nombre reservado con CLUB AEREO

C.A. de Temuco Temuco, quince de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 04 de agosto del año 2022, comparece don Luis Mencarini Neumann, abogado, domiciliado en esta ciudad de Temuco, domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, empresario, domiciliado en el Aeropuerto de La Araucanía, y para estos efectos en la oficina del compareciente, en contra del CLUB AEREO DE LAUTARO, Corporación Deportiva, Personalidad Jurídica N°14.817 de 07 de octubre de 1943, representada por su Presidente Sr. nombre reservado, y por su Directorio, integrado por el Secretario Javier Hauri Jerez; por el Tesorero nombre reservado; por los Directores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos con domicilio en el Aeropuerto La Araucanía, por el acto arbitrario e ilegal en que han incurrido, al decidir, en reunión privada de Directorio y en votación secreta, la expulsión del recurrente nombre reservado de la Corporación, privándole de su calidad de socio, en sesión de Directorio de fecha 09 de junio del año 2022, la que fue notificada al recurrente con fecha 05 de julio de 2022 por medio de nombre reservado, Receptora Judicial, solicitando dejarla sin efecto, y se restablezca al recurrente en su calidad de socio de la institución referida, con todos los derechos y obligaciones que tal calidad le otorga e impone, condenando al recurrido al pago de las costas del recurso.

Manifiesta que don nombre reservado ingresa al Club Aéreo de Lautaro en el año 1985 como socio activo, cuando este se encontraba emplazado en la ciudad de Lautaro, en el Aeródromo General Tobarías. Durante 10 años se desempeña como encargado de materiales y de base aérea, dando cuenta de las gestiones realizadas. Luego, en el año 1995 es elegido presidente del Club, cargo en el que fue reelegido reiteradamente hasta julio del año 2021, cuando es relevado de su cargo y objeto de una medida disciplinaria de suspensión de sus derechos por el plazo de 1 año, a contar del 14 de julio del año 2021, haciendo presente lo avanzado, agregando que se realizaron gestiones ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien autoriza el uso de un sector ubicado en el Aeródromo de Maquehue, en Padre Las Casas, para el uso e instalación del Club Aéreo de Lautaro, y luego, en el año 2014 se logra obtener una autorización que permitió su instalación en el nuevo Aeropuerto La Araucanía, comuna de Padre Las Casas, en el sector Quepe, que es donde se realizan las operaciones aéreas comerciales de la ciudad de Temuco, agregando que el Club no tiene deudas y su situación económica se encuentra ordenada y con reservas disponibles.

Señala que en el año 2021 se produjo una situación irregular, en el sentido de aceptar la incorporación al Club de don nombre reservado, ex Oficial de la FACH, actualmente en retiro, con la intención que cumpliera las funciones de Instructor Evaluador (IE), cuya función corresponde a la de un examinador de los nuevos pilotos en formación, afirmando que en este proceso no se siguieron los protocolos reglamentarios para reconocerle tal calidad, y, por lo tanto, no podía presentarse como socio a la Dirección de Aeronáutica, reconociendo que se transgredieron las normas, excediendo las facultades que su condición de presidente del Club le conferían. Todo este proceso fue anulado, se reconocieron los errores, se hicieron las presentaciones a la Dirección General de Aeronáutica, el Club fue eximido de toda clase de responsabilidad y el Sr. nombre reservado dejó de ser socio del Club. No hubo consecuencias perjudiciales para el Club, ni sanciones administrativas o pecuniarias que hubieren afectado a la institución. Esta situación generada por el presidente, motivó que el Club desarrollara un proceso de averiguaciones al respecto, allí se reconocieron los errores, y esto terminó con una decisión sancionatoria, adoptada en una Asamblea Extraordinaria de Socios realizada con fecha 14 de julio de 2021, en la que se tomó el acuerdo de revocar su designación como Presidente del Club, y a la vez, aplicar una medida de suspensión de sus derechos de socio por el período de un año, a contar del 14 de julio de 2021.

Manifiesta que durante el período en que el recurrente estaba suspendido de sus derechos de socio, y habiendo dejado la presidencia por disposición de la asamblea general extraordinaria, se le solicita, con fecha 18 de mayo de 2022, por el secretario del Directorio don Javier Hauri Jerez, la entrega de documentos, que corresponderían a los Libros de Actas de la institución, correspondientes a fecha anterior al año 2006, los que, según se indica en la nota enviada, estarían en su poder. Esta afirmación de encontrarse en poder del recurrente los mentados documentos habría sido señalado por el ex-secretario del Club, don Guillermo Olhagaray, quien, al igual que el presidente, fue relevado de su cargo y sancionado con un año de suspensión de sus derechos de socio por las mismas causas y en la misma oportunidad y asamblea extraordinaria que el presidente, según ya se explicó. Luego, le solicitan, además, remitir cartolas y documentación del Banco BCI, que recibió del banco, correspondientes al año 2021 y 2022. Para dar cumplimiento a esta petición se le otorga un plazo de 10 días. No obstante encontrarse en condición de socio suspendido en sus derechos, y de no detentar la condición de presidente, se le requiere para la entrega de documentación del Club, sin explicar la causa o motivo por el que dicha documentación debería estar en su poder, ni de donde emana la obligación de mantenerlos en su poder, o de custodiarlos, o de asumir una responsabilidad en su mantenimiento o cuidado que difiera de las obligaciones de la actual directiva del Club, y la de todos los socios que lo integran. Refiere que es curioso que el secretario del Directorio, responsable según estatutos y reglamentos del Club de esa clase de registros y obligado a su custodia, requiera al expresidente, y además suspendido en sus derechos de socio, le haga entrega de documentos que deberían estar en poder del propio solicitante. Pues bien, con fecha 31 de mayo de 2022 se le envía oficio en que se informa que, por no haber dado cumplimiento a la entrega de los documentos solicitados, se ha informado y oficiado a la Comisión de Disciplina sobre esto, para que inicie el sumario respectivo. Esta solicitud enviada a la Comisión de Disciplina considera, además, la investigación de las faltas reglamentarias que proceden sobre la recepción y eventual distribución de información bancaria reservada del Club, teniendo en cuenta que se encuentra suspendido de sus derechos de socio y relevado de su cargo de presidente. Sobre la investigación realizada por la Comisión de Disciplina no existe registro alguno, ni los antecedentes que se reunieron en la investigación, y, por supuesto, nada de ello fue informado o puesto en conocimiento del investigado. El único trámite conocido es una comunicación que don nombre reservado, quien lo hace como titular de la Comisión de Disciplina, sin decir si es el presidente o alguno de sus miembros que la integran, en la que le solicitan una declaración escrita en la que señale el destino actual de las Actas de Club, o sobre su conocimiento de quien las resguarda, pudiendo adjuntar medios de prueba sobre la existencia, tenencia o pérdida de dichos registros históricos. Solicita la entrega física de todos los documentos del Banco que mantenga, porque la entrega solicitada por el Directorio no se cumplió en los plazos solicitados. Afirma que con fecha 03 de junio de 2022 el recurrente dio respuesta a lo solicitado, señalando no tener éstos al no ser responsable.

Afirma que el resultado de esta investigación es lo que constituye el acto ilegal y arbitrario señalado al inicio, que concluye con la expulsión del recurrente del Club Aéreo de Lautaro, estimando que se trata de actos reiterados, falta de celo e interés en el cuidado de los registros históricos de la institución. No se considera ninguna descripción de los “antecedentes y pruebas que se tienen a la vista”, de las diligencias de investigación realizadas, ni el análisis de los hechos que son calificados censurables y reiterados, ni de donde desprenden y en que sustentan la falta de celo e interés en el cuidado de los registros históricos de la institución. Añade que se trata de un proceso sancionatorio llevado internamente entre los integrantes del Directorio, en que han adoptado, en votación dividida, el acuerdo de aplicar al recurrente la máxima sanción, sin que se le haya otorgado el derecho a un justo proceso, a conocer los cargos y el modo en que ellos le son imputables, los fundamentos jurídicos de calificar como censurables tales actos, el derecho de impugnarlos, y una ausencia absoluta de motivación de la decisión sancionatoria, que se limita a calificar de actos censurables reiterados, una incertidumbre.

Estima que los hechos infringen derechos fundamentales. El artículo 19 N°2, que defiende el derecho de igualdad ante la ley, puesto que se ha constatado como en este caso el recurrente ha sido tratado en su condición de integrante del Club Aéreo de Lautaro, de una manera arbitraria, tanto en cuanto a la materia a que se refiere el cuestionamiento, como al procedimiento seguido en la investigación, y en la adopción de la decisión tomada, manteniéndose ocultos el nombre de aquellos directores (jueces), que han concurrido a sancionarlo, lo que no corresponde a un proceso legal previo, desarrollado con respeto a las garantías fundamentales. Sobre el aspecto en que se funda el decreto de expulsión el recurrente ha tenido un trato discriminatorio, puesto que se ha puesto sobre sus hombros una serie de obligaciones que no le corresponden, que pesan sobre todos los socios del Club, sobre los que integran el Directorio en su totalidad, y de quienes detentan los cargos específicos relacionados con la materia que motivó la expulsión, señalando que en el Estatuto y Reglamento del Club se determinan las labores de los demás que componen la institución, desde los socios normales, sin cargos de representación, hasta quienes integran el Directorio. Así, el responsable de los documentos será el Secretario, el responsable del control de las finanzas, del archivo de los papeles y cuentas relacionadas, de los giros y depósitos, del pago de cuentas, etc, será del Tesorero. Hasta el ex – vicepresidente Sr. nombre reservado, que subscribe el decreto de expulsión, tiene determinadas obligaciones relacionadas con las exigencias de documentación formuladas al recurrente. Agrega que se vulnera también el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que el recurrente tiene un derecho de propiedad sobre su condición de socio. De acuerdo con los Estatutos del Club Aéreo de Lautaro, en su artículo 7°, que se refiere a los socios que no cumplan los acuerdos del Directorio, los de la Asamblea General o que cometan actos censurables, serán suspendidos de la forma que crea conveniente el Directorio e inmediatamente separados de la institución, siendo necesarios los votos de la mayoría de los directores citados a una reunión convocada al efecto. En el caso, no basta con citar la norma de los Estatutos, es necesario que se describan, que se acrediten y se expongan los antecedentes que han llevado a la decisión de calificar de actos censurables aquellos atribuidos al socio. Luego, si se examina el Reglamento General, se puede encontrar en su artículo 10 que constituyen las obligaciones de los socios, y se puede advertir que incumplir obligaciones expresamente establecidas respecto de los socios, no producen su expulsión en caso de incumplimiento, por lo que no parece razonable dejar entregado esto a una simple calificación de ser un acto censurable. Estima también que se infringe la garantía constitucional de los N°1 y 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, puesto que después de los largos años de entrega, de más de tres décadas de ser presidente de la institución, de contribuir a llevar el Club Aéreo de Lautaro a su situación actual, se vea expuesto a una expulsión denigrante, ofensiva a su honor y dignidad, que afecta su integridad psíquica, sin que haya justificación suficiente, sin proporcionalidad, sin fundamento y motivación que lo explique.

Por todo lo anterior, solicita tener por deducida la presente acción de protección en favor de don nombre reservado, y en contra del CLUB AEREO DE LAUTARO, Corporación Deportiva, Personalidad Jurídica N°14.817 de 07 de octubre de 1943, representada por su Presidente Sr. nombre reservado, y de su Directorio integrado por el Secretario Javier Hauri Jerez; el Tesorero nombre reservado; por los Directores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos ya individualizados, por el acto arbitrario e ilegal en que han incurrido, al decidir, en reunión privada de Directorio, y en votación secreta, la expulsión del recurrente nombre reservado de la Corporación, privándole de su calidad de socio, con el objeto que previo informe de los recurridos, y la remisión de los antecedentes tenidos en cuenta para justificar el acto dispuesto que se solicitarán, o sin ellos según el caso, ponga pronto remedio al mal que lo motiva, adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, deje sin efecto la resolución de expulsión emitida por el Directorio, y se restablezca al recurrente en su calidad de socio de la institución referida, con todos los derechos y obligaciones que tal calidad le otorga e impone, sin perjuicio de las demás medidas que se estime corresponder, condenando a los recurridos al pago de las costas del recurso.

A folio 6, con fecha 18 de agosto del año 2022, comparece don Christian Felipe Barrera Perret, abogado, en representación convencional de CLUB AEREO DE LAUTARO, persona jurídica sin fines de lucro, nombre reservado° 70.701.200-5, con domicilio en domicilio reservado, solicitando que el recurso sea rechazado el recurso, con costas.

Manifiesta que desde el año 1995 hasta el 14 de Julio de 2021 el recurrente fue Presidente del Directorio de la recurrida, al que se le decidió revocar su cargo de Presidente por Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 14 de Julio de 2021. Con fecha 14 de Mayo de 2022 el Sr. Guillermo Olhagaray Cisterna (ex Secretario del Directorio) hizo entrega de toda la documentación física que mantenía en su poder al Secretario del Directorio don nombre reservado y al Director don nombre reservado, “exceptuando los libros de actas que obran en poder del ex presidente Sr. nombre reservado”. De lo anterior, señala que se dejó constancia en documento de dicha fecha, suscrito por los referidos Secretario, Director y ex Secretario. Por comunicación de fecha 17 de Mayo del 2022 el Directorio de la recurrida, solicitó al recurrente la entrega física de documentación del Club, que indica, otorgando un plazo de 10 días para hacerlo. Agrega que por comunicación de fecha 25 de Mayo de 2022 el Presidente del Directorio solicitó a la ejecutiva del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) el cambio de correo electrónico para el envío de información del Banco, refiriendo que por oficio de fecha 30 de Mayo de 2022 el Directorio de la recurrida, a través de sus representantes legales (Presidente y Secretario), derivó a la Comisión de Disciplina de la misma, los antecedentes constitutivos de infracción a los Estatutos y Reglamentos del Club por parte del recurrente, para que investigase los hechos y se pronunciara sobre la medida disciplinaria aplicable en caso de corresponder. Por comunicación de fecha 30 de Mayo del 2022 el Directorio de la recurrida, a través de sus representantes legales (Presidente y Secretario), informó al recurrente el oficio a la comisión de disciplina sobre el particular para que se pronuncie inicie el sumario respectivo, respondiendo el 31 de Mayo de 2022 el recurrente, fuera de plazo, agregando que por comunicación de fecha 02 de Junio de 2022 el Titular de la Comisión de Disciplina del Club don nombre reservado, le informa sobre el inicio de la investigación y le otorga un plazo para contestar. Manifiesta que por comunicación de fecha 03 de Junio de 2022, dirigida al Jefe de la Comisión de Disciplina, el recurrente respondió a la comunicación. Que don nombre reservado, Director del Club, y don nombre reservado, Vice-Presidente del Directorio del Club, prestaron declaración por escrito, concluyendo que con fecha 7 de Junio de 2022 la Comisión de Disciplina de la recurrida emite su informe al Directorio del Club, la que transcribe, afirmando que de lo apreciado, razonado y concluido por la Comisión de Disciplina de la recurrente, en su informe referido precedentemente, con fecha 9 de Junio de 2022, en sesión extraordinaria especialmente convocada para tratar el referido informe, se reunió el Directorio del Club y determinó la “Expulsión” del Sr. nombre reservado de la institución denominada Club Aéreo Lautaro, siendo ello notificado por cédula.

En cuanto al derecho, refiere que el actor funda principalmente sus alegaciones al hecho de que el proceso se desarrolló sin respeto a las garantías fundamentales, excusándose del cumplimiento de sus obligaciones generales de Director del Club y específicas de Presidente del Directorio de resguardar, mantener, custodiar y rendir cuenta en su debido momento, por no estar expresamente mandatado a ello, sin perjuicio de haber sido hasta el 14 de Julio de 2021 miembro del Directorio y Presidente del mismo. Así, respecto de sus obligaciones generales de Director, conforme a lo establecido en el art. 6 de los Estatutos del Club, es obligación del directorio “dirigir, administrar y vigilar la marcha del Club” y “j) Al término de su mandato, como anualmente, hará la Memoria de su administración que deberá contener: 1° Un resumen de la labor del Directorio; 2° Balance de Tesorería; 3° Nombre y número de socios que hayan ingresado, fallecido, renunciado o expulsados; 4° Un extracto de la labor de las Comisiones de trabajo que se hayan nombrado durante el año, y 5° Una exposición de las donaciones y demás hechos de importancia, compraventa, etc., ocurridos durante el año”. Y, respecto de sus obligaciones específicas de Presidente del Directorio, conforme a lo establecido en el art. 9 letra a) de los Estatutos del Club, el Presidente del Directorio “tendrá la representación legal” y por ende todos los derechos, deberes y obligaciones que impone dicho cargo, especialmente la de rendir cuenta, debiendo para aquello resguardar, mantener y custodiar todos los antecedentes y documentos del Club o al menos supervigilar dicha actividad, como todo mandatario. Respecto del proceso y la sanción impuesta, conforme a lo expresado, se llevó con apego a los Estatutos y Reglamento vigentes del Club y, por ende, a las garantías constitucionales del debido proceso y la sanción se dictó respetando la garantía de igualdad ante la ley, ya que, conforme a lo relatado, se solicitó al recurrente la entrega de documentos e información del Club en su poder o que al menos debía de estarlo, se le estableció un plazo para hacerlo, al no cumplirse con dicho requerimiento, se solicitó a un órgano distinto del Directorio (el Comité de Disciplina) que iniciara la respectiva investigación, la cual fue comunicada al recurrente, el cual, dentro del plazo otorgado, hizo sus descargos que son del todo inverosímiles, ya que respecto de la referida documentación bancaria solicitada, el 31 de Mayo de 2022, el recurrente expresó que no recibió ningún tipo de documento y/o cartola, pero con fecha 03 de Junio de 2022 cambió su declaración y expresó que durante el tiempo que se ausentó el tesorero se vio en la obligación de imprimir cartolas, y respecto de las referidas actas solicitadas, el 31 de Mayo y 03 de Junio de 2022, expresó que se encontraban en el Club o en poder del ex Secretario don Guillermo Olhagaray Cisterna, y que junto con don nombre reservado se preocupó de ordenar la documentación, siendo que con fecha 14 de Mayo de 2022 el referido ex Secretario don Guillermo Olhagaray Cisterna expresó que las referidas actas se encontraban en poder del recurrente, acto que fue asistido por don nombre reservado, el que no hizo objeción alguna; se reunió la prueba, incluso con testimonios de terceros, se analizó y se emitió el respectivo informe, el cual fue concluyente: “es efectivo que el Sr. nombre reservado estuvo recibiendo información de la cuenta corriente del Banco BCI hasta abril 2022. Se debe agregar al respecto que si bien estaba registrada su autorización en el Banco para el envío de esta información, el Sr. nombre reservado debió informar al Club y/o al Banco BCI sobre el tema, mas aún si se encontraba sometido a medidas disciplinarias y a la revocación de cargo por determinación de la Asamblea” y “No es posible determinar el destino de las Actas anteriores al 2006, sin embargo la responsabilidad del extravío recae sobre el Representante Legal de la Corporación Sr. nombre reservado, quién no hizo entrega física de la documentación correspondiente al período 1986 a Mayo 2021.- En cuanto al incidente declarado por el Director nombre reservado y confirmado por el Sr. nombre reservado, existe claramente una intención de obtención del libro de actas para fines desconocidos por parte del Sr. nombre reservado”. Por último, con fecha 9 de Junio de 2022 en sesión extraordinaria especialmente convocada al efecto, el Directorio del Club ponderando todos los antecedentes, inclusive la agravante de ya haber sido sancionado el recurrente con revocación del cargo de Presidente y suspensión de su calidad de socio, en votación secreta, tal como lo establece el Estatuto del Club, por 5 votos a favor y 1 en blanco, conforme a los arts. 8 de los Estatutos del Club y 26 de su Reglamento, determinó su expulsión, lo cual le fue debidamente notificado por receptora judicial. Conforme a lo anterior, la recurrida no ha cometido jamás acto arbitrario ni ilegal alguno que haya vulnerado las garantías constitucionales reclamadas por el recurrente, al contrario, siempre las ha respetado a cabalidad.

Sin perjuicio de lo anterior, señala que el recurrente acompañó un reglamento del Club que no es el vigente, toda vez que tal como lo dispone el Reglamento vigente que acompaña esta parte, en su art. 27 letra d) establece que “toda reforma a este Reglamento, deberá ser tratada en Asamblea General Extraordinaria citada para tal efecto, y con el voto de la mayoría absoluta de los presentes”, y en el reglamento acompañado por el recurrente, no habiendo cumplido éste las solemnidades pertinentes para derogar el vigente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil o arbitrario o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

TERCERO: Que, en estos autos ha comparecido don Luis Mencarini Neumann, abogado, en favor de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del CLUB AEREO DE LAUTARO, fundado en la decisión de la recurrida de adoptar la medida del expulsión del actor, privándolo de su calidad de socio, la que califica como ilegal o arbitraria, razón por lo que en virtud de la afectación de sus derechos fundamentales, ha solicitado se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto la resolución de expulsión emitida por el Directorio, y se restablezca al recurrente en su calidad de socio de la institución referida, con todos los derechos y obligaciones que tal calidad le otorga e impone, sin perjuicio de las demás medidas que se estime corresponder, condenando a los recurridos al pago de las costas del recurso.

CUARTO: Que para resolver la presente causa, es relevante tener presente que no es un hecho indubitado que el recurrente nombre reservado, es socio de Club Aéreo de Lautaro desde el año 1985, desempeñándose en calidad de Presidente del Club desde el año 1995 hasta el 14 de julio del año 2021, fecha en que le fue revocada dicha calidad, al imponérsele una sanción de suspensión por el plazo de un año.

QUINTO: Que asimismo, también es un hecho cierto que por resolución de fecha 30 de mayo del año 2022, el Club Aéreo de Lautaro dispuso una instrucción sumaria en contra del recurrente, fundado en que con fecha 17 de mayo de mayo del año 2022 se ofició al Sr. nombre reservado carta de solicitud de entrega de documentos del Club anteriores al periodo 2006, otorgándole un plazo de 10 días que está vencido. Asimismo, se agregó que el Banco BCI, entidad donde mantiene cuenta bancaria el Club Aéreo ha mantenido envío de información reservada del Club al correo electrónico del Sr. nombre reservado, solicitando a la Comisión de Disciplina la respectiva investigación de los hechos y su pronunciamiento disciplinario si corresponde.

Asimismo, consta en autos informe de la Comisión Disciplinaria, de fecha 07 de junio del año 2022, donde se registran diligencias efectuadas, emitiendo pronunciamiento concluyendo que “no es posible determinar el destino de las Actas anteriores al 2006, sin embargo la responsabilidad del extravío recae sobre el Representante Legal de la Corporación Sr. nombre reservado, quien no hizo entrega física de la documentación correspondiente al periodo 1986 a mayo 2021. En cuanto al incidente declarado por el Director Sagáz y confirmado por el Sr. nombre reservado, existe claramente una intención de obtención del ibro de actas para fines desconocidos por parte del Sr. nombre reservado. Finalmente, no corresponde pronunciarme sobre las medidas adoptadas por la Asamblea General de Socios sobre la revocación de cargos y suspensión de los Sres nombre reservado en proceso de junio 2021”.

Por su parte, consta acta de sesión de directorio extraordinaria de 09 de junio de 2022, se da cuenta que “luego de la revisión, discusión y análisis de los antecedentes y pruebas que se tienen a la vista, el carácter se censurables reiterados, la falta de celo e interés en el cuidado de los registros históricos de la institución, el H. Directorio se pronuncia sobre la materia y lo somete a votación secreta, cuyo resultado es de 5 (cinco) votos a favor, 1 (uno) en blanco sobre la opción que considera conveniente que a contar de esta fecha, se materialice la “expulsión” del Sr. nombre reservado de la institución denominada Club Aéreo Lautaro”.

Finalmente, consta en autos que al recurrente le fue comunicada, con fecha 05 de julio del año 2022, la sanción de expulsión.

SEXTO: Que valga tener presente que el artículo 553 inciso 2 del Código Civil que "La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercer a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario".

De esta forma, no cabe dudas que por medio de la presente acción constitucional resulta procedente la revisión de la legalidad del procedimiento administrativo sancionador en cuanto sus formalidades, la razonabilidad de la actuación y proporcionalidad de la sanción impuesta, dentro de un marco de control judicial de las facultades disciplinarias asumida por el órgano investigador del Club Aéreo.

SÉPTIMO: Que nuestra Carta Fundamental establece una serie de disposiciones que, en su conjunto, configuran el principio-garantía del derecho a defensa jurídica, con relación precisamente a la garantía de igualdad ante la ley, a ser juzgado en un debido, justo y racional procedimiento, y lo hace en términos amplísimos, tanto sobre las materias en las que se aplica como en lo que en él se comprende, abarcando tanto el ámbito privado como el público , sin establecer ningún tipo de restricción en su aplicación. En cuanto a lo que este derecho comprende en nuestra Constitución, podemos indicar que no solo abarca la defensa en juicio, sino que también impone a los tribunales el deber de revisar aquellos casos en que, merced a la aplicación de un procedimiento disciplinario, los órganos encargados de su ejecución, sea en el orden administrativo, o aún entre particulares, en el ejercicio de su potestad, hayan respetado las normas de un justo y racional procedimiento.

OCTAVO: Que todo proceso infraccional requiere el desarrollo de diferentes etapas, comenzando por la orden de una autoridad competente de investigar determinados hechos, la designación de un encargado de ella, el desarrollo de diligencias e indagaciones para su establecimiento, quien deberá dejar constancia de lo ejecutado en tal sentido, mediante actas o constancias que conformarán un expediente en el que se contendrán los resultados obtenidos, emitiendo una conclusión. En el caso de ser procedente, deberá formular cargos y considerar el derecho a la defensa del investigado, y el conocimiento completo que este deberá tener del resultado de la investigación que justifica los cargos, teniendo siempre en cuenta el principio de inocencia que es inherente a toda persona. Ninguno de estos trámites, actuaciones, resoluciones y formación de carpeta que los contenga, fueron realizadas para investigar y sancionar, en un procedimiento disciplinario, al recurrente.

NOVENO: Que así, debiendo el procedimiento administrativo sancionador obrar conforme a las normas de un procedimiento racional y justo, precisamente los cargos que motivaron la expulsión, deben ser acreditadas a través de un proceso, en que se investiguen dichas imputaciones, se imputen cargos concretos y precisos, y se permita el derecho de defensa, reconocido en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República, cuestión que del mérito de lo obrado no se observan en absoluto en dicha decisión, informándose solamente por la recurrida la decisión de sancionar, pero no cómo se arribó a ésta, por lo que no cabe sino acoger el recurso de protección interpuesto, en virtud de afectarse la garantía fundamental establecida en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, al no seguir un procedimiento en igualdad de condiciones a la recurrente, como se hubiese seguido a cualquier miembro de la institución, lo que importa una vulneración de la legalidad vigente y que afecta derechos fundamentales de la recurrente.

Y vistos además lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Luis Mencarini Neumann en favor de don nombre reservado, sólo en cuanto se dispone que se deja sin efecto la decisión de expulsión adoptada por el Directorio del Club Aéreo de Lautaro, mediante el acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria de fecha 9 de junio de 2022, debiendo reestablecerlo a su condición de socio de dicha institución, con todos los derechos y obligaciones que tal calidad le confiere.

Redacción del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Protección-33184-2022.(fcv)