Protección contra Ilustre Municipalidad de Pucón

C.A. de Temuco Temuco, diez de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, viuda, por sí y en representación de la sucesión o comunidad hereditaria de don nombre reservado (Q.E.P.D.) quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Pucón, con ocasión del Oficio Ordinario N°168/2025, de fecha 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se deniega formalmente el pago del bono de incentivo al retiro previsto en la Ley N°20.964 respecto de su cónyuge fallecido, conforme a los antecedentes que expone en su presentación.

La parte recurrente acciona en favor de la sucesión de don nombre reservado, quien prestó servicios a la Municipalidad de Pucón por más de 30 años. Señala que el exfuncionario, padeciendo de un cáncer terminal, postuló válidamente al Bono de Incentivo al Retiro de la Ley N° 20.964, siendo aprobados los fondos a su favor mediante Resolución Exenta N° 3915 del Ministerio de Educación en julio de 2023. Sin embargo, señala que, aprovechándose de la urgencia vital y vulnerabilidad del causante, funcionarios municipales lo instaron a firmar un finiquito en julio de 2023 bajo una causal distinta (art. 8 transitorio de la Ley N° 21.109), entregándole la suma de $7.991.082 y haciéndole creer falsamente que dicho documento incluía el bono mayor.

Agrega que los fondos del bono de la Ley 20.964 ingresaron a la Municipalidad en agosto de 2023, pero el municipio se niega a pagarlos amparándose en el referido finiquito.

Asevera que dicho finiquito adolece de nulidad absoluta frente a la Ley 20.964, por vulnerar el Principio de Irrenunciabilidad de los derechos laborales (Art. 5° del Código del Trabajo), ya que se le privó de un beneficio superior ya devengado.

Agrega, citando jurisprudencia de unificación de la Corte Suprema que un finiquito genérico carece de poder liberatorio respecto de materias o derechos no acordados de manera expresa, indicando que la maniobra del municipio carece de razonabilidad técnica y humana, privando a la viuda de fondos alimentarios.

En cuanto a las garantías fundamentales vulneradas, estima infringida la del Art. 19 N° 24 (Derecho de Propiedad), al privar a la sucesión de un crédito cierto, líquido y determinado (los fondos ya transferidos por el Ministerio de Educación), mediante un acto administrativo que valida una renuncia nula de derecho público; La del Art. 19 N° 2 (Igualdad ante la Ley), al discriminar a esta familia respecto de otros funcionarios que sí recibieron su bono íntegro, basándose únicamente en una maniobra administrativa irregular propiciada por la indefensión del causante Solicita que se acoja el recurso, declarar el actuar de la recurrida como arbitrario e ilegal, declarar inoponible el finiquito por contravenir el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, y ordenar el pago íntegro de la Bonificación de la Ley N° 20.964 descontando lo ya percibido (para evitar doble pago) con costas.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Carta y comunicación Alcalde. Ord. N° 168/2025; Finiquito de Trabajo de fecha 13 de julio de 2023; Resolución Exenta N° 3.915 del Ministerio de Educación que transfiere los fondos a nombre de don nombre reservado; Acta de Sesión Ordinaria N° 84 del Concejo Municipal de Pucón; Oficio Ord. N° 221 del Instituto Nacional de Derechos Humanos ; Informe de antecedentes "Carta en memoria de nombre reservado"; Certificación Medica Enfermedad Terminal Ley 21.309, firmada por médico nombre reservado; Resumen Historial Clínico/Ficha Clínica; Certificado Director de Educación Municipal, contrato indefinido para optar al beneficio, julio de 2020; Certificado de Posesión Efectiva del causante don nombre reservado; Sentencia Excma. Corte Suprema, Rol N° 38.146-2024.

A folio 8, la recurrida evacuó informe solicitando el rechazo del recurso con costas, consignando los antecedentes de hecho respecto a ambas postulaciones a los beneficios de las Leyes N° 20.159 y N° 20.964, respectivamente.

A continuación, alega que la vía no es idónea, pues el recurso de protección exige derechos indubitados, mientras que aquí se busca una declaración de derechos controvertidos (la ineficacia de un finiquito). En segundo lugar, alega la extemporaneidad de la acción, ya que los hechos base – tanto la firma del finiquito y el conocimiento de las incompatibilidades- ocurrieron y fueron conocidos con sobrada anterioridad al plazo fatal de 30 días. En el fondo, descarta ilegalidad y arbitrariedad argumentando que el causante postuló libremente a dos beneficios excluyentes (Ley 20.159 y Ley 20.964). Los fondos del primero llegaron antes, por lo que el municipio dictó el Decreto N° 1841 y pagó el finiquito de $7.991.082, extinguiendo la relación laboral. Cuando posteriormente llegaron los fondos de la Ley 20.964, el municipio elevó una consulta formal a la Contraloría Regional, la cual (mediante Dictamen E467089/2024) dictaminó expresamente que ambos pagos son incompatibles y que, al haberse puesto término al contrato previamente, el causante no tenía derecho a la bonificación de la Ley 20.964. Concluye que la autoridad solo obró con estricto apego al principio de legalidad y a los dictámenes vinculantes del órgano contralor.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: Legajo de documentos que contienen los antecedentes relacionados con la presente acción de protección.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de garantías constitucionales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que los priven, perturben o amenacen.

Segundo: Que el acto recurrido consiste en la negativa de la Municipalidad de Pucón a pagar el bono de incentivo al retiro previsto en la Ley N°20.964, pese a que el causante fue incorporado en la nómina de beneficiarios y los recursos respectivos fueron transferidos a la entidad edilicia.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad y de improcedencia de la vía:

Tercero: Que, previo a entrar al fondo, corresponde pronunciarse sobre la excepción de extemporaneidad y de improcedencia de la vía planteadas por la recurrida.

Cuarto: Que, en ese sentido, es dable señalar que el Oficio Ordinario N° 168/2025, de fecha 29 de diciembre de 2025, constituye el acto administrativo que plasma de manera formal y definitiva la negativa de la autoridad a desembolsar fondos públicos nominativos a la sucesión hereditaria del ex funcionario. Por tanto, al haberse interpuesto la acción dentro del plazo de 30 días desde la notificación de dicho Oficio, no existe vicio de extemporaneidad, debiendo desestimarse tal excepción.

Quinto: Que respecto de la existencia de acciones estatutarias ante la Contraloría General de la República u otras, no obstan a la procedencia de la acción de protección cuando se denuncia la privación de un derecho de propiedad preexistente, cuya urgencia requiere tutela constitucional inmediata, desplazando la idoneidad de los procedimientos ordinarios de lato conocimiento, por lo que se desestimará tal alegación.

En cuanto al fondo:

Sexto: Que del mérito de los antecedentes aparece que el trabajador cumplió con los requisitos legales para acceder al beneficio, postuló en tiempo y forma y fue reconocido como beneficiario mediante acto administrativo firme emanado de la autoridad competente.

Séptimo: Que el derecho al Bono de Incentivo al Retiro de la Ley N° 20.964 se incorporó de manera indubitable al patrimonio del causante mediante la Resolución Exenta N° 3915 del Ministerio de Educación, la cual fijó los recursos con nombre y apellido del trabajador. Así, habiendo fallecido el funcionario tras cumplir los requisitos de postulación y selección, opera la transmisión del beneficio por el ministerio de la ley conforme al artículo 43 del Decreto N° 366/2016 del Ministerio de Educación (Reglamento de la Ley N° 20.964), constituyendo un activo devengado y que forma parte de la masa hereditaria, según consta en el Certificado de Posesión Efectiva acompañado en autos Octavo: Que dicho lo anterior, el eje del debate radica en determinar si el finiquito suscrito por el trabajador tiene aptitud suficiente para extinguir el derecho al referido beneficio.

Noveno: Que la jurisprudencia actualizada de la Excma. Corte Suprema ha sido constante en señalar que el finiquito posee poder liberatorio restringido, circunscrito exclusivamente a aquellas materias que han sido objeto de un consentimiento claro, específico y debidamente informado, no extendiéndose a derechos no mencionados expresa y determinadamente.

Décimo: Que refrenda lo anterior el criterio unificado por la Excma. Corte Suprema, entre otros, en fallo Rol N° 38.146-2024, en cuanto determina que el poder liberatorio del finiquito es de alcance restringido y se limita exclusivamente a las materias respecto de las cuales las partes han manifestado un consentimiento nítido, expreso y específico. En la especie, el instrumento de julio de 2023 nada dispuso sobre la renuncia o extinción de los fondos ya tramitados de la Ley N° 20.964, por lo que carece de aptitud para extinguir por vía contractual un beneficio de orden público.

Undécimo: Que, en la especie, el finiquito suscrito por el causante no contiene una mención expresa al bono de la Ley N°20.964 ni a su incompatibilidad con la indemnización percibida, por lo que no puede estimarse que el trabajador haya consentido en forma libre e informada la renuncia a dicho beneficio.

Duodécimo: Que, además, los antecedentes dan cuenta de circunstancias excepcionales que rodearon la suscripción del finiquito, particularmente el grave estado de salud del trabajador, su condición de vulnerabilidad, y la falta de claridad respecto del contenido y alcance del instrumento, lo que debilita aún más su eficacia liberatoria.

Decimotercero: Que, en tales condiciones, no resulta jurídicamente procedente atribuir al finiquito efectos extintivos respecto de un derecho de carácter legal, cuya renuncia, en todo caso, se encuentra restringida por el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales consagrado en el artículo 5° del Código del Trabajo.

Decimocuarto: Que, por otra parte, la alegada incompatibilidad entre beneficios no puede ser aplicada en perjuicio del trabajador cuando ha mediado una actuación administrativa confusa, desinformada o carente de la debida diligencia, especialmente cuando el propio Estado ha generado expectativas legítimas mediante la asignación del beneficio.

Decimoquinto: Que la negativa al pago del bono, en estas condiciones, importa una afectación al derecho de propiedad de la recurrente sobre un crédito actualmente exigible, protegido por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Asimismo, configura una vulneración a la garantía de la Igualdad ante la Ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la misma carta fundamental, por cuanto introduce una discriminación arbitraria en perjuicio de la sucesión del causante, privándola de un beneficio que legítimamente percibieron otros funcionarios de la misma repartición que se encontraban en idéntica situación, basándose el trato diferenciado únicamente en un apresurado e irregular procedimiento municipal.

Decimosexto: Que, en consecuencia, el acto impugnado resulta arbitrario, al carecer de razonabilidad suficiente, y además ilegal, al desconocer el alcance limitado del poder liberatorio del finiquito y las normas protectoras del derecho laboral.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 19 N° 2, N°24 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, y demás normas pertinentes, se resuelve:

I. Que SE RECHAZAN las alegaciones de extemporaneidad y de improcedencia de la vía.

II. Que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Pucón.

III. Que se declara que el Oficio Ordinario N°168/2025 constituye un acto ilegal y arbitrario, vulneratorio del derecho de propiedad de la recurrente.

IV. Que se ordena a la recurrida proceder al pago del bono de incentivo al retiro contemplado en la Ley N°20.964, correspondiente al causante don nombre reservado, a favor de su sucesión, con los reajustes legales que correspondan.

V. Que se ordena que la recurrida deberá descontar de la suma total del bono de la Ley N° 20.964, la cantidad única y líquida de $7.991.082.- (siete millones novecientos noventa y un mil ochenta y dos pesos), percibida previamente por el causante bajo el finiquito de fecha 13 de julio de 2023.

VI. Que no se condena en costas a la recurrida.

Notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot.

N° Protección-328-2026.(csd)