nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A Folio 1, comparece nombre reservado, Prevencionista de Riesgos, quien interpone recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, representada legalmente por su alcalde don Roberto Neira Aburto, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en por decisión de retorno al Liceo Pablo Neruda, lugar en el que se habría verificado un patrón previo de acoso, sin evaluar el impacto en su salud, lo que vulneraría las garantías de los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Contextualiza su recurso indicando que en el año 2016 ingresó al Liceo Pablo Neruda de Temuco desempeñándose como Técnico en Prevención de Riesgos, mediante recursos SEP (Subvención Escolar Preferencial), bajo la calidad de asistente de la educación y regido por el Código del Trabajo.

Acota que en el año 2021 con la salida del Director nombre reservado y la llegada de nombre reservado como director interino, y de nombre reservado como Inspector General, comenzó un hostigamiento sistemático en su contra, caracterizado por el aislamiento físico, la exclusión de equipos de trabajo, la imposición de tareas humillantes y el cuestionamiento constante de su capacidad profesional.

Esta situación derivó en un grave deterioro de la salud física y mental del afectado, quien debió ausentarse durante todo el año 2022 por licencias médicas debido a cuadros de ansiedad, bruxismo severo y crisis de pánico. Al intentar reintegrarse en 2023, descubrió que su puesto había sido ocupado por otra prevencionista de riesgos, la sra. nombre reservado, bajo cuya subordinación fue forzado a trabajar en condiciones degradantes hasta ser trasladado arbitrariamente al Liceo Tecnológico de la Araucanía.

Refiere que a pesar de lograr una estabilidad temporal en este nuevo establecimiento, en julio de 2025 fue notificado de un regreso forzado e inmediato al Liceo Pablo Neruda, lo que desencadenó una nueva crisis de salud aguda y el diagnóstico formal de enfermedad profesional.

Argumenta que estas acciones constituyen actos ilegales y arbitrarios que vulneran garantías constitucionales esenciales. Se denuncia la falta de actos administrativos formales que respalden los traslados y la omisión de protocolos de protección ante el acoso laboral, infringiendo el Código del Trabajo y convenios internacionales de la OIT.

Arguye que el artículo 19 N° 1 de la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Esta garantía no solo ampara contra agresiones corporales directas, sino también contra cualquier conducta u omisión que ponga en riesgo o cause un detrimento significativo a la salud física o mental de la persona.

En el caso de autos, las actuaciones de los recurridos —consistentes en hostigamiento sistemático, exclusión funcional, reasignaciones arbitrarias, retorno forzado a un lugar donde se verificaron hechos de acoso, y omisión de activar protocolos de protección— han tenido como consecuencia directa crisis de pánico, contracturas musculares, afectaciones digestivas y un severo deterioro emocional, todos acreditados médicamente, configurando así una vulneración grave y actual de mi integridad física y psíquica.

En segundo término afirma que se vulnera la garantía del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República, por cuanto la aplicación discrecional de la figura del “cometido funcionario”, que habría sido utilizada de manera selectiva y arbitraria en su contra. Mientras a otros funcionarios se les mantiene en sus cargos de origen, a él se le apartó del Liceo Pablo Neruda bajo el pretexto de un cometido funcionario que nunca solicitó y que carecía de necesidad objetiva. Posteriormente, bajo el mismo mecanismo discrecional, se le obligó a regresar al establecimiento donde ya se habían verificado hechos de hostigamiento laboral, exponiéndome nuevamente a un ambiente dañino.

Alega que existió un favorecimiento de terceros por razones personales, por cuanto la designación de la Sra. nombre reservado en sus funciones durante su licencia médica constituye un acto de favoritismo evidente, dado que fue promovida y respaldada por los mismos directivos que me hostigaban, pese a que existían postulantes con formación equivalente. A mí, en cambio, a él se le marginó sin explicación válida, desconociendo su experiencia y desempeño previo.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva disponer el cese de la actividad ilegal y arbitraria, ordenando que la recurrida:

• Que se acoja el presente recurso de protección, declarando que los actos de la Ilustre Municipalidad de Temuco y de su Departamento de Educación han vulnerado mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nº 1 y Nº 2 de la Constitución Política de la Republica • Que, como medida concreta de protección, se ordene mantenerme en funciones en el Liceo Tecnológico de la Araucanía, establecimiento donde logré estabilidad, pertenencia y un ambiente laboral respetuoso, evitando así exponerme nuevamente al hostigamiento sufrido en el Liceo Pablo Neruda.

• Que, en subsidio, si se estimara procedente mi retorno al Liceo Pablo Neruda, se disponga que ello ocurra en condiciones dignas y libres de hostigamiento, sin quedar bajo la supervisión de la Sra. nombre reservado, del Sr. nombre reservado ni del Sr. nombre reservado, resguardando mi salud e integridad.

• Que se ordene a la recurrida abstenerse de realizar en lo sucesivo cualquier acto de hostigamiento, desplazamiento arbitrario o trato denigrante, debiendo garantizar mi derecho a desempeñar mis labores en un ambiente laboral respetuoso.

• Que se adopten todas las demás medidas que S.S. Iltma. estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos fundamentales.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: Correo electrónico de 06 de marzo de 2023 enviado por don nombre reservado a la Sra. nombre reservado, en el cual solicita planificación de funciones a su retorno de licencia médica, con copia a directivos del Liceo Pablo Neruda, Ficha personal recurrente, Planificación de actividades prevención, liceo Pablo Neruda, Correo electrónico de 10 de marzo de 2023 en que la Sra. nombre reservado responde a consultas técnicas, señalando expresiones de desdén hacia la experiencia del recurrente, Propuesta de actividades 2023 enviada el 16 de marzo de 2023 por el recurrente al equipo directivo, con múltiples anexos (campañas preventivas, plan integral de seguridad, solicitudes de monitores de seguridad, etc.), Constancia en la Dirección del Trabajo, de fecha 21 de marzo de 2023, en que el recurrente deja registro formal del maltrato laboral recibido por la Sra. nombre reservado, detallando frases ofensivas y hostilidad en su contra, Correo electrónico de 23 de marzo de 2023 dirigido al Director del Liceo Pablo Neruda, Correo electrónico 24 de marzo de 2023, bajo el asunto semana 12, Correo electrónico 24 de marzo de 2023, bajo el asunto apoyo de patio, Correo 18 de marzo del 2023, bajo el asunto cometido funcionario, Correo electrónico 5 de septiembre del 2023, bajo el asunto solicitud nombre reservado, Correo electrónico 13 de abril 2023, bajo el asunto solicitud de documentos, Correo electrónico 14 de mayo del 2023, bajo el asunto fiscalización superintendencia, Intranet recursos humanos, Correo electrónico 01 de agosto 2025, bajo el asunto asunción de funciones, Presentación ante el DAEM de fecha 04 de agosto del 2025.

A folio 11 informa Luis Reyes Medel, abogado, en representación de la Municipalidad de Temuco, pidiendo el rechazo del recurso.

Señala que es efectivo que durante el año 2024 y parte del año 2025 fue enviado en comisión de servicios al Liceo Tecnológico también dependiente del DAEM, la cual se extingue por el solo transcurso del plazo y conforme se indica del decreto que se acompaña se extinguió el 31 de junio de 2025, debiendo en tal circunstancia regresar a su establecimiento de origen. Pues precisamente la comisión de servicios es temporal y no se trata de labores que permanezcan en el tiempo, conforme lo precisa la ley 18.883, al definir tal concepto.

Hace presente que la Contraloría General de la República dispuso mediante instructivo E64479/2025, aplicable a todos los Organismos sujetos a su fiscalización, que “respecto de las comisiones de servicio y destinaciones, y de conformidad con lo apuntado en los artículos 156, inciso segundo y 157 de la ley N° 10.336, desde treinta días antes de las elecciones, es decir, a contar del 17 de octubre de 2025, los servidores públicos no pueden ser trasladados o designados en comisión de servicio fuera del lugar en que ejercen sus funciones. La limitación antes referida afecta tanto a la destinación dispuesta por iniciativa del servicio, como a la ordenada a solicitud del interesado”. Así las cosas, al vencimiento de su comisión no resultó, para este servicio, sino obligatorio reintegrar al funcionario a sus labores habituales.

En segundo término, alega la caducidad de los hechos denunciados por inconexos, por cuanto señala diversos hechos que a su juicio revisten las condiciones para ser calificados de vulneratorios de los derechos constitucionales que estima amagados y que segmentamos en dos espacios temporales.

Los ocurridos con anterioridad a la comisión de servicios ordenada al Liceo Tecnológico con fecha 06 de abril de 2023, conforme al decreto N° 5638 y que se encuentran caducos y, los hechos denunciados al término de la comisión de servicios dispuesta por decreto N° 6445, de fecha 22 de abril de 2025.

En este orden de consideraciones el actor requiere que se mantenga la comisión de servicios en el Liceo Tecnológico, además solo con fecha 04 de agosto de 2025 formula una denuncia sobre los presuntos hechos que le afectan y acto seguido con fecha 22 de agosto ingresa la presente acción de protección.

Sin embargo, la comisión de servicios no se continuo por la obligación del Municipio de suspender todas las comisiones decretadas. Enseguida el actor ha permanecido con licencia médica sin que se viese expuesto a ninguno de los hechos que relata acaecidos con posterioridad al término de la referida comisión, pues no ha regresado al Liceo Pablo Neruda, y no se advierte como lo afectaron.

En tercer lugar, alega la inexistencia de derechos indubitados, por cuanto omite el recurrente señalar que respecto de la denuncia que efectuó a la mutual de seguridad con fecha 05 de agosto de 2025, fue resuelta mediante resolución de fecha 02 de septiembre de 2025, siendo calificada la patología como enfermedad común, por lo que siendo el recurso de protección un remedio urgente que requiere la existencia de un derecho cierto e indubitado, el cual no concurre.

Niega que exista un actuar ilegal ni arbitrario, en atención a que la comisión de servicios termina por las razones ya expresadas, seguidamente la denuncia del actor de fecha 04 de agosto es del todo ambigua y además extemporánea respecto de los hechos inconexos relatados con anterioridad a la primera comisión de servicios, no obstante se inició el procedimiento remitiendo los antecede a la Unidad educativa, como consta del correo que se acompaña, siendo además evidente que la afectación del actor no es de origen laboral, como lo resuelve la mutualidad respectiva y finalmente por tratarse de situaciones que deben ser ventiladas en un juicio de lato conocimiento por no tratarse de situaciones indubitadas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos: Decretos que ordenan cometidos funcionarios para el año 2023, 2024 y parte del 2025, Hoja de vida funcionarios que permiten dar cuenta de las licencias del actor desde el término del cometido funcionario, Denuncia de enfermedad profesional y resolución de calificación, Cadena de corres electrónicos entre don nombre reservado. y el director del establecimiento, Instrucciones de la Contraloría General de la República, en elecciones presidenciales, oficio N° E64479/2025.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación constitucional como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, el recurrente expone que desde el año 2016 se desempeña como Técnico en Prevención de Riesgos en el Liceo Pablo Neruda de Temuco, en calidad de asistente de la educación y bajo régimen del Código del Trabajo, y que a partir del año 2021, con el cambio de autoridades directivas, fue objeto de hostigamiento laboral sistemático, consistente en aislamiento, exclusión funcional y descalificaciones profesionales, lo que provocó un grave menoscabo a su salud física y psíquica, determinando licencias médicas durante el año 2022; que al reincorporarse en 2023 constató que su cargo había sido ocupado por otra funcionaria, debiendo desempeñarse en condiciones degradantes, siendo luego trasladado al Liceo Tecnológico de la Araucanía, donde logró estabilidad laboral, no obstante lo cual en julio de 2025 fue instruido a retornar de forma inmediata al Liceo Pablo Neruda sin respaldo en acto administrativo formal, situación que desencadenó una nueva crisis de salud y el diagnóstico de enfermedad profesional, afirmando que tales actuaciones constituyen actos ilegales y arbitrarios por carecer de fundamentación objetiva y por omitir medidas de protección frente al acoso laboral, vulnerando con ello las garantías consagradas en los artículos 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República, solicitando en consecuencia se acoja el recurso y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Por su parte, la Ilustre Municipalidad de Temuco, señala en su informe que el recurrente fue destinado al Liceo Tecnológico de la Araucanía mediante comisión de servicios de carácter temporal durante los años 2024 y parte de 2025, la cual se extinguió al vencimiento del plazo fijado en el decreto respectivo, ocurrido el 31 de junio de 2025, debiendo reintegrarse a su establecimiento de origen conforme a la Ley N° 18.883, obligación que además se vio reforzada por el instructivo N° E64479/2025 de la Contraloría General de la República; agrega que los hechos denunciados son caducos e inconexos, pues el recurrente solo formuló denuncia administrativa el 4 de agosto de 2025 y dedujo esta acción el 22 del mismo mes, sin haber estado expuesto a nuevos actos por encontrarse con licencia médica; y sostiene, finalmente, que no existe un derecho indubitado ni actuar ilegal o arbitrario, toda vez que la mutualidad calificó la patología del actor como enfermedad común, debiendo las controversias planteadas ventilarse en un juicio de lato conocimiento y no por la vía cautelar del recurso de protección.

TERCERO: Que, de acuerdo con lo expuesto por las partes, la controversia sometida al conocimiento de esta Corte consiste en determinar si el término de la comisión de servicios del recurrente en el Liceo Tecnológico de la Araucanía y su consecuente reintegro al Liceo Pablo Neruda de Temuco, dispuesto sin acto administrativo formal adicional, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías consagradas en los artículos 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República, atendida la alegación de hostigamiento laboral previo, afectación a la integridad física y psíquica del actor y eventual trato discriminatorio, o si, por el contrario, dicha decisión se ajusta a la normativa legal y administrativa aplicable y carece de aptitud para ser corregida por la vía cautelar del recurso de protección.

CUARTO: Que, en la especie, aparece acreditado que la destinación del recurrente al Liceo Tecnológico de la Araucanía obedeció a una comisión de servicios de duración determinada, cuya extinción se produjo por el vencimiento del plazo establecido en el acto administrativo que la dispuso, sin que conste que dicha comisión generara derecho alguno a su mantención indefinida en dicho establecimiento. En consecuencia, el reintegro del actor a su lugar habitual de desempeño no constituye, por sí mismo, un acto ilegal ni arbitrario, sino la consecuencia necesaria del término de una medida administrativa esencialmente transitoria.

QUINTO: Que, las alegaciones del recurrente relativas a hostigamiento laboral, afectación de su salud y eventual trato discriminatorio, si bien pueden revestir gravedad, requieren de un análisis probatorio detallado, propio de un procedimiento de lato conocimiento, no siendo susceptibles de ser dilucidadas por la vía cautelar del recurso de protección, máxime cuando el actor no se ha reincorporado efectivamente al establecimiento de origen por encontrarse con licencia médica, lo que descarta la existencia de una afectación actual o inminente derivada del acto impugnado.

SEXTO: Que, asimismo, consta que la denuncia de enfermedad profesional efectuada por el recurrente fue conocida y resuelta por la mutualidad competente, calificándose la patología como enfermedad común, lo que impide tener por acreditada, en esta sede, una relación directa e indubitada entre el acto administrativo impugnado y la vulneración del derecho a la integridad física y psíquica que se denuncia.

SÉPTIMO: Que, en lo que respecta a la alegada vulneración del principio de igualdad ante la ley, no se advierte que el recurrente haya sido objeto de un trato discriminatorio arbitrario, desde que la aplicación del término de la comisión de servicios y el consiguiente reintegro a su establecimiento de origen se fundó en razones objetivas, generales y legalmente previstas, aplicables a todos los funcionarios en situación equivalente.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no se configura en la especie un acto u omisión ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía excepcional, ni se advierte la afectación actual de garantías constitucionales que haga procedente acoger la presente acción constitucional.

Por lo anterior y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, representada legalmente por su alcalde don Roberto Neira Aburto.

Regístrese.

Redacción del Abogado Integrante, Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

N°Protección-3210-2025. (csd)