nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece el abogado Diego Belmar Ojeda, chileno, soltero, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, kinesióloga, chilena, soltera, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, quien interpone recurso de protección en conformidad al artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, persona jurídica de Derecho Público, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, o quién le subrogue o represente legalmente, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, y en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, persona jurídica de Derecho Público, RUT Nº RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, o quién le subrogue o represente legalmente, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía.

Sostiene que su representada se sometió a un Procedimiento Concursal de Liquidación Voluntaria con fecha 17 de julio de 2023, el cual se llevó a cabo en causa rol C-413-2023 ante el Juzgado de Letras de Nueva Imperial, dictándose Resolución de Liquidación el 31 de agosto de 2023 y que una de las deudas que mantenía mi representada antes del inicio del Procedimiento Concursal, es un Préstamo Solidario del Estado, el cual le fue otorgado en época de pandemia COVID-19 por el Servicio de Impuestos Internos y debidamente incorporado en la Solicitud de Liquidación Concursal.

Añade que, para efectos del Procedimiento Concursal de Liquidación, quien representa al Servicio de Impuestos Internos es la Tesorería General de la República, por ello al señalar la deuda de su representada con el Servicio de Impuestos Internos, se señaló a Tesorería General de la República como acreedor, con un préstamo por un monto de $5.641.229 correspondiente al Préstamo Solidario del Estado mencionado precedentemente.

Argumenta que ni la Ley Nº 21.343 que estableció un nuevo bono clase media y préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media, así como tampoco la Ley Nº 21.242 que establece un beneficio para los trabajadores independientes, señalan una regla especial de exclusión de este crédito respecto de los procedimientos concursales, así como tampoco la 20.720 de Reorganización y Liquidación de empresas y personas deudoras excluye esta clase de créditos del Procedimiento Concursal de Liquidación, lo que concuerda con la actitud del acreedor, ya que durante todo el transcurso de la tramitación de la causa concursal, la Tesorería General de la República nunca se hizo parte del proceso, ni para verificar su crédito ni para solicitar la exclusión del mismo (como sí lo hace cuando es acreedor en liquidaciones concursales respecto de deudas estudiantiles de Crédito con Garantía Estatal, presentando incidente de exclusión de créditos en el concurso).

Estima que al no haberse hecho parte del proceso concursal solicitando alguna especie de exclusión de su crédito, a la Tesorería le es totalmente aplicable los efectos de la resolución de término del proceso, la cual extingue por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el Deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación, añadiendo que con fecha 14 de octubre de 2024 se dictó Resolución de término del proceso concursal de mi representada, la cual fue certificada el 28 de octubre del mismo año. Sin perjuicio de lo anterior y pese a los efectos de la Resolución de Término contemplados en el artículo 255 de la Ley 20.720, el acreedor Tesorería General de la República a través del Servicio de Impuestos Internos en la actualidad sigue realizando descuentos a las remuneraciones de su representada y a consecuencia de lo anterior, ante la nula respuesta por parte del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República de manera presencial, el día 07 de marzo de 2025 se envió un correo electrónico a don nombre reservado, jefe de Sección de Insolvencia de Tesorería General de la República, a fin de ponerlo al tanto de esta situación y solicitarle una solución para la eliminación de este registro moroso, a lo cual se excusó con que él carece de competencias para la materia señalada. Inclusive, al momento de enviarse el correo electrónico a don nombre reservado, en la página web del Servicio de Impuestos Internos, su representada registraba una deuda actual de $6.082.402, lo que indica que se habían sumado intereses al monto que inicialmente adeudaba al inicio del procedimiento concursal, desconociendo todo lo obrado en el concurso de acreedores.

Señala que, en virtud de lo anterior, con fecha 26 de mayo de 2025, su representada inició una petición administrativa formal ante la Tesorería General de la República, que el objetivo de esta gestión fue doble: por un lado, solicitar el cese inmediato de los descuentos a las remuneraciones de su representada y, por otro, lograr la restitución de los montos que han sido indebidamente descontados con posterioridad a la Resolución de Liquidación. Luego, Tesorería General de la República justificó su negativa a acoger la petición administrativa argumentando que, para estos casos, existe una condonación automática establecida en una Ley Especial. Según Tesorería, esta ley tuvo como objetivo principal establecer un régimen particular para este tipo de deudas, impidiendo la aplicación de la normativa concursal general. Además, mencionaron que la propia Ley 21.242 considera la fluctuación de los ingresos, estableciendo un monto máximo del 5% de las rentas para el descuento.

Estima que lo anterior es contrario a derecho, ya que el acreedor no se hizo parte del proceso solicitando lo que en derecho pudo haberle correspondido, transcurriendo todos los plazos legales y ahora pretende que no se le apliquen los efectos del concurso y que al 12 de agosto de 2025, su representada registra una deuda actual de $2.296.838 por el préstamo solidario, la cual es menor a la señalada en la Solicitud de Liquidación, pero no se debe a que se haya procedido a una eliminación o extinción de la deuda por por parte del Servicio de Impuestos Internos, sino que se trata de otro acto arbitrario, pero esta vez, respecto a sus devoluciones de la operación renta 2025.

Relata que, como consecuencia de esta negativa, mi representada se ha visto y se sigue viendo gravemente afectada en su patrimonio, ya que ninguna de sus peticiones administrativas ha prosperado. Los ejecutivos y el personal en general de la Tesorería y del Servicio de Impuestos Internos desconocen el proceso de liquidación y cualquier efecto de la resolución de término. Actualmente, solicitan que de la causa concursal se emitan oficios, teniendo conocimiento de que la causa ya está concluida, certificada y que transcurrieron todos los plazos legales para discutir sobre la exclusión o no del crédito.

Manifiesta que acto arbitrario e ilegal de la entidad, deriva en que habiendo terminado el Procedimiento Concursal de manera exitosa, a su representada no se le ha otorgado un trato igualitario por parte de esta institución a diferencia de otras personas que finalizan este procedimiento concursal y ven sus morosidades eliminadas de los registros por el solo ministerio de la ley, sin trabas ni mayores gestiones, mi representada ha enfrentado complicaciones, negativas y cobranzas por parte de Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos. Por otro lado, su representada también se le vulnera su Derecho de Propiedad, toda vez que su remuneración forma parte de su patrimonio, y Tesorería se está apropiando indebidamente de su remuneración a través de los descuentos que le efectúa mes a mes.

Estima que Tesorería General de la República al momento de retener los dineros en discusión ha actuado de forma arbitraria e ilegal, excediendo o más bien, abusando de la facultad contemplada por el artículo 6 del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías al retener y/o compensar fondos que distintos a aquellos que la ley le permite, evidenciándose la falta de un proceso administrativo o judicial que determine la legalidad de esta retención, el cual a la fecha de esta presentación, no existe.

Considera conculcada la garantía del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, esto es la Igualdad ante la Ley, ya que existe una conducta persistente de Tesorería General de la República, al mantener descuentos y registros de deuda pese a la finalización y certificación del procedimiento concursal de nuestra representada. Este acto configura una clara vulneración del Derecho Fundamental de igualdad ante la Ley. Esta disparidad en el trato es inaceptable, ya que a diferencia de otros ciudadanos que ven sus obligaciones extinguidas y sus registros saneados tras un proceso similar, a nuestra representada se le niega injustificadamente el beneficio de la ley, sometiéndola a una carga financiera y administrativa que ya no le corresponde. Asimismo, afirma que se vulnera el artículo 19 N° 24 de la Constitución, el Derecho Propiedad, toda vez que las remuneraciones y demás prestaciones laborales obtenidas como resultado de una sentencia judicial constituyen una propiedad adquirida legítimamente.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto Recurso de Protección en contra de Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos Internos, admitirlo a tramitación y en definitiva declare:

1. Que se restablezca el imperio del derecho o lo que la Corte estime pertinente.

2. Que se detengan los descuentos realizados a las remuneraciones de su representada por la suma de $42.585 aproximadamente.

3. Que se reintegren los montos descontados en las remuneraciones de mi representada, ordenado de la forma más expedita la íntegra devolución de los fondos descontados mensualmente, con sus reajustes e intereses desde la dictación de la Resolución de Liquidación hasta la fecha de su efectivo reintegro, o lo que esta Corte estime pertinente conforme a derecho.

4. Que se abstenga de realizar descuentos posteriores a la recurrida en sus remuneraciones, o lo que esta Corte estime pertinente conforme a derecho.

5. Que la recurrida sea expresamente condenada en costas.

A folio 12, evacúa informe doña nombre reservado, Directora Regional de la IX Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos, dando a conocer ciertos antecedentes relativos a la situación de hecho y de derecho de la recurrente, señalando que la contribuyente solicitó el Préstamo Solidario del Estado en los años comerciales 2020 y 2021, conforme a las Leyes N°21.242 y N°21.252, luego en el año comercial 2020, como independiente (segunda categoría con emisión de boletas de honorarios), registra solicitudes el 09 de julio de 2020 por $523.563; el 11de agosto de 2020 por $308.712; el 02 de septiembre de 2020 por 523.628 y el 23 de septiembre de 2020 por $610.162. Como dependiente (trabajadora con contrato de trabajo), registra solicitudes el 18.11.2020 por $473.474 y el 16.12.2020 por $472.852. Luego en el año comercial 2021, registra solicitudes el 19 de mayo de 2021 por $650.000; el 16 de junio de 2021 por $650.000 y el 22 de julio de 2021 por $650.000.

Señala que conforme lo que indica la Ley se cumplió con efectuar las respectivas retenciones del 3% mediante la emisión de boletas de honorarios electrónicas, que en el año 2021 fueron de $272.070, informadas en la Declaración Jurada 1879 del Año Tributario 2022 por parte del receptor de dichas boletas, RUT RUT reservadoPor otra parte, en el mismo período se retuvo, por parte de su empleador RUT RUT reservado, la cantidad de $762, informada en la DJ 1887, del AT 2022. Para el AT 2023, registra retenciones de $266.039 por parte de su empleador RUT RUT reservado, en la DJ 1887, AT 2023; $510.303 para el AT 2024, informado por el mismo empleador en la DJ 1887 AT 2024; y $471.834 en el AT 2025, informado por el mismo empleador en la Declaración Jurada 1887 AT 2025. Todas las retenciones señaladas sirvieron para pagar las cuotas de los préstamos 2020 y 2021 en las declaraciones de renta AT 2022, 2023, 2024 y 2025, quedando pendiente la última cuota, que debe pagarse en la declaración de renta AT 2026, pago que se hará total o parcialmente con las retenciones que pudiere estar descontando su empleador durante el año en curso.

Sostiene que al momento de solicitar el préstamo, en cada una de las fechas ya señaladas, la contribuyente, mediante su RUT y Clave Tributaria o Clave Única, ingresó a la página web del Servicio de Impuestos Internos, donde aceptó el monto propuesto y registró una cuenta bancaria para recibir dicho monto, la contribuyente solicitó un total de $2.912.391, durante el año 2020, lo que, a la fecha, se ha reajustado en $1.067.644, por lo que el total de su deuda del préstamo solidario 2020 es de $3.980.035. Durante los años tributarios 2022, 2023, 2024 y 2025, en sus declaraciones de renta, la contribuyente ha pagado un total de $2.471.213, lo que, reajustado, asciende a $2.780.224, quedando un saldo de $1.199.811, lo que se transformará en deuda sólo si no se declara el Formulario 22 del AT 2026.

Expone que, en el año 2021, la contribuyente solicitó un total de $1.950.000, aplicándose un reajuste, a la fecha, de $635.700, generándose una deuda de $2.585.700 para el préstamo 2021. Durante los años tributarios 2023, 2024 y 2025, en sus declaraciones de renta, la contribuyente ha pagado un total de $1.712.082, lo que, reajustado, asciende a $1.721.565, quedando un saldo de $864.135, lo que se transformará en deuda solo si no se declara el Formulario 22 del AT 2026.

A modo de resumen de los dos puntos anteriores, el total del saldo del préstamo solidario es de $2.063.946.- afirmando que según la normativa, este monto no es deuda sino solo hasta después del vencimiento de la cuota en la renta del Año Tributario 2026; no se registra como deuda en Tesorería General de la República ni en nuestro sistema, toda vez que la ley definió que es un préstamo otorgado por el Estado y solo se utilizó la plataforma del Servicio de Impuestos Internos para el otorgamiento y el pago de las cuotas anuales en la declaración de renta respectiva.

En cuanto a la inclusión del saldo del préstamo solidario en una liquidación concursal, al no estar registrado como deuda, este saldo no se incluye y respecto de las retenciones del 3% que le debe realizar el empleador en su liquidación de sueldo, según las Leyes N° 21.242 y 21.252, mientras exista un saldo de préstamo solicitado al Estado, el empleador se encuentra obligado a realizarlas.

Alega que el recurso fue interpuesto extemporáneamente, ya que la recurrente tomó conocimiento de los descuentos asociados al préstamo solidario en sus propias liquidaciones de remuneraciones, con posterioridad a la resolución que puso término al procedimiento concursal de fecha 28.10.2024, particularmente - al menos- desde el 07.03.2025, cuando envió un correo electrónico al jefe de Insolvencia de la Tesorería General de la República, don nombre reservado, solicitando la eliminación del registro moroso. A mayor abundamiento, según sus propios dichos, el 26.05.20252, formuló una nueva petición a la Tesorería solicitando el cese de los descuentos en sus remuneraciones, la cual habría sido desestimada, sin embargo, la recurrente pretende, discrecionalmente, fijar como acto lesivo el último descuento practicado en su liquidación de sueldo con fecha 31.07.2025, sosteniendo que esa sería la fecha que habilita la interposición del recurso. Tal razonamiento es errado, pues dicho descuento no constituye una decisión nueva ni autónoma, sino una consecuencia directa y reiterada de una obligación legal previamente aplicada, de la cual la recurrente ya había tomado conocimiento cierto “a lo menos” desde el 07.03.2025, y respecto de la cual incluso obtuvo respuesta negativa por parte de la Tesorería General de la República. En consecuencia, desde esa fecha se configuró el acto relevante que fija el inicio del cómputo del plazo fatal. La invocación del descuento del mes de julio como acto lesivo autónomo no es más que un intento improcedente de extender artificialmente el plazo legal, dejando a criterio unilateral de la recurrente la determinación del momento desde el cual debe contarse, en abierta contradicción con lo dispuesto por el legislador constitucional y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

Estima que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer y resolver la controversia, ya que la presente acción cautelar expone como controversia la extinción de la deuda por concepto de Préstamo Solidario del Estado, otorgado durante la pandemia por un monto de $5.641.229, que debería ser comprendida en el proceso concursal de la recurrente, argumentando la inexistencia de acto ilegal o arbitrario toda vez que el cobro del Préstamo Solidario se realiza conforme a lo dispuesto en la Ley N°21.252, mediante mecanismos automáticos de retención. La Tesorería General de la República y el SII actúan dentro de sus facultades legales, sin arbitrariedad ni ilegalidad. Por su parte, la Ley N°20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento, en su artículo 255 establece que la resolución de término extingue los saldos insolutos de las obligaciones contraídas antes del procedimiento, el Préstamo Solidario está regulado por una ley especial que establece un régimen de cobro, condonación y exigibilidad distinto al concursal.

Sostiene que existiendo para el caso particular una condonación automática establecida en una Ley Especial, donde el legislador tuvo como principal objetivo establecer un régimen particular para este tipo de deudas, no es posible aplicar la norma general en la materia como lo sería la normativa concursal, más aún que la propia Ley 21.242, toma entre otras consideraciones la fluctuación de los ingresos estableciendo un monto máximo 5% de sus rentas, es decir busca que sus ingresos se ajusten a la carga del crédito, lo cual no se condice con lo expresado en el mensaje de la Ley Concursal donde los niveles del consumo están por encima de la capacidad de pago, siendo esta Ley de aplicación general para todos aquellos créditos que no contemplen mecanismos paliativos a la insolvencia.

Agrega que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N°20.720, que reconoce la preferencia de leyes especiales sobre sus disposiciones y del principio de especialidad consagrado en el Código Civil, que en sus artículos 4° y 13 dispone que las leyes especiales prevalecen sobre las generales en caso de conflicto normativo. Confirma lo anterior, en el inciso 2 del mismo artículo 8° de la ley 20.720, que señala expresamente que “Aquellas materias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales, se regirán supletoriamente por las disposiciones de esta ley”, estimando que en la especie no corresponde aplicar el efecto extintivo de la resolución de término, pronunciada en el procedimiento de liquidación, a este tipo de obligación.

Afirma la inexistencia de afectación de derechos garantizados constitucionalmente, señalando que, si bien la recurrente invoca la garantía constitucional de igualdad ante la ley, dirige su alegación en contra de la Tesorería General de la República y no respecto del Servicio de Impuestos Internos. En tal sentido, la supuesta discriminación que alega no puede atribuirse a al Servicio, toda vez que el SII únicamente actuó como entidad administradora de la plataforma destinada al otorgamiento y reintegro del préstamo solidario, en cumplimiento de un mandato legal expreso, sin que le corresponda determinar la procedencia o continuidad de descuentos en remuneraciones. En consecuencia, el recurso carece de sustento al pretender extender, arbitrariamente, la imputación de una eventual vulneración de la igualdad ante la ley a un órgano que no ha emitido acto alguno que configure dicha conculcación.

Manifiesta que esta supuesta vulneración no ha sido acreditada, así, no se ha establecido, de forma alguna, la existencia de otro contribuyente que se encuentre en la misma situación del recurrente y al cual se le haya dado un tratamiento distinto al que se le ha dado al recurrente, por el contrario, el fallo citado confirma que el tratamiento ha sido el mismo por tratarse de casos similares, lo que a todas luces excluye cualquier forma de discriminación arbitraria.

En cuanto a la afectación arbitraria a su derecho de propiedad, afirma que el planteamiento de la recurrente carece de asidero jurídico, porque el Servicio únicamente actuó como administrador de la plataforma destinada al otorgamiento y registro del préstamo solidario, en cumplimiento del mandato legal previsto en las Leyes N° 21.242 y N° 21.252, la determinación y materialización de los descuentos en las remuneraciones corresponden a la Tesorería General de la República, órgano al cual la recurrente dirigió sus solicitudes y que respondió conforme a sus competencias.

Indica además que ha quedado establecido que la resolución de término del procedimiento concursal, no ha podido producir el efecto extintivo invocado por la recurrente y por ende, la responsabilidad del recurrente respecto del préstamo solidario del Estado se mantiene vigente, por lo que no existe afectación ilegítima o indebida a su patrimonio, de manera tal que, no existe la supuesta afectación al derecho de propiedad previsto en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

A folio 15, evacúa informe comparece el abogado Cristian Mauricio Sánchez Sánchez, en representación del Fisco de Chile – Servicio de Tesorerías, señalando que doña nombre reservado RUT RUT reservado, inició un procedimiento concursal causa Rol 413-2023, dictándose Resolución de Liquidación con fecha 31 de agosto de 2023, que dictada la resolución de liquidación y de conformidad al artículo 134 de nuestra ley concursal N° 20.720, la resolución de liquidación fijará de forma irrevocable los derechos de los acreedores en el estado en que se encuentren a la fecha de su pronunciamiento, salvo excepción legal. Este efecto implica que los créditos de los acreedores no pueden ser modificados en cuanto a su monto, preferencia o privilegio, desde la fecha de dictada la resolución de liquidación. Así, la fijación irrevocable de derechos lo que busca es en términos sencillos congelar la situación de los pasivos del deudor en orden a monto y preferencia al día en que se dicta la resolución que da inicio al procedimiento concursal. Esto es del todo relevante para los acreedores, porque este efecto es una manifestación a la par conditio creditorum en orden a que, los derechos y participaciones de los acreedores al momento de dictación de la resolución de liquidación se vuelve inmodificable (salvo excepciones, como cuando al acreedor le corresponde el derecho legal de retención; las compensaciones que provengan de obligaciones conexas, derivadas ya sea de un mismo contrato o bien de una misma negociación). Se constituye de esta manera, una protección a los acreedores, puesto que ningún acreedor puede pretender reportar una ventaja para lograr del fallido el mejoramiento de su situación en desmedro del resto de los acreedores, lo que se traduce en una irrupción a la par conditio creditorum en lo que respecta a la posición jurídica de los acreedores dentro del procedimiento concursal de liquidación.

Expone que actualmente la recurrente mantiene deuda por folios con vencimientos posteriores a la fecha de la resolución de liquidación del 31 de agosto de 2023 como se detalla en informe de la Sección de Operaciones de la Tesorería Regional de la Araucanía y certificado de deuda que se acompaña, señalando que estando en presencia de una normativa especial como lo es la Ley 21.242 del año 2020, que establece beneficios a los trabajadores independientes con motivo de la propagación de la enfermedad denominada COVID 19; se establecieron préstamos solidarios para ir en ayuda de cierto tipo de trabajadores. La restitución de dichos préstamos a través del pago de 4 cuotas anuales y sucesivas de acuerdo a los ingresos de los trabajadores que de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° inciso 3° de dicho cuerpo legal señala: “Las cuotas anuales de devolución que establece este artículo serán contingentes al ingreso de los trabajadores, sin perjuicio de hacer pagos anticipados. Dicho pago contingente corresponderá, para cada cuota anual, a un monto máximo que no excederá de un 5% de sus rentas que forman parte de la declaración anual de impuesto a la renta en conformidad al artículo 65 de la Ley sobre Impuesto a la Renta en que se realiza la devolución de una cuota. En caso de que por la aplicación de este tope máximo los beneficiarios mantengan un saldo del beneficio pendiente de devolución en forma posterior al pago de la cuarta cuota anual, dicho saldo será condonado”

Argumenta que la historia fidedigna de la Ley 21.242 al ingresarse el proyecto a tramitación el año 2012 al Senado de la República, dentro de los argumentos planteados en el mensaje presidencial señala: “Asimismo, resulta imperiosa la necesidad de crear un régimen especial para las personas naturales que se encuentran en incapacidad de responder a sus obligaciones financieras por distintas razones, como, por ejemplo, presentar niveles de consumo muy por encima de su capacidad real de pago. Así, el Proyecto busca crear, primeramente, la posibilidad de solucionar una insolvencia personal en un escenario armónico y adaptado a la realidad de un deudor persona natural...”

Señala que existiendo para el caso particular una condonación automática establecida en una Ley Especial donde el legislador tuvo como principal objetivo establecer un régimen particular para este tipo de deudas no es posible aplicar la norma general en la materia como lo sería la normativa concursal, más aún que la propia Ley 21.242, toma entre otras consideraciones la fluctuación de los ingresos estableciendo un monto máximo 5% de sus rentas, es decir busca que sus ingresos se ajusten a la carga del crédito, lo cual no se condice con lo expresado en el mensaje de la Ley Concursal donde los niveles del consumo están por encima de la capacidad de pago, siendo esta Ley de aplicación general para todos aquellos créditos que no contemplen mecanismos paliativos a la insolvencia, confirma lo anterior, en el inciso 2° del mismo artículo 8 de la ley 20.720, que señala expresamente que “Aquellas materias que no estén reguladas expresamente por leyes especiales, se regirán supletoriamente por las disposiciones de esta ley”.

Afirma que no ha existido una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, toda vez que la Tesorería General de la República sólo se ha limitado a cumplir con sus funciones y ha ajustado su conducta a lo que dispone la ley, razones por las cuales corresponde el rechazo del recurso planteado por la recurrente, la negativa del Servicio de Tesorería para la eliminación de lo adeudado por la recurrente obedece al uso de sus facultades privativas dentro del ámbito de su competencia de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la Administración del Estado Artículo 2°: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.”

Argumenta que el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario ilegal que impida o perturbe su ejercicio y para el caso de autos lo que está en discusión es si corresponde la eliminación de lo adeudado por concepto de Préstamo COVID, esta discusión no se encuentra protegida por el recurso de protección, dado que no existen derechos indubitados, siendo esta sede improcedente dada la naturaleza de la misma que tiene por objeto protección de dichos derechos no la declaración de los mismos, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe ordenado y, en definitiva, rechazar el presente recurso de protección por no ser arbitraria o ilegal la actuación recurrida.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad formulada por las recurridas, cabe desestimarla. En efecto, el acto que se denuncia —esto es, la mantención de descuentos y/o retenciones sobre remuneraciones y devoluciones de impuesto en relación con el denominado “Préstamo Solidario del Estado”, pese a existir una resolución judicial firme que puso término al procedimiento concursal de liquidación de la recurrente— reviste el carácter de hecho permanente o de ejecución continuada, renovándose sus efectos mes a mes mientras se mantiene la detracción patrimonial, de manera que el plazo previsto en el Auto Acordado no puede computarse como si se tratara de un acto único y agotado en el tiempo, sino desde la última manifestación del mismo y mientras éste subsista.

CUARTO: Que, según la Ley 20.720, las personas naturales o jurídicas deberán seguir los siguientes pasos al someterse al proceso de liquidación voluntaria: a.-) El deudor deberá presentar la solicitud de liquidación al tribunal civil de su domicilio. –b.-) El tribunal examinará si la solicitud cumple con los requisitos. Si los cumple, dictará una resolución de liquidación y nombrará a un liquidador concursal. Este último, deberá evaluar los bienes del deudor que servirán para pagar la deuda. La resolución deberá ser publicada en el boletín concursal.-c.-) Se citará a los acreedores del deudor a la junta constitutiva de acreedores para el trigésimo segundo día contados desde la publicación de la resolución de liquidación en el boletín concursal.-d.-) Existe una etapa de verificación de créditos. Aquí, los acreedores del solicitante de liquidación ofrecerán pruebas que acrediten su calidad de acreedores de la persona deudora.-e.-) Se procederá a la venta de los bienes del deudor con lo que hará pago de las deudas. Esto, según la forma acordada por los acreedores y tras verificar oportunamente sus créditos. f.-) El liquidador presentará cuenta final de administración de sus actuaciones y el tribunal dictará la resolución de término del procedimiento. Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

QUINTO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley N° 20.720, con respecto a los efectos de la Resolución de Liquidación de Bienes de la Persona Deudora, establece que "Será aplicable a este procedimiento lo dispuesto en los Párrafos 4 y 5 del Título I del Capítulo IV de esta ley en todo aquello que no sea contrario con la naturaleza de la Persona Deudora." El artículo 134 del aludido Párrafo 4 establece que "La Resolución de Liquidación fija irrevocablemente los derechos de todos los acreedores en el estado que tenían al día de su pronunciamiento, salvo las excepciones legales." Por su parte, el artículo 135 siguiente dispone que "La dictación de la Resolución de Liquidación suspende el derecho de los acreedores para ejecutar individualmente al deudor. “A continuación, el artículo 136 preceptúa: "Una vez dictada la resolución de liquidación, todas las obligaciones dinerarias se entenderán vencidas y actualmente exigibles respecto del deudor, para que los acreedores puedan verificarlas en el procedimiento concursal de liquidación y percibir el pago de sus acreencias. “Finalmente, y de conformidad a lo establecido en el artículo 255 de esta Ley N° 20.720, "Una vez firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del procedimiento concursal de liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales, los saldos insolutos de las obligaciones contratadas por el deudor con anterioridad al inicio del procedimiento concursal de liquidación." SEXTO: Que, conforme lo dispone el artículo 170 de la Ley N° 20.720, para que los acreedores puedan verificar sus créditos y alegar la preferencia que estiman les asiste, deben comparecer ante el tribunal que conoce del procedimiento de liquidación forzosa, acompañando los títulos justificativos del crédito. El objetivo es identificar los acreedores que serán beneficiarios de la realización del bien del fallido. La concurrencia es un acto libre y voluntario del acreedor. No hay un deber coercible, como el que deriva de una obligación civil pero es una exigencia necesaria para poder cobrar el crédito. Es una carga legal u obligación consigo mismo. Conforme al artículo 131, de la Ley 20.720 no existen acreedores eximidos de la obligación de verificar sus créditos.

SEPTIMO: De los antecedentes aparece inconcuso que la recurrente se sometió a un procedimiento concursal de liquidación voluntaria, dictándose resolución de liquidación y, posteriormente, resolución de término, certificada, que produjo los efectos propios establecidos en la Ley N° 20.720. Asimismo, consta que dentro del pasivo denunciado por la deudora se incorporó el crédito correspondiente al Préstamo Solidario del Estado, individualizándose como acreedor a Tesorería General de la República, en su calidad de órgano que representa al Servicio de Impuestos Internos para estos efectos, sin que aquélla haya comparecido en el procedimiento concursal a verificar, observar, ni menos a promover incidente de exclusión del crédito, ni a cuestionar su inclusión en el pasivo, pese a disponer de oportunidad procesal para ello.

OCTAVO: Que, en lo atingente a la alegación de la recurrida en orden a que su crédito debiera entenderse excluido del procedimiento concursal, sea por su naturaleza o por estimar aplicable un estatuto especial, cabe precisar que dicha cuestión resulta improcedente de ser reabierta en esta sede cautelar. En efecto, consta que el crédito del Fisco fue incorporado al pasivo del deudor en el procedimiento de liquidación, y que la Tesorería General de la República, debidamente emplazada, no promovió en su oportunidad el respectivo incidente de exclusión, impugnación o verificación, ni dedujo los remedios procesales idóneos destinados a obtener un pronunciamiento diverso. En tales condiciones, encontrándose firme y ejecutoriado lo resuelto en el procedimiento concursal, corresponde a esta Corte respetar la eficacia y oponibilidad de la decisión jurisdiccional que determinó la composición del pasivo y los efectos del término del procedimiento, sin que sea jurídicamente procedente, en el marco de un recurso de protección, emitir un pronunciamiento de fondo que, por la vía indirecta, importe revisar, alterar o dejar sin efecto lo decidido por el tribunal competente en sede concursal. Por ello, la supuesta exclusión invocada por la recurrida no puede ser acogida en esta instancia, debiendo estarse a lo resuelto judicialmente. Máxime si la discusión sobre la eventual prevalencia de un régimen especial y su incidencia en la verificación o exigibilidad del crédito es una controversia propia del procedimiento concursal y de sus incidentes, no pudiendo desplazarse a esta acción cautelar sin afectar la seguridad jurídica y la autoridad de cosa juzgada formal del proceso fenecido.

NOVENO: Que, en estas condiciones, y aprobada la tramitación concursal mediante resolución judicial que adquirió firmeza, no resulta atendible que la recurrida pretenda sostener, con posterioridad, que dicha sentencia “no le empece” o que el crédito no quedó sujeto a los efectos del procedimiento, desde que fue incorporado al pasivo, el procedimiento concluyó válidamente y no se generó por su parte incidente alguno que controvirtiera tal inclusión. En otros términos, no puede el órgano recurrido, por la vía de hechos administrativos o de retenciones automáticas, desconocer los efectos de una decisión jurisdiccional firme dictada en un procedimiento en el cual pudo intervenir y hacer valer defensas o incidentes previstos por el ordenamiento, y no lo hizo.

DECIMO: Que, por consiguiente, la persistencia de descuentos y/o retenciones posteriores a la resolución de término del procedimiento concursal importa una actuación ilegal y arbitraria, por cuanto (i) carece de razonabilidad mantener detracciones patrimoniales en desmedro de la recurrente, desconociendo el efecto extintivo que ésta invoca conforme a la Ley N° 20.720, y (ii) infringe el deber de sujeción a la Constitución y a las leyes, además de comprometer el principio de juridicidad al operar, en la práctica, como una vía de ejecución o cobro que prescinde de lo resuelto judicialmente. Tal conducta afecta, además, el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones y prestaciones, en cuanto se le priva de parte de ellas sin un fundamento que, en el caso concreto, resulte compatible con el mérito de los antecedentes.

UNDECIMO: Que, en consecuencia, concurren los presupuestos de procedencia de la acción cautelar, debiendo adoptarse medidas concretas y eficaces para restablecer el imperio del derecho, sin perjuicio de las demás acciones que pudieren asistir a las partes en sede diversa.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE ACOGE, el recurso interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos Internos, y en consecuencia se ordena a la Tesorería General de la República cesar en todo descuento, retención o compensación futura que se practique respecto de la recurrente por concepto del crédito asociado al “Préstamo Solidario del Estado” descrito en autos, en tanto se funde en obligaciones comprendidas en el procedimiento concursal ya concluido, debiendo las recurridas, dentro de sesenta días, adoptar las medidas administrativas necesarias para dejar sin efecto la mantención del registro de cobro o deuda que se refiera a dicho crédito en lo que resulte incompatible con lo resuelto en el procedimiento concursal referido y reintegrar a la recurrente los montos efectivamente descontados con posterioridad a la resolución de término del procedimiento concursal.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger.

N°Protección-3219-2025. (cwm)