nombre reservado con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés.

Vistos Comparece RODRIGO FERNANDO FLORES OSORIO, abogado, cédula nacional de identidad RUT reservado y don EMANUEL ISAÍAS CUADRA SUÁREZ, abogado, cédula nacional de identidad RUT reservado, ambos en representación según se acreditará de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad RUT reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponiendo acción de protección por vulneración de garantías fundamentales en contra de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, RUT RUT reservado, representada legalmente por su Subsecretario don MANUEL ZACARÍAS MONSALVE BENAVIDES o quien lo subrogue legalmente en el cargo, todos domiciliados domicilio reservado, por haber dictado el acto administrativo de fecha 8 de julio de 2022, Resolución Exenta RA N°245/2195/2022, que pone término anticipado al contrato de honorarios de nuestra representada. Fundamentamos nuestra pretensión en los siguientes antecedentes que pasa a exponer:

CONTEXTO 1.- Nuestra representada comenzó a prestar servicios para la DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PRONVICIAL DE MALLECO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR – previo a la reforma establecida por la Ley N°21.07 Gobernación de Malleco – el día 1 de abril de 2018 en virtud de un contrato de honorarios, para prestar servicios en la coordinación del programa Gobierno en Terreno, realizando diálogos ciudadanos, contactándose con distintas entidades, llámese servicios, municipalidades, entre otros, a fin de implementar los distintos programas. Dicho vínculo fue renovado en numerosas oportunidades, siendo extensible su última vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

2.- Durante el transcurso de la relación contractual, el desempeño de nuestro mandante ha sido óptimo, cumpliendo sus labores con esmero y dedicación.

3.- Que, las funciones ejercidas por nuestra representada, durante su contrato de honorarios, son propias del trabajo de la DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PRONVICIAL DE MALLECO, dependiente de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, es decir pertenecen a su rango esencial, en otras palabras, se realizaban antes de la contratación y continuarán una vez concluida ésta, lo que manifiestamente se contrapone al concepto de transitoriedad y accidentalidad dado para esta figura.

II.HECHOS VULNERATORIOS ESPECÍFICOS 1.- Que, mediante carta de comunicación de fecha 30 de junio de 2022, nuestra representada fue informada del término anticipado de su contrato de honorarios el que fuera decretado mediante Resolución Exenta RA N°245/2195/2022, 2.- Dicho acto administrativo es absolutamente ambiguo y carente de fundamentación, citando argumentos absolutamente genéricos y ambiguos, sin justificar una situación particular acerca de las labores de su representado o los motivos por los que se puso término a su vínculo de manera sorpresiva.

3.- Que, analizada la resolución nos podemos percatar que el único aparente fundamento esgrimido por la contraria guarda relación con el uso de la facultad establecida en la cláusula tercera de dicho instrumento, consistente en la prerrogativa de poner término al contrato de honorario sin mayor fundamentación, lo que a juicio de esta parte es independiente de los requisitos de legalidad de todo acto administrativo.

4.- Así las cosas, la resolución aludida, al no contar con la motivación suficiente, infringe el principio de legalidad – tal como será detallado en los próximos apartados – lo que a su vez demuestra su arbitrariedad, al respetar el contrato de honorarios de otros funcionarios que se encontraban en idéntica condición que nuestra representada.

II.SOBRE LOS REQUISITOS FORMALES PARA LA PROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN 1.- Plazo: Que, la comunicación de término anticipado fue dictada con fecha 30 de Junio de 2022, estando dentro del plazo de 30 días exigidos por el legislador.

2.- Garantías Vulneradas: Las garantías que se han vulnerado y que se encuentran bajo amenaza en este caso, tal como será expuesto en el próximo apartado, son las descritas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, numerales 2 y 24.

3.- Actos: Tal como S.S.I puede apreciar existe en la especie una serie de actuaciones arbitrarias e ilegales por parte del recurrido al vulnerar y amenazar los derechos fundamentales citados en el párrafo anterior y que detallaré más adelante.

IV. SOBRE LA ACTUACIÓN ARBITRARIA E ILEGAL DE LA RECURRENTE Dado que la discusión del presente caso tiene como hecho basal, impugnar el acto administrativo que pone término anticipado al contrato de honorarios, debemos desmenuzar la normativa dispuesta en el DFL N°29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo , específicamente el artículo 11 que establece el marco jurídico de la relación contractual. Artículo 11.- Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.

Del referido artículo, podemos extraer las siguientes conclusiones:

a. Nuestra representada debe durar a lo menos en sus funciones hasta el 31 de diciembre del presente año: Conforme lo detalla el referido artículo y ante su sujeción a las reglas del derecho común, el contrato de honorarios debe respetarse al menos hasta el 31 de diciembre del presente año, salvo que exista una debida fundamentación, cuyo caso no se verifica en esta controversia.

Sobre la falta de motivación del acto recurrido 1.- El deber de fundamentación o motivación del acto administrativo es uno de sus elementos de legitimidad, conforme lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución y el artículo 2° de la Ley N° 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Dicho deber, no consiste en otra que consiste en una exposición, clara, precisa y certera, de los motivos y razones legales y fácticas que tuvo en vista el órgano para la emisión del acto administrativo, como es en este caso la comunicación que pone término anticipado al contrato de honorarios.

2.- Del mismo modo lo anterior, se encuentra establecido en la ley 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, específicamente en sus artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto: “La literalidad de la norma ha sido complementado con la jurisprudencia judicial y Dictámenes Contralores, que han instaurado que la motivación del acto debe ser racional, proporcionada y habilitada, puesto que la inexistencia o error en los motivos de hecho que fundamentan el acto administrativo, determinan su arbitrariedad”1.

3.- Que, tampoco es factible plantear una argumentación derivada de la frase “mientras no sean necesarios sus servicios o establecer un término sin fundamentación”, puesto que estos sin son necesarios y fundamentales para el funcionamiento del servicio, lo que comprueba aún más el incumplimiento por parte de la autoridad administrativa, de la exigencia de una adecuada motivación de todo acto administrativo que afecte derechos de terceros, según lo establece el artículo 11 inciso 2° de la comentada Ley N° 19.880, siendo obligatoria esta norma para el caso en que un acto administrativo disponga el cese de un empleo a contrata o honorarios, como es el caso de nuestra representado.

4- En este orden de ideas, tal como lo señala Bermúdez Soto: “Frente a la inexistencia o error en los motivos del acto administrativo, en particular de los motivos de hecho, la resolución adolecerá́ de un vicio de abuso o exceso de poder y podrá́ ser tachada de arbitraria”2.

5.- Lo anterior resulta aún más extraño, cuando se tienen la conducta de nuestra mandante, la que ha estado exenta de reproches.

6.- Así́ las cosas, el acto administrativo que termina el contrato de honorarios de nuestra representada, es vago e impreciso, pues no acredita los argumentos hecho y derecho en que se funda, más allá́ de una mera retórica. En este sentido, encontramos un error en los motivos de hecho y la falta de antecedentes de derecho que los respalden, lo que ha convertido el acto administrativo que termina el contrato de honorarios de nuestra representada en un acto ilegal y arbitrario, que no encuentra ensimismo proporcionalidad, ni racionalidad, lo que determinada su ilegalidad y arbitrariedad.

8.- Que, en este punto, cabe destacar la basta jurisprudencia de nuestra Excelentísima Corte Suprema que en materia de motivación indica: Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 19.585-2016, considerando: “Séptimo: Que en este contexto resulta necesario precisar que la causa o motivación es un elemento del acto administrativo que puede ser entendido como la razón que justifica su dictación por la Administración del Estado, en la que se encuentran elementos fácticos y de derecho.

“La causa o motivo debe expresarse en el acto de la Administración y ello deriva precisamente de que el actuar de la misma debe ser razonable, proporcionado y legalmente habilitado, a fin de posibilitar su comprensión frente a los destinatarios y evitar ser tachada de arbitraria, puesto que la inexistencia o error en los motivos de hecho, determina la existencia de un vicio de abuso o exceso de poder”.

Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 5120-2016, considerando: “Duodécimo: Que la doctrina ha conceptualizado el motivo del acto administrativo "como la razón que justifica cada acto administrativo emanado de la Administración Pública. En ella están incorporados los elementos de hecho que se tuvieron para su dictación... como asimismo, la causa legal justificadora del acto administrativo". (Bermúdez Soto, Jorge. "Derecho Administrativo General". Editorial Legal Publishing Chile. 2011. Pág.118). El control de los motivos por parte de los tribunales es, según lo expuesto, un control de legalidad del acto administrativo”.

Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 11.106-2020, considerando cuarto: “Que la circunstancia de haber permanecido nombre reservado en el cargo a contrata por más de dos años generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así́ lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie. Por ello, la decisión renovar la contrata del recurrente solo por un periodo de tres meses ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales invocadas.”

Sentencia de la Excma. Corte Suprema, rol N° 76.600-2020, considerando cuarto: “Que la circunstancia de haber permanecido nombre reservado en el cargo a contrata por más de veintidós años generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así́ lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie. Por ello, la decisión de no renovar la contrata ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad”.

IV.INFRACCIÓN DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES.

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

2°. - La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;

1.- Que, en la especie se ha vulnerado tajantemente la igualdad ante la ley, puesto que se ha afectado a nuestra representada, en contraposición a otros funcionarios que se encuentran en idénticas condiciones, lo que consta en el propio acto administrativo, tomando esta decisión en base a criterios subjetivos y no técnicos.

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

2.- En la especie y pese a que existe un plazo restante de ejercicio de funciones– diciembre del año 2022, el recurrido vulnera la “propiedad” sobre ésta poniendo fin anticipado al contrato de honorarios, privando a nuestra mandante de las remuneraciones que legítimamente le correspondía percibir.

Solicita tener por interpuesta acción de protección constitucional por vulneración y amenaza de garantías fundamentales en contra del recurrido SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, ya individualizada, solicitando se le admita a tramitación y , previo informe de la recurrida, se le acoja, adoptando las medidas necesarias para asegurar el debido imperio del derecho, en particular se ordene a la recurrida dejar sin efecto el término anticipado del contrato de honorarios de nuestra representada, ordenando además el reintegro de todas las remuneraciones que legítimamente le correspondía y corresponderá percibir mientras se declare la ilegalidad del acto. .

También comparece IGNACIO GARCIA SUÁREZ, abogado, en representación del Subsecretario del Interior, informando lo siguiente:

1. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE AUTOS.

Con fecha 24 de mayo de 2018, doña nombre reservado (en adelante e indistintamente "la parte recurrente, suscribió un contrato de honorarios a suma alzada con el Servicio de Gobierno Interior, elcual fue aprobado mediante resolución exenta RA Nº 245/83/2019, de fecha 24/01/2019, del Servicio de Gobierno Interior, para prestar servicios entre el 1de abril de 2018 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Posteriormente, con fecha 25 de enero de 2019, la parte recurrente suscribió un nuevo contrato de honorarios a suma alzada con el Servicio de Gobierno Interior, el cual fue aprobado mediante resolución exenta RA Nº 245/772/2019, de fecha 08/06/2019, del Servicio de Gobierno Interior, para prestar servicios entre el 1de enero y hasta 31de diciembre de 2019.

Luego, con fecha 31 de diciembre de 2019, la parte recurrente suscribió otro contrato de honorarios a suma alzada con el Servicio de Gobierno Interior, el cual fue aprobado mediante resolución exenta RA Nº 245/837/2020, de fecha 24/06/2020, del Servicio de Gobierno Interior, para prestar servicios entre el 1de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020.

A continuación, con fecha 04 de enero de 2021,la parte recurrente suscribió un nuevo contrato de honorarios a suma alzada con el Servicio de Gobierno Interior, el cual fue aprobado mediante resolución exenta RA Nº 245/803/2021, de fecha 11/06/2021, del Servicio de Gobierno Interior, para prestar servicios entre el 1de enero y hasta el 31de diciembre de 2021.

De ahí que, el ámbito de su aplicación necesariamente se limita a aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad sobre derechos preexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles. Por ello, no es posible que este arbitrio pueda emplearse para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas en base a meras expectativas. tal como ocurre en el caso de autos. por cuanto no constituyen derechos subjetivos públicos o posiciones activas susceptibles de tutela judicial efectiva mediante este remedio judicial.

El criterio antes señalado ha sido respaldado por la Excma. Corte Suprema, quien ha rechazado libelos de protección interpuestos por recurrentes que cuestionaban el término anticipado de los convenios a honorarios que los unían con diversos servicios públicos. Así por ejemplo, en causas rol Nº 11.735-2014 y rol Nº 58.896-2016, casos en los que nuestro máximo tribunal dispuso:

"Tercero: Que de lo expresado puede concluirse que la materia planteada no es susceptible de ser solucionada por la presente vía, pues la situación jurídica y de hecho presentada por el recurrente ha sido contradicha, y una controversia así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción de derechos constitucionales, ya que ella no constituye una instancia de declaración de tales derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, cual no es el caso como se ha expresado precedentemente. Cuarto: Que sobre la base de lo razonado puede concluirse que, en la especie, no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción constitucional, de tal manera que el recurso deducido no está en condiciones de prosperar" (Causa rol Nº 11.735- 2014, lo destacado es nuestro). "Tercero: Que del mérito de los antecedentes, resulta evidente que la presente no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre. Cuarto: Que, conforme a lo anteriormente expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a los recurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, y en su lugar se declara que se rechaza el recurso de protección deducido" (Causa rol Nº 58.896-2016).

El razonamiento expuesto ha sido sostenido también por distintas Cortes de Apelaciones, por ejemplo, recientemente por la Corte de Apelaciones de Chillán en causa rol Nºl.789-2022 o por la Corte de Apelaciones de Valdivia en causa rol N°2.086-2022, tribunales que al rechazar el recurso de protección interpuesto dispusieron claramente que se estaba frente a una situación jurídica en que no existen derechos indubitados que puedan ser objeto de protección por medio de tal recurso, debiendo ser ventilado el caso en la sede declarativa que corresponda.

De esta forma, y como ya se ha anticipado, se debe destaca r que el convenio celebrado el año 2022 indica expresa mente en su cláusula tercera:” El presente Convenio durará desde el 1 de Enero de 2022 y hasta el 31 de Diciembre de 2022. Sin per juicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente Convenio cuando lo estime conveniente. sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar esa decisión a la contraparte mediante carta certificada, acorde a lo dispuesto en el artículo Nº 46 de la ley Nº 19.880 o personalmente, caso en el cual deberá quedar registro de dicho acto y de la recepción de la mencionada comunicación".

Más aún, considerando la efectiva posibilidad que alguna de las partes hiciera uso de tal legítima prerrogativa, en la referida cláusula tercera se agregan reglas respecto la cuota de honorarios que correspondería pagar a la prestadora de servicios en caso de término anticipa do del Convenio.

De esta forma, la literalidad de la cláusula citada permite descartar de plano lo afirmado por la parte recurrente en la página 5 de su escrito, en donde indica que "el contrato de honorarios debe respetarse al menos hasta el 31 de diciembre del presente año, salvo que exista una debida fundamentación, cuyo caso no se verifica en esta controversia. ‘por cuanto importa un desconocimiento absoluto de los términos del acuerdo consentido por las partes.

En efecto, en la cláusula tercera citada se regula específicamente la duración del contrato, así como la faculta d de poner término anticipado al mismo con la formalidad que en él se expresa n, de lo cual fluye que la posibilidad de poner término anticipado a l convenio es una prerrogativa de ambas partes, para lo cual no es requisito sino la comunicación de tal determinación mediante los medios allí señalados.

Luego las formalidades que las partes convinieron para ejercer la facultad de poner término anticipado al convenio fueron plenamente cumplidas por esta parte como consta de la epístola acompañada al presente informe. En efecto tal comunicación, suscrita por la autoridad facultada para tales efectos y dictado en el ámbito de su competencia, fue notificada personalmente a la recurrente con fecha 04 de julio de 2022, conforme consta en los datos estampados en el documento.

Así las cosas, la actuación del servicio se encuentra totalmente ajustada a derecho. no pudiendo ser reprochada por cuanto se limitó a actuar de acuerdo a lo que las propias partes contratantes consintieron.

Asimismo, es importante destacar que la parte recurrente no ha discutido el incumplimiento de las formalidades previstas por los contratantes para ponerle término al referido contrato por lo que indefectiblemente se debe proceder al rechazo de la presente acción constitucional al no existir irregularidad alguna en el proceder de este servicio.

A las mismas conclusiones expuestas ha arribado la Excma. Corte Suprema conociendo de este tipo de casos en donde se ha dispuesto el término anticipado a convenios a honorarios a suma alzada, por ejemplo, causas roles Nº 23.035-2018 y 24.615-2018, procediendo a destacarse de esta última, dictada con fecha 2 de enero de 2019, los siguientes considerandos: Cuarto: Que, dicho lo anterior, huelga recordar que el inciso 3° del artículo 11 de la Ley Nº 18.834, o "Estatuto Administrativo' prescribe que: "Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. Quinto: Que, de esta manera, el conflicto ventilado a través del presente recurso debe ser resuelto preminentemente en función de las reglas contenidas en el contrato respectivo, instrumento que, como se ha dicho, contempla la posibilidad de terminación anticipada. facultad que ha sido adecuada y oportunamente ejercida por la autoridad. Sexto: Que, en el mismo orden de ideas, la pretensión del actor estriba en obtener el cumplimiento forzado de una obligación contractual, asunto que resulta del todo ajeno a los objetivos y finalidades de esta acción constitucional. tal como se ha indicado en el motivo segundo precedente" (lo destacado es nuestro).

En el mismo sentido se han pronunciado otros tribunales superiores de justicia, así por ejemplo, recientemente la Corte de Apelaciones de Valdivia, que en causa rol N°2.086- 2022. rechazó el recurso afirmando que:

"6.- La indicada cláusula forma parte del convenio de honorarios. v, por ende es conocida por las partes. v regula específicamente la duración del contrato. Así como la facultad de poner término anticipado al mismo con la formalidad que en él se expresan. de lo cual fluye que no es requisito sino la comunicación de tal determinación mediante una carta certificada, exigencia que se cumplió como consta de la epístola acompañada a estos antecedentes, misma que no ha sido cuestionada.

Así también lo ha reconocido la Corte de Apelaciones de Concepción, que en causa rol NºS0.580-2022, con fecha 1de agosto del presente año dispuso;” QUINTO. - Que es pertinente señalar que el inciso tercero del artículo 11 del Estatuto Administrativo, Ley Nº 18.834, señala que "las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto. De acuerdo a lo anterior, el instrumento respectivo que da cuenta del contrato de prestación de servicios a honorarios. al cual se viene haciendo referencia, resulta fundamental para resolver de acuerdo a su propio mérito la materia planteada en el presente recurso de protección, convenio en el cual se contempla expresamente la posibilidad de que cualquiera de las partes pueda poner término anticipado al acuerdo cuando lo estime conveniente y sin expresión de causa, debiendo ser ello notificado. SEXTO. - Que así las cosas la actuación de la recurrida se encuentra totalmente ajustada a derecho sin que pueda ser reprochada en atención a que se limitó a actuar de acuerdo a lo que las propias partes contratantes habían acordado siendo ello vinculante. En esas condiciones, no existe en este caso afectación de garantías constitucionales al recurrente que requieran de la adopción de medidas de protección." Luego, y recordando lo ya expuesto, es importante enfatizar que las partes convinieron que no constituía un requisito el expresar las razones para poner término anticipado al convenio. no resultando admisible que luego. por el ejercicio de tal prorrogativa en los términos convenidos. se concluya sin más que tales razones no existen o que son caprichosas o arbitrarías como parece concluir la parte recurrente.

En efecto, como se ha expuesto, en el caso de autos, el servicio adoptó la decisión de poner término al contrato de la recurrente observando criterios de razonabilidad eficiencia y eficacia, decisión que luego procedió a comunicar a la contraparte en los términos convenidos.

Así, en vista de que, tal como se ha indicad o, la norma reguladora de las relaciones entre la parte recurrente y este organismo fue el convenio a honorarios, no resulta admisible que se exijan requisitos adicionales a los allí contemplados para ejercer los derechos que contiene.

Por ello, no sería procedente que mediante una acción de protección se pusiera en duda la fuerza vinculante de las disposiciones del contrato que la recurrente celebró válidamente con este organismo. ni menos aún que se intenten añadir requisitos no contemplados en ella para el ejercicio de las facultades que contempla, máxime si la suscripción de dicho contrato se realizó libre y espontánea mente, con pleno conocimiento de los derechos y obligaciones emanadas a su respecto.

De esta forma, se debe enfatizar que el contrato a honorarios celebrado es una ley para las partes contratantes, y su fuerza obligatoria se traduce en la intangibilidad del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil. Luego. al no haberse cuestionado la validez ni alegado la nulidad del contrato -caso que habilitaría a los órganos jurisdiccionales a pronunciarse en un procedimiento de lato conocimiento- no resulta admisible que se desconozcan sus términos. y se impongan requisitos o exigencias no incluidas en este.

Por último, es importante destaca r que en las páginas 7 y siguientes, la parte recurrente, para efectos de intentar justificar el supuesto requisito de motivación, cita como ejemplo diversas causas, como las roles Nº 11.106-2020 y 76.600-2020, de la Excma. Corte Suprema, que se refiere a casos de personas que se vincularon jurídicamente con servicios públicos bajo el régimen a contrata, previsto en el artículo 10 del Estatuto Administrativo, tipo de empleo público diverso del honorarios a suma alzada de la especie, estos últimos, como ya se dijo, en virtud del artículo 11de la normativa estatutaria, no poseen la calidad de funcionarios y tienen como principal norma reguladora de sus relaciones el propio convenio.

Termina señalando como lo actuado no vulnera las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual solicita el rechazo del recurso de autos CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha denunciado como una actuación ilegal y arbitraria la decisión de la recurrida de poner término anticipado de la contratación a honorarios del actor, la que a su juicio adolece de falta de motivación y no ha respetado el principio de confianza legítima en atención a la duración de su vinculación con la recurrida y por cuanto atendida las labores que desarrollaba debe asimilarse su vinculación a una contrata. Por su parte la recurrida sostiene que atendida la forma de contratación del actor, él no es un funcionario y la principal norma reguladora de sus relaciones es el propio convenio a honorarios, el que faculta expresamente a cualquiera de las partes a poner término anticipado al mismo, sin necesidad de expresar de causa.

TERCERO: Que, para resolver el presente recurso es menester consignar que la cláusula tercera de la contratación a honorarios suscrito por las partes señala: “El presente convenio durará desde el 1 de Enero de 2022 y hasta el 31 de Diciembre de 2022. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado al presente Convenio cuando lo estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa y sin más formalidad que la de comunicar esa decisión a la contraparte mediante carta certificada, acorde a lo dispuesto en el artículo N° 46 de la ley N° 19.880 o personalmente, caso en el cual deberá quedar registro de dicho acto y de la recepción de la mencionada comunicación”.

En ese mismo sentido, el artículo 11 inciso 3° del Estatuto Administrativo dispone: “Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

CUARTO: Que, en ese orden de ideas, debemos descartar la existencia de una actuación ilegal o arbitraria por parte de la recurrida al disponer la terminación anticipada de la contratación a honorarios de la actora, por cuanto, como ha sostenido la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 23.035-2018 “la carta de aviso de término del contrato a honorarios en la citada causal, ha actuado con estricto apego a las disposiciones del contrato suscrito por las partes, que es justamente el instrumento que rige las relaciones entre ellas, por así disponerlo expresamente el Estatuto Administrativo.” De ese modo, en el caso de marras, se pactó expresamente la facultad de cualquiera de las partes de poner término anticipado a dicho contrato, sin necesidad de expresar causa alguna, y sin otra solemnidad que comunicar dicha decisión por carta certificada, formalidades que se cumplieron.

QUINTO: Que, refuerza lo anterior lo que ha sido sostenido por esta Iltma. Corte, en autos Rol ° 12.436-2022, confirmada con fecha 24 de Noviembre de 2022 de la Excma. Corte Suprema en los autos Rol Nª 57.404 de 2022, que señaló: “no estando en cuestión la naturaleza del contrato, y existiendo en el mismo una cláusula que habilita a ambas partes a ponerle término anticipado cuando se estime conveniente, sin necesidad de expresión de causa, corresponde aplicar estrictamente la norma del artículo 1545 del Código Civil conforme al cual todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, norma que reconoce en nuestro derecho el llamado pacto sunt servanda de acuerdo al cual los pactos deben ser siempre cumplidos y cumplidos en sus propios términos”. Mismo criterio se aplicó en la causa 13.887-2022 confirmada esta última con fecha 06 de Enero de 2023 de la Excma. Corte Suprema en los autos Rol Nª115.074-2022.

SEXTO: Que, de ese modo, la eventual discusión sobre la validez de la cláusula tercera del contrato a honorarios, en particular de la liberación por mutuo acuerdo de la obligación de fundar la terminación anticipada del contrato cuando la efectúa la administración, o la determinación de la naturaleza jurídica de la contratación del actor, es una cuestión que no corresponde analizarla desde la perspectiva de conducta ilegales o arbitrarias propias del recurso de protección pues no se puede calificar per se, como contrario a derecho o caprichoso, actos ajustados a las cláusulas de la relación contractual como la de la especie, unido a que la disputa existente entre las partes acerca del alcance y validez de la referida cláusula, o la naturaleza jurídica del contrato, son materias que deben ser dilucidadas por los interesados en juicio de lato conocimiento en que las partes involucradas puedan hacer sus alegaciones y rendir las pruebas que estimen del caso para obtener el resultado que pretenden.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los abogados don RODRIGO FERNANDO FLORES OSORIO, y don EMANUEL ISAÍAS CUADRA SUÁREZ, en representación de doña nombre reservado, en contra de la SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR, representada legalmente por su Subsecretario don MANUEL ZACARÍAS MONSALVE BENAVIDES o quien lo subrogue legalmente.

Redacción a cargo del abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

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