nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACION

C.A. de Temuco Temuco, diez de abril de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece don nombre reservado, venezolano, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo, ya sea rechazando o aprobando los descargos contra orden de expulsión (notificada con fecha de 31 de mayo de 2023), interpuesto con fecha de 23 de mayo del año 2023 ante DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN, ya que, desde la fecha señalada hasta la fecha de 29 de febrero de 2024 aún no se obtiene respuesta del órgano administrativo, al igual que el Recurso de Reposición interpuesto ante el mismo organismo. Como se establece en el artículo 19 n°2 de la Constitución Política de la República, en concordancia a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 19.880, además de los argumentos de hecho y derecho que paso a exponer:

ANTECEDENTES Don nombre reservado, extranjero de nacionalidad venezolana, soltero, nacido en Anzotegui el 07 de noviembre de 2001, posee estudios medios, documento nacional de identidad venezolano N° RUT reservado y cédula de identidad chilena para extranjeros N° 33.639.355.3.

Por la crisis humanitaria conocida mundialmente que atraviesa Venezuela, país de origen de don nombre reservado, se vio en necesidad de emigrar hacia Colombia y posteriormente a Chile, puesto que en el país de Colombia no logró una mejoría en su calidad de vida, bienestar emocional y sus relaciones familiares y sociales, es por esto que, emigra a Chile donde desea continuar con sus estudios y reunirse con su familia compuesta por, su madre nombre reservado, cédula de identidad (RUT) RUT reservado con residencia definitiva y su hermana pequeña de 8 años nombre reservado, quienes residen en Chile desde la fecha de 25 de marzo de 2019, actualmente domiciliadas en domicilio reservado. La madre obtuvo su visa en el mes de diciembre del año 2022 y se encuentra actualmente trabajando y su hermana se encuentra cursando para la fecha del año 2023 segundo básico en Escuela Básica San Sebastián de Maquehue.

Emprendió el viaje a Chile el 11 de diciembre de 2022, llegando a la frontera de Chile y Perú con fecha de 19 de diciembre de 2022 donde cruzó por paso no habilitado a la República de Chile, posteriormente abordó un avión con destino a Santiago, para poder llegar a la ciudad de Temuco donde se encontraba su familia, sin embargo, Policía de Investigaciones le realizó un control, donde:

- Fue interrogado - Fotografiaron sus tatuajes - Se le realizó un escáner, para examinar el interior de su cuerpo.

Los resultados fueron negativos y por parte de Policía de Investigaciones confirmaron que no poseía antecedentes penales ni solicitudes en la INTERPOL. Posterior a esto, Policía de Investigaciones realizó a don nombre reservado una auto denuncia con citación con fecha de 20 de enero de 2023 en dependencias de Policía de Investigaciones de Temuco, por ser su destino final y donde vive actualmente con su familia.

Asistió a la cita de la Policía de Investigaciones, respondiendo toda y cada una de las preguntas de manera correspondiente, posteriormente fue citado los días 10 de cada mes, lo cual cumplió fielmente hasta el día 10 de abril de 2023, donde se le señaló que la próxima cita sería con fecha de 10 de junio, sin embargo para la fecha de 11 de mayo, antes de la fecha anteriormente señalada se le notifica personalmente por Policía de Investigaciones, ya que el Servicio de Migraciones había iniciado un proceso sancionatorio, esto es Proceso Sancionatorio Expulsivo en razón al artículo 127 N°2 en relación al artículo 35 N°5 y 127 N°4 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, como también al artículo 135 N°2 y 4 del Reglamento de la ley, esto por ingreso a territorio nacional por paso no habilitado, eludiendo control migratorio.

Sumado a esto, se vio en la imposibilidad de realizar la Solicitud de Reunificación Familiar, permiso de Residencia Temporal, ya que posee vínculo con una persona extranjera titular con permiso de Residencia Definitiva, quien es su madre, pariente consanguíneo en primer grado en la línea recta, sin embargo, este permiso, no podría ser otorgado a don nombre reservado, puesto que, en relación al artículo 88 de la Ley 21.325 sobre las causales de rechazo de permisos de residencia, entiende dentro de su numeral 2, a quienes estén comprendidos dentro de alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 32, con excepción de su numeral 2, el cual corresponde al párrafo II “De las prohibiciones de ingreso” y en sí de las Prohibiciones imperativas, donde se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que, numeral 3. “Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio…”. El cuál es el motivo por el que se notificó a nombre reservado, de una orden de expulsión, es por esto que se vio imposibilitado de realizar esta solicitud, pese a que en la misma 21.325 se exprese en su artículo 19 “… hijos solteros menores de 24 años que se encuentren estudiando y menores de edad que se encuentren bajo su cuidado personal o curaduría, debiendo el Estado promover la protección de la unidad de la familia”.

Se interpuso un Recurso de Reposición ante el Servicio de Migración y extranjería, por la orden de expulsión que se efectuó y la demora de la respuesta de esta por parte del órgano administrativo.

Sin embargo, a la fecha, transcurridos 9 meses por lo menos de la interposición de los descargos, enviados vía correo electrónico con fecha de 23 de mayo de 2023, don nombre reservado no ha recibido respuesta por parte del Servicio Nacional de Migraciones, siendo el caso que al consultar por el trámite, no se entrega información sobre este, además de la solicitud de consulta que se realizó por Ley de Transparencia, Ley N° 20.285 sobre acceso a la información, con fecha de 27 de junio del año 2023 que se contestó con fecha de 24 de julio del año 2023 sin respuesta alguna al respecto de la consulta y correos enviados con fecha 01 de septiembre de 2023, 06 de noviembre de 2023 y 09 de febrero de 2024 para encontrar una respuesta a la resolución que debiesen de expedir por parte del Servicio Nacional de Extranjería.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN El Recurso de Protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de cautelar o de emergencia, que va destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos pre existentes, que en la misma disposición se enuncian medidas de resguardo que deben tomarse ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que lo impida, amague o moleste ese ejercicio.

Se entiende, que la acción constitucional de protección, según lo señalado en el artículo 1 del Auto acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, expresa que debe ser interpuesto dentro de un plazo de 30 días corridos desde la comisión del acto o de la ocurrencia de la omisión arbitraria e ilegal que ocasione la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales.

Siguiendo este lineamiento es importante destacar, que atendido a que la omisión recurrida en la que nos encontramos, dentro del plazo, puesto que pese a las insistencias de una respuesta y los 9 meses que han transcurridos, entendiende que la omisión continua, perturba y priva el legítimo ejercicio de garantías constitucionales.

En razón de esto, jurisprudencia de SS. Ilustrísima de la Corte de Apelaciones de Temuco, en fallo causa rol N°67873-2018 en su considerando octavo, sentencia con fecha de 17 de diciembre de 2018, expresa “desestimarse la alegación de extemporaneidad (…), porque desde la fecha en que procedería contar el plazo para la interposición de arbitrio según lo estimado por el recurrido, continua vigente el acto o perturbación de los derechos que se dicen amenazados.” Lo cual es imprescindible tener en cuenta, que la omisión al día de hoy, es de carácter permanente Es por lo anterior, que nos encontramos dentro del plazo legal para presentar en efecto, la acción de protección que se interpone.

OMISIÓN RECURRIDA Y DERECHO CONSTITUCIONAL VULNERADO CAUTELADO POR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN Las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados, lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a los descargos como también al Recurso de Reposición esto es que desde la fecha en que este se interpuso 23 de mayo de 2023 hasta la presente fecha, han transcurrido poco más de 9 meses, sin que la autoridad se pronuncie sobre la solicitud, pese a la insistencia mediante solicitud de información por Ley de Transparencia N° 20.285 y correos enviados.

Es por esto, importante recalcar que cobra especial relevancia lo dispuesto en la Constitución Política de la República sobre la Igualdad ante la ley, en su artículo 19 n° 2 expresa “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”

Agregado a esto, podemos mencionar la jurisprudencia emitida por la Excelentísima Corte Suprema en fallo civil causa rol N ° 12629-2022, conociendo un Recurso de Apelación, dispuso:

“Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente”.

A mayor abundamiento, es importante destacar que cobra relevancia especial lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9, y 27 de la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en este caso concreto se destaca el artículo 7 y 27, ya que consagran el Principio de Celeridad, esto entendiendo que el procedimiento debe estar sometido a un criterio de celeridad, esto es impulsando de oficio en todos sus trámites. Dentro de la misma norma se añade que las autoridades y funcionarios de los Órganos de la Administración del Estado, deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación de un procedimiento y en su prosecución haciendo expeditos los trámites que deben cumplirse y removiendo los obstáculos que pudieren afectar a su pronta y debida decisión.

En relación, al artículo 9 que se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando tramites dilatorios, no tenemos certeza si se están utilizando trámites concretamente dilatorios, pero es clara la demora y dilación que demuestra el actuar del Servicio Nacional de Migración.

En relación a la familia, no hay existencia de un concepto proveniente de algún cuerpo legal, ni en la Constitución Política de La República ni en el Código Civil o leyes accesorias, pero si entendemos el concepto de familia como uno que cambia a raíz del tiempo, la sociedad y otros factores. Respecto a la Reunificación Familiar, se puede entender que esta última tiene directa relación con la familia y a como el Estado Chileno busca la Protección de la familia, dentro de la Carta Fundamental, ya que, entiende dentro de su artículo 1, “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad” y agrega en su inciso 4to, que “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender el fortalecimiento de esta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. En esta misma línea, la Reunificación Familiar, busca reunir a miembros de una misma familia que puedan encontrarse separados por vivir en países distintos, por lo tanto se entiende una existencia previa de familia, la cual busca reagruparse nuevamente, es por esto necesario mencionar, la existencias de vínculos afectivos entre los integrantes de este grupo familiar, es por esto que la Reunificación familiar no solo busca mantener una familia junta desde un aspecto geográfico, como lo sería en la ciudad de Temuco, sino también desde una óptica social, cultural, emocional, como también jurídica.

Esto es, lo que se intentó en este caso concreto, ya que, nombre reservado, viaja a Chile para poder reencontrarse con su madre y con su hermana pequeña, quienes componen su familia, y al ser esta tal, él, pese a encontrarse en su difícil situación en otro país, viviendo en condiciones precarias, alejado de su familia, la cual hoy en día compone para él una fuente de contención y a su vez él constituye gran parte del sustento económico de esta, pese a ser un joven adulto de 22 años, que además de trabajar, continuó con sus estudios como Cajero Bancario en Instituto San Andrés, Organismo Técnico de Capacitación. Trabajó también, en CHILE PARKING SOCIEDAD LTDA en la labor de cobrador de derechos de estacionamiento, para poder aportar monetariamente a su familia, y así solventar las necesidades que lo sobrevienen a él, su madre y a su hermana pequeña.

En concordancia con lo anterior, existen normas de carácter internacional que reconocen la esencialidad de la familia en la sociedad y fomentan la protección de esta, tal es el caso de los artículos 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las cuales en virtud del artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política de la República constituyen estas normas en aplicables a Chile, este expresa “el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, señalando además que Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

El artículo 17 anteriormente mencionado versa sobre la protección a la familia en su punto n°1 se expresa “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”, lo cual a su vez podemos relacionar con lo expresado en el artículo 23 en su punto n°1 “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Podemos concluir que ambas normas internacionales se relacionan directamente con lo expresado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de la República.

AUSENCIA DE UN PROCEDIMIENTO REGLADO En cuanto a la arbitrariedad, el legislador ha tomado la previsión necesaria, puesto que nos encontramos dentro de la alternativa de utilizar el Recurso de Protección en casos que por actos arbitrarios o ilegales se produzca una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Es por esto, que podemos señalar el artículo 7, inciso primero de la Carta Fundamental, que señala que los actos administrativos serán producidos en la forma que prescriba la ley, así también lo dispone el artículo 63 N° 18 de la misma Carta Fundamental, expresando que será materia de ley Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública.

En relación a lo expuesto anteriormente, es de menester señalar los principios expresados en el artículo 4° de la Ley 19.880, principios que se están ignorando por el Órgano Administrativo, toda vez que el legislador estableció la obligación de cumplimiento de plazos por parte de la Administración. En conjunción, con lo mencionado jurisprudencia de SS. Ilustrísima de la Corte de Apelaciones de Temuco, en fallo causa rol N°4676-2023, sentencia con fecha de 22 de agosto de 2023 expresa en su considerando cuarto: “CUARTO: Que, de ese modo, para resolver el presente recurso, cabe señalar que el artículo 3º inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases General de la administración del Estado dispone que: “La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizar la debida autonoma de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes”. Por su parte, el artículo 7 inciso primero de la Ley N° 19.880 señala: “Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.” A su turno, el artículo 8 de dicha ley prescribe: “Principio conclusivo. Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.”. En ese mismo sentido, el artículo 9 inciso primero de la misma ley indica: “Artículo 9º. Principio de economía procedimental. La Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. Finalmente, es menester consignar que el artículo 27 de dicha ley señala: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”

En esta misma línea, SS. Ilustrísima de la Corte de Apelaciones de Temuco, en fallo causa rol N° 9211-2023, sentencia con fecha de 25 de septiembre de 2023 expresa en su considerando séptimo señala: “SÉPTIMO: Que, de esta forma, el actuar de la recurrida deviene en arbitrario, vulnerando lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, que no son sino expresión normativa de los principios de celeridad, economía procedimental, impulso de oficio y conclusivo establecidos en la misma ley. Por ello, la tardanza advertida excede con creces los parámetros de razonabilidad y torna las omisiones del ente recurrido en arbitraria, vulnerando con ello el principio constitucional de igualdad ante la ley consagrado en el N°2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, de modo que el presente recurso de protección habrá de ser acogido en los términos que se señalarán en lo resolutivo”

NO PROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO Es importante señalar, que en este caso concreto, desde que hubo aviso del procedimiento que llevaría a cabo la entidad administrativa, se hicieron consultas sobre la respuesta en relación a los descargos interpuesto con fecha de 23 de mayo de 2023, sin embargo no se obtuvo respuesta concreta efectiva, esto, pese a solicitud mediante transparencia por Ley de Transparencia N°20.285 para obtener respuesta alguna, la cual nunca se dio a conocer, a su vez con fecha de 23 de mayo de 2023 y se envió correo electrónico con fecha de 1 de septiembre de 2023 y se envió incluso un segundo correo por no haber obtenido respuesta con fecha de 6 de noviembre de 2023 , el cual tampoco dio respuesta, y por último se volvió a reiterar una respuesta con fecha de 09 de febrero de 2024, sin respuesta alguna, en relación a la decisión de la entidad administrativa.

En relación al artículo 24 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, es importante señalar, que el recurrido no puede predisponer que se agote la vía administrativa en relación a la vía judicial, puesto que el legislador no señala la necesidad de agotar la vía administrativa o que exista una vía administrativa relativa a los derechos constitucionales. Es por esto, que se entiende inadmisible la justificación de demora excesiva en este caso concreto, donde existen vías que obligarían el agotamiento de la vía administrativa, esto ha sido superado ya, por parte de la Excelentísima Corte Suprema, en fallo causa rol 81212-2021, sentencia con fecha de 10 de noviembre de 2021, que expresa en su considerando quinto: “Quinto: Que sin perjuicio que lo razonado es suficiente para acoger la acción constitucional, es insoslayable señalar que de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 54 de la Ley N° 19.880 que señala: “Si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión”, la recurrida no estaba facultada para emitir pronunciamiento al respecto, lo que le resta validez, a estos efectos, a la determinación aludida al evacuar el informe requerido en autos.”

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, establece en su numeral 2 “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”, en razón de lo que menciona este numeral, entendemos que la hermana de don nombre reservado, pudiese ver menoscabado este derecho, puesto que independiente de los lazos sanguíneos que los unen y sus vínculos emocionales y sentimentales, para su bienestar y cuidado ha sido menester la presencia de su hermano mayor, esto ya sea, por el aporte económico que proporciona a la familia y a su vez a su hermana pequeña para el desenvolvimiento de su niñez y educación o por el hecho de que la convivencia con su hermano mayor puede constituir la sustitución de algunos roles, cuando se produjo ausencia de algún rol parental. En esta línea podemos mencionar como doctrina a nombre reservado en su artículo “Derecho de la relación del niño con personas distintas a sus progenitores, en especial, con sus abuelos” “En esta línea, la Corte Suprema ha indicado que el derecho de comunicación con padres, abuelos y parientes se vincula con el derecho de tener, conocer y desarrollarse en una familia y no ser separado de ella, lo que, a su vez, tiene por finalidad que se logre un óptimo desarrollo de la personalidad, en conexión con el derecho de identidad” Causa Rol 9255-2010, sentencia de 28 de marzo de 2011 expedida por la Ilustrísima Corte Suprema. Siguiendo esta línea, como se le puede privar a una niña de 8 años de edad el derecho de poder desarrollarse en una familia compuesta por su madre y hermano mayor, cuando no solo familias extranjeras en el país son compuestas de esta manera, ya que como sabemos, no existe un concepto de familia jurídico que nos entregue las directrices de quienes deben conformarla, es por esto, que en este caso concreto, para la menor de edad, su núcleo familiar se compone de dos personas adultas importantes, siendo su hermano mayor de 22 años y su madre.

En relación al punto anterior se destaca, el artículo 5 de la misma Convención, puesto que entendemos que don nombre reservado no constituye una familia ampliada, ya que, su familia establecida en Chile está compuesto solo por 3 personas ya individualizadas anteriormente, por lo tanto, entendemos que don nombre reservado se entiende como parte del núcleo familiar. “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra del Recurrido ya individualizado, por la omisión legal y arbitraria de una emisión de una resolución por parte del órgano administrativo, ya sea aprobando o rechazando el Recurso de Reposición interpuesto ante Departamento de Extranjería y Migraciones, esto en razón de no haberse pronunciado en el plazo establecido y razonable esperado por esta entidad, esto, conforme a lo establecido por los principios y normas de la Ley N° 19.880, garantías constitucionales expresadas en la Constitución Política de La República y jurisprudencia de los tribunales; Acogerlo a tramitación ordenando al Recurrido a pronunciarse sobre la misma, adoptando las providencias necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Liquidaciones de sueldo de nombre reservado con fecha de enero, febrero y marzo del año 2023; 2. Contrato de trabajo entre nombre reservado y Chile Parking Soc. LTDA con fecha de 24 de enero de 2023; 3. Certificado de aprobación de Curso Cajero Comercial Bancario de nombre reservado; 4. Cédula de Identidad Nacional chilena de doña nombre reservado; 5.

Liquidaciones de sueldo de nombre reservado con fecha de julio, agosto y septiembre del año 2023; 6.

Contrato de Trabajo de nombre reservado con fecha de 06 de septiembre de 2021; 7. Certificado de alumno regular de nombre reservado (hermana menor de nombre reservado); 8. Compilados de correos enviados al órgano administrativo en cuestión, Servicio de Migraciones; 9. Certificado de solicitud de información por medio de Ley de Transparencia.

A folio N°7 evacua informe el recurrido SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, quien solicita el rechazo del recurso.

I. ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Don nombre reservado, ciudadano venezolana, ingresó al país de manera irregular al país, por paso no habilitado.

2. Mediante Informe Policial N° 35.506, de fecha 26 de abril de 2023, se denuncia por parte de Policía de Investigaciones de Chile el ingreso por paso no habilitado de la recurrente al territorio nacional.

3. Que, no consta solicitud alguna del recurrente en tramitación ante este Servicio Nacional de Migraciones.

4. Que, según se le notificó en el informe policial adjunto reza “Que, la documentación deberá ser remitida mediante carta certificada a nuestra Oficina de Partes ubicada en domicilio reservado, o presentada en Oficina de Partes en el horario de atención, que es de 8:30 a 14:00 horas de lunes a viernes”. Por lo que cualquier solicitud realizada por otros medios, no son los idóneos ni autorizados como para asumir la tramitación por parte del servicio.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO:

Que, no habiendo sanción migratoria alguna dispuesta por esta autoridad en contra de la recurrente, y no habiéndose presentado solicitud alguna que actualmente esté pendiente, es que evidentemente no ha existido acción u omisión de esta autoridad que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales incoadas por la parte recurrente, debiendo ser rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas de la parte recurrente.

Que, atendido el ingreso irregular, por paso no habilitado, el recurrente puede solicitar regularizar su situación migratoria, siendo ésta una potestad de la Subsecretaría del Interior, en conformidad a lo establecido en el artículo 155 N° 8 de la Ley 21.325.

Artículo 155.- Funciones de la Subsecretaría del Interior. Corresponderán a la Subsecretaría del Interior las siguientes funciones:

8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de permanencia en condición migratoria irregular que tuviere el interesado.

Que, en este sentido, se vuelve a reiterar que no hay solicitud alguna de parte del extranjero ante esta autoridad migratoria.

Que, no existiendo solicitud de parte del extranjero, es que el presente recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas de la parte recurrente.

Pide el rechazo de la presente acción constitucional, en todas sus partes, por no existir en la especie acto u omisión arbitrario o ilegal de esta autoridad que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de algunas de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección, no siendo procedente la condena en costas a esta parte.

Acompañó los siguientes documentos; 1. Informe policial; 2. Mandato.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, se ha sostenido por la parte recurrente la existencia de una actuación ilegal y arbitraria por parte del Servicio Nacional de Migraciones, atendida la demora en la resolución de un escrito con sus descargos que habría realizado en proceso sancionatorio de expulsión con fecha 23 de mayo de 2023, vía correo electrónico.

Por su parte, la recurrida ha señalado que no existe solicitud efectuada por el actor, por los medios informados en la notificación del informe policial, vía carta certificada o presencial en la Oficina de Partes, y tampoco se ha decretado alguna sanción migratoria en su contra.

TERCERO: Que, el artículo 127 de la Ley N°21.235 señala: “Causales de expulsión en caso de permanencia transitoria. Son causales de expulsión del país para los titulares de un permiso de permanencia transitoria y para aquellos que carezcan de un permiso que los habilite para residir legalmente en el país, exceptuando los casos señalados en el inciso séptimo del artículo 131, los que se regirán por dicha norma, las siguientes:

1. Ingresar al país no obstante configurarse a su respecto una causal de prohibición de ingreso de las señaladas en el artículo 32, con excepción de lo dispuesto en el Nº 2 de dicho artículo, salvo que respecto a las primeras se hayan verificado las excepciones consignadas en el artículo 29.”

Por su parte el artículo 32 N°3 del mismo cuerpo legal prescribe: “Artículo 32.- Prohibiciones imperativas. Se prohíbe el ingreso al país a los extranjeros que:

3. Intenten ingresar o egresar del país, o hayan ingresado o egresado, por un paso no habilitado, eludiendo el control migratorio o valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, en los cinco años anteriores”

CUARTO: Que, conforme a las disposiciones normativas antes transcritas, se desprende que el Servicio recurrido cuenta con las potestades para iniciar un proceso de expulsión en contra del actor, el cual, según la recurrente, se encuentra en la etapa de proveer los descargos efectuados, sin que se haya dictado alguna orden de abandono o expulsión del país.

QUINTO: Que, por ende, no se está frente a un acto terminal, entendiendo como tal aquel con el cual se culmina o perfecciona la decisión administrativa. Es así como la omisión que se impugna no es la llamada a producir de manera directa e inmediata el efecto indicado por el recurrente, decretar su expulsión del país, de modo que el reproche que formula no está relacionado con un acto terminal sino con otro acto, calificado de acto trámite, que no es susceptible de ser amparado, y el cual no puede generar efectos respecto de terceros, careciendo esta simple comunicación de la aptitud o idoneidad para agraviar algún derecho constitucional.

SEXTO: Que, en cuanto a la pretendida demora en la providencia de una presentación formulada por el recurrente respecto del procedimiento que se sigue a su respecto, y que es el presupuesto fundamental del presente arbitrio; no se vislumbra tampoco afectación alguna al debido proceso, por cuanto según se informó no existe presentación alguna pendiente de resolver intentada por los canales idóneos a la tramitación administrativa del procedimiento que se trata. Así las cosas, y como corolario de lo anterior, no existiendo tampoco acto terminal en el antedicho procedimiento, tal como indica el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo de seis meses señalados en dicha disposición no es fatal y debe interpretarse en el sentido que obliga a la administración a pronunciarse o concluir un procedimiento.

SEPTIMO: Que en consecuencia es menester desestimar la presente acción de protección pues no se vislumbra alguna afectación ilegal a la garantía constitucional que sirve de fundamento a la acción deducida.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara, que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, todos ya individualizados.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici.

Rol N° Protección-325-2024.(jog)