SOCIEDAD INMOBILIARIA SAN nombre reservado LTDA. con nombre reservado

C.A. de Temuco.

Temuco, veintinueve de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparecieron las sociedades Inmobiliaria nombre reservado SpA, Sociedad Inmobiliaria Quepe Limitada, Sociedad Inmobiliaria Santa María Limitada y Sociedad Inmobiliaria San nombre reservado Limitada, todas representadas legalmente por don nombre reservado y, en los casos que corresponde, también por don nombre reservado, quienes interpusieron recurso de protección en contra de doña nombre reservado, contador auditor, por actos que estimaron arbitrarios e ilegales consistentes en la negativa a entregar su información contable en formato digital específico —esto es, mediante la migración de las bases de datos de los sistemas computacionales utilizados (software contable EDIG: Ediciones Digitales y Desarrollo de Software Limitada)—, el cobro de una suma de dinero por dicha entrega y la eliminación de información contable digital, lo que habría vulnerado su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Que expusieron que la recurrida les prestó servicios contables durante varios años, manteniendo la contabilidad de las empresas mediante sistemas computacionales autorizados por el Servicio de Impuestos Internos, consistentes en plataformas EDIG de contabilidad, remuneraciones y renta, en las cuales se almacenaban los registros contables, tributarios y laborales de las recurrentes.

Que señalaron que, tras comunicar en octubre de 2025 su decisión de poner término a la relación contractual, solicitaron reiteradamente la entrega íntegra de su información contable en formato digital, requiriendo específicamente la migración de las bases de datos de dichos sistemas —EDIG Contabilidad, EDIG Remuneraciones y EDIG Renta— a fin de dar continuidad a su contabilidad con un nuevo prestador sin pérdida de información histórica.

Que indicaron que la recurrida se negó a efectuar dicha entrega en el formato solicitado, condicionando la misma al pago de la suma de $250.000, la que fue pagada, no obstante lo cual la información fue entregada de manera parcial, omitiéndose especialmente la correspondiente al sistema de renta, imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en curso.

Que agregaron que el día 20 de enero de 2026 la recurrida les habría comunicado, mediante mensajes electrónicos, haber eliminado la información contable digital de sus empresas —incluyendo registros necesarios para la operación renta—, lo que calificaron como una privación ilegítima de un bien incorporal de su propiedad.

Que fundaron su acción en la vulneración del derecho de propiedad sobre bienes incorporales, solicitando en definitiva que se ordene la recuperación o reconstrucción de la información eliminada, la entrega íntegra de la información contable en formato digital —incluyendo la migración de las bases de datos señaladas—, la autorización para su traspaso a un nuevo sistema y la abstención de ejecutar actos de eliminación o alteración de la misma.

Que evacuando informe, la recurrida solicitó el rechazo del recurso, sosteniendo que la información contable de las empresas fue oportunamente entregada en formato físico, incluyendo libros contables, estados financieros y registros tributarios correspondientes a los períodos trabajados, y que no ha existido negativa a proporcionar dicha información.

Que precisó que la controversia radica no en la entrega de la información contable propiamente tal, sino en la pretensión de los recurrentes de acceder a las bases de datos, configuraciones y sistemas informáticos utilizados por su estudio contable, correspondientes al software EDIG, herramientas que son de su propiedad, contienen información de otros clientes y cuya estructura y operación constituyen conocimiento técnico propio.

Que afirmó que no es efectivo que la información haya sido eliminada, indicando que esta fue proporcionada al cliente en los formatos correspondientes y que únicamente fue retirada de sus sistemas internos al término de la relación profesional, por haber dejado de prestar servicios, manteniéndose disponible la información contable entregada.

Que, en cuanto al pago de $250.000 referido por los recurrentes, expuso que dicho monto no correspondió a la entrega de información contable, sino a un servicio adicional de digitalización y extracción de documentación histórica en formatos específicos, labor que implicaba un trabajo distinto al contratado y que fue ejecutado por un tercero —una trabajadora de su estudio— contratado directamente por aquellos, por lo que negó que se tratara de un cobro indebido o de una condición para la entrega de la información.

Que, finalmente, sostuvo que los hechos descritos resultan controvertidos, que no existe un derecho indubitado de los recurrentes —en particular respecto del acceso a las bases de datos y sistemas informáticos— y que la acción de protección no constituye la vía idónea para resolver la controversia planteada.

Se trajeron los autos en relación CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de derechos y garantías preexistentes e indubitados cuando éstos sean privados, perturbados o amenazados por actos u omisiones ilegales o arbitrarios, sin constituir una instancia de declaración de derechos ni de resolución de controversias que requieran un debate y etapa probatoria al efecto.

SEGUNDO: Que, en la especie, los recurrentes fundan su acción en la vulneración del derecho de propiedad sobre su información contable digital, solicitando, en lo sustancial, que se ordene a la recurrida la entrega de dicha información mediante la migración de las bases de datos correspondientes a los sistemas informáticos utilizados en su desarrollo, esto es, mediante el traspaso de las plataformas computacionales empleadas por aquella.

TERCERO: Que, sin embargo, de los antecedentes aportados aparece que la recurrida ha manifestado encontrarse llana a la entrega de la información contable de las empresas recurrentes, dando cuenta de su remisión en soporte físico y de su disponibilidad en formatos digitales, controvirtiendo la existencia de una negativa absoluta en tal sentido.

CUARTO: Que, en particular, la controversia se radica en el mecanismo de entrega pretendido, esto es, la exigencia de acceder o migrar las bases de datos contenidas en un software de carácter privado utilizado por la recurrida, respecto del cual esta última sostiene derechos propios asociados a su configuración, uso y resguardo, cuestión que no aparece suficientemente esclarecida ni constituye un derecho evidente a favor de los recurrentes en los términos propuestos.

QUINTO: Que, asimismo, en relación al pago de la suma de dinero que los actores refieren haber efectuado, la recurrida ha proporcionado una explicación diversa, señalando que éste obedeció a un servicio adicional de digitalización de documentos históricos, distinto de la obligación de entrega de la información contable propiamente tal, lo que da cuenta de la existencia de una discrepancia relevante sobre el alcance y finalidad de dicha prestación.

SEXTO: Que, del mismo modo, no se ha precisado con la debida claridad y especificidad cuál sería la información concreta que permanecería incumplida o no entregada, limitándose la alegación a una exigencia genérica vinculada al acceso y migración de sistemas, lo que impide configurar con certeza una privación actual y determinada del derecho que se invoca.

SÉPTIMO: Que, en tales condiciones, los hechos descritos por las partes se presentan como controvertidos, tanto en lo relativo a la existencia y extensión de la información entregada, como en cuanto al alcance de las obligaciones de la recurrida, especialmente respecto del acceso a sus sistemas informáticos y bases de datos, materia que excede el ámbito cautelar de la presente acción.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no se configura en la especie la existencia de un derecho indubitado de los recurrentes a exigir la entrega de la información mediante el mecanismo específico de migración de bases de datos desde un software privado utilizado por la recurrida, razón por la cual la acción deducida no puede prosperar.

Por lo expuesto y visto lo dispuesto en artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre la materia se declara:

Que se rechaza el recurso presente recurso de protección, sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo de la ministra A.nombre reservado.

Rol N° Protección-330-2026 (pvb).