDITO CON SU REPRESENTADA Y LA VIGENCIA DE LA DEUDA CON ESTA.

Indica que el origen del crédito que genera, en definitiva, la deuda que el recurrente mantiene con su representada, lo siguiente:

1. Con fecha 25 de marzo del año 2008 el Recurrente de autos suscribió con la empresa Inversiones y Tarjetas S.A. “un contrato de crédito en moneda nacional y afiliación al sistema y reglamento de uso de la tarjeta hites y servicios adicionales” fin de obtener financiamiento a crédito a través de la tarjeta Hites para poder adquirir bienes u contratar servicios tanto en Tiendas Hites a lo largo del país como en el comercio adherido a la misma.

2. Es así, como producto de diversas operaciones efectuadas con cargo a su tarjeta Hites, el recurrente genero una deuda con mi representada, tras dejar de cumplir con sus obligaciones de pago asumidas con ella, a partir del 05 de septiembre de 2012, en adelante.

3. Es así como el Sr. nombre reservado mantiene a la fecha una deuda total Inversiones y Tarjetas S.A. ascendente a la fecha a $ 13.408.720.- por conceptos de capital, intereses y gastos de cobranzas, según se pudo constar en información crediticia del recurrente suministrado por el área de atención al cliente y en informe Dicom-Equifax platinium 360° - ambos documentos acompañados a esta presentación -, monto del cual es exigible a esta fecha por todos los conceptos antes descritos la suma de $ 4.642.940.-. Cabe agregar su US. Iltma. que, hasta el día de hoy, la deuda antes descrita aún no ha sido saldada en su integridad, razón por la cual mantiene el carácter de moroso e incobrable en los sistemas internos de administración de Inversiones y Tarjetas S.A. y esta última ha procedido a la publicación de la deuda exigible en bancos de datos de información económica, financiera , bancaria o comercial autorizados por ley para estos efectos, pero solo por las cuotas con vencimiento desde el 05 de Agosto de 2014 en adelante, tal como puede observarse en informe Dicom- Equifax platinium 360° que se acompaña en el primer otrosí de este escrito.

II. DE LA PUBLICACIÓN DE DEUDAS MOROSAS EN BOLETÍN DE INFORMACIONES COMERCIALES CONFORME AL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE.

1. La Ley N°19.628 sobre “Protección de la vida privada”, en su Título III; “De la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial”, establece normas especiales para los responsables de los registros o bancos de datos personales respecto a la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial.

2. Así, el articulo 18°de la citada ley dispone que “En ningún caso pueden comunicarse los datos… luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible. Tampoco se podrá continuar comunicando los datos relativos a dicha obligación después de haber sido pagada o haberse extinguido por otro modo legal.”. Es decir, la citada norma dispone que no podrán comunicarse los datos luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible. En el caso de autos, las cuotas correspondientes a la deuda de contraída por el recurrente con Inversiones y Tarjetas S.A. no superan el plazo de cinco años, toda vez que estas se fueron haciendo exigibles mes a mes a partir de la fecha de vencimiento de cada una de ellas, fijada para el día 05 de cada mes, según consta en estado de información comercial del Sr. nombre reservado emitido por el área de atención a clientes de Inversiones y Tarjetas S.A.

3. Por su parte, el artículo 17° del mismo cuerpo legal dispone que “Los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial…como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras…”. Esto último es relevante de destacar por cuanto la deuda comunicada en este caso corresponde a un préstamo contraído por el recurrente con una sociedad financiera, como es el caso de Inversiones y Tarjetas S.A., mediante el uso de la Tarjeta de Crédito Hites.

4. Entre los registros o bancos de datos personales que comunican la información de carácter económica, financiera, bancaria o comercial derivada del incumplimiento de obligaciones derivadas de préstamos o créditos que una persona, en calidad de deudora, ha adquirido con sociedades financieras – como es el caso de Inversiones y Tarjetas S.A-, en calidad de acreedora, se encuentra el “Boletín de Informaciones Comerciales” establecido y regulado por el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda del año 1928 y el Decreto Supremo N° 873 del Ministerio de Hacienda del año 1977, con sus posteriores modificaciones. Así, este instrumento se puede conceptuar como aquel “banco de datos de información económica, financiera, bancaria o comercial, administrado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. ( en adelante e indistintamente “CCS” ), que efectúa sus publicaciones en cumplimiento de un obligación legal y reglamentaria que le ha impuesto el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda del año 1928 y que ha sido refrendada por la ley N° 19.628 sobre protección de datos de carácter personales”, según se desprende de su propia página web :www.boletincomercial.cl .

5. Así, el señalado Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda del año 1928 determina los datos que se deben informar, publicar u aclarar, entre otros tópicos, señalando al respecto en su Artículo 10°: “Las publicaciones aparecidas en el Boletín de Informaciones Comerciales dejarán de tener vigencia, en los siguientes casos:

A)

Si se ha publicado la respectiva aclaración de acuerdo al artículo 4° de este Decreto, y;

B)

Si han transcurrido más de 5 años de la respectiva publicación en el referido Boletín.”

6. Complementando lo anterior, el banco de datos desde el cual la CCS extrae la información para proceder a efectuar las publicaciones que constan tanto en el boletín comercial como en otros reportes comerciales a los cuales la CCS provee la información económica, financiera, bancario y/o comercial, corresponden a la Base de Datos de Morosidad en Sistemas Financiero/Comercial (en adelante “INFOCOM”), el cual se define como “un banco de datos de información económica, financiera, bancaria o comercial en el cual se consolida la información comercial referida a deudas o cuotas morosas de los sectores Financiero/Comercial (cartera de clientes de Casas Comerciales, Bancos y comercio en general).” El objetivo primordial de esta base de datos es apoyar la toma de decisiones crediticias y/o financieras, principalmente a los bancos y/o sociedades financieras, principales proveedoras de esta clase de servicios.

7. Concordante con lo anterior, cabe destacar que la ley N° 20.750 establece el denominado “principio de finalidad en el tratamiento de datos personales”. Este cuerpo legal, en su artículo 1° establece: “Respecto al tratamiento de datos personales de carácter económico, financiero, bancario o comercial a que se refiere el Título III de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberá respetarse el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, el que será exclusivamente la evaluación de riesgo comercial y para el proceso de crédito.

La comunicación de esta clase de datos sólo podrá efectuarse al comercio establecido, para el proceso de crédito, y a las entidades que participen de la evaluación de riesgo comercial y para ese solo fin.

En ningún caso se podrá exigir esta información en los procesos de selección personal, admisión pre-escolar, escolar o de educación superior, atención médica de urgencia o postulación a un cargo público.”

De esta suerte, la norma transcrita explicita el fin, la forma, quienes pueden publicar dicha información, así como las situaciones en que se encuentra prohibida su utilización.

8. Luego, el cuerpo legal en comento, en su artículo 2° indica quienes se consideran distribuidores de información de carácter económico, financiero, bancario o comercial para los efectos de esta ley, entendiéndose que ellos son; “ las personas naturales o jurídicas que realizan directamente el tratamiento, comunicación y comercialización de los datos de obligaciones económicas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y con pleno respeto a los derechos de los titulares de los datos ”. En consecuencia, cumplen con esta calidad, tanto la CCS como la empresa Equifax Ltda, sociedad esta última que efectúa las publicaciones de la información comercial, financiera, económica y/o bancaria del Sr. nombre reservado y cuya exclusión se solicita por la presente acción de protección.

9. De esta manera, armonizando los postulados descritos en los numerales precedentes, según fluye de la simple lectura de las disposiciones transcritas, en relación a la presente acción de protección sometido al conocimiento de S.S. Ilma., cabe concluir;

(A) La empresa Equifax Ltda., responsable de efectuar las publicaciones de la información comercial, financiera, económica y/o bancaria del Recurrente -cuya exclusión se solicita por la presente acción de protección, es una sociedad -, es una sociedad autorizada por el ordenamiento jurídico para realizar directamente la comunicación y comercialización de los datos de las obligaciones económicas - como es la naturaleza de aquellas adquiridas por el Recurrente con Inversiones y Tarjetas S.A. -, en la medida que estas se hagan conforme legislación vigente y con pleno respeto a los derechos de los titulares de los datos.

(B) La legislación vigente en la materia está dada, principalmente, por las normas contenidas en el Título III: “De la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial” de la Ley N°19.628 sobre “Protección de la vida privada” , en particular, lo dispuesto en los artículos 17° y 18° de dicho título, así como las normas contenidas en la ley N° 20.750, la cual establece el denominado “principio de finalidad en el tratamiento de datos personales”, con los alcances antes señalados respecto a las exigencias, restricciones y forma en que se debe tratar , distribuir y/o comercializar los datos derivadas de obligaciones económicas, así como definir quiénes pueden efectuar dichas actividades.

(C)

En este sentido, el incumplimiento en el pago de las obligaciones de carácter económicas adquiridas por el Recurrente con Inversiones y Tarjetas S.A., en razón de operaciones de crédito otorgadas por esta última, exigibles desde septiembre del año 2015 en adelante, hacen plenamente valida y legitima la publicación de dicha información por los responsables de bancos de datos personales, al tratarse del incumplimiento de obligaciones derivadas créditos obtenidos de sociedades financieras ( Artículo 17° Ley 19.628) y no haber transcurrido 05 años desde que estas se hicieron exigibles y no haberse, tampoco, extinguido por algún otro medio legal ( Artículo 18° Ley 19.628 )

(D)

La información que publica la empresa Equifax Ltda - así como cualquier otra que se dedique al mismo giro, por ejemplo; la empresa INFO- DATA - a través de los informes o productos que comercializa en el mercado, corresponde a aquella que la CCS le provee desde la base de datos INFOCOM, según se desprende de la página web de Equifax Ltda ( https://soluciones.equifax.cl/personas/certificado-de-deuda ). Esta información está referida exclusivamente a deudas o cuotas morosas que una persona mantiene en el sector financiero/comercial, como es la que tiene a la fecha el Recurrente con Inversiones y Tarjetas S.A., a efectos de apoyar la toma de decisiones crediticias por parte de los Proveedores de servicios crediticios. Esta información, para ser tratada, distribuida y/o comunicada, debe cumplir los mismos parámetros que el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda del año 1928 y el Decreto Supremo N° 873 del Ministerio de Hacienda del año 1977, con sus posteriores modificaciones, exigen para que el Boletín de Informaciones Comerciales de la CCS pueda proceder a efectuar la publicación de datos económicos, financieros, bancarios y/o comerciales de personas que registren deudas y/o cuotas morosas con algún banco o sociedad financiera, esto es, que la misma no haya sido objeto de una aclaración conforme a lo señalado en el artículo 4° del D.S. N° 950 del Ministerio de Hacienda del año 1928 y que la misma no tenga una vigencia de más de 5 años desde que se hizo exigible, condiciones que en ningún caso se cumplen con la deuda que el Recurrente mantiene con Inversiones y Tarjetas S.A.. Lo expuesto, por cierto, es plenamente concordante con lo dispuesto en los señalados Artículos 17° y 18° de la ley N° 19.628. (E) Por último, es del caso indicar que la Empresa Equifax Ltda. es de aquellas calificadas por el artículo 2° de la ley N° 20.750 para distribuir la información de carácter económico, financiero, bancario y/o comercial del Recurrente, efectuándose la comunicación de los datos de las obligaciones económicas que esta última ha incumplido y mantiene vigente con Inversiones y Tarjetas S.A., con apego irrestricto al principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, distribuyéndose dicha información exclusivamente para la evaluación del riesgo comercial y para los procesos de crédito en que este inserta o participe el Recurrente, y solo para este fin.

10. De esta forma, la alegación que efectúa el Recurrente en orden a que esta última deba necesariamente ser constituida en mora por el acreedor en los términos señalados en el N° 3 del Artículo 1551 del Código Civil, en forma previa y como requisito habilitante para que el Distribuidor de los registros de datos de carácter económico, financiero, bancario o comercial pueda recién proceder a la publicación de dichos datos, relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de operaciones de crédito que el Recurrente ha adquirido con la sociedad financiera : Inversiones y Tarjetas S.A., es absolutamente infundada. Para que el Distribuidor de los registros de datos de carácter económico, financiero, bancario y/o comercial del Recurrente pueda proceder a la publicación de dichos datos, debe respetar y cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente en la materia, esto es; el título III la ley N° 19.628 ya referidos (en particular los Artículos 17° y 18° de este título) así como lo preceptuado en la ley N° 20.575, también, ya referida, una vez que una persona, en calidad de deudora, haya dejado de cumplir con las obligaciones económicas en razón de operaciones de crédito que esta haya contraído con una sociedad financiera, como sucede en el caso de autos, en la medida que no hayan transcurrido más de 5 años desde que estas obligaciones se hayan hecho exigible , o bien, haya operado el mecanismo de “Aclaración de deuda”, por haber extinguido dichas obligaciones económicas a través de un modo de extinguir las obligaciones distintas al pago, o bien, el Recurrente haya pagado o regularizado sus incumplimientos comerciales con la sociedad financiera acreedora, supuestos ninguno de los cuales se cumple respecto de la situación de deuda que mantiene el Recurrente con la sociedad Inversiones y Tarjetas S.A.

III. EN CUANTO AL CAPITULO 18-5 DE LA RECOPILACIÓN ACTUALIZADA DE NORMAS DE LA SBIF.

1. El capítulo 18-5 de la R.A.N. de la S.B.I.F., tal como señala en sus primeros párrafos, viene en regular el envío y manejo de la información “permanente y refundida sobre los deudores de los bancos e instituciones que se encuentren bajo su fiscalización” que, según el artículo 14 de la Ley General de Bancos, debe mantener dicha Superintendencia. Dicha información viene a configurar lo que es conocido como el “Estado de Deudores”, de actualización mensual según los antecedentes que las instituciones financieras entregan, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Manual de Sistema de Información, y al capítulo 18-5 de la R.A.N. de la SBIF; cuyo contenido se refleja en el “Informe de Deudas” que emite la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

2. De esta manera el Recurrente efectúa un análisis parcial y sesgado sobre la norma en comento, intentando aplicarla en forma errada al “Boletín de Informaciones Comerciales”, instrumento absolutamente distinto, con características y regulación propia, mantenido y administrado por la Cámara de Comercio de Santiago (en adelante e indistintamente la “C.C.S.”).

3. A fin de aclarar la confusión en que incurre el Recurrente, cabe señalar que el “Boletín de Informaciones Comerciales” se encuentra establecido y regulado por el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda del año 1928 y el Decreto Supremo N° 873 del Ministerio de Hacienda del año 1977, con sus posteriores modificaciones. Así, del concepto que le otorgan ambas Disposiciones reglamentarias a este instrumento (según se desprende de su propia página web :www.boletincomercial.cl ) y lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda del año 1928 - ambos tópicos, por cierto, ya descritos en el N° 4 y 5 título IV.-) del presente informe - el Recurrente ha efectuado un análisis e interpretación parcial y sesgada del capítulo 18-5 de la R.A.N., prescindiendo en absoluto de lo dispuesto en las normas antes transcritas, los cuales legitiman, conforme a la institucionalidad vigente en la materia, el actuar de Inversiones y Tarjetas S.A. en lo relativo a la publicación de las deudas morosas del recurrente que sean publicadas conformes y exigibles, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Lo anterior, se hace aún más evidente al relacionar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda del año 1928 y el Decreto Supremo N° 873 del Ministerio de Hacienda del año 1977, con lo señalado en los artículos 17°y 18° de la ley 19.628 sobre protección de datos personales y la ley N° 20.575 que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos personales, ambos cuerpos legales ya analizados en el título IV.-) del presente informe.

IV. DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA DEUDA 1. De esta manera, al no haber cumplido el recurrente de autos con las obligaciones contraídas con Inversiones y Tarjetas S.A., la otra vía con que dispone para solicitar su exclusión de las publicaciones efectuadas tanto en el Boletín comercial o como en reportes y/o informes de Distribuidoras de los registros de datos de carácter económicos, financieros, bancarios y/o comerciales que se dedican al tratamiento, comunicación o comercialización de las mismas, en ambos casos con ocasión de las deudas contraídas por el Recurrente, es el transcurso del plazo para hacer valer las acciones de cobro por Inversiones y Tarjetas S.A., sin que estas hayan sido deducidas por esta última. Solo en este supuesto, operaría la otra vía de exclusión de los datos informados al Boletín Comercial por las deudas contraídas. Sin embargo, para configurar esta vía de exclusión, se requiere necesariamente que opere la institución de la Prescripción Extintiva, la que exige declaración judicial para producir sus plenos efectos.

2. El artículo 2.493 del Código Civil señala que: “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”. En el caso de autos, el recurrente no ha acompañado resolución judicial alguna que haya declarado prescritas las obligaciones que habrían sido informadas a la empresa Dicom Equifax o al Boletín Comercial de la Cámara de Comercio. Por lo tanto, la deuda informada existe, se encuentra plenamente vigente y es actualmente exigible.

3. Dado que la acción de protección no es la adecuada para discutir sobre la prescripción de las obligaciones del recurrente, no corresponde discutir por la vía cautelar, en el marco de este procedimiento, la extinción de las mismas por el modo de extinguir prescripción y la procedencia de su cobro. Ello debe realizarse siempre a través de un juicio de lato conocimiento. En este mismo sentido se ha pronunciado la I. Corte de Apelaciones de Concepción en el fallo sobre recurso de protección Rol N° 1.706-2012 que señala: “SÉPTIMO: Que, no obsta a la conclusión a que se ha arribado en el considerando precedente, la circunstancia alegada por el recurrente de que las obligaciones que emanan los créditos sociales solicitados a la Caja de Compensación recurrida se encontrarían prescritos, porque, en primer término no se ha acompañado ningún antecedente que diga relación con que se haya declarado judicialmente la referida prescripción, la que sabido es no opera de oficio como ocurre con la caducidad, y requiere que sea invocada y declarada por Tribunal competente. A lo anterior debe agregarse que la discusión respecto de si ha operado o no la prescripción, es una cuestión que escapa al marco del recurso de protección, debiendo en todo caso, ser materia de discusión en un juicio de lato conocimiento”. El fallo citado fue confirmado por la E. Corte Suprema con el Rol N° 8.259- 2012. 4. En definitiva, el Recurrente se equivoca al sustentar el recurso presentado en el supuesto transcurso del plazo de prescripción de las acciones respectivas, al no ser éste el mecanismo para solicitar la exclusión de los datos informados, ni existir en autos sentencia firme y ejecutoriada que declare la prescripción de la deuda en cuestión, tampoco siendo la Acción de Protección la vía para su declaración.

Por lo que pide rechazarlo con expresa condenación en costas 5.- Que, finalmente, comparece pidió informa a la CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A.G., quien informó, pidiendo el rechazo del recurso.

I FALTA DE FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE PROTECCIÓN El presente recurso de protección debe ser desestimado en todas sus partes, por faltar los fundamentos previstos en nuestro ordenamiento constitucional para que él pueda prosperar.

1.-) Supuestos que deben concurrir para la procedencia del recurso de protección Tal como se señaló precedentemente, el presente recurso de protección se funda en el hecho de haberse publicado en el Boletín de Informaciones Comerciales y en el Sistema de Morosidad Consolidada (INFOCOM), el protesto por falta de pago de un pagaré suscrito por parte del recurrente y la morosidad proveniente de un crédito contraído con una empresa que se dedica al otorgamiento de financiamiento para compras en casas comerciales.

Sin embargo, la Constitución Política de la República ha contemplado el recurso de protección en su artículo 20 en favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en dicho precepto se enumeran, disponiendo que bajo estos supuestos el afectado podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

De la norma constitucional mencionada, se desprende que para que proceda al recurso de protección, es preciso que concurran copulativamente los siguientes requisitos:

A)

En primer término, es necesario la existencia de un acto o una omisión arbitraria o ilegal;

B)

En segundo lugar, es menester que a consecuencia de ese acto arbitrario o ilegal, el recurrente sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinadas garantías constitucionales;

C) Finalmente, es preciso que las garantías constitucionales respecto de las cuales se alegue privación, perturbación o amenaza, sean de aquellas que el artículo 20 enumera en forma taxativa.

2.-) Inexistencia de una conducta ilegal o arbitraria A.-) Publicación del protesto de un pagaré en el Boletín de Informaciones Comerciales (cumplimiento de una obligación legal)

Como cuestión previa, cabe señalar que la publicación del protesto del pagaré que da origen al presente recurso de protección, es evidente que no constituye un acto ilegal y, menos aún, puede ser entendido como un acto arbitrario.

En efecto, el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, dispone en su artículo 1° N° 1 letra a) que “los Notarios enviarán estados que contengan la nómina de las letras protestadas, indicando si el protesto es por falta de aceptación o de pago, el monto de la letra, el nombre y domicilio del librado o aceptante y el nombre del girador”.

Por su parte, el artículo 2° del Decreto Supremo agrega que la Cámara de Comercio de Chile, en posesión de estos datos procederá a agruparlos por materias y por orden alfabético, separándolos por departamentos o localidades a que corresponda cada uno de ellos y finalmente el artículo 3° prescribe que la Cámara de Comercio de Chile publicará bajo su vigilancia y responsabilidad un boletín semanal que contenga estos datos.

Posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 873 del Ministerio de Hacienda, del año 1977, se dispuso que los Notarios también debían informar diariamente el protesto de los pagarés al Boletín de Informaciones Comerciales, indicando el monto del mismo y el nombre del suscriptor, como asimismo, se impuso a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., como administradora de este bancos de datos, la obligación de publicar dichos protestos, en las mismas condiciones que los protestos de las letras de cambio.

Expone que la Ley N° 19.628 dispuso en su artículo 3° transitorio que las normas que regulan el Boletín de Informaciones Comerciales creado por el Decreto Supremo de Hacienda N° 950, de 1928, seguirán aplicándose en todo lo que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley.

Por consiguiente, la obligación impuesta a los Notarios de enviar diariamente la nómina de los pagarés protestados, y a la Cámara de Comercio de Santiago de publicar el Boletín de Informaciones Comerciales, primero por la vía reglamentaria, luego fue refrendada por mandato de la ley.

Ahora bien, es precisamente en cumplimiento de esta obligación legal que la Notario Público de Temuco don nombre reservado comunicó a la Cámara de Comercio de Santiago el protesto del pagaré suscrito por don nombre reservado a la orden de la Universidad Mayor y que ha sido individualizado precedentemente, trámite que se verificó con fecha 17 de Noviembre de 2017.

Asimismo, la Cámara de Comercio de Santiago A.G., luego de recibida la información por parte del mencionado Notario, y dando cumplimiento a la obligación que a ella le impone en forma imperativa la ley, procedió a publicar el protesto de los pagarés en cuestión y que motivan la presente acción cautelar, lo que se materializó en la edición N° 4636 del Boletín de Informaciones Comerciales, de fecha 26 de Diciembre de 2017.

De tal manera, el rol de la Cámara de Comercio de Santiago a este respecto, se ha circunscrito a dar estricto cumplimiento a una obligación legal.

En consecuencia, y como resulta obvio, el cumplimiento de una obligación establecida por la ley, bajo ninguna circunstancia podría ser considerada como un acto ilegal y tampoco puede atribuírsele el carácter de arbitrario.

B.-) Estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 19.628.

Por otra parte, resulta necesario hacer presente a SS. Iltma. que al publicar en el Boletín de Informaciones Comerciales y en la base de datos denominada “Sistema de Morosidad Consolidada (INFOCOM)” las anotaciones que impugna el recurrente, aparte de dar cumplimiento a una obligación legal respecto de la publicación del protesto de los pagarés ya singularizados y a la que se ha hecho referencia en la letra A.-) que antecede, se ha sometido estrictamente a las disposiciones de la Ley N° 19.628.

Sobre el particular, es necesario tener en consideración que la Ley N° 19.628 establece en su artículo 4° el principio general que regula el tratamiento de los datos personales, disponiendo que sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, es decir, tiene que existir una autorización de la ley o del titular de los datos. Sin embargo, el mismo precepto legal señala que no requiere autorización del titular, el tratamiento de aquellos datos personales que sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial. En definitiva, tratándose de este tipo de datos de carácter personal, es la ley la que autoriza en forma expresa el tratamiento de los mismos.

C.-) Aplicación de las disposiciones del Capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras En otro orden de ideas, el recurrente hace referencia a las disposiciones contenidas en el Capítulo 18-5 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, hoy la Comisión para el Mercado Financiero, aparentemente para señalar que las publicaciones en el Boletín de Informaciones Comerciales tantas veces mencionadas, constituiría una arbitrariedad al no constar en un título ejecutivo las obligaciones cuya morosidad se informan.

A este respecto, cabe hacer presente a SS. Iltma. que la citada normativa regula la información que los bancos y las sociedades financieras le deben proporcionar a dicho organismo fiscalizador sobre sus deudores, para el uso de las instituciones sometidas a su fiscalización, situación en la que claramente no se encuentra la entidad acreedora, Universidad Mayor.

En consecuencia, regulando el referido Capítulo 18-5 la forma en que las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras deben proporcionar la información requerida para la elaboración del Registro de Deudores de ese organismo fiscalizador, no se advierte de qué manera la publicación de la morosidad en cuestión en el Boletín de Informaciones Comerciales, habría constituido una infracción a esta normativa tal como lo señala la recurrente, D.-) Falta de acreditación de la extinción de la obligación.

La parte recurrente sostiene que respecto de las obligaciones de que dan cuenta el pagaré cuyo protesto se informa en el Boletín de Informaciones Comerciales y las morosidades que se informan en el “Sistema de Morosidad Consolidada (INFOCOM)”, no se han ejercido las acciones de cobro por la vía judicial, con lo cual aparentemente estará intentando expresar que se trataría de obligaciones extinguidas a consecuencia de la prescripción.

Ahora bien, efectivamente el artículo 18 de la Ley N° 19.628 dispone que no pueden comunicarse datos referidos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, después que ésta haya sido pagada o se haya extinguido por algún otro modo legal.

Sin embargo, ni persona ni institución alguna ha acreditado a la Cámara de Comercio de Santiago, en su carácter de entidad administradora de la base de datos que da cuenta de las publicaciones que motivan la interposición del presente recurso de protección, que dichas obligaciones se encuentran prescritas.

Sobre el particular, es preciso hacer presente que conforme al artículo 1698 del Código Civil incumbe probar la extinción de una obligación al que alega ésta, y la parte recurrente no ha acreditado dicha circunstancia.

A este respecto necesario se hace consignar que para que opere la prescripción extintiva, es necesario la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos:

a)

Que se trate de un derecho prescriptible;

b)

Que exista inacción de parte del titular del derecho;

c)

Que transcurra el plazo señalado por la ley sin que el derecho se haya ejercitado;

d)

Que el titular del derecho alegue la prescripción, y finalmente e)

Que ésta sea declarada judicialmente.

Como se desprende de lo señalado anteriormente, para que opere la prescripción extintiva no es suficiente el mero transcurso del plazo. Es necesario además que ella sea alegada por quien intenta valerse de la misma y que sea declarada mediante sentencia judicial.

Así lo consagra el artículo 2493 del Código Civil al establecer que “el que quiere aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”.

Por lo anterior, debe concluirse que para que pueda operar la institución en referencia, es necesario que medie una declaración judicial, la que en la especie, o no se ha producido o no se ha acreditado al responsable del banco de datos. Así lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, al señalar que la prescripción extintiva deber ser alegada y/o declarada judicialmente por sentencia judicial en un procedimiento de lato conocimiento, no correspondiendo dilucidar tal materia por la presente acción de naturaleza cautelar, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos.

Por otra parte, tampoco se nos ha acreditado que han operado los otros modos de extinguir las obligaciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico.

E.-) Vigencia del plazo de cinco años previsto en la Ley N° 19.628 y en el Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928.

Finalmente, pertinente resulta tener en consideración que el artículo 18 de la Ley N° 19.628 también preceptúa que no pueden comunicarse aquellos datos que se relacionen con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

En el caso en cuestión, no ha transcurrido el plazo máximo previsto en la ley para mantener la comunicación de una determinada publicación, toda vez que se trata de obligaciones cuyos vencimientos se produjeron a partir del día 5 de febrero de 2015.

Por su parte, tampoco se ha cumplido el plazo máximo previsto en el artículo 10 letra B) del Decreto Supremo N° 950 del Ministerio de Hacienda, del año 1928, que regula el Boletín de Informaciones Comerciales, y que dispone que las publicaciones aparecidas en él, dejarán de tener vigencia si han transcurrido más de 5 años de la respectiva publicación en el referido Boletín, plazo que a todas luces no se cumple, por cuanto, ellas fueron incorporadas en la edición N° 4636 del citado boletín, aparecida el día 26 de Diciembre de 2017.

De lo señalado anteriormente, queda de manifiesto que el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado, no cumple con todas las exigencias previstas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En consecuencia, habiéndose dado por parte de mi representada estricto cumplimiento a una obligación impuesta por la ley, y adicionalmente, habiéndose sometido en todo momento a las disposiciones que regulan el tratamiento de los datos de carácter personal, hace que desaparezca uno de los supuestos necesarios para la procedencia del recurso de protección, cual es, la conducta ilegal o arbitraria exigida por el texto constitucional, por lo que éste necesariamente deberá ser desestimado en todas sus partes.

Por lo anterior, pide rechazar el recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

6.- Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, para acoger la presente acción debe, en primer término, constatarse el carácter preexistente e indiscutido del derecho afectado, que en este caso específico corresponde al derecho que asistiría al recurrente a obtener la eliminación de la publicación de sus datos personales, efectuada por tres acreedores en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio. Así, del análisis del libelo, el informe de la recurrida y los antecedentes allegados al proceso, se colige que en la especie existe controversia respecto de la calificación jurídica de la facultad para publicar morosidades, controversia que excluye la preexistencia de un derecho incuestionado respecto de los actores. En consecuencia, en ausencia de una declaración previa del supuesto de su acción el recurrente carece de un derecho indubitado que permita protegerlos, cuestión que no permite consecuentemente hacer lugar a la acción incoada, por ausencia de uno de sus presupuestos procesales.

TERCERO: Que, sin perjuicio de lo anterior, el acto que se ha denunciado como ilegal y arbitrario por parte del recurrente consiste en la publicación de morosidades producto del no pago de tres deudas, una correspondiente a un pagaré emitido a favor de la Universidad Mayor, protestado en 2017, otra proveniente del no pago de tarjeta de crédito de la casa comercial HITES de fecha de junio del año 2014 a agosto del año 2015 y una tercera proveniente del incumplimiento de un contrato celebrado con el Instituto Profesional Chile sobre cuya fecha existe debate entre las partes y una tercera deuda proveniente de un contrato suscrito con el Instituto Profesional de Chile.

CUARTO: Que, como ya se indicó, la cuestión central de este recurso dice relación con el tratamiento de los datos personales del recurrente por parte de las instituciones indicadas, debiendo tener presente que en Chile el tratamiento de datos personales es excepcional, siendo autorizado exclusivamente por ley o bien por parte del propio titular de los datos personales, salvo en lo referente a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que dicen relación con el correcto funcionamiento del mercado del dinero, tratamiento que en todo caso se encuentra autorizado, en cuanto a la publicación de las morosidades, en los artículos 17 y 18 de la Ley N° 19.628 debiendo tratarse de deudas contraídas con los entes que describe el primer artículo y que se trate de datos que no tengan una antigüedad mayor a la de cinco años desde que la obligación se hizo exigible.

QUINTO: Que, así, el artículo 17 inciso 1º de la citada ley dispone que: “Los responsables de los registros o bancos de datos personales sólo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando éstas consten en letras de cambio y pagarés protestados; cheques protestados por falta de fondos, por haber sido girados contra cuenta corriente cerrada o por otra causa; como asimismo el incumplimiento de obligaciones derivadas de mutuos hipotecarios y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorros y créditos, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común, y de sociedades administradoras de créditos otorgados para compras en casas comerciales.” En lo referente a la deuda contratada con la Universidad Mayor, ésta fue documentada con un pagaré, el cual fue protestado por falta de pago a través del Notario Público de Temuco don nombre reservado el día 17 de noviembre del 2017, de manera que no existiría ilegalidad o arbitrariedad en este acto, toda vez que su publicación se encuentra autorizada por la referida norma.

SEXTO: Que, en cuanto a la deuda contraída con INVERSIONES Y TARJETAS S.A. (HITES), existe debate entre las partes de si se trata de una deuda del año 2012 o bien del año 2014, sin embargo en ambos casos no se han aportado a este recurso antecedentes suficientes como para determinar la época en la cual la obligación de que da cuenta la morosidad se ha hecho exigible, por lo que no sería posible a través de esta vía constitucional establecerlo, siendo necesario un juicio de lato conocimiento en conformidad a lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley Nº 19.628.

SÉPTIMO: En cuanto a la deuda de tipo contractual contraída con la recurrida Instituto Profesional de Chile, debe señalarse que las deudas provenientes de contratos no se encuentran dentro de aquellas autorizadas por ley para ser publicadas, sin embargo, como consta de la cláusula décima del contrato suscrito en calidad de responsable financiero, ha sido el propio recurrente el que ha autorizado su publicación en conformidad a las normas antes señaladas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Ley Nº 19.628, no existiendo ilegalidad en dicha publicación, debiendo además señalarse que no ha sido posible establecer la fecha del contrato ya que no la exhibe.

OCTAVO: Que, en cuanto a las garantías presuntamente conculcadas, no se advierte de los antecedentes expuestos la conculcación de la garantía del artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, desde que dicha garantía, tiene desarrollo legal, precisamente, en la ley N° 19.628, lo cual es precisamente materia de lato conocimiento, como ya se ha señalado.

NOVENO: Que, en cuanto a la segunda garantía, prevista en el N° 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, protege el derecho a realizar cualquier actividad económica dentro del marco del orden público, siendo reconocido como la libertad empresarial. Del mérito del recurso y demás antecedentes allegados al mismo, no se acreditó que el recurrente realice efectivamente una actividad de dicha índole, por lo que, no puede tenerse por establecida la violación de este derecho fundamental.

DÉCIMO: Que, tampoco se divisa conculcación del derecho de propiedad en los términos en que se encuentra desarrollado en la Constitución, pues no se ha acreditado la existencia de un derecho indubitado, ni tampoco una afectación a sus principales atributos, características y facultades, no pudiendo prosperar el recurso en este acápite.

UNDÉCIMO: Que, asimismo, existen otras acciones más efectivas que la vía cautelar impetrada por el actor, que permiten brindar debida protección a sus derechos en un proceso de lato conocimiento y que le otorgarían la posibilidad de acreditar fehacientemente la pretensión que reclama, como la acción especial, prevista en el artículo 16 de la Ley N° 19.628.

DUODÉCIMO: Que, por las razones precedentes, no habiéndose constatado la conculcación de ninguna de las garantías invocadas por el recurrente, el presente recurso de protección debe necesariamente ser rechazado.

Y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de UNIVERSIDAD MAYOR, INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE e INVERSIONES Y TARJETAS S.A. (HITES), sin costas, por estimar que el recurrente ha tenido motivos plausibles para recurrir.

Redacción de la Abogada Integrante Sra. Hellen Pacheco Cornejo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° Protección-3366-2019 (pvb).