nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Temuco.

Temuco, veintisiete de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, médico, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien dedujo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., representada por don nombre reservado, por estimar que dicha administradora ejecutó un acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, acto notificado mediante comunicación de fecha 04 de agosto de 2025.

Expuso que solicitó la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando certificados de relación laboral, título profesional, declaración jurada y una constancia electrónica de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), documento que, según afirmó, contiene un código de verificación que permite constatar en el portal oficial la existencia de su afiliación y la cobertura previsional exigida por la normativa. Señaló que esta constancia acredita su cobertura en los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que dicho documento es verificable mediante mecanismos electrónicos oficiales. Añadió que otra administradora —AFP PlanVital— aprobó una solicitud idéntica bajo los mismos antecedentes, lo que evidenció un trato desigual y carente de justificación.

Sostuvo que la exigencia de apostilla o legalización que plantea Cuprum no se encuentra en la ley y que el mecanismo de verificación electrónica satisface completamente la exigencia prevista en el artículo 1 letra a).

Fundó su acción en la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política, afirmando que la recurrida impidió sin fundamento legal la disposición de fondos que integran su patrimonio. Pidió en definitiva que se ordene reconocer como válidos los documentos acompañados y emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho.

Informando la recurrida, alegó que el recurso resultó improcedente por corresponder la materia a la Superintendencia de Pensiones, conforme al artículo 3 del D.F.L. N° 101 de 1980. Señaló que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional y de interpretación estricta, y que el recurrente no acreditó válidamente el requisito del artículo 1 letra a), pues la constancia electrónica presentada no constituye un instrumento idóneo para demostrar la afiliación extranjera con cobertura en los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Agregó que la administradora no pudo verificar la cobertura de los cuatro riesgos, no porque conociera o evaluara el contenido del régimen previsional venezolano, sino porque, al no tratarse de un instrumento formalmente válido conforme a las reglas sobre documentos extranjeros, no era posible determinar ni corroborar su alcance, lo que impidió tener por acreditado el requisito legal.

Añadió además una razón estructural de fondo: la Ley N°18.156 se aplica exclusivamente a trabajadores extranjeros contratados por empresas privadas mediante contrato de trabajo, no a quienes ejercen funciones en el sector público bajo decreto o resolución de nombramiento. Explicó que este vínculo estatutario no constituye un contrato de trabajo, pues se rige por un estatuto especial y no por el Código del Trabajo.

Indicó que, de acuerdo con reiterada doctrina administrativa de la Superintendencia de Pensiones, contenida en los oficios ordinarios 5963 de 2007, 11.880 de 2017, 19.137 de 2006 y 6.948 de 2025, los organismos públicos no califican como “empresa” para los efectos del artículo 1 de la Ley N°18.156, razón por la cual el beneficio excepcional no puede operar respecto de funcionarios sujetos a estatutos administrativos.

Sostuvo que esta interpretación responde a la finalidad histórica de la Ley N°18.156, dictada para evitar la doble cotización de técnicos extranjeros contratados en Chile por empleadores privados y que mantienen vínculos laborales sujetos a movilidad internacional, finalidad que no comprende a quienes mantienen relaciones estatutarias con el Estado. Dicha ley fue concebida como una excepción al régimen general del Decreto Ley N° 3.500, destinada a permitir que trabajadores extranjeros contratados por empresas privadas mantuvieran sus cotizaciones en su país de origen y pudieran recuperar los fondos acumulados si, pese a la exención, se generaban cotizaciones en Chile.

Sobre esta base afirmó que actuó dentro del marco legal al rechazar la solicitud del actor y solicitó el rechazo de la acción constitucional.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el artículo 20 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas, cuando estos han sido perturbados o amenazados por un acto u omisión ilegal o arbitrario. Su naturaleza es cautelar y exige la existencia de un derecho indubitado cuya protección sea posible a través de esta acción.

Segundo: Que el actor dedujo acción constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., fundando su pretensión en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, estimando vulnerados su igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.

Tercero: Que la recurrida sostuvo que la solicitud fue rechazada debido a la falta de acreditación válida del requisito establecido en el artículo 1 letra a) de la ley N°18.156, y porque dicha normativa no resulta aplicable a trabajadores vinculados mediante decreto o resolución de nombramiento con un órgano público, lo que impediría configurar el supuesto fáctico previsto en dicha ley para la devolución.

Cuarto: Que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte…”

A su vez, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Asimismo, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones precisa que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Quinto: Que, por su parte, el artículo 2° del D.F.L. N°101, de 1980, asigna a la Superintendencia la calidad de autoridad técnica de supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones, teniendo entre sus funciones, según su artículo 3° letra i), Interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras. En el mismo sentido lo establece el artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980 y el artículo 47 de la Ley N°20.255, la que expresamente reconoce, además de las funciones interpretativas de las normas de previsión social, su deber de velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República.

En este sentido, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado que: “…ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia”.

Sexto: Que la ley N°18.156 constituye una normativa excepcional respecto del régimen general del Decreto Ley N° 3.500, construido sobre el principio de que los fondos previsionales se destinan exclusivamente al financiamiento de pensiones. Por ello, su aplicación exige la concurrencia estricta de sus requisitos y supone la existencia de un contrato de trabajo celebrado con una empresa privada, supuesto que no concurre tratándose de trabajadores que ejercen funciones en virtud de nombramiento administrativo. La finalidad histórica de dicha ley se orientó a evitar la doble cotización de técnicos extranjeros contratados en el sector privado, razón por la cual no resulta procedente extenderla a vínculos estatutarios propios del sector público.

Séptimo: Que, en virtud de lo expuesto, el acto impugnado se encuentra dentro de las facultades de la administradora y no se desprende la existencia de ilegalidad o arbitrariedad que permita acoger la presente acción cautelar. La controversia planteada exige el análisis del cumplimiento de requisitos legales específicos cuyo examen corresponde a la autoridad administrativa competente y no puede ser sustituido por la presente vía.

Octavo: Que, en consecuencia, no concurren los presupuestos constitucionales que habilitan el acogimiento de la acción de protección intentada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro (S) Robinson Villarroel Cruzat.

Rol N° Protección-3321-2025 (pvb).