nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

nombre reservado, chileno, cédula de identidad número RUT reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, quien dice: Que interpone recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado, Rut N°RUT reservado, representada legalmente por nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados domicilio reservado, Región Metropolitana, solicitando desde ya que esta acción sea acogida por V.S. Ilma., con expresa condena en costas, en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer:

LOS HECHOS Señala que respecto de la entidad recurrida CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado, solicité un crédito con fecha 02 de julio del año 2024, por la suma de $$3.093.771, por concepto de capital, más los intereses correspondientes, pagaderos en 36 cuotas mensuales, iguales y sucesivas por un valor de $150.782 pesos cada una.

Expuesto lo anterior, debo hacer presente a S.S, que, al verificar mis liquidaciones correspondientes desde el mes de mayo del 2025 hasta julio del 2025. Al analizar el detalle de la misma, constato que existía un descuento a favor de Caja De Compensación De Asignación Familiar 18 nombre reservado, por la suma total de$150.782, lo cual continúa hasta el día de hoy, tal como se constata en las liquidaciones de sueldo que se acompañan junto con esta presentación.

Dado lo anterior, he solicitado previamente a CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado, que los descuentos no se realicen de forma automática en su boleta de pago de pensión, quienes que me señalaron que esto no es posible.

El presente recurso interpuesto se funda principalmente en que este descuento automático realizado por CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado, en mi remuneración correspondiente a los meses que van desde mayo de 2025 hasta julio del 2025, son un acto arbitrario e ilegal que provoca una privación y perturbación en el derecho de propiedad de esta parte recurrente sobre la remuneración que me corresponde percibir a título de pensión, pues jamás fui informado por algún medio respecto de dicha decisión unilateral, de realizar descuentos sobre mis remuneraciones.

El actuar de la recurrida vulnera claramente lo dispuesto por el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que establece que “Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”.

Acto seguido, el referido numeral señala que “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

Refuerza lo anteriormente señalado, el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus incisos 1 y 2 señala: “1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”. Junto a lo anterior es importante precisar que la Ley N°18.833, la cual establece un estatuto general de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en su artículo 21 inciso 1° establece, “Las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social consistente en préstamos de dinero y que estará regida por un reglamento especial”.

Luego la Ley N ° 18.833 en su artículo 22 establece, “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra este las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

En caso que la entidad empleadora afiliada tenga la calidad de deudora de un procedimiento concursal de liquidación, y una vez que se haya dictado la resolución de la liquidación pertinente, regirán las siguientes reglas:

1.- Las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador que no hayan sido remesadas a la Caja de Compensación a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil, siendo obligación de la respectiva Caja de Compensación verificar su crédito.

2.- Corresponderá al trabajador el pago de las cuotas de créditos sociales no devengadas a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, no siendo de cargo de las masas. Para estos efectos se tendrán por no escritas las convenciones que permitan al empleador, en caso de término de la relación laboral, por dictación de la resolución de liquidación, descontar los saldos pendientes por créditos sociales de las indemnizaciones por termino de contrato a que tenga derecho el trabajador.”

Asevera que resulta evidente entonces, la presencia de un acto ilegal y arbitrario, que vulnera las garantías constitucionales, pues se han realizado descuentos por planilla del sueldo que recibo, y sin que se me haya dado noticias e información de manera previa, motivada y racional, existiendo un actuar de improviso, realizando un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley N°18.833, siendo además esta una forma de autotutela que conculca mi derecho de propiedad, e igualdad ante la ley. Garantizados en el artículo 19 N°24 y 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Solicita tener por interpuesta acción de protección de garantías constitucionales en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado, representada legalmente por don nombre reservado, ya individualizados, admitirla a tramitación y, previo informe de la recurrida, acogerla en todas sus partes, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando:

a) Que la recurrida, CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado, debe desistir en los descuentos por planilla efectuados sobre el pago de su pensión.

b) La devolución de todos los dineros descontados con motivo del crédito antes señalado, y que motiva el presente recurso.

c) Condenar en costas a la recurrida.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Certificado de Deuda de crédito de consumo extendido por el recurrido CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado al recurrente.

2.- Liquidaciones de sueldo de don nombre reservado, correspondientes a los meses de mayo al mes de julio del año 2025, bajo apercibimiento del artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil.

A folio 7 informa ERICKA VERA OHBERG, abogada, en representación de la recurrida, CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado, quien dice: Con fecha 02 de julio de 2024, la señora nombre reservado solicitó a mi representada la suma de $3.000.000 (tres millones de pesos), pagadero a una tasa de 2,64% en 36 cuotas mensuales de $150.782. La operación quedó registrada bajo el folio 1380040381.

Tal crédito ha sido pagado regularmente por la señora nombre reservado, del modo en que manda el legislador, y en estricto apego a la normativa aplicable.

SEGUNDO: INEXISTENCIA DE ACTUACIÓN ILEGAL O ARBITRARIA.

Expone la recurrente: “…este descuento automático realizado por CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado, en su remuneración correspondiente a los meses que van desde mayo de 2025 hasta julio del 2025, son un acto arbitrario e ilegal que provoca una privación y perturbación en el derecho de propiedad de esta parte recurrente sobre la remuneración que me corresponde percibir a título de pensión, pues jamás fui informado por algún medio respecto de dicha decisión unilateral, de realizar descuentos sobre mis remuneraciones”

Sobre el particular cabe recordar a la actora que, tal como se ha anticipado, el descuento del valor de la cuota en sus remuneraciones -no de su pensión como erróneamente señala la recurrente- y su posterior remesa a esta C.C.A.F. corresponde al mecanismo definido por ley para el cobro y pago de las operaciones de crédito social otorgadas a trabajadores afiliados; circunstancia que, además es informada a los solicitantes por escrito y verbalmente en diversas instancias del trámite; es especialmente destacada en nuestra página web según consta en http://www.caja18.cl sección https://www.caja18.cl/trabajadores/creditos/tipos-de-credito/credito-social/; y en último término es de conocimiento extendido entre el público en general.

En todo caso, para una mejor referencia, hacemos presente a continuación -muy brevemente- los antecedentes de derecho que refrendan la plena legalidad del proceder de su representada.

A saber; el inciso primero del artículo 1º de la Ley 18.833 presenta el siguiente tenor: “Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, entidades de previsión social, son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social; se regirán por esta ley, sus reglamentos, sus respectivos estatutos y supletoriamente por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.”

A su vez, el artículo 58 del Código del Trabajo dispone la siguiente obligación de cargo del empleador: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones se seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”

A su turno, el artículo 22 de la ley 18.833 -dirimente en este caso- establece lo que sigue en relación con la forma de pago de las cuotas de crédito social: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Por su parte, el artículo 22 de la Ley 17.322, dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones (…).”

A su vez, la regulación sectorial contenida en el Compendio de Normas que regulan a las C.C.A.F. emitida por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO); en su numeral 3.1.17.1.1 ordena: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una C.C.A.F. por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la C.C.A.F. acreedora, debiendo regirse por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, conforme a los artículos 22 de la Ley N°18.833 y 11 del aludido D.S. N°91, de 1979.

Los citados preceptos establecen un mecanismo especial de pago que es inherente al Régimen de Crédito Social de las C.C.A.F.”

Por lo demás, resulta necesario tener en consideración el mandato que la deudora y recurrente otorgó a esta C.C.A.F. -contenido en la cláusula 10 del pagaré – por cuyo intermedio “otorga mandato y faculta a su actual empleador y a sus futuros empleadores, para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda (…)”

De este modo, el descuento efectuado en cobro y pago de una operación de crédito malamente podría constituir una actuación ilegal o arbitraria por parte de la Caja pues, como se dijo, esta entidad ha limitado su actuar al mandato legal y, además, a la voluntad de las partes. Por lo demás, una inquietud como la que plantea la actora pudo haberse resuelto anteriormente, sin la intervención de la Judicatura, mediante una sola consulta dirigida directamente a nuestra C.C.A.F. o a nuestro regulador; la Superintendencia de Seguridad Social.

Solicita tener por evacuado el informe solicitado en esta causa.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber procedido la recurrida a descontar de las remuneraciones del protegido las cuotas del pago del crédito, que fuera solicitado el 02 de julio de 2024, por la suma de $3.093.771.- y cuyo cobro ha sido practicado por la recurrida al tenor de lo sostenido en su informe, correspondiendo a esta magistratura determinar si dicha actuación se ajusta o no a derecho;

Tercero: Que, en tal sentido, resulta inconcuso el hecho de que el recurrente contrató con la recurrida, a fin de obtener un crédito social. A su vez, tampoco ha resultado discutido que se han efectuado descuentos de su remuneración, por concepto del referido crédito. No obstante, es preciso consignar que no se han acompañado por el recurrente antecedentes que demuestren la existencia de algún tipo de acción de parte de la recurrida a obtener un cobro arbitrario, abusivo o inoportuno, máxime al tenor de los antecedentes puestos en conocimiento de esta Corte, de los que es posible concluir que la parte recurrida ha hecho uso de una prerrogativa legal, no siendo posible que el actor alegue desconocimiento sobre tal circunstancia.

Cuarto: Que, en efecto, el denominado "descuento por planilla", en su calidad de mecanismo especial para garantizar el pago de los créditos sociales que las Cajas de Compensación otorgan a sus afiliados, y conforme a lo preceptuado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, implica que lo adeudado por concepto de estos créditos debe ser descontado por el empleador directamente de las remuneraciones del trabajador deudor y enterado en arcas de la Caja acreedora, siguiendo el mismo procedimiento previsto por la ley para la declaración y pago de las cotizaciones previsionales, constituyendo una modalidad de cobro que la ley expresamente contempla, y que opera con independencia de la voluntad del deudor, en atención a la naturaleza de entidades de previsión social que ostentan las Cajas de Compensación y la finalidad de interés público a que se encuentran afectos los fondos con cargo a los cuales se otorgan los créditos de esta clase.

Así las cosas, no cabe sino colegir que la recurrida, al comunicar a la empleadora del actor la morosidad en el pago de las cuotas del crédito social que éste mantiene vigente, se ha limitado a ejercer una prerrogativa que el ordenamiento jurídico le confiere de manera expresa, por lo que su proceder se ha ajustado a derecho y no puede ser tachado de ilegal, máxime al no ser un asunto controvertido que no se han ejercido acciones judiciales para el cobro del crédito, y tampoco procedería la declaración de prescripción de la deuda, lo que deviene en que el crédito se encuentre vigente, elemento que se refrenda al no acompañarse por las partes antecedente alguno que permita sostener la concurrencia de alguna causal de extinción o ineficacia de la acción de cobro respecto del crédito social que ha motivado la interposición del presente arbitrio cautelar;

Quinto: Que, en consecuencia, actuando la recurrida dentro del marco de la ley y de las reglas que voluntariamente han convenido las partes, y no constituyendo lo actuado un acto que importe vulneración de garantías fundamentales, por lo ya dicho, el recurso de protección ha de ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, la acción deducida por nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese virtualmente en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot.

N°Protección-3332-2025. (csd)