nombre reservado con FISCO DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, seis de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Sergio Bravo Zamora, abogado, en representación según de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, contador auditor y trabajadora dependiente, domiciliada en domicilio reservado, quien en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 y siguientes de la Constitución Política de la República, interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), persona jurídica de derecho público representada por don nombre reservado, desconoce profesión u oficio, con domicilio en domicilio reservado, fundado en las siguientes fundamentaciones:

Que en virtud de un acto arbitrario e ilegal consistente en una resolución que confirma el rechazo del pago de una licencia médica de su representada válidamente emitida por su médico tratante, se ha perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de sus derechos consagrados en el Artículo 19 numerales 1 y 24 de la Constitución Política de La República, derechos de los cuales la recurrente es titular y cautelados por la acción de protección.

PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN.

De conformidad al numeral 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, la presenta acción constitucional es interpuesta dentro del término legal, por cuanto el acto ilegal y arbitrario en contra del que se reclama fue notificado a su representada por correo electrónico con fecha 04 de Julio de 2022.

ACTO ARBITRARIO E ILEGAL RECURRIDO.

Se recurre en contra de la RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-88316-2022, de fecha 04 de Julio de 2022, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, en adelante SUSESO, que resolvió confirmar el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 12 de enero de 2022, Resolución Exenta que, en lo pertinente, concluye “el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. En efecto, la parte reclamante no presenta síntomas de gravedad, no requiere tratamiento farmacológico según informe aportado, no acredita psicoterapia, y cuenta con una escala de funcionalidad puntuada por su médico como compromiso funcional leve, que no justificaría prolongar su reposo”.

COMPETENCIA.

De acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, vuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones es competente para conocer de la presente acción constitucional de protección, habida consideración que los efectos del acto recurrido tienen lugar en su jurisdicción.

ANTECEDENTES DE HECHO.

Conforme a lo ya relacionado, la SUSESO rechazó la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 12 de enero de 2022, especificando como motivo del rechazo que “el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, NO SE ENCONTRABA JUSTIFICADO. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado”.

Necesario resulta señalar que a la licencia médica rechazada la preceden dos licencias de 30 días cada una. La primera de ellas corresponde a la N° RUT reservado por el período del 13/11/2021 al 12/12/2021 y, la segunda N° RUT reservado por el período del 13/12/2021 al 11/01/2022. El pago de ambas licencias médicas fue rechazado en primera instancia por la Isapre a la cual se encuentra afiliada su representada y luego de ejercer los recursos correspondientes la Compin Región de La Araucanía nombre reservado y SUSESO, respectivamente, autorizaron el pago de ambas licencias, declarando justificados los reposos prescritos por el médico psiquiatra tratante.

El médico psiquiatra tratante, doctor nombre reservado, ha emitido 3 informes bajo el nombre de resumen de entrevista psiquiátrica en los que señala como diagnóstico “Episodio Depresivo Moderado, Trastorno Ansioso Severo y Burn Out. Suscitados, entre otros, en relación con dificultades en el relevo en el cuidado de su bebé de 8 meses. Señala además que, se deben sumar, síntomas reactivos de ansiedad, angustia con correlato anímico intenso, debiendo incluso postergar el recurrir a 1era farmacológica actualmente (Se plantea uso futuro de ISRS, por etapa de LME actualmente). Presenta serias dificultades en la incorporación de alimentación alternativa. Comenta que la ansiedad y angustia era de aparición súbita, en especial ante temor de contagio y por no contar con red de apoyo.

Así las cosas, sostiene que la decisión de rechazo carece de fundamento al limitarse a indicar únicamente que el reposo no se encuentra justificado.

En efecto, el acto arbitrario e ilegal de la recurrida, realiza además conclusiones inconsistentes conforme a los antecedentes aportados por mi representada y diagnóstico de su médico, sin mayor fundamento o motivación al decir que “la parte reclamante no presenta síntomas de gravedad, no requiere tratamiento farmacológico según informe aportado, no acredita psicoterapia, y cuenta con una escala de funcionalidad puntuada por su médico como compromiso funcional leve, que no justificaría prolongar su reposo” El doctor nombre reservado, en su tercer informe de fecha 12 de enero de 2022 señala expresamente lo siguiente: Es importante destacar, que en los documentos de rechazo de las apelaciones, se menciona que los informes médicos son insuficientes, quedando pendiente la descripción del esquema terapéutico y su respuesta al mismo, pronóstico de la patología ni evolución. En consideración a lo anterior, debo esclarecer que en cada informe se indica que se adhiere a psicoterapia sin inclusión de farmacoterapia INICIALMENTE por permanecer en etapa de inicio farmacológico y de evaluación. Posteriormente, se incluye medicación afín.

Se describe, además, el tipo de proceso psicoterapéutico con detalle y con las metas propuestas, además del modelo de psicoterapia a seguir (TCC y de intervención breve). Utilizando indicación de Desvenlafaxina y sertralina como antidepresivo. Incluí evolución y la propuesta de retorno laboral, de la mano de la mejoría (escasa inicialmente, con mejoría sustentable tras cambios ambientales, también descritos con detalle). Respecto del pronóstico y evolución, son necesarios cambios ambientales y el cese momentáneo en su lugar de trabajo por reposo, para que exista un cambio significativo en su mejoría.

La Resolución recurrida de la SUSESO constituye un acto ilegal y arbitrario desde que concluye que el reposo no estaría justificado, fundandose – segun se lee – en la misma resolución que “La superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyo… (sin ni siquiera hacer realizado peritaje previo).

Por su parte, el acto ilegal y arbitrario recurrido, emanado de la SUSESO, también carece de fundamento, limitándose a indicar que el reposo no se encuentra justificado, lo cual constituye un acto ilegal y arbitrario, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación. La resolución de la SUSESO fue dictada, PRESCINDIENDO DE LAS CONCLUSIONES DEL MEDICO TRATANTE Y, LO QUE ES MAS GRAVE, SIN DAR RAZON Y FUNDAMENTO DE SU DECISION, LO QUE INEVITABLEMENTE LA HACE DEVENIR EN ARBITRARIAS.

A mayor abundamiento, cabe señalar que no consta que el referido órgano haya accedido a algún análisis o examen del estado de salud de la recurrente, desde que la COMPIN, en su oportunidad, no ejecutó ninguna de las acciones que prescribe el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, Decreto Supremo Nº 3 del 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud. Norma legal que dispone la posibilidad que la Isapre o Compin a efectos de mejorar el rechazo de las licencias practiquen, por sus propios medios, nuevos exámenes, interconsultas, informes complementarios, visitas domiciliarias, entre otros.

Cabe señalar que el artículo 16 del referido Decreto Supremo, establece que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, hecho que –por cierto– no ocurrió.

Sin que existan otros antecedentes que haya podido tener a la vista la SUSESO que acrediten la conclusión contraria a la indicada en los referidos informes del médico tratante y sin que, en lo pertinente al recurso de protección, indique en la resolución recurrida informes, fundamentos, peritajes, visitas domiciliarias o cualquier otro instrumento, documento o modo de convicción en que funde la decisión de confirmar el no pago de las licencias médicas respectivas, razón por la que el acto recurrido es arbitrario.

Los hechos anteriormente descritos influyeron negativamente en la recuperación de la recurrente, pues no ha podido someterse con tranquilidad al tratamiento prescrito por su médico, debiendo preocuparse, a pesar de su diagnóstico médico, de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes y contratar asesoría jurídica para la presentación de este recurso. Mi representada es madre de una niña de un año y seis meses, el no pago de su licencia médica la obligó a endeudarse solicitando créditos y utilizando líneas y tarjetas de créditos para los gastos básicos de ella y su hija y pago de deudas. Además, el no pago de su licencia médica la obligó a reincorporarse a su trabajo el 28 de febrero de 2022 a pesar de su diagnóstico médico. La vuelta al trabajo de mi representada ha influido en su salud y retardado su recuperación, su endeudamiento no la deja costear el tratamiento psiquiátrico que requiere y con mucho esfuerzo se está sometiendo a evaluación psicológica.

Que, de esta manera, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que falta la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica, además de su ambigüedad, transforma su decisión en caprichosa y carente de razones.

Que así las cosas, el acto reprochable descrito, EVIDENTEMENTE VULNERA EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA Y EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA RECURRENTE, PROTEGIDO EN EL NUMERAL 1 Y 24 DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, pues, como es obvio, en el primer caso, el referido rechazo de la licencia médica impacta severamente en la salud de la recurrente produciendo un deterioro de la misma al no poder tomar los descansos necesarios para recuperar su estado de salud y, en el último caso, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la decisión de la recurrida que le impide acceder al subsidio por enfermedad, por lo que el recurso debe ser acogido.

Por lo mismo, estimo que a esta Iltma. Corte le corresponde velar por los derechos de la recurrente en cuyo favor se recurre, ordenando a la recurrida autorizar la licencia médica N° - y proceder a su pago por la entidad competente, porque los derechos que se protegen mediante el presente recurso son de rango constitucional, y por esta razón existe una necesidad urgente de cautela, toda vez que existe una amenaza y perturbación evidente y cierta, en la forma que determina el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esto es, privación, perturbación o amenaza.

Que, finalmente, cabe advertir, que me encuentro en la situación del numeral 2° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de 27 de junio de 1992 y sus modificaciones posteriores, pues recurro en favor de la persona ya individualizada, a consecuencia de la situación referida en los párrafos anteriores.

Solicita tener por interpuesta la presente acción constitucional de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, Persona Jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado o quien la subrogue o represente, ambos ya individualizados, admitirlo a tramitación y, previos los trámites legales de rigor, en definitiva, y acogerlo, declarando que los actos de la recurrida importan la violación de las garantías constitucionales previamente señaladas, ordene a la recurrida o a aquel que se determine el pago de los subsidios derivados de la licencia médica rechazada singularizada en esta presentación y, en consecuencia:

1. Que se acoge el presente recurso de protección, por ser la actuación de la recurrida, en los términos descritos en lo principal de este escrito, arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; y derecho de propiedad de la recurrente doña nombre reservado, establecidas en LOS Nº 1 Y 24 DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA;

2. Que, como consecuencia de lo referido, se aprueba y ordena el pago, por quién corresponda, de los subsidios derivados de la licencia médica rechazada N° 8658237- , extendida a favor de la recurrente, o bien, la declaración que V.S. ILTMA., sirva efectuar en igual sentido.

3. Que adopte cualquier otra medida que se determine tendiente a restablecer el imperio del Derecho, de acuerdo a los derechos cuya tutela se solicita.

4. Que condene a la recurrida al pago de las costas del recurso.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta N° R-01-UME-88316-2022, de fecha 04 de Julio de 2022, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social. 2. Comprobante de Licencia Médica Electrónica. 3. Resumen de entrevista psiquiátrica de fecha 10 de diciembre de 2021, emitida por el doctor nombre reservado. 4. Resumen de entrevista psiquiátrica de fecha 12 de enero de 2022, emitida por el doctor nombre reservado. 5. Complementa resumen de entrevista psiquiátrica de fecha 12 de enero de 2022, emitida por el doctor nombre reservado. 6. Boletas (siete en total) de honorarios electrónicas números 1264, 1286, 1330, 1341, 1360, 1389 y por consultas de atención psicológica de doña nombre reservado.

A folio 11, comparece TOMÁS GARRO GÓMEZ, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien evacúa informe en los siguientes términos:

Doña nombre reservado, con fecha 3 de agosto de 2022, ha interpuesto Acción de Protección en contra de la Resolución Exenta Nº N° R-01-UME-88316-2022, de 4 de julio del año 2022, de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, mediante la cual, rechazando el recurso jerárquico o reclamación interpuesto con fecha 18 de marzo de 2022, confirmó lo antes decidido por la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, SUBCOMISÓN CAUTÍN, la que, a su vez, había aprobado lo resuelto por la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. en cuanto dispuso en su oportunidad el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 12 de enero de 2022, por cuanto la referida institución de salud previsional consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado.

Agrega la parte accionante que tales resoluciones vulnerarían las garantías de los números 1º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

En el caso de un hipotético derecho de propiedad, en este caso, relacionado con el Subsidio por Incapacidad Laboral, cabe señalar desde ya que éste es la prestación pecuniaria que deriva de una licencia médica, una vez que ésta es autorizada por el respectivo organismo administrador. En el caso en comento, cabe adelantar que el derecho al subsidio por incapacidad laboral jamás nació, por cuanto las licencias médicas fueron rechazadas por el respectico organismo administrador, en este caso, la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A., lo que posteriormente fue confirmado por la COMPIN de la Región de La Araucanía y, finalmente, por la Superintendencia de Seguridad Social, actuando como institución técnica de fiscalización de las instituciones de seguridad social, en este caso, la ya referida COMPIN.

Respecto a la acción de autos interpuesta en contra de mí defendida en forma previa a informar respecto de la materia de fondo de la misma, ALEGAMOS SU PALMARIA FALTA DE OPORTUNIDAD, al haberse interpuesto en forma subsidiaria de las reclamaciones que en su oportunidad se interpusieron ante la COMPIN y posteriormente ante la Superintendencia de Seguridad Social.

En efecto, doña nombre reservado, con fecha 18 de marzo de 2022, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMPIN DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, nombre reservado, toda vez que había confirmado el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días reposo a contar del 12 de enero de 2022, por la causal de orden médico reposo no justificado.

El referido reclamo, previo estudio de los antecedentes del caso, fue resuelto mediante el Dictamen contenido en RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-88316-2022, de fecha 4 de julio del año 2022, el que, habiendo sido notificado a la recurrente por correo electrónico correo reservado, con igual fecha, no fue objeto de recurso de reconsideración.

De acuerdo con lo expuesto y como consta de los antecedentes que obran en el expediente administrativo que la recurrente tenía conocimiento cierto de la confirmación del rechazo de esta licencia médica, dispuesto por la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. en el mes de enero de 2022 y confirmado por la COMPIN ya citada, desde que reclamó de ello ante mi defendida, a saber, el 18 de marzo de 2022, sino muchos antes, de tal forma que la acción constitucional de autos interpuesta en subsidio de todas las reclamaciones administrativas, lo ha sido una vez vencido el plazo dispuesto para hacerla valer.

En efecto, como US ILTMA., muy bien conoce, el número primero del Auto Acordado de la EXCMA Corte Suprema, que regula la tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, prescribe que la acción de protección se debe interponer en el plazo fatal de 30 días corridos, contados desde que se ejecuta el acto supuestamente ilegal o arbitrario (en este caso el rechazo de las licencias médicas), o se incurre en una omisión de las mismas características o bien, desde que el afectado toma conocimiento cierto del mismo, de acuerdo con la naturaleza del acto recurrido.

En relación con esta alegación, SS. ILTMA ha de tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República la acción de protección tiene un carácter cautelar de derechos y que frente a un acto ilegal o arbitrario, la persona afectada en sus garantías protegidas, puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

Conforme a dicha norma de rango constitucional, la Acción de Protección no tiene el carácter de subsidiaria de otras vías de reclamación que pudieren existir, lo que evidentemente está en íntima relación con su carácter cautelar de derechos, tal cual lo ha manifestado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justica. Por otra parte, SS. ILTMA., debe tener presente que, como invariablemente ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el plazo para interponer la Acción de protección es objetivo y, en consecuencia, su interposición no puede quedar entregada a la voluntad del que se siente perjudicado por un determinado acto, pues una interpretación contraria estaría en abierta contradicción con su naturaleza cautelar de derechos.

En efecto, instando por una revisión tras otra en el ámbito administrativo, a través del recurso de apelación, jerárquico o de reposición siempre se podría crear un nuevo plazo para ejercer la acción de protección, reclamando mucho tiempo después de ejecutado el acto supuestamente atentatorio, lo que contraviene su finalidad.

Lo anterior, sin perjuicio que, en cuanto al fondo del asunto que motiva esta acción constitucional, como se demostrará, carece de fundamentos fácticos, pues no existe actuación ilegal o arbitraria alguna de parte de mi defendida que haya vulnerado y ni siquiera puesta en peligro algún derecho garantido por nuestra Constitución Política.

En respaldo de la tesis expuesta en cuanto a la falta de oportunidad en el ejercicio de la acción de protección, cuando se ejerce en subsidio de otras instancias de revisión que contempla nuestro ordenamiento jurídico, podemos citar los siguientes fallos:

a) Sentencia pronunciada por esa ILTMA. Corte de Apelaciones en causa Rol Corte 898-2013.Civ., del 7 de junio de 2013, que transcribe.

b) Fallo de 31 de octubre de 2017, pronunciado por la Tercera Sala de la EXCMA Corte Suprema, en pronunciado en apelación de sentencia de recurso de protección, autos Rol N° 36.224-2017, que igualmente cita.

c) En relación con esta alegación, podemos citar el fallo firme pronunciado en la acción de protección Rol N° 7083 – 2004, caratulado “nombre reservado con nombre reservado”.

d) Por último, cita, también, el Fallo de 27 de diciembre de 2019, pronunciado por la ILTMA. Corte de Apelaciones de Copiapó, en autos sobre Recurso de Protección, autos Rol N° 2192019.

Por último, SS. ILTMA. ha de tener presente que la declaración de admisibilidad ya resuelta en autos, se hizo sin previa notificación y audiencia de esta parte, de tal forma que lo resuelto no puede ser obstáculo a que se declare, con los antecedentes proporcionados por esta parte, la palmaria falta de oportunidad y, por lo tanto, su rechazo por esta causa.

En cuanto al fondo, señala que:

La Acción de Protección de autos se ha interpuesto en solo contra de la Superintendencia de Seguridad Social en circunstancias que las licencias médicas fueron rechazadas, de acuerdo con la ley, por la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A, resulta del todo necesario distinguir entre las actuaciones de su defendida y aquellas en que tuvo participación la referida COMPIN. En efecto, la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A, en el caso del recurrente, actuó como organismo administrador del derecho denominado Licencia Médica, ejerciendo la facultad legal de autorizar, modificar o rechazar licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras cotizantes afiliados a una institución de salud previsional, de acuerdo con lo prescrito en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de salud, que contiene el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas.

I) ANTECEDENTES a) Actuación de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso de doña nombre reservado

1.- Como consta en el expediente administrativo que se acompaña en un otrosí de este escrito, doña nombre reservado, con fecha 18 de marzo de 2022, recurrió ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL reclamando en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN) DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, SUBCOMISÓN CAUTÍN, la que, a su vez, había aprobado lo resuelto por la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. en cuanto dispuso en su oportunidad el rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 12 de enero de 2022, por cuanto la referida institución de salud previsional consideró que el reposo otorgado por el médico tratante no se encontraba justificado.

2.- Requerida al efecto la ISAPRE, remitió los antecedentes médicos del caso de la recurrente.

3.- Pues bien, la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-88316-2022, de 4 de julio del año 2022, confirmó el rechazo de la licencia médica reclamada. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: “…el reposo prescrito por la licencia médica N° RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado. En efecto, la parte reclamante no presenta síntomas de gravedad, no requiere tratamiento farmacológico según informe aportado, no acredita psicoterapia, y cuenta con una escala de funcionalidad puntuada por su médico como compromiso funcional leve, que no justificaría prolongar su reposo...”

4.- En efecto, revisado el caso por los profesionales de la Dra. nombre reservado de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, dejó constancia de lo siguiente, tras el estudio del mismo: “…Diagnóstico episodio depresivo. Días 90 aprobados, 30 apelados. IMC: Informe médico complementario no describe elementos psicopatológicos que justifiquen extensión de reposo ni plan de tratamiento orientado a reintegro laboral. Explicación psicosocial de reposo (cuidado hijo de 8 meses). GAF: 70. Tratamiento insuficiente: sin tto farmacológico. Psicoterapia: No acredita GES: No activado. Peritaje licencia: No (se describe que se realizó uno en el informe, pero no se cuenta con el documento). En trámite de pensión invalidez: No Comentarios: Médico alto emisor. Resolución: No acoge 5.- Lo anteriormente resuelto, además, está en concordancia con lo dispuesto en el dictamen contenido en RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-18473-2022, de 15 de febrero del año 2022, en cuanto se instruyó a la COMPIN para que oficie a la ISAPRE ordenando la autorización de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 13 de diciembre de 2021, ocasión en que se hizo presente a la recurrente que con dicha lapso, la trabajadora completaba un reposo suficiente para la resolución del cuadro clínico.

6.- Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto, no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de mi defendida la Superintendencia de Seguridad Social, al confirmar por la resolución impugnada, el rechazo de las licencias médicas dispuestos por la COMPIN de la Región Metropolitana y finalmente por la Superintendencia de Seguridad Social.

7.- Conforme a ello, jamás nació a la vida jurídica la prestación pecuniaria (subsidio por incapacidad laboral) que en definitiva solicita la recurrente, como tampoco ningún otro derecho respecto del cual proceda la cautela constitucional de la acción de protección.

8.- Ahora bien, explicada la actuación que correspondió a esta Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado, corresponde referirse al marco legal que regula el derecho denominado “Licencia Médica”, como aquellas en virtud de las cuales esta Superintendencia actúa como institución fiscalizadora de las instituciones de previsión social.

II) EL DERECHO b) Acerca de la licencia médica.

Al respecto, cabe hacer presente a SS. ILTMA., que, en nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio de la licencia médica (regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud) la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) puede dar derecho al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos los correspondientes a los trabajadores del sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador deberá hacer uso de licencia médica (más tratamiento médico en la mayoría de los casos) luego de lo cual debería quedar en condiciones de volver a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.469, que regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud y que creó un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 de la mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporal para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral y desde el punto de vista pecuniario, el subsidio por incapacidad laboral reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente.

c) Procedimiento al que se somete la autorización de licencias médicas.

Con relación a este punto, cabe hacer presente a SS. ILTMA., que el Procedimiento de Autorización de Licencias Médicas está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. De acuerdo con este cuerpo reglamentario, y luego de realizada la tramitación a que aluden los artículos 11 y siguientes del decreto supremo en comento, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), como ocurre en la especie, pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Ahora bien, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI).

Por otra parte, las COMPIN deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), como sucede en el caso del recurrente de autos.

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas en el párrafo anterior, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

En este punto, cabe hacer presente a US. ILTMA., que los reclamos interpuestos por la ahora recurrente ante la Superintendencia de Seguridad Social, relativo al rechazo de sus licencias médicas y por el cual recurre ante US. ILTMA., se ampararon en lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, que otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

e) Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

La actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, en este caso se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, de tal forma que está exenta de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad.

En efecto, como SS. ILTMA., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir, en lo que resulta de su competencia, el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.

Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Ahora bien, el legislador ha establecido en la Ley N° 16.395, las funciones de esta Superintendencia en cuanto Institución Fiscalizadora.

Así, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esta Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. Cabe hacer presente que a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria introducida por la Ley N° 19.937, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍA REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), o bien, como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

Como SS. ILTMA., muy bien conoce, en contra del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, siempre y en todo caso, se puede pedir reconsideración, como lo hizo la recurrente de autos en tres oportunidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.575, cuyo texto refundado, coordinado y sistematizado fue promulgado por el D.F.L. N° 1/19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Pues bien, en el caso en comento, la recurrente hizo uso de todas las instancias que contempla la normativa a la que se ajusta la autorización, modificación o rechazo de licencias médicas, incluyendo la revisión de la COMPIN y de esta Superintendencia, como institución de fiscalización de tales instituciones de previsión, y se concluyó que no era medicamente procedente la autorización de las licencias médicas cuestionadas, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso ya latamente expuestos.

f) Ausencia de derechos vulnerados En esta parte, cabe hacer presente, en primer término, que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento alguno, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En este caso, claramente la parte recurrente no es titular del “derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido los requisitos legales para que éste nazca a la vida del derecho y produzca sus efectos, de tal forma que no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y esta Superintendencia se llegó a la conclusión que no era procedente autorizar las licencias médicas que se le extendieron a la recurrente, por las razones latamente expuestas.

Aclarado lo anterior, cabe hacer presente a US. Ilustrísima que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, mi representada resolvió, dentro del ámbito de sus competencias, las presentaciones efectuadas por la recurrente, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza de las garantías constitucionales que señala como amagadas.

En cuanto a la ausencia de vulneración del derecho a la integridad física o psíquica, simplemente cabe preguntarse cómo podría la Superintendencia de Seguridad Social haber atentado contra las garantías relacionadas con integridad física o psíquica de la recurrente, por cuanto mi defendida se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido en orden a ejercer el control técnico de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en tanto institución de previsión social, respecto de un particular derecho como es la licencia médica y el subsidio por incapacidad laboral. En efecto, mi defendida, de modo alguno, ha causado las afecciones psiquiátricas que padece el recurrente, ni le ha impedido que consulte a su médico tratante, es un hecho que siempre ha tenido la posibilidad de consultar a su médico tratante y que no ha impedido ni podría hacerlo el acceso a los tratamientos y demás prestaciones médicas que contemple su sistema común de salud, en su caso la cobertura que contempla su sistema de salud común (COMPIN), autorizándosele el reposo prescrito por las licencias médicas en cuanto ello resultó procedente de acuerdo con los antecedentes médicos del caso.

En resumen, esta Superintendencia no ha intervenido o impedido, de manera alguna, el acceso del recurrente a la salud, teniendo la cobertura de su sistema previsional de salud común. La única intervención de la Superintendencia de Seguridad Social en el caso del Sr. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de los reclamos que interpuso en contra de la COMPIN, con ocasión de haber confirmado el rechazo de sus licencias médicas.

Finalmente, en cuanto a la supuesta vulneración de su derecho de propiedad, en este caso relacionado con el potencial derecho a recibir el subsidio por incapacidad laboral, la recurrente entiende, por cierto equivocadamente, que la actuación de esta Superintendencia vulneraría su supuesto derecho a percibir el subsidio por incapacidad laboral derivado del derecho denominado “Licencia Médica”, el que operaría en reemplazo de su remuneración, lo que implicaría – en opinión de la recurrente - afectar un eventual o hipotético derecho de propiedad. Por las razones que se han señalado y las que se exponen a continuación no existe un derecho de propiedad vulnerado ni siquiera amenazado por los dictámenes de la Superintendencia.

Al respecto, cabe hacer presente que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con el eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. Lo anterior, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Contar con una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente común y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente común cause incapacidad laboral temporal razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado 2.- Cumplimiento de los requisitos de tiempo de afiliación al sistema y de densidad de cotizaciones para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente. (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

En concordancia con lo expuesto, el artículo 17 del ya citado reglamento, de autorización de licencias médicas dispone que: “Autorizada la licencia médica o transcurridos los plazos que permitan tenerla por autorizada, esta constituye un documento oficial que justifica la ausencia del trabajador a sus labores o la reducción de su jornada de trabajo, cuando corresponda, durante un determinado tiempo y puede o no dar derecho a percibir el subsidio o remuneración que proceda, según el caso.”

Por lo expuesto, no existe como pretende la recurrente, algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio por incapacidad laboral o remuneración en el caso de los funcionarios públicos), haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador.

A mayor abundamiento, cabe hacer presente a SS ILTMA., que la materia sobre la que realmente versa dice relación con un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantía que no está amparada por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo 20 Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República. Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Concluye solicitando respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado, sea desestimado en todas sus partes, con costas.

A su presentación acompañó copias de los antecedentes administrativos que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso del recurrente de autos y que terminó con la resolución exenta reclamada.

Se trajeron los autos en relación y la vista de la causa tuvo lugar el día treinta de enero del año en curso, no compareciendo letrados a la misma.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Como brota de lo dicho, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que cautele de manera efectiva los efectos perniciosos de esa acción u omisión.

Surge también de lo transcrito, que esta acción cautelar de protección no constituye una instancia por la que se persiga dilucidar un debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

SEGUNDO: Que, es necesario señalar que la recurrente ha interpuesto un recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) porque, en definitiva, resolvió el rechazo de una licencia médica extendida a su favor confirmando el pronunciamiento que había rechazado previamente tanto la COMPIN como la ISAPRE a la que se encuentra afiliada.

TERCERO: Que, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone que: “En caso de rechazo de una licencia, o de reducción o ampliación del plazo de reposo, la resolución o pronunciamiento respectivo se estampará en el mismo formulario de licencia y se dejará constancia de los fundamentos tenidos en vista para adoptar la medida”.

CUARTO: Que, según consta en el informe evacuado por la recurrida en la causa, la decisión del rechazo de la licencia médica se encuentra apoyada por suficientes antecedentes clínicos que le sirven de fundamento y que desvirtúa la licencia médica prescrita, estableciendo además la SUSESO en su pronunciamiento que se estudiaron los antecedentes y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas expuestas, no se encontraba justificado, por cuanto “la parte reclamante no presenta síntomas de gravedad, no requiere tratamiento farmacológico según informe aportado, no acredita psicoterapia, y cuenta con una escala de funcionalidad puntuada por su médico como compromiso funcional leve, que no justificaría prolongar su reposo”.

Que, además, como aparece del expediente y antecedentes adjuntos, la entidad recurrida dispuso la revisión del caso por la Dra. nombre reservado de la Unidad Médica del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, que dejó constancia de lo siguiente, tras el estudio del mismo: “…Diagnóstico episodio depresivo. Días 90 aprobados, 30 apelados. IMC: Informe médico complementario no describe elementos psicopatológicos que justifiquen extensión de reposo ni plan de tratamiento orientado a reintegro laboral. Explicación psicosocial de reposo (cuidado hijo de 8 meses). GAF: 70. Tratamiento insuficiente: sin tto farmacológico. Psicoterapia: No acredita GES: No activado. Peritaje licencia: No (se describe que se realizó uno en el informe, pero no se cuenta con el documento). En trámite de pensión invalidez: No Comentarios: Médico alto emisor. Resolución: No acoge.” De consiguiente, lo anteriormente resuelto, además, está en concordancia con lo dispuesto en el dictamen contenido en RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UNRA-18473-2022, de 15 de febrero del año 2022, en cuanto se instruyó a la COMPIN para que oficie a la ISAPRE ordenando la autorización de la licencia médica N° RUT reservado, extendida por un total de 30 días a contar del 13 de diciembre de 2021, ocasión en que se hizo presente a la recurrente que con dicha lapso, la trabajadora completaba un reposo suficiente para la resolución del cuadro clínico.

QUINTO: Que, lo anterior permite arribar a la conclusión de que la actuación de la recurrida no puede calificarse de arbitraria, antojadiza o falta de razón, por cuanto se encuentra debidamente fundamentada, en cuanto a las características del caso concreto, y que ha sido expedida en el marco de sus atribuciones propias, lo que lleva a concluir que no concurre en la especie el presupuesto básico de procedencia de la acción de protección, de que se trate de un actuar ilegal o arbitrario, por lo que es imperativo su rechazo al no ser vulneratorio de las garantías denunciadas.

Por las consideraciones expuestas y atendido lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acortado de Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excelentísima Corte Suprema, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, la acción cautelar deducida por don Sergio Bravo Zamora, en representación de doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Abogado Integrante Sr. Francisco Ljubetic Romero.

Rol N° Protección-33146-2022.(jog)