Protección contra recurrida UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

C.A. de Temuco Temuco, nueve de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 03 de septiembre de 2025, comparece Francisco Javier Vergara Maldonado, abogado, a favor de don nombre reservado, quien recurre de protección en contra de la recurrida UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, 87.912.900-1, indicando el actor que vía sumario administrativo habría sido sancionado con la destitución producto de haberse acreditado 7 cargos según da cuenta Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 8 de noviembre del año 2024 y que producto de la interposición de un recurso de reposición se dicta la Resolución Exenta NUM001, de fecha 25 de agosto de 2025, que acoge parcialmente por la infracciones argumentadas en dicho acto administrativo, pero estima ilegal y arbitrario ordenar la complementación o reformulación de los cargos, ya que, dicha facultad no se contemplan en ninguna norma y excede las facultades contenidas en el artículo 140 de la Ley Nº 18.834, por lo que su actuar vulnera las garantías de los numerales 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Alega que esta nueva REFORMULACION DE CARGOS, vulnera los derechos de su representado, afecta además el secreto del sumario, toda vez que fue acto final que pasó a ser público el que se dejó sin efectos.

Agrega que los procedimientos administrativos disciplinarios como el de la especie, son procedimientos reglados, que deben sujetarse a principios de legalidad, discreción, rapidez, imparcialidad y precisión, para lo cual cita jurisprudencia y se remite al artículo 18 inciso segundo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece que en el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento.

Alega que se vulnera su derecho de igualdad ante la ley, por cuanto no se ha dado cumplimiento al procedimiento que es necesario frente a todos los funcionarios sujetos a estas investigaciones administrativas; como a la protección de sus derechos de manera igualitaria, atendido el carácter de norma general que tienen los procedimientos en general y de aplicación obligatoria en todos sus trámites y actuaciones.

Pide que se acoja su recurso de protección, y en definitiva se ordene dejar sin efecto el acto impugnando que ordena la complementación de los cargos, por vulnerar los derechos constitucionales de su representado y por infringir los artículos 137 y 140 del Estatuto Administrativo, con costas.

A folio 14, informa la recurrida UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

En primer término, alega que: Que, la Universidad de La Frontera con fecha 08 de junio de 2022 mediante Resolución Exenta N°NUM002 instruye sumario administrativo, con el objeto de investigar los hechos denunciados por los Delegados de los Guardias de Seguridad de la Universidad de La Frontera don nombre reservado y don nombre reservado, por actos de maltrato y otras conductas realizadas por don nombre reservado, Jefe de la Coordinación de Seguridad, Profesional grado 12° y don nombre reservado, Jefe de Operaciones de Seguridad, Administrativo grado 4°, al interior de la Coordinación de Seguridad, asimismo determinar la responsabilidad administrativa, si procediere. En el acto, se designó investigador al funcionario Sr. nombre reservado, de la Coordinación de Procedimiento Disciplinario.

Que, con fecha 04 de julio de 2023 se formularon los cargos al Sr. nombre reservado. 3. Que, con fecha 08 de noviembre de 2024 mediante Resolución Exenta N°NUM000 de la Universidad de La Frontera, aplica medida disciplinaria de destitución en sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N°NUM002. Resolviendo aplicar a don nombre reservado, Cedula Nacional de Identidad N° NUM003, a Contrata, planta Administrativa, de Guardias, grado 4, jornada completa, la medida de 2 Destitución prevista en el artículo 121 en relación al artículo 125 del Estatuto Administrativo.

Que, con fecha 18 de noviembre de 2024, mediante Resolución Exenta N°NUM004 complementa la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 08 de noviembre de 2024, que aplica la medida disciplinaria de destitución en sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N°NUM002 de fecha 08 de junio de 2022. En la especie fue complementado el Resuelvo 2° de la Resolución exenta N° NUM000 de fecha 8 de noviembre de 2024, incorporando lo siguiente: “El recurso de apelación especial ante la Junta Directiva deberá presentarse en forma subsidiaria de la solicitud de reposición, de conformidad al artículo 45 N° 2 del Estatuto de la Universidad de la Frontera aprobado por DLF 156 de 1981, aún vigente en esta parte, y en el artículo 10 del Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva aprobado por Resolución Exenta N°NUM005.” Por lo anterior, se ordenó notificar a los afectados y demás interesados a través del Secretario General de la Universidad de La Frontera, aclarándose que el plazo para recurrir de reposición con apelación subsidiaria ante Junta Directiva corre desde la notificación de la presente resolución.

Es efectivo, que contra la resolución el Sr. nombre reservado interpuso Recurso de Reposición solicitando se deje sin efecto en todas sus partes la resolución N°NUM000 que aplica la medida disciplinaria de destitución y en subsidio tener por interpuesto Recurso Jerárquico.

Por lo cual, mediante Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 25 de agosto de 2025, acoge parcialmente el recurso de reposición, resolviendo: REÁBRASE el sumario administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta Universitaria N°NUM002 de fecha 08 de junio de 2022, con la sola finalidad de complementar los cargos N°s 2, 3, 5, 6 y 7, formulados a don nombre reservado, para que los mismos se adecuen a los requerimientos planteados por la Contraloría General de la Republica en su jurisprudencia administrativa. DESÍGNASE Investigador al funcionario Sr. nombre reservado. Al declarar la existencia de un vicio en el procedimiento.

Que, esta defensa no ha podido conocer el contenido del expediente, en razón al Artículo 137 del Estatuto Administrativo, por lo anterior, desconoce la complementación de los cargos y/o cualquier otro antecedente.

ANALISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA RESOLUCION RESOLUCIÓN EXENTA N°NUM001, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2025, QUE ACOGE PARCIALMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL SR. nombre reservado.

Que, el razonamiento de nuestro Rector(s) don nombre reservado

nombre reservado, se encuentra completamente adecuado a las directrices que regulan quehacer universitario, respetando los principios de juridicidad, imparcialidad, de eficacia y economía procedimental.

Que, recepcionado el recurso de reposición interpuesto por el Sr. nombre reservado, el Sr. Rector en razón a la Resoluciones Exenta N°NUM006 del 27 de mayo de 2025, Articulo 10 Letra p), le solicita al Sr. Contralor Universitario Roberto Contreras emitir un pronunciamiento no vinculante, referente al recurso interpuesto.

En dicho entendido, se realizó un estudio acabado de los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, por lo anterior, dicho órgano exige que los cargos deben ser concretos y precisos, indicando el detalle de los hechos constitutivos de la infracción que se le imputa al inculpado y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado (entre otros, en el dictamen N° 44.908, de 2009). Así, en el dictamen N° 19.690, de 2000, se ha precisado que las imputaciones deben referirse siempre a hechos concretos y verificados, que impliquen infracción de las obligaciones funcionarias y no a conductas genéricas o imprecisas, de modo que impidan en definitiva al afectado asumir adecuadamente su defensa. El dictamen N° 27.957, de 2013, señaló que los cargos en un sumario deben ser concretos, explicitando claramente la actuación anómala o los hechos constitutivos de la o las infracciones en que se ha incurrido. En la misma lógica el dictamen N° 12.271, de 2015, concluyo que los reproches efectuados en el sumario deben ser concretos y precisos, describiendo el detalle de los hechos fundantes de las faltas que se le atribuyen al inculpado y la forma como ellas han incidido en los deberes que establecen las normas legales quebrantadas, de modo de habilitarlo para asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, permitir al servicio determinar motivadamente la aplicación de una medida disciplinaria.

Por ello, los cargos o acusación deben ser concretos y precisos, indicando el detalle de los hechos constitutivos de la infracción que se le imputa al 4 inculpado y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, lo que implica la calificación jurídica que se da a los mismos. Además, no debe olvidarse, que la búsqueda de la justicia material conlleva que la imputación de cargos y la calificación tenga carácter provisional, pudiendo ser modificada, a través de la reapertura de la investigación y de una nueva formulación de cargos en los términos que fruto de la investigación se estimen correctos.

Que, el Sr. Contralor se percató de esta deficiencia en razón a los argumentos presentados por la contraria en el recurso de reposición interpuesto por el Sr. nombre reservado, por ello, a petición de la contraria, se acoge parcialmente el recurso de reposición, en particular en relación a los cargos relativos a las situaciones de acoso laboral y sexual, numerados como cargos segundo, tercero, quinto, sexto, y séptimo.

A mayor abundamiento el Sr. Contralor refiere “todos los casos señalados se parte señalando, que el inculpado realizó distintos o diversos actos constitutivos de acoso laboral o en un caso de acoso sexual, en los periodos que indica, con todo no detalla cuales son estos actos, no siendo suficiente vincular esto con las declaraciones de los testigos, ya que dichas declaraciones lo que permiten es construir los hechos concretos que sirven de base a la formulación de cargos. No basta con indicar que se está ante actos de acoso, ya que ello es una calificación que se construye a partir de los hechos que se dan por acreditados y en los cuales al inculpado ha tenido participación. En suma, estos cargos no incluyen los hechos o conductas que se califican de maltrato laboral y acoso sexual. No se especifican fechas, lugares ni hechos concretos. El cargo primero y cuarto están desde una perspectiva formal correctamente estructurados en cuanto formulan imputaciones fácticas concretas y determinadas por lo que a su respecto no se formulan observaciones de esta naturaleza”.

Que, en razón a lo anterior, se sugiere acoger la reposición presentada, solo en cuanto se dejan sin efecto la resolución impugnada y se ordena reabrir el sumario de autos, a fin de complementar los cargos segundo, tercero, quinto, sexto, y séptimo con el objeto de que los mismos se adecuen a los requerimientos planteados por la Contraloría General de la Republica en su jurisprudencia administrativa.

Es menester indicar, que, en todos los dictámenes citados en el cuerpo de este escrito, nuestro órgano fiscalizador la Contraloría General de la 5 Republica resuelve devolver las resoluciones a los órganos de la administración del estado, a fin de complementar o reformular cargos.

Dictámenes que serán acompañados en un otrosí de esta presentación.

III. VULNERACIONES DE DERECHO EXPUESTAS.

En cuanto a la inexistencia de ilegalidad y arbitrariedad de las acciones del recurrido. En este sentido SSI debe tener en consideración a partir de los hechos expuestos y la normativa legal vigente, que no existe un acto ilegal, pues, no se infringió la Ley, a contrario sensu, la Universidad de La Frontera ha cumplido a cabalidad el Articulo 3 del DFL 1 del año 2001 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado, donde se observan los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, control, probidad, transparencia. En este orden de ideas, no se logra visualizar una omisión imputable a esta parte, toda vez, que no se han realizado conductas negligentes, menos aún, una conducta arbitraria.

En dicho entendido, tal como se mencionó, el recurrente interpuso Recurso de Reposición solicitando se deje sin efecto en todas sus partes la resolución N°NUM000 que aplica la medida disciplinaria de destitución, y en subsidio tener por interpuesto Recurso Jerárquico. Sin embargo, argumenta en la causa de marras que no se elevó el recurso jerárquico a la junta directiva en aquello que no fue resuelto por esta Universidad. Tener en consideración que: - El petitorio del recurso interpuesto, no pide que en subsidio o en el caso de no ser concedida una de sus peticiones se eleven los autos la junta directiva, lo cual, se estila en el caso de marras. Es un error de forma, insalvable. La falta de prolijidad en su actuar se vislumbra dado que además de un error en la solicitud formal del escrito, tampoco se puede observar el ofrecimiento de alegatos ante la junta directiva o en el solo hecho de cambiarle el nombre al recurso de apelación por recurso “jerárquico”. - En el mismo sentido, el recurrente no pudiese alegar desconocimiento de la norma, dado que, con fecha 18 de noviembre de 2024, mediante Resolución Exenta N°NUM004 complementa la Resolución Exenta N°NUM000 de fecha 08 de noviembre de 2024, se le informar y notifica de la existencia del recurso de apelación especial ante la Junta Directiva deberá presentarse en forma subsidiaria de la solicitud de reposición, de conformidad al artículo 45 N° 2 del Estatuto de la Universidad de la Frontera aprobado por DLF 156 de 1981, aún vigente en esta parte, y en el artículo 10 del Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva aprobado por Resolución Exenta N°NUM005. - Que, en el caso de que SSI. considere que esta justificación es insuficiente, debe tener en consideración que es el propio recurrente quien expone en su recurso de reposición la falta de congruencia de los cargos, citando la misma argumentación ya planteada en el cuerpo de este escrito, indicado que los cargos deben formularse de forma concreta y precisa, lo cual, afecta el debido proceso y derecho a la defensa. Por consiguiente, el recurrente en el presente recurso de protección, no puede aprovecharse de su propio dolo, al acoger lo solicitado. Ahora bien, existiendo un vicio del procedimiento, declarado como tal, no es licito pronunciarse sobre el fondo de la acción recurrida.

Que, en dicho sentido es el propio recurrente quien pone en conocimiento la existencia del error de forma, y nuestra máxima autoridad universitaria actuó conforme indica las directrices de nuestro órgano fiscalizador, mandato que nace directamente la Constitución Política de la República de Chile, a través del Artículo 98, establece la atribución para ejercer el control de legalidad sobre los actos de los órganos de la Administración del Estado, incluyendo el sometimiento de estos a sus dictámenes y orientaciones. Esta facultad se complementa con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 10.336), entre otras. Pues, la Universidad de La Frontera se encuentra regulada mediante el principio de legalidad regulado en la Constitución Política de la República de Chile artículo 6°, en concordancia con la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado (LBGAE), que establece en su artículo 2 que los órganos del Estado deben someter su actuación a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

Que, el recurrente yerra en relatar que nuestra universidad reconoce la aplicación indebida de la medida de Destitución prevista en el artículo 121 en relación al artículo 125 del Estatuto Administrativo.

Pues, no se pretende reformular los cargos, se instruyó complementarlos, en el entendido que la etapa investigativa, ya concluyo. Por tanto, no existe una falta en el proceso administrativo.

Que, el recurrente no ha interpuesto una causal de recusación al Sr.

Fiscal, al tenor literal del Articulo 133 del DFL 29 Fija Texto Refundido, 7 Coordinado Y Sistematizado De La Ley Nº 18.834, Sobre Estatuto Administrativo. Por tanto, debió haber presentado sus argumentos dentro de tiempo y forma, luego de haber sido notificado de la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 25 de agosto de 2025, que acoge parcialmente el recurso de reposición, resolviendo: REÁBRASE el sumario administrativo y designa como investigador al funcionario Sr.

nombre reservado. En dicho entendido su derecho precluyo, y su actuar es nuevamente negligente al solicitar a SSI, como fundamento de autos la culpa lata del Sr. nombre reservado.

Que, el denunciante acompaña una serie de sentencias de vuestra ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, a saber, dichas sentencias declaran ilegal la conducta de la autoridad al alterar la sustanciación regular de un procedimiento, fuera de los supuestos establecidos en la ley, sin embargo aclara la sentencia cuando se podrán alterar el procedimiento, refiere “esto es, únicamente para el caso de la realización de nuevas diligencias de las que emerjan hechos nuevos y para la sustanciación de vicios procesales, los que deben ser expresamente declarados”. La sentencia acompañada por la contraria lejos de apoyar su teoría del caso, vienen a reafirmar el actuar diligente de la Universidad de La Frontera.

Que, el recurrente imputa a nuestra universidad el levantamiento del secreto sumario, lo cual, es completamente incorrecto, dado que no justifica de qué manera dejo de ser secreto el sumario administrativo. A saber, aún se encuentra en tramitación y será secreto hasta que se encuentre firme y ejecutoriado. Las autoridades tanto como el Rector, o el Contralor Universitario, son funcionarios públicos facultados para conocer de los recursos y de las resoluciones respectivamente, en la medida que conculque con la oportunidad de pronunciarse.

A mayor abundamiento, la Universidad de La Frontera se encuentra regulada mediante el principio de legalidad regulado en la Constitución Política de la República de Chile artículo 6°, en concordancia con la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado (LBGAE), que establece en su artículo 2 que los órganos del Estado deben someter su actuación a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Además, este principio implica que todas las acciones de la administración pública deben estar fundamentadas y autorizadas por la ley, es decir, ninguna autoridad puede actuar sin una norma previa que le permita hacerlo, lo que significa que 8 únicamente pueden realizarse las acciones expresamente autorizadas por la ley.

En consecuencia, no se han vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, o el debido proceso, en razón a la lata fundamentación, dictámenes y razonamiento extendido en el presente informe.

Solicitando el rechazo del Recurso de Protección.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en el caso de autos se ha alegado como actuación ilegal o arbitraria la orden de complementar los cargos 2, 3, 5, 6 y 7 en un sumario administrativo iniciado el 08 de junio 2022, contenida en Resolución Exenta NUM001, de fecha 25 de agosto de 2025, ésto nace por el análisis que se realiza a un recurso de reposición interpuesto por el recurrente y por el informe confeccionado por el fiscal de la Universidad.

TERCERO: Que, en cuanto al mérito de las decisiones contenidas en la resolución, no corresponde a esta Corte pronunciarse sobre ellas ya que el recurso de protección no constituye una instancia que permita modificar decisiones de otros órganos del Estado, si no en cuanto de manera ilegítima vulneren o atenten contra garantías fundamentales, lo que es precisamente la materia que esta Corte deberá resolver.

CUARTO: Que, de los planteamientos efectuados por las partes, se colige que el asunto a resolver consiste en determinar la concurrencia de un vicio procesal de relevancia constitucional en la instrucción del sumario seguido en contra del actor y, como una consecuencia necesaria, si debe procederse a la invalidación del acto administrativo que resolvió complementar los cargos, fuera de los términos previstos por la ley.

QUINTO: Que, en es necesario precisar, como se ha señalado por los tribunales superiores de justicia, que el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra destinado a evaluar aspectos de mérito de un sumario administrativo, sin perjuicio que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración, implique la revisión de la legalidad y razonabilidad de sus actuaciones, sin que ello signifique que se supervisen materias relativas al fondo de las decisiones adoptadas en el marco y en el ejercicio de las facultades propias del recurrido, cuando no afectan de manera arbitraria e ilegal la razonabilidad y proporcionalidad que deben revestir sus pronunciamientos. (Corte Suprema Rol N°s 18.823-2019 y 97.284- 2020; Rol N° 150.201-2020).

SEXTO: Que el artículo 140 de la Ley 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, para funcionarios, dispone: “Emitido el dictamen, el fiscal elevará los antecedentes del sumario al jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según el caso, quien resolverá en el plazo de cinco días, dictando al efecto una resolución en la cual absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso. Tratándose de la medida de destitución, los antecedentes se elevarán a la autoridad facultada para hacer el nombramiento.

No obstante, la autoridad correspondiente podrá ordenar la realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, fijando un plazo para tales efectos. Si de las diligencias ordenadas resultaren nuevos cargos, se notificarán sin más trámite al afectado, quien tendrá un plazo de tres días para hacer observaciones.

SEPTIMO: Que, en el caso, no resulta controvertido que, tras la emisión del informe fiscal en el respectivo procedimiento sumarial, aquel fue elevado al superior, quien, sin disponer realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento, ordenó solo complementar los cargos luego del informe del Sr. fiscal de la misma institución quien más allá de la forma de proceder estuvo de acuerdo en la errónea formulación de cargos, por lo que solo resta establecer si es legal que la administración producto de su propio error tenga la facultad de complementar los cargos en un etapa donde ya ocurrió todo el proceso sin determinar cuál es el vicio procesal, ya que, la Contraloría General de la República emite criterios o interpretaciones de cómo se debe redactar un cargo, cuestión que se debió tener a la vista al momento de redactarse y no posterior, además, vía interpretación no se pueden crear más facultades que las establecidas en la Ley, en un procedimiento reglado.

OCTAVO: Que, así las cosas, la actuación de la autoridad que, culminada en la orden de complementar los cargos, configura una conducta ilegal y arbitraria, por haber obrado la autoridad fuera de los márgenes de las atribuciones otorgadas a la Administración en el desarrollo de un procedimiento administrativo, cuestión que le resulta exigible a la autoridad administrativa en obediencia al principio instalado por el artículo 7º de la Constitución Política de la República; por otra parte, se alteró la sustanciación regular de un procedimiento que se compone de una sucesión cronológica de actos y etapas regladas, ordenando complementar los cargos fuera de los supuestos establecidos taxativamente por la ley, esto es, únicamente para el caso de la realización de nuevas diligencias de las que emerjan hechos nuevos, y para la subsanación de vicios procesales, los que deben ser expresamente declarados, cuyo no es el caso.

Finalmente, las decisiones impugnadas aparecen adoptadas con el mero objeto de robustecer la vista fiscal, y cumplir más bien un objetivo lo que se aparta de toda imparcialidad que debe seguir el Derecho Administrativo Sancionador, ya que, complementar los fundamentos contenidos en una etapa ya culminada del procedimiento, debiendo dar cumplimiento al inciso primero del artículo 140 de la ley N.º 18.834, además, refuerza lo razonado el artículo 18 inciso segundo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en tanto establece que en el ejercicio de la potestad Disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento.

NOVENO: Que, en consecuencia, habiéndose observado que la actuación de la autoridad recurrida lo ha sido en contravención a la normativa vigente, se verifica en el caso la vulneración arbitraria e ilegal de la garantía de la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto se ha dejado al afectado en una situación desmejorada en relación a otros funcionarios que han podido ser juzgados mediando el desarrollo de un procedimiento ajustado a derecho, motivo por el cual recurso será acogido decretando las medidas que se dirán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, y en consecuencia se dispone que se deja sin efecto la Resolución Exenta NUM001, de fecha 25 de agosto de 2025, del respectivo sumario, debiendo resolver la recurrida con los cargos ya formulados.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Cristian Carvajal de Vicenzi.

N°Protección-3346-2025. (csd)