nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, seis de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1 comparece nombre reservado, chileno, casado, dependiente, cédula nacional número RUT reservado; nombre reservado, chileno, soltero, dependiente, cédula nacional número RUT reservado; nombre reservado, chileno, soltero, dependiente, cédula nacional número RUT reservado; nombre reservado, chileno, soltero, dependiente, cédula nacional número RUT reservado; nombre reservado, chileno, casado, dependiente, cédula nacional número RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, interponiendo recurso de protección en contra de CARABINEROS DE CHILE, RUT N° RUT reservado, representado legalmente por el General Director nombre reservado.

HECHOS.

Comienza su recurso indicando los siguientes hechos:

“1).- Que, todos los comparecientes nos desempeñábamos como funcionarios de Carabineros de Chile en distintas Reparticiones dependientes de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros de Chile. Así las cosas, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, sedesempeñaban como Sargento 1ro. (nombre reservado) y Cabos 1ros. de Carabineros respectivamente (nombre reservado y nombre reservado), en la Sección Criminalística de Temuco; Don nombre reservado como Sargento 2do. de Carabineros en la Sección Criminalística de Puerto Montt; Y don nombre reservado como Sargento 2do. de Carabineros en el Departamento de Criminalística de Carabineros.

2).- Que, por hechos que no viene al caso detallar para efectos de la presente acción, pero que en síntesis guardan relación con los informes realizados por los recurrentes como peritos de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas de Carabineros de Chile en determinados procesos judiciales los cuales luego fueron cuestionados, en el mes de ENERO DE 2018 se dio inicio al Sumario Administrativo, Orden de Sumario Nro. 10.560/2018/1 de la Dirección General de Carabineros.

3).- Que, en el contexto del anotado Sumario Administrativo a través de la Resolución Exenta Nro. 102, de fecha 7 de marzo de 2018, de la Dirección General de Carabineros se aplicó la MEDIDA ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER CONDICIONAL, denominada “BAJA POR CONDUCTA MALA, CON EFECTOS INMEDIATOS” al recurrente señor nombre reservado.

4).- Que, meses más tarde, a través de la Resolución Exenta Nro. 552, de fecha 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Carabineros, se aplicó la misma MEDIDA ADMINISTRATIVA a los restantes recurrentes.

5).- Que, sin perjuicio de lo anterior, dado el CARÁCTER CONDICIONAL de la MEDIDA ADMINISTRATIVA en comento, la rehabilitación a Carabineros de Chile de os recurrentes quedó supeditada al resultado del Sumario Administrativo Orden de Sumario Nro. 10.560/2018/1 de la Dirección General de Carabineros, antes anotado.

6).- Que, así las cosas, al no tener novedades del sumario administrativo hace años, el día 22 de marzo de 2024 el señor nombre reservado a través de su abogado solicitó a la Dirección General de Carabineros que se informara el estado de avance del Sumario Administrativo Nro. 10.560/2018/1, respondiendo a través de la Nota N° 150, de fecha 09 de abril de 2024, de la Secretaría General de Carabineros, que la mencionada solicitud había sido remitida a la Fiscalía Administrativa Letrada de Alta Complejidad a fin de que dicho estamento otorgara respuesta, por encontrarse el sumario administrativo en aquella Repartición.

7).- Que, así las cosas, a través de la Nota sin número, de fecha 10 de abril de 2024, la Fiscalía Administrativa Letrada de Alta Complejidad dio respuesta al requerimiento, informando que el Sumario Administrativo en comento se encuentra en etapa de sumario, sin Vista Fiscal, es decir, sin formulación cargos hasta la fecha, pese a que han transcurrido más de seis años desde que ocurrieron los hechos que lo motivaron.

8).- Que, por estas consideraciones, habiendo experimentado el proceso una paralización superior a los dos años que prescribe el Art. 36 BIS de la Ley Orgánica de Carabineros Nro. 18.961 (vigente a la época de instrucción del sumario), encontrándose aún la etapa de sumario sin Vista Fiscal y en consecuencia, sin formulación de cargos, el señor nombre reservado asistido por su abogado solicitó derechamente a la Dirección General de Carabineros declarar la prescripción de la acción disciplinaria, y dejar sin efecto la medida administrativa de “baja por conducta mala con efectos inmediatos”, y su reincorporación a sus funciones, con el pago de todos los emolumentos correspondientes al tiempo que estuvo sujeto a la medida administrativa de carácter condicional, presentación que hasta la fecha no ha sido resuelta.

9).- Que, en consecuencia, hasta la fecha el sumario administrativo está enterando el séptimo en tramitación, mismo tiempo que los recurrentes llevan sujetos a la medida administrativa de carácter condicional, encontrándose aun sin formulación de cargos siquiera, actuar del todo ilegal y arbitrario de parte del Órgano recurrido, toda vez que ha inobservado absolutamente todas las normas, plazos y principios que regulan la materia, provocando de esta manera perturbación o privación a las garantías constitucionales contempladas en los artículos 19, N°2, 3 Inc. 5° y 24, de la Constitución Política de la República, esto es, el Derecho a la igualdad ante la ley, debido proceso y Derecho a la Propiedad.

10.- Que, finalmente, sin perjuicio de que las responsabilidad penal y administrativa son independientes, es preciso destacar que ninguno de los recurrentes ha sido condenado judicialmente por estos hechos, por lo que respecto de todos opera en plenitud su presunción legal de inocencia.”

DERECHO.

Señala que la Excma. Corte Suprema ha sostenido que cuando un organismo administrativo que instruye un procedimiento administrativo sancionador demora la formulación de los cargos, la notificación de los mismos o la resolución de la sanción administrativa –incluida la resolución del recurso–, más allá de los plazos establecidos en la Ley N° 19.880, de Bases de Procedimiento Administrativo, pero sin alcanzar el plazo de prescripción, da origen a lo que la jurisprudencia del máximo tribunal ha denominado: “el decaimiento del procedimiento administrativo”.

Explica que el estatuto de Carabineros aplicable a los procedimientos disciplinarios como el de la especie, a la fecha de la supuesta comisión de los hechos imputados, era el artículo 36 bis de la LOC Orgánica de Carabineros, incorporada por la ley 21.041 de 31 de octubre de 2017, en su inciso tercero señalaba que “…la acción disciplinaria contra el personal prescribirá en cuatro años contados desde el día en que se hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. (…) agregando que, si hubiera hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal.

Destaca que de los antecedentes que se acompañan, en la especie el Sumario Administrativo N° 10.560/2018/1, de la Dirección General de Carabineros inició en ENERO DE 2018, experimentado en su tramitación una tardanza de más de seis años, encontrándose aún sin formulación de cargos.

Sobre el particular, expresa que sin perjuicio de los plazos de prescripción de responsabilidad que se han aludido, es preciso tener presente que el Sumario Administrativo en Carabineros de Chile en un procedimiento reglado, que contempla plazos breves para su tramitación, cuya regulación se encuentra a la sazón del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N° 15, y en forma subsidiaria, en la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos que rige los actos de los Órganos de la Administración del Estado N° 19.880.

Así, el Art. 32° del citado Reglamento dispone un plazo de diez días para la instrucción del sumario, para luego continuar con los tramites posteriores a él, por lo que resulta en extremo gravoso que el recurrido prolongue su tramitación por más de seis años hasta la fecha.

De esa forma, tan prolongada tardanza se torna injustificada, excesiva, irracional, e ilegal, puesto que además de las normas reglamentarias citadas, en la especie tiene aplicación la Ley 19.880, que consagra los principios de celeridad y conclusivo, establecidos en los Art. 7° y 8°, los cuales se ven abiertamente vulnerados con la aludida tardanza.

En este mismo orden de ideas, el Art. 27° de la Ley Nro. 19.880, establece que, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.

A lo anterior, se suma lo irracional que significa que, en 2018, al aplicar la medida administrativa la conducta de los recurrentes fuera calificada como grave, de modo tal de implicar la baja de las filas institucionales de manera inmediata y condicional y que, pese a la gravedad, se dilate por más de seis años la decisión final del asunto e incluso la formulación de cargos, situación que indudablemente lleva a concluir entonces, que la gravedad no era tal para la Institución.

Esta situación, sin duda afecta el derecho a un debido proceso garantizado en el Art. 19° Nro. 3 inciso 5° de la Constitución, al tramitarse el sumario en infracción a los principios de celeridad y conclusivo, que consagran los Art. 7° y 8° de la Ley N° 19.880; afecta también el derecho a la igualdad ante la ley, a no haber observado en los absoluto las normas y plazos de las normas legales y reglamentarias que regulan la materia; pero además, el derecho de propiedad, pues la medida administrativa de baja por conducta mala con efectos inmediatos tiene el carácter de condicional, por lo que la situación disciplinaria de los recurrentes lleva en suspenso más de seis años, tiempo en el cual se han visto visto afectados en sus derechos estatutarios como funcionario públicos, como lo son el derecho a remuneraciones, derechos previsionales, entre otros.

Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción extraordinaria, cautelar, destinada a restaurar el imperio del derecho en los casos que, por un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- se haya privado, perturbado o amenazado los derechos fundamentales indicados en la citada norma, dentro de los que se encuentran los invocados en el presente recurso.

A continuación cita jurisprudencia en apoyo a su argumentación.

Pide que se acoja que se resuelva lo siguiente:

I. Que se acoge el presente recurso de protección, dejando sin efecto la tramitación del sumario administrativo Orden de Sumario Nro. 10.560/2018/1, de fecha 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Carabineros, por caducidad, decaimiento del proceso administrativo y prescripción de la acción disciplinaria.

II. Que, se dejen sin efecto las medidas administrativas de carácter condicional de “baja por conducta mala con efectos inmediatos”, dispuestas a través de la Resolución Exenta Nro. 552, de fecha 12 de diciembre de 2018 y de la Resolución Exenta Nro. 102, de fecha 7 de marzo de 2018 ambas de la Dirección General de Carabineros respecto de los recurrentes, y se ordene su inmediata reincorporación a la institución Carabineros de Chile.

III. Ordenar expresamente, el pago de los emolumentos que correspondan, durante el tiempo los recurrentes estuvieron alejados de la Institución en virtud de la medida administrativa de carácter condicional que nunca fue confirmada por resolución ejecutoriada en casi siente años desde que se inició el sumario, hasta a fecha.

IV. En subsidio, que se dejen sin efectos las medidas administrativas de “baja por conducta mala, con efectos inmadiatos”, sin perjuicio de que el sumario administrativo siga su curso hasta su total tramitación, en todos los casos, disponiendo el pago de los emolumentos correspondientes al tiempo que los recurrentes llevan sujetos a la medida administrativa.

V. Condenar a la recurrida a las costas del recurso.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta Nro. 552, de fecha 12 de diciembre de 2018 de la Dirección General de Carabineros.

2.- Resolución Exenta Nro. 102, de fecha 7 de marzo de 2018 de la Dirección General de Carabineros.

3.- Solicitud de estado de avance sumario administrativo, de fecha 22 de marzo de 2024. 4.- Nota N° 150, de fecha 09 de abril de 2024, de la Secretaría General de Carabineros.

5.- Nota sin número, de fecha 10 de abril de 2024, la Fiscalía Administrativa Letrada de Alta Complejidad.

6.- Solicitud de prescripción de la responsabilidad administrativa de fecha 10 de abril de 2024.

7.- Correo electrónico dirigido a la Secretaría General de Carabineros, por medio del cual se envió Solicitud de prescripción de la responsabilidad administrativa de fecha 10 de abril de 2024.

A folio 19 evacúa informe el nombre reservado Cifuentes Quezada General Jefe de la Zona Araucanía de Carabineros de Chile indicando lo siguiente:

En el contexto del Sumario Administrativo (Orden N° 10.560/2018/3 de fecha 09.05.2018) instruido a propósito de las evidencias levantadas en los teléfonos celulares incautados a comuneros mapuches detenidos el día 23.09.2017 por los delitos de asociación ilícita e incendio terrorista, también conocida públicamente como "Operación Huracán se determinó que los recurrentes en sus calidades de peritos infringieron el nombre reservado del Departamento de Criminalística, aprobado mediante la Orden General N° 1.818 de fecha 23.06.2008, de la Dirección General, publicada en el Boletín Oficial N° 4.229. En ese sentido se determinó lo siguiente:

· Sargento 1ro. nombre reservado, elaboró un pre informe informático y suscribió otro junto a tres peritos; en los cuales se consigno que se extrajo información contenida en los teléfonos celulares incautados a los comuneros mapuches detenidos el día 23.09.2017. Posteriormente se determinó que la información fue implantada en los teléfonos, situación que no fue advertida por el Sargento 1ro. nombre reservado en su trabajo forense.

· Sargento 2do. nombre reservado, suscribió dos pre informes informáticos, en los cuales se consigno que se extrajo información contenida en los teléfonos celulares incautados a los comuneros mapuches detenidos el día 23.09.2017, cuyos mensajes de texto daban cuenta de la participación de estos en determinados delitos. Posteriormente se determinó que la información y/o conversaciones fueron implantadas en los teléfonos, situación que no fue advertida por el Sargento 2do. nombre reservado en su trabajo forense Sargento 2do. nombre reservado, suscribió un informe pericial de análisis informático, en el cual se consignó que se extrajo información contenida en los teléfonos celulares incautados a los comuneros mapuches detenidos el día 23.09.2017, cuyos mensajes de texto daban cuenta de la participación de estos en determinados delitos. Posteriormente se determinó que la información y/o conversaciones fueron implantadas en los teléfonos, situación que no fue advertida por el Sargento 2do. nombre reservado en su trabajo forense · Cabo 1ro. nombre reservado, elaboro y suscribió tres preinforme pericial informático e informes periciales de análisis informático, en los cuales se consignó que se extrajo información contenida en los teléfonos celulares incautados a los comuneros mapuches detenidos el día 23.09.2017, cuyos mensajes de texto daban cuenta de la participación de estos en determinados delitos. Posteriormente se determinó que la información y/o conversaciones fueron implantadas en los teléfonos, situación que no fue advertida por el Cabo 1ro. nombre reservado en su trabajo forense Además de lo anterior, se logró acreditar en el sumario en base a sus declaraciones, que estos recurrentes facilitaron que otros miembros de la Institución tuvieran acceso a la evidencia, no dejando constancia de ello en sus informes periciales, transgrediendo con ello el resguardo de la cadena de custodia para evitar que la prueba fuera alterada, demostrando con sus actuaciones u omisiones, evidente negligencia, falta de acuciosidad, prolijidad y rigurosidad técnica en los trabajos de su especialidad, esto último, establecido en base al peritaje elaborado por el Departamento Criminalística de Carabineros en su Informe N° 963-2018.

· Cabo 1ro. nombre reservado, quien en su calidad de perito suscribió un pre informe pericial, en el que señaló que utilizó un programa informativo -denominado "Tubicación"-, sin embargo posteriormente en el contexto del sumario administrativo declaró que dicha aplicación "no era cierta" y que "nunca la había visto", incluyendo la ubicación de teléfonos móviles a partir de reportes cuya autenticidad no le constaban, agregando en su declaración "esto no fue hecho por mi", no obstante que así lo plasmo en su pre informe.

Cabe señalar que todos los pre informes e informes periciales elaborados y suscritos por los recurrentes, en su oportunidad fueron utilizados por la Fiscalía del Ministerio Público para la formalización de la investigación y la obtención de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los detenidos, los que posteriormente, como se sabe por ser un hecho público y de notorio conocimiento, fueron sobreseídos definitivamente; y en forma paralela se inicio una investigación penal en contra de los recurrentes y otros, por los eventuales delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, asociación ilícita, la que actualmente se encuentra en etapa de preparación de juicio oral, pero suspendida su realización a propósito de un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional (Rol N° 14.643-23 INA) por uno de los acusados, el que actualmente se encuentra en estado de sentencia, según resolución de fecha 12 de Abril de 2024.

De todo lo anteriormente indicado, dan cuenta las Resoluciones Exentas Nros. 102 de fecha 07.12.2018 y 552 de fecha 12.03.2018, ambas de la Dirección General de Carabineros, actos administrativos que se encuentran acompañados en la tramitación del recurso.

TRAMITACIÓN DEL SUMARIO.

En relación a la instrucción del sumario administrativo, cabe indicar que éste actualmente lo sustancia la Fiscalía Administrativa Letrada de Alta Complejidad, pudiéndose constatar del mismo que con fecha 23 de Marzo de 2019 la Fiscalía en Comisión evacuó la Vista Fiscal, y posterior a ello con fecha 03 de Noviembre y 18 de Diciembre, ambas fechas del año 2020, se dictaron ampliaciones de la vista fiscal, contexto en que se formularon proposiciones de cargos en contra de 17 funcionarios de Carabineros, tanto Personal de Nombramiento Supremo, Institucional, como Contratado por Resolución, pero sin embargo estas no han sido notificadas aún al personal inculpado, ya que el sumario administrativo ha sido sujeto a diversas instancias de revisión por las asesorías jurídicas respectivas, de las cuales se pudo concluir que aún no se habían agotado todas las diligencias tendientes a determinar todas las responsabilidades existentes, y no se habían plasmado correctamente las causas y circunstancias de los hechos investigados, trayendo aquello como consecuencia que se hicieran alcances de forma y de fondo respecto del contenido de la vista fiscal y sus ampliaciones.

Cabe señalar que resulta factible señalar que la demora existente en este proceso, es absolutamente excusable, por cuanto su objetivo principal ha sido garantizar el principio del debido proceso para los recurrentes, por medio de subsanar las deficiencias que se han producido y que han sido representadas en las respectivas instancias de revisión por los estamentos encargos de ello.

Es menester hacer presente que durante el mes de Abril del presente año, la totalidad de los inculpados fueron notificados por carta certificada respecto del cambio del Fiscal Administrativo que sustancia el sumario administrativo.

En cuanto las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas:

A.- Respecto de una eventual infracción a la garantía constitucional del Artículo 19 N° 2, esto es, infracción a la igualdad ante la ley, es menester indicar que la decisión adoptada mediante las Resoluciones Exentas Nros. 102 de fecha 07.12.2018 y 552 de fecha 12.03.2018, ambas de la Dirección General de Carabineros se basaron en antecedentes concretos que permiten determinar la participación y responsabilidad en los hechos, que tienen un carácter gravísimo, tanto en el ámbito administrativo como penal, y en base a facultades legales y reglamentarias que se encuentran expresamente contenida en la normativa constitucional, legal y reglamentaria, y amparada en jurisprudencia tanto judicial como administrativa.

De los hechos expuestos en el ítem I.- del presente informe, es palmario concluir que no resultan compatibles las conductas descritas con los fines de la Institución y la conducta que se les exige a los integrantes de la misma, dada su instrucción, educación y sus calidades de peritos de Carabineros, resultando por ende su actuar no solo totalmente contrario a la probidad administrativa y a los principios éticos y morales que sustentan la base de la conducta de todo integrante de la Institución, sino que también a la expertis técnica que se les exige dada sus calidades de peritos.

En consideración a la gravedad de los hechos, se les aplicó a los recurrentes la medida administrativa de Baja con Efectos Inmediatos, supeditado a los resultados del sumario de conformidad a lo establecido en el Artículo 127 N° 4 inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, en relación con el Artículo 23 N° 2 letra e) del Reglamento de Disciplina de Carabineros N° 11.

Carabineros de Chile, tiene una estructura jerárquica en la que a los superiores les corresponde no solo dirigir a los subordinados, sino que también controlar su comportamiento, esto es lo que se entiende por control jerárquico, en concordancia con lo que dispone el Artículo 11 de la Ley 18.575.

En consecuencia, la infracción del ordenamiento jurídico conlleva la responsabilidad del funcionario que la hubiere cometido o eventualmente, la imposición de sanciones, lo que hace efectiva la sujeción al derecho de quienes desempeñan una función pública, los que deben responder por su mal hacer o su incorrecto ejercicio. En Carabineros, la responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en los Artículo 19 N° 3 inciso segundo y sexto de la Carta Fundamental, y 84 bis inciso segundo de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional, presupone la substanciación de un expediente administrativo, fundado esencialmente en el racional, justo y debido procedimiento, e impregnado además de otras garantías en esencia propias del proceso penal, pero aplicables al derecho administrativo sancionador, entre éstas los principios de la bilateralidad de la audiencia, el derecho a aportar pruebas, el derecho a ser juzgados por un tercero imparcial, la importancia de una resolución motivada y el derecho a impugnar lo resuelto, entre otros.

Por otra parte, y en lo medular, es el respeto al debido proceso administrativo, haciendo presente que los recurrentes poseen todas las instancias de defensa como todos y cada uno de los funcionarios a los que se les aplica la misma medida administrativa supeditada a los resultados del sumario (por ende no existe discriminación), esto es, frente a la notificación de la vista fiscal, ampliaciones de la misma, dictamen, podrán plantear sus respectivas defensas. Conforme a este análisis se cita la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción Rol N° 357-2016 de fecha 8 de Marzo del año 2016 la cual señala en el considerando N° 9, que: "que abunda también el rechazo del recurso, la circunstancia que la garantía de igualdad ante la ley que se dice transgredida no aparece afectada, puesto que no se ha demostrado que exista un trato diferente al recibido por el recurrente respecto de otro integrante del Cuerpo de Carabineros".

Que, se debe tener presente por US., Iltma., que la Constitución Política de la República establece un tratamiento jurídico diferenciado respecto a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, al remitir a sus propios estatutos la regulación del ejercicio de determinadas garantías constitucionales, por ejemplo, lo que señala en su Artículo 19 N° 3 inciso segundo. De este modo, se configura un trato diferenciado fundado en los fines específicos que siguen estas instituciones y por la naturaleza de las funciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en torno a las exigencias generales de dar eficacia al derecho y garantizar la seguridad. Motivo por el cual, al ser una diferenciación razonable y justificada, por ello no se vislumbra arbitrariedad, por ello no existe vulneración a la garantía igualdad ante la ley, encontrándose al amparo de normas constitucionales.

Por ende, se puede concluir válidamente que no se ha vulnerado el Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

B.- Otra de las garantías que según los recurrentes se vulnera es la consagrada en el Artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, esto es, "Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.".

Al respecto es menester indicar que el ejercicio de la potestad disciplinaria no puede ser entendida como una vulneración al derecho del juez natural o como una homologación a una comisión especial, prohibida en el ordenamiento jurídico, muy por el contrario, es entendida como aquella que reconoce a los órganos de la Administración , como Tribunales de Justicia, la capacidad de imponer sanciones administrativas a los particulares en caso de infracción a ciertos deberes establecidos en el ordenamiento jurídico o a los funcionarios públicos, ante infracciones al principio de probidad consagrado en el Artículo 8 inciso primero de la Constitución Política de la República, el que indica que aBl ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones", que consiste en "observar una conducta funcionaría intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular" (Artículo 52 de la Ley 18.575).

Al respecto, las circunstancias que determinaron la imposición de la medida administrativa la Baja con Efecto Inmediato de los recurrentes (las mencionadas en el ítem I.- del presente informe), se fundamentó en el Artículo 127 N° 4 inciso 5o, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8, que establece que "...cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación...".

A su vez se funda en el Artículo 35 N° 6 del Reglamento de Disciplina de Carabineros N° 11; y Artículos 3 y 97 del Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15.

La Excelentísima Corte Suprema en sentencia dictada en el contexto del Recurso de Protección ROL N° 152-329- 2022, señaló que para que un procedimiento tenga las garantías del racional y justo debe contar con etapas claras, "...donde los involucrados puedan hacer sus descargos y contrastar sus versiones con la de los otros involucrados, disponiendo de un lapso en el que, asimismo, puedan aportar sus medios de convicción en apoyo de sus descargos; de modo tal que en definitiva la resolución que se adopte conlleve el pleno y real respeto de la dignidad de los involucrados y de los derechos que ésta supone". (SCS Rol N°18.453-2019)".

En la misma sentencia agregó que, "para que un procedimiento sancionatorio pueda ser calificado de racional y justo en los términos del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, exige como condiciones mínimas que haya sido tramitado ante la autoridad competente y de conformidad con el procedimiento previsto en la ley o el estatuto respectivo, en las que debe garantizarse: el amplio acceso a los antecedentes en que se sustenta el procedimiento disciplinario por parte del investigado, la posibilidad de conocer de los cargos y defenderse, rendir pruebas, conocer el dictamen y la sentencia que se pronuncie a su respecto, recurrir a una instancia superior y, en todo ello, contar con la posibilidad de ser asistido por un defensor letrado, con el propósito de conocer y entender los cargos", destacándose que si ello no ha acontecido, se configura "una arbitrariedad que priva al recurrente de la garantía del artículo 19 N°3, inciso 5 o, de la Carta Fundamental". (SCS Rol N°3862- 2019)".

En el mismo contexto de la garantía constitucional alegada, esto es, que "Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho." (Artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República), se debe señalar que la jurisprudencia judicial de las distintas Iltmas. Cortes de Apelaciones y Excma. Corte Suprema, ha sido invariable en el tiempo, y solo a modo ejemplar, esta Iltma. Corte, últimamente conociendo recursos de protección en los cuales se ha recurrido en contra de la aplicación de la medida administrativa ha descartado la arbitrariedad e ilegalidad alegada. Al respecto encontramos el Rol N° 161-2024, sentencia no apelada; Rol N° 13.493-2023, confirmado por la Excma. Corte Suprema en el Rol N° 3.542-2024; Rol N° 13.727-2023, confirmado por la Excma. Corte Suprema en el Rol N° 3.835-2024; Rol N° 10.707-2023, confirmado por la Excma. Corte Suprema en el Rol N° 248.516- 2023; Rol N° 14.685-2022, confirmado por la Excma. Corte Suprema en el Rol N° 17.914-2023; Rol N° 3570 y 6.031, ambas 2020, sentencias no apeladas.

En conclusión, y como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, entre otras, en sentencia dictada en causa Rol N° 149.637-2023, en que al referirse a la facultad de la cual ha hecho uso la recurrida, ha señalado que se trata "de una facultad especial y aunque ciertamente inusual en el ámbito del poder público, explicable por la importancia que la buena conducta de los integrantes de la Institución reviste, en relación con la naturaleza y objetivo de sus funciones", todo que en definitiva permite descartar la vulneración de la garantía alegada.

C.- Por último, en relación a que existe una infracción a su derecho de propiedad (Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República), y aun cuando el recurrente no menciona de que forma o manera se incurre en la conculcación de dicha garantía constitucional, es menester indicar que en la eventualidad que éste estime que tiene un derecho de propiedad sobre su empleo o cargo público, esto no resultaría efectivo, toda vez que, y según se expresa en sentencia de Recurso de Protección de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia Rol 294-2008, confirmada por la Excma. Corte Suprema con el Rol 3830-2008, "...el derecho de propiedad a que los recurridos pretenden tener derecho sobre los cargos públicos para el cual fueron nombrados no está garantizado por la garantía constitucional del Artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental. En efecto, el derecho constitucional relacionado con las funciones y empleos públicos esta contemplado en el Artículo 17 del Artículo 19 de la Carta Fundamental y está referida a la admisión a ellos sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. En razón de lo anterior, no se verifica la conculcación alegada.

OTRAS CONSIDERACIONES INDICADAS EN EL RECURSO DE PROTECCIÓN.

De la lectura de la acción intentada se puede desprender además que los recurrentes hacen mención a que el transcurso del tiempo a producido el decaimiento del acto administrativo y la prescripción de la acción disciplinaria, y que de igual manera que se presentó para conocimiento y resolución de la Máxima Autoridad Institucional un escrito en el cual se solicitó la prescripción de la responsabilidad administrativa y/o en subsidio se declare el decaimiento del procedimiento administrativo.

A.- En relación a la perdida de eñcacia jurídica por aplicación de la figura del decaimiento del acto administrativo, hay que señalar que esto debe ser descartado, ya que no es posible dejar sin efecto un acto administrativo y un procedimiento administrativo, invocando causales que no se encuentran previstas en la legislación aplicable, ya que de serlo tendría el carácter de una sanción y al serlo, en virtud del principio de legalidad debe estar señalada expresa y previamente en el ordenamiento jurídico.

Por otra parte hay que señalar que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha sostenido reiteradamente que, salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos, que la ley establece para las actuaciones de la Administración, no son fatales, toda vez que ellos tienen por finalidad principal el logro de un buen orden administrativo para dar cumplimiento a las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, no afectándoles por ende la figura del decaimiento. (Aplica dictámenes N°s. 36.246, de 2009; 61.059, de 2011; 20.306, de 2012; 74.086 de 2012; y 21.876 de 2015, entre otros).

La Excelentísima Corte Suprema ha señalado en el ROL N° 7554-2015 "QUINTO: Que resulta conveniente recordar que el decaimiento se ha definido como la extinción de un acto administrativo, provocada por circunstancias sobrevinientes de hecho o de derecho, que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo.

"Para que sea posible la figura del decaimiento como extinción del acto administrativo o sus efectos es necesario que se den los siguientes presupuestos:

(a) Que exista un acto administrativo, esencialmente terminal, pues lo que trata de resolver el decaimiento son los efectos que ocurren tras la dictación de un acto que está produciendo sus efectos ininterrumpidos o permanentes;

(b) Que concurra una circunstancia sobreviniente, que puede ser de tres tipos: (i) de carácter fáctico, que afecta la existencia del supuesto de hecho que habilita para la dictación del acto; (ii) que afecte el objeto sobre el cuál produce sus efectos el acto administrativo; (iii) de carácter jurídico, es decir, una alteración sobrevenida a la regulación de los efectos del acto, sea que lo derogue o que lo modifique sustantivamente.

Así las cosas, se estima que la figura del decaimiento no tiene aplicación en el caso concreto, no solo por lo resuelto por los sendos pronunciamientos de la Contraloría General de la República, sino que también porque la medida administrativa adoptada mediante las Resoluciones Exentas Nros. 102 de fecha 07.12.2018 y 552 de fecha 12.03.2018, ambas de la Dirección General de Carabineros, es de carácter condicional (Artículo 127 N° 4 inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos N° 8), sujetas al resultado final del sumario administrativo, de manera que no estamos frente a actos administrativos esencialmente terminales. Tampoco se puede considerar que haya concurrido una circunstancia fáctica que efecto las circunstancias y motivaciones que se tuvo a la vista para aplicar la medida administrativa, y por último la facultad del Mando para aplicar dicha medida administrativa no ha sido derogada o tampoco a caído en desuso, no pudiendo por ende considerar que ha concurrido alguna situación de carácter jurídica que altere los efectos de las resoluciones exentas que fueron dictadas.

En definitiva, los antecedentes del sumario administrativo que actualmente se instruye permiten concluir que el contenido del acto administrativo no se ha tornado inútil o abiertamente ilegítimo.

Por otro lado, en relación a una eventual prescripción, cabe hacer presente que el artículo 36 bis -vigente al momento de ocurridos los hechos que motivaron la medida administrativa- (actual 84 ter), en su inciso tercero, disponía que, "con todo, la acción disciplinaria contra el personal prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. No obstante, si hubiere hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penaf, vale decir, cinco, diez o quince años, según corresponda, esto último conforme lo dispone el artículo 94 del Código Penal.

En el mismo contexto, el artículo 96 del Código Penal dispone que la prescripción de la acción penal se suspenda desde que el procedimiento se dirige en contra del imputado. Al respecto la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 65.855 de 2012 concluye sostuvo que la prescripción de la acción penal se suspende por cualquiera de los medios que menciona el Artículo 172 del Código Procesal Penal, es decir no solo por la formalización de la investigación, sino también por denuncia o querella, aclarando además que dicha suspensión únicamente surte efectos, en lo relativo a la responsabilidad disciplinaria, hasta el momento en que se encuentre ejecutoriada la sentencia criminal, data a partir de la cual continuará corriendo el aludido plazo. En sentido similar se pronuncia el Órgano de Control en el Dictamen N° 26.763, de 1999.

B.- En cuanto al escrito presentado por el Ex Cabo 1ro. nombre reservado (uno de los recurrentes de autos), para conocimiento y resolución del Sr. General Director de Carabineros, mediante el cual solicita la prescripción de la responsabilidad administrativa y/o en subsidio se declare el decaimiento del procedimiento administrativo, es dable informar que estas son materias que serán resueltas por la Máxima Autoridad Institucional al momento de evacuar el Dictamen, oportunidad en la cual se ponderaran dichos requerimientos, así como también la totalidad de las alegaciones que se sostengan a propósito de la formulación de cargos que se plantean en la vista fiscal y ampliaciones, no solo respecto de éste solicitante, sino que también respecto de los otros recurrentes de autos.

Todo lo anterior, se plantea en virtud de lo establecido en el Artículos 86 inciso segundo y 87 del Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15, en armonía con lo indicado en los Artículos 8, 9 inciso segundo, 10 y 41 de la Ley 18.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

CONCLUSIÓN.

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que no existen antecedentes argumentos ni elementos de juicio, que permitan acreditar, sustentar y admitir el presente recurso de protección, por lo que se considera pertinente solicitar al Iltmo. Tribunal de Alzada, tener por informado el recurso de protección y, en definitiva, rechazarlo, en atención a que, en los hechos descritos, Carabineros de Chile no ha vulnerado derecho.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, por medio del presente recurso se alega vulneración a las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, N°2, 3 inc. 5° y 24, de la Constitución Política de la República, es decir, el derecho a la igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a la propiedad. Lo anterior, debido al sumario administrativo iniciado respecto de los recurrentes por la Dirección General de Carabineros de Chile a través de la Orden de Sumario Nro. 10.560/2018/1 de enero de 2018 y en el cual, mediante Resolución Exenta Nro. 102, de fecha 7 de marzo de 2018 y Resolución Exenta Nro. 552, de fecha 12 de diciembre de 2018, se dispuso respecto de todos los recurrentes la medida administrativa de carácter condicional, denominada baja por conducta mala, con efectos inmediatos.

Alegan los recurrentes el decaimiento del procedimiento administrativo y la prescripción de la acción sancionatoria atendida la excesiva dilación por más de seis años del sumario administrativo sin que se les hayan formulado cargos.

TERCERO: Que, se desprende del recurso que la recurrente estima vulneradas las garantías constitucionales señaladas precedentemente por la circunstancia de existir deficiencias en la tramitación del sumario administrativo incoado en su contra, el que no está concluido a la fecha, alegando que se ha producido la prescripción de la acción disciplinaria o el eventual decaimiento del procedimiento disciplinario.

QUINTO: Que, la Ley N° 21.041 -publicada en el diario oficial el 31 de octubre de 2017-, incorporó el artículo 36 bis a la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, cuyo inciso tercero previene que “la acción disciplinaria contra el personal prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. No obstante, si hubiere hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal”. Luego, su inciso quinto prescribe que “Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de prescripción como si no se hubiese suspendido”.

SEXTO: Que, este contexto, cabe señalar no procede recurrir a la prescripción de cuatro años, cuando existen hechos constitutivos de delito, pues en ese caso la acción disciplinaria prescribe conjuntamente con la acción penal, tal como ocurre en la especie, en que las actuaciones del inculpado habrían dado origen una investigación penal en contra de los recurrentes y otros, por los eventuales delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, asociación ilícita, la que actualmente se encuentra en etapa de preparación de juicio oral, pero suspendida su realización a propósito de un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional (Rol N° 14.643-23 INA) por uno de los acusados, el que actualmente se encuentra en estado de sentencia, según resolución de fecha 12 de Abril de 2024. A ello se debe agregar que para configurar la prescripción en estudio no se exige que el servidor de que se trate aparezca como autor del delito, sino que basta con que los hechos en que se vio involucrado y originaron el sumario, sean constitutivos de delito, ya que serán los tribunales de justicia los que determinen las responsabilidades de cada partícipe.

SEPTIMO: Consecuente con lo anterior, y con independencia de las eventuales interrupciones y suspensiones que pudieran darse en el caso en análisis, es menester colegir que el plazo de prescripción de la acción disciplinaria se encuentra vigente, sin perjuicio de los efectos que puede conllevar en la prescripción de la responsabilidad administrativa el concluirse en el procedimiento penal en la eventual absolución o sobreseimiento definitivo de los recurrentes, y que en tal evento se volvería al plazo común.

OCTAVO: Que, en cuanto al eventual decaimiento del procedimiento disciplinario cabe consignar que la Excma. Corte Suprema, obviando la imposibilidad de poder aplicar la sanción de la caducidad del procedimiento, por la inacción de la administración, ha generado una salida intermedia por la vía de hablar del decaimiento del procedimiento, figura que originalmente pensada para el acto en sí mismo, antes que del procedimiento.” En términos simples las decisiones de la Corte afirman que la circunstancia de que un organismo administrativo que instruya un procedimiento administrativo sancionador demore la comunicación del acto que implica un agravio (como la formulación de los cargos, la notificación de los mismos, así como la resolución de la sanción administrativa, incluida la resolución del recurso), más allá de los plazos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo para la invalidación (dos años), pero inferiores al plazo de prescripción de las infracciones, deben ser dejados sin efecto pues, al dilatar demasiado tiempo tales comunicaciones se afectan los derechos de los infractores por ausencia de certeza, la sanción pierde su objetivo de eficacia (disuadir adecuadamente al infractor) y finalmente transforma a ésta en inútil.” ( nombre reservado: Decaimiento del Procedimiento Sancionador El Mercurio Legal 12 de mayo de 201).

NOVENO: Que, la Excma Corte Suprema fue complementado el diseño de esta figura incorporado otros requisitos: Así ha señalado que lo que justifica la figura del decaimiento no es cualquier “demora excesiva”, sino solo aquella que resulta “injustificada”, de manera que si la detención del procedimiento sancionador “no corresponde a desidia de parte del organismo público ni a la existencia de una injustificada inactividad, no se configura la hipótesis del decaimiento” (SCS 10.11.2015, rol 7511-2015, 21 de julio de 2016, Rol N°10655-2015 y de 3 de agosto de 2017, Rol N° 38340-2016).

DECIMO: Que, en los últimos años, en particular a partir de la Causa Rol N° 127415-2020 la jurisprudencia cambió respecto del plazo máximo que se debe cumplir para configurar el denominado decaimiento del procedimiento administrativo, pasando de un plazo de 2 años (artículo 53 de la Ley N° 19.880) a un plazo de 6 meses (artículo 27 de al Ley 19.880), lo que determina que, si ha transcurrido el plazo legal de seis meses para la sustanciación de un procedimiento administrativo , se verifica la “imposibilidad material” respecto a su continuación y, por ende, éste se torna ineficaz, debiendo ser finalizado en los términos del artículo 40 de la Ley N°19.880, mediante una resolución fundada. Esta idea es reiterada en sentencia de 06 de Septiembre de 2023 ( Rol Nº 152.161-2022), la que incluso indica que la Excma. Corte Suprema ha abandonado la figura del decaimiento, entendiendo, en su lugar, que en los procedimientos administrativos puede darse una imposibilidad material de continuación del mismo. Para tales efectos, se ha dicho que no cualquier dilación en la dictación del respectivo acto administrativo conlleva la pérdida de eficacia del procedimiento, sino sólo aquella que es excesiva e injustificada. En esta línea de pensamiento, el artículo 27 de la Ley N° 19.880, dispone: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.” Con todo se ha agregado, que aun cuando el término del artículo 27 ya citado se aplica con matices a la Administración “por cuanto no basta para la ineficacia del procedimiento su sólo transcurso, sino también un análisis adicional de razonabilidad o justificación del exceso”, ello no puede significar que el administrado quede entregado al arbitrio del órgano en cuanto a la duración del proceso. Dicho de otro modo, el cumplimiento del señalado término de seis meses, si bien no será suficiente por sí sólo para determinar una pérdida de eficacia del procedimiento, marca un hito a partir del cual podrá examinarse la razonabilidad y justificación de su extensión temporal, a la luz de los principios que deben regir la actuación administrativa, obligatorios para la Administración y que, además, tienen expresa consagración legislativa, según ya se expuso. (Rol CS N° 152.160-2022 a vía ejemplar).

UNDECIMO: Que, la recurrida ha justificado la demora en la tramitación del procedimiento disciplinario iniciado por la Orden N° 10560 de 09 de Mayo de 2018 en contra de los recurrentes, y en el cual a la fecha aún no se formulan cargos, en el objetivo de garantizar el principio del debido proceso, por medio de subsanar las deficiencias que se han producido y que han sido representadas en las respectivas instancias de revisión por los estamentos encargos de ello, agregando que durante el mes de Abril del presente año, la totalidad de los inculpados fueron notificados por carta certificada respecto del cambio del Fiscal Administrativo que sustancia el sumario administrativo.

DUODECIMO: Que, sin perjuicio de indicar que no se aprecia que se haya justificado debidamente por la recurrida la racionalidad en la demora producida en la tramitación del procedimiento disciplinario de autos, cabe consignar que la Ley N° 19.880, a fin de evitar la indefensión de los administrados ante una eventual demora injustificada en el pronunciamiento de la autoridad, establece un mecanismo especial para hacer efectivo el principio de celeridad que contempla, el cual no es otro que el llamado silencio administrativo, en su dos modalidades: positivo y negativo. En el presente caso estando ante un procedimiento iniciado de oficio por la administración procede el silencio negativo, caso en el cual el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 19.880 dispone que el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro de plazo legal, en cuyo caso el certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan. Así, solo tras la certificación del transcurso del plazo y el requerimiento de hacer valer el silencio administrativo los tribunales podrán apreciar la legalidad o arbitrariedad del acto administrativo que sea consecuencia de haber ejercido la vía que la ley ha dispuesto para que el administrado haga realidad el principio de celeridad, lo que en la especie no fue hecho valer por los recurrentes, lo que hace improcedente el recurso de autos.

DECIMO TERCERO: Que en cuanto a la medida administrativa de carácter condicional, denominada baja por conducta mala, con efectos inmediatos, cabe señalar que el inciso quinto del artículo 127 N°4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N° 8 dispone que “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por "conducta mala", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.”

De esta forma, existiendo normativa que faculta la adopción de dicha medida, necesariamente debe concluirse que su aplicación, no puede calificarse de ilegal o arbitraria.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado .

Regístrese y, oportunamente, archívese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-3320-2024.(jog)