nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece BORIS ORLANDO BÓRQUEZ BÓRQUEZ, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, ex funcionario de Carabineros de Chile, domiciliado en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado, Contralora General de la República, domiciliada en domicilio reservado; y de don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, con domicilio en domicilio reservado, por las acciones y omisiones arbitrarias que privan, perturban y amenazan gravemente los derechos y garantías constitucionales del ex funcionario de Carabineros que representa. Funda su recurso de protección, en las siguientes consideraciones:

LOS HECHOS Mediante Resolución Exenta N° 650 de fecha 17 de septiembre de 2016 de la Prefectura Cautín N° 22, notificada a las 17:30 horas del mismo día, por el Comisario de la 4ta. Comisaría Nueva Imperial, el Prefecto de Carabineros de la Prefectura de Cautín N° 22 de la época, Coronel nombre reservado, dispuso la Baja por conducta mala y con efectos inmediatos, del Cabo 2do. de Carabineros, sr. nombre reservado, por las siguientes razones:

“…A. APLÍCASE, la medida disciplinaria consistente en la BAJA POR CONDUCTA MALA, con efectos inmediatos, al Cabo 2° nombre reservado, Código Funcionario 992418-Q, Cédula de Identidad N° RUT reservado, de dotación de la 4ª Comisaría Nueva Imperial de esta dependencia, a contar de las 00:00 horas del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad a lo establecido en el artículo 127, N° 4), letra a), inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, en relación con el artículo 23, N° 2, letra e), del Reglamento de Disciplina de Carabineros, N° 11, porque el día 17.09.2016, alrededor de las 10:15 horas, en circunstancias que se encontraba en calidad de franco, vistiendo de civil, participó en un accidente de tránsito con resultado de daños, conduciendo en estado de ebriedad el móvil P.P.U. UA-6229, con toda la documentación de dicho móvil vencida, minutos antes chocó contra una barrera de contención en la Avenida República esquina Calle Blanco Encalada de la ciudad de Nueva Imperial, resultando el vehículo con daños en su parte frontal, como asimismo, ocasionó daños a la barrera de contención, por tal razón fue detenido en el lugar, siendo trasladado a la 4ª Comisaría Nueva Imperial, donde se le realizó examen de prueba respiratoria, arrojando como resultado 1,62 gr/lt, siendo derivado al Hospital Local de Nueva Imperial, donde el médico de turno, diagnóstico “Sin lesiones”, Estado de Ebriedad”, según certificado de atención N° 6966245, del 17.09.2016, realizándole la alcoholemia respectiva, según consta certificado médico de ese nosocomio, hechos de importancia, gravedad y trascendencia que objetivamente fundamentan la aplicación de la medida expulsiva.

Con lo anterior incurrió en las faltas descritas en el artículo 22, Nº 1, letras d) y h) del Reglamento de Disciplina de Carabineros, N° 11, asistiéndole las circunstancias agravantes del artículo 33, letra a), e) y f) del mismo texto reglamentario. Se consideró la circunstancia atenuante de la letra a) del mencionado precepto normativo…”.

Como consecuencia del procedimiento administrativo sancionatorio señalado, se dispuso por parte del Prefecto de Carabineros, la instrucción de un sumario administrativo por medio de la Orden de Sumario N° 08854/2016/1 de fecha 17 de septiembre de 2016 de la Prefectura Cautín N° 22, a cargo del Fiscal Sumariante de la Fiscalía Administrativa de esa repartición.

Instruido el sumario administrativo, el Fiscal Sumariante formuló los cargos en contra del afectado mediante la Vista Fiscal de fecha 28 de diciembre de 2016, notificada a su representado el 25 de enero de 2017, quien contestó los cargos con fecha 31 de enero de 2017. Presentada la contestación de cargos por parte del Cabo 2° nombre reservado, el Prefecto de la época resolvió mediante el Dictamen N° 8.854/2016/1 de 03 de abril de 2017, mantener a firme la medida disciplinaria propuesta, consistente en la Baja de las filas de la institución, presentando dicho funcionario en contra de este acto administrativo, el respectivo recurso jerárquico ante el Jefe de la IXa. Zona de Carabineros nombre reservado, autoridad que emitió la Resolución Exenta N° 109 de fecha 16 de mayo de 2017, en que mantuvo la medida disciplinaria consistente en la “Baja de las filas de la Institución”. Notificado su representado de la Resolución Exenta N° 109 de 16 de mayo de 2017 de la IXa. Zona de Carabineros nombre reservado, presentó en contra de este acto administrativo el recurso de apelación dirigido ante el General Director de Carabineros, no obstante, con fecha 26 de diciembre de 2018, fue notificado de la Resolución Exenta N° 330 de fecha 29 de noviembre de 2018 de la IX Zona nombre reservado, que recaía en el Trámite Folio N° 78.351 de fecha 25 de octubre de 2018 de la Secretaría General de Carabineros, que en lo pertinente señaló: “…Lo anterior, a objeto Usía se sirva si lo tiene a bien, tomar conocimiento que en el análisis de los antecedentes efectuados por la Dirección de Justicia y esta Secretaría General, previo a ser resueltos por la Máxima Autoridad Institucional, como asimismo, conforme a los nuevos criterios establecidos por la Contraloría General de la República, se verificó que la tramitación del proceso sumarial tenido a la vista, presenta observaciones de fondo que configuran vicios de procedimiento de carácter esencial que afectan su validez; y que en consecuencia, obstan para ser elevados a la consideración del General Director de Carabineros para el ejercicio de sus facultades disciplinarias; existiendo la necesidad de ajustarlo a derecho.

Se constató que, tanto la vista fiscal, como el Dictamen N° 8.854/2016/1, de 03.04.2017, de la Prefectura Cautín, y, la Resolución Exenta N° 109, de 16.05.2017, de esa alta repartición, fueron emitidos con trasgresión a lo prescrito en los artículos 70, 88, 93 y 96, del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15, como asimismo, de los artículos 11, inciso segundo, y 17, letra f), de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado, en síntesis, porque el contenido de los referidos actos administrativos carecen del razonamiento exigido que se impone a aquellos referidos a una medida disciplinaria los cuales deben ser motivados y poseer un fundamento racional, como también, al no hacerse cargo de las alegaciones efectuadas por el inculpado, aspecto que afecta la defensa…”.

En ese contexto, la Secretaría General de Carabineros dispuso que la IX Zona nombre reservado, previa audiencia con su representado, debía realizar los siguientes cursos de acción:

“…1. Conforme al artículo 53 de la Ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, debía emitir una resolución exenta invalidando su Resolución Exenta N° 109, de 16.05.2017, como asimismo, todos los actos administrativos a contar de fs. 148 en adelante y los documentos invalidados, debían incorporarse en un cuadernillo anexo al expediente sumarial, previa constancia de desglose.

2. En el mismo acto se debía disponer al mando de la repartición involucrada, ordenar la reapertura del expediente sumarial, a objeto que una fiscalía en comisión habilitada, proceda a la confección de una Vista Fiscal que subsane las observaciones representadas en el documento (Trámite Folio N° 78.351 de fecha 25 de octubre de 2018 de la Secretaría General de Carabineros), y se continúe con la tramitación reglamentaria del sumario administrativo en estudio…”.

No obstante, pese a que el Trámite Folio N° 78.351 de la Secretaría General de Carabineros que le fue notificado a su representando, el 26 de diciembre de 2018, el cual ordenaba a la Fiscalía en Comisión, que proceda a la confección de una Vista Fiscal que subsane las observaciones representadas en el documento, por los vicios de procedimiento de carácter esencial que afectaban al proceso, la autoridad recién lo notificó de la formulación de cargos el 12 de julio de 2021, es decir, a más de dos años y medio desde que se había dispuesto subsanar el infolio.

Como consecuencia de esta formulación de cargos notificada a su representado, el 12 de julio de 2021, éste presentó ante la autoridad correspondiente la Contestación de Cargos el 22 de julio de 2021, resolviendo el Prefecto de la Prefectura Cautín N° 22, mediante el Dictamen N° 08854/2016/1 de 29 de septiembre de 2021 que le fuera notificado el 15 de octubre de 2021, “mantener la medida disciplinaria consistente en la Baja de la Filas de la Institución, por conducta Mala”.

A raíz del Dictamen N° 08854/2016/1 ya descrito, el sr. nombre reservado, con fecha 22 de octubre de 2021, hizo uso de la instancia de Recurso Jerárquico ante el Jefe de la IXa. Zona de Carabineros nombre reservado, autoridad que mediante la Resolución Exenta N° 198 de 9 de mayo de 2022, notificada a mi representado el 4 de julio de 2022, resolvió “confirmar la medida disciplinaria consistente en la Baja de la Filas de la Institución, por conducta Mala”.

Presentado el recurso de apelación ante el Sr. General Director de Carabineros, dicha autoridad en cumplimiento a la sentencia definitiva de la Excma. Corte Suprema Rol N° 62.046-2023, dictó el acto terminal por medio de la Resolución N° 13 de 31 de marzo de 2023.

COMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO La presente acción de protección que se interpone en favor del Sr. nombre reservado, cumple cabalmente con el requisito del plazo que establece el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dictado por la Excma. Corte Suprema que en su numeral 1, señala que se debe interponer "dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos".

En este sentido, cabe señalar que el Dictamen Folio E464658 / 2024 de 19 de marzo de 2024 de la Contraloría General de la República, fue notificado mediante correo electrónico enviado por el citado Órgano de Control el día 20 de marzo de 2024; en tanto que, la Resolución N° 13, de 31 de marzo de 2023 de la Dirección General de Carabineros, con Toma de Razón de la Entidad de Control, le fue notificada personalmente el día 15 de abril de 2024, estimándose en consecuencia que esta acción de protección se encuentra presentada dentro del plazo dispuesto para estos efectos.

DE LAS ACCIONES ARBITRARIAS E ILEGALES Cuando nos referimos al “debido proceso”, tantas veces ignorado por los entes administrativos, lo hacemos porque así lo ha establecido la jurisprudencia, señalando que se trata de una garantía de carácter fundamental que protege a una persona respecto de cualquier arbitrariedad que pudiera cometer la autoridad jurisdiccional, referida a la solución de un conflicto que esté sometido a su decisión.

Es decir, son aquellos derechos y principios constitucionales y legales que obligatoriamente deben ser respetados por la autoridad administrativa.

Así las cosas, el artículo 19 Nº 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, establece que “…Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos…”, siendo en base a este precepto constitucional que Carabineros de Chile debió readecuar su normativa y establecer el debido proceso en el artículo 36 (actual artículo 84 bis, inciso 2°) de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que señala “la potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo”, misma disposición también contenida el artículo 18 inciso segundo de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales.

Acorde con el debido proceso, tenemos el “Principio de Legalidad”, que es la obligación que tienen los órganos estatales para actuar en conformidad al ordenamiento jurídico, puesto que enfocado desde el punto doctrinario “así como la sentencia de un juez debe ser ajustada a derecho, el acto administrativo también debe estar ajustado al ordenamiento jurídico y la Ley debe ajustarse a la Constitución”, siendo conforme a esta premisa que se advierte que la medida disciplinaria aplicada a mi representado y que tomada de razón por la Contraloría General de la República, se encuentra con infracción a este principio.

En efecto, para imponer una medida disciplinaria mediante un procedimiento sancionatorio, por ningún motivo el acto administrativo puede apartarse de la llamada “Regla de Oro del Derecho Público”, que recae el artículo 6° inciso primero de la Constitución Política de la República, que establece que “… Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ellas”.

A la norma en cuestión, le sigue el inciso segundo del artículo 7° del mismo texto constitucional que señala “… Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”, siendo además ambas normativas coincidentes en precisar que la infracción a ello originará responsabilidades y sanciones para quienes la cometan.

Lo expuesto, no hace más que advertir, que el procedimiento disciplinario que afecta a don nombre reservado, se ha emitido un acto administrativo con infracción al principio de legalidad, puesto que al ser contrario a este principio, infringe las normas de carácter fundamental establecidas en la Constitución Política de la República y por ende, deviene en una infracción al debido proceso, por los siguientes fundamentos:

Procedimiento disciplinario extinguido por la prescripción.

El artículo 36 bis de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, cuya norma fue incorporada en el citado texto legal mediante la Ley N° 21.041, publicada el 31 de octubre de 2017, que “Aumenta el plazo de prescripción de la acción disciplinaria en los Estatutos del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile”, artículo que a su vez fue suprimido e incorporado en el mismo texto legal por medio de la Ley N° 21.427, que “Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y la Transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, en el artículo 84 ter, establece que la responsabilidad administrativa se extingue entre otras circunstancias, al prescribir la acción disciplinaria al computarse 4 años.

En efecto, el citado artículo 36 bis (actual artículo 84 ter) de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, textualmente señala: “…La responsabilidad administrativa se extingue por la muerte o el retiro del personal, por el cumplimiento de la sanción y por la prescripción de la acción disciplinaria.

Con todo, la acción disciplinaria contra el personal prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. No obstante, si hubieren hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal.

La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el personal incurriere nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde la fecha de la resolución que ordene la instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente.

Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de prescripción como si no se hubiese suspendido…”.

En ese sentido, la fecha que dio origen a la infracción cometida por su representado, se produjo el 17 de septiembre de 2016 y hasta la fecha en que se produjo la dictación del acto terminal impugnado, esto es, la Resolución N° 13 de 31 de marzo de 2023 de la Dirección General de Carabineros, se configuro sin lugar a dudas la extinción de la responsabilidad administrativa por la prescripción de la acción disciplinaria, puesto que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, por aplicación del artículo 36 bis, inciso tercero de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, que entró en vigencia a contar del 31 de octubre de 2017, al tratarse los hechos de una conducción en estado de ebriedad, que implica la comisión de un simple delito, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 94 del Código Penal, este ilícito prescribió a los cinco años que se computaron el 31 de octubre de 2022.

En efecto, queda acreditado que el procedimiento disciplinario se extinguió por la prescripción de la acción disciplinaria a contar del 31 de octubre de 2022, puesto que el acto terminal fue dictado el 31 de marzo de 2023, siendo dable señalar a este respecto de qué forma se configuraron las causales del artículo 36 bis de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros:

1. El hecho que generó la persecución de la responsabilidad administrativa del ex Cabo 2° nombre reservado, ocurrió el día 17 de septiembre de 2017. (Artículo 36 bis, inciso 3°, Ley N° 18.961).

2. Mediante la Orden de Sumario N° 08854/2016/1 de 17 de septiembre de 2016 de la Prefectura de Carabineros Cautín, se dispuso la instrucción del sumario administrativo, por lo que, de esta manera, el plazo de prescripción quedó suspendido a contar de esa fecha. (Artículo 36 bis, inciso 4°, Ley N° 18.961).

3. Luego, desde el momento en que se verificó la infracción el día 17 de septiembre de 2021, por aplicación del artículo 25 de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, el artículo 36 bis de la Ley N° 18.961 que entró en vigencia a contar del 31 de octubre de 2017, consta que con anterioridad a esa fecha, como también posterior a ella, el ex funcionario que representa, no incurrió en nueva falta administrativa, por tanto, el tiempo de prescripción jamás se interrumpió. (Artículo 36 bis, inciso 4°, Ley N° 18.961).

4. Ahora, si bien no fue posible constatar que el proceso se haya paralizado por más de dos años, independiente que consta que dilación excesiva del procedimiento disciplinario que se inició a contar del 17 de septiembre de 2017, constituyendo una clara infracción a ser sancionado dentro de un plazo razonable, consta que transcurrieron más de 2 procesos calificatorios, específicamente los procesos de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, por tanto, el plazo de prescripción continuó corriendo como si no se hubiese suspendido. (Artículo 36 bis, inciso 5°, Ley N° 18.961).

Adicionalmente, la citada normativa legal, establece que la acción disciplinaria prescribirá contra el personal a los cuatro años, contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción, pero si hubiere hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal. En este sentido, si bien la acción que le dio origen se produjo el 17 de septiembre de 2016, por aplicación del artículo 25 de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 bis de la Ley N° 18.961 que entró en vigencia a contar del 31 de octubre de 2017, el computo del plazo se erige a contar de esta fecha (31 de octubre de 20217), siendo así que, considerando que el reproche disciplinario recae en una conducción en estado de ebriedad, el plazo de prescripción corresponde a una acción penal de simple delito cuyo plazo de prescripción es de cinco años. (Artículo 36 bis, inciso 3°, Ley N° 18.961).

Como consecuencia de lo anterior, el plazo de prescripción de 5 años se cumplió el 31 de octubre de 2022, dado que dentro de ese plazo no se dictó el acto administrativo terminal o final por parte del Sr. General Director de Carabineros, razón por la que de manera irredargüible a contar de esa fecha se produjo la extinción de la responsabilidad administrativa por la prescripción de la acción disciplinaria.

Procedimiento disciplinario ilegal y arbitrario.

En este aspecto, sin perjuicio de constatarse que el procedimiento disciplinario instruido por Carabineros de Chile en contra de don nombre reservado, se encuentra extinguida la responsabilidad administrativa por la prescripción de la acción disciplinaria, resulta evidente además destacar que, dicha institución ha vulnerado también los principios de responsabilidad, eficacia, eficiencia y probidad administrativa, que imponen los artículos 3º, inciso segundo, 5° inciso primero, 8°, 11°, 52° inciso segundo, 53° y 62° N° 8 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y los artículos 7°, 9° y 13° de la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, y ha vulnerado, además, “el debido proceso, en su dimensión de haber juzgado a don nombre reservado en un plazo razonable” razonamiento que sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, entre otras, en causa Rol N° 75.516-2021 de 21 de febrero de 2022.

Por otra parte, indicar que con fecha 03 de agosto de 2022, fue ingresado ante esa Ilma. Corte de Apelaciones, Rol N° 33.164-2022, recurso de protección en favor del ex funcionario que representa, por los mismos hechos, acogiendo dicha acción ese tribunal de alzada mediante fallo de 03 de marzo de 2023, sólo en cuanto a “ordenar a la autoridad de IX Zona de Carabineros nombre reservado, el término del sumario administrativo dentro del plazo de 30 días corridos”, sentencia que fue apelada ante la Excma. Corte Suprema, Rol N° 62.046-2023, que por medio del fallo de 05 de septiembre de 2023, en definitiva, confirmó la sentencia apelada. Fue así, que acorde a lo dispuesto en el artículo 54 inciso 3° de la Ley N° 19.880, su representado hizo uso de la reclamación que establece el artículo 160 de la Ley N° 18.834, con fecha 21 de septiembre de 2023, esto es, dentro de los 10 días hábiles que contempla la citada normativa, y no el día 26 de septiembre de 2023 como errónea e inexplicablemente lo señala el Dictamen Folio N° E464658 / 2024 de 19 de marzo de 2024 de la Contraloría General de la República, que rechazó por extemporánea la citada reclamación. Ahora, independiente de que se haya declarado por parte del citado Órgano de Control que la reclamación fue presentada de forma extemporánea, por parte de su representado, resulta importante destacar, en primer lugar, que el artículo 98 de la Constitución Política de la República otorga a la Contraloría General de la República la facultad de ejercer "el control de legalidad de los actos de administración, en tanto que, el artículo 99 de la misma Ley Fundamental indica que "en el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad a la ley, deben tramitarse por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer”.

De hecho, ha sido la misma Contraloría General de la República, la que ha instruido respecto de la obligación legal que le asiste, puesto que así lo señala el Dictamen N° 65120-2010 que expresa: “…las normas de derecho público referidas a derechos, libertades o garantías de las personas, o que limiten las potestades estatales, deben ser interpretadas extensivamente, razón por la cual, cabe concluir que en la instrucción de los procedimientos aludidos rige plenamente la garantía del debido proceso contenida en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la CPR, que exige al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

En ese sentido, quedando acreditado que la Contraloría General de la República, no es un mero espectador o buzón de correspondencia, en cuanto a ejercer las potestades de fiscalización preventiva sobre la juridicidad del actuar administrativo y de velar por el respeto integral de todo el ordenamiento jurídico, claro está que en el caso que se recurre de protección, ha actuado contraviniendo las obligaciones que le han sido encomendadas legal y constitucionalmente.

En efecto, la doctrina ha sido uniforme al señalar que el paso del tiempo produce la extinción de la responsabilidad administrativa, ya sea que opere la prescripción de la infracción o de la sanción, puesto que, en simples palabras, ello es un castigo en contra de la autoridad, quien al no haber ejercido su potestad disciplinaria dentro del plazo que la ley le ha concedido, quedó vedada absolutamente para aplicar una medida disciplinaria.

Incluso, ha sido la misma Contraloría General de la República, por medio de su Dictamen N° 22.814, de 2010, quien ha señalado que “la prescripción de la acción disciplinaria impide a la Administración ejercer la mencionada potestad, sin que le sea posible hacer efectiva la responsabilidad del funcionario por las transgresiones de carácter administrativo en que hubiere incurrido y opera en la medida que haya transcurrido el plazo previsto por la ley para tal efecto”, entonces, resulta inentendible que en este caso particularmente, haya tomado razón de un acto administrativo que es abiertamente ilegal.

No quedando la menor duda que el General Director de Carabineros después del 31 de octubre de 2022 se encontraba obligado de haber declarado, de oficio, la extinción de la responsabilidad administrativa por la prescripción de la acción disciplinaria de su representado, y de no haberlo hecho, ingresado el acto administrativo para toma de razón ante la Entidad de Control, esta autoridad por mandato legal y constitucional estaba obligada a advertir la ilegalidad del mismo, que como se verifica no se hizo.

Es más, basta verificar los Dictámenes N° E298079 / 2023 de 12 de enero de 2023 y N° E 415060 / 2023, de 13 de enero de 2023, del citado órgano contralor, que han rechazado alegaciones de prescripción, fundamentándolos en los mismos términos en que se sustenta este recurso, y lo que es más grave, contraviniendo sus propios Dictámenes Nos. 885, de 2011 y 84.761, de 2016, por citar algunos, lo que fuera de resultar contradictorio, reviste gravedad desde la perspectiva de ser el encargado de fiscalizar el control de legalidad que en derecho corresponde.

A mayor abundamiento, la discrecionalidad administrativa es un margen limitado que la ley concede en forma expresa a la administración, con la finalidad de que éstos, en casos específicos, interprete y aplique sus disposiciones generales con sujeción a los fines y medios previstos en ella, lo que importa una facultad jurídica y no de hecho, prevista, tasada y controlada por la propia ley habilitante o por el contexto del ordenamiento jurídico.

De esta manera, no cabe duda que toda actuación administrativa, inclusive la discrecional, debe someterse en plenitud a la Constitución Política de la República y al derecho, puesto que estamos en presencia de una consecuencia lógica del principio de supremacía constitucional, y de la superación del Estado absolutista y su reemplazo por un Estado de derecho y democrático.

En efecto, la Constitución Política de la República y en especial los principios de supremacía constitucional, legalidad e interdicción de la arbitrariedad, constituyen un punto de partida necesario para la determinación del alcance y, por consiguiente, los límites de la actuación administrativa, y de la actuación discrecional de la Administración.

En definitiva, se verifica, por una parte, que el General Director de Carabineros ha impuesto una sanción que ha sobrepasado ampliamente los límites que le impone la discrecionalidad administrativa, puesto que al sancionar disciplinariamente a su representado bajo el tenor literal de una normativa reglamentaria cuyas consecuencias jurídicas infraccionales se encuentran extinguidas por la prescripción, en el acto administrativo que se impugna, nunca logró superar la barrera impuesta por la interdicción de la arbitrariedad, la cual se erige fundamentalmente como un límite de las potestades discrecionales de la autoridad y un reconocimiento tácito de la necesidad y legitimidad de la existencia de la potestad que debe estar enmarcada dentro del ordenamiento jurídico y que aquí se ha vulnerado, siendo más grave aún que ello ha sido avalado por la actitud pasiva de la Contraloría General de la República, quien no dio cumplimiento a la esencia de su ordenamiento jurídico que se encuentra establecido en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República.

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS Derecho a la igualdad ante la ley El artículo 19° N° 2 de la Constitución establece que se asegura a todas las personas, “La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados (…)”. Por su parte, agrega el inciso 2° de dicha disposición que “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Al respecto, cabe indicar que isonomía justa, es decir, no discriminación, “se trata lisa y llanamente, de que, desde el punto de vista de la psicología social, no haya ninguna distinción entre las diferentes personas y grupos (…)”, agrega, “no se podrá autorizar ninguna discriminación arbitraria, se está prohibiendo tratar en forma diferente situaciones idénticas o tratar en la misma forma situaciones diferentes, porque se trata, precisamente, de la discriminación arbitraria.”

Consta ante lo descrito, que su representado se ha visto vulnerado al quedar en una situación de desmedro frente a otro grupo que goza del beneficio de que sean declarados sus derechos y se determine cuando procede que los actos administrativos se encuentren extinguidos por la responsabilidad administrativa al haber prescrito la acción disciplinaria. Incluso, se ha visto vedado por parte de la Contraloría General de la República, quien en su favor no hizo uso de una de las facultades de fiscalización de legalidad que no es discrecional, puesto que la Constitución y las leyes la obligan a supervisar.

Es decir, tanto el Sr. General Director de Carabineros, como la Sra. Contralora General de la República, se arrogaron una facultad que la ley no les concede, estableciendo una diferencia arbitraria en contra del sr. nombre reservado que la normativa legal y constitucional no le faculta.

Infracción al debido proceso La Convención Americana de Derechos Humanos, en su numeral primero de su artículo 8°, establece que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

Consta, además, que el artículo 8.2 de la citada Convención Americana de Derechos Humanos, establece que: “las garantías mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en función del debido proceso legal, ya que ha quedado establecido que las garantías del artículo 8.2 de la Convención no son exclusivas de los procesos penales, sino que además pueden ser aplicables a procesos de carácter sancionatorio”, lo que deja en evidencia que la garantía del debido proceso es un derecho humano internacional que regula las relaciones entre la autoridad estatal y las personas que exceden el proceso, con el fin de brindar ciertas garantías de racionalidad a tales procedimientos, dado que se trata de garantías que, en consideración 23 a la dignidad humana, imponen límites de racionalidad, razonabilidad y equidad que no se pueden soslayar.

Conforme a lo descrito, considerado lo depuesto en el artículo 5°, inciso 2° de la Constitución Política de la República, que establece: “[…] El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, dicha norma ratifica la plena vigencia y aplicación de los preceptos que impone la Convención Americana de Derechos Humanos en nuestro país.

Luego, el mismo texto constitucional, se refiere al debido proceso en el artículo 19, N° 3, inciso 5°, la cual constituye un principio fundamental para la vigencia del Estado de derecho, por cuanto, nos permite sostener que esta garantía debe estar presente en todo proceso que la ley contemple, siendo el órgano llamado a resolver el conflicto el que debe adoptar todas aquellas medidas necesarias y conducentes para respetar este derecho, al establecer que: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

En ese sentido, un procedimiento disciplinario que se inició el 17 de septiembre de 2016, y que finaliza con el acto terminal el 31 de marzo de 2023, esto es, habiendo transcurrido más de 7 años de tramitación del proceso, implica irremediablemente que su representado no fue sancionado dentro de un plazo razonable, más aún, al verificarse que la dilación excesiva del proceso administrativo jamás recayó en actos propiciados por su representado, pero, además, a que éste no tuvo el derecho un proceso previo legalmente tramitado, puesto que el acto terminal fue dictado en contra de norma expresa que señala que en las circunstancias procesales en las que se encontraba, el acto administrativo terminal debió haberse dictado dentro de los 5 años, sin embargo, dicha Resolución N° 13, de 31 de octubre de 2023, superó ampliamente dicho plazo, lo que deviene en ilegal y arbitrario.

Derecho de propiedad Con motivo de la Resolución Exenta N° 650, de 17 de septiembre de 2016, de la Prefectura Cautín N° 22, que dispuso la “Baja con efectos inmediatos por conducta mala” de su representado don nombre reservado, dicho ex funcionario quedó suspendido inmediatamente del pago de las remuneraciones mensuales, lo que ha significado que hayan transcurrido más de 7 años sin haberlas percibido.

De esta manera, considerando que el proceso que ha originado esta acción de protección se ha tornado en su tramitación en ilegal y arbitrario, por cuanto, fuera de haber trasgredido el debido proceso producto de la excesiva demora en que ha incurrido la autoridad administrativa para adoptar la decisión final dentro de lo que implica un plazo razonable, afectando el contenido jurídico del procedimiento administrativo y que ha derivado en que se transforme abiertamente en ilegítimo, lesivo para los intereses del afectado y su derecho a la seguridad jurídica; incurre además, al encontrarse a contar del 31 de octubre de 2022, extinguida la responsabilidad administrativa y prescrita la acción disciplinaria, en una retención ilegal y arbitraria de sus remuneraciones, afectando la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, esto es, el “Derecho de Propiedad”.

Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de doña nombre reservado, Contralora General de la República y de don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, admitirlo a tramitación, acogerlo y en definitiva hacer lugar al recurso interpuesto, declarando:

1. La acción de doña nombre reservado, Contralora General de la República y don nombre reservado, General Director de Carabineros de Chile, deviene en ilegal y arbitraria y, en razón de ello, dejar sin efecto la resolución N°13, de 31 de marzo de 2023, de la Dirección General de Carabineros.

2. La extinción de la responsabilidad administrativa y la prescripción de la acción disciplinaria, respecto del procedimiento disciplinario instruido en contra del Ex Cabo 2do. de Carabineros, sr. nombre reservado, por medio de la Resolución Exenta N° 650 de fecha 17 de septiembre de 2016.

3. Disponer el reintegro a las filas de Carabineros de Chile, del Ex Cabo 2do. de Carabineros, sr. nombre reservado, restituyéndolo en el mismo grado, cargo y unidad policial que ocupaba en la fecha que fue cesado de su cargo.

5. Disponer cualquier otra medida que SS. Ilustrísima estime pertinente, destinada a restablecer el imperio del derecho y amparar las garantías constitucionales de mi representado.

6. Que se condene en costas a los recurridos.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Resolución Exenta N° 650, de 17 de septiembre de 2016 de la Prefectura Cautín N° 22.

2. Resolución N° 13, de 31 de octubre de 2023 de la Dirección General de Carabineros.

3. Dictamen Folio N° E464658 / 2024 de 19 de marzo de la Contraloría General de la República.

A folio 11 informa Carabineros De Chile:

1.- ANTECEDENTES GENERALES.

Que don nombre reservado, interpuso el presente recurso de protección, en favor de don nombre reservado, ex Cabo 20 de Carabineros, en relación a la Resolución N° 13 de fecha 31.03.2024, de la Dirección General, tomada de razón por la Contraloría General de la República, que rechazó la instancia de recurso de apelación interpuesta, confirmando la medida expulsiva, consistente en "baja con efectos inmediatos", aplicada el 17.09.2016 al aludido ex funcionario, por conducir en estado de ebriedad, la cual estima ilegal y arbitraria.

11.- ANTECEDENTES PARTICULARES.

a)

Con fecha 17.09.2016, la Prefectura de Carabineros Cautín dictó la Resolución Exenta N° 650, mediante la cual aplicó la baja con efectos inmediatos del Cabo 2° nombre reservado, por haber sido sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, involucrándose en un accidente de tránsito.

Conforme lo establecido en el artículo 127 N° 4 inciso 50 del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros de Chile, N° 8, se dio inicio a un sumario administrativo, Orden de Sumario N° 8854/2016/1 de fecha 17.09.2016.

Luego de efectuar las diligencias de investigación, el Fiscal en comisión propuso al jefe resolutor confirmar la medida impuesta en primer término por medio de la Resolución Exenta N° 650.

b)

Con fecha 29.09.2021, el presente proceso administrativo fue Dictaminado por el Prefecto de la Prefectura Cautín, determinando confirmar la medida expulsiva impuesta, porque se estableció que el día 17.09.2016, el ex Cabo 2° nombre reservado, encontrándose franco, vistiendo de civil, conducía un vehículo PPU IJA-6229 en la comuna de Nueva Imperial, perdió el control de éste, chocando una barrera de contención. Al llegar personal policial al lugar de los hechos, le efectuaron la prueba respiratoria, la que arrojó como resultado 1,62 g/l, siendo detenido por conducir en estado de ebriedad, luego la alcoholemia dio como resultado 2,05 g/l. Con lo anterior, infringió la falta establecida en el artículo 22 N° 1 letra d) del Reglamento de Disciplina N° 11, afectándole las circunstancias agravantes de las letras c) y e) del artículo 33, sin favorecerle atenuantes.

Notificado el referido acto administrativo el abogado apoderado del ex funcionario, que comparece nuevamente en su favor, se manifestó no conforme, presentando un escrito ante el Jefe de la IX Zona de Carabineros nombre reservado, que contenía la siguiente suma: "EN LO PRINCIPAL: Prescripción de la acción disciplinaria; PRIMER OTROSÍ: En subsidio, decaimiento procedimiento administrativo; SEGUNDO OTROSÍ: En subsidio, recurso jerárquico." Todo lo anterior fue resuelto mediante la Resolución Exenta N° 198 de fecha 09.05.2022 de la IX Zona de Carabineros nombre reservado, no dando lugar a lo anterior por las razones que en aludido acto administrativo se indican.

Habiendo sido notificado de la aludida resolución, con fecha 04.07.2022, el apoderado del inculpado se manifestó no conforme interponiendo recurso de apelación ante el General Director de Carabineros de Chile, lo cual fue resuelto mediante la Resolución N° 13 de fecha 31.03.2023, de la Dirección General, no dando lugar al recurso de apelación, confirmando la medida expulsiva.

111.- ALEGACIONES SOSTENIDAS POR EL RECURRENTE.

1. Infracción al principio de legalidad.

El recurrente, estima que se ha emitido un acto administrativo con infracción al principio de legalidad, puesto que al ser contrario a este principio infringe normas de carácter constitucional, deviniendo en una infracción al debido proceso, en atención a lo siguiente:

1.1. Procedimiento extinguido por la prescripción.

El recurrente, en relación a esta alegación, manifiesta que el día 17.09.2016 es el hito que marca el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción disciplinaria, luego indica que con la misma fecha se ordenó la instrucción del sumario administrativo N° 08854, provocándose la suspensión del aludido plazo.

Posteriormente hace referencia a lo dispuesto en el artículo 36 bis de la Ley 18.961, vigente a contar del 31.10.2017, estimando que procede declarar la prescripción.

Al respecto es pertinente señalar lo siguiente:

a) Que el artículo 20 del Reglamento de Disciplina N° 11, vigente al momento en que se inicia la instrucción del sumario administrativo, en lo referente a la prescripción, establecía lo siguiente: "La facultad de castigar las faltas prescribe en el término de seis meses, contado desde la fecha en que se cometió la falta; pero, si un proceso militar, civil o administrativo da como resultado que el hecho en cuestión debe ser sancionado disciplinariamente, podrá aplicarse la sanción correspondiente aun después de este término.

Cuando se trate de hechos conexos o relacionados entre sí, la prescripción sólo empezará a correr desde la fecha en que se cometió la última falta.

Las diligencias y actuaciones tendientes a establecer la falta que defina la responsabilidad del autor, suspenden el plazo de la prescripción." De la lectura del artículo en cuestión, se desprende que efectivamente la primera parte del inciso primero señala que la facultad de castigar las faltas prescribe en el término de seis meses, contado desde la fecha en que se cometió la falta, sin embargo posteriormente la misma norma en su inciso tercero señala que "Las diligencias y actuaciones tendientes a establecer la falta que defina la responsabilidad del autor, suspenden el plazo de la prescripción." Ahora bien, el sumario administrativo instruido tendiente a determinar eventuales responsabilidades administrativas y/o disciplinarias se inició con fecha 17.09.2016.

Así las cosas, el plazo de prescripción se suspendió.

b) Que el 31 de octubre del año 2017, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.041, que incorporó el actual artículo 36 bis a la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, esta norma, vino a regular la extinción de la responsabilidad administrativa, lo que, según establece su inciso primero, se verifica por la muerte, el retiro, el cumplimiento de la sanción y por la prescripción. Sin embargo, la citada legislación no derogó las normas contenidas en el artículo 20 del Reglamento de Disciplina N° 11, cuya aplicación se encuentra restringida para todos los procesos disciplinarios que se iniciaron antes del 31.10.2017, con todo ello, el plazo de prescripción es de 4 años.

c) El inciso quinto del artículo 36 bis, contempla dos instituciones que, de verificarse, permiten que el plazo de prescripción vuelva a correr y de computarse cuatro años el infractor no podrá ser castigado, en lo que se refiere a la regla si "transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado", esta institución debe ser analizada a la luz de la jurisprudencia administrativa, pues se trata de una figura que contemplan otros ordenamientos jurídicos disciplinarios:

- Las "calificaciones funcionarias", según ha precisado el órgano contralor, en los Dictámenes 92.240/2014 y 7.120/2018, "no se basa en la evaluación particular del funcionario objeto del proceso disciplinario, sino que supone una contabilización objetiva del lapso que debe completarse para restablecer el cómputo del término de prescripción por el que se consulta"; pues bien, al no tratarse de la evaluación particular de cada funcionario sino sólo del transcurso del tiempo, esa interpretación también podría ser aplicable al personal que se encuentra en retiro temporal y al dado de baja por conducta mala, con efectos inmediatos, a quienes también les beneficiaría esta institución.

- Luego, sobre la expresión "sancionado", la Contraloría General de la República ha sostenido que ello ocurrirá desde el momento en que se aplique la sanción, en nuestro ordenamiento jurídico institucional ello ocurrirá desde que se emita el dictamen, si se trata de un sumario, o la resolución, si corresponde a una investigación, por tanto, como la vista fiscal y el oficio informe son actos de proposición, no cumplen con el requisito que establece la norma.

c)

El ex Cabo 2° nombre reservado, fue dado de baja por conducta mala, con efectos inmediatos, por los hechos ocurridos 17.09.2016 y si bien, con fecha 03.04.2017 se emitió el Dictamen N° 08854/2016/1, éste fue invalidado, volviendo el proceso a la etapa de investigación, por lo que habiendo transcurrido dos calificaciones funcionarias sin que se haya sancionado, lo único que produce es que el plazo de prescripción continúa su computo de 4 años, por lo que, en la especie, la prescripción podría ser solicitada cuando ese plazo se compute, esto es, el 31.10.2021, por tratarse de un proceso tramitado con anterioridad a la publicación de la Ley 21.041. Sin embargo, con fecha 29.09.2021, se dictaminó el proceso administrativo, acto que fue notificado con fecha 15.10.2021, por tanto, se ha vuelto a suspender la contabilización de dicho plazo.

d)

Sin perjuicio de lo señalado, cabe recalcar que en el proceso sumarial no existe una declaración expresa por parte de la defensa del funcionario, en cuanto a su voluntad de querer beneficiarse de la citada Ley 21.041.

1.2. Procedimiento ilegal y arbitrario.

El recurrente, estima que el proceso administrativo ha vulnerado los principios de responsabilidad, eficacia, eficiencia y probidad administrativa, por no haber sido juzgado en un plazo razonable.

En relación a la presente alegación, se puede advertir que el proceso había sido oportunamente dictaminado con fecha 03.04.2017 por el Prefecto de la Prefectura Cautín N° 22, siguiendo con su etapa recursiva hasta el Sr. General Director, instancia en que se advirtió un vicio en el proceso administrativo que se estimó solo era subsanable con la invalidación parcial del proceso. Lo anterior derivó en que deba citarse en audiencia al interesado, conforme lo establece el art. 53 de la Ley 19.880, en las distintas instancias en que ya había sido resuelto, asimismo, que la Fiscalía en comisión ampliara la vista fiscal, para cumplir con las observaciones que se habían efectuado, y de esta forma garantizar el debido proceso al inculpado.

Por tanto, se debe hacer presente que la extensión del plazo en ningún caso es injustificada ni arbitraria, sino que tuvo su génesis en un vicio del proceso, el que debió ser subsanado iniciando el proceso de invalidación parcial del expediente.

2. En cuantos derechos fundamentales que estima vulnerados.

2.1.

Derecho a la igualdad ante la ley.

El recurrente expone que esta vulneración se traduce en que la autoridad se ha arrogado facultades sin fundamento alguno. Al respecto debe tenerse presente lo expuesto en los apartados anteriores, por tanto, lo resuelto por el Sr. Jefe de Zona nombre reservado, en cuanto a no acceder a la solicitud de decaimiento y prescripción de la acción disciplinaria, se encuentra fundada en la ley.

2.2.

Infracción al debido proceso.

El recurrente expone que los procedimientos administrativos son actos reglados, exentos de discrecionalidades, y en este sentido expone que la Corte Suprema ha estimado que los elementos mínimos de un proceso disciplinario para satisfacer el debido proceso son: (a) amplio acceso del investigado a los antecedentes en que se sustenta el proceso disciplinario, (b) la posibilidad de conocer los cargos, (c) la posibilidad de defenderse, (d) la posibilidad de rendir pruebas, (e) la posibilidad de conocer el dictamen, (f) la posibilidad de recurrir a una instancia superior y, (g) la posibilidad de ser asistido por un defensor letrado.

En relación a lo señalado, puede determinarse que el inculpado en el proceso administrativo y recurrente en estos autos ha tenido todas y cada una de las garantías señaladas, no evidenciándose en ese sentido ninguna vulneración al debido proceso.

2.3.

Derecho de propiedad.

El recurrente expone la vulneración del derecho de propiedad, en atención a que con motivo de la Resolución Exenta N° 650, de fecha 17.09.2016, que dispuso la baja con efectos inmediatos por conducta mala, su representado quedó suspendido inmediatamente del pago de sus remuneraciones.

Es relevante recalcar que la parte recurrente no tiene un derecho absoluto a mantener su cargo público ante toda circunstancia y, en el caso de marras, operó una causal legal de desvinculación del recurso humano, de conformidad a la normativa jurídica aplicable, y ello destruye los presupuestos procesales del recurso de protección.

Ahora bien, en cuanto a que la protección de la propiedad inclusive alcanza a las prestaciones económicas de parte del Estado, es menester señalar que lo que la recurrente pretende es que además tiene un derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, sin embargo se debe precisar que el artículo 33 inciso 1° de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, refiere que las remuneraciones de los funcionarios de la institución son consecuencia de las labores efectivas prestadas por aquellos.

Es decir, la percepción de emolumentos requiere, necesariamente, el cumplimiento real de las labores, salvo, por cierto, los casos en que el propio ordenamiento, atendidas circunstancias especiales, permite disponer su pago aun cuando no concurra dicho desempeño, por ejemplo, tratándose de periodos en que se hace uso de licencia médica y de permiso con goce de remuneraciones.

Así las cosas, al privar al recurrente del goce de sus remuneraciones, ello por cuanto la medida provocó sus efectos al día siguiente de su notificación, queda desde ese momento marginado de Carabineros de Chile, y por ende, sin derecho a percibir las remuneraciones del empleo, tal como se ha precisado en los dictámenes N° 53.449 y N° 60.053, ambos de 2009; N° 20.513 de 2011; N° 26.406 de 2012, entre otros.

Así también lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en los autos sobre recurso de protección Rol 2333-2013; y la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos sobre recurso de protección Rol 12087-2013.

Pero más recientemente encontramos los autos Rol N° 1767-2019, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, que en su parte pertinente refiere:

"SÉPTIMO: Que, a objeto de resolver la controversia, es preciso tener presente que la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo, en consecuencia, la adopción de una medida disciplinaria que produce la desvinculación inmediata de sus labores trae consigo indefectiblemente la suspensión del pago de la misma pues, en estricto rigor, la labor a remunerar no se ejecuta.

De esta forma, la decisión adoptada por Carabineros en tal sentido, se encuadra en el marco legal especificado en el fundamento quinto, especialmente dentro de las facultades del artículo 127 N O 4, inciso quinto, del Capítulo VIII sobre Eliminaciones, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros; por lo que es dable concluir que no se ha incurrido en ninguna ilegalidad y, tal circunstancia, permite desestimar la existencia de algún tipo de arbitrariedad." El fallo anterior fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema, mediante autos Rol de Ingreso N° 19.102 -2019.

En el mismo sentido la sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol 5.446-2019, refiere en su parte pertinente lo siguiente:

"Sexto: Que, por otra parte, la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo, y así lo dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Institución: "El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demásremuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan.

Por tanto, si como consecuencia de un procedimiento disciplinario, como sucede en la especie, se produce la desvinculación inmediata de funciones, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues la labor a remunerar ya no se realiza.".

IV.- CONCLUSIÓN Que, conforme a la información contenida en el presente informe, teniendo a la vista la fundamentación legal señalada, no existe vulneración a los derechos fundamentales indicados por el recurrente.

A folio 12 informa Contraloría Regional nombre reservado.

I.- Antecedentes del recurso Mediante la resolución exenta N° 650, de 2016, de la Prefectura Cautín de Carabineros de Chile, se dispuso la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, al señor nombre reservado, por cuanto el día 17 de septiembre del año 2016, encontrándose de franco y en estado de ebriedad, perdió el control de su vehículo particular y colisionó con una barrera de contención ubicada en la intersección de la Avenida Los Alerces con la calle República, en la comuna de Nueva Imperial, conducta que, para esa autoridad policial, configuró las faltas contempladas en el artículo 22, N° 1, letras d) y h), del decreto N° 900, de 1967, del ex Ministerio del Interior, Reglamento de Disciplina, concurriendo las circunstancias agravantes dispuestas en el artículo 33, letras a), e) y f) y la atenuante de la letra a), del mencionado texto reglamentario.

Atendido lo anterior, se instruyó el pertinente proceso disciplinario, mediante la orden de sumario N° 8854/2016/1, de 17 de septiembre de 2016, de la aludida Prefectura, a fin de verificar la existencia de los hechos imputados.

Luego, a través de la resolución N° 08854/2016/1, de 29 de septiembre de 2021, de la Prefectura Cautín -rolante a fojas 422 y siguientes del expediente-, la citada Prefectura confirmó la medida disciplinaria de baja por conducta mala, con efectos inmediatos, aplicada al señor nombre reservado.

Posteriormente, el afectado dedujo recurso jerárquico para ante el Jefe de la Zona nombre reservado de Carabineros de Chile, quien desestimó la impugnación impetrada y mantuvo la sanción expulsiva, en los términos constatados en su resolución exenta N° 198, del 9 de mayo de 2022.

A continuación, el inculpado presentó un recurso de apelación para ante el General Director de Carabineros de Chile, autoridad que, en el ejercicio de su potestad disciplinaria, decidió confirmar la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, aplicada al señor nombre reservado, en su resolución N° 13, del 31 de marzo de 2023.

Luego de practicada dicha notificación, ese organismo policial remitió la referida resolución N° 13, de 2023, para su control previo de legalidad a esta Entidad de Control, siendo tomado de razón dicho acto administrativo con fecha 19 de marzo de 2024, por cuanto tanto esa resolución, como el proceso sumarial que le sirvió de sustento, se ajustaron a derecho.

Pues bien, emitido ese último acto administrativo, Carabineros de Chile procedió a notificarlo al referido exfuncionario mediante el envío de una carta certificada a su domicilio en la comuna de Valdivia, entendiéndose practicada dicha comunicación el día 25 de abril de 2023, según lo dispuesto en el artículo 46, inciso segundo, de la Ley N° 19.880.

Enseguida, corresponde hacer presente que el señor nombre reservado presentó ante esta Entidad de Control un reclamo funcionario -dentro del plazo de 10 días hábiles dispuesto en el artículo 160 de la Ley N° 18.834, en contra del aludido procedimiento disciplinario, ingresado como referencia N° 94.159, el 26 de septiembre de 2023, el que fue atendido mediante el oficio N° E464.658, de 2024, de este origen, en el que se concluyó que su reclamo fue presentado de manera extemporánea, por cuanto aquel fue notificado del acto terminal el día 25 de abril de 2023, excediendo el plazo de diez días hábiles dispuesto en la normativa.

El recurrente señala en su escrito que su reclamo fue ingresado con fecha 21 de septiembre de 2023, encontrándose, a su juicio, dentro de los 10 días hábiles que contempla la aludida normativa, si es que se contabiliza desde la fecha de notificación del fallo de la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 62.046-2023, de fecha 5 de septiembre de 2023, que se pronunció sobre el recurso de apelación deducido en el anterior recurso de protección que interpuso en contra del sumario de que se trata.

Al respecto, este Órgano Fiscalizador cumple con aclarar, desde ya, que si bien el artículo 160 no establece ninguna formalidad para la interposición del reclamo, en virtud de la resolución exenta N° 922, de 6 de mayo de 2023, que formaliza el procedimiento para la tramitación de los reclamos a que se refieren los artículos 160 de Estatuto Administrativo y 156 del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, de este origen, las únicas vías por las cuales se puede ingresar el reclamo son por vía electrónica a través del Portal de Atención de Reclamos Funcionarios, o en su defecto, realizar la presentación materialmente en la Oficina de Partes de este Ente Contralor.

En consecuencia, el correo enviado por el señor nombre reservado al Contralor Regional de la nombre reservado, con fecha 21 de septiembre de 2023, no puede considerarse como un ingreso válido de un reclamo, por cuanto la fecha efectiva de interposición del reclamo, es aquella certificada por la Oficina de Partes de este Ente Fiscalizador, correspondiente al 26 de septiembre de 2023.

A mayor abundamiento, el oficio N° E464.658, de 2024, de esta Contraloría General, al resolver el reclamo interpuesto por el actor, se pronunció indicando que el plazo de 10 días no puede computarse desde la fecha de notificación del fallo de la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 62.046-2023, sino desde que tomó conocimiento de la aludida resolución N° 13, de 2023, de la Dirección General de Carabineros de Chile, lo que ocurrió mediante carta certificada de la empresa Correos de Chile, envío N° 0001- RUT reservado, del 26 de abril de 2023, como reconoce el propio recurrente en su reclamo.

En efecto, es esta resolución N° 13, de fecha 31 de marzo de 2023, de esa repartición, y su toma de razón, las que motivan la acción de protección presentada por el señor nombre reservado, quien estima que afectan de manera ilegal y arbitraria las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y debido proceso del artículo 19 N°s. 2, 5, inciso 2°, y 24 de la Constitución, solicitando a esta Ilma. Corte de Apelaciones, en primer lugar, que se deje sin efecto el antedicho acto administrativo. En segundo lugar, pide se determine la extinción de la responsabilidad administrativa y la prescripción de la acción disciplinaria respecto del procedimiento disciplinario, instruido en su contra, por medio de la resolución exenta N° 650, de 2016. Y, en tercer lugar, que se disponga su reintegro a las filas de Carabineros de Chile, restituyéndolo en el mismo grado, cargo y unidad policial que ocupaba en la fecha que fue cesado de su cargo.

II.- Falta de legitimación pasiva Si bien el recurso de autos se interpone en contra de esta Entidad de Control y de Carabineros de Chile, lo verdaderamente impugnado por el actor es el actuar de esa institución policial al confirmar la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, que se le aplicó al señor nombre reservado.

De este modo, en el supuesto de ser procedente la impugnación de la medida disciplinaria de carácter expulsiva, por la vía del recurso de protección, en ningún caso debería dirigirse en contra de este Órgano Fiscalizador, pues este último no intervino ni influyó en la confirmación de la baja por conducta mala, con efectos inmediatos, aplicada al interesado.

Como ya se señaló en el acápite sobre antecedentes, las peticiones realizadas por el recurrente son tres, a saber: dejar sin efecto el aludido acto de Carabineros de Chile, que se declare la extinción de responsabilidad y la prescripción, y que se le reintegre a la institución, ninguna de las cuales son competencia de este Ente Contralor.

De esta forma, la supuesta perturbación de los derechos fundamentales que alega el recurrente sería producto de la actuación de Carabineros de Chile que determinó aplicarle la aludida sanción, por lo que se solicita a ese Ilmo. Tribunal que desestime el recurso de protección de autos deducido contra esta Institución Fiscalizadora, por falta de legitimación pasiva.

III.- Sobre la extemporaneidad de la acción deducida En línea con lo indicado en el acápite anterior, es menester señalar que la acción intentada resulta extemporánea, toda vez que las actuaciones que el recurrente estima son arbitrarias e ilegales corresponden a Carabineros de Chile, las que se llevaron a cabo más de un año a la fecha.

En efecto, el recurrente crea un plazo artificial en relación con la toma de razón por parte de esta Entidad Contralora, en circunstancias que lo que se busca impugnar, de acuerdo con sus propias peticiones, son, como se expuso, las actuaciones de Carabineros de Chile en relación con el sumario que acabó con su cese de funciones.

Al respecto, es conveniente recordar el criterio expuesto en la sentencia de la Excma. Corte Suprema, de 7 de agosto de 2017, recaída en la causa rol N° 31.689-2017, que indica en su considerado cuarto: “Que de acuerdo a lo señalado se puede colegir que la acción cautelar es extemporánea, por cuanto la actora computa el plazo de interposición desde que fue notificada de la resolución que desestima la reconsideración presentada contra el Dictamen N° 76.915, creando artificiosamente un plazo para recurrir”.

IV.- El recurso de protección no es la vía para impugnar un sumario administrativo Cabe señalar que el actor pretende que esa Ilma. Corte sustituya a la Administración activa en la valoración de los elementos de convicción destinados a establecer un juicio sobre su responsabilidad disciplinaria y así debatir sobre la legalidad del acto administrativo dictado por Carabineros de Chile y tomado de razón por esta Entidad de Control, que determinó aplicar la medida de baja por conducta mala, con efectos inmediatos, en su contra.

En tal contexto, el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como ocurre en la especie, ya que las normas de los sumarios administrativos contienen todos los elementos necesarios para la adecuada defensa del sumariado, estableciendo, entre otros, las autoridades competentes, los plazos para realizar actuaciones, formalidades en las notificaciones, formulación de cargos y su debido emplazamiento, admisibilidad y regulación de los medios probatorios, forma de evacuar descargos y la manera de interponer los recursos que procedan en contra de las sanciones que se apliquen, franquicias que, como ya se indicó, el señor nombre reservado hizo valer.

Debe tenerse en cuenta que la acción de protección no se ha creado para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procedimientos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes, que actúan dentro del marco de sus atribuciones y en el contexto de la distribución de competencias que impera en el régimen jurídico nacional, todo ello bajo el imperio del derecho, resultando improcedente interponer este recurso en contra de las determinaciones que se adopten por los funcionarios o la superioridad correspondiente, ya que ello implicaría desconocer el procedimiento fijado por el ordenamiento jurídico para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos respectivos.

Resulta importante destacar que la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago ha manifestado, en fallo recaído en recurso de protección rol N° 228-2021 -confirmado por la Excma. Corte Suprema en rol N° 80.0021-2021, que: “Así las cosas, aparece que el asunto propuesto a través de esta acción constitucional rebasa sus límites y propósitos, dado que supone dirimir si se aplicó o no conforme a derecho la institución de la prescripción para cuyos fines este procedimiento tutelar no resulta idóneo, lo que deja de manifiesto que no existe un derecho indubitado a su respecto, toda vez que para acceder a lo solicitado justamente se requiere un pronunciamiento en tal sentido”.

Agrega que: “el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los derechos y obligaciones del recurrente, es parecer de esta Corte que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección”.

Por consiguiente, queda de manifiesto que el asunto ventilado en estos autos excede los márgenes de la naturaleza cautelar del recurso de protección.

Aceptar una tesis contraria implicaría que todo sumario en que se sancione a un funcionario terminaría siendo conocido por los tribunales superiores de justicia mediante la presente vía cautelar, transformando el recurso de protección en un mecanismo de impugnación de aspectos de fondo de un sumario administrativo.

Por último, cabe agregar que la Excma. Corte Suprema, en causa rol N° 154.772-2020, en su considerando 7° confirmó el criterio relativo a que si el acto administrativo que aplica una medida expulsiva se encuentra firme y ejecutoriado -como acontece en la especie-, resulta inamovible en sede jurisdiccional por la vía del recurso de protección.

“7° (…) Esta Corte no advierte el modo como podría, en la eventualidad que dejara sin efecto dicho oficio, hacer lugar a lo que ha pedido como medidas de reparación, que consisten nada menos que en la de dejar sin efecto la sanción impuesta, la reincorporación a las funciones que cumplía en el señalado Instituto, o en subsidio el pago de las remuneraciones que le habrían correspondido en tanto habría gozado de fuero maternal. Ciertamente se trata de peticiones incongruentes con la materia que fue reclamada.

Efectivamente, el acto administrativo que determinó la destitución de la recurrente se encuentra a firme y ejecutoriado, resultando por lo tanto inamovible para este Tribunal. (…)

Para el caso de autos, los procedimientos para las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos se encuentran regulados en el Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N°18.834, conforme al cual se tramitó y se dispuso la destitución, procediendo los recursos de reposición y de apelación, éste último cuando sea procedente tal recurso.

La recurrente, en el curso del sumario, que esta Corte no puede revisar, pues el recurso en análisis no lo permite, hizo uso de todos los mecanismos de defensa que la ley le otorga”

Entonces, resulta asimismo improcedente pretender por esta vía dejar sin efecto una sanción expulsiva que se encuentra firme y ejecutoriada, pretendiendo que VS. Ilma. se avoque al conocimiento del sumario administrativo en análisis.

V.- Improcedencia del recurso de protección en contra de la toma de razón y ausencia de ilegalidad y arbitrariedad de ella respecto de la resolución impugnada Sin perjuicio de estimarse que lo informado precedentemente es suficiente para desestimar la acción de autos, cabe tener presente que la intervención de esta Entidad de Control respecto de la resolución N° 13, de 2023, de la Dirección General de Carabineros de Chile, consistió en efectuar el control previo de legalidad, imperativo contemplado en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y en los artículos 1° y 10 de la Ley N° 10.336.

De este modo, el recurso de autos resulta absolutamente improcedente si por su intermedio se pretende impugnar la actuación de este Organismo Fiscalizador, efectuada en ejercicio de una de sus funciones primordiales, de naturaleza constitucional y legal, cual es la de velar por el resguardo del principio de juridicidad de los actos de la Administración del Estado, a través del examen preventivo de legalidad.

La toma de razón constituye un trámite con motivo del cual este Ente Contralor emite, en forma exclusiva, un pronunciamiento respecto de la adecuación o conformidad al ordenamiento jurídico vigente de los decretos o resoluciones afectos a tal control de legalidad y constitucionalidad, el cual no es susceptible de ser impugnado por la vía de la interposición de un recurso de protección.

Por lo tanto, la solicitud del recurrente en orden a requerir que se deje sin efecto la toma de razón de la resolución N° 13, de 2023, de la Dirección General de Carabineros de Chile, resulta del todo improcedente, pues dicho control preventivo de legalidad es, como ya se mencionó, una función exclusiva de la Contraloría General de la República, la cual ejerció respecto del acto administrativo que se cuestiona.

Es manifiesto, entonces, conforme lo ha expresado la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, que determinar si una actuación como la de autos -esto es, el ejercicio del control preventivo de juridicidad de un acto administrativo efectuado por la Contraloría General-, se ajusta o no a la ley, es completamente ajeno a la naturaleza de la acción de protección.

En tal sentido, la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 2 de mayo de 2019, dictada en la causa rol N° 5.055-2019, confirmado por la Excma. Corte Suprema con fecha 13 de junio de 2019, señaló en su considerando 8° que: “muchas veces se ha señalado, y ahora se reitera, que el trámite de “toma de razón” -que en la especie se hizo por orden de la ley- constituye uno cuya competencia exclusiva y excluyente corresponde a la Contraloría y que, por lo mismo, no puede ser objeto de revisión judicial a través de la acción que la Constitución Política de la República contempla en su artículo 20”.

Este criterio ha sido expresamente reconocido por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 5 de abril de 2021, causa rol N° 133.995-2020, la que en su considerando cuarto expresó: “Que, atendido los contornos de la controversia, esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que el recurso de protección es, por regla general, improcedente para impugnar la actuación de la Contraloría General de la República, cuando ésta ejercita una de las atribuciones primordiales que le asigna la Carta Fundamental en sus artículos 98 y 99, consistente en el control preventivo de legalidad de los actos de la Administración del Estado, toda vez que dicha potestad, refrendada a nivel legislativo en los artículos 1, 5, 6 y 10 de la Ley Nº 10.336, le corresponde ejercerla en forma exclusiva y excluyente, siendo del caso añadir que el Constituyente estableció que se trata de un organismo autónomo respecto de los demás poderes del Estado”.

De esta manera, no resulta procedente que, por la vía del recurso de protección, se impugne lo determinado por este Organismo de Control en el ejercicio del control previo de legalidad que constitucional y legalmente le compete ejercer de forma exclusiva.

Por otra parte, es menester recalcar la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en la toma de razón de la resolución N° 13, de 2023, de la Dirección General de Carabineros de Chile.

De manera preliminar, se debe destacar que no se advierte de qué manera la toma de razón de la resolución N° 13, de 2023, ha podido ser ilegal, toda vez que fue efectuada al amparo de las competencias asignadas a esta Contraloría General, por los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, 1°, 5°, 6° y 9° de la Ley N° 10.336, y con estricto apego y respeto al ordenamiento jurídico que regula la materia.

Por tanto, al haberse tomado razón del citado acto administrativo, se han ejercido las facultades privativas que a esta Entidad de Fiscalización le otorgan la Constitución Política, su ley orgánica, y demás normas pertinentes, tratándose de una actuación llevada a cabo legítimamente, en el marco constitucional y legal que determinan sus atribuciones.

En otro orden de ideas, la toma de razón efectuada en la especie no constituye una acción u omisión arbitraria, pues no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituyó un estudio acabado del procedimiento disciplinario incoado en contra del afectado, que concluyó con la confirmación de su baja por conducta mala, con efectos inmediatos.

En este contexto, se ha estimado útil agregar que las alegaciones esgrimidas en la presente acción constitucional no fueron formuladas en la oportunidad procesal pertinente del sumario administrativo respectivo, por lo que no resulta jurídicamente procedente que esta sede se entienda como una nueva instancia de impugnación en un procedimiento reglado como lo fue el sumario disciplinario incoado en su contra.

Así, el hecho de que el recurrente no comparta la toma de razón realizada por esta Contraloría General, no transforma a dicho trámite en un acto arbitrario o ilegal.

VI-. Sobre el fondo de la acción deducida 1. En relación con la extinción de la acción disciplinaria por prescripción de la responsabilidad administrativa del inculpado, a la luz de lo previsto en el artículo 36 bis de la Ley N° 21.041 Al respecto, cabe indicar que el artículo 20 del decreto N° 900, de 1967, del ex Ministerio del Interior, Reglamento de Disciplina -vigente a la época en que el recurrente cometió la conducta reprochada, esto es, el 17 de septiembre de 2016-, establece que “la facultad de castigar las faltas prescribe en el término de seis meses, contado desde la fecha en que se cometió la falta; pero, si un proceso militar, civil o administrativo da como resultado que el hecho en cuestión debe ser sancionado disciplinariamente, podrá aplicarse la sanción correspondiente aun después de este término”.

A su turno, es dable consignar que la regla incorporada por la Ley N° 21.041, publicada en el Diario Oficial el 31 de octubre de 2017, que agregó el señalado artículo 36 bis a la ley N° 18.961, en su inciso tercero -reemplazado por artículo 84 ter desde el 16 de agosto de 2022-, establecía que “la acción disciplinaria contra el personal prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. No obstante, si hubiere hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal”.

A continuación, según el artículo 94 del Código Penal, la acción penal para perseguir los simples delitos prescribe en el plazo de 5 años, y empieza a correr desde el día en que se hubieren cometido, en conformidad a lo que indica su artículo 95, debiendo agregarse que el artículo 96 del precitado Código, señala que esta prescripción se suspende desde que el procedimiento se dirige contra del delincuente, pero si se paraliza su prosecución por tres años o se termina sin condenarle, continúa la prescripción como si no se hubiere interrumpido.

Finalmente, es útil agregar, tal como se expresó en los dictámenes Nos 2.073 y 32.741, ambos de 2019, de este origen, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de la Ley, la prescripción iniciada bajo el imperio de una ley y que no se hubiere completado aun al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o segunda, a voluntad del prescribiente, pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que aquella hubiese empezado a regir.

Pues bien, precisado lo anterior corresponde señalar que a la fecha de comisión de la conducta que se le imputó en el sumario por Carabineros de Chile al señor nombre reservado -17 de septiembre de 2016-, regía sobre la materia el mencionado artículo 20 del decreto N° 900, de 1967, del ex Ministerio del Interior, conforme al cual la prescripción de la acción disciplinaria de seis meses para sancionar fue suspendida el mismo 17 de septiembre de 2017, fecha en la que se emitió la orden de sumario N° 08854/2016/1, de 2016, de la Prefectura Cautín, que dispuso la instrucción del sumario administrativo de que se trata.

Ahora, sobre la pertinencia de que al señor nombre reservado se le apliquen las normas contempladas en el artículo 36 bis -actual artículo 84 ter-, cabe mencionar que la normativa que establece nuevas reglas sobre la prescripción de la responsabilidad administrativa fue incorporada en la citada ley N° 21.041, publicada en el Diario Oficial el 31 de octubre de 2017, por lo que, al momento de publicarse la reseñada Ley N° 21.041, aún no se completaba el plazo de prescripción de seis meses que establece el citado artículo 20 del Reglamento de Disciplina.

De este modo, en la especie, se configura la situación prevista en el artículo 25 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de la Ley, motivo por el cual el recurrente puede optar por regirse por la norma sobre prescripción contenida en el referido artículo 20, o por aquellas introducidas por la Ley N° 21.041, lo que está en armonía con la jurisprudencia administrativa de este Órgano de Control contenida en los anotados dictámenes Nos 2.073 y 32.741, de 2019.

Puntualizado lo anterior, atendido que el hecho por el cual se sancionó al señor nombre reservado implicó una denuncia por “conducción en estado de ebriedad”, se ha estimado necesario aclarar que, en la especie, la regla contemplada en el artículo 36 bis que corresponde aplicar es aquella relativa a la existencia de hechos constitutivos de delito, por lo que ello significa que dicho término deberá extenderse, en la especie, a cinco años contabilizados desde el 31 de octubre de 2017, fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 21.041, sin perjuicio de las reglas de suspensión y reanudación del cómputo de dicho plazo que resulten aplicables.

Sin embargo, considerando que de la revisión del expediente aparece que a esa época la causa penal aún no estaba afinada -se inició por la denuncia formulada con la misma data de los hechos-, se debe entender que el referido plazo quedó suspendido el 31 de octubre de 2017, el cual, por aplicación de la regla contenida en el artículo 96 del Código Penal, continuará corriendo como si no se hubiere interrumpido si el procedimiento termina sin condenar al inculpado, como ocurrió en la especie.

De este modo, atendido que a fojas 303 del expediente sumarial consta que, en la causa penal seguida en contra del recurrente, mediante sentencia de fecha 26 de noviembre de 2018, se decretó el sobreseimiento total y definitivo, por haberse cumplido la suspensión condicional del procedimiento, a contar de ese día se debe comenzar a contabilizar el plazo de prescripción de cinco años.

Pues bien, entre la mencionada data -26 de abril de 2018-, y la emisión de la resolución N° 13, del 31 de marzo de 2023, de la Dirección General de Carabineros de Chile, que afinó el sumario administrativo de que se trata, transcurrieron 4 años, 4 meses y 5 días, del anotado plazo de prescripción, por lo que la acción disciplinaria no se encontraba prescrita.

2. En relación con la extemporaneidad del reclamo del recurrente ante esta Contraloría General En su recurso de protección el recurrente expresa que acorde con lo dispuesto en el artículo 54, inciso tercero, de la Ley N° 19.880, el señor nombre reservado dedujo una reclamación ante esta Entidad de Control, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160, de la Ley N° 18.834, con fecha 21 de septiembre de 2023, según expresa, dentro del plazo de diez días hábiles dispuesto en la normativa, habiendo declarado de manera errónea esta Contraloría General, la extemporaneidad de dicho reclamo.

Sobre este punto conviene recordar que la sanción que se impugna fue impuesta mediante la resolución N° 13, del 31 de marzo de 2023, de la Dirección General de Carabineros de Chile, acto administrativo que fue notificado al señor nombre reservado mediante carta certificada despachada a su domicilio registrado en la comuna de Valdivia, diligencia que quedó practicada el día 25 de abril de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, inciso segundo, de la ley N° 19.880.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2023 -y no el día 21 de ese mes y año, como manifiesta el actor-, el señor nombre reservado presentó un reclamo en contra del aludido procedimiento disciplinario, ingresado como referencia N° 94.159, el que fue rechazado mediante el oficio N° E464.658, de 2024, de este origen, por haber sido presentado de manera extemporánea, lo que también habría ocurrido si dicho reclamo se hubiera interpuesto el 21 de septiembre de 2023, ya que el afectado quedó notificado de la citada resolución N° 13, de 2023, el 25 de abril de ese año.

Además, en dicho pronunciamiento se le expresó que el aludido plazo no se puede computar desde la fecha de notificación del fallo de la Excma. Corte Suprema en la causa rol N° 62.046-2023 -que se pronunció sobre el recurso de apelación deducido en el anterior recurso de protección que interpuso en contra del sumario de que se trata-, sino que desde que tomó conocimiento de la aludida resolución N° 13, de 2023, esto es, el 25 de abril de esa anualidad.

Finalmente, se ha estimado útil añadir que en el mencionado oficio N° E464.658, de 2024, de este origen, se expresó que el artículo 54 de la Ley N° 19.880 -que invoca en su recurso el señor nombre reservado para efectos de contabilizar el plazo del artículo 160 de la Ley N° 18.834 desde la notificación de la sentencia de ese Máximo Tribunal-, establece, en lo que importa, en su inciso final, que “si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión”, impedimento que no modifica el plazo para reclamar ante esta Contraloría General, sino que la inhibe de pronunciarse sobre la materia reclamada judicialmente.

Por consiguiente, el rechazo del reclamo del interesado por extemporáneo por parte de esta Controlaría General se emitió conforme a las normas legales citadas.

VII.- Derechos constitucionales supuestamente vulnerados 1. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República Sobre el particular, el actor indica que la actuación ilegal o arbitraria de esta Entidad Fiscalizadora al tomar razón de la resolución N° 13, de 2023, habría afectado su derecho a la igualdad ante la ley por cuanto “ha quedado en una situación de desmedro frente a otro grupo que goza del beneficio de que sean declarados sus derechos y se determine cuando procede que los actos administrativos se encuentren extinguidos por la responsabilidad administrativa al haber prescrito la acción disciplinaria”.

Al respecto, cabe indicar que no ha existido un tratamiento discriminatorio hacia el recurrente que haya quebrantado su derecho a la igualdad ante la ley frente a situaciones idénticas, el que, como queda demostrado, ha sido estrictamente respetado por este Organismo Fiscalizador.

En efecto, en el caso del interesado se aplicaron las mismas normas de procedimiento, principios procesales y de prescripción de la acción disciplinaria dispuestas para los funcionarios de Carabineros de Chile contenidas en su Ley Orgánica, en el aludido Reglamento de Disciplina y en el Código Penal, así como la jurisprudencia administrativa que se aplica a todo funcionario policial que se encuentra sujeto a un procedimiento disciplinario.

Por lo demás, si se hubiese resuelto de manera distinta la situación planteada por el peticionario, esto es, declarando extinguida su responsabilidad administrativa por prescripción de la acción disciplinaria, ello sí habría constituido una vulneración a la garantía de la igualdad ante la ley que se invoca, pues habría implicado excluir al actor de la aplicación de las normas y jurisprudencia anteriormente señaladas.

2. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República De la lectura del libelo se aprecia que el actor considera que ha visto vulnerada su garantía a un debido proceso por cuanto estima que no fue sancionado dentro de un plazo razonable existiendo una excesiva dilación en la tramitación del sumario administrativo impugnado y que, además, no tuvo derecho a un proceso previo legalmente tramitado puesto que el acto terminal fue dictado en contra de normativa que señalaría que se debió haber afinado dentro de un plazo de cinco años.

Sobre el particular, cabe señalar, respecto de esta garantía constitucional, que el recurso de protección únicamente tutela el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, contenido en el inciso quinto del artículo 19, N° 3, de la Constitución Política de la República.

De este modo, cumple con hacer presente que no se advierte cómo el trámite de toma de razón y la declaración de extemporaneidad de su reclamo ante esta Contraloría General hayan vulnerado los derechos del recurrente, toda vez que éste ha podido interponer todas las reclamaciones y recursos administrativos que contempla nuestro ordenamiento jurídico en sede administrativa, así como impetrar la acción cautelar de autos, por lo que no se vislumbra cómo tales actuaciones pudieron conculcar su derecho a defensa jurídica.

3. Derecho contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República Finalmente, el actor menciona que se le vulneró su derecho de propiedad al haberse retenido ilegal y arbitrariamente sus remuneraciones mensuales desde que se dispuso su baja por conducta mala, con efectos inmediatos.

Sobre el particular, es dable indicar en primer término que no se vislumbra de qué manera esta Entidad de Control haya podido afectar el derecho citado con la actuación antes aludida en que no ha tenido intervención alguna, sin que pueda entenderse, además, que las personas que dejan de desarrollar funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre sus remuneraciones.

Al respecto, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha puntualizado, en lo relativo a esta garantía, que no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos de la Administración. La función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña y las remuneraciones percibidas en razón de éste, participan de tal carácter y constituye una clase de representación del Estado que no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional.

De esta manera, no se divisa cómo esta Entidad de Control habría vulnerado el derecho de propiedad del actor, como asimismo tampoco se comprende cómo la toma de razón de la citada resolución N° 13, de 2023, o la emisión del referido oficio N° E464.658, de 2024, podría amenazar, privar o perturbar el legítimo ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, en circunstancias que, por su intermedio, sólo se han ejercido las facultades con que cuenta esta Contraloría General, conforme a la normativa legal y constitucional vigente.

VIII.- Conclusión Atendidos los antecedentes y consideraciones expuestas, y teniendo presente las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, así como las atribuciones de esta Entidad Fiscalizadora, se solicita a ese Ilmo. Tribunal que desestime en todas sus partes el recurso deducido en estos autos, con costas.

IX.- Antecedentes Finalmente, se acompañan al presente informe los siguientes documentos:

1.- Copia de la resolución N° 13, de 2023, de la Dirección General de Carabineros de Chile, tomada razón por esta Contraloría General el 19 de marzo de 2024. 2.- Copia del expediente afinado por la resolución N° 13, de 2023, antedicha, en formato digital. 3.- Copia del oficio N° E464.658, de 2024, de este origen. 4.- Copia de los dictámenes Nos 22.814, de 2010; 2.073 y 32.741, de 2019 y 94.187, de 2014, de esta Entidad Fiscalizadora. 5.- Copias de la resolución exenta N° 2.567, de 2023, que delega la facultad de firmar “por orden del Contralor General”, al/la Fiscal respecto de los actos que indica, y de la resolución exenta N° 290, de 2024, ambas de la Contraloría General de la República, esta última sobre designación de la suscrita como Suplente en el cargo de Fiscal por el periodo que indica.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada;

SEGUNDO: Que el acto tildado de arbitrario e ilegal por el recurrente, es la Resolución N° 13, de 31 de marzo de 2023, de la Dirección General de Carabineros de Chile que dispuso la baja del recurrente de las filas de la institución y la toma de razón de efectuó la Contraloría General de la República, de dicha resolución, con fecha 19 de marzo de 2024.

TERCERO: Que será rechazada la alegación de extemporaneidad enarbolada por el Órgano Contralor, toda vez que los actos recurridos fueron notificados con fecha 15 de abril de 2024, y el presente recurso fue presentado con fecha 19 de abril de 2024.

CUARTO: Que en cuanto a la falta de legitimidad pasiva que alega la misma Contraloría General de la República, esta será rechazada, toda vez que dicha alegación se relaciona con el fondo del asunto planteado en la presente acción cautelar.

QUINTO: Que, con los antecedentes del recurso y del informe de los recurridos, queda acreditado que, el presente sumario se inició por el hecho consistente en que el recurrente protagonizó un accidente de tránsito, el día 17 de septiembre de 2016, en la Comuna de Nueva Imperial, con conducir un vehículo en estado de ebriedad.

SEXTO: Que, para resolver la alegación de prescripción de la acción disciplinaria efectuada por el actor, de conformidad a las normas legales citadas en estos autos, finalmente, deben tenerse en consideración la sentencia judicial del Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, de fecha 26 de abril de 2018, que decretó el sobreseimiento definitivo de la causa penal seguida en contra del recurrente, y la emisión de la Resolución N° 13, del 31 de marzo de 2023, de la Dirección General de Carabineros de Chile, que afinó el sumario administrativo seguido en su contra. Entre ambas resoluciones transcurrieron cuatro años, cuatro meses y cinco días, del referido plazo de prescripción, y no los cinco años que exige la ley, por lo que la acción disciplinaria no se encontraba prescrita.

SÉPTIMO: Que de conformidad a lo expuesto en el recurso, documentos acompañados e informes evacuados en autos , la Resolución N°13 de la Dirección General de Carabineros, se dictó respetando la normativa legal vigente y aplicable al proceso administrativo, no evidenciándose ninguna vulneración a los principios de responsabilidad, eficacia, eficiencia y probidad administrativa, así como tampoco una infracción a las garantías constitucionales denunciadas como conculcadas.

OCTAVO: Que, por otra parte, la toma de razón, de 19 de marzo de 2024, efectuada por la Contraloría General de la República, consistente en efectuar el control previo de legalidad, imperativo contemplado en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, y en los artículos 1° y 10 de la Ley N° 10.336, no puede ser calificada en esta sede cautelar, de ilegal o arbitraria, pues ha sido emitida dentro de sus competencias.

NOVENO: Que, finalmente, conforme a los antecedentes expuestos en el recurso, se advierte que lo perseguido por la recurrente, es obtener la declaración de derechos, lo cual en materia de recurso de protección no resulta procedente, atendida la naturaleza cautelar de la acción intentada.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara:

I.- SE RECHAZA la excepción de falta de legitimidad pasiva alegada por Contraloría General de la República.

II.- SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad, alegada por la recurrida Contraloría General de la República.

III. SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de los recurridos.

Regístrese, notifíquese y archívese virtualmente en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

N°Protección-3292-2024. (csd)