nombre reservado con SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACIÓN IX REGION

C.A. de Temuco Temuco, catorce de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece, según consta del folio 1 de esta carpeta digital, don Mauricio René Muñoz Cruces, abogado, domiciliado en domicilio reservado, personalmente y a favor de don nombre reservado, independiente, domiciliado en domicilio reservado, y a favor de don nombre reservado, pastor evangélico, domiciliado en domicilio reservado, quien expone:

Que interpone Recurso de Protección en contra de: SERVIU NOVENA REGIÓN, cuyo representante legal es su Director Regional don Sergio Alfonso Merino Perelló, ambos domiciliados en domicilio reservado, en base a los siguientes antecedentes que paso a describir:

LOS HECHOS:

Doña nombre reservado y su cónyuge, don nombre reservado, adquirieron por compraventa de mejoras y tuvieron por más de 10 años, la posesión material del inmueble ubicado en domicilio reservado, (Hoy número1457) de una superficie de 14 metros de frente o ancho por 54 metros de fondo o largo, en el cuál construyó una pequeña mejora, cultivando todo el resto del inmueble. Cuyos deslindes son: SUR; sitio de doña nombre reservado, NORTE; sitio de doña nombre reservado, ESTE; Calle Miraflores y OESTE; rio Cautín.

Durante esos 10 años, jamás nadie se acercó a reclamar dicho inmueble, siendo su posesión tranquila, ininterrumpida, pacífica y publica.

Que doña nombre reservado y don nombre reservado, nos señalaron que ese inmueble no estaba inscrito pues habían hecho las averiguaciones y nunca nadie le dio respuesta, por lo que compraron a otra persona la mejora existente y entraron en posesión material de dicho terreno como señor y dueño, teniendo la posesión material de él, señalando que por lo anterior, el inmueble era de su propiedad pero que no estaba inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Por lo anterior, el dia 20 de diciembre del año 2000, don nombre reservado y don nombre reservado compraron a doña nombre reservado y don nombre reservado dicha mejora y entraron a tomar posesión material de dicho inmueble, agregando a su posesión, la posesión material de los vendedores, de conformidad a la ley. Dicha compraventa la realizaron por contrato privado firmado ante Notario Público, siendo el precio pagado la suma de $2.650.000.- Agrega que desde la fecha del contrato señalado en el punto anterior, don nombre reservado y don nombre reservado tienen hasta hoy, (esto es; por más de 21 años) la posesión material, tranquila, no interrumpida, pacífica y de buena fe, sobre el inmueble ubicado en domicilio reservado, usando la totalidad de la cabida ya señalada, esto es; 14 metros de frente por 54 metros de fondo. En resumen son poseedores de buena fe de dicho inmueble, por lo que adquirieron el dominio del inmueble por prescripción extraordinaria, comportándose como tales ante toda la sociedad e instituciones públicas hasta hoy. Reitera que los recurrentes ostentan personalmente la posesión material de dicho inmueble por más de 21 años, y agregando la posesión de su antecesor, sería una posesión material de más de 31 años de posesión material.

A continuación expone que SERVIU Novena Región, no tiene por esa misma cantidad de años, la posesión material del inmueble, no habiendo hecho ningun gasto de mantención ni cuidado del mismo, ni pagos de luz ni agua y no ha efectuado acto alguno como dueño de ese inmueble.

A mayor abundamiento, el año 2010, se desarmó la mejora existente en dicho inmueble, procediéndose a construir un Templo evangélico cuyo pastor es don nombre reservado, cuya iglesia funciona hasta hoy en ese lugar, por lo que en la actualidad tienen la posesión material los recurrentes ya señalados junto con el pastor nombre reservado, puesto que don nombre reservado y don nombre reservado son miembros de dicha iglesia, por lo que entre todos usan la propiedad, realizan mejoras, pagan la luz, el agua, realizan mantenciones de cerco, deslindes, etc.

Los recurrentes desde la fecha de compra, han usado el inmueble con ánimo de señor o dueño, realizando en él demolición de la mejora existente, nueva construcción de una mejora la cuál es usada como templo evangélico en la actualidad, avaluada en más de $70.000.000, han cercado totalmente el inmueble, realizado mantención de cercos, han realizado el pago de la luz y agua en todos estos años. En la actualidad se está por comenzar la construcción de un Centro Social en la parte posterior del Templo, a fin de servir a la comunidad. Hasta hoy nunca ninguna persona ni autoridad se había acercado para informar o reclamar que ese inmueble era de propiedad de SERVIU, a pesar que hace unos años, hicimos las averiguaciones en la municipalidad de Saavedra e incluso en SERVIU IX REGIÓN, para realizar su saneamiento de forma transparente y legal, pero nunca nadie se presentó como dueño del inmueble o a reclamar derecho alguno sobre el mismo.

Sostiene que el día 28 de junio de 2022, por correo electrónico, el recurrente nombre reservado, fue notificado por parte de SERVIU IX REGIÓN, que el inmueble que los recurrentes ocupamos por más de 21 años, está en tramitación de COMODATO a la Municipalidad de Saavedra. La realización de un contrato de comodato por parte de Serviu Novena Región hacia la municipalidad de Saavedra importa un acto arbitrario e ilegal que altera la situación existente en el hecho hasta hoy y que pasa a ser autotutela pues pasa por sobre la ley en orden a recurrir a los tribunales de justicia para tomar posesión de un inmueble cuya posesión material tienen otras personas, así mismo afecta el derecho de dominio que los recurrentes tienen sobre el inmueble por ser poseedores de buena fe y haber adquirido por prescripción extraordinaria.

En el hecho, SERVIU está suscribiendo un contrato de comodato sobre un inmueble del cual no tiene posesión material y cuyos poseedores reclaman como dueños por prescripción adquisitiva extraordinaria. Por lo anterior, SERVIU no puede dar en comodato, esto es; entregar el uso y posesión de un inmueble a un tercero, pues Serviu no tiene la posesión material de dicho inmueble, de manera que su actuar es arbitrario e ilegal pues se salta el conducto legal y jurisdiccional para la resolución de este problema jurídico.

La notificación y aviso por parte de SERVIU IX Región, de que el inmueble de domicilio reservado de la ciudad de Puerto Saavedra está siendo tramitado en Comodato a la Municipalidad de Saavedra, inmueble que poseen de buena fe y como dueños los recurrentes, por más de 21 años, (31 años agregando la posesión de sus antecesores) es un acto arbitrario e ilegal que perturba, amenaza y priva a los recurrentes el legítimo derecho de Propiedad que estos tienen sobre el mismo, pues el poseedor se reputa dueño, posesión de buena fe con ánimo de señor y dueño, en efecto, el art.19 Nº24 de nuestra Constitución Política protege y garantiza: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.”

Así mismo, el actuar de SERVIU IX REGION, pasa a ser un acto de autotutela, pues sin ostentar la posesión material, entregan el uso y posesión de dicho inmueble a un tercero. Dicho acto o contrato de comodato es ilegal y dicho actuar debe ser corregido pues altera el estatus quo de las cosas de forma arbitraria e ilegal. En efecto, al otorgar Serviu un comodato a un tercero, sobre el inmueble que ocupan los recurrentes, la posesión que los recurrentes han tenido sobre el mismo hasta hoy se ve amenazada y perturbada pues el tercero comodatario, en virtud de dicho contrato procederá a usar y poseer el inmueble, despojando a los actuales poseedores, dando lugar a la autotutela, pues los derechos de los recurrentes y del recurrido es algo que debe zanjarse en un juicio de lato conocimiento, lo que en la especie no ha ocurrido, infringiendo así el art.19 Nº3 inc.5to de nuestra Constitución Política el cual asegura y garantiza: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.” En efecto, el recurrido, al dar el inmueble en comodato a un tercero, pretende dejar a un tercero en posesión material del inmueble objeto de este recurso, pues el art.2174 del Código Civil señala: “El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso.”

El actuar de la recurrida implica alterar el estatus quo de las cosas, altera la situación de posesión material de buena fe con ánimo de señor y dueño de parte de los recurrentes, lo que implica autotutela y perturbación de su derecho de propiedad sobre el citado inmueble, pues el poseedor se reputa dueño según la ley.

PIDE CONCRETAMENTE tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de SERVIU NOVENA REGIÓN, representada legalmente por su Director Regional don Sergio Alfonso Merino Perelló, ambos ya individualizados, acogerlo a tramitación y en definitiva decretar que: 1. El correo electrónico enviado a don nombre reservado con una notificación de que SERVIU está tramitando un Comodato a la municipalidad de Saavedra sobre el inmueble que éste, junto a los recurrentes, ocupa desde hace mas de 21 años, y el contrato de comodato en sí, son actos arbitrarios e ilegales pues Serviu sin ostentar la posesión del inmueble, pretende entregar la posesión del mismo a un tercero, lo que en el hecho altera el estatu quo de las cosas y pasa por alto el procedimiento jurisdiccional de resolución de conflictos pertinentes, a pesar de tratarse de una entidad pública que debe obrar apegada a los principios de legalidad, privando, perturbando y amenazando el legítimo derecho de propiedad de los recurrentes sobre el inmueble, pues el poseedor se reputa dueño y por otra parte priva, perturba y amenaza el legítimo derecho de los recurrentes a no ser juzgados por comisiones especiales sino por los tribunales de justicia, y en el hecho el recurrido no ha comparecido a los tribunales de justicia sino más bien está actuando con autotutela, debiendo acogerse el presente recurso de protección y ordenar lo que sea pertinente conforme a derecho para restaurar el imperio del derecho, especialmente dejar sin efecto el contrato de comodato que entrega a un tercero, la posesión material del inmueble de domicilio reservado de Puerto Saavedra, a pesar de no ostentar la posesión del mismo por más de 30 años, con costas.- Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Impresión de Correo electrónico enviado por SERVIU IX REGIÓN, al recurrente nombre reservado, con fecha 28 de Junio de 2022, para notificar de forma oficial a dicho recurrente sobre el comodato en tramitación a favor de la Municipalidad de Saavedra, sobre el inmueble que ocupan los 3 recurrentes.

2.- Ordinario 251 del Serviu IX Región, de fecha 21 de enero de 2022, enviado a nombre reservado, adjuntado en el mail señalado precedentemente, con fecha 28 de junio de 2022.- 3.- Set de fotografías digitales, actuales del inmueble que poseen los recurrentes, objeto de este recurso.

4.- Fotografías de Comprobante de pago de luz y agua del inmueble ya señalado.

5.- Copia escaneada de contrato privado de compraventa de inmueble y mejoras, efectuado con fecha 20 de diciembre del año 2000 ante Notario Publico de la ciudad de Carahue, don nombre reservado.- A folio 11 informa FRED FERNÁNDEZ CARRERA, abogado, en representación, del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía, quien dice:

Con fecha 05 de julio de 2022, mediante resolución exenta N° 2610, SERVIU Región de La Araucanía entrega en comodato a la Municipalidad de Saavedra el inmueble ubicado en domicilio reservado metros cuadrados. Los deslindes del retazo cedido en comodato son los siguientes: Norte: En 3 parcialidades de 2,8 metros; 4,8 metros y 16,6 metros con otros propietarios; Sur: En 2 parcialidades de 5,9 metros y 43,0 metros con otros propietarios; Oriente: En 5 parcialidades de 8,9 metros: 11,5 metros; 7,8 metros; 10,1 metros y 16,5 metros con otros propietarios; Poniente: en 61,6 metros con Av. Costanera.

De otro lado, y según consta de inscripción de dominio la cual rola a fojas 176, bajo el número 137 del Registro de Propiedad del año 1980 que lleva el Conservador de Bienes Raíces de Carahue, SERVIU Región de la Araucanía es dueño del inmueble cedido en comodato al Municipio de Saavedra, así como del retazo de terreno respecto del cual los recurrentes alegan tener su posesión.

Queda de manifiesto que los recurrentes sólo detentan la mera tenencia del retazo de terreno sobre el cual edificaron el templo. Se arriba a dicha conclusión sobre la base de 2 aseveraciones: a) Los recurrentes acompañan contrato privado de compraventa de inmueble y mejoras, de fecha 20 de diciembre de 2000, el cual recayó sobre el inmueble ubicado en domicilio reservado. El precio de venta fue la suma de $ 2.650.000.

Se hace especial hincapié en que, según consta de la parte final de la cláusula primera del referido contrato, el dominio del inmueble a nombre de la vendedora se encontraba en trámite en el Ministerio de Bienes Nacionales, es decir, la vendedora no era propietaria del inmueble. En otras palabras, los hoy recurrentes, no adquirieron el dominio del inmueble, sino una mera expectativa, la cual no es tutelable jurídicamente, al menos no por este mecanismo constitucional, dado su carácter de cautelar.

Inserta imagen, extraída del contrato de compraventa, en la cual se puede observar lo transferido por la entonces vendedora a los hoy recurrentes.

b) De otro lado, el Sr. nombre reservado, hoy recurrente de autos, inició los trámites para regularizar el retazo de terreno por el cual hoy deduce acción de protección. No obstante, mediante Ord. 251, de fecha 21 de enero de 2022, SERVIU Región de La Araucanía informa de manera negativa a su solicitud de regularizar por una superficie superior a la que actualmente ocupa, informándole además que dicho terreno será entregado en comodato al Municipio local. Inserta otra imagen donde se lee lo medular de la respuesta que SERVIU dio en su oportunidad.

Sin perjuicio de lo anterior, SERVIU le informa favorablemente su disposición a que regularice la superficie que actualmente utiliza y respecto de la cual tienen emplazado el templo, empero, no ha efectuado solicitud alguna, todo lo contrario, accionó de protección en contra del propietario del inmueble (SERVIU).

De estos antecedentes queda de manifiesto que el recurrente no es propietario del inmueble por el cual recurre de protección ya que adquirió un inmueble que, a la época de celebración del contrato, se encontraba en regularización en Bienes Nacionales, y es sabido que nadie puede transmitir más derechos de los que tiene. Por otro lado, la tradición de los inmuebles se hace por la inscripción del título traslaticio de dominio en el Conservador de Bienes Raíces respectivo (art. 724 del código civil) y el actor no ha acompañado, ni inscripción conservatoria ni título traslaticio de dominio válido.

Y, en segundo lugar, queda de manifiesto que tampoco es poseedor —como arguye en su presentación— toda vez que intentó regularizar el inmueble solicitando autorización a SERVIU ha dicho fin; esta situación de facto tiene consecuencias jurídicas ya que implica reconocer dominio ajeno, es decir, el recurrente no tiene el ánimo de señor y dueño, ergo solo detenta la mera tenencia del inmueble.

Ahora bien, añade, respecto de este último punto (el de la tenencia de la cosa) no desconoce un hecho cierto, esto es que el actor detenta materialmente el inmueble; pues bien, habrá que clarificar el título que legitima dicha ocupación. Según se desprende de los antecedentes reseñados en los párrafos precedentes se puede colegir que el recurrente detenta la tenencia del inmueble fundado en la mera tolerancia del SERVIU, instituto que jurídicamente se denomina precario (art. 2.195 inc. 2 del código civil).

La acción de protección es una acción de naturaleza cautelar que tiene como presupuestos el cumplimiento copulativo de una serie de exigencias, las cuales están establecidas en el artículo 20 del Código Político, esto es: la existencia de una acción u omisión; que ella sea arbitraria o ilegal; que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de alguna de las garantías a las cuales el constituyente le otorga especial protección. De esta manera, de no cumplirse alguno de los supuestos —copulativos— la acción no puede prosperar. En la especie —como se reseñó— se le imputa a esta repartición el haber incurrido en una acción arbitraria e ilegal por haber cedido en comodato a la Municipalidad de Saavedra un inmueble y que en virtud de dicho contrato conculcó el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el art. 19 N° 24 (derecho de propiedad) y 19 N° 3, inc. 5° (haber actuado como comisión especial).

A continuación, analiza los principales presupuestos del recurso deducido, los cuales a criterio de esta entidad informante no se satisfacen:

A) ARBITRARIEDAD O ILEGALIDAD (Potestad de SERVIU para ceder inmuebles en comodato).

Un acto deviene en ilegal cuando se ejecuta en contravención a la ley. Ahora bien, de conformidad a lo establecido en el art. 4, del D.S. 355 que “Aprueba el reglamento Orgánico de los servicios de Vivienda y Urbanización”, para el cumplimiento de sus fines los SERVIU se encuentra facultados para ceder en comodato los inmuebles de su propiedad; tanto es así que la autoridad administrativa regló su procedimiento, mediante resolución N° 14.464 (V y U), de fecha 21 de diciembre de 2017, la cual se acompaña a autos.

De las disposiciones legales y reglamentarias se puede colegir que el acto no es ilegal, ya que se encuentra expresamente autorizado por la normativa sectorial. En otro orden de ideas, un acto deviene arbitrario, cuando obedece al mero capricho o carece de motivación o fundamento plausible. Los servicios públicos, por mandato constitucional, están al servicio de la persona humana y deben contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible (art. 1 inc. 4 de la Constitución Política de la República). En este contexto, el Municipio de Saavedra, en virtud de lo establecido en el art. 4, letra d, de la Ley N° 18.695, solicitó mediante Ord. 325 de fecha 4 de abril de 2020, se le entregue en comodato un retazo de terreno para que la agrupación de emprendedoras “Newen Pu domo” puedan contar con un espacio físico adecuado para la exhibición y comercialización de los productos que elaboran (art. 4, letra d, Ley N° 18.695).

De esta forma, contando SERVIU con atribuciones legales para ceder en comodato los inmuebles de su propiedad y al —efectivamente— entregarlo en comodato al Municipio para que grupos intermedios (como lo son la asociación de emprendedoras) cumplan sus fines propios, el acto no puede ser calificado de arbitrario, ya que la potestad pública se ejecuta —precisamente— con la finalidad de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país (art. 3 Ley N° 18.575 Orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado).

B) GARANTÍAS INVOCADAS.

B.1) Derecho de propiedad.

Sabido es que la acción de protección es una acción de naturaleza cautelar. Dicha naturaleza jurídica implica que este procedimiento no es declarativo de derechos, sino que éstos (los derechos) deben contar de manera indubitada para que de esta forma la Corte adopte las medidas necesarias para su resguardo y protección. Así las cosas, por un lado, el actor ha reconocido no ser propietario del inmueble, ya que señaló haber tenido la posesión y que, en razón de ello, habría adquirido por prescripción sin acreditar dicho supuesto. Por otro lado, SERVIU no solo acompaña título de dominio del inmueble, sino que además acredita documentalmente que el recurrente intentó regularizar el inmueble en virtud del Decreto Ley 2.695, razón por la que queda de manifiesto que el recurrente no es propietario del inmueble.

B.2) SERVIU obró como comisión especial.

Aduce el recurrente que SERVIU habría actuado como comisión especial al haber dictado un acto administrativo que implicó la entrega en comodato de un inmueble que ya referimos no es de su propiedad. De esta forma la pregunta es si un acto administrativo dictado por un órgano de la administración del Estado puede efectivamente constituir una actividad jurisdiccional de forma tal que su decisión constituya una comisión especial.

A este efecto, es preciso traer a colación la garantía que se invoca, la que dispone: “Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal previamente establecido por ley”.

La voz comisiones especiales, desde luego, no se refiere a tribunales que en virtud de la materia de que conocen pueden ser clasificados como tribunales especiales, tales como, por ejemplo, los tribunales de familia o del trabajo. Tampoco se refiere a tribunales establecidos fuera del Poder Judicial. La categoría más bien apunta a la prohibición de establecimiento de tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una determinada persona o grupo de personas en particular, sin que se garantice la imparcialidad e independencia del juzgador, vulnerando el principio de igualdad conforme al cual todos los ciudadanos en idénticas situaciones deben ser juzgados por el mismo tribunal.

Dicho lo anterior, cabe preguntarse, ahora, si la potestad de entregar en comodato un inmueble es una actividad jurisdiccional de la administración, o, en otras palabras, si SERVIU está ejerciendo una actividad jurisdiccional.

El concepto de jurisdicción es complejo y su comprensión se vincula a las distintas concepciones del Estado y del rol de los jueces en él, así como también a la comprensión del rol de la Constitución en el mismo. Si bien en nuestro sistema, es innegable un rol cada vez más activo de los jueces al aplicar directamente la Constitución, ya sea por la invocación del principio de proporcionalidad o por la configuración de acciones en que se derechamente se exige de los jueces que funden su sentencia invocando derechos fundamentales, ello no implica redefinir por completo la actividad jurisdiccional. Si bien esto puede llevarnos a dotar de cierta flexibilidad al concepto de jurisdicción, no puede llevarnos a perder sus contornos.

Para distinguir la jurisdicción de otras modalidades aplicativas es preciso analizar cómo se legitima ésta a diferencia otros actos de aplicación, como por ejemplo de la actividad administrativa.

La labor de aplicación del derecho por los jueces se comprende como la declaración de la voluntad del legislador en el caso concreto, sin otra finalidad que la prevista en la ley que se aplica; la labor aplicativa de la Administración, en cambio, se encuentra mediada por su orientación finalista o al cumplimiento de metas.

Ello se debe a que la legitimación democrática material o de contenido opera de distintas formas en uno y otro caso. La legitimación democrática material, apunta a “asegurar que, por lo que se refiere a su contenido, el ejercicio del poder del Estado deriva del pueblo o se concilia con la voluntad del pueblo, y que de esta forma se garantiza el ejercicio del poder del Estado por el pueblo”. Mientras que la actividad jurisdiccional se legitima en su contenido por apego o sujeción a la ley. La actividad de la administración se legitima por orientación a ciertos fines sin infringir el margen legal.

Así, al hablar de jurisdicción, se comprende que se diga que los jueces no crean derecho sino en un sentido débil –usando los términos de Kelsen–, y como lo enfatizó Chiovenda, sólo declaran la voluntad del legislador en el caso concreto. En otros términos, es la voluntad del pueblo la que se declara en el caso concreto. La actividad de la administración se legitima materialmente, en cambio, por responsabilidad y control jerárquico, y no por sujeción a la ley en sentido estricto. Si bien la actividad administrativa se vincula a la ley, su vinculación es diversa, pues a su respecto la ley opera como un límite para su actuación y juega un rol definidor de sus fines, entregándole un ámbito de discrecionalidad. No ocurre lo mismo en la sujeción a la ley que rige la actividad jurisdiccional, donde la ley no define una finalidad o límite para la actuación del juez, sino simplemente aquello que el juez ha de aplicar.

A la luz de esta diferencia fundamental entre ambas potestades se comprende que administración y judicatura se rijan por principios estructurales diversos.

Mientras en la judicatura rige el principio de independencia, en la administración nos encontramos frente a una ordenación comisarial y jerárquica. Bajo este paradigma, un tribunal establecido por el legislador debe tener asegurada su independencia respecto de sus superiores y protección respecto de otras presiones externas o agendas políticas, cuestión que no ocurre con los órganos de la administración.

Así, un acto de aplicación dictado por un órgano administrativo difícilmente puede llegar a ser considerado como actividad jurisdiccional. (El derecho a no ser juzgado por comisiones especiales: análisis crítico de jurisprudencia. Valeria LübbertÁlvarez.,Extraídodehttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=655161 2). De esta forma, el hecho que una repartición pública ejerza una potestad pública entregando en comodato un inmueble, no puede ser considerada una actividad jurisdiccional obrando como comisión especial; sino que sólo implica el cumplimiento de sus fines o potestades públicas. Dicho en otros términos, un acto administrativo no puede ser considerado una comisión especial, ya que solo es el ejercicio de una potestad administrativa.

COLOFON.

i.- Como se refirió los presupuestos del recurso de protección son copulativos, de forma tal que de no satisfacerse uno de ellos la acción no puede prosperar.

ii.- Que, en la especie se acreditó que el acto no es ilegal, ya que SERVIU cuenta con autorización legal para suscribir contratos de comodato sobre los inmuebles de su dominio. El acto tampoco es arbitrario, atendido que obedece a una solicitud efectuada por el Municipio de Saavedra, quienes solicitan el inmueble para satisfacer necesidades de la comunidad local (agrupación de emprendedoras).

iii.- En cuanto a las garantías invocadas, se acreditó que el derecho de propiedad no se encuentra amagado al no contar el recurrente con la titularidad del mismo; es más de la documental que se acompaña se colige que solo es su mero tenedor. En cuanto al hecho que SERVIU habría actuado como comisión especial, ello no es acertado ya que, no se visualiza de qué forma al entregar en comodato un inmueble del cual SERVIU es propietario podría haber actuado como comisión especial; máxime si, como se refirió, la actividad de la administración no constituye actividad jurisdiccional, para que sus decisiones se puedan considerar comisión especial.

iv.- Finalmente, según se colige de documental que se acompaña SERVIU siendo propietario del inmueble y reconociendo la mera tenencia del inmueble por parte de los recurrentes, no se opone a que éstos regularicen su situación legal respecto del retazo en que se encuentra emplazado el templo, por ejemplo, saneando el retazo de terreno del cual son meros tenedores. Por lo demás, así se lo hizo saber a los recurrentes en oficio 251 de fecha 21 de enero de 2022.

Solicita finalmente tener por evacuado el informe dentro de plazo legal, y se tenga por desestimado el recurso de protección deducido en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de la Araucanía, por las consideraciones de hecho y derecho expuestas precedentemente, con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia de inscripción de conservatoria de fojas 176, número 137 del Registro de propiedad del año 1980, que ampara el dominio de los inmuebles objeto de la Litis a nombre de SERVIU Región de La Araucanía.

2.- Resolución exenta N° 2610, de fecha 5 de julio de 2022, en virtud de la cual SERVIU Región de La Araucanía entrega en comodato el inmueble que individualiza al Municipio de Saavedra.

3.- Plano de comodato, elaborado por SERVIU Araucanía.

4.- Ord. 251 de fecha 21 de enero de 2022, firmado electrónicamente, en virtud del cual SERVIU Región de La Araucanía informa al recurrente don nombre reservado la negativa a regularizar el terreno del cual hoy tienen la tenencia.

5.- Ord. 229 de fecha 20 de enero de 2022, firmado electrónicamente, en virtud del cual SERVIU Región de La Araucanía informa a la SEREMI de Bienes Nacionales que no autoriza la regularización del inmueble por parte del hoy recurrente.

6.- Ord. N° 325, de fecha 14 de abril de 2020, de la Municipalidad de Saavedra, en virtud del cual solicita entrega de inmueble en comodato para la agrupación de emprendedoras “Newen Pu domo”.

7.- Resolución exenta N° 014464, de fecha 21 de diciembre de 2017, que establece criterios y procedimientos para la adquisición, administración y enajenación de inmuebles de propiedad SERVIU y deja sin efecto instrucciones contenidas en actos administrativos que indica.

A folio 17 se encuentra el informe en el que don nombre reservado, Abogado, Director Jurídico de la Municipalidad de Saavedra, dice que respecto de comodato entregado a esta Municipalidad por parte del Serviu informará y acompañará toda la documentación respecto del caso.

Cabe mencionar que en solicitud que intenta la parte recurrente, pretende realizar regularización de la parte trasera de la iglesia en cuestión, en donde no cuenta con construcciones, pretendiendo realizar saneamiento sobre parte de terreno destinado a proyecto por esta municipalidad.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos 1.- Contrato de Comodato 2.- Resolución Exenta N° 3672 3.- Plano del terreno disponible para la iglesia 4.- Plano Comodato Ilustre Municipalidad de Saavedra para proyecto Mujeres Emprendedoras El día de la vista del recurso, realizada el 1 de marzo en curso, solo compareció el abogado de la parte recurrida, don Fred Fernández.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por lo referido la acción de protección es una acción de naturaleza cautelar que tiene como presupuestos el cumplimiento copulativo de una serie de exigencias, las cuales están establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, a saber, la existencia de una acción u omisión; que ella sea arbitraria o ilegal; que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de alguna de las garantías a las cuales el constituyente le otorga especial protección y que el derecho que se dice afectado tenga el carácter de indubitado, pues esta acción cautelar de urgencia, desformalizada, concentrada, no puede transformarse en declarativa de derechos, por cuanto la controversia sobre el derecho supondría un procedimiento de lato conocimiento que es incompatible con el carácter cautelar de urgencia de esta acción.

Así, de no cumplirse alguno de los supuestos —copulativos— la acción no puede prosperar Segundo: Que, en la especie se denuncia por el recurrente es la entrega en comodato de parte de SERVIU NOVENA REGIÓN a la Municipalidad de Puerto Saavedra, de un inmueble, que los recurrentes alegan como propio, afectado la garantía contenida en el artículo 19 N°3 y N°24 de la Constitución Política de la República. Sin embargo, reconocen que el terreno no está inscrito a su nombre, sino a nombre de la entidad recurrida y que han intentado realizar el trámite para sanearlo por el DL. 2695.

Tercero: Que el análisis de los hechos expuestos por el recurrente, y la valoración, conforme a las reglas de la sana crítica, de los antecedentes acompañados por aquél en el recurso, y por la recurrida en su informe, permite concluir que la parte recurrente no tiene un derecho indubitado afectado, pues se reconoce mero tenedor o poseedor material del inmueble, y probado quedó con la respectiva copia de inscripción de dominio, que la recurrida es poseedora inscrita del mismo y que, por ende, se le debe reputar dueña; no se demostró, entonces, una afectación a la garantía constitucional alegada por el recurrente- la propiedad- toda vez que la materia alegada dice relación con la tramitación de una solicitud de regularización de la posesión que intentó y le fue denegada, o, incluso, como insinúa, de la adquisición del dominio del mismo inmueble por prescripción, que requiere de declaración aun no efectuada; materias ambas de lato conocimiento, y, como ya se dijo, el presente recurso de protección no es la vía para conocer las pretensiones formuladas.

Cuarto: Que en el sentido señalado en el motivo anterior se ha manifestado la Excelentísima Corte Suprema señalando: “Que para acoger la presente acción debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, condición que no se verifica en la especie porque el derecho cuya protección se busca por esta vía no tiene el carácter de indubitado…” Y en otro fallo, justifica el requisito de que los derechos sean indubitados, señalando: “Que basta tan sólo con enunciar el problema, en los términos en que se ha hecho en los motivos que anteceden, para concluir que la precedente no es una materia que, por su naturaleza, corresponda dilucidar por la vía de la presente acción cautelar, de cuya finalidad y alcance trasciende por completo. En la especie falta uno de los requisitos básicos para el planteamiento y el acogimiento de una acción de resguardo como la de autos, esto es, la existencia de un derecho indubitado. Una contienda así generada no puede ser dilucidada por medio de acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparado” (Corte Suprema, sentencias roles números 4109-2014 y 24.699-214)

Quinto: Que tampoco puede atribuirse a la recurrida un acto de autotutela o de convertirse en una comisión especial, por el hecho de entregar en comodato parte del terreno a la municipalidad de Puerto Saavedra, por cuanto lo ha hecho en virtud los atributos que le confiere su calidad de poseedora inscrita de aquél.

Sexto: Que en razón de lo reflexionado, será rechazado el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:

Que, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por Mauricio René Muñoz Cruces, nombre reservado, nombre reservado, en contra de SERVIU NOVENA REGIÓN.

Se regulan las costas personales de este recurso en la suma de $150.000, las que se tendrán por aprobadas si no son objetadas dentro de tercero día.

Regístrese, agréguese a la carpeta digital y archívese Redacción a cargo del ministro titular, señor Carlos Gutiérrez Zavala.

N°Protección-32654-2022.