nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, tres de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Al folio N° 1, comparece doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, ingeniera ejecución en informática e interpone recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL persona jurídica de derecho público representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Funda el recurso en que comenzó con licencia médica desde enero del 2021 de forma continua hasta fines de marzo del 2022. Su ingreso fue por un diagnóstico de trastorno depresivo moderado, donde se le indico fármacos Clotiazepam 10 mg/por día, aumentando Duloxetina a 60 mg/ por día y fue derivada a psicoterapia para tratar su depresión. Sin embargo, su sintomatología persistió, siendo esta caracterizada por bajo ánimo, sus bajas energías, retraimiento social, razón por la cual, con el tiempo le indicaron además el fármaco Quetiapina a 25 mg/ por noche. Sus consultas psiquiátricas y tratamiento fue permanentemente acompañado de un proceso terapéutico, donde tuvo que asistir al psicólogo con bastante frecuencia para tratar su depresión.

Indica que las licencias medidas que fueron rechazadas por la COMPIN y luego, confirmadas por la SUSESO son desde fines de octubre de 2021, hasta febrero del año 2022.

Recurre concretamente en contra del acto que considera arbitrario e ilegal, dictado con fecha 27 de junio de 2022, consistente en la RESOLUCION EXENTA NºR-01-DRBS-83627-2022, que comunica el nuevo rechazo de las licencias médicas N°60832396-1, Nº62376548-2; y, Nº63742299- 5 Y N° 65061525-5, por un total de 120 días a contar del 30 de octubre de 2021, por reposo no justificado.

Sostiene que, según se desprende de la nueva comunicación de rechazo, el motivo invocado en la resolución es que el reposo no se encuentra justificado, arribando a esta conclusión basada supuestamente en el informe médico aportado no permitía establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanzaba a 274 días por la misma patología. Refiere que en el informe médico no se detalla supuestamente síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico.

Agrega que el razonamiento del acto recurrido la deja en el más entero desamparo, pues, por un lado, la Superintendencia de Seguridad Social, rechaza continuadamente las licencias médicas que justificadamente su médico tratante emite, dejándola sin el pago del respectivo subsidio.

Refiere que, en su concepto la decisión, es contraria a derecho, por cuanto, se erige como acto arbitrario e ilegal, carente de fundamentos concretos vulnerando la normativa, reglamentaria, legal y constitucional que regula la cuestión.

Enfatiza que, sólo se recurre en contra de la SUSESO, por cuanto, ésta ha dictado los actos administrativos terminales, pues, con ello se ha afinado el procedimiento administrativo de reclamo, concluyéndose indefectiblemente dicha vía, dando lugar, al ejercicio del presente arbitrio.

Precisa que el rechazo de la licencia médica y, consecuencialmente, del pago del respectivo subsidio, constituye un acto administrativo negativo, que la priva de un derecho, por lo que, además, de ser notificado en forma legal, requiere de un estándar mínimo de fundamentación y motivación, la cual, no puede ser meramente aparente, como acontece, en la especie. En efecto, se fundamenta la confirmación del rechazo (parafraseando los actos recurridos) en los antecedentes tenidos en vista y que, de los cuales, se desprendería que la enfermedad que padece no requería de un mayor tiempo de descanso tal como lo indicaba su médico tratante. Sin embargo, ningún otro argumento que justifique lógicamente esa conclusión aparece en la resolución cuestionada. Lo anterior, resulta sumamente relevante, por cuanto, quien dispone de los mecanismos técnicos y humanos para poder confirmar o no un diagnóstico, es precisamente la recurrida, quien, por sí, o por intermedio de las entidades sujetas a su control puede, en caso de duda, efectuar una nueva evaluación, si fuere necesario, lo que no aconteció.

Alega que de los informes médicos de los facultativos que otorga las licencias médicas, tenía posibilidades de recuperación, con el tratamiento adecuado, acompañándose, en su oportunidad, a la COMPIN informe de su médico tratante donde consta el diagnostico, causas, tratamiento farmacológico, indicaciones por la que se considera necesario el reposo laboral, entre otras.

Aduce que, aparece fuera de toda prudencia la decisión de la recurrida de rechazar por considerar injustificado su reposo por el solo hecho de que su diagnóstico ya había requerido de un descanso que, a criterio de la SUCESO, debía ser suficiente. Si existen antecedentes concretos que se encuentra en una zona gris desamparada de toda protección, por cuanto, no podía reintegrarse a trabajar en dicho momento, ya que no estaba en condiciones mentales de hacerlo. A raíz de lo anterior no se le pagan los subsidios por el rechazo de las licencias.

Invoca la conculcación de los artículos 16 y 21 del DS N° 3, que contiene el reglamento de licencias médicas.

Señala como garantías constitucionales infringidas:

Articulo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, por cuanto se le impide acceder a las prestaciones médicas necesarias para recuperar su salud, ya que con el rechazo de las licencias médicas tuvo que necesariamente reintegrarse a trabajar, debido a no haberse autorizado su reposo médico, interrumpiendo así su tratamiento.

Artículo 19 N° 2 del Código Político, por cuanto, en la mayoría de los casos y grueso de reclamantes, en la misma situación fáctica la recurrida ha acogido o aprobado las licencias, siendo dicho actuar, atentatorio de la igualdad ante la ley, que obliga a tratar de manera equivalente a las personas que se encuentren en igualdad de supuestos fácticos.

Artículo 19 N° 3, inciso 4°, de la Carta Fundamental, por cuanto, la recurrida al abstenerse de fundamentar las decisiones cuestionadas, se erige como una verdadera comisión especial, que juzga o decide, conforme a su propia convicción de forma arbitraria y antojadiza y Articulo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad, desde que la disminución o el rechazo de las licencias médicas, importan la afectación a su patrimonio, por cuanto, no se le ha pagado el subsidio respectivo de las remuneraciones que le habría correspondido percibir, afectando su derecho de propiedad.

Pide se haga lugar al recurso dejando sin efecto la resolución recurrida, declarando en su reemplazo que las licencias médicas números N°60832396-1, Nº62376548-2; y, Nº63742299-5 Y N° 65061525-5, sean acogidas, debiendo la recurrida pagar los subsidios por incapacidad correspondiente a ellas a quien corresponda, o bien, adopte las medidas que esta Corte estime pertinente con miras a restablecer el imperio del derecho, como una reevaluación ante un facultativo imparcial que elabore un nuevo peritaje, todo ello con costas del recurso.

Al folio N° 8, informa la recurrida.

Extemporaneidad:

Indica que la recurrente interpone su acción una vez vencido, con creces, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional, por cuanto, como consta en el expediente de autos, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 27 de julio de 2022, en circunstancias que se recurrió ante la Superintendencia, mediante presentación de fecha 08 de marzo de 2022, SOLICITANDO SE RECONSIDERE el dictamen N° R-01-UME-24058-2022, de fecha 02 de marzo de 2022, por el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN -COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 60832396-1, 62376548-2, 63742299-5, 65061525-5, extendidas por un total de 120 días a contar del 30 de octubre de 2021, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, la recurrida estudió una vez más los antecedentes y en su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-DRBS-83627-2022, de fecha 27 de junio de 2022.

Por lo anterior, se evidencia que han pasado más de 30 días desde la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas apeladas en marzo de 2022, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas.

Por lo que pide, se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de Seguridad Social.

Sostiene que la materia sobre la que realmente versa la acción de protección dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18, del artículo 19, de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

Respecto del fondo:

Pide el rechazo del recurso, por cuanto, sostiene que con fecha 02 de marzo de 2022, por el cual se confirmó lo resuelto por la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - COMPIN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 60832396-1, 62376548-2, 63742299-5, 65061525-5, extendidas por un total de 120 días a contar del 30 de octubre de 2021, por reposo no justificado.

Agrega que su representada estudió una vez más los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 274 días por la misma patología. En el informe médico no se detallan síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico. Sin plan de reintegro laboral, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-DRBS-83627-2022, de fecha 27 de junio de 2022.

Señala que los facultativos del Organismo informaron:

“nombre reservado. Ficha Médica R-23275-2022 (…) Fundamentos de la resolución: Mujer de 40 años, con 274 días de reposo ya autorizado. Últimas 2 LM sin RR. Sin acreditar psicoterapia. Sin derivación GES. IMC (informe médico complementario) no describe GAF, no indica fecha en que se realizó el ajuste farmacológico, sin compromiso funcional de gravedad que justifique seguir prolongando el reposo. Sin derivar a APS para PSM (programa de salud mental).Visto lo anterior, no justifica, reposo considerado suficiente. Se sugiere rechazar”.

“nombre reservado. Ficha Médica R-37697-2022 (…) Fundamentos de la resolución: … Comentarios: Recurso de reposición Informe médico complementario (psiquiatra), fecha 07/02/2022. Diagnóstico: Trastorno depresivo moderado. Tratamiento: desvenlafaxina 50 mg + clonazepam 3.5 mg + aripiprazol 2,5mg. Informe psicología, fecha 02/03/2022. En el informe médico no se detallan síntomas de gravedad que ameriten mantener reposo médico. Sin plan de reintegro laboral”.

Que, no obstante lo referido, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico- normativo que regula la materia de la presente acción.

En el sistema de seguridad social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, el referido sistema contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional. La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Al efecto, el D.S. N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las patologías mentales, en su en su artículo 4° número II establece, en relación al reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos: “Siempre es otorgada por médico psiquiatra cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal.

Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral.

Así, entonces, sostiene que su actuar se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Finalmente niega la eventual conculcación a las garantías invocadas. Particularmente, se hace cargo de las contenidas en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

Finaliza indicando que para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN). Ciertamente, en este punto la autorización de la licencia médica se determina por el organismo administrador de este derecho de acuerdo con los antecedentes del caso. Para ello es necesario que se constate, primero la existencia de una enfermedad o accidente y, en segundo término, que esta enfermedad o accidente cause incapacidad laboral temporal, razón por la que el trabajador deberá ausentarse de su trabajo por un lapso determinado.

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente (D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y D.F.L. N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

Por lo expuesto, no existe ningún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, puesto que para ello es necesario -como punto de partida-, contar con licencias médicas autorizadas, cuestión que como se ha señalado no media en la especie.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la recurrida, ya que, en el dictamen aludido, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos ya señalados, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este organismo de control.

Por lo anteriormente expuesto pide el rechazo del recurso con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible, una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitraria, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, la recurrente ha invocado como conculcadas las garantías previstas en los N° 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por cuanto, estima que el rechazo de las 4 licencias médicas referidas en su libelo, afecta su derecho a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y su derecho de propiedad.

Por su parte, la recurrida alegó la extemporaneidad del recurso, en subsidio su improcedencia, pidiendo finalmente el rechazo de la acción de protección incoada por las razones que se explicitan en la parte expositiva del presente fallo.

TERCERO: Que, respecto de la extemporaneidad del recurso planteada la Superintendencia de Seguridad Social, teniendo presente que el acto emanado de la Superintendencia de Seguridad Social contra el cual se reclama fue dictado con fecha 27 de junio de 2022, por lo que sólo desde esa fecha puede computarse el plazo para recurrir de conformidad con el N° 2 del Auto Acordado de la Excma Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, razón por la que no puede sino estimarse que la acción constitucional ha sido interpuesta dentro del plazo, debiendo desestimarse por ende la aludida alegación.

Asimismo, la extemporaneidad constituye uno de los aspectos que, conforme el N° 2 del Auto Acordado pueden fundar la inadmisibilidad y, habiéndose declarado admisible, encontrándose dicha decisión firme, por no haber sido impugnada por las recurridas, no es posible, en esta etapa procesal, acoger la alegación previa planteada. Finalmente, pudiere incluso estimarse que el acto recurrido tiene efectos permanentes en el tiempo, por lo que no resultaría procedente alegar la extemporaneidad.

CUARTO: Que, en cuanto a la improcedencia alegada por la Superintendencia de Seguridad Social, esta se sustenta en que, en definitiva, se ha reclamado por una cuestión de seguridad social, derecho tutelado en el N° 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no se encuentra protegido por la acción de protección conforme lo dispone el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. Sin embargo, es preciso atenerse a la causa de pedir de la acción y ésta justamente se asila en las garantías invocadas en el libelo, las que, si se encuentran protegidas por la acción de protección, debiendo desestimarse igualmente tal alegación.

QUINTO: Que, respecto del fondo del asunto el acto concreto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la parte recurrente a la Superintendencia de Seguridad Social es la confirmación del rechazo, por reposo no justificado, de 4 licencias médicas por 120 días en total desde el octubre de 2021.

Sobre este punto, conviene indicar que la recurrente tiene autorizados 274 días previos, cuestionándose, únicamente las 4 licencias objeto del recurso, sin que aparezca la existencia de un peritaje médico psiquiátrico imparcial que avale la decisión de la recurrida en cuanto que el reposo de la actora no sería justificado, por lo que no se ha dado cumplimiento a la regulación reglamentaria existente, especialmente los artículos 16 y 21 del D.S. N° 3 de 1984.

SEXTO: Que el defecto advertido, sin perjuicio del informe médico efectuado con ocasión de los pronunciamientos de rechazo, éste no fue debidamente ponderado ni analizado por la resolución recurrida, ni cuenta con la debida imparcialidad.

En efecto, la existencia de un peritaje médico que corrobore o descarte la justificación del reposo constituye un elemento probatorio esencial, que se encontraba dentro de las prerrogativas de la recurrida realizar, disponiendo de los medios para ello. Incluso de haber existido una evaluación inicial o intermedia respecto del periodo de días efectivamente autorizados, resultaba del todo pertinentes efectuar una nueva evaluación conforme lo prevé el artículo 21 del D.S. N° 3 de 1984, máxime si el acto terminal dictado por la Superintendencia de Seguridad Social no explicita más fundamentos que el mérito de los antecedentes tenidos en vista.

SÉPTIMO: Que así las cosas, del análisis de los fundamentos esgrimidos para rechazar las licencias médicas de la actora, aparece que la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que la avale, más que la referencia a los antecedentes que la llevan a concluir la falta de justificación de la extensión del reposo ya autorizado, no haciendo mención a otros elementos objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado, sin que tampoco explicite los motivos para decidir como lo hizo, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados, máxime cuando consta en el expediente administrativo un informe médico que justifica el reposo otorgado. Si bien, la facultad de rechazar las licencias médicas se encuentra dentro de las competencias de la recurrida, la carencia de la debida fundamentación la torna arbitraria, debiendo esta Corte adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, por estimarse conculcada –a lo menos-, la garantía del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en relación con los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, por lo que el recurso deberá ser necesariamente acogido, en los términos que se dirá en lo resolutivo.

OCTAVO: Que, estimándose pertinente acoger el recurso por la conculcación a la garantía del N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, resulta inoficioso referirse a las demás garantías invocadas por la recurrente.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que, SE RECHAZAN, las excepciones de extemporaneidad e improcedencia de la acción de protección alegadas por la recurrida, Superintendencia de Seguridad Social.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la resolución exenta NºR-01-DRBS-83627-2022, de fecha 27 de junio de 2022, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que mantiene el rechazo de las licencias médicas N°60832396-1, Nº62376548-2; y, Nº63742299- 5 Y N° 65061525-5, la que se deja sin efecto, debiendo la Superintendencia de Seguridad Social disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia de que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos, y cumplido ello, se emitirá nuevamente pronunciamiento acerca de las licencias médicas denegadas y que han sido objeto del presente libelo.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Redacción de la Ministra A. Cecilia Aravena López Rol N° Protección-32445-2022.(jog)