nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece don nombre reservado, constructor civil, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en su favor y de la sociedad CONSTRUCTORA VIAL GAMAN LIMITADA, RUT N° RUT reservado, y en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, Región de la Araucanía, RUT N° RUT reservado, representado legalmente por su Directora Regional doña JIMENA CASTILLO BASCUÑAN, o por quien la subrogue o reemplace, ambos con domicilio en domicilio reservado, en razón de los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho:

Comienza señalando que con fecha 18 de Julio de 2022 constituyó al amparo de la Ley 20.659, junto con otras personas, la sociedad Constructora Vial Gaman Limitada, cuyo RUT es el 77.605.995-1 la que se encuentra inscrita en el Registro de Empresas y Sociedades que al efecto lleva el Ministerio de Economía.

Pues bien, con fecha 29 de Julio recién pasado el contador de la sociedad intentó realizar el trámite de Iniciación de Actividades previsto en el artículo 68 del Código Tributario, en el portal que el Servicio de Impuestos Internos mantiene en la red de internet, trámite que no pudo realizar por cuando se desplegaba en la pantalla el siguiente texto:

“Señor nombre reservado Usted o uno de sus socios mantiene situaciones o deudas tributarias pendientes que puede revisar en Situación Tributaria de terceros. Para solucionarlo, debe dirigirse a:

-Tesorería General de la República en caso de deuda vigente.

-La oficina del SII de su jurisdicción con los antecedentes que acrediten que la situación fue subsanada.”

Que revisada la página web de Tesorería General de la República, dicho organismo certifica una deuda a su nombre por un total de $ 657.215.613.- al 30 de Julio de 2022 por no pago de Formulario 20 por derecho de uso de radio, Formulario 21 que corresponde a multas giradas por el Servicio de Impuestos Internos y Formulario 42 que corresponde a multas giradas por la Dirección del Trabajo.

Cabe señalar que dicho crédito fue verificado por el Fisco-Servicio de Tesorería el año 2013 en la quiebra que solicitara a su respecto la empresa Cementos BioBio S.A., según consta de causa rol C-1296-2013 del Primer Juzgado Civil de Temuco (folio 93).

Pues bien, la actitud del Servicio de Impuestos Internos de impedir (bloquear) la Iniciación de Actividades de una persona jurídica como es Constructora Vial Gaman Limitada por una deuda fiscal de un tercero como lo es uno de sus socios no se ajusta a los términos de la ley (art. 68 del Código Tributario) por lo que su actuar deviene en ilegal además de arbitrario.

Afirma que se le impide indirectamente realizar una actividad económica, pues de mantenerse esta situación y para no perjudicar a la sociedad Constructora Vial Gaman Limitada deberé desvincularme de ella, lo que también a ella le significa un perjuicio.

Argumenta que este actuar ilegal y arbitrario del Servicio de Impuestos Internos a conculcado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 2, 21 y 22 de la Constitución Política de la República de Chile, los que transcribe, vulnerando así al recurrente, como persona natural y a la sociedad Constructora Vial Gaman Limitada, quien no puede realizar iniciación de actividades por encontrase “Bloqueado” por la recurrida.

Solicita en definitiva, tener por entablada acción de protección constitucional en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, Región de la Araucanía, representada por doña nombre reservado, o quien la subrogue o reemplace, ambos ya individualizados, acogerlo a tramitación y en definitiva, adoptando las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho desbloqueando al contribuyente y asegurarle la iniciación de actividades, todo con expresa condenación en costas.

Acompañó a su presentación los siguientes documentos:

1. Pantallazo del Servicio de Impuestos Internos.

2. Certificado de Vigencia de la sociedad Rut RUT reservado

3. Certificado de estatuto actualizado de la Sociedad Rut RUT reservado

4. Certificado de deuda del Servicio de Tesorería General de la Republica.

A folio 11, evacuó informe doña nombre reservado, Directora Regional de la IX Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos, quien expone lo siguiente:

Revisados los antecedentes registrados en este Servicio (Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario (SICT)), se constata que:

1. Don nombre reservado:

a) Dio aviso de inicio de actividades en los siguientes giros y fechas:

b) Tiene informado como domicilio principal el ubicado domicilio reservado (que pertenece a la jurisdicción de la XIII Dirección Metropolitana Santiago Centro).

c) Además, registra una deuda fiscal ascendente a $616.167.865.-, la que se encuentra en etapa de cobranza por parte de la Tesorería General de la República.

2. Sociedad CONSTRUCTORA VIAL GAMAN LIMITADA:

a) Dio aviso de inicio de actividades con fecha 12 de agosto de 2022, en el giro de “CONSTRUCCIONES OBRAS VIALES”.

b) Informó como domicilio el ubicado en domicilio reservado, Región Metropolitana, que pertenece a la jurisdicción de la XIV Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente:

c) Su representante legal es don nombre reservado, RUT N° RUT reservado, y sus socios son:

o nombre reservado, RUT N° RUT reservado, con un 35,2% de participación.

o nombre reservado, RUT N° RUT reservado, socia con 32,4% de participación.

o Sociedad De Inversiones nombre reservado Lagos Limitada, RUT N° RUT reservadoSocia con 32,4% de participación.

De lo anterior se colige que tanto el ocurrente como su representada tienen domicilio para fines tributarios fuera del ámbito jurisdiccional de la Dirección Regional por la que informo, como del de esta Iltma. Corte de Apelaciones, desconociéndose los motivos por los que ha impetrado su acción ante US., III. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN A. FALTA DE OPORTUNIDAD DEL RECURSO IMPETRADO Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, cabe hacer presente que la presente acción además adolece de falta de oportunidad. En efecto, de conformidad con el artículo 20, de la Constitución Política de la República, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado cuando, por causa de algún acto u omisión arbitrario o ilegal, se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de algunos de los derechos que señala el artículo 19, del mismo cuerpo normativo.

En el presente caso, en el petitorio de su libelo el recurrente solicita que “Se sirva tener por entablada acción de protección constitucional en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, Región de la Araucanía, representada por doña nombre reservado, o quien la subrogue o reemplace, ambos ya individualizados, acogerlo a tramitación y en definitiva, adoptando las providencias necesarias para reestablecer el imperio del derecho desbloqueando al contribuyente y asegurarle la iniciación de actividades, todo con expresa condenación en costas.” Sin embargo, tal como dijimos previamente, de acuerdo a la información registrada en el SICT, con fecha 12 de agosto de 2022 la sociedad CONSTRUCTORA VIAL GAMAN LIMITADA dio aviso de inicio de actividades, quedando, por su domicilio, dentro de la jurisdicción de la XIV Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente, de este Servicio, no existiendo actualmente el supuesto agravio denunciado por el actor.

De lo anterior resulta que, los motivos por los cuales se interpuso la presente acción cautelar carecen de oportunidad, toda vez que, no hay pertinencia ni actualidad del hecho reclamado, ni ninguna medida cautelar que esta Corte puede adoptar para restablecer el imperio del derecho.

Cita jurisprudencia referente al caso.

B. INEXISTENCIA DE ACTO ARBITRARIO O ILEGAL Como todo órgano del Estado, el Servicio de Impuestos Internos debe someter su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, actuando válidamente dentro de sus competencias y en la forma que prescriba la Ley, según lo dispuesto en el inciso primero, del artículo 6º, de la Constitución Política de la República.

Lo anterior, en estricta relación con el artículo 7°, del mismo cuerpo normativo, que transcribe, al igual que el artículo 2° de la Ley N° 18.575.

Argumenta que, de las disposiciones señaladas, se desprenden los principios de legalidad y competencia de los actos de la Administración, que rigen el actuar de todos los órganos del Estado y, por tanto, los del Servicio de Impuestos Internos.

En este contexto, se hace presente que no se vislumbra ningún acto arbitrario y/o ilegal respecto de este Servicio. En efecto, el inciso primero del artículo 68 del Código Tributario dispone que “Las personas que inicien negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas en la primera y segunda categorías a que se refieren los números 1º, letra a), 3º, 4º y 5º de los artículos 20, contribuyentes del artículo 34 que sean propietarios o usufructuarios y exploten bienes raíces agrícolas, 42 Nº 2º y 48 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, deberán presentar al Servicio, dentro de los dos meses siguientes a aquél en que comiencen sus actividades, una declaración jurada sobre dicha iniciación.”

Por su parte, el inciso tercero de dicho precepto legal indica: “La declaración inicial se hará en una carpeta tributaria electrónica que el Servicio habilitará para cada contribuyente que incluirá un formulario con todos los campos requeridos para el enrolamiento del contribuyente en cada uno de los registros en que deba inscribirse. Junto con completar el formulario indicado precedentemente, el contribuyente que realiza la declaración inicial deberá adjuntar en la carpeta tributaria electrónica los antecedentes relacionados con el inicio de actividades. Mediante esta declaración inicial el contribuyente cumplirá con todas las obligaciones de inscripción que correspondan, sin necesidad de otros trámites. Para estos efectos, el Servicio procederá a inscribir al contribuyente que realiza la declaración inicial en todos los registros pertinentes...”

De las normas transcritas se aprecia que este trámite no es más que la comunicación que debe realizar un contribuyente, mediante una Declaración Jurada formalizada ante el Servicio de Impuestos Internos sobre el comienzo de cualquier tipo de negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas en la Primera y/o Segunda Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

En la actualidad, esta solicitud se realiza a través del sitio Web del Servicio de Impuestos Internos, menú Servicios online, opción Rut e Inicio de Actividades, donde se debe seleccionar Inicio de Actividades y finalmente se debe llenar el formulario dispuesto para estos efectos. Lo que claramente ha ocurrido en el caso de autos, tal como se expuso en los apartados precedentes.

Respecto del mensaje que arroja el sistema a que hace referencia el recurrente, se hace presente que éste es solo informativo y tiene por objeto poner en conocimiento al contribuyente de alguna situación pendiente que tenga para efectos de que pueda darle una pronta solución, facilitando así el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; pero el mismo no es constituye un impedimento para la realización del trámite de aviso de inicio de actividades, es más, el contribuyente pudo presentar vía electrónica su declaración jurada, sin problemas, dos días después de la presentación de esta acción.

En consecuencia, esta repartición no ha cometido acto u omisión arbitraria y/o ilegal alguno.

C. INEXISTENCIA DE AFECTACIÓN DE DERECHOS GARANTIZADOS CONSTITUCIONALMENTE El recurrente afirma en su libelo que ha sido privado o perturbado en los derechos garantizados por los números 2°, 21 y 22, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, sin embargo no precisa la forma como se vulnerarían los derechos indicados, limitándose a señalar que, “este actuar ilegal y arbitrario del Servicio de Impuestos Internos a (sic) conculcado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 2, 21 y 22 de la Constitución Política de la República de Chile”, citando la descripción de las garantías según el texto constitucional, agregando que se ha vulnerado a nombre reservado, como persona natural, y a la sociedad Constructora Vial Gaman Limitada, “quien no puede realizar iniciación de actividades por encontrarse “Bloqueado” por la recurrida”.

En este contexto, al no existir acto arbitrario y/o ilegal, no existen tampoco infracciones a las garantías constitucionales indicadas, ello sin perjuicio que es el recurrente quien debe acreditar que se ha producido un menoscabo en el ejercicio legítimo de alguno de los derechos que señala, esto es, los consagrados en el artículo 19 en sus números 2°, igualdad ante la ley; 21, derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, ni respecto de la garantía contenida en el número 22, la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Como ha quedado establecido, no ha existido restricción, perturbación o amenaza alguna al derecho del contribuyente a dar aviso de su inicio de actividades, ni que signifique diferencias arbitrarias en el trato con otros contribuyentes.

Termina señalando que por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, la presente acción debe ser rechazada, toda vez que:

1. Existe falta de oportunidad de la acción de autos.

2. Inexistencia de una actuación arbitraria y/o ilegal.

3. Inexistencia de una afectación a las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2°, 21 y 22, del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

Y concluye solicitando tener por evacuado el informe solicitado y, en su mérito, rechazar el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en su favor y en el de la sociedad Constructora Vial Gaman Limitada, con expresa condena en costas.

A su presentación acompañó la Declaración Jurada de Inicio de Actividades, presentada por la sociedad CONSTRUCTORA VIAL GAMAN LIMITADA, de fecha 12 de agosto de 2022.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio SEGUNDO: Que, es menester tener presente que, por la naturaleza de la acción constitucional, la eventual vulneración de las garantías respecto de las cuales se reclama protección, debe ser manifiesta. Resulta además necesario el derecho cuya protección se reclame, ostente el carácter de indubitado, de manera que permita la adopción de medidas de resguardo destinadas a restablecer el imperio del derecho.

TERCERO: Que, con la documentación acompañada por la recurrida se ha acreditado en relación al estado actual del inicio de actividades realizado por el contribuyente Sociedad Constructora Vial Gaman limitada, RUT N°RUT reservado, se acredita que a la fecha el recurrente registra una declaración mensual en formulario 29 en octubre de 2022, declarando 5 documentos tributarios por compras, uno de los cuales tiene derecho a crédito fiscal, correspondiente a factura electrónica N°272471, emitida al contribuyente Constructora Vial Gaman Ltda., que se acompaña en el otros, lo que acredita que el recurso ha perdido oportunidad al no existir ya impedimento para que el recurrente pueda realizar sus gestiones tributarias, circunstancia que fue la que avalo el ejercicio la presente acción cautelar.

CUARTO: En este contexto no es posible estimar que al recurrente asista un derecho de carácter indubitado que pueda ser cautelado por esta vía, Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, en su favor y de la sociedad CONSTRUCTORA VIAL GAMAN LIMITADA, RUT N° RUT reservado, y en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

Redacción del abogado integrante Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese.

Rol N° Protección-33646-2022 (pvb).