nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Temuco.

Temuco, siete de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, chileno, cédula de identidad número RUT reservado, dependiente, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo Recurso de Protección en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, en razón del acto ilegal y arbitrario vulneratorio de las garantías constitucionales consagradas en el art. 19 n°24 y 19 n° 3 incisos 4° y 5° de la Constitución Política de la República, conforme a los argumentos de hecho y de derecho que expone.

Indica que, en el año 2017 contrajo con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes un mutuo de dinero denominado “crédito social”, pactado en 24 cuotas sucesivas, correspondiendo pagar la última cuota el día 30 de septiembre del año 2019, en la forma dispuesta en el artículo 22 de la Ley N.º 18.833.

Expresa que, durante los primeros meses cumplió íntegramente con el pago de las cuotas pactadas; sin embargo, transcurridos siete meses fue desvinculado de mi trabajo, perdiendo su única fuente de ingresos, lo que le llevó a caer en mora a partir de la cuota N.° 8, cuya cuota debía pagarse el día 31 de mayo de 2018.

Refiere que, en diversas ocasiones acudió a las sucursales de la Caja con el fin de regularizar su situación, pero la única alternativa que se le ofreció fue la repactación de la deuda, lo que implicaba un aumento artificial y desproporcionado del monto adeudado.

Agrega que, este año 2025, específicamente en el mes de julio, y luego de largos años sin poder encontrar una fuente laboral formal, logró reincorporarse al mundo laboral, lo que ya resultaba totalmente necesario puesto que tiene dos hijos menores de edad, en etapa escolar, que dependen económicamente de él.

Señala que el día 25 de agosto de 2025, recibió su primer sueldo y al revisar la liquidación de remuneraciones se percató que se le había descontado, por concepto de “crédito personal Caja Los Andes”, la suma de $177.910 (ciento setenta y siete mil novecientos diez pesos).

Manifiesta que, dicho descuento carece de todo fundamento legal, puesto que, conforme al artículo 2515 del Código Civil, las acciones ordinarias prescriben en el plazo de cinco años y las ejecutivas en un plazo aún menor. En este caso, habiendo transcurrido con creces más de cinco años desde que cayó en mora, cualquier acción de cobro de la Caja se encuentra plenamente prescrita, y ni siquiera existe acción civil que pudiera revivirla, ello en atención a que han trascurrido más de 7 años de tota inactividad de la recurrida.

Concluye que, la recurrida no cuenta con título alguno que habilite el descuento practicado. Su proceder constituye un acto arbitrario e ilegal, configurando un indebido ejercicio de autotutela, al imponerse unilateralmente sobre sus remuneraciones una obligación que ya se encuentra extinguida por el transcurso del tiempo.

Como fundamentos de derecho, precisa que el actuar de la recurrida afecta directamente su derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República y que al ordenar unilateralmente el descuento de una suma relevante de su remuneración, transcurridos con creces los plazos legales de prescripción para el ejercicio de la acción de cobro, la recurrida ha desconocido el carácter inviolable del derecho de propiedad, privándome ilegítimamente de parte sustancial de sus remuneraciones. Tal privación no se funda en un procedimiento previo ni en una resolución jurisdiccional, sino en un uso abusivo del artículo 22 de la Ley N°18.833, desnaturalizando dicha norma y convirtiéndola en un mecanismo de autotutela proscrito por nuestro ordenamiento jurídico.

Expone que, el actuar de la recurrida no solo ha afectado su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, sino que también ha vulnerado de manera flagrante la garantía fundamental del debido proceso, consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República.

Comenta que, en el caso concreto, el crédito fue contraído el año 2017, encontrándose en mora desde que se dejó de pagar la cuota número 8, en el mes de mayo del año 2018. Así, han transcurrido con exceso los plazos de prescripción que la ley establece, sin que la Caja ejerciera acción alguna de cobro. Resulta, por tanto, manifiestamente arbitrario y abusivo que, luego de más de 7 años, la recurrida reactive intempestivamente el uso del artículo 22, sin previo aviso y sin otorgar posibilidad de defensa, imponiendo unilateralmente un descuento sobre remuneraciones cuyo cobro corresponde a una obligación prescrita.

Conforme a ello, solicita ordenar que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de mis remuneraciones y que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados, con expresa condenación en costas.

A folio 6, informa INES RIQUELME ARAO abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, exponiendo lo siguiente.

I.- CRÉDITOS SOCIALES OTORGADOS AL RECURRENTE.

1) Esta Caja de Compensación con fecha 09.08.2017, otorgó a don nombre reservado el crédito código 021CON100120100, por la suma de $2.090.874.-, a una tasa de 2.11%, pagadero en un plazo de 24 meses, con una cuota de $122.521.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.10.2017.

2) La primera cuota se pagó regularmente en el plazo establecido, las cuotas del mes de noviembre de 2017 a abril de 2018 (2 a 7), fueron pagadas con desfase entre los periodos 14.05.2018 al 12.10.2018, generando mora por las cuotas restantes.

II.- NO EXISTE ACTUACIÓN ILEGAL O ARBITRARIA Es menester hacer presente que, los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Por otro lado, mi representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Como bien sabe su SS. Iltma., la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, DECLARADA JUDICIALMENTE, y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos.

Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con mi representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

De este modo, esta parte rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

III.- CESE DE LOS DESCUENTOS Y RESTITUCIÓN DE LAS SUMAS DESCONTADAS.

No obstante, lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Cabe señalar que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, mi representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Que, en estas circunstancias, esta parte solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que mi representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Así luego de citar y reproducir parcialmente fallos de esta ilustrísima corte y de la Excelentísima Corte Suprema, solicita rechazar por falta de oportunidad la acción de protección incoada.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES, atribuyendo a la recurrida como acto ilegal y arbitrario, el haber, ejecutado el descuento de parte de su remuneración mensual -del que se percata en el mes de agosto de 2025-, en pago de cuotas de un crédito social otorgado el año 2017 y que a esta fecha estaría supuestamente prescrito.

SEGUNDO: Que, la recurrida iindica que sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. Asimismo, dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, agregando que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispuso la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

TERCERO: Que, no hay controversia en relación con la efectividad de la devolución de las sumas descontadas, lo que fue corroborado a folio 12 de este ingreso por la recurrida y no fue discutido en su alegato en estrados por parte de la recurrente.

CUARTO: Que, para la procedencia de la acción cautelar de protección, es menester que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que “por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...”, requisito que en la especie a la fecha ya no concurre, por haber ya desaparecido el agravio causado a la recurrente atendido el hecho que ya se dispuso cesar en el descuento y fueron devueltos los fondos, por lo que perdió oportunidad o actualidad jurídica el presente recurso, no existiendo medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho.

QUINTO: Que, lo anterior queda claro cuando se aprecia que la petición central de la recurrente para restablecer el imperio del derecho, es que cesen los descuentos de su remuneración, y la restitución de los dineros descontados, lo que ya se habría materializado, conforme lo informado por el recurrido, lo que no ha sido objetado por el actor SEXTO: Que, de acuerdo con lo razonado en los considerandos precedentes, se evidencia que el fundamento principal sobre el cual se basa el recurso intentado ha perdido oportunidad, motivo por el cual la presente acción constitucional no puedo sino ser rechazada.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Titular A. Cecilia Aravena López.

Rol N° Protección-3330-2025 (pvb).