nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 27 de julio del año 2022, comparece don Héctor Campos Maldonado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, empresario, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de doña nombre reservado, Directora Regional, tesorera, Juez Sustanciador de la TESORERIA GENERAL DE LA ARAUCANIA, ambos domiciliado es domicilio reservado, quien con fecha 7 de julio de 2022, resolviendo la presentación efectuada en el Expediente Administrativo N°10.136-2015, rechazó las solicitudes de abandono del procedimiento y solicitud subsidiaria de declaración de decaimiento del procedimiento administrativo.

Funda el recurso en que con fecha 02 de diciembre de 2021, se notifica por cédula a su representado de la resolución dictada en la causa Rol N°10.136-2015 Padre Las Casas, caratulada “Fisco con nombre reservado”, y que con fecha 30 de noviembre de 2021, el nombre reservado Fiscal, se constituyó en el Banco Bice y procedió a embargar la suma de $363.518 existente en la cuenta corriente N°RUT reservado a nombre de su defendido. Su parte en contra de esa resolución interpuso el Recurso de Protección Rol N°10433-2021, y en dicho Recurso el propio Servicio de Tesorería, sostuvo, que la solicitud de “abandono de procedimiento”, debía ser resuelto dentro del mismo procedimiento administrativo, fijando así su posición jurídica de acuerdo a la Teoría de los Actos Propios. Con fecha 17 de febrero de 2022, la Corte Apelaciones rechazó el recurso. Conforme a lo anterior, en el mes de mayo de 2022, ante el Servicio de Tesorería y dentro del procedimiento administrativo jurisdiccional ya señalado, solicitó se declarare el abandono del procedimiento y, en subsidio, la declaración del decaimiento del procedimiento, transcribiendo la resolución recurrida que rechaza la petición.

Manifiesta que la resolución rechaza la petición, por cuanto sostiene que el derecho de su parte habría precluido, por haber dejado pasar más de 5 meses desde la notificación de la resolución de embargo, para alegar el abandono del procedimiento. Señala que la resolución es contradictoria en sí misma, al reconocer que no existe un plazo para que el demandado alegue el abandono del procedimiento, pero sostiene que de acuerdo al artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, ese plazo debe ser de 5 días contados desde que se tuvo conocimiento. Dicho argumento – dice - carece de sustento, por cuanto ha sido el propio recurrido quien sostuvo en Tribunales que el incidente debía ser promovido en esta gestión jurisdiccional, no alegando la falta de oportunidad en su momento, es decir al informar el Recurso de Protección antes señalado, o al informar el abogado del Servicio de Tesorería. Por otra parte, el artículo 155 del mismo Código de Procedimiento Civil, establece la sanción que significa hacer cualquiera gestión que no sea alegar el abandono del procedimiento, es la renuncia a alegarlo, lo cual no ocurre en autos, ya que su parte, en ambas etapas ha solicitado el abandono del procedimiento, no cabiendo duda, que el procedimiento jurisdiccional y administrativo, se encuentra abandonado por el propio Servicio de Tesorería, de tal forma que la resolución antes señalada resulta arbitraria e ilegal.

Señala que también alegó en subsidio el “decaimiento administrativo”, el cual fue rechazado “por no estar regulado en nuestro ordenamiento jurídico”. Dicho argumento, en su concepto, sirve por sí solo para sostener que la resolución es ilegal, por cuanto el 14 inciso final de la Ley N°19.880, contempla precisamente la institución del “decaimiento del procedimiento administrativo”. El elemento de hecho sobreviniente en el caso de autos es el tiempo excesivo transcurrido desde los oficios que señala la resolución del mes de octubre del año 2017, hasta en la cual la misma institución señala que dio curso progresivo a los autos, en el mes de noviembre del año 2021, que alcanzó a más de cuatro años, lo que ha afectado el contenido jurídico del procedimiento administrativo tornándolo ilegítimo, sin perjuicio que el propio órgano de la Administración con su inacción atenta gravemente contra los intereses patrimoniales del Estado, llamado precisamente a resguardar. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 200 y 201 de dicho Código, la regla general en materia de prescripción es de tres años, por lo que resulta lógico sostener que pasado el plazo de tres años sin que el Servicio de Tesorerías haya realizado en el procedimiento gestión alguna para proseguir con el cobro de los impuestos adeudados, se produce el decaimiento del procedimiento administrativo y la extinción del cobro ejecutivo de la obligación tributaria.

Agrega que, en contra de la resolución en referencia, no existe un recurso procesal a deducir, toda vez que el procedimiento contemplado en los artículos 177 y siguientes del Código Tributario y los recursos allí contemplados, se refieren a la situación de la oposición de excepciones a la ejecución, lo cual no ocurre en la especie, agregando que el procedimiento ejecutivo especial de cobro de impuestos morosos fue iniciado por la Tesorería General de la República en el año 2015, y el embargo de bienes de uno de los deudores, solo se practicó en el año 2021, esto es después de más de seis años de iniciado el procedimiento ejecutivo, haciendo presente doctrina y jurisprudencia, refiriendo que al haber actuado la Autoridad Administrativa en la forma señalada, esto es, proceder al embargo de bienes del deudor, 6 años después del requerimiento de pago, ha afectado gravemente los derechos garantizados por nuestra Constitución.

Asimismo, estima infringido el “debido proceso”, contemplado en el artículo 19 N°3 inciso 5 de nuestra carta fundamental, concluyendo que toda la actuación de la Tesorería General de la República es arbitraria e ilegal, por cuanto se ha desarrollado en un proceso, que ha perdido su objetivo final, por el abandono y decaimiento de su propia actuación. También se afecta el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, contemplado en el artículo 19 N°21 de la Constitución, por cuanto la misma autoridad administrativa, impide a su representado una serie de actuaciones ante el Estado Fisco, por el sólo ello de ser deudor del mismo, no obstante, teniendo las acciones legales, para cobrar su crédito, no lo hace o simplemente deja abandonada las mismas, prefiriendo utilizar vías no jurídicas para dichos efectos.

Por todo lo anterior, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Directora Regional Tesorera, Juez Sustanciador de la TESORERÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, ya individualizados, y previa vista de la causa, sea éste acogido, restaurándose así el imperio del Derecho, adoptando este Ilustrísimo Tribunal, todas las medidas necesarias para asegurar la debida protección de los derechos de su representado, disponiendo en consecuencia:

“1.- Que la Resolución de fecha 07 de julio de 2022, dictada por doña nombre reservado, cuya notificación fue efectuada por el señor nombre reservado, don Fidel Martínez Muñoz, es arbitraria e ilegal, por cuanto la inacción de la administración desde el requerimiento de pago e inicio de la acción ejecutiva, se ha prolongado injustificadamente en el tiempo, más allá de los tres años de prescripción de la deuda tributaria, violando además, los principios de probidad, eficacia, celeridad, conclusivo y de economía, lo que conlleva la desaparición del objeto del procedimiento, configurándose así la hipótesis prevista en el artículo 14 inciso final de la Ley N°19.880, o lo que estime conforme a Derecho.- 2.- Que, como consecuencia de lo anterior, deberá decretarse el alzamiento del embargo señalado o en caso de haber sido ya remitidos los fondos, la recurrida deberá restituir al recurrente los fondos ilegalmente embargados, o lo que se estime conforme a Derecho.

3.- Que el recurrido deberá pagar, las costas del recurso.”

A folio 18, con fecha 25 de octubre del año 2022, informa don Guido Fernández González, abogado, en representación del Fisco de Chile – Servicio de Tesorerías, solicitando su rechazo, con expresa condenación en costas.

Manifiesta que si bien el recurrente en su presentación indica que recurre en contra de la resolución que rechaza el incidente de abandono del procedimiento, lo cierto es que la acción constitucional de protección es ejercida en contra de la resolución de fecha 23 de noviembre de 2021, que ordenó trabar embargo sobre los fondos disponibles hasta por un monto de $53.024.319, respecto de la cuenta corriente N° RUT reservado, la cual fue notificada por medio de carta certificada el día 2 de diciembre de 2021, habiéndose embargado la suma de $363.518 existente en la cuenta corriente antedicha por medio de nombre reservado Fiscal.

Manifiesta que el recurrente, al mes de octubre de 2022, registra una deuda en su Cuenta Única Tributaria que alcanza la suma de $430.971.674 (cuatrocientos treinta millones novecientos setenta y un mil seiscientos setenta y cuatro). La deuda corresponde, principalmente, a emisiones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos, y, producto del no pago en la oportunidad correspondiente, el Servicio de Tesorería, inició el proceso de cobro de obligaciones tributarias bajo el Expediente Administrativo 10136-2015 de la comuna de Padre Las Casas, el cual está relacionado con el presente recurso, no obstante mantener, además, los siguientes expedientes administrativos con deuda morosa vigente (Los saldos que se reflejan son saldos netos por lo que no considera interés, multas y reajustes). Señala que en proceso de cobro 10136-2015 de la comuna de Padre las Casas, con fecha 19 de agosto de 2015, el ejecutado fue notificado y requerido de pago, embargándosele, en el mismo acto, fondos disponibles que pudiera mantener en su cuenta corriente y prestaciones que tuviere con el agente retenedor, Empresa Forestal Andes Limitada. Notificado, requerido de pago y embargado el contribuyente - ejecutado, no se opuso a la ejecución, expirando el plazo dispuesto para ello, conforme lo establece el artículo 176 del Código Tributario. Norma que dispone que el plazo fatal para oponer excepciones a la ejecución es de 10 días contados desde la notificación personal o desde el primer embargo. Consecutivamente, y principalmente el año 2016 y hasta octubre de 2017 se pretendió obtener los fondos embargados oficiando al agente retenedor, y; con el objeto de obtener los fondos embargados, el año 2016 y hasta octubre de 2017, se ofició al agente retenedor, Empresa Forestal Andes Limitada. Asimismo, y no teniendo respuesta del antedicho agente retenedor con fecha 17 de noviembre de 2021 se dicta resolución ordenando notificarlo nuevamente y luego con fecha 23 de noviembre de 2021, se resuelve embargar cuentas corrientes del recurrente, atendida la deuda morosa actualmente exigible y no prescrita. Hace presente que la inactividad, entre el 2018 y 2021, a lo menos en relación con el embargo de otros bienes, se debe a la circunstancia de no haberse encontrado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal en esas fechas, sin embargo, el proceso se ha encontrado vigente para todos los efectos legales y por lo mismo es que, al encontrar cuentas bancarias relacionadas con el deudor, Tesorería General de la República en uso de sus facultades y obligaciones de cobro detalladas en su Ley Orgánica Constitucional, procede a dictar resolución de fecha 23 de noviembre de 2021 para efectos de embargar las cuentas corrientes del recurrente, logrando concretar el embargo con fecha 30 de noviembre de 2021 por la suma de 363.518 en cuenta bancaria de Banco Bice. Señala que es evidente la necesidad de proseguir el curso de la cobranza administrativa, cuando se encuentra evidencia de la eventual existencia de bienes, lo cual puede tomar tiempo en algunos casos, agregando que en el presente expediente administrativo donde se ha materializado el embargo, no consta escrito alguno de la recurrente intentando impugnar la actuación recurrida, por lo que está intentando impugnar la actuación aludida por medio de un recurso de protección que no es la vía idónea. Asimismo, tampoco consta presentación de excepciones ni menos solicitudes de abandono del procedimiento ni decaimiento administrativo, por lo que no tiene relación alguna la jurisprudencia y doctrina aludida con el presente recurso, toda vez que, el recurrente sin haber peticionado ninguna de las instituciones aludidas requiere impugnar la actuación de embargo.

Agrega que la recurrente ya había presentado Recurso de Protección ante esta Corte de Apelaciones de Temuco por los mismos hechos y fundamentos, Rol 10433-2021, siendo rechazada la acción constitucional con fecha 17 de febrero de 2022, y habiéndose confirmado el antedicho fallo por la E. Corte Suprema con fecha 08 de abril de 2022. El único antecedente que podría considerarse nuevo y que la recurrente alude para fundar su nuevo y segundo recurso de protección es que, con posterioridad al primer Recurso de Protección Rol 10433-2021, interpuso incidente de abandono del procedimiento en 10136-2015 de la comuna de Padre las Casas, el cual fue rechazado con fecha 07 de julio de 2022, y según el recurrente no correspondería lo resuelto dado que: a) El primer Recurso de Protección, Rol 10433-2021, que rechazó la pretensión del recurrente, se sostuvo que las cuestiones alegadas por el recurrente deben ser realizadas en el procedimiento seguido ante Tesorería. b) Que, habiéndose impetrado el incidente ante Tesorería, esta última lo rechazó, sin compartir los fundamentos del rechazo. c) Agrega, que el procedimiento se encuentra abandonado atendidos los argumentos que indica. d) Agrega, que en contra de la resolución que rechaza el incidente, no existiría algún recurso procesal que deducir. Los fundamentos precedentes son totalmente impertinentes, dado que sí existen recursos procesales que deducir conforme a la legislación vigente, y no habiéndose deducido, se pretende por esta vía recurrir en contra de la resolución que rechazó el incidente. En virtud de lo anterior, el efecto de la cosa juzgada se mantiene vigente sin resultar pertinente las alegaciones vertidas por el recurrente.

Como consecuencia de lo anterior, el recurso resulta extemporáneo. Efectivamente, siendo el fundamento del recurso el mantener vigente un proceso de manera arbitraria desde el año 2015, según lo expuesto por el recurrente, resulta evidente que la acción de urgencia debió ser ejercida, con antelación y no en este estado procesal. Resulta extemporáneo el recurso de protección pues ha sido deducido en contra de una situación que el propio recurrente ha denunciada como de larga data. A mayor abundamiento, ya tal como se ha desarrollado en este infirme, este recurso de protección es el segundo que se deduce, por la misma situación y contexto expuesto, por lo que es totalmente extemporáneo no pudiendo considerarse como computo del plazo, aquel indicado por el recurrente. La acción constitucional ejercida no es procedente para impugnar la resolución que se denuncia. En efecto, se recurre en contra de la resolución de fecha 23 de noviembre de 2021, que ordenó trabar embargo sobre los fondos disponibles hasta por un monto de $53.024.319, respecto de la cuenta corriente N° RUT reservado, la cual fue notificada por medio de carta certificada el día 2 de diciembre de 2021. Tal resolución se da en el marco del proceso de cobro de obligaciones tributarias, regulado en las normas del título V del Código Tributario y por expreso mandato de nuestra ley orgánica constitucional. Es evidente que la recurrente, pretende es dejar sin efecto una cobranza por medio de un recurso de protección, sin embargo, tal petición debe ser resuelta dentro de tal proceso. El recurso de protección no tiene como finalidad la impugnación de resoluciones que no han sido favorables dentro de un proceso, puesto que no se configura la existencia de un acto arbitrario cuando se ampara en el imperio de derecho. En efecto, debe tenerse en consideración que lo impugnado a través de esta acción constitucional son resoluciones, dictadas en un proceso legalmente tramitado, es decir, tutelado por el imperio del derecho, lo cual supone que la misma está sometida a los recursos y procedimientos que la ley establece, que permite tanto a las partes como a los afectadas por ellas, ejercer las acciones que al efecto consagra la ley para su impugnación. No aparece lógico que por esta vía se adopten decisiones de índole jurisdiccional que supongan la modificación de aquellas que se han tomado, en procesos que importan controversia. Considerando, además, que la acción de protección no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre, por lo que el recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

Finaliza que la acción impetrada debe ser rechazada, por cuanto, ha sido deducida en un proceso regulado por el Código Tributario, por lo tanto, bajo tutela del derecho. El recurso además debe ser desestimado, por cuanto, el actuar del servicio se ha ajustado a derecho.

Se trajeron los autos en relación y, el día viernes diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, tuvo lugar la vista de la causa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible, una acción u omisión a la que se pueda atribuir el carácter de ilegal o arbitraria, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales específicamente amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en el caso de autos, se ha interpuesto recurso de protección don Héctor Campos Maldonado, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, Jueza Sustanciadora de la TESORERIA GENERAL DE LA ARAUCANIA, con motivo de la dictación de la resolución de fecha 07 de julio del año 2022, en Expediente Administrativo Rol Nº 10136-2015 que desechó la petición de abandono del procedimiento y, subsidiaria de decaimiento administrativo, estimando vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 , 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando a esta Corte se declare que la mencionada resolución es arbitraria e ilegal, por cuanto la inacción de la administración desde el requerimiento de pago e inicio de la acción ejecutiva, se ha prolongado injustificadamente en el tiempo, más allá de los tres años de prescripción de la deuda tributaria, violando además, los principios de probidad, eficacia, celeridad, conclusivo y de economía, lo que conlleva la desaparición del objeto del procedimiento, configurándose así la hipótesis prevista en el artículo 14 inciso final de la Ley N°19.880, o lo que estime conforme a Derecho, y que como consecuencia de lo anterior, se decrete el alzamiento del embargo señalado, o en caso de haber sido ya remitidos los fondos, la recurrida deberá restituya al recurrente los fondos que dice estarían ilegalmente embargados, o lo que se estime conforme a Derecho, con costas del recurso.

TERCERO: Que así, previo a analizar el fondo, pronunciándose esta Corte respecto a la alegación de cosa juzgada formulada por la recurrida, la misma debe ser desestimada, no solo por la propia naturaleza cautelar del recurso y sus efectos, determinados por la órbita de las potestades, no estrictamente jurisdiccionales, en cuyo ámbito conoce esta Corte, sino también por el hecho de que el recurso de protección tramitado ante esta Corte en causa Rol 10.433-2021, ha sido interpuesto con motivo del embargo practicado en el Expediente Administrativo, y no de la resolución que rechazó el incidente de abandono del procedimiento, tratándose de una diversa causa de pedir, motivo suficiente para desechar la alegación planteada por la recurrida.

CUARTO: Que, ahora bien, conforme el mérito de los antecedentes es un hecho indiscutido, y corroborado con el expediente administrativo incorporado en estos autos, que Tesorería Regional de la Araucanía ha iniciado procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero, basados en el cobro de impuestos en contra del recurrente nombre reservado.

De esta forma, consta que con fecha 19 de agosto del año 2015, el contribuyente fue notificado y requerido de pago, procediéndose al embargo de bienes.

Posteriormente, consta que, luego de otras actuaciones, se procedió al embargo de bienes de fecha 30 de noviembre del año 2021 (fojas 23 y siguientes), y con fecha 20 de diciembre del año 2021.

Asimismo, consta a fojas 48 que, con fecha 9 de mayo del año 2022, la parte ejecutada presentó escrito deduciendo, en lo principal, incidente de abandono del procedimiento y, en subsidio, el decaimiento del acto administrativo.

Finalmente, consta que tal incidente fue resuelto a folio 70, con fecha 7 de julio del año 2022, siendo rechazado, sin que conste haberse deducido algún recurso procesal en su contra.

QUINTO: Que así, de los hechos relatados, de las peticiones concretas y de los alegatos en estrados, debe necesariamente concluirse que el asunto que se plantea mediante la acción deducida resulta extraño a la naturaleza de una acción de urgencia como lo es la acción constitucional de protección, de la cual las Cortes de Apelaciones conocen en uso de potestades que no son estrictamente jurisdiccionales, de modo tal que acoger una pretensión como la de la recurrente, no solo desnaturalizan la acción cautelar, sino que también se apartan del ámbito de potestades en razón de las cuales esta Corte conoce de la misma, por lo que un tema como el planteado por el recurrente no puede ser revisado mediante una acción tutelar como la presente.

En efecto, las cuestiones aquí planteadas requieren ser discutidas en procedimiento jurisdiccional de más lato conocimiento, donde se puede determinar si las gestiones realizadas por Tesorería en el expediente administrativo son o no útiles, y por tanto, si la actuación de la recurrida en orden a embargar bienes se ajustó o no a derecho, situación que en la actualidad es un asunto dubitado, y los antecedentes existentes resultan también insuficientes para establecer la existencia de alguna contravención al derecho del contribuyente moroso de ser juzgado dentro de un plazo razonable como garantía del debido proceso.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, revisada la resolución de fecha siete de julio del año dos mil veintidós dictada, se puede verificar que formalmente, la misma satisface el estándar de fundamentación exigido a la administración por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, expresando razones para rechazar la presentación, no pudiendo estimarse una actuación voluntariosa de la recurrida.

SEPTIMO: Que así las cosas, no se verifican en la especie los presupuestos necesarios para que la acción deducida prospere, en atención a no ser la vía idónea para conocer y resolver la materia planteada la que, según se indicó, requiere de un procedimiento de más lato conocimiento, en donde, conforme a los procedimientos legales establecidos al efecto, las partes puedan hacer valer sus pretensiones y rendir todas las pruebas que estimen conveniente.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Héctor Campos Maldonado, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, Directora Regional, tesorera, Juez Sustanciador de la TESORERIA GENERAL DE LA ARAUCANIA, todos ya individualizados.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada en esta causa.

Regístrese.

Redacción a cargo del ministro suplente don Luis Olivares Apablaza.

Rol N° Protección-32383-2022 (pvb).