nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, tres de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece Guillermo Cáceres Yáñez, abogado, a favor de doña nombre reservado, chilena, casada, Abogada, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, persona jurídica de derecho público, representado legalmente para estos efectos por su Director Regional don Claudio Ambiado Araya, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado y en contra TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada legalmente para estos efectos por su Tesorera Regional de la Araucanía doña nombre reservado, ignoro profesión u oficio, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en haber realizado una retención de dineros a mi representada, por la suma de $6.624.712, lo que vulnerarías la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que el día 23 de abril de 2019, su representada doña nombre reservado en su calidad de contribuyente, presentó Declaración Anual de Impuesto a la Renta, correspondiente al Año Tributario 2018, solicitando devolución de $6.624.712 pesos, y ese mismo día sociedad INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAN CLEMENTE SpA, de la cual es socia también presentó su declaración de renta.

Refiere que dichas declaraciones fueron objeto de observaciones, las cuales su representada nunca llegó a conocer. En efecto, solo con fecha 20 de abril de 2020, su representada toma conocimiento –por primera vez y a través de un simple correo electrónico- por parte de doña nombre reservado, funcionario Fiscalizador Tributario de la Dirección Regional de la Araucanía respecto a la retención, en atención a observaciones correspondientes a la declaración de Renta 2019, correspondiente al Año Tributario 2018, por cuanto el impuesto determinado en el formulario 22 de Impuesto a la Renta correspondiente a la Sociedad San Clemente, no se encuentra pagado.

Agrega que la solicitud de devolución realizada por su representada, se determina en base a la diferencia del Impuesto Global Complementario determinado en el periodo, que equivale a $9.885.914 pesos y el crédito por impuesto de Primera Categoría de la Sociedad en la cual participa declarado por $16.510.626 pesos. Finalmente, argumenta que debido a que el crédito por el cual solicita la devolución la contribuyente no se encuentra pagado por la sociedad, es que se encuentra retenida dicha devolución.

Añade que la Sociedad se encontraba acogida al sistema de Tributación Simplificada para las micro, pequeñas y medianas empresas, recogido en el artículo 14 ter letra a) de la Ley de Impuesto a la Renta, vigente hasta el día 31 de diciembre de 2019.

Hace presente que la mencionada Sociedad San Clemente suscribió Convenio de Pago con Servicio de Tesorería con fecha 27 de diciembre de 2019, y que atendida esta circunstancia, es que la retención efectuada por el Servicio de Impuestos Internos no puede prosperar, toda vez que Sociedad Ingeniería Construcción San Clemente SpA, posee convenio vigente.

Indica que a la fecha, su representada no registra cartas, correos ni notificaciones informativas por parte del Servicio de Impuestos Internos a fin de obtener la rectificación de su declaración de renta observada.

Argumenta que conforme al artículo 192 inciso 4° del Código Tributario, con la celebración del convenio de pago se suspende el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias de dinero. Por su parte, conforme al artículo 97 de la Ley sobre Impuesto a Renta el plazo para la devolución de impuestos es de 30 días siguientes a la fecha en que venza el plazo normal para presentar la declaración. Agrega que conforme al artículo 63 del Código Tributario, el Servicio de Impuestos Internos cuenta con todos los medios para corroborar la veracidad de las declaraciones, entre ellos la citación del contribuyente para que en el plazo de un mes, presente una declaración o rectifique, aclare, amplíe o confirme la anterior, estableciendo los plazos breves en que se debe producir y la forma como se debe resolver dicho procedimiento.

Por lo que a su juicio sería ilegal y arbitraria la retención de la devolución de impuestos, materializada fuera de los plazos y vías que establece la ley, pues se trata de circunstancias acaecidas respecto de la sociedad San Clemente SpA en la operación Renta 2019 correspondiente al año tributario 2018.

Cita en apoyo de su tesis En fallo unánime, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia Rol Protección Nº 895-2019, de fecha 9 de julio de 2019, ordenó al SII y Tesorería devolver impuesto retenido de operación Renta, por considerar que la declaración de la recurrente presentaba inconsistencias.

Sostiene que en la especie, se ha privado a su representada de su derecho de propiedad sobre dineros que tenía derecho a percibir, proveniente precedentemente de la devolución de impuestos derivados de la Operación Renta del año 2019, ascendente a la suma de $6.624.712 pesos, constituyendo una perturbación al derecho consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, a saber: el derecho de propiedad.

Pide que se acoja su acción de protección y en definitiva, que se ordena al SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS autorizar la devolución y a la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA devolver a la contribuyente doña nombre reservado la suma de $ 6.624.712 pesos con reajustes e intereses legales, por concepto de devolución de impuestos derivados de Operación Renta 2019, correspondiente al Año Tributario 2018, y disponer asimismo, toda otra medida conducente para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

A folio 12 evacúa informe don nombre reservado, Abogado del Servicio de Tesorerías, solicitando el rechazo con costas del recurso.

En primer término, realiza una precisión de los hechos, señalando que en relación a la recurrente, cabe expresar que, nombre reservado, RUT RUT reservado, no registra deudas tributarias por impuestos fiscales y, consecuentemente, no registra procesos de cobro de obligaciones tributarias en su contra.

Por su parte, la sociedad INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAN CLEMENTE SPA, RUT RUT reservado, al mes de junio de 2020, registra una deuda en su Cuenta Única Tributaria por la suma $ 41.619.223. La deuda corresponde principalmente a giros efectuados por el Servicio de Impuestos Internos por Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuesto a la Renta. Registra, además, 3 multas cursadas por la Dirección del Trabajo.

Producto del no pago en la oportunidad correspondiente, el Servicio de Tesorería procedió a iniciar procesos de cobro de las obligaciones tributarias en contra de la sociedad. Tales procesos de cobro están siendo actualmente sustanciados bajo los expedientes administrativos 11851 – 2018, 12896 – 2019, 13125 – 2019 y 13907 – 2019, todos de la comuna de Temuco, los que se encuentran en distintas etapas.

Expresa, además, que la sociedad INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAN CLEMENTE SPA ha suscrito 4 convenios de pago, todos los cuales caducaron producto del no pago continuo y reiterado de las cuotas pactadas. Al efecto, precisa que en el último convenio se incorporaron los seis folios anteriores, incluido el FOLIO 229616059, con vencimiento el 30 de abril 2019, convenio respecto del cual la sociedad pagó únicamente la cuota inicial, razón por la que, conforme a nuestra normativa, el convenio caducó por incumplimiento en el pago de 3 cuotas, en este caso, las cuotas con vencimiento en los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

En cuanto al fondo, explica que las declaraciones de impuesto a la renta representan una manifestación de voluntad emanada de los contribuyentes que deben presentar en las épocas definidas por la ley tributaria con el objetivo, por regla general, de declarar y pagar impuestos, ingresando al patrimonio fiscal las sumas declaradas por el contribuyente. La recepción del pago no implica la liberación del contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones, sino que el Fisco tiene el derecho, a través del órgano público competente, de objetarlo y proceder a un proceso de fiscalización de la información sobre la cual se determinó; incluso, eventualmente, el contribuyente puede rectificar la declaración por la cual determinó una deuda para con el Fisco y solicitar la devolución de lo enterado si es que ha detectado un pago en exceso e indebido. Las declaraciones de impuestos no sólo contienen obligaciones de pago, sino que además pueden constituir un medio por el cual el contribuyente solicita devolución de impuestos definitivos o pagos provisionales o imputación y/o devolución de créditos tributarios, en conformidad a la legislación tributaria. En este caso nace un pasivo para el Fisco, el que debe ser sometido a un examen por parte de éste por la sencilla razón que se genera por una manifestación unilateral de voluntad del contribuyente y en consecuencia el deudor debe establecer la existencia de la deuda, verificando los requisitos de hecho y de derecho en virtud de los cuales se determinó el crédito.

La declaración con solicitud de devolución de impuestos, no es un título ejecutivo que permita al acreedor perseguir su pago sobre el deudor por el solo hecho de notificarlo de la existencia del crédito. Frente a una declaración anual de impuestos a la renta, sea que contenga sólo información, o concluya en saldos a favor o en contra del Fisco, el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad, dentro de los plazos de prescripción, de iniciar los procedimientos de fiscalización pertinentes destinados a establecer diferencias de impuestos o revisar las solicitudes de devolución o en el evento de que se hubiese producido una devolución efectiva, requerir su restitución, en todos los casos con los recargos legales que correspondan y eventualmente con la imposición de sanciones pecuniarias y corporales, previo sometimiento de los contribuyentes a un proceso infraccional o criminal. Esto nos permite concluir que las declaraciones de impuestos, emanadas unilateralmente desde el contribuyente, no constituyen por si solos títulos de propiedad indubitados para éste o para el Fisco, mientras exista la posibilidad legal de revisión.

Precisamente, conforme lo informado por el Servicio de Impuestos Internos y en virtud de la facultad legal que le asiste, la devolución solicitada por la recurrente no ha sido autorizada al no haber ingresado en arcas fiscales los recursos que solicita devolver impetrando un crédito cuyo sustrato es un impuesto que no ha sido efectivamente pagado y que corresponde al FOLIO 229616059, con vencimiento el 30 de abril 2019, el que a la fecha se mantiene insoluto por parte de la sociedad INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAN CLEMENTE SPA, RUT RUT reservadoAhora, como se ha expresado en los párrafos anteriores, la observación realizada por el Servicio de Impuestos Internos, pudo ser corroborada con los antecedentes con los que cuenta el Servicio de Tesorería, puesto que el FOLIO 229616059, a la fecha del presente informe se encuentra impago y actualmente se sigue un proceso de cobro en contra de la sociedad para obtener el pago del mismo.

De lo anterior concluye que el Servicio de Tesorería no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno, puesto que, la devolución solicitada no ha sido autorizada por el Servicio Girador y mientras se mantenga tal observación el Servicio de Tesorería no podrá proceder a la devolución solicitada.

A folio 16 evacúa informe don Claudio Ambiado Araya, Director Regional de la IX Dirección Regional Temuco, del Servicio de Impuestos Internos, solicitando se rechace la acción de protección intentada, con expresa condena en costas.

Alega en primer término que el recurso de protección no es la vía idónea para conocer del asunto, habida consideración de la excepcionalidad de la acción de protección, carácter que obliga a que esta acción sea reservada para aquellos casos en que sea indispensable buscar una protección urgente de derechos constitucionales indubitados, es que, debe desestimarse su utilización en aquellos casos en que existan procedimientos y recursos a que los particulares pueden acudir cuando la finalidad perseguida sea distinta del resguardo de tales derechos.

En el presente caso, la recurrente, doña nombre reservado, ha solicitado, por medio del presente recurso, “el restablecimiento del imperio del derecho disponiendo como medida de protección que se ordene al SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS autorizar la devolución… de $ 6.624.712 pesos con reajustes e intereses legales, por concepto de devolución de impuestos derivados de Operación Renta 2019, correspondiente al Año Tributario 2018” (sic), cuestión que no es posible realizar mediante la acción intentada en autos.

Efectivamente, el derecho que la recurrente pretende que se le reconozca en estos autos, se encuentra dubitado, por cuanto, lo discutido dice precisamente relación con la procedencia de la devolución de impuestos, auto determinada por recurrente, por medio de su Declaración de nombre reservado a la Renta, la que se encuentra observada por este organismo fiscalizador; por lo que, para resolver el asunto, esta Iltma. Corte debería entrar a conocer del fondo del mismo, esto es, si se cumplen o no los requisitos legales que le permiten a la actora hacer uso del Crédito que invoca; situación que no se condice con la naturaleza eminentemente cautelar del procedimiento de autos, debiendo ventilarse, dicha materia, a través de un procedimiento de lato conocimiento, sea administrativo o judicial, este último de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes, del Código Tributario.

En segundo término, alega la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por cuanto en ejercicio de las facultades de fiscalización, consagradas en los artículos 6, 59, 60 y 63 del Código Tributario y artículo 1° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, procedió a verificar si, en la especie, se cumplen o no con los requisitos legales para proceder a la devolución del remanente del Crédito por Impuesto de Primera Categoría solicitado por la recurrente; en atención a que de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de esta repartición, el Impuesto respectivo no ha sido enterado en arcas fiscales por la Sociedad Ingeniería y Construcción San Clemente SpA.

De manera que la revisión de las declaraciones impositivas de los contribuyentes, se enmarca dentro de sus potestades legales, siendo una labor de la esencia de su función fiscalizadora.

En razón de lo anterior, la declaración de impuesto correspondiente al Año Tributario 2019, de la recurrente, ha sido objeto de observaciones y reparos que a la fecha no han sido solucionadas, es decir, no se ha acreditado, de conformidad con el citado inciso primero, del artículo 21, del Código Tributario, que el impuesto que da origen a su solicitud de remanente haya sido pagado; tal como lo dispone el inciso tercero, del artículo 56, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que señala: “Si el monto de los créditos establecidos en este artículo excediere del impuesto de este Título, dicho excedente no podrá imputarse a ningún otro impuesto ni solicitarse su devolución, salvo que el exceso provenga del crédito establecido en el Nº 36 de este artículo respecto de las cantidades efectivamente gravadas en primera categoría…”

Explica que la razón por la cual no se ha procedido a efectuar dicha devolución, es precisamente porque ésta no cumple con los requisitos y condiciones necesarios para su procedencia, específicamente el relativo a la condición de encontrarse pagado el Impuesto que da origen a la devolución del remanente respectivo.

Luego, como consecuencia de ello, nada hay que devolver. En este contexto, cabe hacer presente que, si bien es cierto el artículo 97, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, establece que el “…saldo que resultare a favor del contribuyente de la comparación referida en el artículo 96, le será devuelto por el Servicio de Tesorerías dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que venza el plazo normal para presentar la declaración anual del impuesto a la renta”, éste no se trata de una norma absoluta, toda vez que queda sujeto al ejercicio efectivo de las facultades de fiscalización de este Servicio Cita al efecto sentencia de la Excma. Corte Suprema, Rol Nº 20.563-2019 de 15.01.2020 que conoció sobre la apelación de un recurso de protección en una situación similar al de autos, la cual revoca la sentencia citada por la recurrente de autos, en apoyo a su pretensión, dictada en autos Rol Nº 895-2019, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia.

En tercer lugar, niega la existencia del derecho invocado por la recurrente, precisando que conforme al artículo 56 de la Ley de Impuesto a la Renta, habrá derecho a devolución, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que el monto de los créditos a que se refiere el artículo, sea superior al impuesto global complementario que se determine;

b) Que el crédito, cuyo exceso se solicita sea devuelto, provenga del Crédito por Impuesto de Primera Categoría y c) Que dicho impuesto corresponda a cantidades efectivamente gravadas con dicho impuesto, esto es, que se encuentren pagados o enterados en arcas fiscales.

Por lo que no cumpliéndose con el tercer requisito copulativo, toda vez que, la Sociedad Ingeniería y Construcción San Clemente SpA, desde la cual proviene este crédito, no ha enterado en arcas fiscales el respectivo Impuesto de Primera Categoría, primero, por cuanto solicitó la emisión de un giro diferido, con lo que el pago del tributo, no se realizó dentro del plazo legal, esto es al 30 de abril de 2019, sino que se postergó para una fecha posterior, en la que tampoco se efectúo dicho pago; segundo, por cuanto con posterioridad, esta sociedad, suscribió un convenio de pago con Tesorería, lo que evidencia que, el impuesto, a esta fecha, aún no ha sido pagado.

En conclusión, tratándose de una declaración, en la que la recurrente solicita una devolución de impuestos, ella no ha acreditado de forma alguna, de acuerdo a lo exigido por el inciso primero, del artículo 21, Código Tributario, en relación con el artículo 56, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el hecho de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, para la procedencia de dicha devolución.

Agrega que el cónyuge de la recurrente es el representante legal de la Sociedad Ingeniería y Construcción San Clemente SpA, no pudiendo ignorar, por ende, el no pago del tributo señalado.

En cuarto lugar alega la inexistencia de un derecho indubitado, sino meras expectativas. Explica que la recurrente ha entendido, erróneamente, que tiene un derecho de propiedad sobre la devolución solicitada, por lo que alega que, en este caso, se ha vulnerado la garantía constitucional prevista en el Nº 24, del artículo 19, de la Constitución Política de la República; sin embargo, las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes, no pueden ser el origen de derechos indubitados para éstos, ya que ellas tienen el carácter de provisorias y siempre pueden ser objeto de revisión por parte de esta repartición pública, en la medida que nos encontremos dentro de los plazos de prescripción, establecidos en el artículo 200, del Código Tributario.

Efectivamente, atendida las facultades de revisión que posee este Servicio, la jurisprudencia ha establecido que, los contribuyentes no poseen un derecho de propiedad sobre las devoluciones de impuestos solicitadas, por lo que no podría sostenerse que se tiene un derecho respecto de ellas. En este sentido, la Excma. Corte Suprema ha señalado, en sentencia de fecha 29.05.2015, en causa Rol Nº 1115-2015.

Conforme lo anterior, la recurrente, solo posee una mera expectativa, respecto de su solicitud de devolución, mientras ésta no haya sido ésta examinada o validada, por esta repartición pública, por lo que en modo alguno puede ser considerado un derecho indubitado, que deba ser amparado constitucionalmente en su ejercicio.

Finalmente expresa que Es más de accederse a lo solicitado por la reclamante, se produciría inexcusable deterioro del patrimonio fiscal, ya no puede “devolverse”, algo que ni siquiera ha ingresado a dicho patrimonio.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a la privación, perturbación o amenaza que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a)Que recurra una persona o entidad con legitimidad activa (no es una acción popular); b)Que se invoque un derecho o libertad de aquellos específicamente garantizados; c) Que exista una perturbación, privación o a lo menos amenaza al legítimo ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados; d)Que exista una acción u omisión, arbitraria o ilegal; e) Que dicha acción u omisión, arbitraria o ilegal, tenga la capacidad causal –o derechamente lo haga- de privar, perturbar o amenazar los derechos o libertades antes indicadas.

SEGUNDO: Que la cuestión por resolver, se ventila por la supuesta arbitrariedad o ilegalidad de parte de los recurridos, al haber retenido a la actora, la devolución de pagos provisionales por la suma de $6.624.712.-, debido que existen observaciones correspondientes a la declaración de Renta 2019, del Año Tributario 2018, por cuanto el impuesto determinado en el formulario 22 de Impuesto a la Renta correspondiente a la Sociedad San Clemente, no se encuentra pagado.

TERCERO: El D.L. 824, sobre Impuesto a la Renta, señala en su artículo 97 “El saldo que resultare a favor del contribuyente de la comparación referida en el artículo 96, le será devuelto por el Servicio de Tesorerías dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que venza el plazo normal para presentar la declaración anual del impuesto a la renta”.

Que tal como lo señala la norma recién transcrita, la Tesorería General de la República, deberá devolver al contribuyente, el saldo que resulte a favor del mismo, luego de 30 días de presentada la declaración anual del impuesto a la renta.

De otra forma, el artículo 59 del Código Tributario, señala “Dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Cuando se inicie una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que deberán ser presentados al Servicio por el contribuyente, se dispondrá del plazo de nueve meses, contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, citar para los efectos referidos en el artículo 63, liquidar o formular giros”.

CUARTO: Que teniendo en consideración las normas antes citadas, se desprende que por una parte el contribuyente tiene el derecho a que le devuelvan el saldo que tiene a su favor producto de la declaración anual del impuesto a la renta y por otra parte el Servicio de Impuestos Internos posee la facultad de revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes, pudiendo iniciar un proceso de fiscalización en el plazo que señala la propia norma.

QUINTO: Como ya se dijo, la supuesta arbitrariedad o ilegalidad puesta en conocimiento de esta Corte, se centra en la retención de la devolución de pagos provisionales por la suma de $6.624.712.-, a la recurrente, debido que existen observaciones correspondientes a la declaración de Renta 2019.

En este contexto y de acuerdo a lo expresado por las partes, existe un convenio de pago entre la Tesorería General de la República y la empresa Ingeniería y Construcción San Clemente Spa., sin embargo, dicho convenio de pago no ha sido cumplido por el contribuyente, toda vez que, de la documentación acompañada por la Tesorería General de la República, consistente en “Detalle de convenio y Certificado de deuda”, se puede apreciar que no se cumplió con dicho convenio de pago, estando aún pendiente la deuda.

SEXTO: Que si bien es cierto, el artículo 192 inciso cuarto, señala que al celebrar un convenio por el pago de impuestos atrasados, se suspenderán inmediatamente los procedimientos de apremio respecto del contribuyente que lo haya suscrito, también es cierto que en el presente caso, se suscribió un convenio entre las partes pero dicho acuerdo no fue cumplido por lo que no se puede aplicar la referida norma, toda vez que para el caso en concreto, no se han enterado en arcas fiscales los dineros por concepto de impuestos.

SEPTIMO: De tal manera, que, en la especie, no puede ser aplicado el artículo 97 del D.L. 824, sobre Impuesto a la Renta, puesto que en su oportunidad existieron observaciones a la declaración de la Renta y además se celebró un convenio de pago de los impuestos, el cual no fue cumplido según se ha dicho anteriormente, por consiguiente, la retención que se efectuó por parte de la recurrida ha sido conforme a la legislación.

OCTAVO: Así las cosas, se puede advertir, que la actuación de la recurrida al retener la devolución de los impuestos que se reclaman, carece de la arbitrariedad o ilegalidad denunciada, debido que dicha actuación fue realizada bajo el amparo de la legislación del ramo y estando dentro de sus facultades legales.

Por todas estas consideraciones, esta Corte, estima que no existe actuaciones ilegales o arbitrarias y mucho menos que se haya conculcado algún derecho establecido en la Constitución Política de la República, por lo que la presente acción será rechazada.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por Guillermo Cáceres Yáñez, abogado, a favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General De La República.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Marcelo Neculman Muñoz N°Protección-3206-2020. (sac)